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Por: Draco Dracul on sábado, agosto 16, 2025 / Comentarios: 0 , ,

FGE de BC retrasa resolución de carpetas donde los presuntos responsables son funcionarios morenistas de primer nivel

El miércoles 13 de agosto de 2025 en el Congreso de Baja California, tras varios requerimientos abierta e impunemente ignorados, finalmente Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), decidió atender la instrucción de supuesto “Poder” Legislativo para comparecer y dar cuenta de los avances en materia de investigación, persecución, importación y consignación de los delitos en la entidad.

En el acto, los legisladores morenistas la felicitaron, le preguntaron porcentajes, le hicieron peticiones y propuestas. Esto mientras el público, “funcionarios públicos de la FGE, en horario laboral, fuera de sus funciones… que deberían estar atendiendo a los usuarios porque eran horas laborables” -acusó en voz alta y con algunos calificativos, la diputada petista, Yohana Hinojosa Grijalva- se la pasaron aplaudiendo a su jefa y cuestionando con murmullos a los congresistas inconformes son las repuesta de su empleadora.

Los pocos diputados de oposición, aunque procuraron cuestionarla respecto a la multitud de temas pendientes en homicidios, desaparecidos, extorsiones, etcéteras, se quedaron muy cortos.

A pesar de que la comparecencia se eternizó a lo largo de casi siete horas de preguntas y respuestas, la información substancial compartida por la fiscal fue muy limitada, y lo que respecta al tema de la justicia selectiva -donde la FGE, teniendo denunciados como presuntos responsables a ex funcionarios de primer nivel emanados de Morena, ha resultado convenientemente, más ineficiente-, de ese tema sólo le hicieron dos preguntas, a las que dio respuestas vagas.

Fue precisamente la diputada Hinojosa Grijalva quien la cuestionó respecto a la muerte de Martín Damián, de 10 años, como resultado de la falla de aplicación de protocolos en un caso de acoso, sucedida desde el 3 de noviembre del año 2023, en el que un docente ya fue detenido, juzgado y liberado, mientras los médicos y la clínica -en la que el padre del Oficial Mayor del Estado, David Ramsés Cervantes Aguilar, es accionista-, “y cuya conducta fue determinante para el desenlace fatal”, continúan sin ser procesados.

La justificación de la fiscal fue que 22 meses después, la fiscalía acababa de recibir el dictamen médico de IMSS-Bienestar, y aún estaba por recibir dictamen de la Comisión de Arbitraje Médico (CAME), que es con el que más habían batallado, sin más datos.

Pero en el caso de esta misma Clínica Internacional, que continúa impune recibiendo contratos, la fiscal no ha dado cuenta y nadie la ha cuestionado, del seguimiento por mala praxis, en el caso de Kim, la niña de preescolar que reportó dolor vaginal, que data de septiembre del 2024, el cual resultó en una deficiente investigación y la ausencia de justicia para la menor y el profesor, que fue inicialmente implicado sin elementos de prueba.

La petista también preguntó de los avances en las dos denuncias por delitos sexuales presentadas en contra del ex secretario de Bienestar en el XXV Ayuntamiento de Tijuana, Erick “Terrible” Morales, una presentada en enero del 2024 -hace 19 meses- por delitos cometidos en el 2013, y la más reciente presentada el pasado 9 julio; de nuevo, Andrade aseguró que están trabajando, recordó que la denuncia más reciente describe el delito con lujo de aberrantes detalles, y remató asegurando que ella ni conoce al imputado, como si eso fuera razón suficiente para no favorecerlo.

Pero de los resultados en la carpeta iniciada en septiembre del 2023, en contra de Netzahualcóyotl Jáuregui y su ex colaboradora Valeria Oseguera, quien fue grabada condicionando la entrega de apoyos sociales de la secretaria a cambio del respaldo a Adán Augusto López Hernández como participante del proceso de Morena en las elecciones de 2024, no ha dicho nada.

De hecho, en aquel momento, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, convertida en fiscal sustituta, aseguró sin que mediara indagatoria que Jáuregui Santillán estuviera enterado y dejaron que el hilo se rompiera por lo más delgado, removiendo a Oseguera quien 23 meses después, continúa a sin ser procesada.

Todavía más emblemáticamente selectiva, la carpeta iniciada en el año 2022, por el contrato irregular que el gobierno del morenista Jaime Bonilla firmó -en junio del 2021- con la empresa Next Energy para la construcción de una planta solar, a la fecha, seis de 10 funcionarios bonillistas presuntamente involucrado han sido vinculados a proceso; incluso el presidente de la banca responsable de la administración del financiamiento fue detenido el pasado 4 de julio, y el gobierno anunció al recuperación de 170 millones de pesos.

Pero el ex gobernador Bonilla, quien estuvo a la cabeza de los proyectos de su administración, incluso realizó el 15 de junio del 2021 una inauguración simbólica de las obras de la planta que nunca se ejecutaron, quien, además, retrasó por más de dos años su presentación a declarar ente el Ministerio Público septiembre del 2024; él sigue tranquilo, sin ser molestado, afirmando públicamente que “no hay delito que perseguir” aunque ya haya varios imputados.

Resulta obvio que el resto de los implicados no tuvieron la oportunidad de reunirse con su acusadora, la gobernadora Marina, y fumar la pipa de la paz, como lo hizo Bonilla en la Ciudad de México en una conversación convocada por las fuerzas morenistas federales, como una medida para reducir la presión que pesa sobre la gobernadora bajacaliforniana después de que le retiraran la visa a su esposo Carlos Torres y autoridades de ambos lados de la frontera incluyeran a su familia política en las investigaciones por huachicol. Y en ese contexto la investigación contra el ex mandatario luce aún más lenta.

Entonces, resulta que la persecución de los delitos en Baja California, dirigida por la fiscal Andrade, sí tiene colores y amigos, y se dirige por el viejo dicho de “hágase la voluntad de Dios”, pero sólo “en los bueyes de mi compadre”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

A Gertz se le caen todos los casos y siempre tiene a quién culpar: jueces, la UIF...

Por: Draco Dracul on domingo, julio 13, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Desde su llegada, en 2019, Gertz Manero tuvo en la mesa investigaciones clave vinculadas al sexenio de Enrique Peña Nieto: la Estafa Maestra, el caso Odebrecht, los contratos con OHL, la compra del sistema de espionaje Pegasus y el caso Ayotzinapa, entre otros. Con el paso del tiempo, se sumaron otros expedientes a los que se les atribuyó gran impor    tancia, como la investigación del operativo “Rápido y Furioso”, que se proyectaba incluso como un camino hacia la judicialización del expresidente Felipe Calderón, además del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Sin embargo, todos estos casos se han estancado con el tiempo. La Fiscalía no ha logrado concretar ninguna sentencia relevante contra funcionarios públicos de alto nivel.

Alejandro Gertz Manero lleva seis años y medio al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), y su gestión ha brillado no por resultados, sino por la ausencia de los mismos. A pesar de haber llegado al cargo respaldado por el Senado y de la mano del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador —quien asumió el poder con una firme promesa de combate a la corrupción—, la FGR no ha logrado sentencias contra funcionarios clave en casos de alto perfil y él siempre culpa a otras instancias por esto.

Desde su llegada, en 2019, Gertz Manero tuvo en la mesa investigaciones clave vinculadas al sexenio de Enrique Peña Nieto: la Estafa Maestra, el caso Odebrecht, los contratos con OHL, la compra del sistema de espionaje Pegasus y el caso Ayotzinapa, entre otros. Con el paso del tiempo, se sumaron otros expedientes a los que se les atribuyó gran importancia, como la investigación del operativo “Rápido y Furioso”, que se proyectaba incluso como un camino hacia la judicialización del expresidente Felipe Calderón, además del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Sin embargo, todos estos casos se han debilitado o estancado con el tiempo. La Fiscalía no ha logrado concretar ninguna sentencia relevante contra funcionarios públicos de alto nivel.

Aunado a ello, cuando se le ha cuestionado al fiscal sobre sus pendientes, él ha optado por señalar a otros, principalmente al Poder Judicial, pero más recientemente a la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando el nombre de Enrique Peña Nieto volvió a salir en la escena pública la semana pasada, luego de que la prensa de Israel publicara un reportaje en el cual revela que los vendedores del sistema de espionaje Pegasus habrían dado un soborno de 25 millones de dólares al expresidente mexicano para permitir la operación del software en el país, una situación que Peña Nieto negó.

Frente a la publicación del reportaje, Gertz Manero dijo que desde el inicio del sexenio pasado se presentaron denuncias por el caso Pegasus, pero que no se habían logrado corroborar con las pruebas suficientes. No obstante, el Fiscal argumentó que las nuevas evidencias dan lugar a una investigación más sólida.

Pero, además de eso, el Fiscal fue cuestionado con respecto a las otras investigaciones que existían, al menos tres, contra el priista y que llevaban años sin judicializarse. Se trata de al menos tres carpetas de investigación por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, derivados de diversas denuncias que incluyen a la empresa OHL por posibles delitos patrimoniales y electorales, las cuales, incluso, la FGR informó de su existencia desde el año 2022.

Respecto a las otras investigaciones contra el priista, el Fiscal dijo que no se han judicializado porque no se han ratificado las denuncias y porque no le entregaron las pruebas. Además, se justificó diciendo que habían vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratificaran todos los elementos para poderlo judicializar, pero que no han ido a ratificar la denuncia.


Analistas y especialistas en derecho que han seguido de cerca la gestión de Gertz Manero coinciden en que su papel ha sido desafortunado. El Fiscal, quien durante años se mantuvo en un bajo perfil y evitó la exposición pública —hasta  la llegada de Claudia Sheinbaum— ha sido descrito por sus críticos como un funcionario que se ha dedicado a “administrar la impunidad”.
“Ha sido pésima su función al frente de la Fiscalía, y cuando ha impulsado reformas, han sido reformas regresivas y nada transparentes respecto al trabajo de la Fiscalía. Estos casos Odebrecht, la Estafa Maestra, OHL y Ayotzinapa. El caso de Rosario Robles es una derrota; o sea, es una derrota judicial. Sabemos que fue absuelta y siempre la narrativa pública es que el problema fueron los jueces y que los jueces fueron corruptos, pero nunca se revisa cuáles fueron los méritos de la Fiscalía para presentar el caso”, recordó Luis Eliud Tapia Olivares, abogado e investigador.
La abogada Estefanía Medina, cofundadora de Tojil, organización dedicada al estudio del combate a la corrupción e impunidad, calificó como preocupante la gestión de Alejandro Gertz Manero, al señalar que, desde el inicio, ha sido evidente la falta de acciones concretas y resultados en los casos de alto impacto del país.
“Desde el inicio de su gestión, durante su curso también, hemos venido manifestando que estos casos (de alto perfil) son prácticamente prioridad a nivel nacional y desafortunadamente no se ven resultados y mucho menos acciones concretas para poder atenderlos”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
Uno de los ejemplos más claros, detallaron los especialistas, es el caso de Emilio Lozoya, que ha tenido sanciones en Estados Unidos y en varios países de América Latina, “menos en México”. A pesar de tratarse de un asunto de prioridad nacional, la FGR ha sido, en sus palabras, ineficiente. “Resulta bastante preocupante ver una Fiscalía que es completamente inactiva o inerte ante los casos que son de gran relevancia y trascendencia social para nuestro país”, destacó Medina.

En tanto, el abogado Luis Tapia coincidió en que, desde el arranque de la administración de Gertz, la FGR ha caído de desacierto en desacierto. “Cuando él llega se plantea ciertos objetivos prioritarios. Él dice, por ejemplo, que uno de sus temas importantes sería el caso de Ayotzinapa, la Estafa Maestra, el caso Odebrecht y, sin embargo, con los años hemos visto cómo los casos que él consideraba prioritarios se fueron cayendo”.

Apenas el pasado 25 de febrero, justo un año después de que Emilio Lozoya se fue a su casa bajo arresto domiciliario, Alejandro Gertz Manero dijo que la causa penal seguía vigente, pero acusó que el proceso contra Emilio Lozoya Austin estaba detenido por trabas judiciales; afirmó que estaba enfrentando "chicanadas" que impedían su resolución.


En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EU reveló que Odebrecht pagó sobornos a funcionarios de 12 países de Latinoamérica, incluido México. El principal implicado en México es Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto, quien habría recibido cuatro millones de dólares para financiar la campaña presidencial a cambio de contratos con la empresa.

La declaración de Odebrecht ante tribunales estadounidenses mencionó a cinco funcionarios mexicanos, y el exdirector de la empresa en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, confirmó los pagos a Lozoya. En 2020, Lozoya acusó a varios políticos y expresidentes, como Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, aunque todos negaron los señalamientos y algunos presentaron denuncias en su contra.

Pese a las acusaciones, ninguno de los implicados ha sido sancionado. Lozoya fue el único en pisar la cárcel, pero desde febrero de 2024 cumple arresto domiciliario mientras continúa su proceso por el caso Odebrecht. Cuestionado por el caso, en febrero pasado, Gertz Manero señaló que el caso Lozoya es un ejemplo de las fallas en el Poder Judicial, ya que acusó que el proceso está anquilosado por decisiones de los jueces.
"El individuo está sujeto a proceso. En un momento dado, había llegado a tal extremo su situación que pedimos la orden de aprehensión y lo internamos, e inmediatamente un juez le dio libertad procesal. En eso estamos", declaró Gertz Manero en ese entonces, pero hasta la fecha no ha vuelto a informar sobre el caso.
Precisamente, para el abogado Luis Tapia, uno de los rasgos que define a la gestión de Gertz es su resistencia a asumir la responsabilidad que le corresponde como Fiscal, argumentando que incluso no se le entregan las pruebas suficientes; una postura que –consideró el especialista– retrata perfectamente los vicios de los Ministerios Públicos que no quieren trabajar y que esperan que las víctimas y los denunciantes les hagan su labor de buscar las pruebas.
“Es un funcionario de la vieja escuela, que no transparenta su función, que da un peso excesivo a quien presenta la denuncia y no asume que su deber es investigar los delitos. Desde hace años Gertz ha declarado públicamente: 'A mí preséntenme todas las pruebas o no inicio una investigación'. Eso es natural para cualquier Fiscal. Eso lo recuerdo desde hace años, y retrata al Ministerio Público típico que no quiere trabajar, que quiere que le lleven todas las pruebas, que los testigos ya estén presentes y no quiere mover un dedo para hacer lo que es su trabajo, que es investigar la comisión de delitos”, dijo Tapia.
El especialista recalcó que esa postura, además, es errónea, ya que precisamente para eso la FGR tiene una policía investigadora, la cual debe investigar, buscar las evidencias, llevar ante las autoridades judiciales los casos y judicializarlos cuando haya suficientes elementos.

Según el especialista, esta lógica se reprodujo en diversos casos, como el de Pegasus, el sistema de espionaje del Grupo NSO, cuya primera denuncia data de 2016, pero que tuvo nuevas denuncias en años posteriores, ya bajo la gestión de Gertz. A pesar de ello, el Fiscal continuó actuando con evasivas. “Dijo ahora que va a pedir que ratifiquen la denuncia a raíz de lo que se publicó en un medio israelí sobre Peña Nieto, pero eso es solo una forma más de evitar asumir su responsabilidad”.

Por su parte, Estefanía Medina coincidió en que es lamentable que Gertz Manero, cuando se le exige rendir cuentas, constantemente responsabilice a otras instancias, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señalando que las denuncias le llegaban sin pruebas. Para la especialista de Tojil, esa postura, además de ser criticable, revela un problema mucho más grave: que ni siquiera tiene el conocimiento de lo que debe hacer la institución a su cargo.
“Creo que, de entrada, hay un tema muy preocupante de concepto: tener claro qué le corresponde hacer a la FGR, y lo que le corresponde es investigar. Resulta muy grave porque parece que el fiscal piensa que debe recibir denuncias con los casos ya completamente investigados para llevarlos ante un juez, cuando esa es, precisamente, la labor que le compete”, explicó la especialista.
Y remató: “Estos pretextos solo evidencian o la falta de capacidad técnica para ejercer el cargo o la falta de voluntad para hacerlo de la mejor forma”.


Pero no se trata sólo de los casos prioritarios o de alto perfil, sino que los números también muestran la realidad de su gestión. Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, destacó –con base en información del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal del Inegi– que, desde que Gertz asumió la titularidad de la FGR, ese organismo que encabeza ha recibido menos denuncias y ha iniciado menos carpetas de investigación.
“Lo que vemos es que realmente todo está atorado en la Fiscalía. Para empezar, en este periodo Gertz recibió menos denuncias y de esas denuncias la mayoría se siguen quedando en la Fiscalía”, dijo.
Uno de los datos más significativos está en los delitos del sector financiero. En 2018, por delitos contemplados en la Ley de Instituciones de Crédito —que castiga prácticas ilícitas del sector bancario y financiero—, se abrieron 10 mil 221 carpetas. Para 2024, el número se desplomó a apenas 2 mil 175 casos.

Para la especialista, esta reducción, más allá de ser estadística, refleja un abandono en la persecución de delitos de cuello blanco. “Esto sí nos habla de que estos delitos sí tuvieron una disminución importante durante la gestión de Gertz en términos numéricos y generales”, apuntó.

En tanto que para Luis Tapia otro indicador es el alto número de órdenes de aprehensión que se quedan pendientes. De acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2024, elaborado por el INEGI, al cierre del año 2023 la FGR tenía 9 mil 179 órdenes judiciales pendientes de cumplimiento. Para Tapia, esto refleja la incapacidad de la institución para actuar incluso en sus funciones básicas.
“Y te diría: si lo juzgamos por los casos prioritarios, lo ha hecho mal, y si lo juzgamos por las cifras generales, también lo ha hecho mal”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Impunidad, ineficiencia, complicidad. Los fiscales están en un fango. ¿Habrá reforma?

Por: Draco Dracul on lunes, junio 23, 2025 / Comentarios: 0 , ,

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que desde el Ejecutivo se  impulse una reforma a la Fiscalía General de la República (FGR) o a las fiscalías estatales, en cuanto al tema de las autonomías, aunque reconoció que muchas no funcionan adecuadamente y deben mejorar. Por su parte, especialistas como Luis Daniel Vázquez y Luis Eliud Tapia alertaron que, sin una transformación profunda en la procuración de justicia, persistirá la impunidad.

La posibilidad de que en el país haya una reforma de fondo a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las 32 fiscalías estatales se alejó, al menos por ahora, aun cuando desde la Presidencia se reconoció que hay instituciones de procuración de justicia que no han funcionado y otras que pueden mejorar.

Así lo dejó en claro la Presidenta Claudia Sheinbaum al afirmar que desde el Ejecutivo no se está preparando ninguna propuesta para modificar el funcionamiento de estos organismos ni para retirarles su autonomía. No obstante, la mandataria mexicana sí apuntó que es un tema que debe ir revisándose, en particular porque, dijo, hay fiscalías que no están sirviendo.
“Creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y qué otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no es otra cosa, pero creo que es importante mejorar, en general, en nuestro país la procuración de justicia”, dijo en su conferencia del pasado viernes.


El debate sobre las fiscalías no es nuevo. Se presentó al tiempo en que en el país se vivía todo el proceso de la Reforma al Poder Judicial, desde el planteamiento, la propuesta, la ley y el proceso para llevar a cabo la Reforma Judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador, pero que fue aprobada hasta pasado el proceso electoral de 2024, cuando el partido guinda y sus aliados lograron el llamado Plan C, es decir, lograr la mayoría de escaños en el Congreso de la Unión.

Durante todo el proceso de la implementación de la Reforma al Poder Judicial, juristas especialistas advirtieron que la reforma a los tribunales no bastaría para mejorar el sistema de justicia ni para abatir la impunidad si no se revisa también el desempeño de las fiscalías, responsables de abrir las carpetas de investigación y de conducir los casos ante los jueces.

Una vez terminada la primera fase de la Reforma Judicial vino la interrogante ¿cuándo —o incluso si— se emprenderá una transformación profunda de la FGR y de las fiscalías estatales? Y es que, es un hecho que el deterioro en la procuración de justicia exige una intervención como la realizada en el Poder Judicial.

Desde hace días atrás, algunos medios reportaron que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República preparaba un proyecto de reforma constitucional para que el Ejecutivo federal y los Ejecutivos estatales recuperaran la facultad de nombrar a sus fiscales. Sin embargo, Sheinbaum rechazó tajantemente que exista tal iniciativa en su administración.
“Pues hay que analizar. Ya pasó la Reforma al Poder Judicial y, entre otras cosas, pues sí hay que analizar la función de las fiscalías y cómo han funcionado, pero no hay ninguna propuesta nuestra que tenga que ver con quitarles la autonomía”, dijo.
Sobre las fallas estructurales en las fiscalías, la propia Presidenta reconoció que los órganos de procuración de justicia tienen cosas que mejorar, pero deslindó la discusión sobre su autonomía de la necesidad de mejorar los procesos y perfeccionar su operación: “Creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y qué otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no es otra cosa, pero creo que es importante mejorar, en general, en nuestro país la procuración de justicia.”

Especialistas consultados coinciden en que más allá de una reforma legislativa, lo que se requiere es una verdadera voluntad de cambio para mejorar la impartición de justicia en el país, atender los problemas estructurales y evitar el uso político de estos organismos.

Luis Daniel Vázquez, profesor de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Luis Eliud Tapia Olivares, abogado y profesor de derechos humanos consideraron que sin cambios sustanciales la impunidad seguirá siendo una constante y los esfuerzos por mejorar el acceso a la justicia no se concretarán.

Para Luis Tapia, abogado e investigador, la situación actual es crítica: las fiscalías están “en ruinas” y arrastran una crisis estructural caracterizada por impunidad, corrupción, subordinación política y desconfianza ciudadana. Aunque admite que una reforma profunda es necesaria, destacó que antes se requiere un diagnóstico serio y plural, con participación de Congreso, víctimas, policías, sociedad civil y especialistas, para identificar incumplimientos normativos y prácticas que deben erradicarse.
“Esto que escuchaba que está podrido el Poder Judicial. Yo esoo lo opino que están podridas las fiscalías desde su origen [… ] El servicio mismo está en ruinas y creo que desde ahí se debería empezar con digamos un diagnóstico y una reforma sí hace falta reformar, pero hace falta diagnosticar y revisar qué es más un tema de prácticas y de incumplimiento de leyes que ya están y qué es un tema de cambiar eh la legislación, la Constitución o las leyes secundarias”, señaló
El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Daniel Vázquez coincidió en la gravedad del problema, pero discrepó en la ruta. A su juicio, el diagnóstico ya existe y es ampliamente conocido; lo que falta es voluntad política.
“El uso político de la justicia y el férreo control sobre las fiscalías y los tribunales sigue intacto. Incluso la reforma judicial votada hace unos días mantiene esa lógica”, afirmó. Según Vázquez, tanto el Gobierno federal como los gobiernos locales, sin distinción partidista, han reproducido ese control para preservar el “pacto de impunidad” heredado del viejo régimen.
A su vez, Vázquez consideró preocupante la negativa presidencial a impulsar cambios. La ausencia de una agenda de reforma —señala— revela desinterés en transformar realmente la procuración de justicia.

“Pues me parece raro que (la Presidenta) diga que no hay nada. Probablemente más bien la están como preparando o en una de esas pues efectivamente perdieron el interés por completo, porque también lo cierto es que tal como se encuentran en este momento las fiscalías, la realidad de facto no tienen autonomía, en consecuencia, siguen siendo totalmente funcionales para la Presidencia y para los gobernadores. Y si esto es así, pues no tiene ningún sentido modificarlo. Por eso tampoco me parece absolutamente raro que no sea como un tema de prioridad”, dijo.
Y añadió: “Pero al mismo tiempo es una muy mala señal, porque entonces lo que sí nos están diciendo es que en realidad este pues efectivamente no hay ningún interés por modificar los procesos de procuración y administración de justicia y que en realidad toda la reforma al Poder Judicial era simplemente para mejorar el nivel de controles que tiene sobre los tribunales”.
Ambos especialistas coinciden en que la crisis de las fiscalías repercute directamente en la impunidad y mina la confianza de la ciudadanía: los delitos no se investigan con rigor, las víctimas enfrentan trámites ineficaces y los inculpados eluden la acción penal. Con el actual modelo, enfatizan, la Reforma Judicial difícilmente cumplirá la promesa de un sistema de justicia más cercano, independiente y transparente.

Tapia, por su parte, advierte que redactar nuevas leyes sin antes acordar los objetivos y los mecanismos de evaluación podría perpetuar los mismos vicios. Para él, la prioridad es diseñar un diagnostico profundo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

“Usan el sistema judicial para violentarme”: mujeres enfrentan lentitud y burocracia en los juzgados familiares de CDMX

Por: Draco Dracul on domingo, junio 15, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Abogadas y mujeres que tienen un proceso legal abierto relatan los obstáculos que enfrentan en los juzgados familiares de la Ciudad de México, donde los asuntos pueden demorar años en resolverse.

El sistema de justicia en materia familiar es lento y tortuoso en la Ciudad de México. Dafne Salinas lo ha experimentado en carne propia: ha luchado durante seis años para que su expareja, acusado de violencia física y sexual, no pueda ver a su hijo.

Su proceso legal inició en 2019, cuando su hijo acababa de nacer y el presunto agresor solicitó al Juzgado Quinto de los Familiar tener períodos de convivencia con el pequeño, a pesar de estar ausente en todo el embarazo.

Para ese momento, Dafne ya contaba con medidas de protección que un Centro de Justicia para las Mujeres le ayudó a obtener por la violencia física, sexual, psicológica y económica que había padecido años antes. 

Aunque ella tenía medidas de protección, el juzgado autorizó las convivencias entre 2019 y 2023. Estas se realizaron en un Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México (Cecofam), donde Dafne asegura haber sido víctima de más actos de violencia, por ejemplo, una vez que su expareja le agarró un pecho por la fuerza.

Las convivencias familiares concluyeron en 2023 por orden de una Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, luego de que acreditó el carácter violento de la expareja de Dafne con una prueba psicológica.

Dafne acusa a los trabajadores del Juzgado Quinto de lo Familiar de proteger a su expareja. No sólo por no sancionarlo cuando la manoseó en el Cecofam, sino porque nunca le notificaron sobre los escritos que tramitaba para intentar quitarle la custodia de su hijo. De igual forma critica que los funcionarios no presionaron a su agresor para que se hiciera la prueba psicológica desde el inicio del proceso legal.

“Mi agresor está utilizando el sistema judicial para violentarme, eso es lo que está haciendo, y el juez se lo está permitiendo”, critica Dafne en entrevista.

Casos como este se repiten una y otra vez en los juzgados familiares de la Ciudad de México. La lentitud en la resolución de estos asuntos se explica en parte por la falta de perspectiva de género y la alta carga de trabajo de los funcionarios públicos, quienes decidieron irse a paro de actividades desde el pasado 29 de mayo como forma de protesta.

En 2023, los juzgados de la Ciudad de México tenían pendiente concluir 233 mil expedientes en materia familiar. En contraste, solo habían concluido 25 mil, según los últimos datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Inegi.

“Día a día nos enfrentamos a una burocracia judicial que está totalmente rebasada por el número de asuntos que debe procesar. Es un sistema judicial que no cuenta con recursos técnicos, humanos y materiales para dar respuesta a los asuntos”, explica Ana Laura Carrión, abogada experta en las materias penal y familiar.

Con el argumento de mejorar el sistema de justicia, el gobierno federal impulsó una reforma judicial para renovar a los ministros, magistrados y jueces del país, aunque varios litigantes consideran que esta medida no será suficiente para garantizar la resolución de los asuntos.

“Es una reforma que ni siquiera está en pañales, está en embrión. Está bien que lo político toque lo jurídico, pero así no, se necesitaba una reforma diferente”, opina Carrión.

El largo camino para obtener la custodia de un hijo

Los juzgados familiares de la capital se vuelven un verdadero laberinto para todo aquel que entra, por su tamaño —están en un edificio de más de 15 pisos en el Centro Histórico— y por los obstáculos burocráticos.

Diana Reyes sigue luchando por la guarda y custodia de sus dos hijos, quienes fueron sustraídos por su expareja desde el 2020. Tiempo después, el padre de los pequeños convenció a un juzgado familiar de que le dieran la guarda y custodia.

Durante años, Diana supo que sus hijos eran víctimas de violencia física y explotación laboral por parte de su expareja. Lo supo por los maestros de los pequeños, quienes le reportaron que los dos no asistían a la escuela por salir a vender dulces.

Diana reportó esto al juzgado, pero ningún funcionario intervino. Fue hasta el 7 de marzo de 2025 cuando sus hijos lograron contactarla vía telefónica, con ayuda de una tía, para pedirle que los rescatara. Ella fue enseguida, recogió a sus pequeños y acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia por violencia contra su expareja.

Un médico legista constató que el mayor, de entonces 8 años, tenía lesiones en las costillas, y el menor, de cinco años, heridas en la cabeza. Un doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó estas afectaciones en los pequeños.

Diana interpuso su denuncia, pero poco después, el 7 de mayo, su expareja falleció a causa de la diabetes e hipertensión que padecía. Parecía que con eso acabaría su problema, pero no fue así, ya que la abogada de su agresor la está acusando de sustraer a sus hijos y busca que los dos sean enviados al DIF, donde quedarían bajo resguardo del Estado.

“Ha sido bastante pesado, es estresante saber que tu vida en todo momento pende de un hilo porque no se hacen las cosas como se debería en los juzgados”, relata Diana.

Ella lleva cinco años metida en su proceso legal en la Ciudad de México, la tercera entidad federativa con más asuntos pendientes de resolver en materia familiar, solo por detrás del Estado de México y Veracruz que tienen una mayor población, de acuerdo a los datos del Inegi.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Carga de trabajo aplasta la justicia local: un juzgado recibe 5 mil expedientes al año y empleados laboran hasta 17 horas al día

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Empleados del Poder Judicial relatan entre pilas de expedientes empolvados, húmedos y hasta pudriéndose cómo han visto duplicarse el número de casos y extender sus jornadas de trabajo, mientras los ciudadanos esperan respuesta de la justicia local.

En su condición de empleada administrativa del Poder Judicial de la Ciudad de México, Adriana sabe que su hora de entrada al trabajo es a las 7 de la mañana, aunque siempre ignora cuál será su hora de salida. Sabe también que desde primera hora deberá atender a decenas de personas, a veces cientos, que acuden al juzgado familiar del sistema escrito al que está asignada para realizar trámites jurídicos, pero que será sólo hasta después de las 3 de la tarde, cuando esa marea de gente se haya ido, que ella podrá enfocarse, al fin, en todo el trabajo que tiene pendiente.

Su centro laboral es un edificio en la avenida Juárez del Centro Histórico, que se debate entre el pasado y el futuro: en los pisos inferiores se llevan los expedientes iniciados en el antiguo sistema de justicia escrito, que se dirimen hasta la fecha. Mientras que en los pisos superiores operan los juzgados orales, renovados apenas en 2024, donde las partes resuelven sus conflictos hablando ante un juez y con trámites en línea, para dejar atrás el exceso de diligencias en papel.

Adriana, sin embargo, forma parte de la plantilla de los juzgados que aún operan bajo el antiguo sistema escrito, por lo que ella recibe al público detrás de un escritorio, atrapada entre montañas de expedientes impresos que se extienden a lo largo de los pasillos hasta llegar a los baños, algunos mojados, pudriéndose, o cubiertos de polvo, reduciendo el espacio que en el que las personas hacen fila para ser atendidas y por donde los demás empleados judiciales deambulan, moviendo pilas de papel de un lugar a otro.

Juzgados locales duplican número de expedientes que reciben al año

Debido a que México inició hace una década la transición al sistema de justicia oral, la capital del país extinguió la operación de 11 juzgados del antiguo sistema escrito y repartió los asuntos a su cargo entre los 22 juzgados que restan en operación, multiplicando así la carga de trabajo de Adriana y sus compañeros.

“Antes –explica–, al año llegaban 2 mil 500 expedientes al juzgado, máximo. Pero ahora, con eso de la extinción de juzgados del sistema escrito, ya llevamos como 4 mil o 5 mil expedientes.”

Debido a esa gran carga de trabajo por atender, reconoce Adriana, “muchas veces sacrifico mis sábados y domingos para sacar algo atrasado, o para adelantar cosas de la próxima semana. Si no, nunca terminaría.”

A inicio de este mes, comenta otra trabajadora, que pide no mencionar ni siquiera su nombre, “avisaron que llegarían más archivos, para que yo buscara dónde colocarlos, pero el único lugar disponible es mi escritorio y mi silla. Todo lo demás ya está empapelado”.

Así, empapelada, está incluso la puerta del juzgado, forrada con 40 hojas en las que se informa sobre los más de 700 expedientes provenientes de juzgados extintos, que ahora deberán ser tratados en este lugar, atiborradas de papel, gente y ruido.

Ciudadanos esperan entre pilas de expedientes la solución de sus casos en la justicia local

Un poco más allá, en estas mismas instalaciones, un hombre de 22 años y una mujer de 19 intentan llegar a un acuerdo por la custodia de su hijo, sentados en un pequeño escritorio, mientras la música de Natalia Lafourcade suena en el celular de una trabajadora. “Lo que construimos se acabó –dice la canción–, lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento…”.

El acuerdo que están a punto de firmar será crucial para el sano desarrollo de su hijo de cinco años, pero la conversación fluye con dificultad, porque las actividades administrativas a su alrededor no frenan, así que deben tratar de dialogar mientras que, a sus costados, caminan y hablan los abogados y demás personas que también tienen asuntos legales que atender en el juzgado, como ese señor en la sala de espera, que grita “¡Necesito que me reciba la jueza o voy a ir al órgano interno de control!”.

En la sala de espera, quienes tienen suerte alcanzan silla y un lugar en la mesa para ojear la montaña de hojas en la que se ha convertido cada asunto. Los menos afortunados deben revisar de pie o esperar que se desocupe un lugar.

“¡No puede ser que la jueza no me reciba, desde que era secretaria de acuerdos!”, reclama el señor, que al final es atendido por un subalterno.

Es en medio de esta vorágine que los dos jóvenes buscan un acuerdo sobre la custodia de su hijo llegan a una propuesta de acuerdo, que piden analizar con sus respectivos abogados, pero, debido a que no hay un lugar privado en el que lo puedan hacer, se retiran a las esquinas del juzgado, para hablar en voz baja.

Luego regresan a la mesa, donde la secretaria de acuerdos alista los documentos que la jueza debe firmar. Mientras tanto, ambos jóvenes permanecen sentados, sin mirarse, ni dirigirse la palabra.

Antes de abandonar el juzgado, Adriana, la trabajadora administrativa que está aquí desde las 7 de la mañana, se despide con una certeza: “Si me va bien –afirma–, salgo de trabajar a las 8:30 de la noche, pero en los peores casos salgo hasta las 12 de la noche.”

Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Impartición de Justicia Estatal, para el año 2023, en México había más de 6 millones de expedientes y causas penales por atender en el sistema de justicia local, que es el ámbito en el que se dirimen las controversias en materia civil, familiar, mercantil y penal. No obstante, la justicia local sólo estuvo en condiciones de atender y concluir 31 % de esta carga laboral.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO JUDICIAL IBERO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ, EDGAR LEDESMA.

Sistema de justicia penal en México es “extremadamente ineficaz” y reforma judicial socavaría juicios justos: Human Rights Watch

Por: Draco Dracul on jueves, enero 16, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El informe mundial 2025 de Human Rights Watch también alerta que la reforma judicial podría "socavar el acceso a un juicio justo".

En su Informe Mundial 2025, la organización Human Rights Watch aseguró que “el sistema de justicia penal es extremadamente ineficaz”, pues las fiscalías no investigan de manera eficaz los delitos, para llegar a judicializarlos.

“Las fiscalías no investigan de manera eficaz la mayoría de los delitos y violaciones de los derechos humanos, incluyendo los abusos cometidos por agentes del Estado y los delitos graves como el homicidio y las desapariciones forzadas”; destaca el informe.

A eso se suma el panorama incierto que se avecina en materia de justicia con la reforma judicial, que implica la elección de personas juzgadoras en varios niveles a través del voto popular.

El 15 de septiembre de 2024 entró en vigor la reforma que pretende elegir por elecciones populares en 2025 y 2027 a jueces, ministros y magistrados. La organización HRW destaca la creación del Tribunal de Disciplina Judicial “con amplios poderes para sancionar o destituir a los jueces”.

“La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los magistrados y abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que el cambio podría debilitar la independencia judicial y socavar el derecho a un juicio justo”, alertó HRW.

Fiscalías: detenciones arbitrarias y torturas

En el informe, Human Rights Watch también enciende una alerta sobre el trabajo que realizan las fiscalías en el país, pues instituciones internacionales como las Naciones Unidas han detectado que “fabrican cargos contra personas colocando drogas en sus hogares, vehículos, bolsas o ropa” con el objetivo de detenerlas e interrogarlas o torturarlas sin la presencia de un abogado”.

“Las autoridades a menudo recurren a la tortura para obtener confesiones e información. En la encuesta más reciente de personas encarceladas realizada por el Inegi (2021), casi la mitad de los encuestados afirmaron que, tras ser detenidos, policías o soldados les habían sometido a malos tratos físicos”, destaca el informe.

No solo eso, el Observatorio Contra la Tortura, un proyecto colectivo de organizaciones defensoras de derechos humanos, documentó que las autoridades recibieron 6 mil 226 denuncias penales por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2022.

La organización internacional también muestra en su informe datos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, tras su visita a México en 2023.

“El grupo de trabajo expresó su preocupación por que ‘la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y es con demasiada frecuencia el catalizador de malos tratos, tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias’”.

“Las autoridades suelen hacer uso indebido de la disposición de flagrancia de la legislación mexicana, que las faculta para detener a una persona que sorprendan cometiendo un delito”, destacó haciendo referencia a la “fabricación” de pruebas para la detención inmediata de sospechosos.

Ante la inacción de fiscalías, más de 230 colectivos de búsqueda

Human Rights Watch resaltó que la situación de las desapariciones en México rebasa la capacidad de acción de las autoridades, frente a lo cual “las familias de las víctimas han formado más de 230 colectivos de búsqueda, para investigar las desapariciones”.

“Los miembros de estos colectivos buscan en prisiones, hospitales, morgues y con cierta frecuencia localizan y desentierran fosas clandestinas. A menudo enfrentan amenazas y violencia”.

A ello se suma que, en enero de 2024, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador cerró la oficina del Centro Nacional de Identificación Humana, una dependencia de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y despidió a gran parte de su personal.

“Para septiembre de 2024, más de 115 mil personas estaban consideradas como desaparecidas. La mayoría desaparecieron a partir de 2006. Muchos podrían haber sido asesinados y enterrados en las casi 5 mil 700 fosas clandestinas que activistas y autoridades han descubierto”, subrayó HRW.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El reto de Bertha Alcalde: garantizar la autonomía de la Fiscalía ante la 4T

Por: Draco Dracul on viernes, enero 10, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Este día Bertha Alcalde toma el control de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX con la encomienda de modernizar, sanear, profesionalizar e independizar políticamente a la institución; abogados consultados le dan un voto de confianza.

Este viernes 10, Bertha María Alcalde Luján recibirá la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) con grandes retos: abatir el rezago de miles de carpetas de investigación, reducir los tiempos para interponer una denuncia, tener “cercanía” con los ciudadanos y las víctimas, capacitar a sus trabajadores, eliminar la corrupción en sus oficinas y ayudar a combatir el 99% de impunidad que persiste en el sistema de justicia local.

Pero sin duda su desafío más grande será ejercer la autonomía de la Fiscalía frente a los gobiernos de Morena y la llamada 4T, tanto de la Jefatura de Gobierno como en la Presidencia de la República, gobernados por el partido que preside a nivel nacional su hermana Luisa María Alcalde Luján.

Ése fue el principal obstáculo al que se enfrentó la exdirectora del ISSSTE para aspirar al cargo que hace un año dejó Ernestina Godoy, luego de que los diputados opositores la apodaron “la fiscal carnal” de la entonces mandataria local Claudia Sheinbaum y no la ratificaron. Con ello, tuvo que dejar a Ulises Lara López, también afín a la 4T, como encargado de despacho.

En su entrevista con los diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la CDMX, el pasado 19 de diciembre, la misma Bertha Alcalde tocó el tema al asegurar que una de sus prioridades sería “garantizar, y que no les quepa duda, la autonomía de la institución”.

Eso, dijo, significa “ser objetivo en la aplicación de la norma, poder trabajar sin presiones de ningún tipo, ni de poderes fácticos ni de poderes constituidos –como el Ejecutivo y el Legislativo– ni de grupos de interés, políticos, económicos o mediáticos. Hay que ser transparentes para poder ser autónomos”.

Razones de la duda hay, pues antes de ser aprobada como fiscal en la CDMX, el expresidente Andrés Manuel López Obrador la designó secretaria ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, asimismo fue delegada de Desarrollo de Programas en Chihuahua y también comisionada en la Cofepris.

El tabasqueño también la postuló, aunque sin éxito, en la terna para presidir el Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución de Lorenzo Córdova, y como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN para suplir al ministro Arturo Zaldívar. 

Denuncias en el MP “en 20 minutos”

Aquel 19 diciembre de 2024, ante los diputados de distintos partidos, la abogada por la UNAM y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York marcó sus propios desafíos de llegar a ser electa fiscal, mismos que a partir de este viernes 10 deberá comenzar a trabajar para hacerlos realidad en los cuatro años que estará al frente de la FGJ local:
  • Atender las denuncias “en 20 minutos” en el Ministerio Público.
  • Evitar el constante peregrinar de las víctimas en distintas agencias.
  • No desincentivar las denuncias ni revictimizar a los denunciantes.
  • Hacer “uso estratégico de recursos” materiales y financieros de la FGJ.
  • Abatir su rezago de trabajo con expedientes guardados desde hace años.
  • Impulsar la justicia restaurativa y las soluciones alternas.
  • Impulsar la profesionalización del personal.
  • Aprovechar las tecnologías de información.
  • Hacer una Fiscalía de “puertas abiertas”.
En su diagnóstico, la hija de Arturo Alcalde, reconocido abogado laborista, y Bertha Luján, obradorista de cepa y fundadora de Morena, aseguró que la Fiscalía capitalina necesita mejorar la colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para cumplir las medidas precautorias, dar mayor impulso a Casas de la Justicia de la Mujer y poner más atención a casos de violencia contra la mujer y los niños.

Otros temas urgentes

En el mismo proceso de entrevistas, Anaid Valero, la más cercana “contrincante” de Alcalde Luján en el proceso interno, marcó también las urgencias a implementar en la Fiscalía local:
  • Mejorar el sistema de denuncias virtuales con el uso de aplicaciones tecnológicas y redes sociales.
  • Instalar más módulos móviles del Ministerio Público.
  • Más capacitación de fiscales, policías y peritos en la aplicación de protocolos para atender delitos contra las mujeres y grupos vulnerables.
  • Digitalización de los expedientes para su mejor manejo.
Mejoras de servicio

Ulrich Richter Morales, el tercer integrante de la terna designada por el Consejo Judicial Ciudadano, marcó otras necesidades de la FGJ local para mejorar su servicio y que pasan a ser pendientes para la nueva fiscal capitalina. Entre ellas se cuentan las siguientes:
  • Incrementar la colaboración con la Jefatura de Gobierno, la Fiscalía General de la República (FGR) y sus delegaciones estatales, así como los tribunales.
  • Supervisión directa del fiscal a los ministerios públicos, “que no viva en el penthouse del búnker, sino que tenga su oficina en el primer piso”.
Rezago, intereses internos y “limpia”

Abogados litigantes consultados en breve coinciden en el reto que tendrá la nueva titular de la FGJCDMX en cuanto a los miles de casos rezagados y la “falta de una verdadera política de persecución penal”.

Lamentan que la Fiscalía no prioriza la atención de casos penales que lo ameritan o los que les puede encontrar salidas alternativas como la solución de controversias y, con ello, desahogar la saturación. “En las fiscalías de asuntos familiares tardan tres, cuatro meses en darte una cita para iniciar una investigación después de que presentas la denuncia”, ejemplifican. Peor aún, dicen, el sistema de denuncia digital es “deficiente”.

Los litigantes hablan también del problema existente al interior de la Fiscalía de intereses económicos y políticos que “impiden que la justicia sea efectiva e imparcial”. Incluso, mencionan los casos de agentes del MP, policías de Investigación y demás personal que tiene nexos con grupos criminales y que algunos han sido sancionados; es decir, el enemigo en casa.

Algunos abogados consultados destacan que Bertha Alcalde tendrá que hacer “una limpia absoluta” del equipo directivo que dejaron Godoy y Lara para no mantener los vicios que aquejan a la institución. Sin embargo, destacan excepciones, como Sayuri Herrera, quien fue nombrada por Godoy como fiscal de Feminicidios y luego ascendida a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.

También dejan en duda la relación que tendrá la Fiscalía local con los próximos jueces y magistrados que serán electos por voto popular el 1 de junio, así como con las policías y sus nuevas facultades de investigación. 

Por lo demás, los abogados consultados coinciden en dar un “voto de confianza” a Alcalde Luján por su perfil, que incluye experiencia en el área de capacitación de jueces y ministerios públicos y con ideas “modernizadoras” de la procuración de justicia. Sin embargo, sí le tienen una petición concreta: “No politizar la justicia y acercarla a la ciudadanía en el día a día”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

El fiscal invisible, y el futuro…

Por: Draco Dracul on miércoles, agosto 07, 2024 / Comentarios: 0 , ,

“Alejandro Gertz Manero, el primer fiscal general de la República, pasó de ser el fiscal ausente, al fiscal invisible, al fiscal inservible, al fiscal irresponsable”.

“Señoras y señores, la reaprehensión de este criminal y su cómplice, es resultado de un profundo trabajo de inteligencia, investigación y coordinación entre las distintas instituciones de seguridad del Gobierno de la República”, dijo casi al final de su conferencia el 9 de enero de 2016 quien era Procuradora General de la República, Arely Gómez González. Se refería a la tercera y última captura de Joaquín Guzmán Loera, sucedida un día antes en Los Mochis, Sinaloa.
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