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Carga de trabajo aplasta la justicia local: un juzgado recibe 5 mil expedientes al año y empleados laboran hasta 17 horas al día

Empleados del Poder Judicial relatan entre pilas de expedientes empolvados, húmedos y hasta pudriéndose cómo han visto duplicarse el número de casos y extender sus jornadas de trabajo, mientras los ciudadanos esperan respuesta de la justicia local.

En su condición de empleada administrativa del Poder Judicial de la Ciudad de México, Adriana sabe que su hora de entrada al trabajo es a las 7 de la mañana, aunque siempre ignora cuál será su hora de salida. Sabe también que desde primera hora deberá atender a decenas de personas, a veces cientos, que acuden al juzgado familiar del sistema escrito al que está asignada para realizar trámites jurídicos, pero que será sólo hasta después de las 3 de la tarde, cuando esa marea de gente se haya ido, que ella podrá enfocarse, al fin, en todo el trabajo que tiene pendiente.

Su centro laboral es un edificio en la avenida Juárez del Centro Histórico, que se debate entre el pasado y el futuro: en los pisos inferiores se llevan los expedientes iniciados en el antiguo sistema de justicia escrito, que se dirimen hasta la fecha. Mientras que en los pisos superiores operan los juzgados orales, renovados apenas en 2024, donde las partes resuelven sus conflictos hablando ante un juez y con trámites en línea, para dejar atrás el exceso de diligencias en papel.

Adriana, sin embargo, forma parte de la plantilla de los juzgados que aún operan bajo el antiguo sistema escrito, por lo que ella recibe al público detrás de un escritorio, atrapada entre montañas de expedientes impresos que se extienden a lo largo de los pasillos hasta llegar a los baños, algunos mojados, pudriéndose, o cubiertos de polvo, reduciendo el espacio que en el que las personas hacen fila para ser atendidas y por donde los demás empleados judiciales deambulan, moviendo pilas de papel de un lugar a otro.

Juzgados locales duplican número de expedientes que reciben al año

Debido a que México inició hace una década la transición al sistema de justicia oral, la capital del país extinguió la operación de 11 juzgados del antiguo sistema escrito y repartió los asuntos a su cargo entre los 22 juzgados que restan en operación, multiplicando así la carga de trabajo de Adriana y sus compañeros.

“Antes –explica–, al año llegaban 2 mil 500 expedientes al juzgado, máximo. Pero ahora, con eso de la extinción de juzgados del sistema escrito, ya llevamos como 4 mil o 5 mil expedientes.”

Debido a esa gran carga de trabajo por atender, reconoce Adriana, “muchas veces sacrifico mis sábados y domingos para sacar algo atrasado, o para adelantar cosas de la próxima semana. Si no, nunca terminaría.”

A inicio de este mes, comenta otra trabajadora, que pide no mencionar ni siquiera su nombre, “avisaron que llegarían más archivos, para que yo buscara dónde colocarlos, pero el único lugar disponible es mi escritorio y mi silla. Todo lo demás ya está empapelado”.

Así, empapelada, está incluso la puerta del juzgado, forrada con 40 hojas en las que se informa sobre los más de 700 expedientes provenientes de juzgados extintos, que ahora deberán ser tratados en este lugar, atiborradas de papel, gente y ruido.

Ciudadanos esperan entre pilas de expedientes la solución de sus casos en la justicia local

Un poco más allá, en estas mismas instalaciones, un hombre de 22 años y una mujer de 19 intentan llegar a un acuerdo por la custodia de su hijo, sentados en un pequeño escritorio, mientras la música de Natalia Lafourcade suena en el celular de una trabajadora. “Lo que construimos se acabó –dice la canción–, lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento…”.

El acuerdo que están a punto de firmar será crucial para el sano desarrollo de su hijo de cinco años, pero la conversación fluye con dificultad, porque las actividades administrativas a su alrededor no frenan, así que deben tratar de dialogar mientras que, a sus costados, caminan y hablan los abogados y demás personas que también tienen asuntos legales que atender en el juzgado, como ese señor en la sala de espera, que grita “¡Necesito que me reciba la jueza o voy a ir al órgano interno de control!”.

En la sala de espera, quienes tienen suerte alcanzan silla y un lugar en la mesa para ojear la montaña de hojas en la que se ha convertido cada asunto. Los menos afortunados deben revisar de pie o esperar que se desocupe un lugar.

“¡No puede ser que la jueza no me reciba, desde que era secretaria de acuerdos!”, reclama el señor, que al final es atendido por un subalterno.

Es en medio de esta vorágine que los dos jóvenes buscan un acuerdo sobre la custodia de su hijo llegan a una propuesta de acuerdo, que piden analizar con sus respectivos abogados, pero, debido a que no hay un lugar privado en el que lo puedan hacer, se retiran a las esquinas del juzgado, para hablar en voz baja.

Luego regresan a la mesa, donde la secretaria de acuerdos alista los documentos que la jueza debe firmar. Mientras tanto, ambos jóvenes permanecen sentados, sin mirarse, ni dirigirse la palabra.

Antes de abandonar el juzgado, Adriana, la trabajadora administrativa que está aquí desde las 7 de la mañana, se despide con una certeza: “Si me va bien –afirma–, salgo de trabajar a las 8:30 de la noche, pero en los peores casos salgo hasta las 12 de la noche.”

Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Impartición de Justicia Estatal, para el año 2023, en México había más de 6 millones de expedientes y causas penales por atender en el sistema de justicia local, que es el ámbito en el que se dirimen las controversias en materia civil, familiar, mercantil y penal. No obstante, la justicia local sólo estuvo en condiciones de atender y concluir 31 % de esta carga laboral.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO JUDICIAL IBERO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ, EDGAR LEDESMA.

Sistema de justicia penal en México es “extremadamente ineficaz” y reforma judicial socavaría juicios justos: Human Rights Watch

El informe mundial 2025 de Human Rights Watch también alerta que la reforma judicial podría "socavar el acceso a un juicio justo".

En su Informe Mundial 2025, la organización Human Rights Watch aseguró que “el sistema de justicia penal es extremadamente ineficaz”, pues las fiscalías no investigan de manera eficaz los delitos, para llegar a judicializarlos.

“Las fiscalías no investigan de manera eficaz la mayoría de los delitos y violaciones de los derechos humanos, incluyendo los abusos cometidos por agentes del Estado y los delitos graves como el homicidio y las desapariciones forzadas”; destaca el informe.

A eso se suma el panorama incierto que se avecina en materia de justicia con la reforma judicial, que implica la elección de personas juzgadoras en varios niveles a través del voto popular.

El 15 de septiembre de 2024 entró en vigor la reforma que pretende elegir por elecciones populares en 2025 y 2027 a jueces, ministros y magistrados. La organización HRW destaca la creación del Tribunal de Disciplina Judicial “con amplios poderes para sancionar o destituir a los jueces”.

“La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los magistrados y abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que el cambio podría debilitar la independencia judicial y socavar el derecho a un juicio justo”, alertó HRW.

Fiscalías: detenciones arbitrarias y torturas

En el informe, Human Rights Watch también enciende una alerta sobre el trabajo que realizan las fiscalías en el país, pues instituciones internacionales como las Naciones Unidas han detectado que “fabrican cargos contra personas colocando drogas en sus hogares, vehículos, bolsas o ropa” con el objetivo de detenerlas e interrogarlas o torturarlas sin la presencia de un abogado”.

“Las autoridades a menudo recurren a la tortura para obtener confesiones e información. En la encuesta más reciente de personas encarceladas realizada por el Inegi (2021), casi la mitad de los encuestados afirmaron que, tras ser detenidos, policías o soldados les habían sometido a malos tratos físicos”, destaca el informe.

No solo eso, el Observatorio Contra la Tortura, un proyecto colectivo de organizaciones defensoras de derechos humanos, documentó que las autoridades recibieron 6 mil 226 denuncias penales por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2022.

La organización internacional también muestra en su informe datos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, tras su visita a México en 2023.

“El grupo de trabajo expresó su preocupación por que ‘la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y es con demasiada frecuencia el catalizador de malos tratos, tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias’”.

“Las autoridades suelen hacer uso indebido de la disposición de flagrancia de la legislación mexicana, que las faculta para detener a una persona que sorprendan cometiendo un delito”, destacó haciendo referencia a la “fabricación” de pruebas para la detención inmediata de sospechosos.

Ante la inacción de fiscalías, más de 230 colectivos de búsqueda

Human Rights Watch resaltó que la situación de las desapariciones en México rebasa la capacidad de acción de las autoridades, frente a lo cual “las familias de las víctimas han formado más de 230 colectivos de búsqueda, para investigar las desapariciones”.

“Los miembros de estos colectivos buscan en prisiones, hospitales, morgues y con cierta frecuencia localizan y desentierran fosas clandestinas. A menudo enfrentan amenazas y violencia”.

A ello se suma que, en enero de 2024, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador cerró la oficina del Centro Nacional de Identificación Humana, una dependencia de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y despidió a gran parte de su personal.

“Para septiembre de 2024, más de 115 mil personas estaban consideradas como desaparecidas. La mayoría desaparecieron a partir de 2006. Muchos podrían haber sido asesinados y enterrados en las casi 5 mil 700 fosas clandestinas que activistas y autoridades han descubierto”, subrayó HRW.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El reto de Bertha Alcalde: garantizar la autonomía de la Fiscalía ante la 4T

Este día Bertha Alcalde toma el control de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX con la encomienda de modernizar, sanear, profesionalizar e independizar políticamente a la institución; abogados consultados le dan un voto de confianza.

Este viernes 10, Bertha María Alcalde Luján recibirá la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) con grandes retos: abatir el rezago de miles de carpetas de investigación, reducir los tiempos para interponer una denuncia, tener “cercanía” con los ciudadanos y las víctimas, capacitar a sus trabajadores, eliminar la corrupción en sus oficinas y ayudar a combatir el 99% de impunidad que persiste en el sistema de justicia local.

Pero sin duda su desafío más grande será ejercer la autonomía de la Fiscalía frente a los gobiernos de Morena y la llamada 4T, tanto de la Jefatura de Gobierno como en la Presidencia de la República, gobernados por el partido que preside a nivel nacional su hermana Luisa María Alcalde Luján.

Ése fue el principal obstáculo al que se enfrentó la exdirectora del ISSSTE para aspirar al cargo que hace un año dejó Ernestina Godoy, luego de que los diputados opositores la apodaron “la fiscal carnal” de la entonces mandataria local Claudia Sheinbaum y no la ratificaron. Con ello, tuvo que dejar a Ulises Lara López, también afín a la 4T, como encargado de despacho.

En su entrevista con los diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la CDMX, el pasado 19 de diciembre, la misma Bertha Alcalde tocó el tema al asegurar que una de sus prioridades sería “garantizar, y que no les quepa duda, la autonomía de la institución”.

Eso, dijo, significa “ser objetivo en la aplicación de la norma, poder trabajar sin presiones de ningún tipo, ni de poderes fácticos ni de poderes constituidos –como el Ejecutivo y el Legislativo– ni de grupos de interés, políticos, económicos o mediáticos. Hay que ser transparentes para poder ser autónomos”.

Razones de la duda hay, pues antes de ser aprobada como fiscal en la CDMX, el expresidente Andrés Manuel López Obrador la designó secretaria ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, asimismo fue delegada de Desarrollo de Programas en Chihuahua y también comisionada en la Cofepris.

El tabasqueño también la postuló, aunque sin éxito, en la terna para presidir el Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución de Lorenzo Córdova, y como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN para suplir al ministro Arturo Zaldívar. 

Denuncias en el MP “en 20 minutos”

Aquel 19 diciembre de 2024, ante los diputados de distintos partidos, la abogada por la UNAM y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York marcó sus propios desafíos de llegar a ser electa fiscal, mismos que a partir de este viernes 10 deberá comenzar a trabajar para hacerlos realidad en los cuatro años que estará al frente de la FGJ local:
  • Atender las denuncias “en 20 minutos” en el Ministerio Público.
  • Evitar el constante peregrinar de las víctimas en distintas agencias.
  • No desincentivar las denuncias ni revictimizar a los denunciantes.
  • Hacer “uso estratégico de recursos” materiales y financieros de la FGJ.
  • Abatir su rezago de trabajo con expedientes guardados desde hace años.
  • Impulsar la justicia restaurativa y las soluciones alternas.
  • Impulsar la profesionalización del personal.
  • Aprovechar las tecnologías de información.
  • Hacer una Fiscalía de “puertas abiertas”.
En su diagnóstico, la hija de Arturo Alcalde, reconocido abogado laborista, y Bertha Luján, obradorista de cepa y fundadora de Morena, aseguró que la Fiscalía capitalina necesita mejorar la colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para cumplir las medidas precautorias, dar mayor impulso a Casas de la Justicia de la Mujer y poner más atención a casos de violencia contra la mujer y los niños.

Otros temas urgentes

En el mismo proceso de entrevistas, Anaid Valero, la más cercana “contrincante” de Alcalde Luján en el proceso interno, marcó también las urgencias a implementar en la Fiscalía local:
  • Mejorar el sistema de denuncias virtuales con el uso de aplicaciones tecnológicas y redes sociales.
  • Instalar más módulos móviles del Ministerio Público.
  • Más capacitación de fiscales, policías y peritos en la aplicación de protocolos para atender delitos contra las mujeres y grupos vulnerables.
  • Digitalización de los expedientes para su mejor manejo.
Mejoras de servicio

Ulrich Richter Morales, el tercer integrante de la terna designada por el Consejo Judicial Ciudadano, marcó otras necesidades de la FGJ local para mejorar su servicio y que pasan a ser pendientes para la nueva fiscal capitalina. Entre ellas se cuentan las siguientes:
  • Incrementar la colaboración con la Jefatura de Gobierno, la Fiscalía General de la República (FGR) y sus delegaciones estatales, así como los tribunales.
  • Supervisión directa del fiscal a los ministerios públicos, “que no viva en el penthouse del búnker, sino que tenga su oficina en el primer piso”.
Rezago, intereses internos y “limpia”

Abogados litigantes consultados en breve coinciden en el reto que tendrá la nueva titular de la FGJCDMX en cuanto a los miles de casos rezagados y la “falta de una verdadera política de persecución penal”.

Lamentan que la Fiscalía no prioriza la atención de casos penales que lo ameritan o los que les puede encontrar salidas alternativas como la solución de controversias y, con ello, desahogar la saturación. “En las fiscalías de asuntos familiares tardan tres, cuatro meses en darte una cita para iniciar una investigación después de que presentas la denuncia”, ejemplifican. Peor aún, dicen, el sistema de denuncia digital es “deficiente”.

Los litigantes hablan también del problema existente al interior de la Fiscalía de intereses económicos y políticos que “impiden que la justicia sea efectiva e imparcial”. Incluso, mencionan los casos de agentes del MP, policías de Investigación y demás personal que tiene nexos con grupos criminales y que algunos han sido sancionados; es decir, el enemigo en casa.

Algunos abogados consultados destacan que Bertha Alcalde tendrá que hacer “una limpia absoluta” del equipo directivo que dejaron Godoy y Lara para no mantener los vicios que aquejan a la institución. Sin embargo, destacan excepciones, como Sayuri Herrera, quien fue nombrada por Godoy como fiscal de Feminicidios y luego ascendida a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.

También dejan en duda la relación que tendrá la Fiscalía local con los próximos jueces y magistrados que serán electos por voto popular el 1 de junio, así como con las policías y sus nuevas facultades de investigación. 

Por lo demás, los abogados consultados coinciden en dar un “voto de confianza” a Alcalde Luján por su perfil, que incluye experiencia en el área de capacitación de jueces y ministerios públicos y con ideas “modernizadoras” de la procuración de justicia. Sin embargo, sí le tienen una petición concreta: “No politizar la justicia y acercarla a la ciudadanía en el día a día”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

El fiscal invisible, y el futuro…

“Alejandro Gertz Manero, el primer fiscal general de la República, pasó de ser el fiscal ausente, al fiscal invisible, al fiscal inservible, al fiscal irresponsable”.

“Señoras y señores, la reaprehensión de este criminal y su cómplice, es resultado de un profundo trabajo de inteligencia, investigación y coordinación entre las distintas instituciones de seguridad del Gobierno de la República”, dijo casi al final de su conferencia el 9 de enero de 2016 quien era Procuradora General de la República, Arely Gómez González. Se refería a la tercera y última captura de Joaquín Guzmán Loera, sucedida un día antes en Los Mochis, Sinaloa.

Sin sentencia, casi la mitad de reclusas en México; cárceles de mujeres, en la mira de ONU-DH

En promedio, cuatro de cada 10 personas privadas de la libertad en México no cuentan con sentencia. Pero el porcentaje es mayor en el caso de las mujeres presas, donde es de casi el 50 por ciento.

Son parte de los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal 2024, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las condiciones de las mujeres privadas de la libertad son “particularmente preocupantes”, dijo a su vez la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en el contexto del Día Internacional de Nelson Mandela, que promueve los derechos de las personas presas.

Renuncia fiscal de San Luis Potosí por motivos personales

En octubre de este año finalizaría su encargo que inició en diciembre de 2021, y aseguró que buscará regresar a sus labores en el Poder Judicial Federal.

El fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruíz Contreras renunció a su cargo este jueves, aludiendo cuestiones “estrictamente personales y profesionales“.

El fiscal acudió a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de San Luis para entregar su dimisión, y serán las Comisiones de Gobernación y la de Justicia las que revisen su solicitud.

Sistema de Justicia Penal de CDMX está saturado: México Evalúa

De acuerdo con el informe “Hallazgos desde lo local 2022”, la asociación detectó que la capital tiene una tasa de congestión del 53.7%.

El Sistema de Justicia Penal (SJP) de la Ciudad de México, está saturado, por lo que urge se implementen medidas para agilizar los procesos, así lo consideró México Evalúa.

De acuerdo con el informe “Hallazgos desde lo local 2022”, la asociación detectó que la capital tiene una tasa de congestión del 53.7%.

El “abuso” de la prisión preventiva oficiosa frena la reinserción social en Jalisco

Autoridades, activistas y especialistas reflexionan sobre la “prisión preventiva oficiosa” y su mal uso en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Jalisco; dicha figura, coinciden, se ha convertido en un instrumento “represivo y de corrupción”.

En el Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Jalisco se abusa de la prisión preventiva oficiosa detonando actos de corrupción y frenando la reinserción social en el estado, coinciden especialistas en temas de seguridad y de justicia.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Daniel Espinosa Licón, reconoce que en el Poder Judicial se ha hecho un “uso excesivo de la prisión preventiva”. Sin embargo, aclara que no por ello debe asegurarse que el modelo de impartición de justicia ha fracasado; en todo caso –asegura– puede mejorarse.