Debido a que no se pudo localizar a los testigos protegidos convocados a comparecer en la audiencia de la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, un juez pospuso la audiencia de vinculación a proceso que se realizaría este martes 30 de marzo.

Francisco Molina Ruiz, abogado defensor de Maru Campos, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado, notificó al Tribunal Superior de Justicia que no fue posible notificar a los testigos protegidos que fueron llamados a comparecer.

Un militar mexicano mató a un ciudadano guatemalteco en un cruce fronterizo de Chiapas, en el municipio de Mazapa de Madero.

El gobierno de Guatemala condenó la muerte del hombre, a quien identificó como Elvin Mazariegos Pérez.

Reportes de la policía local habían señalado que la víctima de 30 años apuntó con un arma a los militares, sin embargo, esto no fue así.

Félix Salgado Macedonio acude este martes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de de la Federación, para impugnar la decisión del INE de retirarle la candidatura a gobernador de Guerrero, adelantó anoche Marcial Rodríguez Saldaña, dirigente de Morena en ese estado.

En entrevista para Aristegui Noticias, también anunció que mañana miércoles habrá una gran movilización en Chilpancingo, Guerrero, para protestar por el retiro de la candidatura que buscan que los magistrados del Tribunal le devuelvan al calentano.

De acuerdo con el registro del Instituto Nacional de Migración (INM), a la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza se le autorizó su estancia en territorio nacional como residente permanente por razones humanitarias desde 2018.

Salazar fue asesinada el 27 de marzo por cuatro policías de Tulum, quienes la sometieron con exceso de fuerza, lo que le provocó la fractura de la columna vertebral, un caso que ha desatado la indignación.

Los cuatro policías municipales que sometieron y asesinaron a una mujer en Tulum el sábado por la tarde fueron ingresados a un penal y puestos a disposición de un juez por su probable participación en el feminicidio.

Además fue separado del cargo Nesguer Vicencio Méndez, director de la policía de Tulum. En su lugar se nombró al comandante Carlos Lázaro Caraveo Vázquez como encargado de despacho.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó en un comunicado que de acuerdo con la necropsia, la víctima – de origen Salvadoreño – murió debido a una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra.

El juez federal Ganther Villar Ceballos ordenó que el exoficial Mayor de la Sedesol y Sedtau, Emilio Zebadúa, sea citado a comparecer en el juicio que Rosario Robles deberá enfrentar por las presuntas omisiones en las que habría incurrido y que permitieron el desvío de más de cinco mil millones de pesos bajo el esquema de “La Estafa Maestra”.

La presentación de Zebadúa en el juicio para ser interrogado por las partes fue hecha por la propia defensa de la exfuncionaria federal y forma parte de las pruebas y testigos que se están presentando en la audiencia intermedia del proceso, la cual inició el pasado viernes y se reanudará esta tarde.

Dos personas murieron y otra resultó gravemente herida por un ataque armado ocurrido la tarde de este sábado en la colonia La Haciendita del municipio conurbado de Villa de Álvarez.

De acuerdo con reportes preliminares, las víctimas fatales son un hombre y una mujer, mientras que la persona herida, que fue trasladada de emergencia a recibir atención médica, es del sexo masculino.

Tenía 16 años. Maricela “N”, de origen otomí, desapareció de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, el día en que comenzó la Primavera. Sin embargo, cuatro días después, las autoridades hallaron su cuerpo sin vida y con signos de “violencia excesiva”, por lo que la autoridad inició la investigación por el delito de feminicidio.

El asesinato de esta menor de origen indígena se suma a la desaparición y ejecución de Alan Yair “N” de 12 y Héctor Efraín “N” de 14, ambos de origen mazahua, en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre del 2020.

Ante el “escalofriante” asesinato de la refugiada salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, por parte de cuatro agentes de la policía municipal de Tulum, el sábado 27, la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) urgió el gobierno mexicano a “abordar las causas estructurales de la brutalidad por parte de sus fuerzas de seguridad”.

En sus redes sociales, la organización denunció que en el asesinato de la mujer “destaca la prevalencia de la brutalidad policial, el racismo sistemático y la violencia estructural en ambos lados de la frontera con Estados Unidos”, y exhortó las autoridades mexicanas a “llevar ante la justicia a los responsables” del crimen.

En el 2020 se registraron un total de 1 mil 121 denuncias por robos a vehículos en las carreteras federales del país, según datos oficiales de la Guardia Nacional obtenidos por transparencia pública por Animal Político. 

Esta cifra refleja un aumento considerable en el número de asaltos. Por ejemplo, en diciembre de 2019 con motivo de las vacaciones decembrinas, la autoridad federal reportó que entre enero y octubre de ese año había registrado un total de 590 asaltos, un promedio de 59 cada mes. Ahora, la estadística más reciente de 2020 apunta que en ese mismo periodo de tiempo se interpusieron 966 denuncias; hasta un 64% al alza, arrojando un promedio de 96 al mes. 

Autoridades de Quintana Roo detuvieron a Roger “C” por su probable participación en el feminicidio de Karla “M”, ocurrido el pasado sábado en la isla de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas.

La mujer, de 29 años de edad, conducía un carrito de golf que daba servicio de taxi y era madre de un menor, de acuerdo con información de Quintana Roo Hoy. Este es el primer feminicidio que ocurre en la isla. 

Los diputados de Morena harán una “revisión minuciosa” del Instituto Nacional Electoral (INE), adelantó Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada mayoritaria en San Lázaro.

Dijo que ese organismo ha emprendido “una sospechosa embestida contra los candidatos” de su partido.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ejerció hoy acción penal contra los cuatro policías –tres hombres y una mujer-- que participaron en la detención y muerte de la salvadoreña Victoria Salazar, quien se encontraba legalmente en territorio nacional,  la tarde del sábado en el municipio de Tulum por supuestamente alterar el orden público.

En un comunicado, la FGE precisó que los resultados de la necropsia concluyeron que las lesiones que provocaron la muerte a la mujer --una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra--, resultaron compatibles y coincidentes con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer.

Tras la cancelación el jueves pasado de su registro como candidato de Morena a gobernador de Guerrero por parte del Instituto nacional Electoral (INE), Félix Salgado Macedonio anunció que ya prepara la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante lo que calificó como una “decisión arbitraria y desmesurada”.

Al senador de Morena le fue retirado su registro por el Consejo General del INE por no presentar a tiempo su reporte de gastos de precampaña. Con siete votos a favor y cuatro en contra, los consejeros apoyaron el proyecto de la Comisión de Fiscalización que propuso retirar el registro al abanderado de Morena. Encontraron elementos para demostrar que Salgado Macedonio recurrió a actos que se pueden considerar de campaña, pero no presentó la comprobación correspondiente.

La Fiscalía de Veracruz entregó en bolsas de plástico negras y sin sellar los restos de Eladio Aguirre Chable, quien se encontraba desaparecido, denunció el Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos.

Los restos fueron entregados a los familiares de Aguirre Chable en condiciones “deplorables y precarias”, en un acto que el colectivo calificó como un “trato cruel, degradante, inhumano y revictimizante”. Frente a ello, exigió la destitución del encargado de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, Alberto Torres Rivera, así como del fiscal Lenin Juárez Jiménez, por no haber respetado los protocolos en materia de personas desaparecidas para la entrega de los restos identificados.

Entre 2014 y 2015,  mes a mes, María Eugenia Campos recibió sobres de papel manila con fajos de billetes, con cantidades de 100 mil, 200 mil, 250 mil, 350 mil y 400, de manos del responsable de la bóveda y dos cajas fuertes de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda.

Durante una audiencia, el encargado narró el proceso de entrega del efectivo de la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte a la hoy alcaldesa con licencia y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, acusada por la Fiscalía General del Estado del delito de cohecho.

Roberto Madrazo Pintado, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2006, confirmó esta mañana que su hijo y su yerno participan en Latinus, aunque dijo que él “directamente no”.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Madrazo, uno de los adversaros más notorios de Andrés Manuel López Obrador desde hace décadas, dijo que hace tiempo que Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola están en esa plataforma.

Ciro Gómez Leyva lo invitó esta mañana al estudio. “Algo se escribe hoy, las versiones de que tú eres el dueño y quien financia un proyecto que ha sido muy exitoso, que es el proyecto de Latinus, Roberto”.

Detrás de Latinus, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la exsubsecretaria Patricia Olamendi; a su hijo, Miguel Alonso, y al secretario privado del Gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco.

Se trata de una relación de política y negocios que involucra a empresas propiedad de Madrazo Rojas y Nickin Gaxiola –quienes han obtenido millonarios contratos del Gobierno de Michoacán– y que financia a Latinus. Pero que éste no lo ha declarado al fisco, según investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).