Un presunto asaltante fue abatido por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) enla  Avenida de los Insurgentes y su cruce con Félix Cuevas en la Colonia Tlacoquemecatl del Valle.

Según una tarjeta informativa, el personal de seguridad se encontraba realizaban recorridos preventivos cuando se percató que un hombre y una mujer forcejeaban, mientras ella pedía apoyo.

“Al percatarse de la presencia de los policías, el probable responsable que portaba un arma de fuego en sus manos, apuntó hacia ellos y los agredió verbalmente por lo que, al ver en riesgo su vida, un uniformado realizó disparos lo que provocó que el sujeto perdiera la vida”, se informó.

Al frustrar el intento de asalto, se desató una balacera y tras las maniobras fue asegurada un arma de fuego tipo subametralladora de fabricación casera.

Posteriormente, los elementos resguardaron a la víctima, una ciudadana de 40 años de edad, que fue atendida por paramédicos que llegaron al punto y quienes la diagnosticaron con laceración en la cabeza por cristales, sin requerir traslado hospitalario.

Además, fue orientada a presentar su denuncia formal ante las autoridades ministeriales.

“De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público quien realizará los servicios periciales e integrará la carpeta de investigación del caso, además, los policías se presentaron ante la autoridad para rendir su declaración; mientras que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya tomó conocimiento y colaborará con las autoridades para las indagatorias que deriven de los hechos”, se agregó.

Las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron las reformas las reformas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que le permitirán a la institución construir y arrendar viviendas mediante la creación de una empresa filial.

El proyecto fue aprobado en comisiones en los términos que lo envió la Cámara de Diputados, que lo aprobó el pasado 1 de febrero, por 18 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.

Los senadores acordaron que las reservas que tengan los grupos parlamentarios serán discutidas en el Pleno, previsiblemente este jueves.

El morenista Manuel Huerta defendió la reforma, al señalar que busca romper el esquema de “lucro y depredación” de inmobiliarias e instituciones financieras, que al amparo de la administración pública “del viejo régimen” generaron créditos impagables.

Mientras que la oposición acusó al oficialismo de pretender arrebatarles a los trabajadores sus ahorros. La panista Mayuli Martínez dijo que la empresa filial que se supone que va a construir vivienda no podrá ser revisada por la Auditoria Superior de la Federación y tampoco cuenta con reglas de transparencia para su actuar.

Los aranceles del 25% al acero y al aluminio anunciados el lunes por el presidente estadounidense Donald Trump se sumarán a los del 25 % sobre los bienes mexicanos y canadienses ya impuestos pero en suspenso durante un mes, confirmó el miércoles a la AFP la Casa Blanca.

Si las tarifas impuestas a Canadá y México para incitarlos a controlar la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo entran en vigor el 1 de marzo, el acero y el aluminio producidos por los dos países serán gravados en total con un 50 % a partir del día 12 de ese mes, precisó la fuente.

Su homólogo canadiense, Dominic LeBlanc, estará en Washington el miércoles y abordará el tema con el principal asesor económico de Trump, Kevin Hassett, y el futuro secretario de Comercio, Howard Lutnick.

“No creemos que los aranceles sean la solución correcta, así que no vamos a hacer nada hasta que los estadounidenses tomen su decisión final”, declaró a periodistas.

Trump impuso el 1 de febrero aranceles aduaneros del 25 % a todos los productos procedentes de Canadá y México pero los suspendió dos días después durante un mes para darse tiempo para negociar un acuerdo y a la vista de las primeras medidas adoptadas por sus vecinos.

En 2024, México fue el país de Latinoamérica en el que asesinaron a más periodistas al registrar cinco homicidios, tres más que en 2023, de acuerdo con el más reciente informe del Comité de Protección de Periodistas (CPJ).

México se ubica dentro de los 10 países más letales para ejercer el periodismo junto con Sudán, Pakistán, Siria e Irak. No solo eso, también está entre los 10 países del mundo con peor historial de impunidad.

De acuerdo con su informe, el nivel de impunidad refleja el sistema de justicia de México y sus deficiencias ya en que muchos casos las autoridades no investigan a los sospechosos, ni los motivos de los asesinatos, por lo que los responsables siguen libres, sin ser identificados y sin rendir cuentas.

Después de entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) los listados definitivos con 4 mil 223 candidaturas a las elecciones judiciales del próximo 1o de junio, el senador Gerardo Fernández Noroña despotricó contra los "ministros facciosos" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y adelantó que no acatará las órdenes del máximo tribunal de justicia en caso de aprobarse el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

"La Corte es intrascendente, se condenó a la intranscendente al violar la Constitución", aseveró el legislador, especialista de la polémica; quien agregó: "no es un desacato: lo que determinan es ilegal (...)  La Corte puede decidir que el sol no salga mañana, y el sol la va a desacatar".

Una juez federal en el estado de Morelos rechazó ordenar la liberación inmediata de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

La juez Séptimo de Distrito en el estado de Morelos, Tania Gómez Ibarra, negó la suspensión definitiva solicitada por la defensa de González Valencia en el amparo que tramitó alegando la retención ilegal de su cliente en el penal femenil Cefereso 16 de Morelos.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados detectó fallas técnicos en la solicitud de desafuero que la Fiscalía de Morelos presentó contra Cuauhtémoc Blanco, legislador de Morena acusado de presuntamente haber agredido sexualmente a Nidia Fernanda, familiar suya y exfuncionaria de su gabinete cuando fue mandatario morelense.

Una vez que se atiendan los problemas, se espera que el próximo miércoles 19 de febrero comience el análisis del caso de desafuero contra el diputado morenista.

Hugo Eric Flores rechazó estar sometido a algún tipo de presión y reiteró que, una vez subsanados los errores técnicos en la solicitud de desafuero, se procederá a analizar el caso.

La organización Artículo 19 reprobó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de no aplicar los protocolos de investigación en el caso del asesinato de Calletano de Jesús Guerrero, periodista y subdirector del medio Global México.

En un comunicado, Artículo 19 acusó a la dependencia de realizar una campaña de desprestigio al periodista, pues en un boletín informativo asegura que utilizan un discurso “criminalizante”.

“Reprueba la campaña de desprestigio y discurso criminalizante por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra del comunicador, su familia, y su medio de comunicación. Así mismo, llama a los medios de comunicación a aproximarse a este caso con una visión ética, de derechos humanos y de protección a las víctimas”, exhortó la organización.

“Articulo 19 señaló en el informe sexenal que la estigmatización por medio de comunicación oficial y la criminalización se documentaron en 242 casos (7.09% del total). En el caso de Calletano, la Fiscalía del Estado de México expone como causante de su muerte el presunto vínculo entre uno de sus hijos con integrantes de un grupo de crimen organizado. De acuerdo a la entrevista con un integrante de Global México:

‘Uno de los hijos de Calletano está sentenciado por un robo, el cual estaba físicamente imposibilitado de realizar, por lo que rechazamos que haya sido parte. Sin embargo, fue imputado y sentenciado a pesar de severas irregularidades dentro del proceso. Para nosotros, el comunicado de la fiscalía y ésta acusación se origina en represalia a las publicaciones de Global México sobre corrupción de funcionarios públicos municipales y del Estado de México’

El pleno de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), removió a los dos funcionarios señalados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de extorsión.

Por decisión unánime, el pleno determinó el cese de los funcionarios acusados de extorsión, por lo que se acordó la remisión tras el resultado de la investigación que se realizó a partir de la revelación del delito.

Este municipio se ha convertido en la capital del “gaschicoleo”. En la demarcación han proliferado las llamadas “gaseras clandestinas”, negocios irregulares que venden el gas licuado de petróleo (LP) que grupos criminales roban a las empresas legalmente registradas. Denuncias de este gremio ante la Fiscalía del Estado de México detallan que durante las dos administraciones del exalcalde morenista Fernando Vilchis este millonario negocio ilícito se incrementó exponencialmente.

Los actos de corrupción escalaron a tal nivel que la actual alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, también morenista, ha querido regular esas gaseras clandestinas, pero no puede, pues los sobornos alcanzaron a funcionarios de primer nivel en ese lugar. Apenas en enero pasado, la alcaldesa solicitó el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez para resolver este grave problema que le heredaron a su administración, pero la mandataria estatal tampoco ha atendido sus demandas.

El exgobernador interino de Chiapas, Willy Ochoa Gallegos, divulgó este miércoles una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde señala al también exmandatario Rutilio Escandón Cadenas, actual Cónsul General en Miami, de ser una amenaza para esa ciudad y el estado de Florida, por sus nexos con el narcotráfico. 

El exaspirante por el PRI al senado de la república acusó que la administración del morenista Escandón Cadenas estuvo marcada por “la negligencia, la omisión y preocupantes vínculos con el crimen organizado”.

El hombre asesinado, el 20 de abril de 2023, durante un ataque armado que se registró al interior de una cafetería Starbucks, ubicada en el centro comercial Plaza Carso, en zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, pertenecía al Cártel de los Arellano Félix, organización delictiva para la cual trabajaba como sicario.

Fuentes confirmaron al semanario ZETA, que el sujeto se llamaba Julio César Soto Meza o César Meza Soto, alias “El Chuko” o “Güero”, quien tenía pugnas con integrantes del Cártel de Sinaloa (CDS) en la zona de Los Pinos y Sánchez Taboada, colonias de la ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Un juez federal frenó, el 12 de febrero de 2025, la extradición a Estados Unidos de Mauro Alejandro “N”, alias “El Jando”, el piloto aviador civil, arrestado el día sábado 8 del mismo mes y año, en la Sindicatura de Jesús María, en Culiacán de Rosales, Sinaloa, y quien según dijo Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dos días antes, tuvo que ver en el secuestro en esa entidad y posterior traslado por la fuerza a EE. UU., de Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”.

Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió una suspensión de plano al quejoso, misma que impedía que se llevara a cabo, por el momento, su extradición, deportación o destierro a Estados Unidos, además de que ordenaba no “El Jando” no fuera sometido a malos tratos.

Si una exigencia ha dejado clara el Presidente de los Estados Unidos a la mandataria mexicana es el combate a los cárteles de la droga, y de manera muy particular, al tráfico de fentanilo de la República Mexicana hacia tierras norteamericanas, donde el fenómeno desemboca en una mortal adicción que deja cientos de miles de muertos cada año.

Donald Trump, desde la campaña por la Presidencia que ganó en noviembre de 2024, centró gran parte de su narrativa en las desventajas y la problemática interna en la Unión Americana a partir de la migración, situándola más en la criminalidad que en la oportunidad laboral. Adelantó, entonces, lo que concretaría: aumentaría los aranceles a insumos y productos para la importación a su país con un 25 por ciento.

Tal estrategia ya le había funcionado en 2019, cuando el pico de la adicción al fentanilo y la letalidad de estas pastillas azules superó en los Estados Unidos los cien mil muertos, y aunque gobernaba México el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la estrategia de Trump de amenazar con subir los aranceles si el Gobierno de México no colaboraba para detener el flujo migratorio de Centroamérica que atravesaba el país hasta llegar a los Estados Unidos, entonces López Obrador cedió en dos medidas: envió a 28 mil Guardias Nacionales a proteger y evitar la internación de migrantes centroamericanos en la frontera sur del país, y convirtió a las fronteras mexicanas con los Estados Unidos en zonas de tercer país, es decir, para recibir y albergar a aquellos migrantes que independientemente de su nacionalidad estén a la espera de la resolución de la Unión Americana, de concederles o no, asilo, refugio o visa humanitaria.

Con el éxito obtenido en el pasado, en su segundo periodo al frente del Gobierno de los Estados Unidos, no cambió la estrategia, y una vez más vertió la amenaza del alza en los aranceles, si México no cooperaba, pero en el 2025, no se conformó con detener la migración, agregó el tema del combate al narcotráfico, que ciertamente, en el sexenio anterior en el país, estuvo abandonado en favor del crecimiento y la proliferación de los cárteles de la droga.

Esta vez, Trump amenazó con el alza del 25 por ciento en los aranceles a México, y una vez más, aun con otra ocupante en Palacio Nacional, logró su cometido: la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió 10 mil soldados a la frontera norte de México (sur de los Estados Unidos), para labores de supuesta contención de los cárteles, las células criminales y los traficantes de droga hacia el vecino país.

Tal acuerdo entre mandatario norteamericano y dignataria mexicana tuvo como resultado la pausa, por un mes, del decreto para aumentar a los productos e insumos mexicanos el arancel al 25 por ciento.

Si se considera que en 2019 Trump logró 28 mil soldados mexicanos para “proteger” la frontera sur del país, y además convertir a México en “tercer país seguro”, los 10 mil soldados provistos por la Presidenta en la frontera norte del país podrían parecer una bicoca… a menos que haya algo más que, por razones de seguridad nacional, no se haya hecho público. Por ejemplo, el contundente final de la política de abrazos, no balazos, y a cambio la implementación de una estrategia real de combate a los cárteles de la droga y, específicamente, a la producción, distribución y tráfico de fentanilo.

Pero cuando las cosas parecen medio avanzar bien, con el envío de soldados mexicanos, el decomiso de fentanilo, metanfetamina y otras drogas químicas por parte de autoridades del país, y el congelamiento del decreto del incremento de los aranceles a los productos e insumos de origen mexicano, viene la Presidenta y se deja ver en público, en un acto solemne, de riguroso protocolo y seguridad, con el General Salvador Cienfuegos, quien durante el sexenio anterior, el encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprehendido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, liberador en una acuerdo diplomático de López Obrador, exonerado por la Fiscalía General de la República, y congelado en el ostracismo por el exmandatario nacional.

A ver, al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario General de la Defensa Nacional en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, lo detuvieron en octubre de 2020 (al final del primer periodo de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos), por una investigación del Departamento de Estado que lo relacionaba con los cárteles de la droga en México.

Específicamente al General Cienfuegos lo vincularon en las investigaciones de los Estados Unidos con el cártel de los Beltrán Leyva; en un expediente citaron conversaciones que presuntamente tuvieron integrantes de esa organización criminal, Daniel Silva Gárate, el H9, y el tío de este, Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, con el General Cienfuegos, a quien identificaban en el cártel con los alias del Padrino y/o Zepeda, sobre la protección que el militar brindaba y brindaría a los cabecillas del cártel Beltrán Leyva. Las comunicaciones, a saber, de acuerdo al expediente norteamericano, fueron grabadas.

Con la indagación de los Estados Unidos consignada en un legajo del Departamento de Justicia, en 2020 fue detenido llegando al aeropuerto internacional de Los Ángeles, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, y a pesar que en un inicio el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo leña del árbol caído, señalando que provenía del sexenio de Enrique Peña Nieto, no tardó en “entrar en razón” y recular a favor del militar.

Semanas de negociaciones entre Ciudad de México y Washington concluyeron con la liberación, en enero de 2021, del General Cienfuegos Zepeda, preponderantemente por un acuerdo diplomático entre ambos gobiernos, y la promesa del mexicano, de investigar al militar en la Fiscalía de la República y con las leyes mexicanas.

Sin embargo, más tardó en pisar suelo mexicano el General Cienfuegos que en ser exonerado por la FGR que entonces y todavía, titula Alejandro Gertz Manero. El 14 de enero de 2021, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada informaría que no ejercerían acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional, porque no habían encontrado pruebas en su contra. Básicamente, que, a diferencia de lo consignado en el expediente de los Estados Unidos, el General no había sostenido ni encuentro ni comunicación con algún grupo delictivo. Y el tema, hasta ahí llegó.

Cienfuegos fue consignado al ostracismo militar, político y público. En el resto de la administración de López Obrador no se le volvió a ver de protagonista de manera pública… hasta el 9 de febrero, cuando apareció muy cerca de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras que la mandataria nacional encabezó la Marcha de la Lealtad.

La Presidenta justificó así la presencia del exsecretario de la Defensa Nacional: “…estuvo el General Cienfuegos porque hay protocolos en el Ejército. Ayer se celebró la Marcha de la Lealtad y se acostumbra invitar a todos los generales que fueron directores del Colegio Militar. Entonces, asistió porque es protocolo que asistan todos los directores del Colegio Militar. No vimos razón porque no se cumpliera ese protocolo”. Sin embargo, no estuvo presente, o al menos no de manera visible, en las celebraciones que, del mismo acto, hizo el expresidente López Obrador.

Que la Presidenta Sheinbaum haya incluido a Cienfuegos en su primera Marcha de la Lealtad es una acción temeraria frente a una autoridad extranjera, al Gobierno del vecino país, que la ha llevado a acuerdos para combatir a la criminalidad organizada, y que, precisamente, poco más de cuatro años atrás, detuvieron al militar por presuntamente hacer lo contrario.

Ahora sí que la Presidenta está jugando con fuego, o con cien, con su aval a ciegas sobre el polémico General Salvador Cienfuegos que en su primer Gobierno Trump capturó y soltó dejándole un problema a su némesis demócrata Joe Biden, tan sólo para que ahora el polémico asunto de Cienfuegos se le regrese al inquilino de la Casa Blanca, de pie, con su uniforme militar, hombro con hombro con la indescifrable Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.