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A la mitad del camino: autos, propiedades, empresas y donativos en el gabinete de Menchaca

Los empresarios que ocupan los principales cargos de responsabilidad en el gabinete de Menchaca en Hidalgo mantienen sus negocios, de los que obtienen sus principales ganancias, pero no las únicas. Aquí sus declaraciones patrimoniales.

En tres años, integrantes del gabinete del gobierno de Hidalgo incrementaron su patrimonio con vehículos, casas, empresas, fondo de inversiones… que se suman a terrenos, edificios, departamentos, entre otros bienes, que poseían al inicio de la actual administración, en septiembre de 2022.

En el primer gobierno que llegó a través de siglas distintas a las del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los miembros del sector empresarial que ocupan los principales cargos de responsabilidad mantienen sus negocios privados, de los que obtienen sus principales ganancias, pero no las únicas, ya que los miembros del equipo que acompaña al mandatario morenista Julio Menchaca Salazar también han diversificado las actividades por las que obtienen ingresos, entre ellos asesorías, consultorías y arrendamientos de inmuebles.

SUMAN BIENES AL PATRIMONIO

El 31 de octubre de 2023, Francisco Fernández Hasbun, hoy procurador interino y en ese entonces subprocurador de Delitos de Género Desaparición de Personas e Impacto, adquirió a crédito una Land Rover último modelo, tipo Range Rover Sport. El valor de la operación fue de 2 millones 314 mil 814 pesos.

Esta unidad se sumó a cuatro vehículos que ya pertenecían al garaje del funcionario: una Suburban 2021 (1 millón 648 mil 400 pesos), una Grand Cherokee Limited 4X4 (677 mil pesos) y un Audi A6 (707 mil 220 pesos). En todos, notificó que los casos los compró cuando eran último modelo en transacciones a crédito.


Además de la Land Rover, ya en el sistema de procuración de justicia hidalguense, Fernández Hasbun adquirió joyería (un reloj y una gargantilla) por las que pagó, al contado, 274 mil pesos el 7 de mayo de 2024.

Todas las operaciones referidas en esta entrega, tanto las que se realizaron a partir del inicio del actual gobierno, como los bienes que poseían previamente los funcionarios, fueron identificadas por EMEEQUIS tras una revisión a las declaraciones patrimoniales de los miembros gabinete: las de inicio en 2022, así como las modificaciones anuales de 2023, 2024 y 2025.

Además de la Land Rover, ya en el sistema de procuración de justicia hidalguense, Fernández Hasbun adquirió joyería (un reloj y una gargantilla) por las que pagó, al contado, 274 mil pesos el 7 de mayo de 2024.

Todas las operaciones referidas en esta entrega, tanto las que se realizaron a partir del inicio del actual gobierno, como los bienes que poseían previamente los funcionarios, fueron identificadas por EMEEQUIS tras una revisión a las declaraciones patrimoniales de los miembros gabinete: las de inicio en 2022, así como las modificaciones anuales de 2023, 2024 y 2025.

En joyas, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) tenía previo a asumir ese cargo 2 millones 760 mil pesos, que se suman a bienes muebles como aparatos eléctricos y electrodomésticos por 253 mil pesos, muebles y accesorios de casa por 3 millones 200 mil pesos, al igual que obras de arte valuadas en 4 millones 890 mil pesos, compradas entre 2018 y 2019.

En febrero de 2020, cuando fungía como consejero administrativo y comercial en la empresa Comercializadora de Implementos Electrónicos, el hoy fiscal adquirió una casa de 414 metros de construcción, cuyo valor conforme a escritura pública fue de 20.5 millones de pesos.

Francisco Ángel Fernández Hasbun, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), llegó a la procuraduría hidalguense con el anterior encargado del despacho, Santiago Nieto Castillo: primero como director general de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (de septiembre de 2022 a junio de 2023) y después como subprocurador de Delitos de Genero, Desaparición de Personas e Impacto, hasta relevar al político queretano, cuando éste renunció el 4 de enero de 2024 para contender por una senaduría por su estado natal.

En su trayectoria laboral, el abogado nuevoleonés incluyó que de 1997 a 2004 fue director general de Hasbun–Canavati Inmobiliaria. Fue entre ese periodo cuando obtuvo su grado académico por la UANL, en julio de 2001.

Por su cargo como procurador interino, Francisco Ángel declaró una remuneración anual neta de 854 mil pesos durante 2024.

Además, es socio, con 50 por ciento de participación, de KG Consultores Legales, una firma en Nuevo León por la que declaró ingresos mensuales de 650 mil pesos; es decir, que le redituaron 7 millones 800 mil pesos el año anterior.

El 14 de diciembre de 2023, el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, compró al contado a Isva Constructora Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) dos lotes, cada uno con diez metros de construcción sobre terrenos de cien, en 400 mil pesos (200 mil cada uno y pago en una sola emisión). Asimismo, el 15 de febrero de 2024 incorporó a su patrimonio un terreno de 886 metros cuadrados por el que pagó al contado 260 mil 582 pesos.

Antes de llegar a la administración pública de Hidalgo con el gobernador Julio Menchaca, Cruz Neri, que ocupó cargos como delegado regional de la Policía Federal Ministerial en Oaxaca y Zacatecas poseía una casa de 110 metros cuadrados de construcción adquirida en junio de 2018 a un valor de 432 mil 84 pesos, y otro terreno con una superficie de 274 metros cuadrados por el que afirmó pagar en julio de 2020 57 mil 540 pesos, igualmente al contado.

En 2018, el 29 de octubre, se hizo del único vehículo que declara entre sus buenes: una Suzuki Vitara de 312 mil 990 pesos, a través de un crédito.



Todas estas adquisiciones previas son de la época cuando fungía como delegado regional de la Policía Federal Ministerial en Oaxaca (diciembre de 2017 a noviembre de 2019), porque después se incorporó como director general de Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (noviembre de 2019 a agosto de 2022), en el periodo de Omar García Harfuch como titular.

Ese fue su último encargo antes de ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo a partir del 5 de septiembre de 2022. Por su función pública en el estado, en 2024 declaró ingresos netos que incluyen sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones, por 1 millón 224 mil 159 pesos.

EMPRESARIOS AL GOBIERNO

El 30 de octubre de 2024, el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, pagó al contado 900 mil pesos por un Jeep Wrangler Unlimited Sahara Etorque modelo 2022. Mes y medio después, el 16 de diciembre, desembolsó 736 mil 400 pesos por otro Jeep Commander Overland 4×2 modelo 2025. La compra la hizo a Autos Elegantes de Pachuca S.A. de C.V.

En su declaración 2025, Henkel Escorza dio cuenta de ingresos por su actividad pública de 1 millón 13 mil 265 pesos, más 2 millones 400 mil pesos de Constructora Carekad, de la que notificó cinco por ciento de acciones conforme a escritura pública, y 600 mil de Infraestructura Henkel, empresa también del ramo de la construcción de la que posee 50 por ciento de acciones.

Él, además, es accionistas de H P Constructora y CE Inmobiliaria; en ambas, con el 50 por ciento de participación, aunque de éstas reporta no recibir recursos económicos.

Henkel incluyó en el documento que envió a la Secretaría de Contraloría el 5 de mayo de 2025 percepciones por otros 470 mil pesos, debido a la enajenación de un vehículo, y 135 mil más por un arrendamiento no precisado.

En el patrimonio del funcionario y empresario están una Honda Odyssey 2018 de 797 mil 900 pesos; un Kia Seltos 2022 de 460 mil 900 pesos; una Grand Ckerokee 2017 de 565 mil 299 pesos, y una motocicleta Itálika GT175, 2015, de 23 mil 799 pesos. Igualmente, reportó un vehículo Chevrolet del que no anotó más pormenores, pero valuó en 150 mil pesos e, indicó, lo recibió por donación el 16 de enero de 2023. Entre sus bienes, no incluyó propiedades ni muebles.

Miguel Ángel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva –cargo homologado a nivel de secretario– reportó a la Contraloría ingresos de 1 millón 260 mil pesos en 2024 por la razón social Comida y Producción Madero S.A. de C.V,; de 1 millón 20 mil pesos por “servicios profesionales, consejos, consultorías y/o asesorías”, además de haber recibido 1 millón 370 mil 300 pesos en “donativos”.

Esos donativos, especificó en su declaración patrimonial del 30 de mayo de 2025, los recibe de una persona física de la “industria de restaurantes”; en este caso, a través de dos entregas monetarias mensuales de 123 mil 800 pesos y 14 mil 611 pesos.

El patrimonio de Tello Vargas incluye una casa de 3 millones 870 mil pesos comprada a Housing4u S de RL de CV en agosto de 2016, y una parcela de 70 mil metros de terreno valuada en 3.5 millones de pesos adquirida en diciembre de 2015; ambas operaciones, a crédito.

Al dar cuenta de su patrimonio, el político anotó que posee otra vivienda de 2.5 millones de pesos que recibió por donación en enero de 2015, así como un departamento de 9 millones 41 mil 335 pesos que le fue donado en abril de 2010.

Como vehículos reportó una Ford Maverick 2022, cuyo valor de adquisición fue de 699 mil 453 pesos, cuando hizo la compra a crédito en febrero de aquel año, así como joyas valuadas en 280 mil pesos, que posee desde julio de 2011.


En la cartera empresarial de Miguel Ángel Tello Vargas está participación en ocho firmas de diversos giros: Tedami Construcciones S.A. de C.V., dedicada a la construcción y de la que tiene el 20 por ciento de acciones; Strategic Digital Media S.A.S. de C.V., con 70 por ciento de acciones y cuyo móvil son los medios masivos; Servicios Logísticos y Energéticos del Centro S.A. de C.V., del giro logístico y con 70 por ciento de acciones; Servicios de Distribución y Comercialización Chuhuk S.A. de C.V. (comercio al por mayor), con 50 por ciento de acciones; Productora Agropecuaria Neek S.A. de C.V. (agricultura), 50 por ciento de acciones; MB Information and Digital S.A.P.I. de C.V. (medios masivos), con 50 por ciento de acciones; La Penca Salvaje S.A. de C.V. (restaurante), con 30 por ciento de acciones, así como Grupo Cammex S.A.P.I. de C.V., del ramo de agricultura, y del cual posee 50 por ciento de acciones. Todas estas empresas están asentadas en Hidalgo.

A su vez, el secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Sostenible, Alejandro Sánchez García, reportó que además del millón 13 mil 265 pesos que obtuvo por su cargo público en 2024, tuvo ingresos por actividad empresarial por 101 mil 59 pesos de Alsa Construcciones Civiles –empresa que obtuvo contratos gubernamentales en el sexenio priista de Omar Fayad Meneses y en la que Sánchez firmó como representante legal, aunque en la sección de partición en empresas, sociedades o participaciones anotó “ninguno”–, más 11 millones 300 mil pesos por la venta de un inmueble.

En sus propiedades incluyó una casa de 10 millones recibida por donación en diciembre de 2018 y otra vivienda de 15 millones también conseguida mediante donación, en julio de 2020, que fue la que puso a la venta.

En agosto de 2017, el también exdiputado local priista adquirió 74 unidades de ganado bovino por 1 millón 480 mil pesos pagados al contado, que se suman a muebles y accesorios de casa por 184 mil 926 pesos y 98 mil 246 que compró, con pagos en una emisión, en marzo de 2012 y agosto de 2015.

CON EMPRESAS Y GANANCIAS, PERO SIN AUTOS, CASAS, ELECTRODOMÉSTICOS…

Aunado al millón 25 mil 384 pesos que recibió el último año como secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdez obtuvo 410 mil 909 pesos por la asociación civil Proyectos de Educación Superior, de la que tiene el 58 por ciento.

Se trata de la razón social de la Universidad Humanista, con sede en Pachuca. De esa institución, el político, antes adherido al Partido de la Revolución Democrática (PRD), obtuvo su doctorado en Desarrollo del Potencial Humano en agosto de 2020.

De igual forma, Natividad tiene participación accionaria en las empresas Soluciones Lusergi S.A. de C.V. (90 por ciento), Inversiones Inteligentes Sociedades de Inversión y Proys (uno por ciento) y Jaba Operadora de Alimentos (40 por ciento), ubicadas en Ciudad de México, Chiapas e Hidalgo y dedicadas a los ramos de servicios corporativos, alojamiento y alimentos, respectivamente.

Además, el exasesor de Miguel Ángel Osorio Chong cuando este último ocupó el cargo de secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto indicó que tiene un porcentaje de participación de uno en la empresa Promotora Turística Mexicana S.A., asentada en Jalisco, pero, en lugar de acciones, como membresía.

En la declaración patrimonial que presentó ante la Secretaría de Contraloría el 6 de mayo de 2025, Castrejón Valdez afirma no tener propiedades, vehículos, muebles ni electrodomésticos…, en tanto que en adeudos refirió uno por 400 mil pesos por un préstamo personal que data del primero de marzo de 2024.

Ricardo Gómez Moreno, secretario del Bienestar e Inclusión Social desde junio de 2024, declaró un patrimonio sin muebles, inmuebles ni vehículos, con un ingreso de 617 mil 131 pesos de cargos públicos el año anterior (los primeros meses se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Político); en tanto, Neyda Naranjo Baltazar, quien funge como secretaria de Cultura también desde junio de 2024, igualmente afirmó no poseer ningún bien, pero haber ganado 1 millón 160 mil 851 pesos en 2024 por su función estatal.

Nutrióloga de formación egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), además de maestra en Administración Hospitalaria por el Centro Universitario Siglo XXI, la responsable de la política cultural en el estado se había desempeñado como oficial mayor en la presidencia municipal Zacualtipán de junio de 2018 a marzo de 2020 y antes, ahí mismo, como subdirectora del sistema municipal DIF, de septiembre de 2016 a marzo de 2019. Previo a ello, fue nutrióloga en los servicios de salud de estado, de 2010 a 2016.

Otro patrimonio sin activos materiales es el de Elizabeth Quintanar Gómez, secretaria de Turismo, quien el año anterior devengó en salario 1 millón 25 mil 384 pesos del estado.

También aseguró no contar con bienes muebles ni inmuebles, tampoco vehículos, Juana Vanesa Escalante Arroyo, quien ocupa el cargo de secretaria de Salud desde abril de 2024. Por su cargo, indicó por el que el año anterior tuvo una remuneración neta de 866 mil 746 pesos.

ACTUALIZAN MENAJE

El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, reportó que además del millón 25 mil 384 pesos que obtuvo por su cargo público el año anterior, obtuvo otros 77 mil 458 pesos por arrendamiento de inmuebles, más 26 mil 135 pesos producto de fondos de inversión. Aunado a ello, reportó otro ingreso por 550 mil pesos por la enajenación de un vehículo no especificado.

El primero de junio de 2024, Olivares adquirió muebles y accesorios de casa con valor de 50 mil pesos; esa es la única posesión que reconoce, junto con su SUV (Vehículo Utilitario Deportivo) Volkswagen Tiguan 2019, que en mayo de aquel año, cuando era secretario técnico de la Comisión de Justicia que presidía el entonces senador Julio Ramon Menchaca Salazar, compró a crédito por 469 mil 990 pesos.

La relación laboral Olivares-Menchaca tiene más antecedentes: cuando el hoy gobernador fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) (de 1999 a 2005), su actual secretario de Gobierno fungió como su secretario particular, encargado de coordinar su agenda y asistirlo en sus actividades; después, con Julio Ramón como diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo fue secretario técnico de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por su jefe político (2005-2008).

En la declaración patrimonial que presentó al inicio de su actual cargo, en 2022, el responsable de la política interna en Hidalgo indicó que por actividad empresarial, por una llantera, tenía ingresos de 580 mil pesos, más otros 18 mil 780 pesos por arrendamiento de oficinas y locales.

Asimismo, manifestó que poseía dos automóviles: su Volkswagen Tiguan 2019 y una Suburban 2019 (un millón 176 mil, a crédito), que incluyó como venta en su declaración de 2024, por 900 mil pesos, a la empresa Autos Elegantes de Pachuca.

En noviembre de 2022, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Óscar Javier González Hernández, compró al contado muebles y accesorios de casa con valor de 70 mil pesos. Es la única actualización de bienes hasta la mitad del sexenio, ya que sus últimas adquisiciones habían sido de meses antes de incorporarse al gobierno de Menchaca: una casa entonces con valor de 902 mil pesos, en una operación a crédito en marzo de 2022, y una camioneta GMC Acadia 2017 por la que pagó de contado, en mayo de 2022, 500 mil pesos.

En aquel entonces, él era titular de la representación de la Secretaría de Gobernación en el estado de Hidalgo. 

El funcionario también posee otra casa adquirida en julio de 1991 por “80 mil pesos”, a crédito; un terreno comprado en “46 mil pesos” en 1992, y una cabaña que costó “11 mil 800 pesos” en 1998, más menaje de casa por 150 mil.

Ya en el gobierno, vendió en 80 mil pesos un Renault 2013 que había sacado a crédito en diciembre de 2012 por 278 mil 400 pesos, según la declaración de modificación patrimonial de 2023. Sus percepciones públicas en 2024 fueron de 906 mil 631 pesos.

MÁS INGRESOS, MISMOS BIENES

En su declaración patrimonial 2025, la secretaria de Movilidad y Transporte, Lyzbeth Robles Gutiérrez, también afirmó que no ha adquirido bienes en lo que va de la administración, y que mantiene su Honda CRV EXL NAVI 2012 que en aquel año le costó 387 mil 900 pesos. En el apartado de vehículos también incluyó “rin 15” y un número de placa, tasado en 41 mil 120 pesos.

Por su cargo, el año anterior percibió 1 millón 380 mil 854 pesos después de impuestos y tuvo un ingreso de 150 mil pesos por una enajenación de vehículo que no precisó (tampoco estaba declarada una unidad de ese valor en sus notificaciones de patrimonio previas); de igual forma, el 23 de diciembre pasado adquirió un crédito de nómina por 410 mil pesos.

También sin actualización en su patrimonio desde que tomó el cargo al inicio del sexenio de Menchaca está la secretaria de Hacienda, María Esther Ramírez Vargas, quien es dueña de una casa de 480 metros de construcción que obtuvo a través de un crédito por 3 millones 616 mil 22 pesos en noviembre de 2005.

Igualmente es propietaria de tres terrenos: uno de 212 metros que compró a Pak Desarrollos S.A. de C.V. en 1 millón 800 mil pesos, mediante un crédito adquirido en abril de 2018, así como dos más de 216 metros valuado en 434 mil 998 pesos, y de 243 metros, a un costo de 621 mil 423 pesos, adquiridos a través de créditos en marzo de 2013 y enero de 2012, respectivamente.

En vehículos, ha registrado en todas sus declaraciones una Ford Explorer 2007, comprada en junio de 2013 en 105 mil pesos. En 2024, percibió 1 millón 20 mil 498 pesos por su cargo.

Como los anteriores miembros del gabinete, la abogada Mónica Mixtega Trejo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó no haber adquirido bienes en los últimos tres años, y que mantiene un departamento desde agosto de 2007 con valor de operación de 104 mil 806 pesos, así como un terreno de 52 mil 500 pesos adquirido en abril de 2018. A comodato, a partir de 2021, tiene un Volkswagen Teramont del mismo modelo.

En 2024, sus percepciones públicas ascendieron a 1 millón 25 mil 383 pesos.

Adicional al millón 25 mil 384 pesos que obtuvo por su cargo público el último año, Álvaro Martín Bardales Ramírez, secretario de Contraloría, dio cuenta de otros ingresos por 167 mil 130 pesos, derivados de arrendamiento de inmuebles.

Durante la actual administración no reporta adquisiciones. Su patrimonio consiste en un edificio de 427 mil 336 pesos, con mil 276 metros cuadrados de terreno y 560 m2 de construcción, así como de un local comercial de 78 mil 838 pesos (una construcción de mil 200 metros cuadrados sobre una superficie de mil 576 m2), que datan de octubre de 2010 y abril de 2009, respectivamente.

Tiene una casa que, afirmó, adquirió en 25 mil pesos en junio de 1997. Es una propiedad de mil 100 metros cuadrados de terreno y 600 m2 de construcción. En tanto que el vehículo Suzuki 2022 que compró al contado en febrero de aquel año costó 309 mil 990 pesos.

Cuatro meses antes del inicio del actual gobierno, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Napoleón González Pérez, pagó 766 mil 500 pesos por una Ford Lobo 2016 que en su declaración 2025 reportó como vendida por 600 mil pesos. En ese mismo informe patrimonial da cuenta de su participación en una huerta de aguacates hass por la que mensualmente tiene un beneficio o ganancia de 300 mil pesos. El año pasado ganó 1 millón 25 mil 381 pesos de la administración pública hidalguense.

MENCHACA: INGRESOS EXTRA

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, no reporta adquisición de bienes en lo que va de su mandato, al que llegó con una casa y un edificio. La primera la posee desde noviembre de 1988 y cuenta con 400 metros de construcción sobre un terreno de 430 metros cuadrados. El valor de compra que reportó fue 11 mil 410 pesos, al contado.

El edificio, a su vez, es una construcción de 473 metros en una superficie de 580 metros cuadrados y el mandatario afirmó que lo recibió como herencia en diciembre de 2021, cuando era senador.


En noviembre de 2020 compró el único vehículo declarado: una Nissan NP 300 Pick Up 2011, en 60 mil pesos.

Sin dar a conocer el valor de las piezas, el gobernador notificó a la Contraloría que es dueño de dos colecciones: una de monedas antiguas de México y de diversos países que obtuvo por donación, y una de timbres postales que pagó al contado, aunque no incluyó el monto. En ambas, anota la misma fecha a partir de que las posee: enero de 1978

De acuerdo con sus declaraciones públicas, en 2022 Menchaca percibió 567 mil 723 pesos por cargo público (entró en funciones en noviembre y de enero a febrero ejerció como senador), en 2023 –el primero completo como mandatario– percibió por esa labor 1 millón 301 mil 851 pesos, mientras que en 2024 sumó 1 millón 453 mil 398 pesos más.

De ingresos del año anterior añadió otros 2 millones 364 mil pesos producto de “fondos de inversión” y 420 mil pesos más por arrendamiento.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.

Exoneran a sentenciado por el feminicidio de empleada del Hotel Hard Rock Riviera Maya

De acuerdo con el magistrado, la Fiscalía de Quintana Roo no logró presentar pruebas contundentes contra Carlos Alberto por el homicidio de Ana Gómez en 2020.

La Fiscalía de Quintana Roo no pudo sostener la acusación que pesaba sobre un hombre sentenciado a 25 años de prisión por el feminicidio de Ana Gómez, una mujer indígena originaria de Chiapas encontrada sin vida a finales de 2020 a las afueras del hotel Hard Rock Riviera Maya, donde se desempeñaba como guardia de seguridad. 

Carlos Alberto, sentenciado a prisión en abril de 2024 por el delito de feminicidio por un Tribunal Penal de Playa del Carmen, fue dejado en libertad tras una absolución dictada en mayo pasado porque la Fiscalía estatal no logró presentar pruebas contundentes que pudieran sostener la acusación dentro del caso de Ana Gómez, privada de la vida de manera brutal el 18 de diciembre de 2020, caso que hasta la fecha no se resuelve. 

Proceso tuvo acceso a la sentencia absolutoria 76/2025 de 47 páginas, en la que se dan detalles del feminicidio y las razones por las cuales la Fiscalía de Quintana Roo no logró acreditar acusaciones contra Carlos Alberto, quien también se desempeñaba como guardia de seguridad en el hotel Hard Rock, ubicado al sur de Playa del Carmen, frente a la alcaldía de Puerto Aventuras. 

La absolución fue dictada por el ahora exmagistrado Carlos Alberto Lima Carvajal, quien determinó que no hubo pruebas contundentes contra el sentenciado, detenido a finales de 2020 al ser señalado como el principal responsable de la muerte de Ana Gómez. 

El exmagistrado, que renunció a su puesto por la reforma judicial, en su momento fue señalado por las colectivas feministas por no juzgar con perspectiva de género. 

En la sentencia firmada por Lima Carvajal se lee incluso que la acusación de dos testigos contra el sentenciado pudo haber sido producto de su imaginación, luego de que la Fiscalía no presentó pruebas contundentes contra el imputado. 

“No es posible resolver una sentencia condenatoria con conjeturas carentes de sustento y que incluso podrían ser únicamente producto de la imaginación del testigo”, se lee en la página 34 de la sentencia. 

Este hecho desató a finales de 2020 repercusiones que hasta ahora continúan por la alerta de género que existe sobre Playa del Carmen, protestas de las colectivas feministas, principalmente de Siempre Unidas, que exigen el esclarecimiento del caso. 

Carlos Alberto fue liberado del Centro Federal de Reinserción Social Número 18 de Coahuila, a donde fue trasladado, según el expediente consultado.

Narrativa de hechos, según expedientes judiciales 

Ana Gómez abandonó el hotel Hard Rock poco después de las 15:00 horas del 18 de diciembre de 2020, según la sentencia. 

No salió de su centro de trabajo en el autobús de personal, que disponen los grandes hoteles de la Riviera Maya para ingresar y sacar trabajadores, pues se retrasó al acudir a recoger vales de despensa navideños. Faltaban seis días para la Navidad de 2020. 

En vez de eso, salió por el acceso sur del hotel, una vereda paralela a la carretera federal que va rumbo a Cancún. El caminito en aquel momento estaba lleno de maleza y apenas con una cámara de seguridad que, se lee en la sentencia, brindó una imagen borrosa de ella cuando caminaba por el lugar. 

Un hombre la alcanza y platica con ella. Se pierden ambos entre los matorrales. El sujeto vuelve a salir, pero de ella ya no se vuelve a saber nada. Se inicia así su búsqueda horas después, y hasta que el domingo 20 de diciembre de 2020 se descubre su cuerpo sin vida. 

“Un policía le dijo que ya había encontrado el cuerpo de la señorita, momentos después se realizó el levantamiento del cadáver”(sic). 

El caso generó una enérgica protesta frente al Hard Rock Riviera Maya por varios días, que se intentó politizar en su momento por la CROC ante su rivalidad con la CTM, que en aquel momento mantenía el control sindical del hotel. 

Hasta ahora los agentes de la Fiscalía de Quintana Roo no han impugnado la absolución mediante el amparo directo, según revisiones en estrados estatales y federales. 

De acuerdo con la sentencia, en determinado momento el acusado le dijo a un testigo: “Jefe, no sé qué me pasó, sólo se me metió el diablo”. 

Lima Carvajal determinó: “Como tampoco es suficiente que el testigo (...) diga que el acusado le dijo que no sabe que le pasó que se le metió el diablo, ello no implica una aceptación de los hechos acusados (sic)”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.

Asesinan a Michelle, de 22 años, en Mexicali; acusan de feminicidio a su pareja

"No son celos. Es que tú me perteneces sólo a mí, de por vida”, le había escrito el presunto feminicida a su pareja en redes sociales.

Michelle, una joven de 22 años y madre de una menor de edad, fue asesinada y su cuerpo fue abandonado dentro de un automóvil en el municipio de Mexicali, en Baja California. 

La familia denunció el caso y señaló como responsable a su pareja, Isidro “N”, de 24 años, y al parecer padre de la bebé.  

De acuerdo con los testimonios, Michelle quería terminar la relación debido a los celos de él; incluso fueron divulgadas publicaciones consideradas como amenazas por parte del agresor: “No son celos. Es que tú me perteneces sólo a mí, de por vida”, según capturas tomadas de redes sociales.  

El caso comenzó la noche del martes 16 de septiembre en la colonia Jardines de Loreto. Los datos generales refieren que Isidro habría abandonado el cuerpo al interior de su vehículo tras conducir a la casa de su mamá para pedirle disculpas por el crimen, para luego huir. 

Tras el reporte a la policía municipal, paramédicos confirmaron que Michelle carecía de signos vitales.  

Posteriormente fue implementado un operativo e Isidro se mantuvo en calidad de prófugo. 

Para las 20:00 horas del miércoles 17 de septiembre, vecinos denunciaron una pelea verbal al interior de una residencia en la avenida Dominicos, también en Jardines de Loreto, donde estaba el joven.  

La policía municipal de Mexicali acudió al lugar y lo detuvo; entre sus pertenencias le encontraron un cúter con hoja metálica de un solo filo; posteriormente fueron divulgadas imágenes de la detención y la puesta a disposición de las autoridades.  

La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, declaró a la prensa este viernes 19 de septiembre que, tras las entrevistas e investigación, supieron que la pareja tenía constantes peleas.  

“Que el sujeto, el feminicida, era un sujeto agresivo y, finalmente, después de una discusión, la ahorcó. Le apretó el cuello y al ver que ella no respiraba la sacó del domicilio. Ella falleció en el vehículo. Se le prestó atención médica, pero no fue posible salvarle la vida”, detalló.  

La funcionaria estatal agregó que activaron los protocolos correspondientes para el tema de feminicidio y se le ejecutó la orden de aprehensión a Isidro “N”.  

“Por el delito de feminicidio en perjuicio de la víctima y va a responder a los cargos que le impute el ministerio público”, dijo, además de referir que no tenían denuncias registradas y que vivían juntos, pero continuamente había separaciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Así operó "La Barredora" bajo Hernán Bermúdez; la ruptura que desató la violencia en Tabasco

De acuerdo con la carpeta, Bermúdez repartió el territorio entre lugartenientes; cada uno le entregaba semanalmente 2 mdp en su domicilio particular, producto de la venta de droga, robo de gas LP, venta de huachicol, cobro de piso a escorts, tráfico de migrantes y armas.

Desde 2018 los principales líderes de “La Barredora”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controlaron las actividades criminales en el estado de Tabasco hasta diciembre de 2023, cuando ocurrió un atentado que provocó una ruptura dentro de la organización.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-JAL/0000224/2025, que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en marzo de este año que le llevó a vincular a Hernán Bermúdez Requena “El abuelo” con “La Barredora”, desde febrero del año 2022 el exsecretario de Seguridad de Tabasco mostró su inconformidad con sus supuestos operadores, quienes constantemente peleaban entre sí.

El testigo de la FGR identificado, con las iniciales C. T. D. R., quien fue secretario particular de Bermúdez Requena, detalló ante el ministerio público federal que una vez que el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández lo nombró Secretario de Seguridad en la entidad, repartió el territorio entre diversos lugartenientes para controlar las actividades ilícitas en los mismos.

Según sus declaraciones, Ulises Pinto Madera “El Mamado” recibió el control de los municipios de Huimanguillo, Paraíso, Cunduacán, parte del Centro, Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique.

Daniel Hernández Montejo “Prada” recibió Cárdenas, Nacajuca, parte de Comalcalco, parte del Centro, Centla y parte de Macuspana.

Gabriel Gómez Vázquez, “Indeco”, recibió parte de Comalcalco, parte del Centro, parte de Macuspana.

El testigo recibió el control de parte de Comalcalco, Jalpa de Méndez, parte del Centro, Jalapa, parte de Teapa, parte de Jalcotalpa, parte de Macuspana y Jonuta.

Cada uno le entregaba semanalmente a Bermúdez Requena la cantidad de dos millones de pesos en su domicilio particular, como producto de la venta de droga, robo de gas LP, venta de huachicol, cobro de piso a escorts, tráfico de migrantes y de armas.

Sin embargo, C. T. D. R. afirmó que el 28 de febrero del año 2022, Bermúdez Requena le pidió salirse de la organización y entregar los municipios que le asignó para la venta de droga y huachicol dejándole tres o cuatro meses de explotación de huachicol, es decir, siguió vendiendo combustible robado entre marzo y mayo de ese año.

Esto, debido a las peleas que había entre los lugartenientes de “La Barredora”, por lo que, una vez que cumplió la orden de Bermúdez Requena, el testigo dijo que decidió irse a vivir a Mérida, Yucatán donde permaneció hasta diciembre de 2023.

“En diciembre de 2023 recibió varias llamadas de Ulises Pinto Madera, en las que le decía que ‘papá’ (refiriéndose a Hernán Bermúdez Requena) ya había dado la indicación de eliminar a Daniel Hernández Montejo, alias ‘Prada’ o ‘Chichirria’”, indica la solicitud de orden de aprehensión contra todos los implicados, que presentó la FGR el pasado 15 de septiembre ante el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Mario Elizondo Martínez.

Por ello, indicó que Pinto Madera le pidió regresar a Tabasco para reincorporarse a sus actividades.

Para el 21 de diciembre de 2023 C. T. D. R. regresó a Tabasco y al día siguiente, Bermúdez Requena le pidió que llevara a Hernández Montejo a su domicilio particular en el fraccionamiento Campestre, calle La Venta número 132, colonia Tabasco 2000, en Villahermosa, afuera del cual ambos fueron emboscados pero lograron escapar con vida.

“Que entró por la parte del gimnasio, estuvo en la sala que está abajo del gimnasio lugar en el que le reclamó a Hernán Bermúdez Requena alias ‘El abuelo’, estando el declarante lleno de sangre por las heridas que había recibido a las afueras del domicilio (…), permaneciendo en dicha área un lapso de cuatro horas aproximadamente, hasta que después lo llevaron a un hospital los guaruras de Hernán Bermúdez Requena alias ‘El abuelo’”, citó la FGR.

Ese 22 de diciembre de 2023 también desaparecieron dos elementos de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, cuyas cabezas aparecieron en Chiapas en enero de 2024.

C. T. D. R. indicó a la Fiscalía que el atentado fue orquestado por Bermúdez Requena y Ulises Pinto y que cuando Daniel Hernández se enteró de ello, comenzó a crear disturbios en la ciudad mediante la quema de tiendas Oxxo, bloqueos en avenidas y quemas en lugares en los que pudiera estar “el Mamado”.

“Hernán Bermúdez Requena, alias ‘el Abuelo’ le ordenó al declarante que hablara con Daniel Hernández Montejo, alias ‘Prada’ o ‘Chichirria’, para que se calmara y dejara de estar haciendo la quema del Estado de Tabasco, porque Daniel Hernández Montejo, alias ‘Prada’ o ‘Chichirria’, no le recibía la llamada a Hernán Bermúdez Requena porque estaba muy encabronado porque era claro que Hernán Bermúdez Requena y Ulises Pinto Madera eran los que se habían puesto de acuerdo para matarlos”, refirió la FGR.

“En una llamada que tuvo el declarante con Daniel Hernández Montejo, alias ‘Prada’ o ‘Chichirria’, este le comentó que el día del atentado, cuando él estaba escapando del fraccionamiento campestre donde está la casa de Hernán Bermúdez Requena (…), la gente que él llevaba de seguridad y que estaba a las afueras de dicho fraccionamiento, vio también que estaba la gente de Ulises Pinto Madera, entre ellos, Isabelino García de la Rosa a quien le decían ‘Chabelo’ y José Zapata Jiménez a quien le decían ‘Pepe Zapata’; eran policías en activo y que estaban bajo el mando de Ulises Pinto Madera, le contó que él, es decir Daniel Hernández Montejo alias ‘Prada’ o ‘Chichirria’ aprovechó el momento y había levantado (llevado) en ese momento del atentado a Isabelino y a José”.

Según el testigo, Hernández Montejo le contó que ambos policías confesaron que ellos le dieron la información sobre la hora, lugar y vehículo en el que ingresarían tanto “Prada” como C. T. D. R. al fraccionamiento.

Por ello, Daniel Hernández le dijo a C. T. D. R. que le enviaría las cabezas de los policías a Hernán Bermúdez y a Ulises Pinto.

El testigo dijo a la FGR que informó de esto a Bermúdez Requena, quien le pidió tranquilizar a Hernández Montejo porque el gobernador interino, Carlos Manuel Merino Campos, le encargó controlar la violencia en la entidad para la visita del entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador quien iría a pasar las fiestas decembrinas a Chiapas y regresaría a Tabasco a inicios de 2024 para inaugurar un evento en Villahermosa.

“Hernán Bermúdez Requena alias ‘el Abuelo’ le pidió a C.T.D.R., que le dijera a Daniel Hernández Montejo alias ‘Prada’ o ‘Chichirria’ que no les convenía que el estado estuviera con tanto desmadre porque él, es decir Hernán Bermúdez Requena, ya tenía encima al ejército, a la fiscalía y a la guardia nacional; que si les tenía que dar para bajo (matar) a los policías (…), que lo hiciera, que estaba bien, que inclusive el autorizaba que los matara pero que no lo hiciera en esos días, que solo le pedía que los cuerpos aparecieran en otro lado, después de que el presidente estuviera en Tabasco, y que además no los fuera a dejar en Villahermosa, que los aventara a Chiapas o Campeche, pero que no los dejara en Tabasco porque no le convenía a nadie”, refirió el testigo.

Días después de la visita del expresidente, en enero de 2024, en el municipio de Pichucalco, Chiapas, apareció la cabeza de uno de los policías y Daniel Hernández le llamó a C. T. D. R. para enviarle un mensaje a Hernán Bermúdez.

“Ahí ya les dejé su basura a los culeros de Hernán (Bermúdez Requena alias ‘el Abuelo’ y Ulises (Pinto Madera)”, fue el mensaje.

Previo al hallazgo, el 3 de enero de 2024, Hernán Bermúdez, el testigo y Daniel Hernández sostuvieron un encuentro en una explanada a campo abierto camino a Jalapa, a la que “Prada” llegó con cerca de 300 personas armadas.

En dicha reunión, el testigo afirmó que Bermúdez Requena le pidió a Hernández liberar a los policías estatales así como regresar a los elementos, patrullas, equipo táctico y armas de la policía en activo que le fueron puestas bajo sus órdenes para que pudiera cometer delitos en los municipios que le fueron entregados por el propio exsecretario de Seguridad.

Para entonces el gobernador interino, Merino le pidió la renuncia a Bermúdez Requena, por lo que requería todo el equipo para entregar sus informes en orden. Sin embargo, Daniel Hernández no regresó nada y las rencillas entre él y Ulises Pinto arreciaron hasta la detención de este último ocurrida en julio pasado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Presentan paquete de leyes secundarias para consolidar reforma judicial

Godoy destacó que todas las reformas a las leyes contarán con un lenguaje incluyente y una referencia expresa a pueblos y comunidades indígenas.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, presentó la “armonización” de leyes secundarias en materia de la reforma judicial, las cuales ya se encuentran como iniciativas de ley en el Senado para su dictaminación.

Godoy destacó que en esta reforma constitucional, se establecen plazos procesales para emitir resoluciones en dos materias:

Materia tributaria: Los juzgadores deberán resolver en un plazo máximo de 6 meses.
Materia penal: El plazo es de 4 meses si se trata de delitos que no excedan de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excede este tiempo.

Este segundo paquete de reformas busca “garantizar el acceso a la justicia estableciendo plazos y términos claros en todos los procesos”, apuntó Godoy.

Asimismo señaló que se fortalece el juicio de amparo para hacerlo “más ágil y con reglas muy precisas y claras”, se protege el orden público y el interés social, se incorporan nuevas herramientas tecnológicas para modernizar la justicia, se ajustan recursos fiscales y se homologan los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Las leyes que están en el Senado incluyen:

Código Nacional de Procedimientos Penales

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Ley de Amparo

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativo

Código Fiscal de la Federación


Godoy destacó que todas las reformas a las leyes contarán con un lenguaje incluyente, la referencia expresa a pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas, y se actualizan las denominaciones de los nuevos órganos judiciales.


Reforma a la Ley de Amparo

De acuerdo con lo informado por Godoy, actualmente, el juicio de amparo está lleno de tecnicismos y vacíos legales, y no está a la vanguardia tecnológica, lo que dificulta su acceso y efectividad.

Por ello, calificó como fundamental una reforma que “dé paso a una justicia efectiva que devuelva las bondades de dicho juicio de amparo”.

La reforma “no debilita el amparo, lo fortalece, lo mantiene como un escudo de la ciudad pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia.
Ampararse para defender derechos es justicia, ampararse para ocultar delitos es impunidad


Por su parte, Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia abordó la reforma a la ley de amparo, desmintiendo la narrativa de que es regresiva y busca limitar la defensa de los mexicanos.

Afirmó que la reforma busca un juicio de amparo “más ágil, más eficaz, tecnológico donde haya una justicia digital”.

Zaldívar aclaró que “la iniciativa lo único que hace es describir los elementos de esta figura, el interés legítimo, tomando la jurisprudencia obligatoria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, aclarar la figura para que sea más fácil su aplicación”.

En relación al tema de bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Zaldívar ejemplificó que tradicionalmente las leyes de amparo se han modificado cuando hay abusos, citando ejemplos como los “centros de vicio”, “centros de apuestas” y “deudores alimentarios” donde se tuvo que establecer que “no procede la suspensión”.

Zaldívar concluyó que “no hay limitación al amparo”, sino una modernización para que sea más ágil, reiterando que no hay retrocesos en la defensa de los derechos de las y los mexicanos.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

AMLO pidió la cabeza de Bermúdez Requena en diciembre de 2023, reitera Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que fue en el 2023 cuando AMLO pidió la salida de Bermúdez tras sospechas de vínculos criminales y recordó que investigación está en curso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró esta mañana que fue el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien pidió retirar del cargo a Hernán Bermúdez Requena en diciembre de 2023, luego de que el gabinete de seguridad del sexenio pasado detectó que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco pudiera estar involucrado con la delincuencia.
“En ese momento AMLO solicita que se retire del cargo y que se le investigue; se retira del cargo, por parte del entonces Gobernador”, repitió la mandataria hoy.
Durante su conferencia "la mañanera del pueblo", Sheinbaum fue cuestionada sobre la información publicada por Reforma, que señala que antes de ser nombrado Secretario de Seguridad en Tabasco, Bermúdez negoció con líderes del narco local para evitar disturbios en la elección de Gobernador de 2018, con el fin de que ganara sin contratiempos el candidato de Morena, Adán Augusto López. La versión proviene de un testigo protegido, exsecretario particular del propio Bermúdez, quien declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto, Sheinbaum dijo que corresponde a la Fiscalía aclarar la veracidad de dicho testimonio. “La Fiscalía tiene que informar si esto que sale hoy, de este testigo, es cierto o no es cierto y si es cierto, si eso es suficiente para llamar a declarar al Senador. Pero hasta ahora no hay nada para decir que esto es cierto. No hay nada hasta este momento que lo implique”, afirmó.

Y es que, de acuerdo con una nota del diario capitalino, un testigo protegido identificado como CTDR declaró que conocía a Bermúdez desde 2008 y que éste fue invitado por Adán Augusto a colaborar en la logística de la campaña de 2018. Según su dicho, Bermúdez buscó reunirse con un narcotraficante apodado “El Pelón de Playa” para asegurar que no hubiera disturbios en la elección. Tras el triunfo de López Hernández, Bermúdez fue nombrado director de la Policía de Investigación y, en diciembre de 2019, ascendido a Secretario de Seguridad Pública estatal.

El testigo también señaló que, pese a la captura de “El Pelón de Playa”, la actividad criminal en la región continuó bajo el mando de un grupo denominado “La Barredora”, supuestamente encabezado por el propio Bermúdez. Además, acusó que en la estructura participaron personajes como Gabriel Gómez Vázquez, Ulises Pinto Madera y Daniel Hernández Montejo, alias “Prada”. Pinto, apodado “El Mamado”, fue detenido en julio en Puebla y aceptó convertirse en testigo protegido, lo que permitió localizar a Bermúdez, quien ayer llegó a México tras ser expulsado de Paraguay, donde había sido detenido y fue recluido en el penal del "Altiplano".


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Zaldívar y Godoy: Reforma al amparo no quita derechos, pero limita abusos e impunidad

“Toma chocolate y paga lo que debes”, espetó con una ligera sonrisa la Presidenta Claudia Sheinbaum al referirse al caso del empresario Ricardo Salinas Pliego y su adeudo fiscal, al insistir en que debe pagar lo que debe, en tanto que la Consejera Ernestina Godoy y el exministro Arturo Zaldivar explicaron que la reforma al amparo no quita derechos, pero limita abusos e impunidad.

La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y el Coordinador de Política General y Gobierno, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, rechazaron que las reformas a la Ley de Amparo tengan como objetivo limitar el acceso a la defensa. Por el contrario, indicaron que se trata de poner fin al “abuso de la defensa” que, bajo esta figura, ha permitido a ciertos sectores evadir la justicia, alargando de manera indefinida los procesos y dificultando la aplicación de sentencias firmes.
“Los derechos humanos se mantienen firmes y protegidos; esta reforma no debilita el amparo, lo fortalece y lo mantiene como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia”, destacó la Consejera Jurídica en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En particular abordaron los cambios en la ley de amparo que tienen que ver con los créditos o adeudos fiscales, donde las reformas tienen la finalidad de evitar que la figura del amparo sea utilizada como un mecanismo para postergar pagos o proteger recursos vinculados con la delincuencia organizada. Y es que, según explicaron actualmente, aun cuando la Suprema Corte ya ha emitido una sentencia firme e inapelable en materia fiscal, los deudores siguen promoviendo amparos contra cada uno de los actos del procedimiento de cobro para evitar el pago, lo que ha generado dilaciones de años e imposibilitado que el Estado recupere esos recursos.

Con la reforma, detallaron, se mantendrá intacto el derecho de defensa, pero se impedirá que el amparo sea utilizado como una herramienta de dilación para no pagar.

En tanto que Arturo Zaldívar empezó explicando que la aclaración viene, luego de que se ha tratado de imponer una narrativa de que las reformas al juicio de amparo buscan limitar la defensa, lo cual, afirmó que es completamente falso. Aclaró que la reforma “no es regresiva ni busca limitar el acceso de defensa de los mexicanos. Esto es absolutamente falso. Se busca un juicio de amparo más ágil, más eficaz, más tecnológico, con una justicia digital”.

Vale señalar que uno de los mayores deudores fiscales es el empresario Ricardo Salinas Pliego, que ha utilizado amparos para no pagar su adeudo fiscal. Aunque al ser cuestionados sobre ejemplo de esos casos, el exministro Zaldívar dijo que es una práctica muy recurrente y que la minoría son quienes sí pagan.

Al respecto, la Presidenta fue cuestionada sobre el caso de Ricardo Salinas y su adeudo. Sheinbaum insistió en que debe de pagar lo que debe y agregó que su gobierno no va a proteger a una empresa con deudas y que el Poder Judicial tampoco debería hacerlo.
“Debería pagar lo que debe, o sea, ya no sólo le debe al fisco sino a empresarios estadounidenses. Nosotros no vamos a defender que no se le pague a los empresarios estadounidenses. Lo que le pedimos al Poder Judicial es que se resuelva adecuadamente porque la pandemia ya pasó. ‘Toma chocolate y paga lo que debes’. No se puede proteger a quien debe algo en México o en el exterior y no hay ningún sustento legal”, dijo.
Zaldívar también explicó que en materia de créditos fiscales la reforma busca terminar con la práctica de interponer amparos contra cada acto de ejecución, incluso después de que la Suprema Corte ha emitido una sentencia firme.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Víctimas por explosión en Iztapalapa suben a 25. Bebé Azulet es extubada en Texas

Dos hombres y una mujer son las víctimas mortales más recientes de la explosión registrada en Iztapalapa.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SSa-CdMx) informó este viernesque el número de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, aumentó a 25 en las últimas horas.

De acuerdo con las autoridades, con corte a las 10:30 horas de este 19 de septiembre, se tienen registradas 21 personas hospitalizadas en diferentes unidades médicas, mientras que otras 37 ya fueron dadas de alta, a más de una semana del accidente.

Las víctimas que perdieron la vida en las últimas horas son: Jaime Javier Becerra Urieta, de 49 años; Jovani Martínez Llanos, de 17 años; y María Salud Juarrita Molina, de 25 años.

Con este nuevo anuncio, la cifra de decesos se ha incrementado de manera constante en los días posteriores al accidente, que en un inicio dejó 90 heridos y tres víctimas mortales.
¿Quiénes son las víctimas mortales?

En los últimos días, las autoridades capitalinas dieron a conocer la identidad de las personas que perdieron la vida tras estos hechos ocurridos en el Puente de la Concordia. Entre las víctimas se encuentran:
  • Jesús García Tovar, de 40 años.
  • Armando Antillon Chávez, 45 años.
  • Ana Daniela Barragán Ramírez, 25 años.
  • Misael Cano Rodríguez, 39 años.
  • Irvino Uriel Carrillo Reyes, 20 años.
  • Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años.
  • Juan Carlos Bonilla Sánchez, 40 años.
  • Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años.
  • Eduardo Noé García Morales, sin definir.
  • José Gabriel Hernández Méndez, 17 años.
  • Juan Antonio Hernández Betancourt, sin definir.
  • Jorge Islas Flores, 50 años.
  • Alicia Matías Teodoro, 49 años.
  • Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años.
  • Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años
  • Gilberto Arón, 47 años
  • Edgar Santiago Álvarez, 51 años.
  • Omar Alejandro García Escorsa, 28 años.
  • Fernando Soto Munguía, 34 años.
  • Eduardo Armas Romero, 30 años.
  • Norma Ortega Chávez, 50 años.
  • Abril Castañeda Díaz, 34 años.
  • Jaime Javier Becerra Urieta, de 49 años.
  • Jovani Martínez Llanos, de 17 años.
  • María Salud Juarrita Molina, de 25 años.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Extorsión azota de “norte a sur” el país: diputada Ana Erika Santana

La extorsión es un delito que “nos azota de frontera a frontera, de norte a sur del país” y afecta a agricultores, comerciantes, pescadores y amas de casa, reconoció la diputada federal del Partido Verde Ecologista (PVEM), Ana Erika Santana González, quien señaló que los cambios constitucionales recién aprobados en la Cámara de Diputados permitirán que haya un mejor combate a ese ilícito.

La ley constitucional para combatir la extorsión fue promovida por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Llevará al orden federal el delito incluyendo sus modalidades, con lo que mejorará la coordinación “en un mando único” que hoy tiene el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Aún está discutiéndose en la Cámara de Senadores, donde podría aprobarse en diciembre próximo, apuntó Santana González en atención a medios este 19 de septiembre de 2025.

Una vez que eso ocurra, explicó, el Congreso trabajará en la Ley General específica para tipificar el delito de extorsión, para que las denuncias puedan ser anónimas, y pueda darse el seguimiento del delito conforme al tipo penal, además de penas más altas para que se inhiba cometerlo con la atracción hacia el fuero federal. Trabajos que podrían llevar seis meses a un año.

“Esperemos tenerlo todo rápido, pero no tan rápido que esté mal. Que no sea tan rápida por querer, por la presión social, que salga mal. Yo creo que es mejor estudiarla y redactarla correctamente”, indicó Santana González.


Por otro lado, dijo que el Congreso de la Unión también se está discutiendo una iniciativa aparte, para que no haya teléfonos celulares en las cárceles, así como para revisar el dinero de las cuentas bancarias.

“El día de hoy con una total desfachatez te piden dinero y te dicen deposite allá, el banco que recibe el dinero tiene que coordinarse con la autoridad para que revisen las cuentas. La idea es que todo sea con menos obstáculos para poder accionar más rápido”

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

Fuerzas Armadas continuarán en puertos y aduanas, a pesar de “huachicol”, confirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró, el viernes 19 de marzo de 2025, que las Fuerzas Armadas permanecerían al mando de los recintos fiscales de los puertos y aduanas del país, ello a pesar del supuesto involucramiento de mandos de la Secretaría de Marina (SEMAR) en una red criminal de robo de combustible o “huachicol fiscal”.

“No se puede juzgar a una institución por el caso de elementos que cayeron en corrupción y en ilícitos”, afirmó la mandataria nacional, durante su conferencia de prena matutina, en la cual también indicó que la participación de la Secretaría de la Defensa (DEFENSA) y la SEMAR, en esas tareas, había permitido, según ella, un aumento en la recaudación y una disminución en los niveles de corrupción.

Recordó que, durante la Administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la SEMAR asumió el control de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), los ingresos aumentaron en 250 mil millones de pesos de un año a otro.

“¿Cuál es la mejor prueba de que disminuye la corrupción cuando se toma el control? Pues que hay más recaudación”, señaló la presidenta, quien también indicó en lo que iba de 2025, la recaudación en aduanas había crecido casi 200 mil millones de pesos adicionales, lo que atribuyó al combate a la corrupción.

Agregó que, en caso de detectarse elementos civiles, militares o navales involucrados en ilícitos, se procedería legalmente, pero rechazó que eso implicaría señalar a toda la institución. “Eso no quiere decir que toda la Marina, que todo el Ejército, que toda la SEDENA, que las Fuerzas Armadas están involucradas en actos de corrupción. Eso no es cierto”, subrayó.

Al ser cuestionada respecto a si las Fuerzas Armadas permanecerían en los recintos fiscales, respondió que la Agencia Nacional de Aduanas tenía en la actualidad a un civil al frente, con apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para la modernización del sistema.

Explicó que existía una plataforma que permitía dar seguimiento puntual a cada aduana, su recaudación, número de pedimentos y comparativos, respecto a meses y años anteriores. “Esa es la mejor forma de darnos cuenta de que se está cumpliendo, porque el pago de impuestos por entrar a las aduanas se está llevando a cabo”, agregó.

Además, la titular del Poder Ejecutivo Federal fue cuestionada respecto al presunto tráfico de armas registrado en la trama del “huachicol fiscal”. Sin embargo, sostuvo que la carpeta de investigación de un buque que llegó a Altamira, Tamaulipas, a finales de marzo de 2025, sólo fue abierta por el delito de contrabando.

-”No tengo la, es decir, no. La carpeta de investigación está abierta por contrabando de combustible y por falsificación del documento de aduanas. Ese es el origen de la carpeta de investigación”, respondió la mandataria nacional.

“En la carpeta también aparece, ¿usted nos confirma que también había armas?”, preguntó un reportero. “Bueno, eso tendría que definirlo la Fiscalía, obviamente tendría que informarlo”, comentó la presidenta.

“¿Parte de los marinos y elementos de las Fuerzas Armadas también estuvieron involucrados, además del combustible, también en el tráfico de armas?”, insistió el periodista. “No está abierta por esa razón. Y la fiscalía en todo caso tendría que informar y siguen las investigaciones y vienen todavía detenciones por lo que nos informa la Fiscalía”, agregó Sheinbaum Pardo.

El 31 de marzo de 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar Hamid García Harfuch, anunció un operativo en Tampico, Tamaulipas, e hizo referencia al aseguramiento de armas.

“En Altamira, Tamaulipas, elementos de la Secretaría de Marina, FGR y SSPC realizaron un aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. Se aseguraron 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos”, publicó en su cuenta de la red social X. Por otro lado, el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), respecto al caso, también hacía referencia al tráfico ilegal de armas.

“Existe una denuncia formulada contra un grupo de delincuentes que opera con total impunidad y con apoyo de las autoridades aduanales, así como autoridades federales, estatales y municipales para el ingreso de armamento bélico de alto calibre que dota a todas las organizaciones criminales del país, ese armamento llega al puerto de Tampico proveniente de los Estados Unidos de Norte América en Buques en donde además ingresan hidrocarburo de manera ilícita al país”, se refirió en el expediente de la FGR.

“Con lo anterior, se inició la carpeta de investigación número FED/FEMDO/FEITATA-TAMP/0000464/2025, contra quien resulte responsable”, dijo la Fiscalía General de la República.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es condenado a 7 años por falsificación

Sandoval Castañeda utilizó un documento apócrifo para apropiarse ilegalmente de un inmueble de 58 hectáreas, determinó un Juez.

Un Juez de primera instancia en Nayarit dictó ayer una sentencia condenatoria de siete años de prisión en contra del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, tras encontrarlo culpable del delito de falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso de documento falso.
“De acuerdo con las investigaciones, el sentenciado utilizó un documento apócrifo con el propósito de apropiarse de un inmueble en San Blas, afectando el patrimonio de las víctimas y atentando contra la legalidad”, detalló la FGE en un comunicado.
Las investigaciones, acreditadas en el proceso penal (causa 850/2020), demostraron que Sandoval Castañeda utilizó un documento apócrifo para apropiarse ilegalmente de un inmueble de 58 hectáreas con vocación agrícola y ganadera en Aután, municipio de San Blas.
El registro del terreno, que data de 2012, se realizó mediante la presunta falsificación de la firma del propietario original, Rubén “N”.

Además de la pena privativa de libertad, el exmandatario —quien gobernó Nayarit de 2011 a 2017— fue sentenciado al pago de una multa de 70 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y a la reparación del daño, cuyo monto exacto se determinará en la etapa de ejecución de sentencia.

Cabe destacar que este es el primer juicio oral aplicado en contra de un exgobernador en México. Sin embargo, al tratarse de un fallo de primera instancia, Sandoval Castañeda aún cuenta con la posibilidad de apelar la resolución.

Permanecerá en prisión por otros procesos

Sandoval se encuentra privado de la libertad desde junio de 2021, cuando fue detenido junto a su hija en Linares, Nuevo León, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. A pesar de la posibilidad de apelar, el exgobernador permanecerá en prisión debido a que enfrenta otros procesos penales, por el caso Programa de Seguro Alimentario (PROSA) y ejercicio indebido de funciones por el caso del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo a Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES).

Al exgobernador, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se le acusa de un desfalco en el Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit.

Sobre el político mexicano también pesan acusaciones de estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En 2020, el Gobierno de Estados Unidos prohibió la entrada de Sandoval al territorio estadounidense debido a vínculos y sobornos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La FGE-Tabasco prepara imputación a Bermúdez; delitos sumarían 158 años de condena

El líder de "La Barredora" espera que su situación jurídica sea definida por el Juez de Control de la Región Nueve de Tabasco, con quien sostendrá su audiencia inicial de manera remota.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) informó este viernes que se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia estatal fije la hora de la audiencia inicial para la formulación de imputación de los delitos por los que se acusa al líder del cártel "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena.

De acuerdo con el comunicado, a Bermúdez Requena se le acusa de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Por razones de seguridad, se prevé que el presunto líder del grupo criminal "La Barredora" se conecte por videoconferencia desde el interior del penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, con el Juez de Control de la Región Nueve de Tabasco, Ramón Adolfo Brown Ruiz, donde será resuelta su situación jurídica.

El Fiscal General del Estado de Tabasco (FGE), Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, reveló que el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Hernán Bermúdez Requena, podría enfrentar una pena de hasta 158 de cárcel por delitos del fuero común.
El Fiscal de Tabasco estimó las penas que Bermúdez Requena tendrá que pagar por sus delitos. "La penalidad que alcanzaría [Bermúdez] sería por lo que hace al secuestro de 50 a 100 años, por lo que hace a la asociación delictuosa de siete años y medio a 18 años, y por la extorsión de 20 a 40 años. Esa es la penalidad que alcanzaría en caso de resultar sentenciado", abundó el funcionario estatal.

No obstante, la sentencia penal no se quedaría ahí pues estos delitos corresponderían al fuero local, "aparte se sumarían los delitos en caso del fuero federal", añadió Vázquez Landeros.

El titular de la FGE detalló en entrevista a los medios que, por razones de seguridad, de momento no se trasladará al imputado a Tabasco. Es por eso que el día de hoy se llevará a cabo una audiencia virtual para dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra de Bermúdez Requena.

La orden de aprehensión fue librada el pasado 18 de febrero por el Juez de control de Región Judicial 9 de Tabasco, Ramón Adolfo Brown Ruiz. Los delitos que se le imputaron entonces al hoy detenido, fueron los de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.


El día de ayer, el líder del grupo criminal "La Barredora" regresó a México luego de que fuera aprehendido en Paraguay y fue trasladado de inmediato al penal del Altiplano, en el Estado de México.

En la terminal aérea del Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos de Toluca un elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR le aplicó la orden de aprehensión del fuero común librada en su contra, pero no la federal.

De acuerdo con la información de la FGE, otras ordenes de captura fueron giradas para aprehender a los colaboradores de Bermúdez Requena. Entres estos figuran Eduardo Vázquez Orellana, "El Menchito" o "El Blin Blin", y el abogado Manuel de Atocha Romero Hernández, según la causa penal 213/2025.


En este caso, se le imputa al presunto fundador y líder de La Barredora haber secuestrado en mayo de 2019 a Ramón Martínez Armengol, un empresario a quien en febrero pasado le fue asegurada una gasolinería en el Municipio de Centro (Villahermosa) por la venta de huachicol.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La DEA aprovechó el regreso de Trump y propuso ataques militares en México, revela WP

La propuesta de la DEA provocó que algunos funcionarios del Pentágono y otras agencias señalaran que no existía una autorización legislativa aplicable para el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto a The Washington Post.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, propuso a la Casa Blanca y el Pentágono “una serie de ataques militares en México a principios de este año”, en las primeras semanas del regreso de Donald Trump a la Presidencia de ese país, revela este viernes The Washington Post que cita a personas familiarizadas con el asunto.

Funcionarios de la DEA sugirieron tanto asesinatos selectivos de líderes de cárteles en México como ataques a la infraestructura del país, según esas mismas fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para compartir detalles de deliberaciones internas altamente sensibles y privadas.

El planteamiento se hizo cuando la administración de Trump designó a numerosos cárteles y bandas criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras y generó rechazo en la Casa Blanca y el Pentágono, según reportan Dan Lamothe y Ellen Nakashima para el Washington Post.

En México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en febrero pasado una reforma que ya fue aprobada en el Congreso la cual establece que el pueblo de México no aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero que sea lesiva de la soberanía nacional, incluidos golpes de Estado e Injerencias en las elecciones. La medida se suma a los controles impuestos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a los agentes extranjeros que operan en el país, particularmente a la DEA, con la que tuvo diferendos públicos.

Ahora, señala The Washington Post, se sabe que durante los primeros días de la segunda administración de Trump esta agencia propuso llevar a cabo ataques contra laboratorios y narcotráficos en suelo mexicano, un planteamiento que no es ajeno a Trump, quien en su primer paso por la Casa Blanca hizo el mismo planteamiento que fue rechazado, como sucedió con la DEA, por los militares de Washington.

Este último episodio ocurrió en 2020 cuando Donald Trump le preguntó al Secretario de Defensa, Mark Esper, si los militares podían “lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas”. El episodio lo relata la periodista Maggie Haberman en The New York Times: ”Cuando Esper planteó varias objeciones, Trump dijo que ‘simplemente podríamos disparar unos misiles Patriot y eliminar los laboratorios, con discreción’ y agregó que ‘nadie sabrá que fuimos nosotros’. Trump mencionó que tan sólo iba a decir que Estados Unidos no había realizado el ataque, narra Esper, quien escribió que habría pensado que era una broma si no hubiera estado frente al Presidente”.


En esta ocasión The Washington Post menciona cómo la resistencia a la propuesta de la DEA, que no se había reportado previamente, ilustra las divisiones que han surgido a medida que la administración Trump ha adoptado una postura agresiva para combatir lo que, según afirma, es un importante adversario que envenena a ciudadanos estadounidenses.
“Y aunque las propuestas de la DEA para México no se han implementado, los ataques de este mes contra presuntos barcos con droga provenientes de Venezuela demuestran la determinación de la administración de usar fuerza letal a pesar de las preocupaciones legales internas”, señala el Post.
Derek S. Maltz, quien fue administrador interino de la DEA al momento de esta propuesta de atacar a los cárteles en suelo mexicano, declaró a The Washington Post que está "totalmente a favor" de atacar los laboratorios de producción de drogas y a los líderes del narcotráfico en México.

Maltz fue nombrado por Trump en enero y dirigió la agencia hasta mayo. Fue sustituido por Terrance C. Cole, que asumió el cargo a finales de julio, un agente que está ligado a dos incidentes letales en el extranjero: una operación fallida de un escuadrón de la policía colombiana, aprobado por Estados Unidos, que dejó 10 agentes locales muertos, y la brutal represalia de Los Zetas en Allende, Coahuila, a partir de una filtración de la DEA.
“Los cárteles han asesinado a más estadounidenses que cualquier organización terrorista en la historia de Estados Unidos, por lo que deben rendir cuentas”, declaró Maltz al Post. Y aunque agradeció al Gobierno de Claudia Sheinbaum, por “realizar arrestos e incautaciones sustanciales y desmantelar los cárteles” aseguró que “se debe hacer mucho más para detenerlos”.
“Mi postura siempre fue hacerlo en colaboración y cooperación con México”, dijo Maltz, “pero al final, Estados Unidos tiene que defender a los estadounidenses primero”, añadió.

Aunque Trump ha manifestado repetidamente su deseo y disposición de atacar a los cárteles mexicanos en su territorio, hasta el momento se ha abstenido de hacerlo.

El Post sostiene que la sugerencia de la DEA de atacar a los cárteles en suelo mexicano “parecía tener como objetivo asegurar que la agencia tuviera un lugar en la mesa mientras la Casa Blanca actuaba con rapidez para reestructurar la política exterior estadounidense en el hemisferio occidental, según personas familiarizadas con el asunto”.


“La propuesta de la DEA provocó que algunos funcionarios del Pentágono y otras agencias señalaran que no existía una autorización legislativa aplicable para el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga, según fuentes familiarizadas con el asunto. Algunos de ellos también señalaron que ciudadanos estadounidenses podrían ser asesinados en el proceso, según las fuentes”, ahonda el reporte.

El Washington Post indica que no está claro si las objeciones planteadas anteriormente sobre posibles ataques estadounidenses en México impulsaron a la administración a adoptar un enfoque diferente o si los funcionarios de la administración todavía están considerando atacar a los cárteles mexicanos.

Lo cierto es que Trump sugirió esta semana que su administración se preparaba para tomar medidas militares contra los cárteles que también trafican drogas ilícitas por tierra. No identificó grupos específicos ni posibles ubicaciones, limitándose a decir: ‘Los detendremos de la misma manera que detuvimos los barcos’, recuerda el Post.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputada de Morena Hilda Brown desconoce acusación de EU sobre sus presuntos vínculos con Los Mayos; “no sé de qué se trata”, dice

Hilda Brown, diputada federal de Morena, señaló que no tiene “nada de que escudarse” y desconoció la acusación que el gobierno de Estados Unidos hizo en su contra, por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado.

Hilda Brown, diputada federal de Morena, desconoció la acusación que el gobierno de Estados Unidos hizo en su contra por presuntamente tener relación con integrantes del Cártel de Sinaloa.

“No sé de qué se trate, yo no he recibido ninguna notificación”, señaló la legisladora morenista al ser cuestionada sobre este tema en la Cámara de Diputados.

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos acusó a Hilda Brown de mantener vínculos con Alfonso Arzate García, antiguo líder local del Cártel de Sinaloa, y con el empresario Jesús González Lomelí, socio y operador de La Mayiza, una fracción de ese grupo criminal.
Según el gobierno estadounidense, Hilda Brown habría colaborado con el Cártel de Sinaloa mientras fue alcaldesa del municipio de Rosarito, Baja California, entre 2021 y 2024.

Autoridades estadounidenses acusaron que, gracias a la diputada Hilda Araceli Brown, uno de los operadores políticos del cártel, identificado como Candelario Arcega Aguirre, pudo tener control sobre algunas partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel en Rosarito.

Sin embargo, la legisladora morenista dijo desconocer el señalamiento del Departamento del Tesoro. “No he recibido ninguna notificación, ninguna llamada, ningún WhatsApp, ningún correo electrónico, desconozco de qué se trata, yo me enteré por los medios”, dijo.

“No tengo de qué escudarme porque no tengo ninguna notificación de nada”, insistió la legisladora en una breve entrevista con medios de comunicación, acompañada por Fernando Castro Trenti, diputado federal de Morena, y por Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad.

La diputada Hilda Brown ha sido colaboradora del expresidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2005, y en 2012 fue promotora del voto para el exfuncionario en la campaña presidencial.
Además, en 2018 fue coordinadora estatal de afiliación de Morena, así como coordinadora de la consulta nacional del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, un proyecto que se iba a construir en Texcoco, Estado de México, pero que fue cancelado por López Obrador.

Ricardo Monreal pide no prejuzgar a diputada Hilda Brown

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, pidió no prejuzgar a su compañera Hilda Brown, hasta que las autoridades mexicanas realicen una investigación.

Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de 15 empresas y siete personas señaladas por Estados Unidos, Ricardo Monreal señaló que se trata de un “bloqueo administrativo”.

“En este momento es un bloqueo administrativo, no es ni asunto penal, ni asunto de denuncia sobre determinados ilícitos, es un bloqueo administrativo. Lo que yo afirmo es que en razón de los principios de presunción de inocencia y debido proceso, esperemos que avance esto y no prejuzguemos a nadie hasta en tanto no tengamos la veracidad con las pruebas”, indicó Monreal en conferencia de prensa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Disminuyeron víctimas del delito y violencia directa en el sexenio de AMLO, pero aumentaron fraudes, amenazas y extorsiones: Inegi

Entre 2018 y 2024, el porcentaje de delitos denunciados pasó del 10.6% al 9.6%, lo que indica una disminución en la disposición de la ciudadanía para reportar delitos, reveló la Envipe.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el país experimentó una disminución en la prevalencia delictiva y en la violencia directa, pero se registró un aumento en delitos como fraudes, amenazas y extorsiones, mientras que la proporción de delitos denunciados cayó del 10.6% al 9.6%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Adrián Franco, vicepresidente del Inegi, explicó este jueves, durante la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, que durante la pasada administración la prevalencia delictiva —que mide el número de personas de 18 años o más víctimas de al menos un delito por cada 100 mil habitantes—disminuyó en los hogares 14.5%, mientras que en las personas la reducción fue de 14.6%.

En tanto, la tasa de incidencia delictiva, medida como delitos por cada 100 mil habitantes, cayó 7.6%, lo que en términos absolutos representa 1.6 millones menos de personas víctimas de algún delito entre 2018 y 2024.

Entre 2018 y 2024, total de delitos aumentó en medio millón

No obstante estos resultados, señaló Franco, el total de delitos estimados aumentó en medio millón durante el mismo periodo, lo que, apuntó, refleja un cambio en la configuración de los delitos más que una disminución general de la criminalidad. El funcionario destacó que la tasa de incidencia se ha “compactado” en estos seis años, mostrando un comportamiento distinto al observado en el sexenio previo.

También indicó que uno de los aspectos centrales del análisis del periodo que comprende la administración de López Obrador es la transformación de los tipos de delitos más frecuentes: en 2018, 45.8% de los delitos correspondían a robos o asaltos en la calle, transporte público y extorsiones; para 2024, esta proporción se redujo a 34%, mientras que los fraudes y amenazas aumentaron su participación relativa del 22% a cifras superiores en 2024.

De acuerdo con Franco, en el último año del sexenio de López Obrador, entre 2023 y 2024, los fraudes crecieron en más de 700 mil casos, las amenazas en 1.4 millones y las extorsiones en más de 800 mil.

Explicó que esto refleja un cambio hacia delitos menos violentos, pero más complejos, muchas veces cometidos por vías electrónicas, y como ejemplo, indicó que se estimaron 5.7 millones de extorsiones en 2024, de las cuales 85% ocurrieron por teléfono, concentrándose principalmente en áreas urbanas y en estados como Guerrero, Sinaloa y Tabasco.

Franco también destacó que, si se comparan mapas del delito por entidad, se observa un aumento en la prevalencia de fraudes como delito más frecuente: de siete estados en 2018 pasó a 19 en 2024.

Por otro lado, los robos y asaltos en la calle y transporte público disminuyeron de nueve a tres estados. La presencia de delitos violentos como los asaltos y extorsiones también disminuyó: de 25 entidades en 2018 a 13 en 2024.

Otro cambio registrado en la Envipe durante el gobierno de López Obrador es la disminución del uso de armas de fuego en los delitos, cuyo porcentaje pasó del 32% en 2018 al 21% en 2024, lo que representa una reducción del 35%. Esto, explicó Franco, coincide con programas de desarme implementados por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fuerzas Armadas, con los mayores índices de confianza; denuncias de delitos, disminuyeron

En cuanto a la percepción de la ciudadanía sobre las autoridades federales, Franco destacó que la confianza en la Defensa, la Guardia Nacional, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana se ha mantenido estable, mientras que la percepción sobre policías locales, estatales y municipales ha mostrado un incremento.

No obstante, el vicepresidente del Inegi señaló un aspecto negativo: la denuncia del delito y la cifra oculta, conocida como “cifra negra”, y que mide la diferencia entre los delitos ocurridos y los que son reportados a las autoridades.

Entre 2018 y 2024, el porcentaje de delitos denunciados pasó del 10.6% al 9.6%, lo que indica una disminución en la disposición de la ciudadanía para reportar delitos. Franco advirtió que “la cifra negra se ha mantenido prácticamente igual, en niveles cercanos al 93.2%, lo que sigue siendo un desafío grave para el sistema de seguridad”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Es parte de la cadena de calumnias”: Sheinbaum sobre amparos para no detener a los hijos de AMLO

La presidenta aseguró que se tiene que investigar quién puso los amparos, evidentemente es calumnia, es parte de una campaña política en contra del expresidente López Obrador, de sus hijos.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es una calumnia el amparo que una persona tramitó a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de otras personas implicadas en el caso de huachicol fiscal a quienes les fue concedido un freno contra su posible detención, incomunicación, privación de la vida y/o desaparición forzada.

Se tiene que investigar quién puso los amparos. Evidentemente la calumnia, es parte de una campaña política en contra del expresidente López Obrador, de sus hijos, aseveró la presidenta un día después de que se diera a conocer la existencia del amparo.

La demanda fue admitida a trámite por la juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, Bárbara Valeria Rosas Sifuentes, quien ordenó no ejecutar los actos que los quejosos reclamaron, o bien, cesarlos de inmediato. 

La mandataria preguntó a los asistentes a la conferencia matutina “imagínense que a cualquiera de ustedes les ponen amparos”. Y reiteró que debe saberse quién lo hizo, además de señalar que son “burdísimos”.
Sí se tiene que saber quién puso esos amparos porque tiene un sentido de desprestigiar y calumniar y un sentido del dañar al (ex)presidente López Obrador y a lo que representa nuestro movimiento... evidente, son demasiado burdos, burdísimos”.
La jefa del Ejecutivo federal retomó que “ellos dicen que no fueron ellos, no hay quienes dicen, Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, no hay quien dice, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos”.

Se tiene que buscar quién fue esa persona que puso los amparos.

También defendió que “hay un abogado (se señaló que fue el de Caro Quintero) que ya dijo que él no presentó nada, es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo, cómo es posible, imagínense esto, que no sé quién, pero tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué”.

Puso el caso de los hijos del expresidente, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán como si fuera el de cualquier otra persona del pueblo para negar que ellos se ampararon contra cualquier detención, aunque también después aseguró que no están incluidos en la investigación por contrabando de combustible.

“Quien nos escucha quien nos ve, imagínense que de pronto ustedes, alguien aparece por ahí un amparo que dice no me vayan a investigar, a cualquiera de ustedes, imagínense que alguien les hubiera puesto un amparo en su nombre, ¿cuál es el objetivo? Pues desprestigiarlos ¿No?”.

Por lo tanto, consideró que estos amparos puestos en distintos lugares del país, para los hijos del expresidente, “es parte de esta campaña, vean hoy todos los comentócratas. Todos dicen lo mismo, ¿quién se los dicta? Habría que ver porque se los dictan. Cómo es que todos dicen lo mismo (...) ¿qué sentido tendría poner los amparos? Desacreditar, calumniar”.

Redundó: “¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar, es sencillamente parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento, del expresidente López Obrador, de sus hijos”.

Sheinbaum también se quejó de que “se pone el amparo y al minuto ya está en las redes. ¿No les parece extraño? Afortunadamente muy rápido Andrés Manuel López Beltrán contestó”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.