La Comisión de Defensa Nacional, presidida por el Diputado Ricardo Villarreal García del Partido Acción Nacional (PAN), acordó reunirse con Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para responder los cuestionamientos acerca del “hackeo” que sufrió la dependencia.

Los indicadores reflejan el desempeño y la amplia aceptación que mantiene el Gobierno de la Ciudad de México a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con diferentes encuestas e información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), presumió por su Cuarto Informe de Gobierno.

El Índice de Confianza, presente en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, reveló que la población capitalina pasó de apenas un 14.4 por ciento en 2017 a un 48.2 por ciento en el año 2021. Lo mismo sucede con la percepción ciudadana sobre la corrupción en el Gobierno de la CdMx, la cual mejoró en más de veinte puntos dentro del mismo periodo.

Las autoridades no descartan un móvil relacionado con una venganza o con un asunto de tipo político en el asesinato de Gabriela Marín Sánchez, Diputada local de Morelos, informó la mañana de este jueves Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Fiscalía General de Guerrero inició una carpeta de investigación contra quienes resulten responsables por los ataques ocurridos en San Miguel Totolapan, donde 20 personas resultaron muertastras un enfrentamiento entre grupos criminales.

La Secretaría de la Defensa Nacional tiene en sus archivos contratos, pólizas, pagos y otros documentos con empresas de la red Pegasus en México que no ha aceptado dar a la ciudadanía mediante solicitudes de transparencia, a la Fiscalía General de la República para investigaciones criminales ni a la Auditoría Superior de la Federación, en sus observaciones a la cuenta pública. 

Los archivos no se hicieron públicos pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al gabinete de seguridad un ejercicio de transparencia.

Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad pública federal, informó la mañana de este jueves que ya van 20 personas muertas por el ataque que perpetró un grupo armado la tarde de ayer en el Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, en Guerrero.

Tatiana Clouthier Carrillo dejará desde este jueves la titularidad de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno federal, informó esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha prendido las alertas de las autoridades federales. La Fiscalía General de la República (FGR) dejó ver que irá por el exgobernador de Tamaulipas —a quien se le acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal— al pedir una alerta migratoria para evitar que se fugue, como lo solicitó desde días pasados el propio Gobernador Américo Villarreal Anaya.

A la lista de tareas civiles de las Fuerzas Armadas hay que incluir la redacción de leyes y reformas constitucionales.

El Ejército, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, presentó el 1 de julio de 2022 a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal un plan A y un plan B de reformas en materia de la Guardia Nacional, de acuerdo con documentos obtenidos por los hacktivistas de Guacamaya, en la mayor filtración de información en la historia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Cuando era gobernador de Tabasco, el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entregó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal a tres hombres que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste identificó como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se refirió incluso a uno de ellos como “supuesto líder” del grupo en Tabasco: Hernán Bermúdez Requeña, quien permanece al frente de la SSPC.

Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, refleja el dominio de cada una de las organizaciones delictivas relacionadas con la droga en el Estado de México y la capital del país, sus mecanismos de transporte y el número de narcotienditas existentes y su forma de operación.

Gabriela Marín, diputada local en Morelos, fue asesinada por hombres armados en Cuernavaca, capital de la entidad, informó la tarde de este miércoles la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

El cólera nuevamente encendió las alarmas en el mundo. El jefe del equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) enfocado en esta infección y otras enfermedades diarreicas, Philippe Barboza, alertó el viernes pasado que, después de años de disminución, hubo un aumento preocupante en el número de casos, con 26 países con brotes en lo que va de 2022. En este contexto, el gobierno mexicano levantó controles sanitarios para ciertos alimentos.  

Las autoridades mexicanas anunciaron este lunes que algunas empresas podrán ingresar, producir y distribuir alimentos como huevo, pollo, carne de res y cerdo, pescado y tortilla sin pasar por ningún control sanitario. La medida entrará en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y es parte de las acciones contra la inflación.

El hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por parte del colectivo Guacamaya, puede tener costos económicos, políticos pero, sobre todo, puede cobrar vidas humanas, advirtió Luis Miguel Dena Escalera, CEO de Cyber Black y especialista en seguridad cibernética.

La semana pasada se dio a conocer el hackeo de más de 4 millones 144 mil correos electrónicos internos y externos de la Sedena, enviados entre enero de 2010 y hasta el pasado 3 de septiembre.

Durante los primeros días del nuevo gobierno estatal de Quintana Roo emanado de Morena, reporteros de la isla de Cozumel han registrado amenazas, agresiones físicas y la quema de un vehículo perteneciente a un periódico.

Los hechos han sido reportados por medios de comunicación de aquella entidad y denunciados ante la autoridad ministerial, a Derechos Humanos y notificadas a organizaciones no gubernamentales de defensa de periodistas.

La Secretaría de la Defensa Nacional se dio a la tarea de “proteger” la actividad económica en el conflictivo estado de Guerrero de tres principales agrupaciones: organizaciones delictivas, grupos de autodefensas y el “activismo social”, incluyendo “el Comité de Padres de Familia de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa”.

La Sedena también elaboró informes de seguimiento sobre las investigaciones en curso sobre la desaparición forzada de los estudiantes –especialmente sobre la participación de los militares– e hizo fichas sobre el Comité Estudiantil “Ricardo Flores Magón”, formado por normalistas, y sobre el Comité Estudiantil de la Escuela Normal Regional de la Montaña “José Vasconcelos”.

Los esquemas de subcontratación que empleaban empresas para evitar el pago de aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) generó pérdidas al Instituto por 300 mil millones de pesos, afirmó su director Zoé Robledo.

Durante la inauguración de la Reunión Anual de Industriales 2022 que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), celebrada en Guanajuato, Robledo destacó que este esquema de tercerización del empleo también generaba condiciones de competencia desleal.

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que se enteró de la orden de captura en su contra mediante un comunicado de laSecretaría de Gobernación.

En su cuenta de Twitter, el panista dijo que “al gobierno le urgen distractores” y exigió que se deje de perseguir a “opositores”.

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh) advirtió que, de confirmarse la designación de un nuevo Fiscal para el caso Ayotzinapa, habría un “enorme retroceso” en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

A través de sus redes sociales, el Centro Prodh , una de las organizaciones que acompañan a madres y padres de los normalistas, compartió tres razones por las que no es conveniente cambiar a Omar Gómez Trejo, quien estaba al frente de la investigación desde 2019, antes de su renuncia.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de la Defensa Nacional negaron que realicen espionaje contra periodistas y activistas, a pesar de las pruebas, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) afirmó que la Sedena no ha desmentido la investigación sobre “Ejército espía”, que se publicó este fin de semana.

Señaló que la dependencia federal no ha refutado dos hechos comprobados con diversos documentos. El primero, la existencia del contrato entre la Sedena y Comercializadora Antsua DN-10 SAIT-1075/P/2019 -celebrado en abril de 2019- para la prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, como lo revela el Oficio SGE-3335 dirigido al secretario de la Defensa Nacional.