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La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Un Tribunal Colegiado de la CdMx había ordenado a Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, pagar un crédito fiscal de dos mil millones de pesos, surgido del adeudo del ISR en 2010. La SCJN tiene hasta abril para resolver.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un recurso de revisión de Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, de un amparo que interpuso la compañía contra un crédito fiscal de dos mil millones de pesos (mdp), relacionado con la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal de 2010, apenas 14 días después de haber admitido un recurso en otro caso de la megadeuda del magnate.
"Primero: se admite el presente recurso de revisión", indicó la SCJN en sus listas de notificaciones. El amparo en revisión fue turnado entonces a la Ministra María Estela Ríos González. El acuerdo data del 5 de septiembre, pero la notificación se realizó apenas el miércoles.
Es por ello que a partir de ayer empezó a correr el plazo de seis meses como máximo para solventar el caso, si es que no se desecha antes, ya que la Constitución establece que la Corte deberá "resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente". Es decir, el asunto tendrá que solucionarse a más tardar el 9 de abril de 2026.

La compañía de Salinas Pliego llegó a la SCJN luego de que en junio de este mismo año el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México) determinara no amparar ni proteger a la parte quejosa, es decir, a Grupo Elektra.

La defensa de Salinas Pliego y de Elektra intentó por todos los medios conseguir el amparo, incluso intentando que los integrantes del Tribunal Colegiado se recusaran del caso, pero cada uno de sus argumentos fueron rechazados. Ahora, ha recurrido a la última instancia, un modus operandi del empresario para retrasar lo más posible sus millonarios adeudos de impuestos.

Salinas Pliego, conocido por llevar hasta la fatiga este tipo de recursos dentro del Poder Judicial para evitar el pago de impuestos, tiene una deuda de alrededor de 74 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación.

En el amparo en revisión que revisará la SCJN están incluidos terceros interesados, como el Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT); el Jefe del mismo SAT, Antonio Martínez Dagnino; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La revisión de la Corte tiene que ver con la constitucionalidad de varios apartados de los artículos 24, 25 31, 32 y 68 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pero el tema podría ni siquiera discutirse en el pleno, ya que, en caso de no ser relevante, podría desechar el caso.


Estos apartados están relacionados con la enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de reestructuración de sociedades residentes, con las deducciones que pueden efectuar los contribuyentes, las inversiones que se pueden deducir y el porcentaje máximo autorizado por la Ley, los porcentajes máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como los impuestos diferidos.

En junio, el Tribunal Colegiado que ahora impugna Grupo Elektra ante la SCJN, resolvió que la empresa de Salinas Pliego debe pagar aproximadamente dos mil millones de pesos producto de un adeudo fiscal por el impago del ISR del ejercicio de 2010.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó por unanimidad que la empresa debe pagar el crédito fiscal, a pesar de que de último momento Grupo Elektra presentó escritos aludiendo una presunta imparcialidad de los juzgadores para dilatar la sentencia.

Los argumentos de Elektra fueron desechados por el Tribunal. Este fallo se suma al emitido el pasado 19 de junio por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que concluyó que la empresa debe pagar otros casi dos mil millones de pesos, pero generados por un adeudo desde 2012.


Para impedir el desarrollo de los litigios, tan sólo a inicios de 2025, el grupo de Salinas Pliego ha interpuesto 38 medios de impugnación, incluyendo 15 impedimentos, 19 recursos de reclamación y cuatro conflictos de competencia, y mantiene abiertos 32 juicios en total.

A finales de septiembre, hace apenas 14 días, la nueva SCJN ya había admitido un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, que en ese caso busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 millones de pesos, originario de 2012. Salinas Pliego tiene al menos cinco litigios actuales ante la Corte.

Salinas Pliego y Elektra tienen además un litigio importante en Estados Unidos: hace unas semanas se dio a conocer que el empresario pagó una fianza de 25 millones de dólares en aquel país para evitar ser arrestado por una deuda que tiene con la multinacional AT&T Inc., de acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, especializada en empresas, negocios y finanzas.

El multimillonario mexicano le debe 565 millones de dólares a otros estadounidenses tenedores de deuda, además del adeudo acumulado 74 mil millones de pesos (unos cuatro mil 031 millones dólares al tipo de cambio de hoy) que tiene con el SAT, entidad recaudatoria que depende de la Secretaría de Hacienda en México.


Salinas Pliego, dueño de Elektra, TV Azteca y Banco Azteca, tiene una fortuna de siete mil 500 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Pero Forbes sostiene que el capital del mexicano y su familia es dos mil millones de dólares menor, es decir, de cinco mil 500 millones de dólares. Sea cual sea el cálculo, sus deudas se comen ya gran parte de sus activos.

A las megadeudas de Salinas Pliego se suma que el 30 de septiembre  la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó de la suspensión a partir de ese día de la cotización de las acciones del Grupo Elektra, luego de su anuncio a fines de 2024 de deslistarse de este índice.
"Esta Bolsa de Valores suspende a partir del día de hoy, 30 de septiembre de 2025, la cotización de los títulos representativos del capital social de emisora antes mencionada identificados con clave de cotización ELEKTRA. Este informe lo realiza la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., para todos los efectos a que haya lugar", indicó la BMV en un comunicado.
Esto, añadió, considerando la información previamente divulgada por la emisora denominada Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., referente a dejar de mantener sus acciones representativas del capital social inscritas en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y dado que a esta fecha la citada emisora ha manifestado que por el proceso de cancelación antes mencionado no está en posibilidades de alcanzar el porcentaje mínimo de su capital social distribuido entre el público inversionista conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables.


El 27 de diciembre de 2024, los accionistas de Grupo Elektra avalaron cambios relevantes en la compañía, como la designación del nuevo presidente del Consejo de Administración, mientras el fundador de la compañía, Salinas Pliego, asumió un cargo honorario, y la salida del conglomerado de la BMV.

El empresario, que desde hace dos años se ha convertido en archienemigo del Gobierno de México, niega deber tanto a los tenedores de bonos de deuda como al SAT y tampoco reconoce la deuda con AT&T Inc., según Bloomberg. Ahora, Salinas Pliego incluso ha sugerido que podría entrar en la arena política.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senado pagó más de 300 mil pesos por hotel para familiares de juzgadores en su toma de protesta

Se alquiló un hotel en Paseo de la Reforma cercano a la Cámara Alta; menús y bebidas fueron pagadas por los familiares con sus propios recursos, aclaran

El Senado de la República pagó 353 mil 700 pesos por la renta del espacio del hotel Sevilla Palace en Paseo de la Reforma para los familiares de los juzgadores que rindieron protesta el 1 de septiembre en la Cámara Alta, tras ser electos en los comicios federales de junio pasado.

En una respuesta de información solicitada por Proceso, el titular de eventos del Senado de la República, José Márquez Borbolla, respondió que la renta por el lugar fue de 9 horas.

En la respuesta del Senado de la República especifican que desconocen el número de familiares de los juzgadores que asistieron al lugar rentado en el Hotel Sevilla Palace. 

Además, detallaron que los menús y bebidas que los familiares de los juzgadores consumieron dentro del hotel Sevilla Palace fueron pagadas con sus propios recursos.

“Costo de la renta del espacio del hotel Sevilla Place y horario” (Sic) 

“El horario de la renta del espacio fue de 9:00 Horas. Costo: $353,700.00

“En respuesta a la solicitud de información sobre el número de asistentes, no es de la competencia de esta unidad dicha información.

“Sobre los costos de los menús y bebidas, cada persona cubrió con sus propios recursos sus consumos dentro del hotel”, responden.

El 14 de agosto del 2025, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, informó que el Senado de la República ocuparía un espacio alternativo para los acompañantes de las personas juzgadoras electas en la elección Judicial. 

El espacio que se dispuso para albergar a los familiares de las 881 personas juzgadoras que rindieron protesta el 1º de septiembre del 2025 fue el Hotel Sevilla Palace que se encuentra a unos metros de la sede del Senado de la República en Paseo de la Reforma.

El senador morenista detalló que esa medida es para que los familiares estén cerca y a unos pasos del Senado y pueda ser eso motivo de algo que es un “parteaguas” en la vida de la República: la selección por primera vez con voto directo de los juzgadores de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Capitolio baraja reducción de recursos a México si no arrecia combate al fentanilo

El Capitolio advierte una posible retención para 2026 de la asistencia económica que México recibe de Estados Unidos con el fin de combatir el fentanilo “hasta que se cumplan ciertas condiciones relacionadas con la seguridad”.

Mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) alerta sobre una disminución de 53% de enero a junio de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, de las incautaciones del fentanilo ilícito que ingresa a su país, el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) 2025 advierte que las aduanas en México “han tenido dificultades” para detectar precursores químicos con los que se fabrican drogas.

Aunque no precisa un motivo de la reducción de aseguramientos, un informe previo del Congressional Research Service –servicio de investigación del Congreso estadunidense–, elaborado al término de la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), veía en la corrupción en aduanas y de instituciones de justicia en México obstáculos en el combate antidrogas, así como la “falta de recursos y personal capacitado”.

Con ello, el Capitolio advierte una posible retención para 2026 de la asistencia económica que México recibe de Estados Unidos con el fin de combatir el fentanilo y otras drogas sintéticas, “hasta que se cumplan ciertas condiciones relacionadas con la seguridad”.

En el contexto de estos escenarios, México se mantiene como “la fuente más importante de fentanilo ilícito y análogos del fentanilo”, en tanto que las empresas de China “siguen siendo la mayor fuente de precursores químicos y equipos utilizados para la fabricación” de esta droga. Los productos llegan, a través del control de puertos marítimos, a los cárteles mexicanos, quienes producen el narcótico en laboratorios clandestinos.

Las últimas referencias provienen del Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) 2025.

Además, el Congressional Research Service también advierte en El fentanilo ilícito y el papel de México –un informe actualizado el pasado 26 de agosto–, que aunque la administración de Donald Trump ha utilizado aranceles y amenazas arancelarias, sanciones y amenazas de posibles acciones militares estadounidenses contra grupos criminales para presionar al gobierno mexicano a hacer más para combatir el fentanilo, México se mantiene como la principal fuente de este narcótico, desde que reemplazó a la República Popular China en 2019, durante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Las filiales estadounidenses de los cárteles distribuyen el fentanilo, al menos desde la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2. De acuerdo con el Informe de la Comisión para la Lucha contra el Tráfico de Opiáceos Sintéticos (2022), estos grupos transportan el narcótico desde la frontera norte hasta Estados Unidos, usualmente en vehículos de pasajeros.

De acuerdo con la DEA, el método de contrabando más común utilizado por las organizaciones criminales transnacionales mexicanas consiste en transportar drogas a través de puertos de entrada terrestres en vehículos de pasajeros con compartimentos ocultos o mezcladas con mercancías legítimas en tráileres.

En este contexto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reveló que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos disminuyeron un 53% de enero a junio de 2025, en comparación con el mismo período de 2024. “Los expertos no están de acuerdo sobre la causa de esa disminución”, expone el Congreso, al incorporar también este dato a su informe El fentanilo ilícito y el papel de México.


En su Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas (NDTA) 2025, la DEA sostiene que el Cártel de Sinaloa (CDS) –que libra una guerra interna entre sus dos principales facciones, Los Chapitos y La Mayos–, así como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son los principales proveedores de drogas ilícitas, incluido el fentanilo, para el mercado estadounidense.

La Evaluación Anual de Amenazas 2025 de la Oficina del director de Inteligencia Nacional ratifica la información, además de incluir que en los últimos seis años, los cárteles –designados organizaciones terrorista al inicio del segundo mandato de Donald Trump– han adquirido la capacidad de fabricar fentanilo y más narcóticos en México, en narcolaboratorios, y que “utilizan prensas de pastillas, a menudo importadas de China , para mezclar medicamentos falsificados , incluidos medicamentos veterinarios, con fentanilo o metanfetamina”.

Asimismo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer en su Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2024 que los cárteles mexicanos trabajan con organizaciones chinas de Lavado de Dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico al sistema bancario mexicano. En este tema, el propio Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025 remarca que la corrupción y la falta de capacidad han obstaculizado las iniciativas antidrogas y antilavado de dinero de México, tanto en el gobierno de López Obrador como en el actual de Claudia Sheinbaum.

Respecto a la actual administración, el Congressional Research Service menciona que en febrero de 2025 altos funcionarios estadounidenses y mexicanos se comprometieron a “asegurar nuestras fronteras, desmantelar los cárteles (…) y detener el flujo ilícito de drogas y armas”.

Aunque reconoce que “la presidenta mexicana Sheinbaum ha mostrado su disposición a colaborar con los esfuerzos estadounidenses para combatir los cárteles”, alerta que “las acciones unilaterales de Estados Unidos podrían poner en peligro la cooperación”.

“El gobierno de Sheinbaum ha desplegado unos 10 mil efectivos de la Guardia Nacional mexicana en las fronteras del país para combatir el narcotráfico, ha puesto a 55 narcotraficantes de alto rango bajo custodia estadounidense y ha permitido la ampliación de los vuelos de vigilancia estadounidenses sobre territorio mexicano”, añade sobre la cooperación desde México.

Después añade que “el presidente Trump inicialmente elogió las acciones de México contra los cárteles de la droga, pero en una carta del 11 de julio a Sheinbaum consideró que los esfuerzos de México eran “insuficientes” y amenazó con nuevos aranceles. La carta del presidente Trump llegó el mismo día en que altos funcionarios estadounidenses y mexicanos se reunieron para discutir un acuerdo binacional sobre temas económicos y de seguridad. Aunque el presidente Trump pospuso nuevos aranceles sobre México durante 90 días, a partir del 31 de julio, las continuas amenazas arancelarias podrían afectar la seguridad y la cooperación antinarcóticos”, insistió el Capitolio sobre el escenario de relaciones entre ambos países.

Rememora que en junio de 2025 la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro emitió órdenes que identificaron a dos bancos y una casa de bolsa con sede en México como instituciones financieras de principal riesgo de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y que con base en el último dato anual disponible, 2023, Estados Unidos asignó a México 48 millones de dólares en ayuda antinarcóticos, que incluyen la provisión de caninos entrenados para identificar fentanilo, equipo de protección para el desmantelamiento de narcolaboratorios y para el análisis de drogas, así como un programa de control de contenedores en varios puertos mexicanos para ayudar a las agencias mexicanas a prevenir el desvío de precursores químicos desde China.  

Lo anterior lo cita porque a partir de 2025 la administración de Trump suspendió, revisó y finalmente canceló “muchos programas estadounidenses de asistencia exterior, aunque no se publica una lista completa de los programas cancelados”.

Aunque la financiación a México continúa, el Congreso cita que no hay datos específicos para el país para el siguiente ejercicio fiscal, 2026, año para el que Trump incluyó una solicitud de 125 millones de dólares para combatir el fentanilo y otras drogas sintéticas a nivel mundial, pero no incluyó ninguna asignación específica para México.

De igual forma, añade que la propuesta para 2026 de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados es proporcionar 175 millones de dólares para combatir el fentanilo a nivel mundial, pero que la medida retendría el 30 por ciento de la asistencia antinarcóticos proporcionada a México hasta que se cumplan ciertas condiciones relacionadas con la seguridad.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.

Bertha Alcalde dice que EMEEQUIS pidió los videos "con dolo"

¿Qué darán a conocer el viernes? Si la información del pipazo de Iztapalapa está reservada. La Fiscalía llama "dolo" a investigación periodística de EMEEQUIS.

La fiscal Bertha Alcalde dijo en conferencia de prensa que los videos solicitados por EMEEQUIS sobre la explosión del puente de La Concordia fueron pedidos “con dolo”, luego de que se viralizara el reportaje ¿Qué hay detrás? Fiscalía de Alcalde reserva 3 años carpeta y videos de la pipa.

“Me parece que hay un poco, probablemente, con algo de dolo, porque estas organizaciones hacen muchas solicitudes de transparencia y generalmente de esta manera se contesta, lo quisieron enmarcar como si la Fiscalía quisiera esconder la información, cuando todo lo contrario, nosotros lo que queremos en este caso, que sabemos que es de gran trascendencia para la ciudad, pero incluso para el país, que tiene ojos en este terrible incidente en Iztapalapa, es ser lo más transparentes que podemos”.

Aclaró que por esta razón el viernes se convocará a una conferencia de prensa, “vamos a informar, incluso acompañar de los propios peritos, los primeros resultados de las indagatorias, siempre cuidando el debido proceso, cuidando no cruzar los debidos estándares establecidos por la ley”.

“Se hizo una solicitud vía transparencia a la Fiscalía por parte de una organización (EMEEQUIS), en donde se pide acceso a los registros de la carpeta de investigación vinculada al tema del incidente en Iztapalapa, se piden videos y otras cuestiones relacionadas con la carpeta”. 

“La Fiscalía lo que hizo fue contestar, como hace en todas las solicitudes de información donde se pide información de carpetas de investigación, diciendo que esta información está reservada (…) estamos obligados por la ley, el propio Código Nacional de Códigos Penales nos establece que los registros de las carpetas de investigación son reservados y únicamente las partes, es decir, la víctima y en todo caso el imputado pueden tener acceso a la carpeta de investigación y que esta información es reservada”.

“También la ley de transparencia establece algo al respecto, y establece la propia ley un plazo (…) en estos casos se establece un plazo mínimo de tres años para que la información esté reservada, la ley de transparencia también lo establece así en su artículo 171”.

Defendió que esto no quiere decir que la investigación vaya a durar tres años o que la fiscalía “quiera esconder la información ni mucho menos”. 

Esta controversia se da luego de que EMEEQUIS solicitara información vía transparencia al C5, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Las respuestas fueron negativas, argumentando razones diferentes: la inexistencia de materiales, la responsabilidad de otra dependencia y la reserva de los documentos por tres años. 

Cabe destacar que, en redes sociales, la excomisionada del INAI, Julieta del Río, dio la razón a EMEEQUIS sobre la apertura de la información del caso de La Concordia: “La reserva de información no puede ser arbitraria ni discrecional. Toda decisión para clasificar información debe estar sustentada en una prueba de daño”.
Se presenta una línea de tiempo de la información presentada por EMEEQUIS y las respuestas presentadas por las instituciones de gobierno.

10 de septiembre.

Una pipa de la empresa Silza se volcó en una de las curvas del Circuito de la Concordia, en Iztapalapa, provocando una explosión que dejó múltiples víctimas. Hasta ahora, esa tragedia ha dejado 31 muertos.

18 de septiembre.

EMEEQUIS publicó el reportaje Nuevo video de la pipa 37 segundos antes de la tragedia: iba a velocidad normal. El video se volvió viral, siendo reproducido por medios de comunicación, políticos y ciudadanos.

24 de septiembre. 
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la sección del Detector de Mentiras, se afirmó lo siguiente: “¡Mentira! El video utilizado en medios de comunicación y redes sociales para afirmar que la pipa accidentada en Iztapalapa no iba a exceso de velocidad fue grabado en un lugar distinto al del accidente”.

Sin embargo, desde el propio título del reportaje se aclaró que el video mostraba los 37 segundos previos a la explosión, en una zona cercana al Puente de la Concordia. 

Ante ello, el equipo de esta casa editorial respondió con el texto Presidencia miente en su ‘desmentido’: videos de EMEEQUIS sobre pipa en Iztapalapa son reales.

26 de septiembre.

EMEEQUIS reveló en el reportaje La Concordia en Iztapalapa: 38 accidentes en seis años que la zona del accidente ya era considerada de alto riesgo, y que el gobierno capitalino tenía conocimiento de al menos 38 accidentes ocurridos previamente en el Circuito de la Concordia, sin incluir la “cifra negra” de incidentes no registrados oficialmente.

30 de septiembre

Tras esta publicación, la Fiscalía capitalina modificó su versión oficial en conferencia de prensa: anteriormente sostenía que la pipa circulaba a casi 50 kilómetros por hora, pero, en un nuevo giro, la fiscal Bertha Alcalde Luján reconoció que el vehículo iba entre 44 y 46 kilómetros por hora. Incluso reconoció que antes del choque, la pipa bajó la velocidad. 

Durante su conferencia, Alcalde también intentó desacreditar los materiales periodísticos de EMEEQUIS: “Es muy importante poder brindar certeza a la ciudadanía en relación con algunos señalamientos que se han difundido en medios y redes sociales: en relación con un video difundido en redes sociales y por algunos medios de comunicación, que muestran al vehículo a velocidad moderada”.

1 de octubre.

Justo en la zona donde se volcó la pipa, surgió una grieta —en realidad, un socavón— que requirió maquinaria pesada para su reparación.

Según datos oficiales de la Alcaldía Iztapalapa, medía 1.5 metros de radio, con una proyección de agrietamiento de seis metros y una profundidad de dos metros. Esta situación fue denunciada en el texto La “grieta” es socavón según los parámetros del propio Gobierno CDMX.

3 de octubre.

EMEEQUIS publicó el reportaje Las imágenes inéditas de la explosión de Iztapalapa, que incluyó nuevos videos y testimonios exclusivos de testigos y víctimas.

6 de octubre.

El medio lanzó la investigación ¿Qué hay detrás? Fiscalía de Alcalde reserva tres años carpeta y videos de la pipa, donde se dio a conocer que la Fiscalía de la CDMX decidió mantener en reserva durante tres años los videos del accidente, pese a que en las primeras horas de la tragedia se difundió un video del C5 sin restricciones.

7 de octubre.

La Fiscalía respondió mediante un comunicado, asegurando que: “Los registros de cualquier carpeta de investigación en curso son de carácter reservado”. Horas después, como consigna esta nota, aseguró que EMEEQUIS pidió la información de los videos “con dolo”.

FUENTE: EMEEQUIS (EMEEQUIS).
AUTOR: MARICARMEN GUTIÉRREZ ROMERO, NATALIA ORTIZ, MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.

Cierra Semarnat consulta pública sobre megaproyecto Puerta al Mar; activistas piden que niegue permiso a Sedena

Defensores del medio ambiente que participaron en la consulta pública de Semarnat insisten en que se debe negar a la Sedena la autorización para que construya el megaproyecto turístico Puerta al Mar en Quintana Roo.

Defensores del medio ambiente que participaron en la consulta pública sobre el megaproyecto turístico Puerta al Mar piden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que niegue a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la autorización para construir en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

Este martes 7 de octubre terminó la consulta pública del megaproyecto que la Sedena construye en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Quintana Roo, a lo largo de la ruta del Tren Maya.

Durante un mes cualquier persona tuvo la posibilidad de enviar, a través del portal de la Semarnat, observaciones, sugerencias o propuestas alrededor de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto que tiene un costo estimado en 175 mil millones de pesos y que está en construcción desde agosto de 2023, a pesar de no contar con los permisos ambientales.

Las obras consisten en la ampliación y pavimentación de una brecha de terracería de 54.6 kilómetros conocida como “camino antiguo a Vigía Chico”, que une el poblado de Felipe Carrillo Puerto con el Mar Caribe, cruzando los humedales de Sian Ka’an. El megaproyecto contempla también otras infraestructuras, como un restaurante, un estacionamiento con locales comerciales, senderos peatonales y un muelle con mirador. Además, donde hay manglares el Ejército creará una playa artificial de 6 mil metros cuadrados con camastros, palapas y un restaurante.

Qué es un proceso de consulta pública

La Semarnat tendrá que leer y analizar las observaciones que recibió durante el proceso de consulta pública del proyecto que oficialmente se llama “Camino artesanal Puerta al Mar”, y tomarlas en cuenta al decidir si otorga o niega el permiso para construir la obra.

La dependencia tiene también la facultad de convocar una reunión pública informativa, donde la Sedena tendría que exponer los aspectos técnicos ambientales de la obra y sus posibles impactos, además de las medidas de prevención y mitigación que serían implementadas.

Piden que se niegue el permiso a Sedena

“Nosotras estamos solicitando a Semarnat que niegue a Sedena la autorización por incumplimiento de la ley ambiental, siendo que el proyecto se empezó a construir antes de conseguir los permisos ambientales y ya se han destruido manglares”, dice una abogada integrante de Territorios Diversos para la Vida (Terravida), una de las organizaciones que participaron en la consulta pública de la Puerta al Mar.

También, agrega, solicitamos que se clausuren las obras en caso de que estén en operación y se impongan las sanciones correspondientes. Terravida señaló a Semarnat que la MIA reconoce que el Ejército desarrolla actividades que el Plan de Manejo de Sian Ka’an prohíbe, como impulsar el turismo y construir obras dentro del área natural protegida. “La MIA reconoce la fragmentación del hábitat que el proyecto conlleva, que tiene un impacto en la conectividad de las especies”, dice la abogada.

La organización observó que no se toman en cuenta los impactos cumulativos de esta obra con otras construidas en el área, como el Tren Maya, y destacó que no se contemplan las afectaciones que pueden padecer comunidades que no se encuentran en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, como Punta Allen, localizada frente a la Puerta al Mar, del otro lado de la Bahía de la Ascensión.

Afectaciones al territorio simbólico

Las observaciones que llegaron a Semarnat no tienen que ver sólo con los impactos ambientales de la Puerta al Mar. “Participamos en el proceso de consulta pública señalando un elemento más cultural y tiene que ver con las afectaciones al territorio simbólico. Para nosotros los pueblos mayas, el camino antiguo a Vigía Chico tiene espíritu: están los yumtsilo’ob, que son los guardianes de la selva y tienen memoria”, dice Ángel Sulub Santos, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto. Recuerda que este camino tiene mucha importancia en la memoria de la población local, que lo recuperó de los soldados mandados a reprimir la población maya durante la Guerra de Castas.

“Mandamos a Semarnat una observación también sobre la justificación que tiene el proyecto, siendo que la MIA afirma que es una exigencia histórica de la gente local, de los mayas, pero en realidad una parte de la población no lo quiere”, dice Sulub Santos.

De acuerdo con él, los puestos de trabajo que el gobierno promete son un espejismo que no compensa los daños generados por el megaproyecto: “son empleos con una fragilidad alta. Lo estamos viendo ahora en Tulum, donde la falta de turistas impacta fuertemente a la economía de los trabajadores locales”, afirma.

Piden reunión para establecer medidas de protección para la Selva Maya

Desde que el camino viejo a Vigía Chico ha sido ampliado y pavimentado, los carros pasan a toda velocidad y ya se reportan atropellamientos de animales.

Carlos Samayoa, coordinador de la campaña “México al grito de selva” de Greenpeace México, recuerda que una carretera que irrumpe en un ecosistema trae varios impactos y no sólo ambientales, pues existen otros relacionados con la especulación inmobiliaria que puede traer en el futuro.

“Ya hicimos una alerta a las autoridades federales y estamos en espera de un diálogo con la Semarnat y otras dependencias para hablar de las medidas de protección para la selva, que está en riesgo a causa de proyectos como el Tren Maya o la Puerta al Mar”, dice Carlos Samayoa. “La complejidad en torno de la selva es altísima y hay que abordar el tema desde una perspectiva compleja. Por eso estamos buscando que sea una mesa de trabajo multisectorial e intersecretarial, para blindar a la selva de cualquier amenaza. Se nos prometió este diálogo y esperamos tener pronto fechas concretas”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

Asesinato del padre Bertoldo Pantaleón, en Guerrero, alerta sobre violencia contra eclesiásticos en México

Los ataques violentes cometidos contra miembros eclesiásticos en México no son casos aislados: en los últimos 34 años se han registrado 80 sacerdotes asesinados; 10 de ellos en el sexenio pasado y dos más durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, según el CCM.

El asesinato del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, hallado sin vida el 6 de octubre del 2025 en Guerrero, puso la atención pública en los ataques contra los sacerdotes, perpetrados en contextos de violencia, impunidad y desprotección frente a grupos del crimen organizado.  

Los ataques violentes cometidos contra miembros eclesiásticos en México no son casos aislados: en los últimos 34 años se han registrado 80 sacerdotes asesinados; 10 de ellos en el sexenio pasado y dos más durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, según el Centro Católico Multimedial (CCM).

De acuerdo con los datos del CCM, las entidades con mayor número de asesinatos de religiosos en las últimas tres décadas son: Guerrero, con 11 casos; la Ciudad de México, con ocho; Michoacán y Chihuahua, con siete: y Jalisco y Estado de México, con seis. 

El caso más reciente es el del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años, desaparecido el pasado 4 de octubre en el municipio de Eduardo Neri, en la región Centro de Guerrero.  

Su cuerpo fue hallado dos días después, con heridas de bala dentro de su vehículo en un camino de terracería cerca de la carretera México-Acapulco. La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. 

Casi un año antes, el 20 de octubre, fue asesinado el padre Marcelo Pérez Pérez, de 51 años, de la iglesia de Guadalupe y expárroco tzotzil de Simojovel en San Cristobal de las Casas. Acababa de oficiar misa y viajaba solo cuando, al subir a su vehículo, sujetos dispararon contra él, matándolo inmediatamente.  

El sacerdote era conocido por su trabajo pastoral y reconocido por su labor como defensor de los derechos humanos en la región. Denunció el aumento de la violencia en Chiapas y la incursión de grupos criminales; además fue mediador en un proceso de paz en Pantelhó cuando surgió el grupo de autodefensa “El Machete” en 2021 y 2022. Tras recibir múltiples amenazas, regresó a San Cristóbal de las Casas y convocó a varias peregrinaciones por la paz.    

En una entrevista con Proceso en 2021, al hablar sobre las preocupaciones por su seguridad personal y se negativa a tener una escolta el párroco expresó: “Soy pacifista (...) Busco la paz para el pueblo. Y la paz es más grande que la muerte”. 

El 22 de octubre de 2024, la fiscalía general del Estado de Chiapas, informó que las autoridades habían detenido un hombre, señalado de ser el supuesto autor material del homicidio, y no se reportan más avances en el caso.  

En su Reporte Anual 2024: “Violencia contra sacerdotes, religiosos e instituciones de la Iglesia católica en México”, el CCM contabilizó los ataques contra miembros de la Iglesia Católica durante el último sexenio y también desde 1990 hasta el 2024.  

En el reporte, el CCM ofrece datos e hipótesis de los más de 80 crímenes que han enlutado a la Iglesia de México durante dicho periodo. Además, respecto al sexenio del 2018 al 2024, contabilizó: 10 sacerdotes asesinados; 10 sacerdotes y religiosos violentados; y 26 templos atacados, profanados o asaltados a la semana.  

También destacaron que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se recibieron más de 900 extorsiones y amenazas de muerte contra miembros de la Iglesia Católica.  

A pesar de los numerosos ataques reportados, durante el sexenio pasado, los asesinatos de sacerdotes disminuyeron en relación con los sexenios anteriores. En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012- 2018) se reportaron 19 sacerdotes asesinados y dos desaparecidos; mientras que en el sexenio de Felipe Calderón (2006- 2012) los sacerdotes asesinados fueron 17.  

Respecto a los dos sacerdotes desaparecidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a la fecha no se tienen noticias de su paradero. Ellos son el padre Santiago A´lvarez Figueroa de la dio´cesis de Zamora, desaparecido desde el 29 de diciembre de 2012. Y el padre Carlos O´rnelas Puga desaparecido el 3 de noviembre de 2013 en Tamaulipas.  

Durante estos años, varios asesinatos de sacerdotes han conmocionado a México e incluso resonado a nivel internacional por la crueldad de los hechos, el perfil de las víctimas o el contexto en el que sucedieron.  

Uno de esos casos de gran resonancia fue también uno de los primeros de los que se tiene registro: el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, fallecido el 24 de mayo de 1993 en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco. 

La entonces Procuraduría General de la República, atribuyó el homicidio del arzobispo de Guadalajara a una supuesta confusión entre sicarios del Cártel de Tijuana, que buscaban a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, la versión fue ampliamente cuestionada, y la fecha no se ha logrado esclarecer el caso.  

Otros asesinatos que conmocionaron al país y suscitaron una reacción internacional fueron cometidos en 2022.  

El 17 de mayo de 2022, el padre José Guadalupe Rivas Saldaña, reconocido por si trabajo en la Casa del Migrante de Tecate, fue encontrado sin vida en un rancho de Tecate, Baja California, con signos de violencia.  

Ese mismo año, pero semanas más tarde, se registró el ataque contra los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, acribillados dentro de su iglesia cuando intentaban proteger a un hombre que estaba huyendo de un grupo criminal el 20 de junio del 2022 en Cerocahui, Chihuahua en la Sierra Tarahumara.   

El crimen fue condenado por la Compañía de Jesús, la ONU y otras organizaciones civiles. Ambos realizaban trabajo pastoral destacado y auxiliaban a las comunidades rarámuris de la zona. A pesar de la presión mediática, aún no hay detenidos por el caso.  

Y reportan ataques a Iglesias

Además de los casos de asesinatos de sacerdotes que realizaban importantes labores sociales en defensa de grupos en situación de vulnerabilidad, el CCM también ha registrado agresiones contra sacerdotes por otras razones, incluyendo robos y asaltos a iglesias. Los datos colocan a México como el primer país Latinoamericano con más ataques violentos a recintos sagrados.   

El reporte señala que ataques a sitios religiosos tiene las siguientes tendencias: 

42% concierne a profesionales del crimen organizado especializados en el robo de arte sacro;  

37%, es de grupos que atacan por diversos motivos de intolerancia y discriminación religiosa; y   

21% de las agresiones contra estos lugares es efectuado por delincuentes dedicados al robo exprés de objetos religiosos a menor escala y de escaso valor. 

“Entre 1993 y 1999, la profanación de recintos sagrados refiere un 2 por ciento por año; es decir, 4 recintos profanados por semana. De 2000 a 2006, la cifra incrementó al 4 por ciento equivalente a ocho templos agraviados semanalmente. De 2007 a 2024, creció al 12 por ciento, correspondiente a 26 iglesias agraviadas, es decir, un aumento de alrededor de 600% en casi dos décadas”, resaltó el CCM.  

De acuerdo con el documento, los ataques contra templos católicos se deben a dos razones: el “lucrativo tráfico de arte sacro” y por otra, la de sujetos que atacan santuarios y parroquias por “cuestiones antirreligiosas, motivos políticos, para cobrar derechos de piso y, en otros casos, para dejar constancia de sus presuntas ligas con sectas o cultos satánicos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Artículo 19 pide a Armenta detener criminalización e intimidación contra e-Consulta

La organización refirió que la actualización del proceso judicial ocurrió posterior a publicaciones en las que e-consulta informó sobre una presunta estrategia del gobierno de Puebla para obligar a funcionarios a dar likes y postear de manera positiva en redes sociales a favor del gobernador.

La organización Artículo 19 hizo un llamado al gobernador Alejandro Armenta y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que detengan la criminalización e intimidación contra el portal de noticias e-Consulta, luego de que se reactivó una denuncia presentada desde 2020 contra Rodolfo Ruiz, director de ese medio. 

En un comunicado, la organización refirió que la actualización de ese proceso judicial, por el supuesto delito de lavado de dinero, ocurrió posterior a una serie de publicaciones en las que e-Consulta informó sobre una presunta estrategia del gobierno de Puebla para obligar a personas en función pública a dar likes y postear de manera positiva en redes sociales a favor del gobernador.

“Es preciso mencionar que la denuncia en cuestión tiene su origen en auditorías fiscales de enero de 2020 que no se concluyeron, pero que la Secretaría de Finanzas y Administración de Miguel Barbosa promovió ante la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con otros procesos civiles por supuesto daño moral en contra el medio y el director, acumulando más de 7 procesos judiciales durante dicha administración”. 

Agregó que, en su momento, Artículo 19 alertó que ese tipo de procesos judiciales son denuncias o demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés) utilizados por la gente que detenta el poder para limitar el debate público, “así como censurar e intimidar a través de lo que implica en términos de recursos humanos y económicos el defenderse frente a estos procesos”. 

Recordó que el caso de Rodolfo Ruíz y de e-Consulta ocurre también en medio de una serie de discursos “estigmatizantes”, donde se han utilizado las conferencias de prensa de gobierno estatal para criminalizar a ese medio. 

Esto se refiere a los señalamientos hechos durante una rueda de prensa directamente en contra de Ruiz, cuando Armenta lo llamó “cobarde”, “canalla” y lo tachó de ciberdelincuente al acusarlo de la publicación de un mensaje en redes sociales, que el periodista ni siquiera había emitido. 

Artículo 19 menciona que a esto se suma el hecho de que Puebla ha sido centro de debate público por la reforma que tipifica el delito de ciberasedio, que ha sido cuestionada por organizaciones y periodistas al considerar que genera un “efecto inhibitorio” para el ejercicio de libertad de expresión e información de las personas. 

Al exponer estos antecedentes, la organización pidió al gobierno de Armenta abstenerse de estigmatizar o criminalizar a periodistas y medios de comunicación y a la Fiscalía abstenerse de utilizar recursos públicos en procesos que buscan intimidar a la prensa por sus publicaciones.   

Igual llama al Poder Judicial de Puebla a que aplique los estándares internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico, para el estudio y resolución de los procesos civiles o penales iniciados contra periodistas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Sheinbaum busca que la Sedena atienda quejas de comerciantes y turistas de Tulum

La presidenta aseguró que pidió a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez que coordine una mesa de trabajo para dar solución al conflicto en torno al Parque del Jaguar.

La presidenta Claudia Sheinbaum instituyó que la Defensa resuelva las quejas de residentes, comerciantes y turistas en Tulum por lo que ha provocado el entorno del Parque de Jaguar. 

Proceso publicó en su edición de octubre que “desde que la Secretaría de la Defensa Nacional administra el Parque Nacional del Jaguar el turismo disminuye. Comerciantes y empresarios aseguran que hoteles, clubes de playa, tiendas de buceo y restaurantes son los más afectados; la ocupación este verano se desplomó 30% como durante la pandemia por covid-19”.

Aunque la presidenta atribuye la información a redes sociales, el reportaje en Proceso indica que ese panorama “lo atribuyen a que para ingresar a los tramos costeros y otros puntos a donde antes el turismo accedía libremente, la Sedena ahora cobra de 105 hasta más de 500 pesos, por lo que mejor se van a Cancún o Playa del Carmen, además de que tanto soldado, aseguran, inquieta a los visitantes”. 

Agregó que “en particular el caso de Tulum hay un tema con el parque del Jaguar que estamos revisando tanto con Defensa que es quien opera el parque del Jaguar”. 

La mandataria federal pidió a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez que coordine una mesa de trabajo para dar solución. 

“Hay algunas quejas por la entrada a la playa que tiene que también hacerse algunas cuestiones de señalización, de acuerdo con lo que me planteó la secretaria, pero lo vamos a atender”. 

La secretaria ya se comunicó con hoteleros de Tulum, pero pidió “primero medir a ver si lo que dicen las redes es cierto h después ver en particular el tema del parque del Jaguar para que se resuelva”. 

En torno a los precios elevados dijo que “tiene que revisarlo el área de Turismo y lo que buscamos es que pueda ir toda la población a conocer este bellísimo lugar de Quintana Roo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Corte niega amparos contra la Ley Minera de AMLO; no afecta derecho a la igualdad ni principio de irretroactividad, señalan

Por unanimidad de votos, las ministras y ministros de la Corte declararon la validez del Decreto de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Minería, Aguas Nacionales y otras normativas medioambientales, publicadas en mayo de 2023.

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó otorgar dos amparos interpuestos por dos personas (una física y una moral) en contra de la reforma a la Ley Minera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que las modificaciones no fueron violatorias al derecho a la igualdad y el principio de irretroactividad. 

De esta forma, por unanimidad de votos, las ministras y ministros de la Corte declararon la validez del Decreto de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Minería —en particular en lo que tiene que ver a las concesiones mineras— Aguas Nacionales y otras normativas medioambientales, publicadas en mayo de 2023.

 En julio de 2024, la antigua integración de la Corte publicó el acuerdo 3/2024 por el que ordenó a todos los juzgados y tribunales del país congelar temporalmente las resoluciones de amparos y recursos en contra de la reforma a la Ley Minera, dado que sería el Máximo Tribunal la instancia encargada de resolver en definitiva sobre su constitucionalidad.

La discusión en la nueva Corte sobre la Ley Minera

La discusión celebrada en la sesión del Pleno versó sobre dos proyectos de sentencia elaborados por la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, en los amparos en revisión 422/2024 y 26/2025, que trataban sobre el cambio en el proceso para otorgar concesiones mineras.

En ambos casos, la ministra Batres propuso revocar las sentencias iniciales de amparo concedidas por jueces de distrito tanto a un ciudadano identificado como Miguel Antonio Delgadillo Acuña y a la empresa Grupo SLA Mining, que argumentaron “vicios en el procedimiento legislativo de urgente resolución” que dio vida a la reforma a la Ley Minera. 

La razón principal para proponer revocar dichas sentencias y ordenar terminar o concluir el procedimiento legal de los juicios de amparo fue tras asegurar que ambos particulares carecían de “interés jurídico” o “legitimación” para reclamar vicios en el procedimiento legislativo y porque los artículos impugnados no les fueron aplicados directamente. 

Así, al votar a favor de la propuesta de la ministra Lenia Batres, las ministras y ministros reiteraron que las impugnaciones a los llamados vicios en el procedimiento legislativo sólo competen a los legisladores, no a los particulares, y declararon la validez de las reformas de mayo de 2023, que redujeron de 50 a 30 años la duración de las concesiones mineras y de 50 a 25 años la prórroga a estas concesiones. 

Ministros niegan que Ley Minera afecte derechos a la igualdad y retroactividad

Al pronunciarse por la validez de estas disposiciones, la Corte también negó que la Ley Minera de AMLO fuera violatoria a los derechos a la igualdad y el principio de irretroactividad. 

En primer lugar, sobre el derecho a la igualdad, las dos personas que interpusieron sus juicios de amparo señalaron que se había provocado un perjuicio en su contra porque se les trataba distinto al Estado.

Al participar en la discusión, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, negó que la Ley Minera afectará este derecho, pues el Estado tiene rectoría sobre estos temas, particularmente sobre recursos estratégicos propiedad de la nación. 

“Es difícil sostener que el particular está en un plano de igualdad con el Estado, porque estamos frente a recursos estratégicos que son propiedad originaria de la Nación, en donde el Estado no puede tener el mismo nivel que un particular o el principio de libertad de competencia, pues es un área estratégica que no está sujeta, no se rige por este principio de libre competencia, aquí hay rectoría del Estado en el aprovechamiento y esta riqueza de la Nación”, señaló.  

Sobre el principio de irretroactividad —que prohíbe que una ley nueva se aplique a situaciones o hechos jurídicos que ocurrieron antes de su entrada en vigor, si dicha aplicación resulta en un perjuicio para una persona—, la Corte concluyó que no hubo tal violación, porque no había derechos adquiridos por parte de las personas quejosas.

Es decir, que no habían adquirido un derecho para explotar recursos minerales del país previo a la publicación de la reforma. 

La ministra Loretta Ortiz Ahlf agregó que no se vulnera el principio de irretroactividad de la ley, pues las concesiones son exclusivamente para particulares puedan hacer el aprovechamiento momentáneo de recursos con permiso del Estado. 

“No se debe perder de vista que una concesión en materia minera no crea derechos de este tipo, ya que solo es un permiso para que un particular aproveche los bienes que originalmente pertenecen a la Nación en los términos del artículo 27 Constitucional, razón por la cual, el Estado puede variar las normas sobre dichos bienes, atendiendo (como he mencionado en otros asuntos) a las razones de orden público e interés social, e incluso a los descubrimientos de la ciencia, a fin de lograr una explotación sostenible, redituable y benéfica para la Nación”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Se revisará actuación de militares por asesinato de jornaleros; “no somos la guerra contra el narco de Calderón”: Sheinbaum

La presidenta subrayó que su gobierno no permitirá el uso indiscriminado de la fuerza y recordó que las Fuerzas Armadas solo pueden disparar en casos de flagrancia o agresión directa.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “lamentable” el caso en el que militares dispararon y mataron a seis civiles en el poblado Estación Manuel, municipio de González, Tamaulipas, la noche del 6 de octubre, y aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y las autoridades civiles ya investigan los hechos.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria informó que la Defensa Nacional tomó cartas en el asunto de inmediato y que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía de Justicia Militar realizan indagatorias para deslindar responsabilidades.

“Lamentable. Y la Defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Están las denuncias, obviamente primero la revisión del caso por parte de las propias autoridades, la policía militar de la Defensa, pero también el juicio civil. Se va a revisar completamente la actuación y (a estar) muy cerca de las familias”, dijo Sheinbaum.


Investigación abierta y elementos relevados de sus funciones

De acuerdo con la información difundida este martes por la Defensa, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche del lunes, sobre la carretera de Ciudad Mante-Tampico, a la altura del kilómetro 71, cuando los soldados se desplazaban en tres vehículos oficiales y una camioneta blanca “trató de embestir” a uno de ellos, según el reporte de la IV Región Militar y la 48/a Zona Militar.

Ante lo que consideraron una amenaza, sigue el comunicado de la Defensa, los uniformados “hicieron uso de sus armas”, dejando cinco civiles muertos en el lugar y uno más durante su traslado al hospital. Además, dos personas resultaron heridas.

Defensa informó que los elementos involucrados fueron relevados de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones.

La delegación de la FGR en Tamaulipas abrió una carpeta de investigación, y los soldados que dispararon fueron presentados ante el Ministerio Público Federal. En paralelo, la Fiscalía de Justicia Militar inició una indagatoria interna.

“No somos la guerra contra el narco de Calderón”

Cuestionada sobre si los militares habían violado los protocolos de actuación o si se trató de una decisión errónea del comandante a cargo, Sheinbaum respondió que primero se debe revisar qué ocurrió, pero enfatizó que las Fuerzas Armadas no tienen autorización para atacar a la población civil ni disparar sin justificación legal.

“Hay que revisar qué pasó primero para poder tener todos los datos de qué ocurrió. Y sí, se responde frente a una agresión, no se llega a disparar”, explicó.

La presidenta recordó que el uso de la fuerza letal está regulado por ley y que los elementos del Ejército, la Guardia Nacional o cualquier otra corporación solo pueden usar sus armas en casos de flagrancia, cumplimiento de órdenes judiciales o cuando sean agredidos.

“Nosotros tenemos un sistema jurídico en donde la autoridad, si tiene una orden de aprehensión o está viendo un delito en flagrancia, actúa para detener al responsable. Y el uso del arma de fuego tiene que ser racional, hay una ley que establece bajo qué condiciones”.

Y subrayó: “No somos la guerra contra el narco de Calderón, en donde se permitía la excepción de disparar por más que fueran presuntos delincuentes. Aquí no. Solo se responde ante una agresión”.

Las víctimas eran trabajadores agrícolas

De acuerdo con información publicada por el medio Elefante Blanco, tanto las víctimas como los sobrevivientes se dedicaban a labores agrícolas en la región. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si los fallecidos estaban armados o si existió alguna agresión previa.

La FGR informó que agentes del Ministerio Público Federal acudieron este martes al lugar de los hechos para recabar testimonios y peritajes que permitan esclarecer el caso y determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los militares.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El gobierno federal propone a comisionados antimonopolio y de comunicaciones

El Senado recibe los nombramientos, entre ellos el de Andrea Marván, quien presidió la extinta Comisión Federal de Competencia

El Senado de la República recibió dos oficios de la Secretaría de Gobernación los cuales incluyen los nombramientos a favor de quienes integrarán la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional Antimonopolio.

Para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el oficio contiene los nombramientos a favor de: Ledénika Mackensie Méndez González, por un periodo de tres años; María de las Mercedes Olivares Tresgallo, por un periodo de cuatro años; Adán Salazar Garibay, por un periodo de cinco años; Tania Villa Trápala, por un periodo de seis años, y Norma Solano Rodríguez, por un periodo de siete años.

También se turnó el oficio con los nombramientos para la integración de la Comisión Nacional Antimonopolio, con los nombramientos a favor de: Andrea Marván Saltiel (quien fuera presidenta de la extinta Comisión Federal de Competencia, Cofece), por un periodo de tres años; Ana María Reséndiz Mora, por un periodo de cuatro años; Óscar Alejandro Gómez Romero, por un periodo de cinco años; Ricardo Salgado Perrilliat, por un periodo de seis años, y Haydeé Soledad Aragón Martínez, por un periodo de siete años. 

Los oficios fueron enviados por la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, a las comisiones legislativas correspondientes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

En México hay más de 20 mil cirujanos plásticos que ejercen sin ninguna certificación

El especialista denunció que la AMCPER actúa como un “club de Toby”, operando bajo dinámicas de amiguismo, cobro de cuotas excesivas y presiones que impiden a médicos calificados aprobar los exámenes de certificación.

En México, más de 20 mil personas ejercen como cirujanos plásticos sin certificación ni regulación, frente a solo 2 mil 690 profesionales certificados, según denunció el doctor Luis Fernández de Córdova y Río de la Loza en una reciente conferencia de prensa. El especialista señaló irregularidades en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), acusándola de prácticas corruptas que dificultan la certificación de médicos y favorecen a quienes operan sin credenciales.

Durante la presentación de su libro Cédula en Jaque, el médico Fernández de Córdova, egresado de la Universidad Westhill y especializado en cirugía plástica, estética y reconstructiva por la Universidad Federal do Estado do Rio de Janeiro, alertó sobre la grave situación del ejercicio ilegal de la cirugía plástica en México.

Según sus declaraciones, de los más de 22 mil 690 cirujanos plásticos que operan en el país, solo 2 mil 690 están certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER), lo que implica que más del 88% carecen de las credenciales necesarias.

El especialista denunció que la AMCPER actúa como un “club de Toby”, operando bajo dinámicas de amiguismo, cobro de cuotas excesivas y presiones que impiden a médicos calificados aprobar los exámenes de certificación.

 Además, acusó a la asociación de permitir que especialistas no certificados abran clínicas, lo que pone en riesgo la seguridad de los pacientes. Fernández de Córdova propuso que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SSA) asuman la responsabilidad de avalar a los cirujanos plásticos, y urgió la creación de una legislación que proteja a los profesionales certificados y fortalezca el sector salud. Hizo un llamado para evitar tragedias como la de Paloma Nicole, un caso reciente que ha conmocionado al país.

La falta de certificación en cirujanos plásticos ha derivado en múltiples casos de negligencia médica, con consecuencias fatales. A continuación, se presentan algunos incidentes recientes que ilustran la gravedad del problema:

-Paloma Nicole Arellano (Durango)
  • Septiembre 2025
  • Adolescente de 14 años falleció tras complicaciones por implantes mamarios realizados en una clínica no regulada. El médico responsable no estaba certificado, y su madre y padrastro fueron detenidos por omisión de cuidados.
  • Muerte; debate sobre regulación en procedimientos estéticos en menores. México es el octavo país con más cirugías de aumento de busto en menores de 18 años.
-Jacqueline Yamileth Briones (Nuevo León)
  • Agosto 2025
  • Mujer de 25 años murió por lesiones internas durante una lipoescultura realizada por Sergio ‘N’, un médico no reconocido por el Colegio de Cirujanos Plásticos de Nuevo León.
  • Muerte; el responsable está prófugo, y se exige mayor verificación de credenciales.
-Dora Isela C. (Chihuahua)
  • Junio 2024
  • Paciente de 45 años falleció por falla orgánica múltiple tras una abdominoplastia y lipoescultura en una clínica operada por médicos sin especialidad en cirugía plástica.
  • Muerte; investigación abierta contra los responsables.
-Elena Larrea (CDMX)
  • 2024
  • Activista de 38 años murió por trombosis tras un procedimiento estético en una clínica no regulada.
  • Muerte; resaltó los riesgos incluso en procedimientos considerados “menores”.
En Chihuahua, se han reportado al menos 20 muertes relacionadas con cirugías estéticas en los últimos años, pero solo seis casos han derivado en carpetas de investigación, con tres sanciones por usurpación de profesión y ningún detenido hasta octubre de 2025.

Para protegerse, los pacientes deben verificar que el cirujano esté certificado por el CMCPER (consultable en directorio.cmcper.mx) y que la clínica cuente con licencia sanitaria de COFEPRIS (www.cofepris.gob.mx).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno de Nahle contrata empresas fraudulentas por más de 400 millones de pesos

Las empresas Biodist, Casa Plarre, Brain Global Health Tech y Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria fueron contratadas por la Secretaría de Salud estatal, no obstante tener observaciones de la ASF en 2023 por irregularidades en los servicios otorgados.

A través de la Secretaría de Salud, el gobierno de Rocío Nahle entregó mediante adjudicación directa contratos por más de 400 millones de pesos a empresas que ya habían sido señaladas en la revisión de las cuentas públicas de 2023 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por tener irregularidades en los servicios otorgados.

Los contratos fueron pagados con recursos federales del IMSS Bienestar, pero firmados por el secretario de Salud de Veracruz, Valentín Herrera Alarcón, así como por David Jahziel Pérez, subdirector de Recursos Materiales.

Fueron otorgados a las empresas Biodist, Casa Plarre, Brain Global Health Tech y Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria (LEIH), para pruebas de laboratorio, servicios de anestesia, suministros de insumos de laboratorio y servicios de arrendamiento de equipo en unidades hospitalarias.

La reciente auditoría forense de la ASF, sobre la que Proceso publicó un reportaje en su edición impresa de abril del presente año, señaló que estas empresas contratadas durante el gobierno del también morenista Cuitláhuac García acumulaban cuentas por aclarar que representaron más de 900 millones de pesos, por irregularidades en servicios subrogados.

Ante estas anomalías, la ASF solicitó a la Contraloría General de Veracruz iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos de los Servicios de Salud (Sesver) por no vigilar, supervisar y garantizar el cumplimiento de los contratos.

Empresa de limpieza deja de pagar a sus trabajadores

Las recientes contrataciones en el actual gobierno de Rocío Nahle quedaron evidenciadas cuando empleados de la empresa Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria, que tiene el servicio subrogado de limpieza en hospitales, salieron a las calles para reclamar el pago del salario de varias quincenas atrasadas.

La empresa fue creada en 2017 y tiene su domicilio en un fraccionamiento del Puerto de Veracruz.

Los paros en varios hospitales de Veracruz, Río Blanco y Xalapa generaron una crisis sanitaria que fue denunciada por usuarios de servicios, como las madres de niños con cáncer en la torre pediátrica.

La empresa es una de las señaladas por la ASF, que documentó que LEIH declaró contar con 3 mil trabajadores, pero los registros del IMSS reflejaron entre 750 y 1,400 empleados asignados a la limpieza de 880 unidades hospitalarias.

Además se detectó incumplimiento en la entrega de insumos básicos —como papel higiénico, toallas desechables y pastillas desodorantes— que no fueron suministrados conforme al calendario pactado.

La ASF concluyó que la empresa no tenía la experiencia ni la capacidad técnica para cubrir los servicios, y que Sesver no aplicó sanciones ni penalizaciones por estas deficiencias. Por ello, instruyó a la Contraloría General del Estado iniciar investigaciones contra exfuncionarios responsables de otorgar y supervisar dichos contratos.

Por estas irregularidades señaló un posible daño patrimonial por más de 300 millones de pesos.

Nuevas adjudicaciones en 2025

Pese a las observaciones, LEIH fue contratada nuevamente en enero de este año para brindar el servicio subrogado de limpieza en oficinas centrales, jurisdicciones sanitarias, hospitales, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, asilos, el Hogar del Niño, Capasits y centros de salud dependientes de Sesver.

De acuerdo con los datos obtenidos por transparencia, se le adjudicaron de forma directa dos contratos por más de 150 millones de pesos con recursos federales del IMSS Bienestar, del subsidio estatal y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

Sobre el tema, la gobernadora Rocío Nahle dijo que el contrato se canceló en agosto y reconoció que los pagos están siendo detenidos.

Ante la crisis de limpieza en hospitales, propuso la creación de un ente administrativo estatal para contratar directamente al personal de limpieza y cocina de los hospitales, en lugar de depender de empresas privadas.

Señaló que el Estado buscaría replicar un esquema similar al del IPAX en seguridad, pero aplicado a los servicios hospitalarios, para evitar la intermediación de compañías privadas y garantizar el pago oportuno a los trabajadores.

“Yo no estoy de acuerdo con que se subrogue la limpieza, se debería contratar al personal por el IMSS Bienestar, que se compren los productos de limpieza y que se haga, como se hizo hace muchos años”, dijo.

Nahle precisó en conferencia de prensa que habló con Alejandro Svarch, director del IMSS Bienestar, sobre el tema: “Les dije que la empresa no estaba cumpliendo y no pagaba. Les pido que analicen para que se contrate directamente a los trabajadores”.

La gobernadora Nahle afirmó que por los desvíos detectados en Salud por la ASF se había interpuesto una denuncia y que la contraloría hacía revisiones. Aunque no habló sobre nuevos contratos con las empresas señaladas.

De acuerdo con los datos obtenidos, en enero de 2025 se firmaron cuatro contratos abiertos con Biodist, SA de CV, para la subrogación de servicios como suministro de pruebas de laboratorio y otros equipos médicos.

Previamente la ASF (en la cuenta pública 2023) señaló a esta empresa por no entregar los equipos comprometidos en los contratos. Las visitas, registradas en actas circunstanciadas, revelaron que 36 equipos no cumplían con las especificaciones de marca y modelo estipuladas en los contratos. Además, los dispositivos entregados en comodato llevaban etiquetas de otras empresas distintas a la proveedora adjudicada.

Se identificó también que de 512 equipos, 96 pertenecían a otra empresa, lo que contraviene los términos del contrato, que prohíben la cesión, traspaso o subcontratación parcial o total de los servicios contratados.

Otras empresas incumplidas

También se entregó vía adjudicación directa un nuevo contrato este año a la empresa Casa Plarre para el servicio de anestesia en hospitales.

Sobre esta empresa, la auditoría detectó un posible desfalco de 116.8 millones de pesos en el contrato SESVER/DA/C-053/2023, porque entre otras irregularidades detectó que 46 equipos otorgados en comodato no fueron entregados en los hospitales estipulados en el contrato.

Además la empresa no acreditó la instalación y puesta en marcha de los equipos, ni validó al personal técnico especializado.

Los Servicios de Salud de Veracruz también dieron dos contratos a la empresa Brain Global Health Tech para el servicio de arrendamiento de áreas de imagenología, aunque la ASF ya había señalado inconsistencias, pues la empresa no acreditó la entrega, instalación y operación en 2023 de la totalidad de los equipos necesarios para la prestación del servicio, lo que representa una grave omisión en el cumplimiento contractual.

En resumen, la ASF pidió al gobierno estatal fortalecer los filtros en los procedimientos administrativos de Sesver para garantizar que las adjudicaciones y licitaciones se realicen con transparencia y en estricto apego a la normativa, evitando irregularidades y malos manejos de recursos públicos, pese a ello los contratos continuaron por lo menos en el primer semestre de este año, según consta en su portal de transparencia.

Cancelado el contrato de subrogación de comida en hospitales

De este combo de empresas señaladas por la ASF, la gobernadora Nahle sólo canceló los contratos a Productos Serel, que es parte de la escisión de Kosmiko (uno de los múltiples brazos empresariales de Kosmos).

Grupo Kosmos fue señalado en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador por irregularidades en contratos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Nahle prometió que se reactivarán las cocinas en los hospitales para evitar la subrogación de este servicio.

IMSS Bienestar paga contratos, dice gobernadora

Cuestionada sobre la contratación del resto de las empresas, Nahle argumentó que los contratos fueron pagados con recursos del IMSS Bienestar, que las empresas sólo fueron contratadas durante el primer semestre de 2025 y que su contrato venció en agosto.

“Ésas las contrataron de México”, respondió.

Sobre el caso, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), Delia González, advirtió que las contralorías internas y la Contraloría General del Estado deben reforzar la supervisión de los procesos de contratación, ante la continuidad de empresas observadas por irregularidades que siguen obteniendo contratos en dependencias estatales.

Explicó que el órgano interno de control en cada dependencia es el responsable de validar los procesos de licitación y adjudicación, mientras que la Contraloría General del Estado interviene en las convocatorias.

Cuando los contratos llegan al Orfis, añadió, las empresas ya están prestando el servicio. Por ello la revisión de resultados ocurre con un desfase de hasta un año, lo que permite que compañías previamente observadas sean contratadas de nuevo.

Ante esta situación, subrayó la necesidad de que las contralorías sean más rigurosas y propuso la creación de un listado estatal de empresas incumplidas, similar al registro que mantiene el SAT a nivel federal.

“Si en algún estado ya se ha documentado que una empresa dio un servicio deficiente, esa referencia debería impedir que vuelva a ser contratada en Veracruz”, señaló.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Exigen a la UNAM romper vínculos con Israel

Integrantes del sector académico y laboral de la UNAM realizaron una acción política en Ciudad Universitaria para exigir a las autoridades universitarias el fin de cualquier relación institucional con universidades y organismos de Israel, a dos años del inicio de los ataques sobre Gaza.

Reunidos frente al espejo de agua entre Rectoría y las islas, docentes, estudiantes y trabajadores criticaron que el rector Leonardo Lomelí haya tardado en pronunciarse sobre la situación en Palestina. Consideraron que el comunicado oficial reciente es insuficiente, pues únicamente se refiere a la estudiante Arlin Gabriela Medrano Guzmán, sin posicionarse sobre la actuación del gobierno israelí.

Durante el acto, se entregó un pliego petitorio a las autoridades universitarias. Entre los puntos centrales se encuentra la exigencia de romper cualquier vínculo con la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Ben Gurion, así como con cualquier contrato de colaboración con instituciones del Estado israelí.

En solidaridad con el pueblo palestino, se plantó un árbol de olivo como símbolo de resistencia. Los participantes reiteraron que la universidad debe asumir una postura ética y coherente frente a un contexto que, denunciaron, no puede seguir siendo ignorado.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.