Sebastián era conocido por las y los habitantes de este sector, en el que residía, y solía realizar mandados y labores ocasionales a sus vecinos para ayudar económicamente a su padre, con quien vivía y se encuentra incapacitado para trabajar. 

Según su hermana, Leslie Salazar, este año no pudo ingresar a la secundaria debido a las carencias económicas que enfrentaba la familia. 

Su hermana, quien ha emprendido una serie de acciones para exigir justicia y su abogado, Zuriel Rosas, informaron que aquel sábado, Sebastián acudió a la panadería para preguntar si requerían algo, ya que ese día no le correspondía laborar. En el lugar se encontraban Dante, Isaac y Uriel. Isaac y Uriel sometieron al joven, mientras Dante “N” jugaba a una especie de “ruleta rusa” con un arma de fuego. 

“Dante tomó un arma, un revólver, metió una bala al revólver, giró el barril del revólver y apuntó al pecho del menor, le jaló el gatillo y lo falló, es decir, el tiro no salió y lo intentó hasta la tercera vez sin que saliera y en el cuarto, fíjate nada más a qué grado llegó el dolo, que hasta el cuarto intento fue cuando detonó el la bala”, dijo Zuriel Rosas a Proceso. 

La bala se incrustó en el tórax de Sebastián y salió por la espalda, hiriendo también a Isaac. “Chechito” fue trasladado por Uriel a la Cruz Roja, pero llegó sin signos vitales, mientras que Isaac fue trasladado al Sanatorio San José donde permaneció hasta la celebración de la primera audiencia. 

El pasado sábado 13 de septiembre Isaac “N” fue vinculado a proceso por un Juez de Control bajo la figura de coautoría en homicidio calificado con ventaja. 

El juez decretó un plazo complementario de 60 días para la integración de la investigación y ordenó su traslado al Cereso de Durango, donde permanecerá en prisión. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de 20 a 50 años de prisión. 

Este sábado 20 de septiembre, se celebró la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de Uriel “N”, donde el juez lo vinculó a proceso por homicidio calificado con ventaja. 

Mediante procedimiento abreviado, Uriel "N" aceptó su responsabilidad y recibió una reducción de pena por no contar con antecedentes penales. La condena se estableció en 17 años y 6 meses de prisión, luego de aplicarse una reducción de un octavo sobre la pena mínima de 20 años que establece el Código Penal del Estado. 

Dante "N", señalado como autor material del disparo, continúa prófugo, por lo que la Fiscalía General del Estado de Durango mantiene las labores de búsqueda y localización. 

La familia del adolescente ha recibido acompañamiento de la comunidad, con marchas y vigilias en exigencia de justicia. Incluso, el abogado de la familia, Zuriel Rosas, los acompaña a petición de la alcaldesa Betzabé Martínez, luego de que la familia solicitara su apoyo. El asesor legal confirmó que continuarán el proceso legal hasta que todos los involucrados enfrenten a la justicia. 

Las autoridades solicitaron a la población reportar cualquier información sobre el paradero de Dante "N" al número 618 137 36 61. La Fiscalía garantizó el anonimato de quienes proporcionen datos relevantes para la localización del prófugo.

Al día siguiente, Fabiola Sifuentes, madre de la niña, acompañada por colectivos como Víboras en el Desierto de la Laguna, Mujeres que luchan por mujeres y Brujas de la Calle, cerraron las instalaciones judiciales en señal de rechazo, exigiendo la destitución de los jueces Cecilia Fernández, Margarito Galaviz y Julio Silva. Fabiola los acusa de “haber dejado en libertad al violador de mi niña".

La madre narró que en mayo de 2023, Danna le dijo que quería apoyarla con el gasto para sus pasajes escolares. por lo que le manifestó la intención de trabajar en el restaurante Los Tres Carnales, propiedad de Alejandro “N”, primo de Fabiola. Ellas residían en el ejido Los Ángeles, que se encuentra a cuatro kilómetros de Lerdo.

Sin embargo, el 2 de mayo, día en que Danna empezó a laborar, fue drogada y violada por el sospechoso, según la denuncia presentada ante la Vicefiscalía de Justicia Región Laguna de Durango, donde se confirmaron las agresiones mediante pruebas médicas.

“Las pruebas están por peritos, por médico legista de que mi niña fue abusada y los jueces corruptos dicen que es mentira, que la niña está mintiendo”, afirmó Fabiola.

Alejandro “N”. fue arrestado como presunto responsable y enviado al Cereso de Durango, pero días antes de las elecciones del 1 de junio, la madre denunció haber recibido amenazas de Salvador, hermano del presunto agresor y juez del ejido Los Ángeles, quien le aseguró que, tras la victoria de la candidata del PRI, Susy Torrecillas, su hermano sería liberado y ella sería encarcelada.

Tras la victoria electoral, los jueces dictaron que Danna “mintió” y ordenaron la libertad de Alejandro “N”., decisión que ha sido cuestionada por colectivos y familiares de la víctima. La Fiscalía anunció que apelará la resolución.

El caso no es aislado. El colectivo Víboras en el Desierto de la Laguna reportó que hay al menos dos casos más implicando a uno de los jueces señalados, Margarito Galaviz, en los que los agresores también han quedado en libertad.

Durante el segundo día de protesta, el 11 de junio, el presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, Miguel Ángel Quiñones, acudió al Palacio de Justicia para dialogar con las manifestantes. Sin embargo, las activistas criticaron la falta de acciones concretas y acusaron a las autoridades de permitir que un violador siga en libertad.

“Usted dice: no veo aquí al ministerio público. Señor, es responsabilidad de ustedes, aquí ya todo es responsabilidad de ustedes, porque ustedes permitieron que un violador esté en la calle y aparte no generaron ningún tema para la no repetición del delito”, expresó Sandra Sierra, presidenta de Funprodem.

El funcionario afirmó que se revisarán las denuncias y que, si se encuentran indicios, se abrirá una investigación administrativa que podría derivar en sanciones, incluyendo la destitución o acciones penales.

En el tercer día de protestas, las activistas realizaron iconoclasia y quemaron algunas pancartas. Además, pusieron la foto y el nombre de los dos jueces y la jueza que absolvieron a Alejandro.

Danna dejó el ejido Los Ángeles, donde residía con su madre y hermanos. Apenas había retomado sus estudios de preparatoria y trataba de continuar con su proyecto de vida, pero tras la sentencia su salud emocional comenzó a deteriorarse.

Dice que tiene miedo de que Alejandro le vuelva a hacer daño. La madre de la víctima, por su parte, perdió su empleo, pero asegura que su prioridad es obtener justicia para que su hija pueda vivir en paz.

El próximo lunes 23 de junio se realizará una audiencia para la lectura de la sentencia absolutoria a Alejandro “N”., en la que estarán presentes los tres jueces señalados. 

Fabiola y las colectivas prometen nuevas movilizaciones en defensa de los derechos de Danna y la justicia.

En uno de los capítulos más polémicos, que fue bautizado como “los audioescándalos”, el delegado de Bienestar en Durango, Jhonatan Jardines Fraire, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por legisladores del PAN. Se le acusa de coacción del voto mediante el uso de programas sociales, tras difusión en redes de audios en los que se escucha cómo el delegado estaría dando instrucciones para identificar operadores políticos desde la estructura gubernamental, así como el uso de vehículos oficiales para proselitismo.

Jardines Fraire fue nombrado delegado del Bienestar en octubre de 2024, poco menos de un mes antes del inicio formal del proceso electoral, el cual comenzó el 1 de noviembre. De extracción perredista, fue diputado federal por ese partido (2012-2015). Durante la campaña de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, se desempeñó como su delegado político en el estado.

El 9 de abril, el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, acusó al candidato de Morena a la alcaldía Durango, José Ramón Enríquez Herrera, de presuntos vínculos con el crimen organizado. El diputado señaló:

“Le pedimos a la Guardia Nacional, al Instituto Electoral estatal y a la Fiscalía duranguense que sigan la pista a los dirigentes de la 4T y sus candidatos, porque hay sospechas de que pueden estar financiados con dinero de dudosa procedencia o que intenten robar urnas con violencia el día de la elección”, y aseguró que autoridades federales han vinculado a Enríquez con integrantes de la organización del Mayo Zambada.

El 20 de enero de 2023, diversos medios de comunicación reportaron la detención de Gerardo Soberanes Ortiz, alias El G1 o El Licenciado, quien presuntamente operaba actividades delictivas en Durango y la Comarca Lagunera. Soberanes Ortiz fue identificado como lugarteniente de una célula del Cártel de Sinaloa encabezada por Zambada. Citando a la Sedena, medios informaron que El G1 sería compadre del candidato morenista José Ramón Enríquez Herrera.

Competencia

Este 1 de junio, la ciudadanía de Durango elegirá a titulares de 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas, 327 regidurías y 49 cargos del Poder Judicial Local. El IEPC instalará mil 497 casillas. La lista nominal asciende a 1 millón 424 mil 038 personas, mientras que el padrón electoral es de 1 millón 427 mil 896 personas.

Históricamente, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha incrementado su presencia en el estado. En la elección de 2019, el partido obtuvo dos alcaldías, entre ellas la de Gómez Palacio. En los comicios de 2022, la coalición Morena-PT-PVEM-RSP ganó 20 de los 39 municipios de la entidad, de los cuales 15 fueron para Morena. No obstante, perdió Gómez Palacio, una de las tres ciudades más pobladas del estado, mientras que Durango y Lerdo quedaron en manos de la coalición PRI-PAN-PRD.

Morena podría obtener por primera vez el municipio de Lerdo, donde la competencia se ve cerrada entre la candidata Flora Isela Leal Méndez (de la coalición Morena-PT-PVEM) y Susy Carolina Torrecillas Salazar, del PRI-PAN. Torrecillas y el actual presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez, son esposos.

En cuanto a la capital del estado, ésta podría quedar en manos de la coalición PRI-PAN, cuyo candidato, Antonio Ochoa Rodríguez, compite también en una contienda que se ve cerrada contra el morenista José Ramón Enríquez.

Mientras que Morena podría recuperar Gómez Palacio, donde compite contra MC.

El número de regidurías de representación proporcional en los 39 municipios de Durango son los siguientes:

En el municipio de Durango diecisiete regidurías (17); en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo quince regidurías; (15); en los municipios de Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Mapimí, Mezquital, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tlahualilo y Vicente Guerrero nueve regidurías, y en los municipios de Canelas, Coneto de Comonfort, General Simón Bolívar, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Nazas, Ocampo, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Bernardo, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, San Luis de Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Santa María del Oro, Súchil, Tepehuanes y Topia, siete regidurías.

En lo que respecta al Poder Judicial local, se elegirán 15 magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia, cinco magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, una magistratura del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes y 28 plazas para juezas y jueces.

Manos de otros estados

Otra cosa que ha enturbiado el proceso es la intromisión de funcionarios de otros estados en la elección duranguense. El 25 de mayo, elementos de la Fiscalía detuvieron en la capital del estado a Arturo Gabriel Ortega Hernández, servidor público del gobierno de Hidalgo, quien presuntamente operaba a favor de Morena.

Según la Fiscalía del estado de Durango, el ahora detenido se presentó como coordinador de la campaña de José Ramón Enríquez, y viajaba en una camioneta Ford Ranger, propiedad del estado de Hidalgo.

El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, informó que el director de área del Sistema Mixto, Arturo Gabriel Ortega Hernández, enfrentará cargos por peculado en esta entidad, por el uso de la camioneta que conducía al momento de ser intervenido por la policía municipal de Durango, informó Proceso el lunes 26.

Además de iniciar la carpeta de investigación por peculado, se anunció que se le dará de baja del servicio público y también se iniciaría una investigación por la Contraloría, según lo señalado por Fernández Hasbun.

Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acusó la intervención de la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez.

En la rueda de prensa celebrada el 21 de mayo, Alcalde dijo: “Tenemos información de que la gobernadora viajó a la ciudad de Durango a bordo de un avión privado, con matrícula N7490A. El viaje coincidió con la presencia de diputados locales del PAN. Toda la comitiva llegó al aeropuerto con maletas como para varios días y se regresaron tres horas después sin ellas”.

En medio de una tensa calma y sin que las autoridades electorales refieran hechos violentos relacionados con el proceso electoral, Morena informó que solicitó el refuerzo de la Guardia Nacional en la entidad.

“Es una institución que cuenta con la confianza de la ciudadanía, por lo que esperamos que pueda reforzar su presencia tanto durante el periodo de veda como el día de la elección. Nosotros vamos a insistir en esta solicitud para que en todos los municipios de Durango exista un ambiente propicio que motive a las personas a salir a votar”, dijo Luisa María Alcalde.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango aseguró que no tiene registro de “focos rojos”, a pesar de lo cual el proceso estará vigilado por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

“Tenemos esa sinergia de institución electoral, tanto el INE como el IEPC; con esta sinergia de una comunicación directa, justamente estamos teniendo esa comunicación con diferentes corporaciones, tanto la Guardia Nacional como la Sedena y cada una de las corporaciones municipales y estatales. En ese sentido tenemos la seguridad de que cualquier altercado que pueda pasar será atendido de manera inmediata”, dio a conocer Jesús González Cortés, presidente del Consejo Municipal Electoral de Gómez Palacio del IEPC.

Durango es uno de los dos estados, junto con Coahuila, que todavía gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Actualmente el mandatario de esa entidad es Esteban Villegas Villarreal, quien concluirá su gestión hasta 2028.

En las elecciones estatales que se celebrarán este año, Durango renovará 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 326 regidurías, puestos clave para pelear la gubernatura.

Morena recurrió a sus diputados federales a sabiendas de que su estructura electoral en Durango no es tan fuerte, pues el PRI y sus aliados gobiernan las ciudades en las que hay una mayor cantidad de electores.

En las últimas elecciones de Durango en 2022, Morena y sus aliados obtuvieron el triunfo en 20 alcaldías, mientras que el PRI, junto con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ganaron 18 demarcaciones. Movimiento Ciudadano se llevó la victoria en una más.

A pesar de que Morena salió airoso de la elección de hace tres años, el PRI y sus aliados mantienen el control de las ciudades que concentran a casi el 70 % de la población: Durango, la capital, Gómez Palacio y Lerdo. 

Para tratar de arrebatar al PRI, estas y otras demarcaciones, la bancada morenista intensificará su estrategia en suelo duranguense a partir del mes de mayo, luego de que concluyó el periodo ordinario de sesiones.

Morenistas vigilan y recopilan información de sus candidatos en Durango

Tres diputados federales de Morena consultados por Animal Político, quienes prefirieron resguardar su nombre, relataron las labores que llevan a cabo en el estado norteño.

En su relato, los tres legisladores coincidieron en que su labor es equivalente a la de un “consejero” u “observador”. De igual forma señalaron que no tienen un calendario preciso de cuándo deben viajar al estado o cuánto tiempo le tienen que dedicar al proceso electoral.

“Nosotros vamos cuando el equipo del candidato nos pide ayuda”, dijo uno de los legisladores consultados. “Algunos vamos conforme nuestra economía lo permita porque los gastos los estamos cubriendo nosotros mismos”, comentó otro diputado.

Cada diputado federal fue designado a un municipio. Una vez ahí, están cerca de los equipos de campaña para observar y hacer recomendaciones de la estrategia electoral.

El equipo de cada candidato debe reportar a los diputados federales varios datos, por ejemplo, cuántos funcionarios de casilla tiene listos para el día de la elección, a pesar de que estos funcionarios deberían ser ciudadanos que no favorezcan a ningún partido. 

De igual forma los equipos de campaña deben reportar cuántos promotores del voto tienen en sus filas, así como cuánta gente hay disponible para defender un posible recuento de sufragios en caso de que el resultado sea cerrado.

Los legisladores morenistas envían al Consejo Nacional de Morena los reportes que reciben de cada candidatura. Aunque más que recabar números, el objetivo de los diputados es presionar para que los equipos de campaña se apuren a conseguir a las personas necesarias para promover el voto y defender los resultados.

Tras bambalinas, la bancada guinda igualmente vigila la forma en la que se realizan los actos de campaña, además de la cantidad de gente que asiste a los eventos.

La dirigencia nacional de Morena también pidió a sus diputados federales participar en la estrategia electoral de Veracruz, donde este año se renovarán 212 presidencias municipales, aunque Durango sigue siendo la prioridad porque la entidad sureña incluso ya es gobernada por Rocío Nahle, integrante del partido guinda.

Diputados de Morena destinan sus esfuerzos a temas electorales

Participar en la estrategia electoral de Durango y Veracruz es solo una de las muchas labores que realizan los legisladores morenistas, quienes deberían tener como principal función analizar y aprobar leyes.

A petición del Consejo Nacional, los morenistas también participan en la promoción de la elección judicial y en la afiliación de 10 millones de personas al partido, labores que realizan en sus tiempos libres o incluso cuando hay sesiones semipresenciales.

En cuanto a lo legislativo, en los últimos dos períodos de sesiones, entre septiembre de 2024 y abril de 2025, la mayoría de Morena y sus aliados se han dedicado a aprobar principalmente las reformas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

También concluyeron un año legislativo entre pendientes. El año pasado aprobaron casi una veintena de reformas constitucionales enviadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero aún no avalan todas las leyes secundarias que se requieren para hacer funcionales las modificaciones a la Constitución.

“La diligencia judicial se efectuó en un inmueble ubicado en la carretera federal México 40 Durango-Mazatlán, en el que se encontraron 42 explosivos artesanales, 207 cartuchos de diferentes calibres, siete casacas y seis pantalones con camuflaje, además de ponchallantas. Por lo anterior, el domicilio quedó a disposición del MPF, quien continuará con las investigaciones correspondientes para proceder conforme a derecho”, detalló la Fiscalía General de la República.

Desde el 9 de septiembre de 2024, tras el secuestro, en Culiacán de Rosales, y la posterior detención de su padre en Estados Unidos, “El Mayito Flaco” emprendió una guerra contra la otra facción del Cártel de Sinaloa, la de “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”, como se le conoce a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, y a sus hermanos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “El Alfredillo”, así como a Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” y Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, estos tres últimos presos en Estados Unidos.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), nombró, el 26 de junio de 2023, a Ismael Zambada Sicarios, alias “Mayito Flaco” -también conocido como “El Caballero”- hijo de Ismael Mario “El Mayo” Zambada García, como su “fugitivo de la semana”.

“Los miembros del público pueden informar anónimamente sobre fugitivos y otras actividades delictivas en DEA.gov. Si alguien está en peligro inminente, llame al 911 oa la policía local de inmediato”, indicó la agencia del Departamento de Justicia estadounidense, en un comunicado.

“También puede enviar un aviso al Servicio de Alguaciles de EE.UU. (US Marshals Service, USMS) sobre fugitivos buscados, o enviar un correo electrónico a la línea de avisos del USMS ausms.wanted@usdoj.gov”, agregó la DEA, que también agregó que “El fugitivo puede estar armado y ser peligroso. No intente detener a este individuo”.

Asimismo, la agencia del Departamento de Justicia estadounidense publicó una ficha con los datos generales de Ismael Zambada Sicairos, entre ellos su alias, “Mayito Flaco”, y los delitos por los cuales se le pretende localizar: “Se busca por las siguientes supuestas violaciones federales. Conspiración para distribuir una sustancia controlada 21 USC 846”.

Además, señaló que el hijo de “El Mayo” mide 1 metro con 75 centímetros y que pesaba un poco más de 79 kilogramos. También enfatizó que su raza era hispana, que tenía el cabello y los ojos de color marrón. Asimismo, indicó que nació en 1982 y que su última dirección conocida era “México”.

El 3 de febrero de 2022, la misma Administración de Control de Drogas de Estados Unidos colocó dentro de su lista de prófugos a Ismael Zambada Sicarios, alias “Mayito Flaco” -también conocido como “El Caballero”- hijo de Ismael Mario “El Mayo” Zambada García.

Ello por las acusaciones que pesaban en su contra en territorio estadounidense. Esto a pesar de que el joven, de entonces 39 años de edad, había mantenido un bajo perfil al interior del Cártel de Sinaloa, mismo que dirigía su padre.

Según los datos que difundió la DEA, “Mayito Flaco” nació en 1982, y tenía un parecido cercano a su padre. En la fotografía que publicó la agencia estadounidense, Zambada Sicairos lucía con una barba de candado, pelo castaño y un semblante serio.

Según las acusaciones que radicaban en la Corte Federal del Distrito Sur de California -las cuales compartía con Iván Archivaldo Guzmán, alias “El Chapito”-, Zambada Sicairos habría cometido los delitos de intento y conspiración de narcóticos, desde Asia hasta México y Estados Unidos.

La Administración de Control de Drogas de EE.UU. detalló que el historial delictivo del “Mayito Flaco” databa desde el año 2005 hasta julio del 2014, y también habría operado en Asia, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.

El 16 de enero de 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), dio a conocer acusaciones que derivaron en cargos contra 117 personas, todas ellas presuntamente relacionadas con operaciones internacionales del Cártel de Sinaloa.

La acusación principal, revelada en enero del 2015, y radicaba en una corte federal ubicada en San Diego, California, señalaba a Zambada García, así como a dos de sus cuatro hijos, entre ellos Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.

También se menciona a Ismael Zambada Imperial, mejor conocido como “Mayito Gordo” -hijo mayor del líder del Cártel de Sinaloa-, quien el 30 de abril del 2021, se declaró culpable, en una Corte Federal del Distrito Sur de California, en San Diego, acusado de importar y distribuir metanfetamina, cocaína y mariguana a EE.UU.

Por otra parte, según el documento de la acusación que se encontraba en el Sistema de Acceso Público a los Archivos Electrónicos de Cortes estadounidense, “Mayito Flaco” era el probable responsable de transportar metanfetamina de Asia a México.

Luego, una vez que dicha metanfetamina llegaba a México, el hijo de “El Mayo” ordenaba que fuera transportada a la frontera con los Estados Unidos, y posteriormente a lo largo del territorio de EE. UU., para su distribución.