La Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, encomendó a un priista que ha sido operador electoral y jurídico de Manlio Fabio Beltrones y Roberto Madrazo Pintado, Hugo Patlán Matehuala, la tarea de integrar los expedientes para censurar y generar sanciones contra periodistas, medios de comunicación y hasta redes sociales.

El priista Patlán Matehuala, designado por Taddei Zavala como encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, tiene entre otras funciones sustanciar infracciones electorales de los partidos políticos, pero también tiene el poder de censurar el trabajo de los periodistas, medios de comunicación y redes sociales mediante la figura de medidas cautelares, con las que ordena suprimir publicaciones, a menudo sin notificar a las personas e instituciones afectadas.

Patlán Matehuala, quien tiene una carrera de al menos un cuarto de siglo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó al cargo en octubre de 2023, cuando Taddei lo designó como sustituto de Manuel Alberto Cruz Martínez, suspendido después de que distorsionó frases textuales del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por las cuales le impuso medidas cautelares por supuesta violencia política en razón de género contra la presidenciable Xóchitl Gálvez.

Desde entonces, este operador electoral y abogado priista, quien fue funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto y en los primeros meses del gobierno de López Obrador, ha emitido medidas cautelares para eliminar publicaciones de periodistas, con el pretexto de que incurren en violencia política en razón de género.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento en contra de Vector Casa de Bolsa y de su titular, Alfonso Romo.

El escrito presentado este miércoles acusa a la empresa de presuntamente haber desempeñado colectivamente un papel prolongado y esencial en el lavado de millones de dólares a favor de cárteles de la droga.

La denuncia hace eco del señalamiento de lavado de dinero que hizo la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Señalamientos de la denuncia:

La FinCen acusó a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., de presuntamente permitir que empresas mexicanas realizaran pagos por 1 millón de dólares a compañías chinas que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos. La FinCen también concluye que Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., ha sido determinante al procesar transferencias a empresas chinas identificadas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos. Desde al menos 2019, más de 20 compañías con sede en china, incluidas las 3 que se destacan a continuación, se presume que remitieron precursores a México para actividades ilícitas.

FINCEN ha identificado además varias transacciones que involucran a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y a afiliados del Cártel De Sinaloa. Por ejemplo, de acuerdo con FINCEN, los registros indican que entre 2013 y 2016 una presunta “mula de dinero” del citado cártel transfirió más de 1.5 millones de dólares estadounidenses a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Posteriormente, de 2019 a 2021, la misma persona realizó transferencias adicionales por más de $500,000 dólares a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., a través de una empresa radicada en Estados Unidos. Asimismo, FINCEN concluye que Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., participó activamente durante varios años en operaciones que implicaron recursos derivados de presuntos sobornos pagados por el Cártel De Sinaloa a altos funcionarios del gobierno mexicano.

Esto deja en evidencia el patrón continuado y sistemático de operaciones financieras que posiblemente facilitan el “lavado” de activos, y el financiamiento directo y/o indirecto de actividades criminales y designadas como terroristas por el gobierno estadounidense. Se ha documentado la intervención de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., bajo la dirección de su titular ALFONSO CARLOS ROMO GARZA, en transferencias millonarias a favor de empresas posiblemente fachada vinculadas con el Cartel de Sinaloa y otros, así como pagos a proveedores chinos de precursores químicos para la producción de fentanilo, salvo error de apreciación. Asimismo, se ha documentado que la Unidad de inteligencia Financiera conocía, al menos en parte, de este esquema desde 2024, sin que a la fecha exista imputación en contra de alguno de los sujetos activos o alguna medida cautelar o aseguramiento a fin de congelar los recursos involucrados.

 

El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco confirmó, el 30 de junio de 2025, fue suspendido el proceso legal por el delito de apología del delito contra el grupo sinaloense Los Alegres del Barranco y su promotor, como parte de un suspensión condicional otorgada por el Poder Judicial estatal, por lo cual los músicos tendrían que dar pláticas a jóvenes y realizar un donativo económico a una causa social.

La suspensión a favor de los integrantes de Los Alegres del Barranco y su promotor, duraría seis mujeres, a partir del 30 de junio de 2025, por lo cual los imputados debería cumplir con: mantener residencia en el Área Metropolitana de Guadalajara; otorgar servicio en favor de la comunidad, con dos pláticas por parte de los imputados a un Centro de Reclusión para adolescentes en el AMG y otro más en Ciudad Guzmán, para fomentar Prevención del Delito en jóvenes.

Además de comparecer periódicamente ante la Unidad Estatal, de Medidas Cautelares y Juzgado, con motivo de la suspensión condicional del proceso. Además se les fijó un plan de reparación integral del daño, en el cual la agrupación y señalados se comprometieron a realizar, con la reproducción y difusión de una canción, cuya letra contendría mensajes para fomentar y aconsejar a jóvenes sobre dedicarse a una vida libre de conductas delictivas. Además de la exhibición de un donativo por la cantidad de 50 mil pesos, por cada uno de los imputados, para una causa social.

El 15 de junio de 2025, el grupo -cuyos integrantes y su promotor había sido vinculados a proceso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de apología del delito, y estaban sujetos a medidas cautelares tales como la exhibición de una garantía económica de 300 mil pesos, así como la prohibición de salir de la entidad- estrenó una canción, titulada ‘El Consejo’, con un mensaje positivo para alertar a los jóvenes respecto a las mentiras de la vida criminal.

“Al mostrar disposición al emitir un mensaje positivo con una canción, se abre la posibilidad a la eventual suspensión al proceso que se sigue contra cuatro integrantes de un grupo musical, su representante y un promotor por presunta apología de la violencia”, señaló, el mismo día, la Fiscalía General del Estado (FGE), en un comunicado.

“De proceder dicha suspensión [la cual estaba prevista en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero debería ser propuesta por alguna de las partes y tiene que autorizarla el juez], les podría ser cancelada la garantía económica que depositaron ante el juzgado, y sería factible que también queden en pausa las medidas cautelares”, agregó la institución de procuración de justicia.

“Si Los Alegres del Barranco hacen eso [colaboraban con un mensaje positivo dirigido a la juventud], el Gobierno de Jalisco y la propia Fiscalía, de verdad se los va a apreciar mucho, pero sobre todo la ciudadanía de Jalisco”, dijo, el 9 de junio de 2025, Jesús Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco desde el 6 de diciembre de 2024 y militante de Movimiento Ciudadano (MC).

Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, con sede en Morelia, otorgó, el 9 de mayo de 2024, un amparo a los integrantes de la banda sinaloense Los Alegres del Barranco, para poder cantar narcocorridos en Michoacán, luego de que el gobernador de dicha entidad, Alfredo Ramírez Bedolla -militante de Morena-, emitió un decreto, el 17 de abril del mismo año, que impedía interpretar canciones que hicieran apología del delito.

A través del juicio de amparo 518/2025, promovido por el representante de la banda sinaloense, Santamaría Chamú consideró que la prohibición de cantar narcocorridos, afectaba la libertad de expresión.

El recurso legal, interpuesto el 30 de abril de 2025, sostenía que la autoridad “no valoró todas las opciones posibles antes de emitir el decreto”, aun cuando la finalidad que se pretendía era “evitar la incitación a la violencia criminal y la comisión de delitos”.

Por lo anterior, el juez federal concedió la suspensión provisional al decreto por el que se prohibía la interpretación y/o reproducción de música en eventos públicos, que promoviera cualquier tipo de apología del delito y, con ello, no se aplicaran operativos.

Según la agenda difundida por la banda sinaloense, Los Alegres del Barranco realizarían presentación, el 30 de mayo de 2025, en la comunidad de Tziritzicuaro, también conocida como Nativitas, en el municipio michoacano de Maravatío.

Los integrantes de la banda sinaloense ‘Los Alegres del Barranco’, así como su representante y un promotor, fueron imputados por el Juzgado 16 de Puente Grande -en materia penal-, el 6 de mayo de 2025, por apología del delito, según lo informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Los músicos sinaloenses dieron dos conciertos, los días 29 y 30 de marzo del mismo año, uno en el auditorio de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y otro en la Plaza de Toros La Macarena, en Uruapan, Michoacán, respectivamente, en el cual se proyectaron imágenes y se cantaron loas para Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y/o “El Gallero” y/o “El Señor de los Gallos”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Quienes integran una agrupación musical que durante un concierto en Zapopan mostró imágenes alusivas a un personaje del crimen organizado han sido imputados hoy ante un juzgado penal por presunta apología del delito. De igual manera, se imputó al representante de la empresa que administra al conjunto, así como al promotor de sus conciertos”, señaló la Fiscalía jalisciense, en un comunicado.

“Con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía del Estado, esta Representación Social solicitó la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada de los músicos y empresarios. A petición de su defensa, el término constitucional para resolver su situación se amplió a 144 horas; por lo tanto, la audiencia en que se determinará si son o no vinculados a proceso se fijó para el lunes 12 de mayo a las 8:00 horas, aunque ellos deberán presentarse 60 minutos antes”, detalló la institución de procuración de justicia.

“Empero, una vez terminado el debate, el juez determinó como medidas cautelares que durante este lapso los imputados no podrán salir del Estado, y además tendrán que exhibir en conjunto una garantía por 1 millón 800 mil pesos -300 mil por cada uno de ellos-. Al comparecer esta mañana ante la autoridad jurisdiccional, las personas señaladas se abstuvieron de declarar, así como lo hicieron al comparecer ante el Ministerio Público”, detalló la Fiscalía jalisciense.

“Tanto los integrantes del grupo musical como su representante y el promotor deberán presentarse nuevamente ante el Ministerio Público en las instalaciones de la Fiscalía del Estado este próximo jueves, a partir de las 9:30 horas, ahora en seguimiento a la investigación abierta tras su concierto en Villa Purificación. La Fiscalía del Estado exhorta a la sociedad jalisciense a no normalizar la violencia y ratifica su compromiso con la legalidad, trabajando por un Estado más justo y seguro”, finalizó la institución de procuración de justicia.

El lunes 5 de mayo de 2025, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer que abrió dos nuevas carpetas de investigación en contra de los integrantes de ‘Los Alegres del Barranco’, por volver a cantar corridos alusivos a líderes criminales.

“La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social abrió de manera oficiosa dos carpetas de investigación a un grupo musical por presunta apología del delito, tras recientes presentaciones en sendos Municipios del Estado de Jalisco”, señaló la institución de procuración de justicia, en otro comunicado.

“De acuerdo con las investigaciones, el sábado 3 de mayo dicha agrupación se presentó en la Monumental Plaza de Toros de Cihuatlán. Al parecer, habrían proyectado la letra de un corrido que hace alusión a un personaje del crimen organizado. De igual manera se presentaron en el Lienzo Charro Mario Orendain ayer, domingo 4 de mayo, en el Municipio de Tequila, donde habrían incurrido en hechos similares, que se presumen como apología del delito”, abundó la Fiscalía jalisciense.

“Cabe hacer mención que los integrantes de la agrupación musical también están citados a comparecer este martes 6 de mayo a las 9:30 horas ante el Juzgado 16 de Puente Grande por los hechos registrados en un concierto en Zapopan el 29 de marzo, es decir, una carpeta distinta, ya judicializada”, recordó la institución de procuración de justicia.

La madrugada del domingo 4 de mayo de 2025, en la plaza de toros de Cihuatlán, el conjunto sinaloense hizo el acompañamiento musical mientras los asistentes coreaban las letras proyectadas en pantalla. Hubo alusiones a las dos organizaciones delictivas, entre ellas el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

“Y si pierdes a un hijo, nunca lo has de olvidar. Hay que brindar por los que están ausentes. También por mi gente que ahora está presente. Mi compadre Mayo, estamos bien pendientes; Alfredo e Iván, que también son Guzmán”, señalaba la canción “El 701” -dedicada al capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”-, de la cual aparecieron las estrofas en pantalla, según videos que circularon en las diversas redes sociales.

Asimismo, aunque ‘Los Alegres del Barranco’ eludieron exhibir imágenes de “El Mencho”, el tema “El del palenque” fue cantada por el público. “Soy el dueño del palenque. Cuatro letras van al frente. Soy del mero Michoacán, donde es la Tierra Caliente”, señaló la letra. Lo mismo habría sucedido en el Lienzo Charro Mario Orendain, de Tequila.

Ante ello, el 6 de mayo de 2025, Jesús Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco desde el 6 de diciembre de 2024 y militante de Movimiento Ciudadano (MC), exhortó a Diego Rivera Navarro y Apolonio de Jesús Pelayo Flores, alcaldes de Tequila y Cihuatlán, respectivamente, que declararan ante la Fiscalía estatal y lamentó el hecho de que “les hayan visto la cara”.

“No es estar jugando a que medio cumplo, medio le hago caso. Es eso es un abuso. Yo no sé si los presidentes municipales se dejen que este grupo pues quiera verles la cara. Este narcokaraoke que armaron durante el fin de semana, lo único que hace es apología del delito”, dijo Lemus Navarro.

“Por lo tanto, le he recomendado al Fiscal [Luis Joaquín Méndez Ruiz], primero, la audiencia con Los Alegres del Barranco es en unos minutos más, aquí en la Fiscalía del Estado. Pido también al Fiscal que llame a declarar a los alcaldes que permitieron esto”, solicitó el gobernador, quien también recordó que Rivera Navarro y Pelayo Flores habían acordado firmar con los promotores musicales, un compromiso de no tocar narcocorridos, ni exhibir imágenes que hicieran apología del delito.

“Porque lo que les habíamos exigido, y ellos lo habían firmado con los productores de Los Alegres del Barranco, es que se responsabilizan a no hacer apología del delito en estos conciertos. Lo que hicieron, tocando la música y después poniendo la letra para que la gente lo interpretara, es una simulación. Y los alcaldes deben de responder porque se ha firmado un compromiso. Las presidencias municipales son las que emiten las licencias para la celebración de estos espectáculos”, subrayó Lemus Navarro.

El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, el 30 de junio de 2025, el dictamen por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reformó el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Dicha reforma facultaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para solicitar directamente y sin orden judicial información financiera y patrimonial de las personas, a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y empresas públicas estatales.

Las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal estableció que serían consideradas actividades vulnerables en materia de lavado de dinero cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de una tarjeta de servicios o de crédito fuera igual o superior a 91 mil pesos.

Asimismo, tendrían la misma clasificación la comercialización o el abono de recursos en tarjetas prepagadas cuando el monto fuera igual o superior a 72 mil 975 pesos por operación y cuando la emisión, comercialización o abono a instrumentos de almacenamiento de valor monetario iguale o superara los 72 mil 975 pesos por operación.

En la votación en lo general, se emitieron 297 votos a favor, 37 sufragios en contra y 87 abstenciones, mientras que en lo particular fueron 349 votos a favor, 38 sufragios en contra y 91 abstenciones. El dictamen pasó al Poder Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.

Los votos en favor fueron emitidos por los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), mientras que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PR) votó en contra y los diputados federales de Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC), emitieron se abstuvieron.

La minuta, que fue considerada en votación económica como de urgente resolución para someterla a discusión y votación de inmediato en el Pleno de San Lázaro, destacó que el objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita era recabar elementos útiles para investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Incluyó las definiciones de Beneficiario Controlador, Cliente o Usuario, Persona Políticamente Expuesta, Representante Encargado de Cumplimiento y Riesgo. Amplió la denominación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía.

Se entendía como Beneficiario Controlador a quien tuviera el control de una persona moral en términos del inciso b) anterior, aunque dicha persona moral no fuera cliente o usuaria de alguien que realizara Actividades Vulnerables o se llevaran a cabo actos u operaciones con éstas a su nombre.

Cliente o Usuaria era cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebraran actos u operaciones con quienes realizaran Actividades Vulnerables. El desarrollo inmobiliario, al proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes, estaba destinado a su venta o renta.

Mientras que el Riesgo era la probabilidad de que las Actividades Vulnerables pudieran ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los Delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

La Persona Políticamente Expuesta era aquella persona física que desempeñaba o había desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas que cumplieran con las condiciones y características que la Secretaría estableciera en reglas o disposiciones de carácter general.

Señalaba la obligación de la SHCP de establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico que determinara el Reglamento de la Ley de quienes realizaran las Actividades Vulnerables previstos en el artículo 17 de esta Ley y de las Entidades Colegiadas, así como recibir y administrar la información de dichos trámites.

También, coordinaba sus funciones con las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional para los fines de esta Ley, en términos de las disposiciones aplicables y en el ejercicio de las atribuciones que estableciera el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, fijaba medidas específicas cuando, derivado del ejercicio de sus atribuciones, identificara que un país representaba un mayor riesgo en materia de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Dichas medidas debían ser proporcionales al riesgo identificado, establecidas en reglas de carácter general que emitiera la propia autoridad y serían de observancia obligatoria para quienes llevaran a cabo Actividades Vulnerables.

Además, promovía entre las entidades federativas la implementación coordinada de unidades especializadas en la recepción y análisis de información patrimonial, conforme a sus facultades, que contribuyeran a la prevención y detección de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Fungía como enlace entre el Gobierno Federal y los países, jurisdicciones u organismos internacionales o intergubernamentales, respecto a las materias que estuvieran relacionadas con el objeto de esta Ley y coordinaba la implementación de los acuerdos que se adoptaran.

Mencionaba que serían objeto de aviso ante la SHCP: cuando el monto de la operación que realizara cada cliente o usuario de quien realizara la Actividad Vulnerable a que se refería esta fracción fuera por una cantidad igual o superior al equivalente a doscientas diez veces el valor diario de la UMA; cuando las operaciones dieran lugar al cobro de una contraprestación por el servicio brindado, independientemente de su denominación, ésta fuera por una cantidad igual o superior al equivalente a cuatro veces el valor diario de la UMA.

Subrayaba que quienes realizaran las actividades vulnerables establecidas en esta fracción debían obtener, mantener y poner a disposición de las autoridades competentes la información precisa sobre las operaciones con activos virtuales del originante, del receptor y, en su caso, del Beneficiario Controlador, de conformidad con lo que dispusieran las reglas de carácter general.

Destacaba que la SHCP, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN) debían establecer programas de capacitación, actualización y especialización dirigidos al personal adscrito a sus respectivas áreas encargadas de la prevención, detección y combate de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los Delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Precisaba que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local, municipal y de las demarcaciones de la Ciudad de México, así como los organismos constitucionales autónomos y empresas públicas del Estado proporcionaban a la Secretaría la información, datos, imágenes y documentación a la que tuvieran acceso y que les fuera requerida en el ejercicio de sus atribuciones.

La información relativa a los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y de partido era requerida por la SHCP al Instituto Nacional Electoral u Organismo Público Local Electoral que correspondiera, teniendo la obligación de proporcionarla. Mientras que la información de los sindicatos y sus dirigentes podía ser requerida por la SHCP, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) u órgano equivalente a nivel local.

Respecto al Código Penal Federal, se especificaba que en caso de conductas en las que se utilizaran servicios de instituciones que integraran el sistema financiero, el Ministerio Público estaba en todo momento facultado para investigarlas y para el caso de ejercer la acción penal se requería la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tenía el carácter de víctima u ofendida.

En el régimen transitorio, exponía que durante los primeros seis meses contados a partir de la entrada en vigor de las reglas de carácter general de la Ley que se reformaba, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), implementaría un programa de capacitación y orientación dirigido a las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, para el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en las fracciones VII a XI del artículo 18 de la Ley que se reformaba.

Asimismo, las medidas simplificadas de cumplimiento de las obligaciones de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, de acuerdo con el nivel de riesgo que representaran, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, a efecto de armonizar la debida aplicación de la Ley con la protección del espacio cívico y el derecho a la libertad de asociación.

Además, los congresos de las entidades federativas, dentro de un término de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, realizarían las reformas conducentes para la aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 58 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El 25 de junio de 2025, con 74 votos en favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, PVEM y PT, en el Senado, aprobaron el dictamen relacionado con el combate al lavado de dinero, tan sólo horas después de que el Departamento del Tesoro estadounidense acusara a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos, de incurrir en ese delito.

La bancada del Partido Revolucionario Institucional votó en contra, con 13 sufragios, mientras que los grupos legislativos de los partidos Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, emitieron 19 abstenciones.

Diversos organismos empresariales rechazaron “categóricamente” que el Infonavit regularice la ocupación ilegal de viviendas, mediante arrendamientos con opción a compra a precios subsidiados de esos inmuebles.

“El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen”, señalaron la Coparmex, Concamín, COMCE, CNET, AMIB y Canaco CDMX.

Los organismos empresariales indicaron que el 86% de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios. “Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente”.

Consideraron como una “crisis de gestión” que el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32% si se consideran los créditos segregados. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados por la institución presenta incumplimientos de pago.

“En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto”, afirmaron.

La administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen pagos pendientes de su crédito, lo que representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país.

“Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes  -en especial la Asamblea del Infonavit- detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley”

El Instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas, ni escrituras a personas que no son derechohabientes, lo cual corresponde a la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi), agregaron

Fue el 16 de junio pasado cuando el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, planteó que las personas que están ocupando irregularmente una vivienda la puedan adquirir a un precio “muy económico, valor en libros”, con un esquema -si no son derechohabientes- de renta con opción de compra, “de manera que vayan pagando la renta y pagando la casa y a los cuatro o cinco años sean ya dueños de su vivienda”.

A los legítimos propietarios de esas viviendas ocupadas irregularmente se vería “cómo le reponemos la vivienda” con los más de 20 mil inmuebles abandonados, y reestructurando su crédito.

En México existen 843 viviendas “emproblemadas”. De las 168 mil ya censadas por la Secretaría del Bienestar, 23 mil están deshabitadas y/o vandalizadas. El resto, 145 mil, está en su mayoría habitadas por personas que está ocupándolas de manera irregular, aseguró el funcionario federal.

El horror se vive y se ve en México todos los días y en cualquier rincón de este vasto país. No existe zona franca en la guerra de muerte y venganza que encabezan los cárteles de la droga a través de cientos de células que los integran, y que con sangre y plomo mantienen, pelean o disputan territorios para delinquir.

El terror que generan supera de sobremanera las estrategias de los distintos órdenes de gobierno, cuyos liderazgos políticos fallan en su encomienda de proveer seguridad para los gobernados. Trátese del Gobierno de la República, de la cabeza ejecutiva de cualquier entidad federativa o de los ediles en los miles de municipios, muchos de los cuales están tomados por las organizaciones criminales.

Un país cuyo último presidente carga con la escandalosa, grave y notoria cuenta de 200 mil asesinatos dolosos durante su administración, como lo fue el de Andrés Manuel López Obrador, merece más que condolencias o huecos compromisos oficiales de “investigar hasta las últimas consecuencias”, cuando se trata de masacres que incluyen familias, niños y niñas, a quienes se les arrebata la vida de la peor manera y en la sinrazón de la violencia que impera ante la impunidad y la corrupción que prevalecen en México.

La barbarie quedó evidenciada esta semana cuando en la celebración de la fiesta Patronal de San Juan, el 24 de junio, en Irapuato, Guanajuato, la felicidad de las familias, de menores de edad que gozaban del jolgorio, se vio interrumpida a balazos. El video que era tomado para captar un momento de relajamiento y felicidad mientras un menor de edad entraba al baile, lo que grabó fueron los minutos de dolor, de desesperación y muerte. Balazos a diestra y siniestra que, a la larga, dejaron 12 personas, un niño entre ellos, sin vida, y una veintena de heridos.

Se aprecia en las imágenes del momento y las posteriores, cómo los asistentes a la celebración no tienen armas, no tienen chalecos antibalas, nadie los protege con seguridad o escoltas. Se ven familias unidas por un momento, confiadas en la intimidad de su hogar para tener una fiesta en santa paz. Pero no, en México no es así. Lo que se aprecia son los gritos de ayuda que nadie responde, el clamor por alguna autoridad que no aparece, la desesperación por atención médica que no llega, el grito desolado de una población víctima de la inseguridad que los gobiernos no son capaces ni de combatir ni de contener.

La fiesta de la comunidad en honor a San Juan terminó en una masacre que, pasados los días, sigue en la impunidad, ignorada por las autoridades, desacreditados los hechos al tiempo que los heridos luchan por recuperarse y las familias lloran las ausencias que ese día dejó el ataque armado.

La Fiscalía del Estado de Guanajuato sólo atinó a informar de los hechos que estuvieron a la vista de todos en los videos que circularon en las redes sociales. Cuántos muertos, cuántos heridos, más de 60 casquillos localizados en la escena… como si esa notarial reacción fuese suficiente para calmar el dolor de las víctimas y los sobrevivientes, quienes pueden dar fe de la insensibilidad de los gobiernos, de la policía que tardó en llegar y no apoyó, de los servicios médicos que arribaron cuando la tragedia ya era fatal para muchos.

Pero ni una masacre como la de Irapuato sensibiliza a la Presidenta de la República para hacer un llamado a la Fiscalía General de la República y a su propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o a su querida Guardia Nacional, para perseguir a los asesinos de familias y dar seguridad a la sociedad.

Todo lo que refieren son frases hechas que revictimizan a quienes perdieron la vida, “se debió a un ajuste de cuentas” informan con suma soberbia en la fiscalía guanajuatense sin decir entre quiénes, qué debían los menores que fueron víctimas del “ajuste”, cuánto debían las familias para ser “ajustadas”. Quién los mató. Quién aprovechó su momento más vulnerable, mientras bailaban al son de la banda, para matarlos. No hay respuestas, hay estigmatización de las personas víctimas de la violencia.

“En realidad fue un enfrentamiento, pero lamentablemente fallecieron niños”, dijo la Presidenta en un dejo de insensibilidad, como si un “enfrentamiento” justificara la muerte y el ataque en Irapuato, y cuando claramente en los videos se ve cómo se trató de un ataque, pues quienes fueron sorprendidos en la fiesta no portaban armas ni seguridad, no respondieron a los balazos, cayeron muertos o heridos.

Entonces, al decir en el Gobierno del Estado, en la fiscalía estatal o desde la Presidencia de la República que se trató de un “ajuste de cuentas” o de un “enfrentamiento”, se justifica la violencia criminal con el estigma que le cargan a las víctimas. “Estaban metidos”, “algo debían”, “se enfrentaron”. Y lo peor, tales actitudes gubernamentales son el augurio de un caso más para la impunidad, en el cual no se identifican a los asesinos, pero sí victimizan a los muertos, a los heridos.

Los cárteles de la droga, sus células criminales, imponen su ley salvaje porque el Gobierno de la República, los de los Estados y Ayuntamientos, se lo permiten al no investigarlos, al justificar las masacres, las desapariciones y las ejecuciones que ellos encabezan, como producto de un círculo criminal en el que andan.

Es lamentable que con tanto aparato policiaco, de los tres órdenes, pero particularmente de la FGR, de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, las masacres sigan cobrando en México la vida de niños y niñas, de familias que festejan a su suerte por gobiernos insensibles e incapaces.

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, aseguró que su gobierno ha actuado con transparencia, pese a la investigación que enfrenta por no haber comprobado el uso de 898 millones de pesos de recursos federales destinados a obras públicas durante el ejercicio fiscal 2023. 

“Yo quiero dejar claro que no pretendo evadir la transparencia en la rendición de cuentas, son procesos que hay que continuar, pero reitero, mi honestidad no está a prueba, mi honestidad se ha demostrado a lo largo y ancho de mis 40 años al servicio”, dijo este sábado en entrevista con medios de comunicación. 

En días pasados se dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) presentó una denuncia penal en contra de la alcaldesa por negarse a rendir cuentas sobre los recursos mencionados. 

De acuerdo con la auditoría, dichos recursos fueron ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco en 2023 y corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FISM), el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y a participaciones de los ramos 33 y 38.

El Senado aprobó la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), un organismo público descentralizado, que estará sectorizado a la Secretaría de Economía, en sustitución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), uno de los órganos autónomos eliminados por iniciativa del gobierno federal en diciembre pasado.

Pese a que en el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica se establece que la nueva Comisión tendrá “independencia técnica y operativa en sus decisiones”, las principales advertencias de legisladores de la oposición fueron precisamente en ese sentido, debido a que sus integrantes serán nombrados por la propia presidenta Claudia Sheinbaum y que será un órgano sectorizado de la Economía.

Una de las modificaciones respecto a la Cofece es que el nuevo órgano estará integrado por cinco comisionados y no siete, nombrados ahora por la Presidencia de la República y ratificados por el Senado. Los funcionarios serán nombrados de manera escalonada por la mandataria y permanecerán en el cargo siete años.

La iniciativa, presentada por el senador Emmanuel Reyes señala que la nueva CNA conservará su propia personalidad jurídica y su patrimonio.

Fueron 103 votos: 68 de la coalición conformada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y 35 de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

El Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, fue escenario de una riña, por segundo día consecutivo, entre personas privadas de la libertad que dejó tres reos muertos, según la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades estatales, el nuevo conflicto se habría originado el viernes en el módulo 17. También identificaron a los fallecidos como Marco “N”, Iván “N” y Eduardo “N”.

Aunque versiones extraoficiales apuntaron que sus cuerpos fueron encontrados colgados, las autoridades insisten en que se trató de un enfrentamiento entre internos.

La situación fue contenida por custodios penitenciarios con apoyo de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional (GN) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La zona permanece asegurada.

El incidente ocurre apenas un día después de otra riña que dejó un muerto y tres heridos por arma de fuego. Tras ese primer evento, se incautaron nueve pistolas y 21 cargadores en una inspección a los módulos 11, 15 y 21 del penal.

Apenas en mayo pasado, otro enfrentamiento provocó el hallazgo de un túnel, armas largas y una antena satelital, lo que evidencia la creciente crisis en el sistema penitenciario de Sinaloa.

El Centro de Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México respondió a los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el uso de cámaras de vigilancia de la capital del país para rastrear a informantes del FBI por parte del Cártel de Sinaloa en 2018.

La dependencia señaló que los hechos ocurrieron en 2018, en la etapa final del gobierno Enrique Peña Nieto a nivel federal y de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, en una época en que se negaba la existencia del crimen organizado; se ha demostrado que hubo maquillaje sistemático de cifras de incidencia delictiva y el homicidio doloso llegó a sus más altos niveles.

Añadió que el C5 de la CDMX emprendió desde la administración local de Claudia Sheinbaum su fortalecimiento en materia tecnológica y su extensión hasta cuadruplicar el número de cámaras de la previa gestión.

El C5 afirmó que desde el primer día del actual Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia Digital de Innovación Publica se planteó por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, como objetivo fortalecer la ciberseguridad y la seguridad de las instituciones de la capital mediante una estrategia integral que contempla la protección en todas las capas tecnológicas y está basada en un enfoque de gestión de riesgos, bajo los principios de autonomía y soberanía tecnológica.

“El C5 realiza análisis de vulnerabilidades periódicos para evaluar, detectar y mitigar riesgos.

“A la fecha, no existen registros públicos o institucionales conocidos o detectados de intrusiones exitosas al sistema núcleo del C5 CDMX, que opera con un sistema robusto y en coordinación con el Gabinete de Seguridad, en el cual actúan instituciones locales y federales”, detalló el Coordinador General, Salvador Guerrero Chiprés.

Añadió que “en el mismo reporte del FBI no se precisa que sean cámaras públicas o privadas las que supuestamente habrían sido utilizadas por delincuentes”.

La tarde de este sábado las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el polémico dictamen de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, o como se le ha llamado por sus críticos: la Ley Espía.

Ahora, ambos serán turnados a la Mesa Directiva del Senado de la República, donde serán debatidos como parte del Periodo Extraordinario de Sesiones, en el cuál se revisará la aprobación de al menos dos docenas de iniciativas, muchas de ellas enviadas desde el Ejecutivo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se anticipa que la votación en el Pleno tome lugar el próximo lunes 30 de junio.

La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública pasó con 16 votos en pro y ocho en contra,de manera conjunta entre ambas comisiones (6 votos a favor y 2 en contra de la Comisión de Seguridad Pública, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath; a favor y dos en contra, de la Comisión de Estudios Legislativos, presidida por el senador Enrique Inzunza Cázarez).

En tanto, el decreto referente a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue aprobado con 18 votos a favor y cuatro en contra (7 votos a favor y 4 en contra de la Comisión de Seguridad Pública, y 9 a favor y 4 en contra de la Comisión de Estudios Legislativos).

Durante la sesión, que tuvo una duración de más de dos horas, se aprobó la Ley que, entre otros propósitos, busca establecer un nuevo modelo de seguridad con mayor énfasis en la prevención de delitos e inteligencia estratégica.

Al referirse a los temas, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath destacó la inclusión como un eje rector de la seguridad en el país. Por otro lado, recordó que el sistema penal mexicano desde sus orígenes no usaba la inteligencia, pero hoy “estamos en un mundo globalizado y tecnológico”.

Añadió que la segunda minuta responde a los desafíos contemporáneos del crimen organizado, la violencia sistemática y amenazas, y el fin es establecer un sistema de inteligencia bajo principios de legalidad, derechos humanos y coordinación interinstitucional.

Investigación e Inteligencia

El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley que se reforma la Ley Orgánica del Congreso para brindar nuevas atribuciones a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, como autoridad garante en materia de transparencia y datos personales.

El Pleno de la Cámara Alta voto por 104 votos a favor la reforma que establece las facultades a la contraloría interna de la Cámara de Diputados, para resolver recursos de revisión, atender denuncias por incumplimiento, dictar medidas de apremio, coordinarse con otras autoridades y emitir criterios que fortalezcan la cultura y la transparencia institucional.

Un agente de la Policía Municipal de Culiacán fue ejecutado por un grupo armado esta tarde de sábado en el fraccionamiento Los Ángeles, al norte oriente de la ciudad. Con este crimen suman 28 elementos de corporaciones asesinados durante 2025, según cifras de la organización civil Causa Común, colocando a Sinaloa como la entidad con mayor incidencia en estos crimines.

El ataque se dio en la entrada de este fraccionamiento sobre el bulevar California y la carretera a Imala, misma zona en donde en enero de este año un comando disparara contra un vehículo con civiles a bordo causando la muerte a los hermanos Gael y Alexander de 12 y 9 años junto a su padre Antonio de 40.

Mauricio “N”, acusado del delito de violencia vicaria por negarse a entregar a su hija Lucía de 6 años de edad desde agosto de 2024, enfrenta un nuevo proceso legal por desaparición forzada cometida por particulares. En una audiencia realizada este sábado 28 de junio, se determinó que permanecerá en prisión preventiva por obstaculizar la búsqueda de la menor

Como Proceso informó previamente, el 13 de junio, Mauricio huyó con Lucía para no regresarla a su mamá Ericka Contreras. Ese día se efectuó un operativo en el que se autorizó el uso de la fuerza pública para recuperar a la pequeña. Tras no encontrarlos, denunciaron filtración de información del Poder Judicial.

El Senado aprobó la iniciativa de reforma en Telecomunicaciones con ajustes reclamados por especialistas, integrantes de la sociedad civil y legisladores,  pero con medidas que permitirán dar seguimiento en tiempo real a usuarios de telefonía e internet, calificadas como “espionaje” por parte de legisladores de la oposición.

El documento emitido inicialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, y frenado por más de dos meses por indicaciones de ella misma para abrir un diálogo con especialistas, empresarios y usuarios del sector, fue aprobado por 29 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, en las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

Reclaman geolocalización en tiempo real

Ricardo Anaya, coordinador del PAN, destacó las correcciones realizadas respecto a la primera versión de la iniciativa pero puso énfasis en la posibilidad de que exista geolocalización en tiempo real de usuarios de telefonía móvil.

“Hay avances importantes sin duda, pero si no corregimos el registro de usuarios de telefonía móvil, geolocalización en tiempo real, artículo 183, y facultad para sus suspender transmisiones con una cosa tan vaga y abierta como derecho de las audiencias, no habrá manera de acompañar este dictamen, a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho.

El priista Néstor Camarillo se pronunció en ese mismo sentido:

“Esto significa vigilancia masiva, es un registro detallado de nuestras llamadas ubicación duración de conversaciones, mensajes. Y esto simplemente es inaceptable, en una democracia. Esto simplemente no es seguridad, es espionaje institucionalizado”.

La priista Claudia Anaya advirtió sobre la imposibilidad de que el Senado pueda nombrar a los integrantes de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, por su estatus de órgano desconcentrado.

“Nosotros para poder nombrar ratificar tomar protesta o destituir, tenemos que tener en las facultades del Senado las que nos marca el 76 constitucional, nosotros no tenemos en el 76 constitucional la facultad de nombrar a estos consejeros, entonces estamos un acto anticonstitucional”.

Lo señalado por la priista requeriría una reforma antes de que la Comisión de la nueva ley entre en funciones.

Javier Corral, impulsor de la iniciativa, la calificó como “la mayor reforma de fortalecimiento en materia de medios sin fines de lucro”.

Destacó el fortalecimiento de medios sociales como a radios comunitarias, afromexicanas e indígenas.

“Estos son de uso social de los que estoy hablando, porque son medios que necesitaban un mayor fortalecimiento económico para su viabilidad económica y sobre todo porque ahora los ingresos que puedan recibir de presupuestos de comunicación social de entidades públicas, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal, pues no se circunscriben a la venta de publicidad, sino también pueden ser destinados a infraestructura, a producción de contenidos, a mantenimiento de equipos o equipamiento.