La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la liberación del activista Luis Villagrán, organizador de caravanas migrantes y director del Centro de Dignificación Humana.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, aseguró que la Secretaría de Seguridad Federal obtuvo 75 pruebas que establecen la presunta responsabilidad del activista en el delito de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas.

Sin embargo, Gertz refirió que el juez “no quiso ni siquiera analizar” las pruebas que presentaron las autoridades durante la audiencia de vinculación de proceso.

Luis Villagrán contaba con medidas de protección para defensores de derechos humanos

Durante la audiencia, la defensa del activista respondió a las acusaciones de trata de personas comprobando que era defensor de derechos humanos con medidas de protección otorgadas por el Gobierno.

“Se le hizo saber al juez, y se le comprobó, que realmente él [Villagrán] es una persona que se dedica a la protección de los derechos de los migrantes; y por la otra parte, el Ministerio Público no pudo demostrar que existiera esa relación entre él y las otras personas” acusadas de delincuencia organizada, detalló el abogado de Luis Villagrán en entrevista con Animal Político.

El arquitecto Sergio Hugo Ureiro Castañeda, uno de los activistas que recuperó una plaza pública decretada área verde en la ciudad de Tlapa, fue asesinado a balazos. 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y vecinos exigieron a las autoridades justicia y un alto a la violencia criminal contra la población.

Pueblos del Istmo de Tehuantepec que este lunes instalaron cuatro bloqueos carreteros aseguraron que de no resolverse sus demandas contra la gentrificación, el despojo territorial, la criminalización de defensores comunitarios y las altas tarifas de luz en Oaxaca, protestarán durante la Guelaguetza en la región y se desplazarán a la capital para instalar un campamento.

Los cuatro bloqueos en Jalapa del Marqués, El Coyul, Puente Madera y Zanatepec fueron instalados «ante la falta de respuestas a nuestras legítimas demandas», entre las que se encuentran medidas contra la gentrificación y turistificación de los pueblos, barrios y colonias de Oaxaca, así como la revocación de la sentencia contra el defensor binnizá David Hernández Salazar, de la comunidad de Puente Madera, quien es víctima de una «persistente criminalización» a pesar de que existen dos sentencias que lo absuelven de los delitos fabricados desde 2022.

COMUNICADO:

El defensor binnizá David Hernández Salazar es víctima de una «persistente criminalización» a pesar de que existen dos sentencias que lo absuelven de los delitos fabricados de daños por incendio y lesiones dolosas, presuntamente cometidos en el municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, el 12 de febrero de 2022, cuando el defensor se dirigía a la estación de la Radio Comunitaria Didxazza Stipa para denunciar el hostigamiento en su contra por defender el monte El Pitayal.

En un comunicado, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunciaron que a pesar de la doble absolución, el pasado mayo «las presuntas víctimas volvieron a ampararse, lo que mantiene vigente una estrategia de persecución judicial, y pone en alerta a la comunidad de Puente Madera con el objetivo de continuar criminalizando la defensa del territorio y a quienes luchan por sus derechos».

Hernández Salazar es una de las caras más visibles en la lucha contra la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico en las tierras de uso común del monte El Pitayal, Puente Madera. El 7 de febrero de 2024 fue condenado a 46 años y 6 meses de prisión, además del pago de más de un millón de pesos por reparación del daño y una multa de $182,000.00 y un pago por reparación de daños por la cantidad de $1,100,015. Sin embargo, el 14 de mayo del mismo año la sentencia fue revocada, luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca reconoció las irregularidades en el proceso y la invalidez de las pruebas presentadas en su contra.

Tras la primera revocación, las presuntas víctimas interpusieron un amparo por el que se ordenó que debía dictarse una nueva sentencia sin considerar las pruebas declaradas ilícitas, pero sí otras ofrecidas por la parte acusadora. El 27 de febrero de este año la Segunda Sala Penal Colegiada ratificó la absolución de David Hernández y desestimó nuevamente las acusaciones, pero quienes lo acusaron volvieron a interponer un amparo en contra del defensor.

«La lucha de David no es individual. El proceso judicial en su contra refleja la persecución sistemática contra defensores y defensoras comunitarios que se han opuesto a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y a los Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI)», aseguró la asamblea de Puente Madera y la APIIDTT, que reiteraron la urgencia de que Hernández quede libre de todo proceso judicial, así como su comunidad «libre de hostigamiento».

COMUNICADO:

Hombres vestidos de civil que se identificaron como policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intentaron detener a la activista Adriana Leyva Alanís, a pesar de que la orden de aprehensión correspondía a otra mujer con el mismo nombre, pero con diferentes características físicas.

El pasado 8 de julio, los supuestos agentes la esperaron a que saliera de su domicilio para intentar esposarla. Ahora, la activista relata a Animal Político lo ocurrido, luego que la asociación civil Mujeres Unidas X La Libertad, a la que pertenece, emitió un comunicado que fue suscrito por organizaciones, como Equis Justicia y CEA: Justicia Social, para denunciar el intento de detención arbitraria.

Adriana, subdirectora de Mujeres Unidas X La Libertad, dedicada a mejorar las condiciones de vida de mujeres en prisión, ya había hablado con uno de ellos, identificado como José, quien unos 40 minutos antes tocó a su puerta.

Exigen a Fiscalía de CDMX investigar el intento de detención arbitraria de activista

Las organizaciones firmantes condenaron los hechos, pues aseguraron que no solo representa un riesgo para la libertad y seguridad de Adriana Leyva Alanís, sino que constituye un ataque a la labor de defensa de derechos humanos que realiza Mujeres Unidas por la Libertad desde hace años.

Por ello, exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigue a fondo lo ocurrido, esclarezca el origen y la legalidad de la actuación de los policías, y sancione a quienes resulten responsables.

Además, pidieron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que otorgue medidas de protección inmediatas para Adriana Alanís, así como para la actual directora de Mujeres Unidas X la Libertad y cofundadora, Beatriz Maldonado.

Alrededor de 60 organizaciones denunciaron el intento de detención arbitraria contra Adriana Leyva Alanís, activista y subdirectora de Mujeres Unidas X la Libertad, México, A.C., el pasado 8 de julio

En un comunicado, la organización detalló que a Leyva Alanís no se le dio información sobre el motivo de la detención ocurrida en la Ciudad de México y se le intentó engañar para que firmara documentos sin saber su contenido. A ello se suma que la descripción física de la persona mencionada en la orden de aprehensión no correspondía con ella.

“Este acto no solo representa un riesgo para la libertad y seguridad de Adriana Leyva Alanís, sino que constituye un ataque a la labor de defensa de derechos humanos que realiza Mujeres Unidas por la Libertad desde hace años, acompañando tanto a mujeres encarceladas como a mujeres liberadas de prisión”.

Entre sus demandas está que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicien las investigaciones correspondientes y brinden acompañamiento a las integrantes de la organización en su calidad de personas defensoras.

“Rechazamos cualquier intento de criminalización hacia quienes defienden los derechos humanos en México, especialmente hacia mujeres que han enfrentado las complejidades del sistema penitenciario mexicano y que hoy luchan por transformar las realidades de otras mujeres con experiencias similares”, indicaron.

El defensor del agua y la tierra, así como uno de los principales opositores a la termoeléctrica de Huexca —en el tramo del acueducto— y excandidato a la presidencia municipal de Ciudad Ayala, Domingo Leal Medina, fue reportado como desaparecido ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM) exigieron a las autoridades intensificar los trabajos para localizarlo. 

El activista, de 59 años y originario de la comunidad de Tecomalco, municipio de Ayala, fue visto por última vez el pasado 25 de abril por familiares y compañeros de lucha. Tras su desaparición, integrantes de la APPM iniciaron una búsqueda en diversas regiones con el apoyo de amigos y familiares. 

No fue sino hasta el 1 de julio que, con autorización de su familia, se hizo pública la denuncia sobre su desaparición. Desde entonces, diferentes organizaciones y movimientos sociales han difundido una ficha de búsqueda elaborada por los propios colectivos. 

La ficha se ha compartido en redes sociales acompañada de un llamado a la población para proporcionar cualquier información que ayude a encontrarlo. Los contactos habilitados son la organización ASURCO y el perfil de Facebook La Bola Records – Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. 

“Lo consideramos un defensor comunitario y su desaparición no puede ser tomada a la ligera”, señalaron integrantes de la APPM, quienes urgieron a las autoridades estatales y federales a intensificar las labores de búsqueda. 

El 3 de julio se levantó el reporte formal ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPM), donde se abrió un expediente y en las próximas horas se emitirá una ficha oficial. También están en proceso de que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) acceda a iniciar el reporte de desaparición e iniciar las investigaciones para dar con su paradero. 

Un luchador contra megaproyectos

Jesús Laiza González, activista LGBT+, y su pareja Isaí López Rodríguez, fueron asesinados a balazos entre los límites de Hidalgo y el Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron el domingo 29 de junio cuando ambos volvían de la Marcha del Orgullo en CDMX y fueron atacados por sujetos armados. Su vehículo quedó sobre la carretera a El Carmen, en la frontera entre Tizayuca, Hidalgo, y Hueypoxtla, Edomex.

Actualmente, Jesús se desempeñaba como secretario de Diversidad en Espacio Hidalgo, partido político local de reciente creación, y en la misma área trabajaba Isaí, informó el propio instituto en un mensaje en sus redes sociales.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amistades y seres queridos. Reconocemos y agradecemos su entrega, compromiso y convicción en la construcción de una sociedad más justa e incluyente”.