La mujer, de 23 años, y el hombre, de 18, fueron detenidos en posesión de un garrafón con gasolina; ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Gracias a una denuncia ciudadana, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer y a un joven, por su presunta responsabilidad en la venta ilícita de gasolina, conocida como "huachicol", en un domicilio de la colonia San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa.
Según relató la dependencia, varios ciudadanos se percataron de la venta ilícita de hidrocarburos al interior de una vivienda, por lo que alertaron a dos oficiales que se encontraban en las avenidas Capulín y El Paraíso.
Los elementos se dirigieron al domicilio, donde encontraron a los presuntos responsables y les marcaron el alto. En ese momento, fueron agredidos por un grupo de personas que también ocasionaron daños a su patrulla.
Ante la agresión, los oficiales solicitaron apoyos, tras unos minutos, controlaron la situación y detuvieron a dos personas en posesión de un garrafón con gasolina, el cual fue asegurado.
La mujer de 23 años y el joven de 18 años fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.
Los consejeros recordaron que no tienen facultades para eliminar las candidaturas de personas ligadas al narco o que no cumplen los requisitos, y cuestionaron que los comités de selección por no hacer su trabajo.
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) desecharon hoy la petición de los legisladores morenistas Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna --presidentes de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente-- para retirar los registros de 26 candidatos a jueces y magistrados, quienes no tuvieron calificaciones necesarias para postularse a las elecciones o han sido señalados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Durante la sesión del Consejo General del INE, los consejeros se quejaron airadamente respecto al conjunto de inconsistencias legales en las peticiones de Noroña y Gutiérrez, empezando por el hecho de que el organismo autónomo no tiene facultades para poner o quitar las candidaturas a las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, y que el Senado está formalmente impedido para “pronunciarse sobre la elegibilidad o idoneidad de las postulaciones”.
Varios consejeros recordaron que los perfiles de los candidatos fueron aprobados por los comités de selección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuyos integrantes tenían la responsabilidad de asegurarse de que los candidatos cumplían con los requisitos.
“En su momento, muchísimas personas juzgadoras estuvieron alertando que no se estaba haciendo una revisión de la idoneidad de los perfiles que se estaban presentando y ahora vemos que tenían razón”, recalcó la consejera Dania Ravel.
Tras la publicación de notas periodísticas que señalaron los perfiles de algunos candidatos –incluyendo Fernando Escamilla, quien ha sido abogado del “Z40”, un líder de Los Zetas--, Noroña y Gutiérrez pidieron al INE retirar las candidaturas de ocho aspirantes, quienes no pudieron acreditar su promedio de ocho puntos en la licenciatura; de ellos, siete fueron aprobados por el comité de selección del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo.
Los políticos pidieron eliminar a otros 18 candidatos, quienes han sido investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) o han sido señalados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. La mitad de ellos fue validada por el comité del Poder Ejecutivo, otros cinco fueron aprobados por el comité del Poder Legislativo, y cuatro más lo fueron por el comité del Poder Judicial.
“Si no hicieron su trabajo, ¿en qué situación estamos ahora? Nos llegan documentos que tienen que ver, no solo con el requisito de buena reputación, sino también con promedios para poder participar y con otras circunstancias que necesariamente tuvieron que ser evaluadas por los poderes”, deploró la consejera Claudia Zavala.
"Se pretende que el INE asuma la responsabilidad de cancelar estas candidaturas, sin que tengamos atribuciones constitucionales o legales para ello”, lamentó Ravel, quien recalcó que “tampoco los presidentes del Senado y la Cámara de Diputaciones tienen la atribución de solicitar la cancelación de las candidaturas.”
En su resolución, el INE declaró improcedente la revisión de los requisitos de elegibilidad, pero pidió al Senado y a la Cámara de Diputados que le entregue información sobre las candidaturas cuestionadas para negarles la constancia de elección en caso de que ganen en las urnas el próximo 1 de junio.
“La solicitud a la que hoy respondemos nos pide realizar acciones para las cuales, ni la ley, ni la Constitución nos facultan”, abundó el consejero Uuc-kib Espadas.
La Junta Especial Número 10, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), condenó, el 7 de mayo de 2025, por quinta vez en 19 años, a Napoleón Gómez Urrutia -diputado federal del grupo parlamentario de Morena- y al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) -del cual el legislador es secretario general desde el 2002-, a regresar 54 millones 84 mil 470 dólares, para repartirlos entre sus agremiados.
Dando cumplimiento a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por quinta ocasión en 19 años, la Junta Especial Número 10 de la JFCA emitió un laudo en el que ordenó abrir el incidente de liquidación para determinar el número de trabajadores del SNTMMSRM y la cantidad que le correspondería a cada uno de ellos, de los recursos reclamados.
Sin embargo, la Junta Especial Número 10 de la JFCA indicó que debido a que el SNTMMSRM en su momento entregó 80 mil pesos a los demandantes, esa cantidad sería descontada a los recursos previstos para la liquidación, aunque también incluirían el pago de los rendimientos acumulados durante casi dos décadas.
“En el expediente 14/2012, se ordena la apertura de incidente de liquidación con fundamento en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de conocer la base de trabajadores que, de 31 de octubre de 1988 prestaban sus servicios a las empresas Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea sobre la cantidad de 54 millones 84,470.90 dólares, que debe ser objeto de distribución proporcional, a fin de establecer proporción que corresponde a cada trabajador”, dice el laudo, de casi 700 cuartillas de extensión.
El caso se remonta a 1990, cuando Grupo México compró Mexicana de Cananea, empresa que estaba en suspensión de pagos, por lo que se comprometió a darle al Sindicato minero una participación accionaria de 5 por ciento.
El fideicomiso se formó en 2005, por la venta de Mexicana de Cananea, pero se desintegró, según constaba en el expediente laboral, por el propio Gómez Urrutia, quien después de realizar dos huelgas en contra de Grupo México, recibió casi 55 millones de dólares, a través del fideicomiso F/9645-2, de Scotiabank Inverlat.
En 2006, un grupo de aproximadamente siete mil 500 trabajadores presentó la primera denuncia sobre el manejo irregular del dinero que obtuvo el SNTMMSRM en el 2004, como parte de un acuerdo con la empresa minera Mexicana de Cananea perteneciente a Grupo México, pero que nunca se distribuyó entre los mineros.
Gómez Urrutia se autoexilió en el año 2006, en Vancouver, Canadá, año en que ocurrió una explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, que dejó 65 trabajadores muertos. Sin embargo, regresó a México en 2018, al obtener el fuero constitucional que le otorgó el cargo como senador plurinominal por Morena.
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, supuestamente habría renunciado a la nacionalidad canadiense para poder obtener una candidatura y convertirse en senador plurinominal por Morena.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un certificado, el 9 de marzo del 2018, que presuntamente comprobaba que Gómez Urrutia se había presentado al Consulado de México en Vancouver para hacer oficial su renuncia a la nacionalidad canadiense.
Sin embargo, según el diario Reforma, no existía evidencia de que Gómez Urrutia realizó el procedimiento administrativo que las leyes canadienses exigían para certificar que se había dejado de ser nacional de ese país, pero al analizar su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que el documento de la SRE era suficiente para declararlo elegible como senador.
Además, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de México, a petición de un ciudadano desde diciembre de 2018, le ordenó a Gómez Urrutia aclarar detalles sobre su renuncia a la nacionalidad canadiense. Ante lo que el líder sindical minero aseguró que ya poseía pasaporte del “país de la hoja de maple”.
Por su parte, el portal de noticias digital canadiense The Breaker señaló que hasta ese momento en que difundieron la noticia, Gómez Urrutia no había respondido a un correo electrónico en el que se le cuestionaba si su viaje era por motivos de negocios o de carácter oficial.
La Presidenta Sheinbaum aseguró que su Gobierno no ha presentado denuncias formales, pero insistió en la idea de que las instituciones electorales resuelvan si algún aspirante incumple requisitos legales.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró este jueves que debe ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien decida si algún candidato a la elección judicial puede participar o no, en caso de que existan pruebas sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
“Lo he estado comentando: hay denuncias en redes sociales de algunos candidatos que, repito, es un porcentaje mínimo que pudieran estar vinculados con la delincuencia. Tiene que probarse primero. Si realmente hay elementos, pueden decirlo las instituciones de justicia”, afirmó en su conferencia matutina.
La mandataria federal aclaró que el Gobierno federal no ha presentado denuncias formales contra los aspirantes señalados, pero indicó que si hay pruebas o elementos, corresponde al TEPJF, al Instituto Nacional Electoral (INE) o a la Fiscalía General de la República (FGR) tomar cartas en el asunto.
"Que el INE o el Tribunal tomen la decisión. El 99.9 por ciento y repito, son denuncias en redes sociales, a veces tienen información que no es correcta, entonces que decida el Tribunal si alguien no debe participar”.
“Nosotros hasta ahora no hemos hecho ninguna denuncia formal. Quien tenga una prueba, que la presente ante los organismos electorales”, repitió.
Además, explicó que algunos legisladores estarían por llevar los casos al Tribunal, que deberá resolver conforme a los principios de legalidad y buena reputación.
Pese a las denuncias en redes, Sheinbaum defendió el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros tras asegurar que se desarrollará con éxito.
“La elección va a ser muy buena y va a salir muy bien. Lo más importante: salir a votar el 1 de junio", indicó.
Claudia Sheinbaum habló sobre la fuga de hidrocarburo que se registró en una plataforma de Pemex en Tabasco. Al respecto, comentó que el incidente fue atendido y que el derrame se calculó en 300 barriles.
Luego de una fuga de aceite que se registró en la plataforma Akal-C de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el estado de Tabasco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la situación ya está siendo atendida. Además, señaló que el recurso derramado a raíz del incidente equivaldría a 300 barriles.
Durante du conferencia matutina de este 8 de mayo, la mandataria federal fue cuestionada al respecto. Por ello, explicó que la fuga se originó en un ducto que data de la década de 1970, mismo que Pemex procedió a reparar al poco tiempo de que se detectó el desperfecto.
"Es un ducto de una plataforma hacia Dos Bocas. Es un ducto que tiene muchos años. Es de los años 70 y se está ya reparando", comentó la Presidenta ante la pregunta de un reportero.
La titular del Poder Ejecutivo Federal añadió que el ducto presentó "algunas fugas". Ante dicha situación, se instalaron abrazaderas para evitar el derrame de hidrocarburo en la zona. Asimismo, indicó que se lleva a cabo un proceso de limpieza y se da atención a los pescadores locales que pudieron verse afectados.
"Calculan que fueron alrededor de 300 barriles y están en el proceso de limpieza. Se ha visto a los pescadores del lugar y se está atendiendo", mencionó Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Las declaraciones de la Presidenta se dan luego de que ayer Pemex publicara un comunicado sobre el incidente. En éste, la empresa dio a conocer que una parte del aceite fugado "arribó a la costa de la Terminal Marítima Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco, en una extensión de siete kilómetros".
Petróleos Mexicanos explicó que su personal especializado atendió la situación "de manera inmediata", además de que se entabló un diálogo con las comunidades pesqueras para el establecimiento de medidas de prevención, con el fin de que puedan reanudar sus actividades a la brevedad posible.
"El evento fue notificado a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el objetivo de implementar las acciones de remediación que correspondan", apuntó Pemex.
Para que la oposición no pueda alegar censura, Claudia Sheinbaum anunció que se eliminará el artículo relativo a plataformas digitales de su reforma a la Ley de Telecomunicaciones, y afirmó que en México hay más libertad de expresión que nunca desde que la 4T llegó al poder.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció hoy la eliminación del artículo 142 de su iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que había generado controversia por interpretarse como una medida que podría limitar la libertad de expresión en plataformas digitales.
El anuncio se realizó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional y, según lo mencionado por la mandataria federal, tendría como objetivo facilitar la discusión y aprobación del dictamen, al quitarle a la oposición cualquier pretexto para alegar censura.
"Para que no haya ningún debate, ninguna discusión, de que eso significa censura, se elimina ese artículo. Es lo que nosotros planteamos, y que se discuta el fondo de la competencia que debe de haber en las telecomunicaciones en México, y el derecho de las audiencias, y el derecho de las radios comunitarias, y el derecho del pueblo de México a una información veraz", mencionó Sheinbaum.
El artículo en cuestión otorgaba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la facultad de bloquear plataformas digitales a solicitud de autoridades, sin especificar la necesidad de una orden judicial, lo que desató acusaciones de posibles intenciones de censura.
La decisión de retirar el artículo se produce tras un intenso debate público y la presión de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC), quienes calificaron la propuesta como una Ley que busca coartar la libertad de expresión en el país y que serviría para que el Gobierno calle todas las voces en su contra.
Claudia Sheinbaum reiteró que su Administración no busca ello y que, por el contrario, está comprometida con el fortalecimiento de la libertad de prensa, y el que haya una mejor competencia y variedad en el espectro radiofónico/televisivo a lo largo de todo el país.
"Se permite a las radios comunitarias su supervivencia y su desarrollo, y se fortalece la competencia, que también es importante", comentó la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien añadió que su iniciativa de reforma busca regular "todo en términos del Internet, de la telefonía celular, de la telefonía fija, de los bandas de satélites. Es una Ley que regula todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones".
Asimismo, acotó que México vive un periodo de enorme libertad de expresión desde que la 4T llegó al poder, pues ahora es posible criticar al Gobierno sin que haya repercusiones, a diferencia de sexenios anteriores, donde periodistas eran retirados de sus espacios para callarles.
"Gracias a la 4T llegó la libertad de expresión. Ya no hay censura, se puede hablar contra la Presidenta en cualquier medio de comunicación, televisoras y nadie les habla por teléfono para censurarlos, como era antes. Al revés, lo que tenemos es un espacio de debate con la 'mañanera'", afirmó la Presidenta.
Por otra parte, adelantó que la próxima semana se invitará a José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a que explique a detalle en qué consiste el dictamen en una conferencia matutina.
"Es importante que la gente sepa en qué consiste esta Ley que estamos enviando", aseguró Sheinbaum, quien además hizo alusión a los foros públicos que se realizarán en el Senado para hablar sobre la iniciativa.
Al respecto, hizo un llamado a que todos los que tienen una concesión de radio y televisión participen en dichos foros, así como al resto de la ciudadanía.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) sonorense ofreció, el 7 de mayo de 2025, una recompensa de un millón de pesos en moneda nacional, a quien proporcionara información útil, eficaz y veraz que condujera a la localización de Salú Francisco Hernández Tenorio, alias “El Ponchis” o “El Fantasma”, de 37 años de edad, uno de los líderes del grupo delictivo “Los Salazar” o “Gente Nueva Salazar” -vinculado al Cártel de Sinaloa-, que se fugó la noche del 5 de mayo del mismo año, del Centro de Readaptación Social (CERESO) 1, de Hermosillo, Sonora.
Tras informar de la fuga, la noche del 7 de mayo de 2025, Víctor Hugo Enríquez García, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora -quien había asumido el cargo en febrero de 2024-, fue destituido horas después.
“Con relación a la evasión de Salu Francisco ‘N’ y/o Saúl Francisco ‘N’ alias ‘El Ponchis’ y/o ‘El Fantasma’; ocurrida la noche del domingo 4 de mayo del año en curso en el CERESO 1 de Hermosillo, se informa que ya se cuenta con las correspondientes órdenes de reaprehensión en su contra por los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, falsificación de documento, falsedad de declaración, asociación delictuosa y posesión de metanfetamina con fines de venta”, indicó la FGJE, en un comunicado.
“Además de esto, se informa que el comité de recompensas de esta representación social ha sesionado para la emisión de una nueva ficha de búsqueda con una recompensa de un millón de pesos en moneda nacional para quien proporcione información útil, eficaz y veraz que contribuya a su recaptura”, agregó la Fiscalía sonorense.
“Asimismo, por parte de las instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad, se ha integrado un bloque de búsqueda enfocado en la recaptura del evadido, operando en puntos estratégicos del estado mediante el intercambio de productos de inteligencia y acciones tácticas coordinadas”, reveló la FGJE.
“Por otra parte, en esta primera fase de la investigación se han ejecutado cuatro órdenes de aprehensión contra probables responsables por los delitos de evasión de presos agravada, asociación delictuosa agravada, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, quienes ya se encuentran a disposición del Juez. Las investigaciones se mantienen y se informará a la población a mayor detalle respecto de las circunstancias específicas de la evasión y demás avances una vez que los tiempos procesales lo permitan”, detalló la Fiscalía sonorense.
Salú Francisco Hernández Tenorio, alias “El Ponchis” o “El Fantasma”, de 37 años de edad, uno de los líderes del grupo delictivo “Los Salazar” o “Gente Nueva Salazar” -vinculado al Cártel de Sinaloa-, se fugó la noche del 4 de mayo de 2025, del Centro de Readaptación Social (CERESO) 1, de Hermosillo, Sonora, tras un pase de lista.
Según lo reportaron medios locales y nacionales -no confirmada por ninguna autoridad hasta ese momento-, el capo era integrante de “Los Alfas”, “Los Fantasmas” o “Los Cazadores” o “Los Ponchis”, grupo de “Los Salazar”, así como un objetivo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por ser uno de los principales generadores de violencia en dicha entidad.
Algunas versiones de la prensa local señalan que “El Ponchis” o “El Fantasma” podría haberse fugado por la puerta principal del penal, supuestamente con la ayuda de cuatro personas que lo visitaron durante la noche del 4 de mayo de 2025, en una presunta visita conyugal. Otra versión que circula en los medios locales sugiere la posible complicidad de elementos penitenciarios, indicando que el escape se habría realizado a bordo de una ambulancia, acompañado por personas que habrían visitado a Hernández Tenorio.
“El Ponchis” o “El Fantasma” ingresó al CERESO 1, ubicado en la capital sonorense, el 25 de marzo de 2025, tras un operativo coordinado por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, siendo detenido por delitos contra la salud y falsedad de declaraciones.
El 26 de marzo de 2025, a través de un comunicado publicado en su página web y sus cuentas en las diversas redes sociales, el Gobierno de Sonora presumió la detención de Hernández Tenorio, con el título “Logra Gobernador [Alfonso] Durazo [Montaño] certero golpe contra la delincuencia organizada”.
Según la información de la FGJE, “El Ponchis” o “El Fantasma” tenía cuatro órdenes de aprehensión vigentes, al ser señalado como presunto responsable de homicidio simple, homicidio calificado (dos causas), asociación delictuosa y delincuencia organizada, con fines de tráfico de personas. La Fiscalía sonorense ofrecía, en ese momento, una recompensa de 500 mil pesos por información que permitiera su captura.
La detención de Hernández Tenorio se logró tras trabajos conjuntos de inteligencia e investigación por parte del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con el respaldo de Inteligencia Militar, desde la Ciudad de México, Fue aprehendido junto con Rodolfo “N”, alias “El Cachuchas”, uno de los principales sicarios del grupo criminal.
Ambos sujetos se transportaban en un vehículo marca Toyota, modelo Corolla y, al percatarse del operativo, intentaron escapar. En su intento, se impactaron con otro vehículo y continuaron la huida a pie, siendo finalmente asegurados en la calle Manuel González, de la capital sonorense, en posesión de envoltorios con presunta droga cristal.
“El Gobierno de Sonora, a través de la Mesa Estatal de Seguridad, reafirma su compromiso con la recuperación de la paz y el combate frontal al crimen. La coordinación entre fuerzas del orden continúa dando resultados contundentes en favor de las familias sonorenses”, finalizó el comunicado de la Administración encabezada por Durazo Montaño, militante del partido Morena.
Según lo reveló el diario Reforma, Hernández Tenorio era buscado tras una creciente escalada de violencia en ciudades fronterizas de Sonora como Nogales, Magdalena de Kino, Caborca y en zonas turísticas como Puerto Peñasco.
“El Ponchis” o “El Fantasma” también era un objetivo de las autoridades de Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas y personas. Incluso, era uno de los 10 hombres más buscados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés).
Cuando fue detenido, la FGJE informó que Hernández Tenorio enfrentaba cuatro procesos, uno de ellos como responsable del asesinato, en 2021, del jefe del grupo de policías ministeriales, José Saúl Martínez Trillas, en Magdalena de Kino, entre otros crímenes.
Asimismo, a “El Ponchis” o “El Fantasma” se le atribuían ataques, narcobloqueos y asesinatos a través del grupo de sicarios que controlaba, conocidos como “Los Alfas”, “Los Fantasmas” o “Los Cazadores”, ligados con “Los Salazar”, cuyas operaciones se concentraban en el norte de Sonora.
“Los Salazar” estarían aliados a “Los Mayos”, una fracción del Cártel de Sinaloa ligada al capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, de 76 años de edad, quien se encuentra preso en el Centro Correccional Metropolitano, en Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés).
“Los Mayos” mantienen una confrontación con “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”, como se le conoce a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, y a sus hermanos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Güero Moreno” y/o “El Alfredillo”, así como a Joaquín y Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, estos últimos presos en Estados Unidos.
“Los Salazar” -vinculado al Cártel de Sinaloa, con operación en Sonora y antagónico de La Línea, una facción del Cártel de Juárez, con presencia en Chihuahua- fue el grupo criminal que supuestamente llevó a cabo la masacre de nueve miembros -tres mujeres adultas y seis menores de edad- de las familias LeBarón, Miller, Johnson y Langford, ocurrida el 4 de noviembre del 2019, en la comunidad de La Mora, municipio sonorense de Bavispe.
Además, estarían vinculados con el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velduce, editora del diario Norte de Juárez y corresponsal de La Jornada-, asesinada a balazos el 23 de marzo del 2017, frente a su domicilio particular, ubicado en la colonia Granjas, en Chihuahua, capital homónima del estado. En el lugar del homicidio se dejó un mensaje escrito que decía: “Por lenguona”.
Hasta el momento, la FGJEM no ha anunciado el inicio de investigaciones u otros actos respecto a la denuncia en contra de la alcaldesa.
La alcaldesa de Capulhuac, Selene Hernández Herrera (PT), solicitó licencia temporal del cargo por 90 días, alegando asuntos de carácter personal, misma que fue aprobada por unanimidad en el Cabildo.
La solicitud se da en medio de los señalamientos en su contra por presunta violencia física, verbal y sexual hacia una psicóloga del DIF municipal.
En sesión extraordinaria se presentó el punto en el que la munícipe justificó su solicitud, pero no aclaró si las cuestiones personales podrían estar relacionadas con una investigación en su contra.
La solicitud de la licenciada se motiva en la necesidad de tener la libertad de tiempo para atender asuntos de carácter personal.
La tercera regidora, Sarita Arellano Hernández, asumirá las funciones de presidenta municipal en tanto se cumple el plazo de la licencia de la titular Selene Hernández.
La trabajadora del DIF municipal, identificada como Miriam “N”, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en contra de Hernández Herrera por presuntas agresiones físicas y sexuales.
La acusación fue difundida inicialmente a través de redes sociales y generó una protesta ciudadana que derivó en la toma del Palacio Municipal.
Sobre el caso, la alcaldesa con licencia no ha hecho pronunciamiento al respecto; sin embargo, los partidos que la impulsaron para llegar al encargo, PT y Morena, rechazaron su comportamiento y solicitaron investigaciones.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, José Francisco Vázquez Rodríguez, mencionó a medios locales que, hasta el momento, “no hay un procedimiento en contra de la alcaldesa” y, advirtió que serán las autoridades correspondientes quienes deslinden responsabilidades.
By: Draco Draculon jueves, mayo 08, 2025/comment : 0Nacional,
Seguridad
La titular del SESNSP detalló que siete de las 32 entidades concentran el 52,1 % de los homicidios en estos siete meses, un total de 4.569.
Los homicidios en México han caído un 24.9% en los primeros siete meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, periodo en el que van más de 20.000 detenidos por delitos de alto impacto y más de 153 toneladas de droga confiscadas, según expuso este martes el Gobierno con cifras preliminares.
El promedio diario de asesinatos descendió a 65.3 en abril frente a los 86.9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que implica 21 homicidios menos por día, expuso Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Entre abril de 2020, el año con el abril más alto de la serie, y abril de 2025 se ha tenido una reducción del 33,3%. El segundo dato relevante es que abril de 2025 es el abril con el promedio diario más bajo desde 2016, lo cual evidencia la clara tendencia a la baja que ha tenido este delito”.
La titular del SESNSP detalló que siete de las 32 entidades concentran el 52.1% de los homicidios en estos siete meses, un total de 4,569: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Guerrero.
Por otro lado, informó de una disminución de 19.25% en los delitos de alto impacto en los primeros siete meses de Gobierno de Sheinbaum.
Desde octubre de 2024 que promedió 636 delitos de alto impacto diarios, se identifica una tendencia a la baja, en la que destaca el último mes de abril que cerró con 513.6 delitos promedio diarios.
Más de 20.000 detenidos
Además, en los primeros siete meses del Gobierno, las autoridades han detenido a 20,004 personas por delitos de alto impacto, reportó Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
También han confiscado más de 153.7 toneladas de droga, incluyendo 1,406 kilogramos de fentanilo y más de 2.24 millones de pastillas de este narcótico sintético, así como casi 10,329 armas de fuego, detalló García Harfuch.
“En 19 estados de la República, el Ejército y la marina han destruido 896 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han almacenado más de 1 millón de litros y más de 200 toneladas de sustancias químicas”, añadió.
Afirmó que esta es “una cifra sin precedentes” que representa una afectación económica a las organizaciones criminales “de cientos de millones de pesos”.
Mientras que en la ‘Operación Frontera Norte‘, acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar aranceles generalizados del 25% a México, suma 3,028 detenidos y más de 30 toneladas de droga confiscadas, incluyendo 1.13 millones de pastillas de fentanilo.
Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre después del récord de más de 196,000 asesinatos registrados en el sexenio de López Obrador, del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mientras que los homicidios repuntaron un 1.2% anual en 2024 hasta los 30,057, según las estadísticas del SESNSP.
La mandataria argumentó que la reducción de homicidios en su Administración reivindican su plan de seguridad de cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, uso de inteligencia contra el crimen, y coordinación entre las autoridades federales y estatales.
Ante los hechos de inseguridad, el gobernador del estado Rubén Rocha Moya reconoció que, a pesar de los decomisos y detenciones los sucesos continúan.
En Sinaloa, instituciones escolares han decidido suspender clases presenciales en distintos municipios luego de las jornadas violentas que se han registrado y que incrementaron este miércoles por la noche.
Sin embargo, la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), Gloria Félix Niebla, declaró a medios locales que la convocatoria es para “aperturar los planteles educativos bajo las consideraciones de respetar las decisiones de los padres, en caso de no llevar a sus hijos, con total apertura y entendimiento para lo cual, tenemos medidas establecidas”.
Mientras tanto la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) emitió un comunicado para anunciar la suspensión de clases presenciales este jueves — como lo ha hecho desde hace dos días— en 17 distintas sedes, aunque habrá actividades de manera virtual.
“Derivado de los hechos de violencia y con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria, este jueves 8 de mayo se tendrán clases de manera virtual en los municipios de Culiacán, Navolato, Eldorado, Cosalá, Elota, Mocorito, Salvador Alvarado, Angostura, Badiraguato. El Tamarindo y las extensiones El Tigre, Villa Juárez, Potrerillos, El Espinal, Teacapan, Isla del Bosque y La Noria.”
Sin embargo, la UAS indicó que respetará la decisión de la comunidad estudiantil respecto a su asistencia a Estos espacios y que de no acudir no habrá registro de faltas o sanciones.
“Será siempre respetuosa de la decisión que se tome por parte de todos los miembros de esta comunidad, así como de los padres respecto a la asistencia de sus hijos a las aulas, garantizado en todo momento que no se registrará falta o sanción alguna.”
Asimismo, advirtió que continuará dando información a través de sus canales oficiales.
La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) anunció que las actividades académicas de este jueves se llevarían a cabo “de modo virtual” e invitó a su comunidad a estar atenta también a sus próximos comunicados.
El CBTis 224 también anunció la suspensión de actividades presenciales y dijo que se llevarían a cabo de manera virtual en ambos turnos.
Otras escuelas e instituciones como guarderías primarias y secundarias privadas y públicas, también han adoptado las medidas, aunque bajo la instrucción de la SEPyC, de dejarlo a consideración de las madres y padres de familia.
Respecto a los hechos violentos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, confirmó que estos fueron reportados en los municipios de Culiacán, Navolato y Mocorito.
Dijo que “las autoridades federales y locales, de manera insterinstitucional, han atendido todos los reportes para restablecer las condiciones lo antes posible”.
También, mencionó que recibió reportes de disparos entre civiles en Pericos y Caimanero en Mocorito asi como en El Batallón, Navolato.
Sobre estos sucesos de inseguridad, ayer en conferencia de prensa, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que a pesar de haber detenciones y decomisos continúan los hechos violentos.
Los fracasos en los distintos modelos implementados en la administración de Andrés Manuel López Obrador para la adquisición de medicinas terminaron beneficiando a empresas de reciente creación, con poca experiencia en el sector y que vendieron los medicamentos más caros.
Javier Delgado y su familia tienen un año viviendo en la zozobra. En 2024 tuvo un infarto y fue atendido en el IMSS de Cancún. Durante la revisión, el hombre de 50 años advirtió que tenía una bolita en la lengua, pero los médicos minimizaron la situación y le recetaron sólo un enjuague bucal.
La familia, preocupada porque la bolita seguía creciendo, decidió no esperar y vendieron lo poco que tenían: un aire acondicionado, la mesa, electrodomésticos. Con eso pudieron pagar un par de consultas con un médico particular y la biopsia, indispensable para el diagnóstico.
Seis meses después se confirmó que Javier tenía cáncer. No tenían otra alternativa que solicitar atención en el IMSS de Cancún, donde vivían, pero les dijeron que ahí no podían atender el cáncer, al no contar con médicos ni aparatos.
A Javier se le ocurrió subir videos a redes sociales para denunciar la falta de atención, como única posibilidad para que lo escucharan. Luego, Animal Político y otros medios publicaron su caso. “Me tenían muriéndome, pero gracias a las presiones que ustedes hicieron sí me atendieron”, reconoce Javier. Sólo así, lo canalizaron a Mérida, a la Unidad Médica de Alta Especialidad “Ignacio García Téllez” para las quimioterapias y radioterapias.
Aún cuando superó la primera etapa del cáncer, su corazón sigue fallando y requiere de medicamentos permanentes que cada mes es difícil conseguirlos en su clínica 3 de Cancún. Desde marzo del año pasado le recetaron la inyección Evolocumab, que deben aplicarle cada 15 días para prevenir un derrame cerebral y ataque cardiáco, pero en realidad se la surten cada dos o tres meses.
Su familia no puede comprarla porque cuesta siete mil pesos cada una, casi el mes de salario que gana su yerno como personal de limpieza en un hotel. Y ese sueldo lo ocupan para vivir los cinco integrantes de la familia: Javier, quien era mecánico y perdió la pensión que le daban en su trabajo, su esposa, su hija y su nieta.
También debe tomar otros cinco medicamentos que no siempre le dan. “Me dicen venga para la siguiente semana y la siguiente. Cuando ya hay, me dicen que la receta está vencida y hay que volver a sacar cita con el cardiólogo para que me vuelva a recetar”.
Ahora, dice Javier, no tiene ni siquiera la programación de otra cita, luego de que el 28 de abril le negaron la atención pese a llegar 5 minutos antes de la hora programada argumentando que debía llegar 15 minutos antes, y por lo tanto, tampoco tendrá más recetas.
A veces pueden comprar algunas medicinas baratas, como el ácido acetilsalicílico, pero otras simplemente es imposible. “A veces hasta sin comer la pasamos en algunas ocasiones”, confiesa.
Javier ha aprendido a vivir entre desmayos cada tres o dos veces por semana y dolores en el pecho, ante la falta de medicinas. Pero su caso no es el único. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentó en cinco el número de recetas no surtidas en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Se trató de otro efecto de la decisión del morenista de cambiar el modelo de compras de medicamentos durante su gobierno. Y el desabasto permitió la aparición de otro esquema: la proliferación de empresas que venden medicinas a sobreprecio.
Causas y efectos del desabasto
Animal Político revela en esta investigación que el IMSS entregó mil 600 millones de pesos en adjudicaciones directas a al menos 19 empresas con apenas dos y hasta 15 meses de funcionamiento en 2022.
Consiguieron los contratos pese a vender más caro en comparación con los precios ofrecidos en las compras consolidadas. Y, en algunos casos, los insumos no llegaron a los hospitales.
Tal es el caso de las pruebas de Covid adquiridas por la delegación Guerrero en 2022, cuando la pandemia y la demanda de insumos habían disminuido. La empresa Comercializadora de Materiales SVG, SA de CV, vendió 20 mil piezas en 2 mil 925 pesos cada una. Sin embargo, sólo llegaron 2 mil 339 a los hospitales, es decir, 11 % del total, según muestran registros oficiales obtenidos por transparencia.
Otras, como Promotora Médica Selec SA de CV, Leo-Medik y Grupo Farmacéutico MDK comparten integrantes con otras empresas que también vendieron medicamentos poco después de crearlas en otros años.
Comercializadora de Medicamentos CMI fue boletinada por la Cofepris por irregularidades sanitarias. Y los dueños de otras más se dedicaban a otros giros y, aún sin experiencia en la distribución de medicinas, aprovecharon el negocio durante el gobierno de López Obrador.
Entre los medicamentos adquiridos con estas empresas estuvieron insulina, inmunoglobulina, antidepresivos, tratamientos contra el cáncer, o para control de diabetes y artritis. Anticoagulantes, antibióticos, vitaminas, entre otros.
Con sobreprecios de hasta 678 %, como la Sitagliptina metformina, cuyo costo unitario en compra consolidada fue de 225 pesos, pero la empresa Pharma Trimed la vendió en 1,750 pesos a la delegación Colima del IMSS.
O las tiras reactivas para medir glucosa, vendidas por Grupo Osherx, SA de CV en 2,150 pesos cada paquete, un precio incluso mayor a los 260 pesos que se consigue en farmacias comerciales. Ambos, insumos para el tratamiento de diabetes, la enfermedad con la segunda mayor incidencia en el país.
Sin embargo, para el IMSS, la reciente creación de una empresa no es impedimento a la hora de contratar. La fecha de constitución “no es relevante ante evaluaciones de las propuestas que se hacen bajo un método binario (el proveedor cumple o no cumple requisitos), donde la antigüedad o experiencia no es un factor”.
Aumentan las adjudicaciones y el gasto
Las adjudicaciones directas a sobreprecio son efecto de la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en su búsqueda de ahorros en todo el gobierno, cada año intentó una forma de adquisición de medicamentos; primero, con la compra centralizada desde la Secretaría de Hacienda, luego en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de la ONU (UNOPS), después en el INSABI, luego la llamada “megafarmacia” y el IMSS.
Ante el fracaso de cada uno, las delegaciones del IMSS argumentaron que, por incumplimiento de otros proveedores o la insuficiencia de proveedores en las megacompras, había urgencia de comprar medicamentos e insumos.
Precisamente, la urgencia, es uno de los motivos que exceptúan las compras por licitación que permite la Ley de Adquisiciones. Y, en el gobierno de López Obrador hubo menos licitaciones públicas, es decir, concursos abiertos para poner a competir a los proveedores, y más elección de empresas de manera directa.
Mientras en 2018 el porcentaje de compras de medicinas a través de adjudicaciones directas fue de 80 %, cada año incrementó hasta alcanzar 88 % en 2022 y 95 % en 2023. Esto es: casi la totalidad de las compras de medicamentos se hicieron eligiendo directamente a proveedores y no a través de competencias para lograr las mejores condiciones.
A diferencia de comprar en gran volumen con menor costo, en el gobierno de López Obrador las compras estuvieron fragmentadas. Con esto efectivamente rompieron el monopolio de las grandes farmacéuticas que acaparaban las ventas al gobierno, como acusaba el expresidente López Obrador, pero eso no significó obtener ahorros, sino lo contrario.
Las delegaciones del IMSS gastaron 31 % más en la adquisición de medicamentos e insumos médicos entre 2018 y 2024. Pasaron de un gasto de 71 mil millones de pesos al inicio del sexenio obradorista, a 93 mil millones de pesos al concluir.
A la par hubo desabasto, como denunció el personal médico y usuarios. Además, los datos lo confirman. Mientras en 2018 no se surtieron 1.4 millones de recetas en el IMSS, en 2021 aumentó a 22 millones de recetas, bajó a 12 millones el año siguiente y 5 millones en 2023, de acuerdo con datos oficiales obtenidos por la organización Cero Desabasto.
Empresas nuevas, contratos millonarios
La empresa que más contratos ganó en esta selección fue Comercializadora de Materiales SVG, SA de CV., con 205 adjudicaciones directas por 525 millones de pesos. Fue constituida en junio de 2021 y se dedicaba a la “compra, venta, importación, exportación, fabricación, producción, maquila, desarrollo, distribución, suministro y comercialización de toda clase de bienes y productos que estén o puedan estar en el comercio”.
Meses después, el 30 de marzo de 2022, cambió su objeto social y agregó la comercialización de “productos para uso médico en todas sus ramas y de laboratorios clínico médico”.
Apenas 44 días después de ese movimiento, la empresa ganó la primera adjudicación directa con la delegación de Sonora por 10 millones de pesos. Vendió 110 mil piezas de Celecoxib, antiinflamatorio para artritis reumatoide, en 92 pesos cada una. El precio en compra consolidada fue de 17 pesos, mientras que farmacias privadas se consigue hasta en 68 pesos. De acuerdo con los registros de comprobación, cumplió con la totalidad del pedido.
El contrato más oneroso de Comercializadora de Materiales SVG fue por 67 millones 860 mil pesos por la adquisición de 20 mil pruebas rápidas de Covid, a un precio unitario de 2 mil 950 pesos, mientras que el costo promedio en ese entonces ascendía a 2,500 pesos.
Aunque el contrato lo hizo la delegación de Guerrero, los registros de entrega incluían la distribución a hospitales de otras entidades, como el Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México.
En los reportes oficiales se asienta que se recibió la totalidad del pedido en almacén, pero en el registro de distribución se observa que sólo llegó 11 % de las piezas a los hospitales. Por ejemplo, el área de Pediatría y Oncología del Centro Médico Siglo XXI supuestamente recibirían más de una centena de pruebas, pero no les llegó ni una. Lo mismo que en Puebla y el Estado de México Oriente. Mientras que el Hospital General de Subzona 19, solo recibió 2 unidades. Y el que más recibió fue el Hospital General Regional 1, con 500 piezas.
Comercializadora de Medicamentos CMI ganó contratos a los 8 meses de ser creada, en septiembre de 2022. Sólo tuvo 4 adjudicaciones por 8 millones 621 mil pesos, pero vendió a Guanajuato y la Ciudad de México productos tan relevantes como inmunoglobulina humana, utilizada para tratar enfermedades inmunitarias en las que hay pocos anticuerpos en la sangre.
Sin embargo, la empresa fue boletinada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en abril de 2024 por irregularidades sanitarias, según la alerta difundida por la institución en la que avisaba sobre los proveedores irregulares.
Incluso, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente inhabilitó a otra empresa con la mismas características halladas en esta investigación: creada poco antes de recibir contratos y vendiendo a sobreprecio. El 29 de abril, la titular de Anticorrupción, Raquel Buenrostro anunció la inhabilitación de Biomics Lab SA de CV por diversas irregularidades.
Biomics Lab fue creada en 2020 y ese mismo año sumó 14 contratos por 20 millones de pesos, y el año siguiente obtuvo 49 adjudicaciones por 31 millones de pesos, de acuerdo con registros de Compranet. Al participar en la compra consolidada de 2025, sus irregularidades fueron identificadas por la Secretaría Anticorrupción.
Otra de las empresas destacadas fue Materiales Médicos Rey, constituida en enero de 2021 y que comenzó a sumar adjudicaciones un año después. Ganó 79 millones de pesos con ventas a sobreprecio.
Por ejemplo, vendió Enoxaparina de 40 mg en 729 pesos, pese a que el costo en compra consolidada fue de 151 pesos. Mientras que la inmunoglobulina G, fue vendida en 12 mil 700 pesos cada unidad, cuando el costo en consolidada fue de 10 mil 191 pesos. Solo de esos dos contratos, el IMSS de Nuevo León habría pagado más de 2 millones de pesos ‘de más’.
Redes de empresas
Promotora Médica Selec SA de CV fue creada en mayo de 2021. Un año después comenzó a ganar contratos que sumaron 149, de los cuales, 144 fueron adjudicaciones directas. En total obtuvo 155 millones de pesos, sobre todo con contrataciones de las delegaciones de Nuevo León y Guanajuato.
Entre sus administradores está Francisco Pavel Gutiérrez Mújica, quien en 2017 apareció como representante legal de la empresa Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), una filial de Laboratorios Pisa, acusado por el presidente López Obrador de acaparar el mercado.
Gutiérrez Mújica, además, aparece en otras dos empresas: Lógica Médica Regiomontana, creada en marzo de 2020 y que al año siguiente ganó 103 contratos por 152 millones de pesos. La otra es Inmedical Soluciones en Salud, constituida en julio de 2020 y que en 2021 ganó 11 millones de pesos.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que esta última empresa y Pável Gutiérrez ayudaron a burlar el veto Laboratorio Solfrán, propiedad de Carlos Lomelí, exdelegado de Guadalajara, impedida para ser proveedor gubernamental. A través de la empresa distribuidora, que ganaba los contratos, se seguían comercializando las medicinas de dicho laboratorio.
La segunda empresa con más contratos fue Leo-Medik con 198 millones de pesos. Fue creada en septiembre de 2021 y cinco meses después obtuvo la primera de 117 adquisiciones directas.
Ésta, además, comparte integrantes con Grupo Farmacéutico MDK, creada en enero de 2021, y que es la tercera en recibir la mayor cantidad de contratos, con 173 millones de pesos.
Ambas empresas tienen más de 40 actividades en su objeto social y sus accionistas están personas que han tenido otras empresas. Como María del Pilar Monroy, que aparece como representante de Evtek SA de CV en una junta de aclaraciones para vender computadoras en Aguascalientes. También, Omar Eduardo Llanos, accionista en Pick and Go Comercial SA de CV, creada en 2023, y, como contratista del IMSS ha vendido artículos de aseo en Aguascalientes.
El contrato más oneroso de Leo-Medik fue por 41 millones 500 mil pesos con la delegación Colima para comprar 50 mil piezas de eritropoyetina, para tratar la anemia y efectos secundarios tras una quimioterapia.
El costo unitario ofrecido fue de 830 pesos, aunque en la compra consolidada era de 651 pesos. Solo por la diferencia de 178 pesos en cada unidad, la delegación pagó 8 millones 922 mil pesos ‘de más’.
Pagan medicinas más caras
En 2022, las delegaciones del IMSS de al menos 19 entidades contrataron a empresas de reciente creación: Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua, Yucatán, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Durango, Sonora, Colima, Tamaulipas, Estado de México, Coahuila, Tlaxcala, Puebla y Jalisco.
Animal Político analizó los contratos registrados en Compranet para ubicar a aquellas empresas que obtuvieron contratos al poco tiempo de ser creadas. En la lista destacan al menos 35 que tenían menos de un año de operación cuando ganaron el primer contrato.
Sin embargo, se descartaron aquellas que vendían mobiliario, artículos de limpieza o servicios subrogados especializados cuyos precios eran muy variables. Para esta investigación se seleccionaron únicamente 19 empresas que vendieron medicinas o insumos hospitalarios básicos.
En total, estas compañías recibieron mil 382 contratos por mil 666 millones de pesos, cuya fecha de creación varió entre 2, 3, 5 y hasta 15 meses.
Luego, se solicitó por transparencia el primer contrato realizado, el de mayor monto y otro con una delegación distinta a las anteriores. De las respuestas obtenidas se analizaron 59 contratos por la compra de 1.9 millones de piezas y un monto de 292 millones de pesos.
Al contrastar el costo unitario de cada medicamento e insumo vendido en estos contratos se hallaron sobreprecios prácticamente en todos los casos que entregaron información. Aunque según los reportes, las empresas cumplieron con la mayoría de los pedidos, el impacto está en el sobrecosto pagado con recursos públicos.
Si las compras se hubieran realizado a través de compras consolidadas el monto pagado habría sido de 141 millones de pesos. Es decir, las delegaciones del IMSS habrían pagado 150 millones de pesos de más. Un sobreprecio total del 106 por ciento.
Los fracasos en las compras de medicamentos
El primer intento del presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar el proceso de adquisición de medicinas fue centralizar las compras en Hacienda, a través de la Oficialía Mayor, cargo entonces ocupado por Raquel Buenrostro, actual secretaria Anticorrupción; pese a que ni ella ni la institución tenían experiencia en la adquisición de artículos tan particulares como los medicamentos.
En esa primera compra, Hacienda informó que había hecho adquisiciones por 7 mil millones de pesos en medicamentos, lo que había generado ahorros por mil millones de pesos con respecto a 2018, pero en realidad no compraron lo que se requería. Necesitaban 792 partidas de medicinas, pero sólo licitaron 632. De ellas, compraron 404 (64 %) y 228 quedaron desiertas (36 %), según informaron oficialmente.
Luego, el gobierno decidió que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado el 29 de noviembre de 2019, compraría las medicinas a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para surtir a todas las instituciones de salud del país e incluso contrataría a proveedores de cualquier parte del mundo que ofrecieran mejores condiciones de venta.
Mientras que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa del Estado productora de vacunas, se convertiría en la nueva distribuidora de medicinas, tras el veto a las empresas distribuidoras del sexenio.
Justamente, ese fue el campo que aprovecharon las empresas recién creadas, toda vez que el gobierno necesitaba distribuidores y los contratos para este servicio se fraccionaron y multiplicaron. Lo cual, generó un gasto mayor.
Sin embargo, las fallas ocurrieron desde la adquisición de los medicamentos, pues el INSABI y la UNOPS reconocieron que solo adjudicaron 50.8 % de las claves de medicamentos y 55 % de las de material de curación que se necesitaban para 2021.
Incluso, en la revisión a las compras del INSABI hechas en 2021, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que la UNOPS no entregó la totalidad de medicamentos que habían contratado y pagado, por lo que debía hacer reembolsos por 32 millones 600 mil dólares.
Para 2022, el INSABI terminó la relación con la UNOPS –pese a que el acuerdo establecía que se encargaría de hacer las compras de medicinas hasta 2024– y ese año, el Instituto hizo los procesos de compra en solitario, aunque no logró adquirir el 22 % de la demanda.
De ahí que las instituciones como el IMSS tuvieron que hacer otras contrataciones para adquirir las medicinas que no les llegaron por medio de la UNOPS o el INSABI y que necesitaban con urgencia.
Esto derivó en la multiplicación de pequeños contratos, como documentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), luego de analizar las adquisiciones de medicinas entre 2018 a 2022.
En 2022, el 20 % del monto total de compras de medicamentos se asignó en contratos menores a cinco millones de pesos, aunque en 2018 esta proporción había sido de 5 %. Lo cual resultó “contrario al objetivo de las compras consolidadas que busca comprar en volúmenes grandes con precios de mayoreo”.
“Por eso es que las instituciones públicas de salud fueron obligadas a realizar adquisiciones con poco tiempo, lo que implicó condiciones de desventaja para negociar mejores precios en la compra”, concluyó el informe Compras públicas ineficientes, medicamentos más caros.
Los integrantes del Frente cuestionaron que la discusión de la reforma se siga prolongando, por lo que exigieron su discusión inmediata.
La jueza Sandra de Jesús Zúñiga rechazó el amparo presentado por el Frente Nacional Por Las 40 horas que buscaba “descongelar” de manera inmediata la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, con dos días de descanso, propuesta desde octubre de 2022.
La juzgadora argumentó que la negativa de los diputados de la legislatura en curso no afecta en nada a la clase trabajadora, por lo tanto, la medida no procede.
Los integrantes del Frente cuestionaron que el actual gobierno no haya agilizado la reducción de jornadas laborales y su discusión se siga prolongando, por lo que exigieron su discusión inmediata.
“La falta de voluntad política de parte de los diputados de la LXV y la LXVI legislaturas para votar una reforma que está lista para aprobarse ha convertido una política laboral y de salud pública en botín político de todos los partidos políticos. Exigimos a todas y todos los legisladores, así como al gobierno federal, dejen de usar el tema de la reducción de la jornada laboral para sus metas políticas propias, pues solo vulneran los derechos laborales de la clase trabajadora en México y violentan a la población en el camino al acceso a mejores condiciones de vida para miles de trabajadores que día con día mantienen de pie la economía mexicana”, señaló el Frente Nacional.
“También hacemos un llamado enérgico a la jueza Sandra de Jesús Zúñiga a que si realmente quiere convertirse en jueza comience su candidatura con acciones que realmente fortalezcan la democracia del país. Ya en 2023 le concedió un amparo a Jasmín Esquivel en el que impide a la Universidad Nacional Autónoma de México resolver el caso de su presunto plagio, impidiendo a la máxima casa de estudios aclarar la situación hasta que se resuelva el amparo”.
Gobierno anuncia implementación paulatina de semana de 40 horas
El 1 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, anunció que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se comenzará con la implementación paulatina de la semana de las 40 horas a fin de que sea una realidad total en enero de 2030.
Para lograr las reformas y adecuaciones necesarias para hacer realidad la semana de 40 horas, entre el 2 de junio y el 7 de julio próximo se llevarán a cabo foros nacionales en donde se escuchará a trabajadores, empleadores, sindicalizados y demás.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó que no se trata de una reforma que se concretará de la noche a la mañana, sin embargo, aseguró que lo importante es trabajar para lograrlo a fin de que se garantice que habrá mejores condiciones laborales en el país.
Miles de usuarios quedaron varados, por lo que recibieron el apoyo de patrullas de la SSC y de vehículos particulares.
A tan solo un día del nombramiento de Adrián Rubalcava como nuevo director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se suspendió el servicio de las estaciones Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón, en la Línea B, a plena hora pico.
En su cuenta de X, el ex priista informó que el servicio se ofreció de manera provisional, dividido en dos tramos, de Buenavista a Oceanía y de Villa de Aragón a Ciudad Azteca. También precisó que la suspensión se dio por una revisión en la zona de vías y su ajuste de perfil.
Por poco y se descarrila el metro de la Linea B en la estación Oceanía, dirección Ciudad Azteca..
En redes sociales se difundieron videos donde se muestra que las vías se deformaron, provocando que un tren descarrilara.
Poco después, la cuenta en X del STC Metro publicó videos de trabajadores realizando “labores de revisión y ajuste del perfil de las vías en el tramo Oceanía-Deportivo-Oceanía”.
El gigante naranja añadió, en un comunicado difundido en la misma red social, que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), con apoyo de vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio apoyo de traslado gratuito a los usuarios en el tramo donde se suspendió el servicio.
Los usuarios de redes sociales manifestaron su descontento ante las fallas en el servicio y aseguraron que los autobuses RTP eran insuficientes o no habían llegado.
Artur (@artur15RT): “¿Qué pasa aquí @AdrianRubalcava? ¡Primer día y dando estos resultados! @ClaraBrugadaM @Claudiashein”.
Aidee Broza González (@GozalezAidee): “Vaya desmadre que dejó @GCalderon_Metro (Guillermo Calderón, exdirector del Metro) y ahora, ¿si van a hacer caso a la reparación, a la nivelación o hasta que haya algo más que un impacto en la barra guía, lo van a considerar?”.
Jacalnay (@Xoxriv666): “Sugerencia a @AdrianRubalcava que se dé vueltas por todas las líneas en horas pico por una semana, trenes lentos o detenidos y ventiladores apagados, estaciones sin servicio, saturación de andenes y terminales, etc. Nada más para que vea dónde está parado él wey sin experiencia”.
🚇 Falla en Línea B del Metro afecta traslados en CDMX
Oficiales de la #SSC apoyaron a usuarios tras una falla en el tramo de #Oceanía a Villas de Aragón. Patrullas ayudaron en el traslado de usuarios. 👇 pic.twitter.com/ZjuTtWfvGT
By: Draco Draculon miércoles, mayo 07, 2025/comment : 0Caso Calica,
Nacional
La transnacional ha activado el mecanismo de atracción ante la Corte de un amparo en revisión que resuelve el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, donde mantiene la batalla legal contra actos emanados de diversas dependencias federales.
A tres años de la clausura ejecutada por la Federación con la que se frenó de manera definitiva la extracción de material pétreo al sur de Playa del Carmen, Calica, filial de la estadunidense Vulcan Materials Company, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer la demanda con la que busca le restituya el manejo del puerto de Punta Venado y el permiso de exportación de productos desde este punto.
La transnacional ha activado el mecanismo de atracción ante la Corte de un amparo en revisión que resuelve el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, donde mantiene la batalla legal contra actos emanados de diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Marina y la Dirección Jurídica de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con el expediente consultado, la empresa señala que la orden de restricción de dicho puerto provino de la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, celebrada el 2 de mayo de 2022, de la que derivó también la clausura que ejecutó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 5 de mayo de 2022, hace tres años.
Proceso dio a conocer en abril que la empresa de origen estadounidense buscó anular la entrega en concesión de siete puertos de vocación turística a favor de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), paraestatal que maneja puertos en esta entidad.
Argumentó que esta entrega de terminales marítimas, entre ellas las de Cozumel, donde arriban anualmente más de cuatro millones de turistas en creceros, se efectuó sin consulta con afectación a sus intereses particulares. Punta Venado y Cozumel están a unos 20 kilómetros de distancia separados por un canal marítimo del Mar Caribe.
En este contexto, busca ahora que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepte la atracción del amparo promovido en un juzgado federal de Quintana Roo. En caso de ser aceptado, será el pleno de la Corte que resolverá en meses venideros, aunque con los nuevos ministros que resulten de la elección judicial, el otorgamiento de la protección a la empresa y le restituyen así el manejo del puerto de Punta Venado y la exportación de productos desde ese punto.
Añeja concesión
Calica obtuvo la concesión en abril de 1987 para el manejo y aprovechamiento de bienes nacionales, materializados con la construcción y explotación del puerto de Punta Venado, desde donde por más de tres décadas envió los millones de toneladas de material pétreo a los Estados Unidos, utilizado en la industria de la construcción de ese país.
En este mes de mayo se cumplen tres años de la clausura definitiva de extracción de material pétreo en el predio La Rosita, que forma parte de las dos mil hectáreas propiedad de la minera, ubicadas al sur de Playa del Carmen, frente al reconocido parque ecoturístico Xcaret.
Anteriormente, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Calica registró los primeros reveses del permiso de explotación. Entre 2017 y 2018 se le clausuró la zona del predio El Corchalito.
Lo anterior derivó en una demanda al Estado mexicano bajo las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Calica reclama una compensación de más de mil 500 millones de dólares, además de intereses y gastos procesales.
El caso lo resuelve desde 2019 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativa a Inversiones (Ciadi).
Actualmente Calica enfrenta la declaratoria de área natural protegida sobre sus terrenos, que le impide extraer de manera definitiva calizas. Claudia Sheinbaum ha asegurado que los terrenos siguen siendo de la empresa estadounidense, aunque no puede ejecutar labores de impacto ambiental.
