De cara al primer informe de Gobierno de la morenista Clara Brugada, el tema de la seguridad vuelve al centro del debate público. La mandataria capitalina ha prometido continuar y “profundizar” la estrategia que, asegura, permitió a la Ciudad de México mantener una tendencia a la baja en delitos de alto impacto. Sin embargo, detrás de las cifras oficiales persisten tensiones estructurales que comprometen la efectividad del modelo, advierte Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa.
En sus discursos públicos Brugada ha insistido en que la capital vive “los niveles más bajos de criminalidad en años recientes”, una afirmación que si bien se sustenta en tendencias estadísticas presentadas por su propia administración, no refleja por completo la complejidad del panorama, según comparte el especialista en seguridad.
En entrevista con Proceso, Vargas ofrece un balance que desmenuza los principales indicadores del primer año de la administración y advierte sobre los riesgos de sostener una política centrada en el discurso de resultados, sin atender las causas institucionales que siguen limitando la capacidad del Estado para garantizar justicia y protección.
Con énfasis señala que durante los primeros 12 meses del gobierno de Brugada, en términos cuantitativos se puede observar una reducción importante de la mayoría de los delitos de alto impacto que son registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destacando una reducción del homicidio doloso.
La propia jefa de Gobierno presumió en su “Informe de Seguridad Ciudadana del Mes de Agosto” una reducción de 12% en los delitos de alto impacto en el periodo de enero a finales de agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.
Sin embargo, Vargas advierte que los números oficiales pueden no reflejar completamente la realidad: “Esos datos, sabemos, tienen sus falencias, sobre todo en un contexto de debilidad institucional y también en un contexto, digamos, de diversificación y sofisticación de los mecanismos de exterminio del crimen organizado”.
Al mismo tiempo subraya que algunos delitos muestran una tendencia contraria, como la extorsión, que ha registrado un aumento en este primer año de gobierno. “De hecho, al término de la administración de la exjefa de gobierno y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, se vio una reducción de este delito y en tan sólo un año esa tendencia se ha revertido”, explica.
De acuerdo con datos del SESNSP, el registro de delito de extorsión en la Ciudad de México ha aumentado en 280%, entre enero y julio de 2025, comparado con el mismo periodo del año anterior.
Dicho incremento evidencia, según el especialista, un problema más profundo: la expansión territorial del crimen organizado y la concentración de poder de grupos como la Unión Tepito, la Antiunión Tepito y el Tren de Aragua, especialmente en el centro de la capital.
Además, sobre el desmantelamiento de redes criminales dedicadas a este delito, reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el coordinador del programa de seguridad de México Evalúa compartió: “Digamos que estamos viendo la respuesta natural a un problema. Lo que no podemos esperar es que haya una caída brutal de la extorsión en pocos meses”.
La estrategia de seguridad implementada tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México ha generado resultados cuantificables que alimentan una narrativa de acción gubernamental frente al crimen: miles de detenidos, decomisos de armas y drogas, y operativos constantes que muestran una actividad visible de las autoridades.
Para Armando Vargas existe un detalle importante al analizar lo anterior, y es que la efectividad de estas acciones aún no es concreta: “¿Eso es efectivo? Todavía no lo sabemos. ¿Va a tener un impacto en la pacificación? Todavía no lo sabemos”. Los datos muestran actividad y resultados inmediatos, pero no evidencian una reducción sostenida de la violencia ni garantizan un impacto real en la seguridad ciudadana, lo que muestra un vacío entre la percepción de acción y la efectividad.
En términos de política pública, reconoce en la CDMX un esfuerzo institucional por alinearse con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y por enfrentar directamente a estos generadores de violencia. Aunque aclara, una vez más, que esta alineación no garantiza necesariamente la efectividad de las medidas implementadas. “Una cosa diferente es si los esfuerzos que se están haciendo son los adecuados o son suficientes, pero es claro que sí hay una alineación entre la necesidad y la respuesta por parte del gobierno en lo que se refiere a la atención del crimen organizado”, señala.
El especialista también advierte que la violencia política se ha convertido en un indicador de la fortaleza del crimen organizado. En este sentido, la ejecución de Ximena Guzmán y José Muñoz, miembros del círculo cercano de la jefa de gobierno, refleja un nivel de sofisticación y penetración que va más allá de la capacidad de respuesta de las instituciones locales. “Si eso ocurre a estas personas en la Ciudad de México, pues ¿qué puede esperarse un municipio o un estado con muchas menores capacidades institucionales?”, puntualiza Vargas, evidenciando la complejidad del desafío para la autoridad capitalina.
El análisis de Vargas también pone en cuestión la interpretación de los datos sobre homicidios. Ante lo que pudiera presentarse como una reducción efectiva, el especialista advierte posibles inconsistencias: “No es posible afirmar con plena contundencia que la reducción del homicidio doloso responde a la política del Gobierno Federal o de la ciudad, lo que tendrían que hacer los gobiernos es salir a mostrarnos la evidencia de que esa reducción responde a la política pública y no a todas las demás hipótesis”.
Entre las hipótesis a las que se refiere, menciona la implementación de políticas basadas en inteligencia bajo un liderazgo civil, pero también podrían reflejar inconsistencias o manipulaciones en el manejo de datos, o incluso una dinámica del crimen organizado que incrementa las desapariciones mientras los homicidios disminuyen en los registros oficiales.
Para el investigador, el descenso en los homicidios dolosos en la Ciudad de México —una de las principales banderas de la administración— debe analizarse con cautela, pues la carencia de evidencia es uno de los pendientes que tienen todos los gobiernos en México, particularmente el de la Ciudad de México.
Deuda con los desaparecidos
Más allá de los homicidios, un tema crítico y persistentemente ausente de la agenda oficial es el de los enterramientos en domicilios particulares y su relación directa con el aumento de desapariciones. Esta problemática no fue mencionada en la gestión de Claudia Sheinbaum y continúa sin ser abordada por la administración de Brugada.
Vargas sostiene que la invisibilización de las desapariciones forma parte de una estrategia de gestión del problema a través de la negación, impulsada incluso desde la federación: “Prácticamente el tema de la desaparición no existe y no existirá porque es un tema que implica la remoción de muchísimos intereses; nadie quiere encontrar desde los gobiernos fosas porque eso implicaría mover un montón de intereses de actores políticos, económicos y del crimen organizado, entonces es un problema que seguirá invisibilizado desde la agenda de gobierno y que le toca a la sociedad civil no gubernamental visibilizar”.
El especialista advierte que esta ausencia de datos genera un efecto directo sobre la capacidad del gobierno para formular políticas públicas: “Sin datos no podemos hacer diagnósticos, no podemos explicar las causas y sin explicar las causas no podemos formular política pública”.
En este sentido, considera que la omisión oficial tiene consecuencias tangibles sobre la seguridad y la justicia: “Es terrible en términos de política pública que la gestión del problema sea a través de su negación, porque eso tiene consecuencias que lo único que van a hacer es la reproducción del problema”.
Además, la falta de acción concreta se refleja en territorios específicos, como el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan –encabezada por la morenista Gabriela Osorio–, identificado por colectivos de búsqueda como un foco rojo.
Vargas señala que “un balance positivo está en el desmantelamiento de redes criminales dedicadas a la extorsión y un balance negativo está en la omisión del problema de la desaparición y la consecuente falta de acciones para intervenir en este tipo de territorios que se ubican y se reconocen por colectivos de familias buscadoras”.
El análisis evidencia que la Ciudad de México enfrenta pendientes críticos en materia de seguridad, donde los enterramientos clandestinos en domicilios permanecen fuera de la narrativa, invisibilizados, sin un plan de intervención ni datos que permitan dimensionar su alcance. El primer informe de Brugada, por tanto, llega en un contexto en el que la narrativa oficial y la realidad cotidiana muestran tensiones que el Gobierno aún no ha logrado resolver.
Otro foco crítico identificado por el especialista es la incapacidad de la Ciudad de México para gestionar adecuadamente los conflictos durante las protestas, un tema central dada la frecuencia de manifestaciones en la capital y los hechos registrados durante la pasada marcha del 2 de octubre, en conmemoración de los 57 años de la matanza de Tlatelolco, donde 94 policías resultaron heridos.
“Eso revela claramente un deterioro en las capacidades para lidiar con los movimientos sociales y con menor capacidad, por supuesto, de abordar el conflicto con una perspectiva de derechos humanos”, señaló Vargas, destacando que la capital tiene la responsabilidad de establecer protocolos efectivos de seguridad y justicia que respeten los derechos de los manifestantes y de la población no participante, sobre todo porque la capital marca un ejemplo de acción para el resto de los estados.
Este balance apunta a un primer año de gobierno con avances medibles en ciertos delitos de alto impacto y en la articulación de esfuerzos institucionales, pero con retos pendientes que incluyen el control de la extorsión, la violencia política, la gestión de protestas y, de manera crítica, la atención a desapariciones y fosas clandestinas. El informe de Vargas permite visibilizar que detrás de los números oficiales existen múltiples capas de complejidad que la administración de Clara Brugada deberá enfrentar para consolidar un sistema de seguridad efectivo y con resultados sostenibles en la capital del país.
