Impresionantemente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no exigió pruebas, primero para emitir un posicionamiento, sino fue la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, quien emitió un comunicado para informar que, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), también realizaba un bloqueo administrativo a las personas señaladas por el Departamento del Tesoro, que incluye a siete personas físicas y 15 morales.
Entre las personas físicas se encuentra la exalcaldesa de Rosarito, la morenista Araceli Brown Figueredo, actualmente diputada federal por Morena, y dos empresarios ligados a los gobiernos morenistas de Baja California. Los otros señalados son conocidos narcotraficantes del Cártel de Sinaloa del ala del depuesto jefe criminal Ismael Zambada García, El Mayo: Juan José Ponce Félix, El Ruso, y los hermanos Aquiles y René Arzate García; El Aquiles y La Rana, como son apodados respectivamente.
El mismo día de la publicación de la sanción por parte de las OFAC, la UIF informó de sus propios bloqueos a estas personas, y justificó: “los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por las OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano”.
En Baja California, el Cónsul General de los Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, concedió una entrevista a ZETA donde confirmó: “la Ley va a alcanzar a todos”, al tiempo que refrendó: “… es importante, no solamente son criminales, digamos, de tipo Ruso y esas organizaciones, son empresas, frentes para lavar dinero, para proteger a otros, y estamos buscando frenar todo eso”.
Refirió también el diplomático, que la sanción de la OFAC a las personas y las empresas tiene como objetivo cercarlos, es decir, que cualquier persona, entidad, gobierno o político que se relacione con quienes aparecen en la lista negra, será investigado.
Es de suponer que en gran parte tiene que ver con esas investigaciones, el retiro de visas a miembros de la clase política, del gobierno, empresarios, músicos y criminales.
Efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos, ahora sí, en plena coordinación con el Gobierno de la República lo que buscan es “cercar” a quienes hacen negocios ilícitos en cualquiera de sus niveles o alcances. El problema en Baja California es que las redes criminales y empresariales ahora señaladas, están muy ligadas a los gobiernos, y la pregunta es: ¿qué nivel de confianza puede tener la autoridad persecutora extranjera en gobiernos locales ligados a los señalados? Es difícil suponerlo, aunque el Cónsul Teal fue reiterativo que la coordinación local era con el General Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California.
Los dos empresarios señalados: Jesús González Lomelí a quien acusa Estados Unidos de ser un “lavador de dinero de alto nivel” que utiliza sus negocios para “lavar dinero de procedencia ilícita del cártel de Sinaloa”, y Candelario Arceaga Aguirre, identificado como “operador político afiliado al cártel de Sinaloa” y actúa como corruptor de gobiernos locales, como el de, señala el informe de la OFAC, Araceli Brown Figueredo, ex alcaldesa de Rosarito.
Pero las ligas de estos empresarios van más allá. Actualmente, Arceaga Aguirre, El Cande, por cierto detenido por el Ejército Mexicano en 2009 como parte de la célula de Teodoro García Simental, El Teo, miembro entonces escindido del Cártel Arellano Félix y participando con el Cártel de Sinaloa, no solo colocó funcionarios en la administración de Rosarito, también lo hizo en el actual Ayuntamiento de Tijuana, donde uno de sus principales colaboradores, Enrique Díaz Pérez, despacha en la Dirección de Administración Urbana, cuando en el pasado lo hizo en Rosarito. Varios empresarios desarrolladores han confiado a esta columnista, cómo las prácticas del Cande y Díaz en Rosarito se trasladaron a la alcaldía de Ismael Burgueño.
El mismo alcalde de Tijuana, el morenista Ismael Burgueño, es un aliado incondicional de Fernando Salgado, un empresario de Ensenada que fue visible cuando su nombre apareció en documentos oficiales de los Estados Unidos como el propietario de la casa que, en Rancho Santa Fe en San Diego, California, utilizó y presumió la gobernadora en redes sociales y que le fue adjudicada. Después ella misma refería que era de su amigo, es decir, de Salgado.
Salgado es socio de Jesús González Lomelí, como públicamente lo ha reconocido, el mismo que está ahora sancionado por la OFAC, y Salgado con sus socios, no solo cuenta con la venia de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, también del alcalde Burgueño, quien le cedió la organización de las fiestas patrias este 2025 a una de sus empresas.
Es conocido en el ámbito político electoral, aun cuando no declarado oficialmente ni investigado de manera apropiada, que tanto González, como Arceaga y Salgado, son no sólo promotores de negocios, también de campañas políticas, las cuales fondean y al tiempo reciben espacios en los gabinetes oficiales y concesiones para ellos y sus asociados en materia de espectáculos, desarrollo de obras, transporte público y organización de actos.
En estas condiciones es difícil establecer una coordinación entre las autoridades de los Estados Unidos y los gobiernos locales en Baja California, que están resultando afectados por las ligas con empresarios señalados, particularmente cuando los titulares del Ejecutivo presumen amistades y entregan concesiones.
La OFAC ha sancionado a las personas y a las empresas para “cercar” a los cárteles y su actividad ilícita financiera, pero al mismo tiempo está cercando a los gobiernos, a que por lo menos no tengan ligas oficiales o personales con los ahora miembros notorios de la lista negra, reconocida por el Gobierno de la República, a través de la UIF, que también, de entrada, los ha congelado.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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