Hace unos días. Trump firmó una orden ejecutiva que podría facilitar más el flujo ilegal de fusiles de armamento de alto poder de Estados Unidos a México.

Fue un guiño a su base más dura y a la mayoría legislativa republicana, que asumen que la Segunda Enmienda de la Constitución estadunidense les da derecho de armarse hasta con pertrechos de guerra para defender sus propiedades y a su familia.

Por eso, el pasado viernes 7 de febrero, sólo cuatro días después de que la presidenta Sheinbaum dijo que Trump se había comprometido “a trabajar para evitar el tráfico de armamento de alto poder a México”, el mandatario estadunidense firmó una orden ejecutiva para revisar todas las regulaciones que pueden estar afectando “los derechos” de la Segunda Enmienda, lo que significa una mayor flexibilización del comercio de armas.

“Definitivamente, es un paso en la dirección equivocada”, dice a Proceso el doctor en ciencias políticas de la Universidad de Nueva York, Omar García-Ponce, un experto en crimen trasnacional organizado que ha investigado desde hace varios años el fenómeno del tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, a través del cual cada año llegan unos 200 mil fusiles de asalto y pistolas de alto calibre a los cárteles mexicanos de la droga, dos cada cinco minutos en promedio.

En su investigación “Efectos transfronterizos: leyes de armas de Estados Unidos y violencia en México”, García-Ponce concluyó que la expiración, en 2004, de una ley federal temporal que prohibía la venta de armas de asalto en Estados Unidos, provocó “aumentos inmediatos de la violencia” y de los homicidios (hasta en 60%) en ciudades mexicanas fronterizas con Texas, Arizona y Nuevo México.

A partir de ese hallazgo, García-Ponce encontró que el estallido de la violencia en México durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) está relacionado no sólo con la declaratoria de guerra al narcotráfico del mandatario panista y con su fallida estrategia, sino, también, con el contrabando de armas estadunidenses de alto poder hacia México.

Por eso, para el profesor de Ciencia política y asuntos internacionales de la Universidad George Washington, el gobierno de México “tiene todo el derecho y toda la legitimidad para reclamar a Estados Unidos que haga más” para impedir que las armas fabricadas e importadas por ese país acaben en manos del crimen organizado mexicano.

De la misma manera en que el fentanilo provocó la muerte por sobredosis de unos 61 mil estadunidenses en 2024 –según estimaciones preliminares del investigador de adicciones de la Universidad de Carolina del Norte, Nabarun Dasgupta--, las armas provenientes de Estados Unidos mataron a unos 21 mil mexicanos ese año.

Esto, si se toma en cuenta que el año pasado se registraron en México 30 mil 057 homicidios, el 70 por ciento con armas de fuego provenientes, en la mayoría de los casos, de Estados Unidos,

En ese sentido, así como Trump exige a México un combate decidido al trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos, Sheinbaum puede exigir a su homólogo estadunidense que haga algo más de lo que se ha hecho hasta ahora para atracar el tráfico de armas que matan a mexicanos.

Un asunto de reciprocidad

García-Ponce sostiene que, a la luz de las evidencias, Estados Unidos debe actuar frente al tráfico de armas con medidas proporcionales a las que ha tomado la presidenta Sheinbaum frente a las exigencias de Trump para reforzar la lucha contra el tráfico de fentanilo y de personas, como la de enviar 10 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera norte.

De acuerdo con el licenciado en administración pública del Colegio de México (Colmex) y especialista en violencia criminal y política, las armas estadunidenses facilitan dos de los fenómenos que Trump dice querer combatir: la migración y el tráfico de drogas, en especial el fentanilo, un opioide sintético que desplazó a la cocaína como principal objetivo de la fracasada guerra estadunidense antidrogas.

Las armas que llegan de Estados Unidos a manos de los cárteles mexicanos, asegura el experto, son cruciales en actividades criminales como el tráfico de drogas y de migrantes e incentivan la migración de indocumentados.

“Cada vez tenemos más mexicanos que migran no sólo por razones económicas, sino también por razones de violencia”, señala.

Pero García-Ponce, quien reside en Washington y conoce el modus operandi de la política estadunidense, considera que es importante que el tema del tráfico de armas sea puesto por México en la mesa de negociaciones con Trump, quien usa el asunto del fentanilo (que causa la muerte por sobredosis de unos 70 mil estadunidenses cada año) y de la migración como elementos de presión contra México.

El pasado 3 de febrero, Trump acordó con Sheinbaum suspender por 30 días su decisión (o amago) de imponer un arancel del 25% a los productos mexicanos que importa Estados Unidos. Lo hizo luego de que la presidenta le ofreciera enviar a 10 mil guardias nacionales a la frontera común.

Sheinbaum dijo ese día que, a cambio, Trump se comprometió “a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México”, un tema que el mandatario estadunidense nunca ha tocado en público.

Y no lo ha hecho, porque un enorme segmento de sus votantes, de su partido, el Republicano, de sus donantes en la campaña presidencial, y en particular su movimiento, MAGA (acrónimo de Make America Great Again, o Haz a los Estados Unidos grande otra vez, en español), son partidarios de la venta libre de armas, incluso de los fusiles de asalto, y de desregular totalmente ese tipo de comercio.

Por ello, señala García-Ponce, “en términos realistas, las posibilidades de que la administración Trump dé pasos para regular la venta de armas en Estados Unidos son pocas”.

Ni los grupos de interés, como la poderosa Asociación Nacional del Rifle, ni la élite política republicana, quieren regular las armas, al contrario, señala el académico mexicano.

Y no sólo, eso, sino que la orden ejecutiva de Trump que pide revisar todas las medidas tomadas por el expresidente Joe Biden y las agencias federales, como la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), apunta a eliminar las tímidas regulaciones que se habían puesto al mercado de armas en los últimos cuatro años.

El pretexto de Trump y los sectores ultraconservadores estadunidenses es que esas regulaciones afectan “los derechos de la Segunda Enmienda”, por lo que se da por descontado que el mercado de armas en ese país acabará siendo aún más liberalizado y menos sujeto a control.

De mal en peor

García-Ponce considera que la orden ejecutiva de Trump podría acabar por facilitar más la venta de armas en Estados Unidos “pero no creo que impacte de forma significativa el tráfico hacia México”. 

Señala que la preocupación principal de los también amplios sectores estadounidenses que exigen regular la venta indiscriminada de armamento –una demanda que se renueva cada vez que hay una masacre en un colegio con armas de asalto que los adolescentes toman de sus casas— es que habrá un boom de las llamadas “ghost guns” o armas fantasmas que son modificadas o armadas por particulares y que son muy difíciles de rastrear.

En 2021, Biden firmó una orden ejecutiva para controlar la venta de materiales y herramientas que permiten ensamblar este tipo de armas en casa. “La violencia con armas de fuego en este país es una epidemia y es una vergüenza internacional", dijo el entonces presidente. Pero el actual mandatario y la mayoría de sus partidarios no piensan lo mismo.

García-Ponce señala que la batalla de México para Estados Unidos combata el tráfico de armas hacia los cárteles mexicanos será, por eso, “muy, muy difícil”.

La ideología MAGA que representa Trump es considerada por académicos y analistas estadunidenses como supremacista blanca, racista, xenófoba y partidaria de los arsenales particulares.

Pero México va a insistir. El pasado miércoles 12, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente habló por teléfono con el secretario de Estado estadunidense y al día siguiente informó en X que ambos “compartieron avances en materia de migración, fentanilo y control de tráfico de armas”.

Días antes, la misma cancillería mexicana informó que “fortalecerá” su estrategia legal contra fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos, donde el gobierno de México tiene varias demandas contra compañías de armamentos como Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Glock Inc., Colt´s Manufacturing Co. y Beretta USA.

Algunas de estas demandas han sido desestimadas por cortes federales estadunidenses con el argumento de que existe una ley que protege a los fabricantes de armas del “uso indebido” de sus productos, pero México argumenta que esa norma no puede dejar en la impunidad los daños extraterritoriales causados por "irresponsabilidades" de las empresas denunciadas.

"Las armas que utilizan los grupos criminales en nuestro país no aparecen aquí por generación espontánea, sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales puedan acceder a ellas en los Estados Unidos", afirmó el exconsultor jurídico de la cancillería mexicana, Alejandro Celorio.

El próximo 4 de marzo la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que tiene mayoría de jueces conservadores, realizará una audiencia pública para determinar si las empresas demandadas por México pueden tener, o no, responsabilidad legal por el flujo de armas que acaban en manos de grupos criminales mexicanos.

Trump ya firmó una orden ejecutiva para designar como “organizaciones terroristas” a varios cárteles mexicanos y Sheinbaum dijo que, en respuesta, México ampliaría su demanda contra fabricantes y distribuidores de armas estadunidenses.

García-Ponce señala que hay mucho por hacer no sólo a nivel gubernamental, sino, también, por parte de los grupos de la sociedad civil de México y Estados Unidos que han trabajado durante años en este tema y que saben que atacar el acceso a las armas de los grupos del crimen organizado es un pilar de la seguridad de ambos países, más allá de la retórica trumpista.

Medios locales identificaron a Ruvalcaba, como el objetivo de los sujetos armados. Sin embargo, los elementos de seguridad asignados al hijo de la alcaldesa, replegaron el ataque, lo que dejó como saldo un escolta muerto y 14 personas heridas, entre ellas tres menores de edad.

La Fiscalía estatal afirmó que todas las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales para su atención médica. El hijo de la alcaldesa fue uno de los heridos, aunque se encontraba fuera de peligro.

A través de sus cuentas en las diversas redes sociales, Gutiérrez Andrade lamentó lo sucedido y expresó su solidaridad con las personas lesionadas, así como con la familia de la persona que falleció en el ataque.

Gutiérrez Andrade asumió la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez en el año 2021 y en los comicios del 2024 logró la reelección, como candidata de los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), para continuar tres años en el cargo.

El 27 de diciembre de 2025, el director del Instituto de Festejos Charrostaurinos, Roberto Bravo, fue herido a balazos mientras se encontraba al interior de un restaurante, en una plaza comercial, y murió al siguiente día, en un hospital.

En un breve comunicado, el organismo explicó que la razón es cumplir con el plazo otorgado el viernes al Senado, para que subsane fallas halladas en los listados

“Lo anterior con el propósito de recibir la información necesaria que requiere el Instituto para la integración del listado de candidaturas, misma que fue solicitada al Senado de la República, mediante comunicación oficial, cuyo plazo vence el 16 de febrero de 2025 y con ello el Consejo General pueda proveer”, informaron.

El Senado de la República remitió las listas con las y los candidatos seleccionados por cada uno de los Poderes de la Unión el pasado 12 de febrero al INE, conforme a lo establecido en el decreto de la reforma al Poder Judicial. 

En ese momento se dio a conocer que del total, mil 416 corresponden al Poder Legislativo; mil 430 al Poder Ejecutivo y 955 al Poder Judicial. A estos se suman los pases directos de jueces, magistrados y ministros ya en el cargo.

Según afirmó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en los listados había aspirantes para todos los cargos que se pretende elegir en la jornada electoral.

No obstante, el viernes 14 de febrero, el INE pidió al Senado subsanar unas inconsistencias detectadas, relacionadas con la presencia de espacios vacíos. 

A efecto de continuar con la debida integración de los listados, el INE dio un plazo de 48 horas al Senado para entregar la información correspondiente con el objetivo de garantizar la certeza, legalidad y la máxima publicidad del proceso electoral el cual concluye el domingo.

Tribunal Electoral desecha más de 100 impugnaciones a irregularidades en tómbolas de elección judicial

El 12 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó más de 100 impugnaciones presentadas a los procesos de insaculación de cada uno de los Comités de Evaluación que seleccionaron a los candidatos a la elección judicial de junio próximo.

En su sesión, el Tribunal dio cuenta de irregularidades en el proceso de tómbolas, como que algunos que ganaron la insaculación no aparecieron en las listas que se enviaron al INE o que de 20 bolas en una tómbola solo se mencionaron 19 nombres.

Pese a reconocer esas irregularidades, una mayoría de tres magistrados avalaron concluir el periodo de revisión de impugnaciones y avanzar hacia el proceso que corresponde formalmente al INE.

Durante la presentación del protocolo de Actuación para la policía como primer respondiente con perspectiva de personas migrantes, Parra Bonilla encabezó una serie de actividades que, según ella, pretendían sensibilizar sobre la realidad que viven las personas que deciden migrar, al meterse ella misma, junto con varias personas más, incluso la diputada local priista Montserrat Hernández Pérez, en una casa de campaña, para mostrar el hacinamiento en que viven los inmigrantes.

Según la funcionaria, el objetivo era empatizar con la realidad que viven las personas migrantes, mediante una “situación vivencial”, además de salir de su “zona de confort”.

Sin embargo, el ejercicio que encabezó la ombudsperson fue duramente criticado por integrantes de la sociedad civil, así como defensores y organizaciones de los derechos humanos.

En redes sociales, se compartieron imágenes de las actividades que llevó a cabo Ana Karen Parra, con comentarios y señalamientos que coincidían en que, lejos de empatizar, incurrió en una “burla” hacia las personas que deciden dejar sus lugares de origen en busca de una mejor vida.

“Como un espectáculo, como una caricatura de nuestro propio sufrimiento. Esta puesta en escena no solo es una burla, sino una muestra del clasismo y el privilegio de quienes, desde su comodidad, juegan a ponerse en nuestros zapatos, mientras siguen viviendo del erario sin hacer su trabajo. Muchos tuvimos que irnos precisamente por la corrupción y la incompetencia de funcionarios como ustedes, que prefieren el show mediático en lugar de garantizar derechos reales”, escribió en redes sociales Haidee Franco, quien agregó que, como migrante en Estados Unidos, sabe lo que significa la migración.

Las actividades realizadas por la presidenta de la Comisión Estatal se llevaron a cabo el miércoles pasado; sin embargo, pese a las críticas, el organismo no ha emitido una postura.

Para Trump los migrantes son una amenaza

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump declaró una “emergencia nacional” en la frontera con México y firmó un decreto que declara que los migrantes en situación irregular representan “amenazas significativas para la seguridad nacional”.

Trump anunció el pasado 1 de febrero aranceles del 25% a todas las exportaciones desde México y Canadá, sus socios en el acuerdo de libre comercio T-MEC, al acusar a ambos países de permitir el tráfico de drogas y migrantes indocumentados a su territorio.

Sin embargo, el republicano aplazó la imposición de esas tarifas hasta inicios de marzo tras una negociación telefónica con Sheinbaum, quien acordó desplegar 10 mil militares en la frontera con Estados Unidos.

En tanto, México reclama a Estados Unidos detener el flujo de armas hacia los cárteles de la droga mexicanos.

Un día después de la llegada de Trump al gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional abrió la puerta para que se puedan realizar arrestos a inmigrantes en iglesias y escuelas, espacios que durante la administración de Biden eran considerados “sensibles”.

El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, emitió dos directivas “para poner fin a la invasión de la frontera sur de Estados Unidos y empoderar a las fuerzas del orden para proteger a los estadounidenses”, informaron en un comunicado.

La primera elimina medidas impuestas por el expresidente Joe Biden que impedía que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaran acciones cerca de las llamadas “áreas sensibles” como lo son las iglesias y escuelas, por lo que las  fuerzas de seguridad podrán ingresar para realizar detenciones.

Mientras que con la segunda directiva se propone analizar caso por caso en el programa de libertad condicional humanitaria y agrega que el ICE y la CBP “eliminarán gradualmente cualquier programa que no se ajuste a la ley”.

Tan solo del 20 al 26 de enero, es decir, la primera semana de gobierno de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que 4 mil migrantes fueron deportados de Estados Unidos a México, tras la implementación de las nuevas órdenes en materia de migración.

Asimismo, posterior a su investidura, Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas para declarar emergencia nacional en la frontera con México, designar como terroristas a los cárteles mexicanos y comenzar con el proceso de deportar a “millones y millones de migrantes indocumentados”.

“Hay tres elementos detenidos a quienes se les encontraron armas de fuego; dos de ellos están sujetos a investigación debido a que, en la revisión del equipo celular personal, se logró advertir que tenían comunicación para alertar a grupos de la delincuencia sobre la presencia de retenes”, informó la dependencia.

En el operativo participaron la Fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de una verificación de armamento y de instalaciones.

La dependencia detalló que ya iniciaron los actos de investigación y que hay un grupo multidisciplinario que se encuentra obteniendo datos de prueba que acrediten la participación de los imputados en el delito que se les atribuye.

Policías detenidos en Chiapas

Hasta el momento, suman más de 350 policías detenidos en distintos municipios de Chiapas debido a irregularidades.

El 31 de enero, fuerzas de seguridad estatales y federales detuvieron a 87 policías en Chiapa de Corzo, Chiapas, entre ellos, el director de la policía municipal Jesús “N”, como parte del operativo “Cero Corrupción y Cero Impunidad”.

Entre los detenidos estaban 67 elementos de la Policía Municipal y 20 elementos de tránsito, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP). Además, se aseguró un vehículo Chevrolet Silverado Pickup y 16 armas, entre ellas 12 largas y 4 cortas.

Días antes, el 25 de enero, también fueron detenidos 65 policías, un funcionario público y otras 11 personas en los municipios de Villaflores y Villa Corzo, Chiapas, quienes presuntamente formaban parte de una red de extorsión.

En conferencia de prensa las autoridades compartieron que el operativo se dio a partir de las denuncias presentadas por empresarios, ganaderos y transportistas, particularmente conductores de mototaxis, sobre una red de corrupción dedicada a extorsionarlos.

Sin embargo, esta no fue la única detención. El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, refirió en conferencia de prensa que el pasado 21 de enero fueron detenidas 11 personas en el municipio de Villaflores, entre ellas un expolicía de la Fiscalía General del Estado, quien presuntamente encabezaba la banda de extorsionadores.

Como parte de las investigaciones también se hizo una revisión en el Cuartel de la Policía Municipal de Villaflores, donde fueron detenidos 39 elementos, quienes serán investigados para corroborar que no se haya vulnerado alguna norma durante su alta.

También se realizaron diversos cateos en propiedades de un servidor público municipal donde fueron detenidos 26 elementos, entre ellos, el director de la Policía Municipal.

El 23 de diciembre, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó sobre la detención de 9 policías municipales y dos de investigación, presuntamente por el delito de desaparición forzada.

A esto se suma la detención de 92 policías el 15 de diciembre  porque intentaron obstruir y filtrar información de un operativo contra el narcomenudeo en Comitán, Chiapas, informó la Fiscalía. Los uniformados detenidos realizaron acciones con el objetivo de evitar ejecutar 25 órdenes de cateo contra establecimientos presuntamente relacionados con actividades de narcomenudeo.

Días después se informó que del total, 46 policías se encuentran en prisión, entre ellos el secretario de Seguridad, mientras que el resto fueron liberados.

Al llegar al sitio, los policías encontraron a los cuatro jóvenes heridos. Inmediatamente, fueron trasladados en un vehículo color azul a un hospital para recibir atención médica. Según los informes, las víctimas presentaban lesiones por bala en diversas partes del cuerpo, aunque hasta el momento se desconoce su estado de salud actual.

El lugar fue acordonado por las autoridades para preservar la escena del crimen mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.

La SSC ha iniciado una investigación sobre el incidente y ha notificado al agente del Ministerio Público para que se lleven a cabo las indagatorias correspondientes. 

El comunicado de la SSC informa que se está analizando la grabación de las cámaras de videovigilancia cercanas para identificar a los responsables del ataque.

Cabe recordar que su sentencia fue reducida en abril de 2024, de 20 a 10 años y cinco años de libertad supervisada, por su colaboración como testigo en el caso de Genaro García Luna, a cargo de la jueza Carol Bagley Amon.

Hasta el lunes pasado, el exfiscal de Nayarit se encontraba recluido en FCI Ashland, una prisión federal de baja seguridad, ubicada en Ashland, Kentucky, sentenciado por narcotráfico.

Previamente, su registro en la BOP refería que la fecha de liberación sería el 03 de octubre de 2025 (según el formato estadounidense mes), pero aparentemente fue ocho meses antes.

¿Quién benefició a Veytia?

Veytia fue beneficiado a partir de aclamar la Regla 35, que permite ajustes en la sentencia “por asistencia sustancial a las autoridades”.

El ex fiscal nayarita fue testigo en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y también colaboró para las imputaciones iniciales contra el exsecretario de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, quien fue liberado tras un acuerdo con México, pese a los señalamientos de Veytia.

Cienfuegos fue señalado por la fiscalía estadounidense de tener presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, con quienes el exfiscal tuvo relación al inicio del sexenio del exgobernador Roberto Sandoval.

FGE Nayarit buscará extradición

El fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, dijo que la orden de extradición en contra el exfiscal Edgar Veytia se mantiene actualizada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto en relación con nueve órdenes de aprehensión que existen en el estado, por delitos graves, incluidos secuestro agravado, extorsión, abuso de autoridad, tráfico de influencias y tortura.

May Rodríguez dijo que en lugar de Chávez Martínez designó a Serafín Toledo Lazcano, quien tiene trayectoria como policía en la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, nombró a Jesús Anaya Guerrero como comisionado estatal de la Policía Estatal de la SSPC; esta última plaza la ocupaba un coronel del Ejército.

En la conferencia de prensa donde el jefe del Ejecutivo local dio a conocer los nombramientos estuvo presente Francisco Javier Moreno Montaño, comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Afirmó que el nuevo secretario prestó sus servicios por más de tres décadas "en la entonces Procuraduría General de la República como policía judicial federal".

Dijo que fue comandante de la extinta Policía Judicial Federal (PJF) "en diversas entidades como Sinaloa, Michoacán y Guerrero".

También, comentó, fue jefe regional de la misma corporación en Tabasco y otras entidades.

En cuanto al nuevo comisionado de la Policía Estatal, dijo que tiene maestría en Seguridad Pública y por 28 años formó parte de la FGR.

El brigadier Chávez Martínez fue nombrado titular de la SSPC el 2 de febrero de 2024 por el gobernador interino Carlos Merino Campos, y el 27 de noviembre pasado fue ratificado por May Rodríguez.

A partir de que empezó la nueva administración, grupos delictivos colgaron mantas en varias ocasiones en las que pedían la destitución del ex jefe policiaco, con el señalamiento de que no había cumplidos un "pacto" con la delincuencia, pero May Rodríguez siempre lo defendió.

También la oposición se sumó a la demanda de su renuncia.

Casi al final de la conversación se le preguntó a Rubio sobre cuáles son qué se puede esperar de la administración de Trump sobre con México “porque es evidente que se trata de una relación crítica y hay margen de mejora”.

El exsenador republicano se refirió a los temas que ya ha mencionado como parte de las conversaciones con su homólogo mexicano Juan Ramón de la Fuente, en particular el combate al narcotráfico y a la migración indocumentada, pero esta vez se refirió explícitamente al tráfico de armas, uno de los puntos en los que el gobierno de México ha reclamado la colaboración estadunidense.

En principio, Rubio informó que los secretarios del Tesoro y del Comercio se encargarán de la parte arancelaria de la relación bilateral.

“Y luego estoy trabajando con Pam Bondi (fiscal) y Kristi Noem (secretaria de seguridad interior) en la parte de seguridad. Nuestro interés es detener el tráfico de personas y el tráfico migratorio a través de la frontera de Estados Unidos. Queremos que se detenga el fentanilo. Queremos que se detengan las drogas. No queremos que esta gente de los cárteles cruce nuestra frontera.

“Así que les estamos pidiendo que tomen medidas, incluso más medidas, para evitar que eso suceda, y ellos nos están pidiendo que los ayudemos a mantener las armas fuera de las manos de estos cárteles. Muchos de estos cárteles están encontrando formas de comprar armas o lo que sea en los Estados Unidos y regresan por el otro lado”, dijo Rubio, y añadió.

“Así que estamos trabajando en un plan con ellos, colectivamente, ¿no? Vamos a trabajar junto con ellos en su lado de la frontera, nosotros en nuestro lado de la frontera, para que podamos ocuparnos de su problema de tráfico de armas, ocuparnos del problema del fentanilo y el problema de la migración masiva y el problema de los cárteles.

“Y estamos buscando... bueno, nuestros equipos están hablando, y esperamos tener algo que anunciar pronto. Y tenemos un gran equipo con Kristi y... Kristi Noem y Pam Bondi, y estuvimos hablando con Pam sobre eso ayer. Así que tenemos un buen equipo, y los mexicanos tienen un buen equipo”, destacó Rubio, quien confió en que se logre algo positivo pronto.

Clay Travis, uno de los conductores del podcast, es fundador de Outkick, una página web propiedad del conglomerado mediático Fox. Buck Sexton es un exintegrante de la CIA.

En 2021 el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya había propuesto crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para perseguir delitos, sin embargo, un año después la Suprema Corte declaró inconstitucional esa iniciativa por ser violatoria al derecho de la privacidad y la protección de datos personales.

En aquella ocasión, la Suprema Corte declaró inconstitucional el Padrón Nacional gracias a una impugnación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), organismo que desaparecerá el próximo mes de marzo por una reforma aprobada por el Congreso.

En su nueva iniciativa, Claudia Sheinbaum justifica que esta plataforma digital servirá para combatir delitos como el secuestro o la extorsión, y aseguró que su diseño será “respetuoso de los derechos humanos” y garantizará “el derecho a la privacidad”.

Secretaría de Seguridad tendrá mayores labores de inteligencia

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a los diputados la iniciativa para expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

La ley en materia de investigación e inteligencia fortalece las funciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia a cargo de Omar García Harfuch que ahora coordinará un Sistema Nacional de Inteligencia que se nutrirá de información aportada por todas las instituciones de seguridad de nivel federal, estatal y municipal.

La legislación prevé que el Sistema Nacional sirva para elaborar al menos ocho productos de inteligencia, entre los que se encuentran mapas y organigramas de bandas delictivas; reporte de antecedentes de personas y grupos criminales; instrumentos para fortalecer las capacidades de las policías, y lineamientos para el manejo de datos delictivos y la generación de políticas.

Entre estos productos de inteligencia también destaca que la SSPC podrá elaborar informes relacionados con aspectos sociales, económicos y políticos con el fin de perseguir delitos.

Esta legislación pretende dar más facultades a la SSPC, que en los últimos sexenios quedó rezagada debido a que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) tomaron las riendas de la estrategia de seguridad en el país.

En su iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, Sheinbaum justificó que un sistema nacional de inteligencia e investigación “será de suma importancia para lograr una disminución en la incidencia de delitos, especialmente los de alto impacto, neutralizando a los generadores de violencia y redes criminales”.

Las atribuciones en materia de inteligencia ya le habían sido concedidas a la Secretaría de Seguridad con una reforma al artículo 21 de la Constitución. A finales del 2024, el Congreso aprobó dicha modificación por unanimidad.

Pero ahora, con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, se busca dar más claridad en las funciones que podrá realizar la SSPC de Omar García Harfuch.

Una vez aprobada que esta ley entre en vigor, el Sistema Nacional deberá empezar a funcionar en un plazo no mayor de 180 días.

Coordinación entre autoridades para investigar delitos

Junto con la ley en materia de inteligencia, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a los diputados una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual tiene el objetivo de mejorar la coordinación de las autoridades que combaten el crimen, así como mejorar el perfil de los funcionarios que se dedican a esta labor.

Esta es la misma Ley General donde se incluye la creación de la plataforma digital de usuarios de telefonía móvil a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La Ley General también prevé crear Conferencias Nacionales en las que dialogarán las secretarías de Seguridad Pública, las fiscalías y procuradurías, los encargados de los sistemas penitenciarios y representantes de las instancias de seguridad de los municipios.

Esta legislación también ordena mejorar las condiciones laborales de los policías, quienes no podrán ser subcontratados y deberán tener las prestaciones básicas. El Servicio Profesional de Carrera será obligatorio para ellos y para los ministerios públicos y peritos de las fiscalías.

Así como se pretenden mejorar las condiciones laborales de los policías, la Ley General también contempla sanciones a los policías que incumplan con su deber o que no cumplan con el perfil para realizar su labor.

De igual forma se crea un Sistema Nacional de Información que estará conectado al Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, y se dan atribuciones al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para que vigile el uso del dinero que las autoridades reciben por parte del gobierno federal para combatir el crimen.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal anunció que realizaría reuniones semanales para evaluar el trabajo de la ANAM y los avances que se registrarían en materia de recaudación.

La también ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México informó que la principal encomienda de Marín Mollinedo sería lograr la coordinación entre elementos de las Fuerzas Armadas, funcionarios civiles y la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

“Es indispensable aumentar la recaudación y su tarea es aumentar la recaudación de las aduanas. Hemos hecho algunas acciones y nos han permitido aumentar ya la recaudación del primer mes, pero él [Marín Mollinedo] tiene la tarea ahora de coordinar elementos que hay de la Secretaría de la Defensa [DEFENSA], Marina [SEMAR], civiles y trabajar muy de la mano con la Agencia de Transformación Digital”, detalló la presidenta.

“Yo los voy a estar viendo cada semana, porque estoy segura de que vamos a tener más recaudación y con ello, pues, poder cumplir con los compromisos que hemos hecho y más para el pueblo de México”, dijo la mandataria nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró, el 21 de junio de 2023, a Foullon Van Lissum como nuevo director de la ANAM, en sustitución de Marín Mollinedo, el cual pasaría a ser embajador de México en la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuya sede está en Ginebra, Suiza y que agrupa a 164 miembros, así como a 20 naciones en calidad de observadores.

El nombramiento del quinto titular de la ANAM en lo que iba del Gobierno del político tabasqueño -el primero fue Ricardo Peralta Saucedo, el segundo Ricardo Ahued Bardahuil y el tercero Horacio Duarte Olivares-, fue enviado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional-, el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal repasó la trayectoria del general Foullon Van Lissum y dijo que antes de retirarse le pidió que considerara contribuir con su Gobierno.

“Para que tengan antecedentes sobre este general: cuando tuve que decidir, él estuvo en la terna y lo elegí al final por ser una gente recta, honesta, preparada, fue director del Colegio Militar, fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa todavía con nosotros”, agregó el mandatario nacional.

“Hace poco se retiró y, antes de que se fuera, le dije que pensara en que podía ayudarnos. Y necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas fronterizas, para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas, y que no haya evasión fiscal, porque el ingreso de las aduanas es de más de un billón de pesos, constituye como el 15 por ciento del presupuesto nacional”, mencionó el presidente.

¿QUIÉN ES RAFAEL MARÍN MOLLINEDO?

Rafael Marín Mollinedo es Licenciado en Economía, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como embajador de México en la Organización Mundial del Comercio (OMC), como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), como director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), y, como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, en dicho orden.

Previamente, fue director general de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, así como director general de la Red de Transporte de Pasajeros, adscrita a la Secretaría de Transporte y Vialidad, todo durante la Jefatura de Gobierno del político tabasqueño en el GDF.

“Para nosotros en el Poder Legislativo, la mayoría legislativa interpreta la Constitución que esta le concede al Tribunal Electoral facultad exclusiva para resolver temas electorales. Toda la materia electoral tiene que resolverla como única instancia el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral tiene toda nuestra confianza y respaldo institucional.

“La Corte no debió haberse involucrado en este tipo de resoluciones. Ni juzgados de distrito, ni tribunales colegiados de circuito o unitarios debieron haber concedido suspensiones sobre la reforma en materia electoral; al único que le compete, al único que la Constitución le faculta, es al Tribunal Electoral… Creo que la Corte actuó de manera indebida, se entrometió, actuó de manera injerencista y desobedeció a la Constitución”, explicó.  

El diputado morenista resaltó que lo importante es que se deja a salvo que la elección para elegir juzgadores, funcionarios judiciales y está en proceso para que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice y el Tribunal dirima cualquier diferencia que se suscite sobre el particular.

“Es importante destacar que con esta resolución simplemente se deja a la organización electoral fluir de manera correcta y que no habrá obstáculos, ni por jueces, ni por magistrados, ni por ninguna autoridad para obstaculizar. No habrá pues obstáculos para llevar a cabo la elección de juzgadores”, finalizó.

Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, explicaron que, dentro de la misma carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía de Morelos, habría elementos que involucran a políticos de Morena con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero que de manera inexplicable no se siguieron.

Agregaron que por haber sido Samir locutor de una radio indígena, a través de una solicitud de los familiares, hace seis meses la FGR atrajo el caso a través de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos de Libertad de Expresión (FEADLE).

Sin embargo, apuntaron, hasta ahora la FEADLE “no tiene una teoría del caso”, de ahí que el Frente decidió entregar sus consideraciones sobre las líneas de investigación que tendrían que ser abordadas para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato del líder comunitario.

Los activistas recordaron que Samir Flores fue asesinado diez días después de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador visitara la región en la que se construye el PIM, el 10 de febrero de 2019, y desató “expresiones de odio” contra los pueblos indígenas que se manifestaban en contra de la megaobra, calificándolos de “radicales de izquierda conservadora”.

Destacaron que el 19 de febrero, un día antes de su asesinato, Samir Flores confrontó a Hugo Erick Flores quien fungía como delegado estatal de la Secretaría del Bienestar para Programas Integrales de Desarrollo en Morelos, y que era señalado por los integrantes del Frente como operador político para acallar las protestas. 

Acompañados de integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), del Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa, de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, los activistas del Frente de Pueblos, resaltaron que su presencia frente a las oficinas de la FGR responde a una jornada global en la que participan más de 200 organizaciones y activistas de México, América Latina y Europa, en exigencia del esclarecimiento del crimen de Flores Soberanes. 

Las acciones que, llevarán a cabo en la Ciudad de México, en Morelos y en países como Francia, Italia, España y Estados Unidos, países de donde son originarias las empresas que participan en el PIM, culminarán el 1 de marzo.

Entre las acciones programadas destaca la marcha que se realizará el 21 de febrero en la Ciudad de México y que saldrá de la Secretaría de Gobernación con rumbo al Zócalo capitalino. 

“Es increíble que el propio Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que está llamado a garantizar nuestra independencia, a generar las condiciones propicias tanto materiales como de recursos humanos para que la justicia se cristalice y se materialice todos los días en este país, ahora resulta que va a ser también quien persiga a los jueces y a las juezas por tomar estas decisiones que además adoptan en ese libre albedrío”, señaló la magistrada Julia María del Carmen García González. 

La conferencia de este viernes fue la última que realizarán los juzgadores pues consideraron que el fallo emitido ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) implicó la muerte de la República porque dio vía libre a la implementación de la reforma judicial.

La titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que fue “muy interesante” la resolución del Pleno de la SCJN, que aprobó, el 13 de febrero de 2025, el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para restablecer el orden constitucional y declaró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tenía competencia para invalidar suspensiones concedidas en juicios de amparo contra la reforma judicial y su implementación.

Además, la mandataria nacional afirmó que la reforma judicial “no tiene barrera de ningún tipo”, que sólo era un tema electoral. “En esencia, [el] primero de junio [de 2025], vamos a hacer historia”. Asimismo, comentó que la siguiente semana asistirían a la “mañanera del Pueblo”, para explicar el caso, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea y Ernestina Godoy Ramos, titulares de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, y, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, respectivamente.

“Es decir, ya, la Corte reconoció que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto a algunos servidores públicos, no son procedentes, hasta donde yo entiendo verdad, porque les da creó 24, 48 horas, no sé, pero en esencia, el primero de junio, vamos a hacer historia, el pueblo de México va a hacer historia, porque por primera vez en México y quizá en el mundo, vamos a elegir a jueces, magistrados, ministros”, manifestó Sheinbaum Pardo.

La noche del 13 de febrero de 2025, tras la revocación de la SCJN a las suspensiones que jueces de amparo concedieron para detener la elección judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó que la determinación del máximo tribunal constitucional fue coincidente con una sentencia previa, por lo que le dio la razón.

La Sala Superior del TEPJF explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los jueces de distrito corregir sus sentencias, lo que las dejó improcedentes en materia electoral. También indicó que debido a que las sentencias que emitía eran definitivas e inatacables, nunca se suspendió el proceso de elección judicial y siguió su curso, como lo preveía la Constitución.

“El TEPJF es la máxima autoridad en materia electoral y así fue reconocido por la SCJN. Asimismo, confirma que el amparo no procede en materia electoral, tal como ha sostenido este órgano jurisdiccional”, dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un comunicado.

“Es necesario señalar que la SCJN ordenó a los jueces de distrito corregir sus propias sentencias, tomando en cuenta lo razonado en la sesión de su Pleno; es decir, que las suspensiones no proceden en materia electoral”, expuso el TEPJF.

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aclaró que, como erróneamente habían considerado otras instancias, incluida la SCJN, no revocó las suspensiones de los jueces, sino que aplicó lo previsto en el artículo 41 constitucional, donde se establece que en materia electoral no proceden los amparos.

Por último, la Sala Superior del TEPJF reiteró que continuaría actuando como la máxima instancia en materia electoral y no admitiría intervenciones de otra autoridad judicial.

Esta situación se generó debido a las presuntas agresiones verbales que los empleados reciben de los usuarios cuando no reciben atención médica ni medicamentos, lo que motivó la solicitud a la Coordinación Estatal.

En el documento, la Coordinación Estatal de IMSS-Bienestar indicó que se mantienen gestiones permanentes con las instancias administrativas correspondientes para atender las necesidades del hospital y garantizar la operatividad ordinaria de los servicios de salud en la unidad hospitalaria.

Se aclaró que la institución beneficia a personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social.

Sin embargo, la Coordinación aclaró que cualquier acción unilateral que impida o suspenda la atención a pacientes pone en riesgo la salud y la vida de quienes acuden a los servicios, lo que generaría consecuencias graves para la población.

En este sentido, el cese de los servicios de consulta externa tendría un impacto inmediato e irreversible para los usuarios que dependen del Hospital General de Ensenada, lo que vulneraría el derecho a la salud consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Coordinación Estatal aseguró que todos los servicios del hospital continuarán operando de manera ordinaria, y que se dará continuidad a la atención para resolver cualquier problema que se esté presentando en la unidad médica.

Finalmente, advirtió a la planta trabajadora que contravenir esta directriz podría constituir una violación de la Ley General de Salud, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud.

El anuncio ocurre 926 días después del derrumbe del 3 de agosto de 2022, que dejó atrapados a 10 mineros, dando inicio a las labores de rescate.

En un comunicado se apuntó que la recuperación de los cuerpos fue un trabajo coordinado por las instituciones que integran el Comando Unificado de El Pinabete.

El cual está integrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza (FGEC), quienes garantizaron en todo momento la seguridad del equipo de rescate y el cumplimiento del Protocolo para la Recuperación de Hallazgos Biológicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a cumplir la promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) de entregar los restos de los mineros atrapados a sus familias.

Los primeros dos cuerpos se encontraron el 28 de diciembre de 2023, tras más de 500 días del accidente, cuando ‘El Pinabete’, en el municipio carbonífero de Sabinas, de Coahuila, se inundó tras un derrumbe de la mina contigua abandonada llamada ‘Conchas Norte’.

Tras el incidente en la mina, que ha sido señalada por no contar con los permisos y regulaciones en la materia, López Obrador prometió recuperar los cuerpos meses inmediatos después del derrumbe, pero tiempo después el mismo mandatario pronosticó que el proceso se prolongaría hasta 2024.

El derrumbe en ‘El Pinabete’ reactivó la polémica en México por la actuación de las mineras en la región carbonífera, donde se han registrado más de 100 muertes de personas dedicadas a la minería, según la Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de fallecidos en la mina de ese nombre.

En la mina Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, tras un derrumbe, quedaron atrapados 65 mineros. El pasado 26 de julio el Gobierno mexicano informó de la identificación del primer cuerpo rescatado en esta mina.

Todos los sujetos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones pertinentes y definir su situación legal.

La SSPC precisó que la detención ocurrió, primero, cuando interceptaron a tres sujetos, a quienes les hallaron un arma de fuego.

Sin embargo, en el domicilio en el que se resguardaron, las autoridades detectaron a otra persona que intentó huir en un vehículo, le confiscaron un arma de fuego corta y cartuchos.

De igual forma, las autoridades encontraron dentro del inmueble el cadáver de una persona y otras tres personas fueron detenidas.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno mexicano, en Guanajuato se registraron cerca de 3 mil homicidios dolosos en 2024.

Desde 2018, Guanajuato es el que concentra la mayor cantidad de homicidios en el país, y según las autoridades locales, nueve de cada 10 guardan algún vínculo con el crimen organizado.

El CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas de México y el Gobierno de Estados Unidos está por incluirla en su lista oficial de organizaciones terroristas, según reportó el jueves The New York Times.