Un juzgado federal determinó que fue “legal” la detención de 167 integrantes del grupo armado Pueblos Unidos —entre ellos tres menores de edad—, ocurrida el pasado fin de semana en las inmediaciones de la comunidad Tiamba, municipio de Uruapan.

Sin embargo, será hasta el próximo lunes 21 cuando se decidirá si existen elementos suficientes para la vinculación a proceso de 164 de los imputados, luego de que la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional por 72 horas más, mientras que a los tres menores ya se les dictó la vinculación a través del sistema de justicia para adolescentes, pero no se les dictó prisión preventiva.

Dos civiles integrantes de una célula delictiva murieron en un enfrentamiento que sostuvieron con elementos de la policía estatal Fuerza Civil, en el municipio de Anáhuac, 220 kilómetros al norte de la capital.

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del estado, especialistas de inteligencia de la corporación localizaron el asentamiento de un grupo de personas armadas, en ese municipio fronterizo con Texas.

A pocas horas de que, en Tijuana, Baja California se lleve a cabo la Mesa de Seguridad y Paz encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, este municipio fronterizo registró en menos de 24 horas 15 homicidios dolosos.

De acuerdo a registros estadísticos de la Fiscalía General del Estado, reportados en la plataforma del centro nacional, la cifra más alta de víctimas dolosas se documentó el 12 de marzo del presente año con 14 homicidios, mientras que ayer fueron 15 masculinos y una femenina, quienes fueron privados de la vida en distintos hechos.

Un total de 21 mandatarios estatales -en funciones y electos, militantes o afines al partido Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador-, integrantes del grupo auto denominado ‘Gobernadoras y Gobernadores de la 4ta Transformación”, manifestaron, la noche del 17 de agosto del 2022, su respaldo a su homóloga de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien fue acusada por el senador Jaime Bonilla Valdez, de supuestos pactos con el crimen organizado.

“Manifestamos nuestra solidaridad con nuestra compañera Marina del Pilar Ávila Olmeda y rechazamos cualquier acusación de complicidad con la delincuencia, venga de donde venga, como la expresada por el senador Jaime Bonilla”, señalaron los mandatarios estatales, a través de un desplegado, en el cual reconocieron, también, el “trabajo honesto” del Gobierno Federal para defender a la población.

En la mina El Pinabete, se ampliarán los estudios de geofísica para determinar las características del interior de la mina, con el fin de mejorar la estrategia para rescate de los mineros, ello, debido a que el gobierno mexicano permitió el acercamiento con empresas de Alemania y Estados Unidos para contar con una segunda opinión sobre los mecanismos para lograr rescatar a los 10 mineros atrapados desde el pasado 3 de agosto.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el día 16 de agosto iniciaron nuevos estudios en el subsuelo con la finalidad de aumentar el conocimiento del interior de la mina El Pinabete y contar con un mapa detallado.

Supuestamente por órdenes de la organización criminal el Cártel de la Sierra o “Los Tlacos”, el precio de la tortilla pasó de 23 a 21 pesos en Iguala, Guerrero.

Desde el lunes de la semana pasada, en los mostradores de las tortillerías de Iguala se leía un letrero con el anuncio a los consumidores de que a partir del 15 de agosto ese sería el precio de la tortilla.

El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa, rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa para que cooperara en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, informó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Encinas dio a conocer este jueves en conferencia de prensa que la Comisión de la Verdad sostuvo un encuentro con Zerón de Lucio los días 16 y 17 de febrero pasado, en la cual, le ofrecieron un “criterio de oportunidad que no aceptó”.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró al soldado Julio César López Patolzin en la Normal de Ayotzinapa para documentar las acciones de los normalistas en septiembre de 2014, por lo que en todo momento las autoridades estaban al tanto de lo que acontecía en el lugar.

La desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano”, dijo este día el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, al presentar las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

El viaje que emprendió Yessica Hernández Prado, edecán, modelo y presentadora mexicana, dio un giro inesperado y se convirtió en tragedia, pues la joven fue hallada muerta en una carretera ubicada en los límites de la Ciudad de México.

La mujer originaria del estado de Tamaulipas fue reportada como desaparecida por su madre, Amada Mía Prado, quien en redes sociales dijo que desde el 11 de agosto no sabía nada de su hija y pidió ayuda para localizarla. 

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), determinó que existen elementos para sancionar al presidente Andrés Manuel López Obrador por exhibir públicamente un documento fiscal que “vulnera la privacidad” del periodista Carlos Loret de Mola.

La resolución emitida no contempla la sanción específica y será enviada al Órgano Interno de Control de la Presidencia, que depende directamente del mandatario para que el mismo titular del Ejecutivo federal, determine lo correspondiente.

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) disminuyó 0.14 por ciento mensual durante julio del presente año, con lo que sumó tres meses con bajas consecutivas, según cifras desestacionalizadas preliminares divulgadas, el 18 de agosto del 2022, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dentro del IOAE, las actividades secundarias -o del sector industrial- reportaron una baja de 0.20 por ciento mensual durante el séptimo mes del presente año, luego de cuatro meses consecutivos con incrementos.

La organización no gubernamental internacional Artículo 19 registró 331 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, durante el primer semestre del cuarto año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con lo que suman 2 mil 304 ataques contra la prensa en lo que va de la Administración del político tabasqueño.

En su informe ‘La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste: Primer semestre de 2022’, la ONG resaltó que las agresiones ocurridas en la primera mitad del predente año, superaron en 51.83 por ciento los actos de violencia cometidos durante el mismo periodo del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Unas 42 personas han sido detenidas por los hechos violentos que se registraron la semana pasada en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, informó este jueves el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía.

El Gobierno de Estados Unidos ha incluido este miércoles a seis estados de México en su lista negra de territorios para los que desaconseja el viaje, ya que considera que no se dan las condiciones mínimas de seguridad para los visitantes extranjeros.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó la mañana de este jueves que las empresas de Estados Unidos y Alemania consultadas respaldan la estrategia que se ha implementado en la mina “El Pinabete”, ubicada en Sabinas, Coahuila, para el rescate de 10 trabajadores que permanecen atrapados.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Velázquez Alzúa destacó que la empresa estadounidense, Phoenix First Rescue, avaló que se “cuenta con el equipo técnico solvente y con la experiencia suficiente para atender la situación”.

En el primer semestre del año, al menos 331 agresiones se cometieron contra periodistas y medios de comunicación, lo que significa que cada 14 horas se atacó a la prensa en México, reveló la organización Artículo 19.

“La violencia persistente contra la prensa enfatiza la ausencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, las cuales han sido omisas e incapaces de generar estrategias que enfrenten las causas de la violencia contra la prensa, la cual parecería es ya sistemática”, señaló A19.

Isabel Miranda de Wallace retó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a entregar su teléfono celular a la Fiscalía General de la República (FGR) para “probar o desmentir” presuntos nexos con el crimen organizado y la corrupción.

En un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, Miranda respondió así a las declaraciones hechas por Zaldívar en conferencia de prensa este miércoles, en la que dio a conocer la presentación de una denuncia penal en contra de ésta por fabricación de pruebas.

Treinta y ocho denuncias han sido presentadas por la presunta comisión de delitos que podrían haber causado daños patrimoniales a la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leche Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (Liconsa, S.A. de C.V.) y a la Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, S. A. de C. V. (Diconsa), informó esta mañana Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública.

La investigación sobre el caso de tortura del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeirol “no avanzó” debido a que el entonces mandatario estatal habría ayudado al expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) a organizar “el fraude” en la elección presidencial, dijo esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su rueda de prensa diaria realizada en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo señaló en que Mario Marín fue parte de los gobernadores que “le ayudaron a Calderón en el fraude” de 2006 e insistió en que él se manifestó a favor de Lydia Cacho desde que se dieron a conocer los hechos.