Un Tribunal ordenó al Mecanismo de Protección revisar si los ataques desde la presidencia impactaron la seguridad de la defensora ambiental Tania Ramírez.

La sentencia ordena reponer las medidas de protección y emitir un nuevo plan que considere los ataques públicos desde la Presidencia y la divulgación de sus datos personales en la mañanera.

Comunicado del Consejo Nacional de Litigio Estratégico:

En 2022, Tania Ramírez, espeleóloga y feminista que lucha por la justicia ambiental y la autonomía de las mujeres, fue objeto de una campaña de descalificación pública -junto con otros ambientalistas— encabezada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde la conferencia mañanera, el presidente la señaló como “pseudoambientalista” y la acusó falsamente de recibir pagos por oponerse al Tramo 5 del Tren Maya. Como consecuencia de esta descalificación, se desataron agresiones físicas en su contra durante una protesta frente al Palacio Nacional; amenazas en línea; hostigamiento; y se le restringió el acceso a áreas del ejido de Playa del Carmen por su activismo, lo que limitó y puso en riesgo su empleo y su seguridad, así como la de su familia.

Ante esa situación, Tania solicitó la ampliación de medidas de protección al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación —instancia encargada de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor—. Sin embargo, las autoridades omitieron considerar los efectos de los ataques presidenciales y del contexto de violencia que enfrentaba, como resultado de lo dicho en la conferencia mañanera por el propio Presidente. Su evaluación de riesgo se realizó sin metodología clara, sin escuchar sus objeciones y sin tomar en cuenta el impacto público de las declaraciones del Ejecutivo.

Al menos 18 defensores del territorio fueron asesinados y uno desaparecido en México en 2024, lo que lo convierte en el tercer país más mortal para quienes luchan contra el despojo territorial, la devastación ambiental y la ruptura comunitaria, reveló el informe “Raíces de Resistencia” de la organización Global Witness.

De acuerdo con el informe, el país más letal por tercer año consecutivo fue Colombia, con 48 defensores asesinados, mientras que el segundo lugar lo ocupó Guatemala, con 20 víctimas en 2024. Después de México, Brasil sumó 12 defensores asesinados en el año, mientras que Filipina registró siete casos, y Honduras e Indonesia cinco cada uno.

En cuanto a las desapariciones, la organización reportó que al menos cuatro defensores fueron víctimas del crimen, de las cuales una fue en Chile, otra en Filipinas, una en Honduras y otra en México.

El informe documenta que en total fueron asesinadas 117 personas en América Latina, que representan el 82 por ciento del total de los crímenes cometidos contra los defensores del territorio. A ello se suma que, “una vez más, las víctimas de cerca de un tercio de las agresiones con consecuencias mortales eran indígenas, a pesar de que constituyen aproximadamente el 6 por ciento de la población mundial”, señaló Global Witness.

Los datos de la organización apuntan que a nivel global 29 de las 146 personas asesinadas o desaparecidas en 2024 luchaban contra la minería y proyectos extractivistas, ocho contra la explotación forestal y cuatro contra la agroindustria. Asimismo, más del 62 por ciento de los casos se vinculaban con la defensa de los territorios y el acceso a la tierra.

Entre los principales responsables de las agresiones contra defensores se encuentran la delincuencia organizada, servicios militares privados y sicarios, puntualizó el informe.

Además de los asesinatos y la desaparición, la asesora principal de campañas de Global Witness, Rachel Cox, recordó que los gobiernos de todo el mundo utilizan sus sistemas jurídicos “como instrumento para silenciar a quienes alzan la voz en defensa de nuestro planeta”, mientras que no sancionan los ataques contra los defensores, “lo que perpetúa los asesinatos sin consecuencias”.

“Luchar contra la injusticia jamás debería suponer una sentencia de muerte. Es preciso que los gobiernos y las empresas inviertan el curso de los acontecimientos para amparar los derechos de las personas defensoras y protegerlas, en lugar de perseguirlas. Nos hacen mucha falta para preservar nuestro planeta. Y, si les damos la espalda, pondremos en peligro nuestro futuro”, declaró la autora principal del nuevo informe de Global Witness, Laura Furones.

La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la liberación del activista Luis Villagrán, organizador de caravanas migrantes y director del Centro de Dignificación Humana.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, aseguró que la Secretaría de Seguridad Federal obtuvo 75 pruebas que establecen la presunta responsabilidad del activista en el delito de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas.

Sin embargo, Gertz refirió que el juez “no quiso ni siquiera analizar” las pruebas que presentaron las autoridades durante la audiencia de vinculación de proceso.

Luis Villagrán contaba con medidas de protección para defensores de derechos humanos

Durante la audiencia, la defensa del activista respondió a las acusaciones de trata de personas comprobando que era defensor de derechos humanos con medidas de protección otorgadas por el Gobierno.

“Se le hizo saber al juez, y se le comprobó, que realmente él [Villagrán] es una persona que se dedica a la protección de los derechos de los migrantes; y por la otra parte, el Ministerio Público no pudo demostrar que existiera esa relación entre él y las otras personas” acusadas de delincuencia organizada, detalló el abogado de Luis Villagrán en entrevista con Animal Político.

El arquitecto Sergio Hugo Ureiro Castañeda, uno de los activistas que recuperó una plaza pública decretada área verde en la ciudad de Tlapa, fue asesinado a balazos. 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y vecinos exigieron a las autoridades justicia y un alto a la violencia criminal contra la población.

Pueblos del Istmo de Tehuantepec que este lunes instalaron cuatro bloqueos carreteros aseguraron que de no resolverse sus demandas contra la gentrificación, el despojo territorial, la criminalización de defensores comunitarios y las altas tarifas de luz en Oaxaca, protestarán durante la Guelaguetza en la región y se desplazarán a la capital para instalar un campamento.

Los cuatro bloqueos en Jalapa del Marqués, El Coyul, Puente Madera y Zanatepec fueron instalados «ante la falta de respuestas a nuestras legítimas demandas», entre las que se encuentran medidas contra la gentrificación y turistificación de los pueblos, barrios y colonias de Oaxaca, así como la revocación de la sentencia contra el defensor binnizá David Hernández Salazar, de la comunidad de Puente Madera, quien es víctima de una «persistente criminalización» a pesar de que existen dos sentencias que lo absuelven de los delitos fabricados desde 2022.

COMUNICADO:

El defensor binnizá David Hernández Salazar es víctima de una «persistente criminalización» a pesar de que existen dos sentencias que lo absuelven de los delitos fabricados de daños por incendio y lesiones dolosas, presuntamente cometidos en el municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, el 12 de febrero de 2022, cuando el defensor se dirigía a la estación de la Radio Comunitaria Didxazza Stipa para denunciar el hostigamiento en su contra por defender el monte El Pitayal.

En un comunicado, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunciaron que a pesar de la doble absolución, el pasado mayo «las presuntas víctimas volvieron a ampararse, lo que mantiene vigente una estrategia de persecución judicial, y pone en alerta a la comunidad de Puente Madera con el objetivo de continuar criminalizando la defensa del territorio y a quienes luchan por sus derechos».

Hernández Salazar es una de las caras más visibles en la lucha contra la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico en las tierras de uso común del monte El Pitayal, Puente Madera. El 7 de febrero de 2024 fue condenado a 46 años y 6 meses de prisión, además del pago de más de un millón de pesos por reparación del daño y una multa de $182,000.00 y un pago por reparación de daños por la cantidad de $1,100,015. Sin embargo, el 14 de mayo del mismo año la sentencia fue revocada, luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca reconoció las irregularidades en el proceso y la invalidez de las pruebas presentadas en su contra.

Tras la primera revocación, las presuntas víctimas interpusieron un amparo por el que se ordenó que debía dictarse una nueva sentencia sin considerar las pruebas declaradas ilícitas, pero sí otras ofrecidas por la parte acusadora. El 27 de febrero de este año la Segunda Sala Penal Colegiada ratificó la absolución de David Hernández y desestimó nuevamente las acusaciones, pero quienes lo acusaron volvieron a interponer un amparo en contra del defensor.

«La lucha de David no es individual. El proceso judicial en su contra refleja la persecución sistemática contra defensores y defensoras comunitarios que se han opuesto a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y a los Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI)», aseguró la asamblea de Puente Madera y la APIIDTT, que reiteraron la urgencia de que Hernández quede libre de todo proceso judicial, así como su comunidad «libre de hostigamiento».

COMUNICADO:

Hombres vestidos de civil que se identificaron como policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intentaron detener a la activista Adriana Leyva Alanís, a pesar de que la orden de aprehensión correspondía a otra mujer con el mismo nombre, pero con diferentes características físicas.

El pasado 8 de julio, los supuestos agentes la esperaron a que saliera de su domicilio para intentar esposarla. Ahora, la activista relata a Animal Político lo ocurrido, luego que la asociación civil Mujeres Unidas X La Libertad, a la que pertenece, emitió un comunicado que fue suscrito por organizaciones, como Equis Justicia y CEA: Justicia Social, para denunciar el intento de detención arbitraria.

Adriana, subdirectora de Mujeres Unidas X La Libertad, dedicada a mejorar las condiciones de vida de mujeres en prisión, ya había hablado con uno de ellos, identificado como José, quien unos 40 minutos antes tocó a su puerta.

Exigen a Fiscalía de CDMX investigar el intento de detención arbitraria de activista

Las organizaciones firmantes condenaron los hechos, pues aseguraron que no solo representa un riesgo para la libertad y seguridad de Adriana Leyva Alanís, sino que constituye un ataque a la labor de defensa de derechos humanos que realiza Mujeres Unidas por la Libertad desde hace años.

Por ello, exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigue a fondo lo ocurrido, esclarezca el origen y la legalidad de la actuación de los policías, y sancione a quienes resulten responsables.

Además, pidieron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que otorgue medidas de protección inmediatas para Adriana Alanís, así como para la actual directora de Mujeres Unidas X la Libertad y cofundadora, Beatriz Maldonado.

Alrededor de 60 organizaciones denunciaron el intento de detención arbitraria contra Adriana Leyva Alanís, activista y subdirectora de Mujeres Unidas X la Libertad, México, A.C., el pasado 8 de julio

En un comunicado, la organización detalló que a Leyva Alanís no se le dio información sobre el motivo de la detención ocurrida en la Ciudad de México y se le intentó engañar para que firmara documentos sin saber su contenido. A ello se suma que la descripción física de la persona mencionada en la orden de aprehensión no correspondía con ella.

“Este acto no solo representa un riesgo para la libertad y seguridad de Adriana Leyva Alanís, sino que constituye un ataque a la labor de defensa de derechos humanos que realiza Mujeres Unidas por la Libertad desde hace años, acompañando tanto a mujeres encarceladas como a mujeres liberadas de prisión”.

Entre sus demandas está que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicien las investigaciones correspondientes y brinden acompañamiento a las integrantes de la organización en su calidad de personas defensoras.

“Rechazamos cualquier intento de criminalización hacia quienes defienden los derechos humanos en México, especialmente hacia mujeres que han enfrentado las complejidades del sistema penitenciario mexicano y que hoy luchan por transformar las realidades de otras mujeres con experiencias similares”, indicaron.