Por ello, el Gobierno mexicano busca coordinación con India y con otros países latinoamericanas que también resultarían perjudicadas con la medida.

Además, el Senado mexicano enviará una comisión de legisladores para expresar de manera formal la inconformidad de México ante esta reforma, que afectaría a millones de familias que dependen de las remesas como fuente de ingresos.

El operativo se llevó a cabo tras obtener una orden de cateo, y en el inmueble fue detenida Lambertina “N”, quien está “vinculada a los eventos ocurridos en Ayotzinapa en 2014” — cuando desaparecieron los 43 normalistas—.

Precisó que a la mujer “se le informó el motivo de su detención, sus derechos de ley y fue puesta a disposición de la autoridad que la requiere”.

Las autoridades también confirmaron que “esta persona está relacionada con la desaparición de las grabaciones de cámaras de video colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, donde ocurrieron los hechos en septiembre de 2014”.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad aseguró que “refrenda su compromiso de trabajar en forma coordinada para esclarecer casos relevantes y aplicar la justicia en el país”.

La exmagistrada y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Lambertina ‘N’, fue detenida este miércoles 14 de mayo de 2025, alrededor de las 08:37 horas, en su domicilio.

Tras su detención, la exfuncionaria fue trasladada a la sede de la Policía Federal Ministerial en Guerrero, donde se le practicará una certificación médica. Posteriormente, se prevé su ingreso al CEFERESO.

Así, en el documento firmado con fecha del 15 de mayo de 2025 y emitido a nombre de la Vocería, se lee:

“En ese sentido, transcribo el extracto correspondiente: ‘Se desmantelaron tres laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala en Sinaloa y se incautaron estupefacientes y precursores químicos en una operación dirigida por un equipo de la AIC de la FGR, certificado por ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional), con apoyo de la (Secretaría de la) Defensa y Semar (Secretaría de Marina)”.

Ante ello, la embajada estadounidense rechazó la sugerencia de que fuerzas especiales estadounidenses operan contra grupos criminales en territorio mexicano, al señalar que esas acusaciones “son incorrectas y están hechas fuera de contexto”.

La aclaración ocurre luego de que durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, negara los reportes que aseguraban que la embajada había publicado una fotografía donde, supuestamente, se observaba a agentes estadounidenses colaborando en el operativo de desmantelamiento.

“Es falsa. Esa fotografía que sale en primera plana de (periódico) La Jornada. No corresponde a ninguna operación en México”, enfatizó.

Asimismo, recordó que desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se legisló para que ningún extranjero pudiera participar en algún operativo en territorio mexicano y pidió aclarar de dónde había salido la fotografía.

¿Un error de traducción y redacción?

“En una operación liderada por la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE dentro del Gobierno de México, la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal”.- (Cambridge Dictionary)

“En una operación dirigida por la unidad examinada de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE dentro del Gobierno de México”.-  (Google Translate)

“En una operación dirigida por el ICE Homeland Security Investigations vetted unit within the Government of Mexico, Fiscalia General de la Republica, Agencia de Investigacion Criminal”.-  (Deepl)

“En una operación liderada por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE dentro del Gobierno de México”.- (Google Translate directamente desde la aplicación de X)

Como se puede apreciar, tanto Google Translate, directo en buscador y en X, como Cambridge Dictionary cambian el sentido compartido por la Embajada en torno a quién dirigió la operación, siendo la redacción y el término ‘vetted unit within’ los causantes de las diferencias de traducción.

Deepl en tanto fue incapaz de siquiera traducir el término ‘vetted’.

En la traducción oficial reiterada hoy por la propia embajada, ‘in an operation led by the ICE Homeland Security Investigations vetted unit within the Government of Mexico‘ es traducido como “una operación dirigida por un equipo de la AIC de la FGR, certificado por ICE“, siendo la palabra ‘certificado’ y la formulación de la oración en torno a quién dirigió el operativo, lo requerido para entender el sentido del mensaje publicado por ICE, según la Embajada.

Debido a las diferencias entre la traducción de la frase publicada por ICE y la traducción oficial recuperada por la Embajada, es que se reportó en medios que la operación había sido dirigida por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE con el Gobierno de México, no por un equipo mexicano “certificado” por el Servicio de Estados Unidos.

Cabe destacar también que la Embajada en su propia publicación original, que acompaño el post de @ICEgov, sí destacaba desde el inicio la transcripción “correcta”.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum aseguró que es “falsa” la supuesta participación de agentes extranjeros en un operativo en México, reiterando que, aunque hay coordinación y colaboración en diversos temas con Estados Unidos, la propia Constitución mexicana no aprueba la intervención extranjera.

Según explicó, tiene años, desde el “neoliberalismo”, que Estados Unidos no participa en coordinación de operativos en territorio mexicano; recordó que desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se legisló para que ningún extranjero pudiera participar en algún operativo en territorio mexicano.

Sobre la foto compartida por el ICE, mostrando a agentes de esta oficina durante el operativo en Sinaloa, Sheinbaum aseguró que “no corresponde” al operativo que se cita.

La cifra de acreditados aumentará, pues aún están pendientes de revisarse más de 130 mil solicitudes, y el INE aún no da a conocer la cifra definitiva sobre cuántas personas acreditará en el proceso electoral en marcha.

Militantes de partidos solicitaron ser observadores en elección judicial

De las 56 mil 326 solicitudes que se habían rechazado hasta el corte del 8 de mayo, 48 mil 94 corresponden a personas que aparecen en sistemas y bases de datos del INE en los supuestos prohibidos en la ley para registrarse como observador.

Como militantes de partidos políticos aparecen 45 mil 259 intentos de registro; otros 2 mil 835 están en los sistemas de registro de precandidatos y candidatos, y servidores públicos vinculados a programas sociales.

Los informes del INE no especifican a qué partido están afiliadas las más de 48 mil personas que intentaron registrarse como observadoras; sin embargo, organizaciones sociales han denunciado que se trata de un intento de Morena para registrar militantes y servidores de la nación, y así tener posibilidades de operar en territorio el 1 de junio, recorriendo las más de 84 mil casillas que instalará el INE.

¿A qué se debe el interés por observar la elección judicial?

La cifra de personas que solicitaron registrarse como observador en el proceso electoral del Poder Judicial es inédita. Si se comparan las 316 mil solicitudes de 2025 con las que se registraron en procesos electorales anteriores, éstas se multiplicaron prácticamente por diez.

En las elecciones federales intermedias de 2021 se presentaron 31 mil 223 solicitudes y en las presidenciales de 2024 hubo 34 mil 881, y en ambos casos se terminaron acreditando alrededor de 30 mil observadores que cumplieron los requisitos para acreditarse.

Ante este fenómeno, el INE elaboró el “informe ejecutivo sobre el elevado registro de solicitudes de acreditación como personas observadoras electorales”, que el 23 de abril ya reportaba el rechazo de más de 34 mil solicitudes, aunque en ese momento se habían recibido 201 mil 74 solicitudes.

Hoy, al término del registro, que concluyó el 7 de mayo, se contabilizan 316 mil solicitudes y, hasta el momento, 56 mil rechazadas.

El problema, plantea Linda Flores, la activista y coordinadora de la Casa del Migrante San Agustín, es que están confluyendo al mismo tiempo diferentes tipos de personas que necesitan refugio.

Por un lado, plantea la defensora de derechos humanos, están los migrantes que aún buscan llegar a Ciudad Juárez para cruzar la frontera a Estados Unidos; por otro, los migrantes extranjeros y mexicanos que son deportados, o que se ‘autodeportaron’ por la presión del ICE en la nueva era Trump; además, los jornaleros mexicanos que van a trabajar por toda la frontera norte; y por último, otra población que ha aumentado considerablemente en los últimos años: los mexicanos desplazados de sus comunidades por la violencia del crimen organizado y que tienen necesidades especiales como víctimas de delitos o violaciones graves a derechos humanos. 

A todos hay que atenderlos, plantea Linda Flores. El problema, recalca, es que como ha venido siendo la tónica habitual, especialmente desde el pasado sexenio de López Obrador, que declaró prácticamente la ‘guerra’ a los albergues de la sociedad civil –a los que anunció desde 2019 que les quitaría todos los apoyos económicos por considerarlos corruptos–, las ayudas de las autoridades son muy escasas, mientras que las que recibían de ciudadanos y de empresas y empresarios se han visto seriamente mermadas, precisamente, por la llegada de Donald Trump y su ‘guerra comercial-arancelaria’, la cual ha generado que muchos de esos empresarios y grandes compañías limiten las donaciones y apoyos en espera de que el panorama económico se aclare. 

Sobre lo anterior, cabe recordar que otra de las políticas más agresivas de Trump, además de la antiinmigrante y antirefugio, ha sido la de amenazar e imponer elevados aranceles a diferentes países, entre ellos a México; al que en varias ocasiones ha amagado con establecer impuestos del 25 % a diferentes productos si no se detenía el tráfico de drogas y de personas indocumentadas hacia su país. Hasta el momento, Trump no ha materializado esos aranceles, debido a que los ha pospuesto en varias ocasiones. Pero la amenaza de imponerlos ha provocado zozobra en las grandes empresas que operan a uno y otro lado de la frontera norte.

Walter, originario de San Pedro Sula, explica que él intentó hasta por tres veces cruzar la frontera con su esposa y con su bebé, una niña que nació durante su estancia en Chihuahua, pero ninguna de las veces tuvieron éxito: fueron detenidos y expulsados a México, donde encontraron asilo en el albergue de San Agustín. Sentado en otra silla, el hondureño cuenta que también tiene familiares del otro lado que lo esperaban, y que también le desaconsejaron que intentara cruzar de nuevo. 

–Mi tío me dijo: ‘mira, si te ayudo… es tirar el dinero porque te van a expulsar muy rápido de acá. La migra está más dura que nunca con Trump. 

Sobre esto, cabe recordar que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, presumió el 7 de mayo ante el Congreso que, como resultado de la política antiinmigrante de Trump, hubo menos de 200 arrestos al día de personas indocumentadas a lo largo de la frontera sur de su país; una cifra, aseguró Noem, que es la más baja en la historia de Estados Unidos. 

Desanimados ante este contexto, la familia hondureña decidió también que lo mejor era regresar a Centroamérica e intentar establecerse de nuevo, aunque Walter asegura que está muy preocupado, pues la situación en su país no ha mejorado en cuanto a la violencia de las pandillas y el cobro de extorsiones al por mayor. 

–De donde salimos huyendo, si vos tenés un negocito pequeño, de lo que sea, tenés que pagar a diario 200 o 300 lempiras (unos 200 pesos mexicanos) a los pandilleros. Vos tenés que trabajar para ti, para sacar adelante a tu familia, y tenés que trabajar para los pandilleros. Así es la vida en Honduras.

El Ejército mexicano, durante la Guerra Sucia, realizó 54 vuelos y desapareció 350 personas en el mar. Mejor conocidos como los vuelos de la muerte. De acuerdo con los periodistas Jacinto Rodríguez Munguía, José Reveles e Ignacio Rodríguez Reyna, en su investigación “Cinco años de vuelos de la muerte”, el Ejército desarrolló con bitácoras y documentos sobre estos hechos.

En su texto señalan que la operación para asesinar y arrojar los cuerpos de cientos de disidentes al mar fue autorizada por el más alto mando militar: el secretario general Hermenegildo Cuenca Díaz.

Asimismo, en dichas bitácoras se indica el atroz modus operandi de la ejecución y de cuántos vuelos fúnebres salieron de la Base Aérea Militar #7, con sede en Pie de la Cuesta, Guerrero.

El 6 de septiembre de 1974 se hizo primer vuelo de la muerte del que se tiene registro, según las bitácoras de los aviones a las que Fábrica de Periodismo ha tenido acceso.

Para el 28 de agosto de 1974, el general secretario Hermenegildo Cuenca Díaz colocó en tinta negra su firma encima del lugar en donde aparecía su nombre y una breve leyenda: “APROBADO”.

De esta forma, había constancia de que la operación para arrojar al mar los cuerpos de quienes eran ejecutados extrajudicialmente contaba con el conocimiento y la autorización de la más alta cúpula militar mexicana y que la participación de las tripulaciones que intervenían se compensaba con un sobresueldo, indica el reportaje de Jacinto Rodríguez, José Reveles e Ignacio Rodríguez Reyna.

Tres meses después del inicio de los vuelos de la muerte, durante los cuales realizó al menos 10 “traslados” al mar, la primera tripulación del Aravá matrícula 204 fue recompensada con un ascenso por acuerdo directo de Cuenca Díaz.

El vínculo de Cuenca Díaz con la Guerra Sucia fue revelado después de que, por órdenes de Vicente Fox en su sexenio, hace más de 20 años, el Ejército realizara una investigación inédita a sí mismo sobre los crímenes cometidos por el Estado durante esos años.

El dictamen relata que el caso de “una niña de 12 años que fue violentada y privada de la vida por dos hombres y un adolescente, siendo su cuerpo abandonado en un canal”.

Detalla que, inicialmente, solo uno de los perpetradores fue condenado por feminicidio agravado, pero tras la inconformidad de los padres, se repuso el procedimiento y ambos hombres fueron condenados a una pena vitalicia y reparación del daño.

A pesar de que los padres promovieron un nuevo juicio de amparo directo, argumentando que no se les reconoció como víctimas indirectas en la reparación del daño, este recurso fue negado, según se detalla en el expediente de los antecedentes del caso antes de llegar a la Corte.

Finalmente, la resolución establece que “el reconocimiento de los padres como víctimas indirectas no debe depender de formalismos, sino del vínculo con la víctima”.

Además, determina que “el Estado debe ser condenado solidariamente por incumplimiento de su obligación de prevenir el delito de feminicidio”.

“Por ello, la reparación del daño debe ser integral, incluyendo medidas de satisfacción para redignificar a la víctima y establecer garantías de no repetición“, señala el amparo directo en revisión 5363/2023.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) indican que en 2024 se reportaron 797 feminicidios en el país, donde el Estado de México lidera los registros con 73 casos, y de enero a marzo de 2025, se han registrado 162 feminicidios a nivel nacional, de los cuales, 18 ocurrieron en el Estado de México.

Fátima Varinia Quintana Gutiérrez fue asesinada a los 12 años en 2015 en Lerma, Estado de México, a manos de tres hombres, los cuales se han amparado y uno de ellos salió libre por ser menor de edad.

“No ha sido fácil, hemos recibido muchas llamadas de gente muy poderosa, para sucumbir, para claudicar, no vamos a claudicar, tenemos muy claro el camino”, dijo Lezama Espinosa. 

El conflicto ha entrado en una etapa más álgida luego de que Aguakán perdió en abril pasado un amparo, con el que buscó anular un decreto aprobado por el Congreso de Quintana Roo para el retiro de la concesión que estaba pactado hasta el año 2053. 

Esta concesión le permite el control del suministro del agua potable en cuatro municipios de esta entidad: Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres, justo donde se ubican los destinos turísticos más grandes del país y existen más de millón y medio de habitantes. 

Tras perder el amparo en abril pasado, la empresa presentó el lunes 12 un recurso de revisión con el que busca revertir la sentencia contra el retiro de la concesión. 

Asimismo, se solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva un recurso de queja contra una suspensión definitiva a favor de la concesionaria que data de enero de 2024. 

Este recurso es trascendente porque, aunque Aguakán perdió el amparo, las autoridades estatales no le pueden retirar la concesión hasta que se decida qué procederá con esta suspensión definitiva que buscan quede en manos de los ministros del máximo tribunal, aunque serán, en caso de admitirse, los siguientes ministros electos tras la elección judicial que decidirán la permanencia de la empresa. 

Así, mientras el gobierno quintanarroense ya se ha adherido a los recursos que promueve la concesionaria, como otra revisión anunciada este martes dentro del juicio de amparo indirecto 1323/2023 que resuelve el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún, la empresa hace también frente al conflicto en un juzgado mercantil de la Ciudad de México. 

En la capital del país ha solicitado que un arbitraje francés sea el que resuelva el conflicto, tal como se pactó en el título de concesión aprobado por el Congreso de Quintana Roo en 2014, en la era del exgobernador priista Roberto Borge Angulo, hoy preso, quien fue el principal causante de esta irregular entrega del agua potable en la entidad.

A pesar de contar con dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la violencia en el Estado México “es alarmante” de acuerdo a datos oficiales, al registrarse mil 052 asesinatos de mujeres entre 2022 y 2024, de los cuales sólo 28% se abordan como feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mientras que prevalecen como desaparecidas 31 mil 180 mujeres en la entidad, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). 

“Estas cifras evidencian la necesidad urgente de implementar políticas efectivas para prevenir, atender, sancionar y erradicar el feminicidio”, destacó la organización. 

En un comunicado el OCNF apuntó que, durante los últimos 10 años, la familia de Fátima “no sólo a enfrentado el dolor de su pérdida, sino también amenazas, desplazamiento forzado y, en 2020, la muerte de su hijo Daniel de 16 años, víctima de negligencia médica y estatal mientras se encontraba bajo medidas de protección en Monterrey, Nuevo León”.  

Los padres de Fátima, Jesús Quintana Vega y Lorena Gutiérrez Rangel decidieron recurrir ante el máximo tribunal de justicia del país luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito les negó el reconocimiento formal como víctimas indirectas del feminicidio de su hija.  

La organización consideró que en la revisión del proyecto de Ríos Farjat, los ministros de la Primera Sala tienen “la oportunidad de corregir esta injusticia y sentar como precedente que la calidad de la víctima indirecta no debe depender de formalismos, sino el vínculo con la víctima y el impacto en sus familiares”.  

En su proyecto, la ministra Ríos Farjat toma en consideración para su análisis exhortar “a las autoridades del Estado de México a brindar medidas de satisfacción y de no repetición como formas de reparación del daño, derivadas de su obligación de prevenir la comisión del delito de feminicidio, de acuerdo con la alerta de violencia de género existente en la entidad”.  

De acuerdo al proyecto que se someterá a votación este miércoles, los padres de Fátima deben ser reconocidos como víctimas indirectas por el Tribunal Colegiado, “deberá evaluar los hechos (un feminicidio en contra de una víctima mujer menor de edad) y el impacto que sufrieron de los padres (lo que constata con las declaraciones desahogadas en juicio), a partir de lo cual concluirá en que existe una afectación a la integridad de las víctimas indirectas que justifica la condena a una reparación integral para cada uno, precisamente por contar con esa calidad”.  

Tras considerar que en la condena se debe cuantificar la reparación integral del daño, por las afectaciones tanto materiales como inmateriales que hayan sufrido los padres de Fátima, el proyecto advierte que debe tomarse en cuenta que, en su búsqueda de justicia, los progenitores sufrieron amenazas de muerte, lo que los obligó a desplazarse de manera forzada, como medida de seguridad bajo la responsabilidad del gobierno del estado.  

Se agrega que para la cuantificación, es indispensable tomar en cuenta que derivado del desplazamiento, la familia Quintana Gutiérrez sufrió “afectaciones económicas y emocionales”, agravadas por la pérdida de vida de un adolescente miembro de la familia, presumiblemente por negligencia médica, “y la falta de asistencia de las autoridades encargadas del cumplimiento de la medida de seguridad”.   

En cuanto al exhorto al Estado de México para brindar medidas de satisfacción, el proyecto de Ríos Farjat analiza el feminicidio “como fenómeno de la crisis social que exige niveles importantes de protección estatal; así como el “papel de la autoridad estatal frente al delito de feminicidio, pues involucra casos de extrema violencia especialmente tratándose de una víctima menor de edad”, así como el deber de “brindar medidas de satisfacción derivadas de este caso”.  

Tras el análisis, el proyecto recomienda como medidas de no repetición la pavimentación de caminos inseguros; vigilancia policial; botones de auxilio y cámaras de seguridad; transporte público accesible para niñas y niños, así como charlas comunitarias sobe violencia de género, 

Así mismo, se consideran como medidas de satisfacción para la memoria de Fátima, la construcción de una estatua en su honor, como “símbolo de resistencia y memoria”, así como una disculpa pública en presencia de su familia, “reafirmándose el compromiso de las autoridades para erradicar la violencia contra las mujeres”.  

Para el OCNF, organización que ha acompañado durante los últimos ocho años a la familia de Fátima, las medidas de no repetición sugeridas en el proyecto de sentencia, “buscan visibilizar y prevenir el feminicidio, asegurando que los espacios públicos sean seguros para niñas y mujeres, y promoviendo una cultura de respeto y protección en las comunidades”.  

En tanto que las medidas de satisfacción forman parte de la reparación integral del daño, y representan “acciones simbólicas y de memoria que reconocen la vida de Fátima y la exigencia de justicia de su familia”.  

El OCNF reiteró que la decisión que tomarán los ministros de la Primera Sala de la SCJN “no sólo representa justicia para Fátima, sino que establece un precedente histórico en la reparación del daño y en las medidas de no repetición en casos de feminicidio”, así como “un paso firme hacia una justicia más transformadora y efectiva para las víctimas y sus familias”.