Edgar Torres Garrido, exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionado a irregularidades en la compra de la planta de fertilizantes de Grupo Fertinal; y cercano a Emilio Lozoya Austin, falleció en su domicilio víctima de un aparente infarto.

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las autoridades de seguridad y justicia del país reportan cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de aprehensión canceladas, 121 absoluciones y todavía ninguna sentencia, lo que ha provocado nuevas protestas en torno al caso.

Las críticas de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de sus compañeros, se intensificaron a raíz de que el pasado 18 de agosto el gobierno federal presentó los resultados preliminares del informe de la Comisión de la Verdad para estos hechos, en el que se concluyó que la desaparición “constituyó un crimen de Estado” y que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”.

La liberación de Tito Delfín Cano exalcalde de Tierra Blanca, Veracruz, estaba prevista para realizarse la madrugada del sábado pero, a punto de abandonar el reclusorio fue reaprendido por un delito ambiental.

El político panista, aspirante a la dirigencia estatal de ese partido, fue detenido por hechos de corrupción presuntamente cometidos durante su gestión realizada entre 2011 y 2014.

Un capo del cártel de Los Zetas identificado como Alfredo Alemán, y quien operaba acciones delictivas en el estado de San Luis Potosí, fue detenido en el municipio de García, Nuevo León, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El también llamado Comandante Alemán fue aprehendido por elementos del Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, la noche del 22 de septiembre en el fraccionamiento Montenova, sin que se registraran disparos.

Cuando falta menos de una semana para la toma de protesta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció en favor de validar el triunfo del morenista  Américo Villarreal, en los pasados comicios de gobernador, al desechar la impugnación del PAN, que lo relacionaba con grupos del crimen organizado.

En el proyecto de resolución SUP-JRC-101/2022 difundido el domingo, el magistrado Jorge Luis Vargas Valdez propondrá en la sesión del miércoles avalar los comicios celebrados el pasado 5 de junio, cuando Villarreal Anaya derrotó a César Verástegui Ostos, de Acción Nacional.

José Antonio Cedano Bueno, músico de 24 años de edad, fue hallado muerto en el municipio de Guaymas, Sonora.

El sábado 24 de septiembre, el joven fue sacado de su domicilio por un grupo armado, acción que fue reportada por sus familiares ante las autoridades.

La revisión del amparo y protección que un Tribunal Unitario concedió al narcotraficante Jesús Héctor Palma Salazar en contra del único proceso penal que lo mantiene preso acusado por delincuencia organizada será remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

Así lo informaron a ZETA fuentes de un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, y que desde el mes de abril de 2022 conocía del recurso del Ministerio Público de la Federación para revertir la resolución que podría regresarle la libertad al ex miembro del Cartel de Sinaloa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en el caso Ayotzinapa se cancelaron 21 órdenes de aprehensión, de las cuales 16 son miembros del Ejército Mexicano, porque no aparecieron en el informe de la Comisión para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa).

El papel de algunos militares tanto en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, como en la ocultación de lo ocurrido y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, están en el centro de un caso que ha generado conmoción en México y el exterior.

La Comisión de la Verdad, una entidad oficial creada en el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en agosto que se trató de un “crimen de Estado”, y documentos que obtuvo apuntan a que fueron militares los que ordenaron matar a algunos de los jóvenes y quienes manipularon y escondieron parte sus restos, indicios que la fiscalía ahora debe investigar.

El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila le negó la suspensión definitiva a Cristian Solís Arriaga, contra la orden de aprehensión que se haya librado en su contra. Es uno de los operadores y responsable de explotar el pozo minero de El Pinabete, en cuyo derrumbe murieron 10 trabajadores.

Solís Arriaga promovió el recurso el pasado 7 de septiembre, cuatro días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control libró tres mandamientos de captura dentro de la causa penal 237/2022. Por ello, el impartidor de justicia le había concedido la suspensión provisional y en ese entonces le fijó el pago de una garantía de 500 mil pesos para que la suspensión se mantuviera vigente.

Las diputadas representantes del PRI en el Congreso de Sonora, Karina Zárate y Elizabeth Sallard, se sumaron a Morena tras renunciar al partido que las postuló para ser parte de la actual Legislatura.

Con la integración de ambas diputadas, el grupo parlamentario de Morena suma 16 diputados y el PRI se queda sin ningún representante en el Congreso local.

La Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República (FGR) inició una nueva carpeta de investigación por presunta tortura cometida en contra del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, que aún se encuentra privado de la libertad en la Comisaria de Sentenciados del Estado de Jalisco.

La indagatoria fue abierta por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula B-IX-5, Guadalajara, en respuesta a la vista que recibió del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco por la presunta tortura psicológica denunciada por María Teresa Vallejo Pérez, abogada del ex líder del Cártel de Guadalajara.

El amparo tramitado por Mario Aburto contra la sentencia de 45 años de prisión que le fue impuesta por el homicidio del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, no será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ninguno de los ministros integrantes de la Primera Sala de la Corte aceptó hacer suya la petición presentada por Aburto, con la que buscaba que fuera el Máximo Tribunal quien definiera si es posible o no revocar la sentencia emitida en su contra desde el 22 de diciembre de 1994 por el Tribunal Unitario Especializado en materia Penal del Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez.

El administrador del medio “Chiapas denuncia ya”,  Roberto Flores, fue denunciado como desaparecido ante la Fiscalía General de Chiapas el pasado 20 de septiembre. En redes sociales se compartió su ficha de desaparecido y usuarios exigieron la aparición con vida del periodista.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este lunes que en julio de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 0.4 por ciento a tasa mensual.

A través de un comunicado, el organismo detalló que por componentes y con datos ajustados por estacionalidad, la variación mensual, en julio de 2022, fue la siguiente: las Actividades Primarias incrementaron un 0.8 por ciento, mientras que las Secundarias y Terciarias, 0.4 por ciento.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que no se llamará “consulta” el ejercicio que se realizará para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

Además, en su conferencia de prensa matutina anunció que este ejercicio se llevará a cabo en enero de 2023 y reiteró que no contará con la participación del Instituto Nacional Electoral (INE). Por el contrario, adelantó que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentará mañana un programa para realizar este mecanismo.

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) acudirá, el 27 de septiembre del 2022, al Salón Tesorería del Palacio Nacional, para dar a conocer detalles de la consulta popular respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, misma que se llevaría a cabo en enero del 2022, según lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño adelantó que el funcionario federal dará a conocer los términos del ejercicio que no se llamará “consulta”, además de que reiteró que no será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), sino por la Secretaría de Gobernación.

Al entrar al Campo Militar Número Uno, Antonia Morales Serafín cargaba en la bolsa un vestido rosa tejido del tamaño de una muñeca. Lo llevó por si encuentra a su papá, a quien desaparecieron ahí cuando ella tenía ocho meses, para que él la reconozca ahora que tiene 49 años. Al ex detenido Juan Manuel Hernández la misma visita le revivió el tiempo que estuvo “muerto en vida: en un sótano, un año de torturas”. El ex guerrillero Armando Otto Gaytán reconoció el paisaje que veía desde una ventana los 10 meses de 1979 que vivió en ese sitio, junto a personas que nunca volvieron a ser vistas con vida.

Durante los tres días que, por orden presidencial, fueron admitidos al campo militar -que es emblema de la represión, la tortura y la desaparición forzada-, y acompañados de militares recorrieron sus instalaciones, al grupo de 61 personas invitadas a la inspección, familiares de personas ahí desaparecidas y sobrevivientes de las detenciones, se les atragantaron los recuerdos.

Defensores del territorio yoreme en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, recibieron amenazas anónimas por oponerse a la construcción de una planta capaz de producir 2200 toneladas métricas por día de amoniaco anhidro, denunció Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional indígena de Ohuira.

Montaño explicó que las amenazas fueron recibidas el pasado 11 de septiembre, cuando se llevó a cabo una consulta sobre las actividades de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO). El secuestro de una de las mujeres defensoras de Topolobampo formó parte de las amenazas, señaló.