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Asesinan al arquitecto y activista Sergio Hugo Ureiro en una gasolinera en Tlapa

Sergio Hugo Ureiro Castañeda fue uno de los líderes del Movimiento en Defensa de la Plazuela de los Cántaros, que en enero pasado logró recuperar la histórica plaza pública y área verde protegida.

El arquitecto Sergio Hugo Ureiro Castañeda, uno de los activistas que recuperó una plaza pública decretada área verde en la ciudad de Tlapa, fue asesinado a balazos. 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y vecinos exigieron a las autoridades justicia y un alto a la violencia criminal contra la población.

El crimen se cometió alrededor de las 7:30 de la noche del domingo, cuando la víctima se encontraba en su camioneta Chevrolet tipo van color gris para cargar gasolina en una estación del centro de la población en la avenida Colegio Militar, confirmaron autoridades. 

Hombres armados se acercaron para dispararle a mansalva; su cuerpo quedó dentro de la unidad. 

La víctima fue identificada como Sergio Ureiro Castañeda, de profesión arquitecto, comerciante de abarrotes y material para construcción. 

Y fue uno de los líderes del Movimiento en Defensa de la Plazuela de los Cántaros, que en enero pasado logró recuperar la histórica plaza pública y área verde protegida. 

Minutos después de conocer el homicidio, su hermana Verónica Ureiro, médico, líder de la organización de vecinos y delegada de la colonia San Diego de Tlapa, llegó al lugar para reconocer el cuerpo. 

Reclamó al dos veces alcalde priista Gilberto Solano Arreaga la violencia criminal desatada contra ciudadanos en Tlapa, la principal ciudad comercial de la región. 

Y se quejó de la aparatosa presencia de policías municipales, estatales, ministeriales, así como elementos de la Guardia Nacional que llegaron para acordonar la escena del crimen. 

“¡Ya para qué están aquí!, deberían estar buscando a los responsables. ¡No sirven para nada!”. 

Sergio Hugo Ureiro formó parte del Movimiento de Defensa de la Plazuela de los Cántaros. 

La organización de vecinos se levantó en enero de 2024 luego de que el alcalde Gilberto Solano anunciara la destrucción del área que cuenta con árboles centenarios para construir 17 locales comerciales. 

Los colonos denunciaron que por más de 30 años una veintena de vendedores de comida invadieron de manera ilegal la plaza con ayuda de las autoridades municipales.   

En ese tiempo maltrataron los árboles de tlalahuacates al utilizarlos como postes de luz clavando medidores y al derramar aceite quemado usado para fritangas. La plaza se convirtió en una zona insalubre. 

La plaza fue construida a principios del siglo 20 y fue usada para esparcimiento público y el fin de semana para vender alfarería elaborada por artesanos de las comunidades Zacualpan, Huitzapula y Tlalzala. Tras demandas administrativas y ambientales, en 1996 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó mantener el área verde y de esparcimiento, libre para todos. 

Tras un año de plantones en el Ayuntamiento de Tlapa y en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo, en enero pasado los vecinos desalojaron con sus propias manos los locales y sus instalaciones luego de que comerciantes y autoridades no cumplieran minutas para dejar libre la plaza. 

La plaza finalmente ha sido usada como espacio recreativo de los ciudadanos y de expresiones culturales diversas. 

“Hoy sufrimos y lloramos el cruel asesinato de un compañero defensor del medio ambiente, fiel defensor de la Plazuela de los Cantaros, el Arquitecto Sergio Hugo Ureiro Castañeda, por lo que exigimos justicia. Alto a la violencia en Tlapa”, expresó el Comité al compartir una esquela. 

La tarde del lunes en el funeral del activista, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expresó que la lucha que abanderó no fue para beneficio personal, sino para abrir los últimos espacios verdes que quedan en la ciudad. 

Consideró que se perdió una conciencia ecológica. 

“Tuvo la osadía de dejar un legado en favor de las nuevas generaciones. Dentro de este dolor y esta tragedia hay indignación de la gente de Tlapa, no hay resignación, no hay complicidad, hay ese coraje de decir que no es posible que sigamos hundiéndonos en esta violencia”. 

Recordó cuando Tlapa era una provincia tranquila, pero que ahora todos se tienen se tienen que cuidar de todos, cada por su propia sobrevivencia. 

“El miedo nos ha aislado y nos ha paralizado. Ese miedo nos hace cómplices de estas tragedias”. 

Cientos de colonos, familiares y activistas despidieron al arquitecto exigiendo a las autoridades estatales justicia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.

Pueblos del Istmo exigen cese a gentrificación, criminalización de defensores y despojo territorial

Pueblos del Istmo de Tehuantepec que este lunes instalaron cuatro bloqueos carreteros aseguraron que de no resolverse sus demandas contra la gentrificación, el despojo territorial, la criminalización de defensores comunitarios y las altas tarifas de luz en Oaxaca, protestarán durante la Guelaguetza en la región y se desplazarán a la capital para instalar un campamento.

Los cuatro bloqueos en Jalapa del Marqués, El Coyul, Puente Madera y Zanatepec fueron instalados «ante la falta de respuestas a nuestras legítimas demandas», entre las que se encuentran medidas contra la gentrificación y turistificación de los pueblos, barrios y colonias de Oaxaca, así como la revocación de la sentencia contra el defensor binnizá David Hernández Salazar, de la comunidad de Puente Madera, quien es víctima de una «persistente criminalización» a pesar de que existen dos sentencias que lo absuelven de los delitos fabricados desde 2022.

En conferencia de prensa, Hernández Salazar recordó las demandas de la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, que exige el cumplimiento en la repartición equitativa y legal de los recursos provenientes de los Ramos 28 y 33, que por derecho corresponden a la agencia municipal como parte del municipio de San Blas Atempa.

«Está en todo su derecho de exigir esos recursos porque llevan años sin un avance, como las autoridades dicen que hay con el Corredor Interoeceánico […]. Con esa negatividad demuestran que es mentira lo que dicen del Corredor. No será desarrollo para esas comunidades indígenas, lo que representa es despojo a las comunidades», explicó David Hernández Salazar.

Por su parte, un representante de la comunidad chontal de El Coyul denunció que la situación que atraviesan es de «criminalización y despojo de las tierras», pues actualmente hay mil 452 hectáreas de las que personas ajenas al pueblo se han apropiado, además de que 21 habitantes criminalizados con sentencias de 15 años de prisión por defender su territorio.

Durante la protesta y los bloqueos, los pueblos también se opusieron a la destrucción y privatización del aguaje en Jalapa del Marqués, así como demandaron el cese de agresiones, hostigamientos y cortes de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las familias en resistencia de la APIIDTT, entre otras demandas.

«No hay primavera oaxaqueña ni Guelaguetza sin justicia, paz y libertad para los pueblos», recalcaron los pueblos.

COMUNICADO:

A los pueblos de Oaxaca, a los medios libres, a la sociedad en general, al gobierno federal y estatal:

Hoy, desde las entrañas del Istmo de Tehuantepec, alzamos la voz con dignidad y rabia. Ante la falta de respuesta a nuestras legítimas demandas, actualmente sostenemos CUATRO BLOQUEOS CARRETEROS en Jalapa del Marqués, El Coyul, Puente Madera y Zanatepec.

Si no hay una respuesta clara y concreta a nuestras demandas, continuaremos con las movilizaciones durante la Guelaguetza en la región, y nos desplazaremos a la Ciudad de Oaxaca para instalar un campamento en los próximos días.

¡NADA ESTÁ RESUELTO!

¡NO HAY PRIMAVERA OAXAQUEÑA, NI GUELAGUETZA SIN JUSTICIA, PAZ Y LIBERTAD PARA LOS PUEBLOS!

¡SI NO NOS ESCUCHAN, GRITAREMOS!

NUESTRAS EXIGENCIAS SON CLARAS:

– NO a la gentrificación y turistificación de los pueblos, barrios y colonias de Oaxaca

– Revocación de sentencia para las 21 personas defensoras de El Coyul

– Alto al despojo en El Coyul por parte de Alfredo Manuel Mena Alonso, Rigoberto Cruz Cartas, Joel Ricardez López y su organización UNECACI

– Basta de criminalización contra Puente Madera

– Revocación de sentencia para David Hernández Salazar

– Repartición justa de los ramos 28 y 33 para Puente Madera

– Reconocimiento inmediato al comisariado electo de San Pedro Huamelula. Fuera UNECACI de nuestro pueblo

– No a la destrucción y privatización del aguaje en Jalapa del Marqués

– Reparación integral y garantías de no repetición para el pueblo Ikoots de San Mateo del Mar. Libertad a las personas presas injustamente y cancelación de órdenes de aprehensión

– Justicia para Eugui Roy y Obed Espinoza Ramos

– La energía eléctrica es un derecho humano. Reforma al artículo 4° ya

– Basta de agresiones, hostigamientos y cortes por parte de la CFE a las familias en resistencia de la APIIDTT

– ¡Alto a las guerras! ¡Palestina libre!

Los pueblos estamos de pie y organizados. No pedimos favores, exigimos derechos.

Mientras no haya justicia, no habrá descanso. Si no nos escuchan, haremos que se escuche nuestro grito.

Desde el Istmo en rebeldía,

pueblos en resistencia.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: 

Pese a absolución, continúa criminalización contra el defensor comunitario David Hernández en Oaxaca

El defensor binnizá David Hernández Salazar es víctima de una «persistente criminalización» a pesar de que existen dos sentencias que lo absuelven de los delitos fabricados de daños por incendio y lesiones dolosas, presuntamente cometidos en el municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, el 12 de febrero de 2022, cuando el defensor se dirigía a la estación de la Radio Comunitaria Didxazza Stipa para denunciar el hostigamiento en su contra por defender el monte El Pitayal.

En un comunicado, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunciaron que a pesar de la doble absolución, el pasado mayo «las presuntas víctimas volvieron a ampararse, lo que mantiene vigente una estrategia de persecución judicial, y pone en alerta a la comunidad de Puente Madera con el objetivo de continuar criminalizando la defensa del territorio y a quienes luchan por sus derechos».

Hernández Salazar es una de las caras más visibles en la lucha contra la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico en las tierras de uso común del monte El Pitayal, Puente Madera. El 7 de febrero de 2024 fue condenado a 46 años y 6 meses de prisión, además del pago de más de un millón de pesos por reparación del daño y una multa de $182,000.00 y un pago por reparación de daños por la cantidad de $1,100,015. Sin embargo, el 14 de mayo del mismo año la sentencia fue revocada, luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca reconoció las irregularidades en el proceso y la invalidez de las pruebas presentadas en su contra.

Tras la primera revocación, las presuntas víctimas interpusieron un amparo por el que se ordenó que debía dictarse una nueva sentencia sin considerar las pruebas declaradas ilícitas, pero sí otras ofrecidas por la parte acusadora. El 27 de febrero de este año la Segunda Sala Penal Colegiada ratificó la absolución de David Hernández y desestimó nuevamente las acusaciones, pero quienes lo acusaron volvieron a interponer un amparo en contra del defensor.

«La lucha de David no es individual. El proceso judicial en su contra refleja la persecución sistemática contra defensores y defensoras comunitarios que se han opuesto a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y a los Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI)», aseguró la asamblea de Puente Madera y la APIIDTT, que reiteraron la urgencia de que Hernández quede libre de todo proceso judicial, así como su comunidad «libre de hostigamiento».

COMUNICADO:

Desde la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT, queremos informar y alertar a la opinión pública, organizaciones de derechos humanos y a todas las comunidades solidarias, sobre la persistente criminalización en contra de nuestro compañero David Hernández Salazar, a pesar de su absolución legal.

David fue vinculado a proceso en la causa penal 446/2022 por los delitos de daños por incendio y daños dolosos, y condenado el 7 de febrero de 2024 a 46 años y 6 meses de prisión, además del pago de más de un millón de pesos por reparación del daño y una multa de $182,000.00. Esta condena fue dictada por el Juez Unitario del Circuito Judicial del Istmo con sede en Salina Cruz, Oaxaca.

Posteriormente, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través de su Sexta Sala Penal Colegiada, revocó dicha sentencia y absolvió a David el 14 de mayo de 2024, reconociendo las irregularidades en el proceso y la invalidez de pruebas utilizadas en su contra.

Sin embargo, en una acción preocupante, las presuntas víctimas interpusieron un Juicio de Amparo Directo (371/2024), y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito resolvió el 28 de enero de 2025 que debía dictarse una nueva sentencia sin considerar las pruebas declaradas ilícitas, pero sí valorando otras pruebas ofrecidas.

El resultado fue una nueva resolución, dictada el 27 de febrero de 2025 por la Segunda Sala Penal Colegiada, en la que se vuelve a ratificar la absolución de David Hernández Salazar, desestimando nuevamente las acusaciones.

A pesar de esta doble absolución, en mayo de 2025, las presuntas víctimas volvieron a ampararse, lo que mantiene vigente una estrategia de persecución judicial, y pone en alerta a la comunidad de Puente Madera con el objetivo de continuar criminalizando la defensa del territorio y a quienes luchan por sus derechos.

BASTA DE CRIMINALIZACIÓN CONTRA PUENTE MADERA

ALTO A LA PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA DAVID HERNÁNDEZ SALAZAR

La lucha de David no es individual. El proceso judicial en su contra refleja la persecución sistemática contra defensores y defensoras comunitarios que se han opuesto a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y a los Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI).

David debe quedar libre de todo proceso judicial, y la comunidad de Puente Madera libre de hostigamiento. Su lucha por el territorio no puede seguir siendo castigada por un sistema de justicia parcial y politizado.

Asimismo, desde la Asamblea Comunitaria de Puente Madera reiteramos la justa exigencia del cumplimiento en la repartición equitativa y legal de los recursos provenientes de los Ramos 28 y 33, los cuales corresponden por derecho a nuestra Agencia Municipal como parte del municipio de San Blas Atempa. Históricamente, estos recursos han sido manejados de manera discrecional por las autoridades municipales, negando a las agencias municipales, como Puente Madera, el acceso a fondos que deben ser destinados al fortalecimiento de los servicios básicos, infraestructura, educación, salud y desarrollo comunitario.

No existe registro alguno de una distribución justa de estos fondos a las agencias municipales, lo que representa una violación constante a nuestros derechos colectivos y al principio de equidad presupuestaria. Esta omisión histórica no solo refleja el abandono institucional, sino también la intención de debilitar nuestras formas de organización comunitaria. Por ello, exigimos de manera firme y urgente la entrega transparente y proporcional de los recursos de los Ramos 28 y 33 a Puente Madera y a todas las agencias del municipio de San Blas Atempa.

¡NADA ESTA RESUELTO!

¡NO HAY PRIMAVERA OAXAQUEÑA, NI GUELAGUETZA,

 SIN JUSTICIA, PAZ Y LIBERTAD PARA LOS PUEBLOS!

¡SI NO NOS ESCUCHAN, GRITAREMOS!

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Confunden a activista con homónima e intentan detenerla en la Ciudad de México

Adriana Leyva Alanís relata que personas que se identificaron como policías de investigación intentaron detenerla por una orden de aprehensión que correspondía a otra persona.

Hombres vestidos de civil que se identificaron como policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intentaron detener a la activista Adriana Leyva Alanís, a pesar de que la orden de aprehensión correspondía a otra mujer con el mismo nombre, pero con diferentes características físicas.

El pasado 8 de julio, los supuestos agentes la esperaron a que saliera de su domicilio para intentar esposarla. Ahora, la activista relata a Animal Político lo ocurrido, luego que la asociación civil Mujeres Unidas X La Libertad, a la que pertenece, emitió un comunicado que fue suscrito por organizaciones, como Equis Justicia y CEA: Justicia Social, para denunciar el intento de detención arbitraria.

Adriana, subdirectora de Mujeres Unidas X La Libertad, dedicada a mejorar las condiciones de vida de mujeres en prisión, ya había hablado con uno de ellos, identificado como José, quien unos 40 minutos antes tocó a su puerta.

“¿Te acuerdas del problema que tuviste hace unos años? Vengo de la Fiscalía y necesito que vayas a firmar unos documentos relacionados con ese asunto”, le dijo el hombre, quien se identificó como José.

Quién es Adriana Leyva Alanís, la activista que sufrió intento de detención arbitraria en CDMX

La activista estuvo cuatro años y medio en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, de abril de 2011 a septiembre de 2015, por lo que pensó que se trataba de ese caso. Aunque se le hizo muy extraño que la buscaran en su domicilio, pues ocurrió hace 10 años y ya cumplió su sentencia.

De hecho, junto con otras mujeres de su organización, acude con regularidad a distintos centros penitenciarios de la capital del país para impartir talleres y apoyar a internas en sus procesos. Su labor ha sido reconocida incluso por autoridades del gobierno de la CDMX, como el reconocimiento “Mujeres destacadas” en marzo de 2024, de manos del exjefe de gobierno Martí Batres.

El hombre le dijo que algunas hojas de su expediente se habían mojado porque estaba lloviendo y necesitaban otra vez sus firmas. Ella accedió a acudir al reclusorio Oriente para firmar los documentos que le pedían y se despidió de él.

Cuarenta minutos después, Adriana salió a comprar cigarros y un refresco. Mientras conversaba con una comerciante frente a un Oxxo, vio que José se le acercaba.

“¿Qué, me está siguiendo?”, le preguntó.

“Lo que pasa es que tienes una orden de aprehensión y te vamos a detener”, le respondió.

Ella negó tener una orden de aprehensión y mientras explicaba que estaban en un error, otro hombre se acercó con unas esposas.

—Es por el robo de hace cuatro años —le dijeron.

Adriana se defendió; les dijo que no estaba involucrada en ningún robo hace cuatro años.

—¿Robo a qué?—, cuestionó.

—Robo a tienda —le contestó uno de ellos.

—No, ¡cómo cree! A tienda yo no. Me va a disculpar, pero yo no soy —les dijo.

Adri, como le dicen sus compañeras de la organización, dice que llegó otra persona con la carpeta de investigación y al revisar la fotografía de la mujer con la orden de aprehensión, el agente se dio cuenta de que no coincidía con sus características físicas.

—Estamos buscando a una mujer de 1.70, y tú mides como 1.60 —le dijo.

—No, yo mido 1.50, no me andes inventando estatura. Pertenezco a una asociación civil que defiende los derechos humanos de las mujeres internas; no soy yo. Ustedes tendrían que haber investigado antes.

Además, la mujer a la que buscaban es corpulenta, con facciones muy distintas. El hombre se justificó señalando que se trataba de un caso de homonimia o robo de identidad.

Consultada a través del área de comunicación, la Fiscalía de la CDMX negó contar con algún registro de intento de detención por parte de policías de investigación.

A una semana de lo ocurrido —un hecho que le generó miedo, removió recuerdos y la criminalizó—, Adriana compartió con este medio fotografías del intento de detención. Pero para ella lo preocupante es que por errores similares, ante la falta de una investigación adecuada, hay personas en prisión.

“Si ya me pasó a mí directo, en carne propia, ¿a cuánta gente no le pasó? Hace unos años, una chica del Estado de México nos presentó a su esposo. Un señor sano, inocente, de verdad, que se da a querer. Le dijimos: ‘¿Tú por qué estuviste?’ Él dijo: ‘Por asesinato, pero yo no lo hice, carnala. Resulta que llegaron a mi pueblo y preguntaron por Ramón, y dijeron: “Ahí está Ramón”, y me agarraron y me metieron 20 años a la cárcel’. Estuvo 20 años”, recuerda.

“Yo dije: ‘¿cómo van a llegar nada más así y, como se llama Ramón, se lo van a llevar?’ Pues ya lo estoy viviendo. Resulta que, porque yo me llamo así, entonces les valió madres la foto, ¿no? Al final del día hay que presentar a alguien”.


Exigen a Fiscalía de CDMX investigar el intento de detención arbitraria de activista

Las organizaciones firmantes condenaron los hechos, pues aseguraron que no solo representa un riesgo para la libertad y seguridad de Adriana Leyva Alanís, sino que constituye un ataque a la labor de defensa de derechos humanos que realiza Mujeres Unidas por la Libertad desde hace años.

Por ello, exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigue a fondo lo ocurrido, esclarezca el origen y la legalidad de la actuación de los policías, y sancione a quienes resulten responsables.


Además, pidieron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que otorgue medidas de protección inmediatas para Adriana Alanís, así como para la actual directora de Mujeres Unidas X la Libertad y cofundadora, Beatriz Maldonado.

“Me prometí que mi tranquilidad no la iba volver a perder”, dice la activista, ahora más serena tras una semana en la que casi no quería ni salir de su casa. “Una cosa es que tú te la quites, la tranquilidad; otra, muy distinta, es que alguien más te la quite”, remata Adri.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN.

Denuncian intento de detención arbitraria de la activista Adriana Leyva; exigen investigación y medidas de protección

La activista y subdirectora de Mujeres Unidas X la Libertad fue detenida el pasado 8 de julio, en la CDMX, sin que se le informara el motivo de su detención.

Alrededor de 60 organizaciones denunciaron el intento de detención arbitraria contra Adriana Leyva Alanís, activista y subdirectora de Mujeres Unidas X la Libertad, México, A.C., el pasado 8 de julio

En un comunicado, la organización detalló que a Leyva Alanís no se le dio información sobre el motivo de la detención ocurrida en la Ciudad de México y se le intentó engañar para que firmara documentos sin saber su contenido. A ello se suma que la descripción física de la persona mencionada en la orden de aprehensión no correspondía con ella.

“Este acto no solo representa un riesgo para la libertad y seguridad de Adriana Leyva Alanís, sino que constituye un ataque a la labor de defensa de derechos humanos que realiza Mujeres Unidas por la Libertad desde hace años, acompañando tanto a mujeres encarceladas como a mujeres liberadas de prisión”.

Exigen investigación y sanción contra los responsables
 
Las y los firmantes exigen a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigue a fondo lo ocurrido, esclarezca el origen y la legalidad de la actuación de los policías, y sancione a quienes resulten responsables.

También solicitan al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que otorga medidas de protección inmediatas para Adriana Alanís, así como para la actual directora de Mujeres Unida X la Libertad y cofundadora, Beatriz Maldonado.

Entre sus demandas está que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicien las investigaciones correspondientes y brinden acompañamiento a las integrantes de la organización en su calidad de personas defensoras.


“Rechazamos cualquier intento de criminalización hacia quienes defienden los derechos humanos en México, especialmente hacia mujeres que han enfrentado las complejidades del sistema penitenciario mexicano y que hoy luchan por transformar las realidades de otras mujeres con experiencias similares”, indicaron.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desaparece Domingo Leal Medina, defensor del agua y la tierra en Morelos

Domingo Leal Medina es reconocido por su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye un gasoducto que atraviesa Tlaxcala, Puebla y Morelos, y una termoeléctrica en Huexca.

El defensor del agua y la tierra, así como uno de los principales opositores a la termoeléctrica de Huexca —en el tramo del acueducto— y excandidato a la presidencia municipal de Ciudad Ayala, Domingo Leal Medina, fue reportado como desaparecido ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM) exigieron a las autoridades intensificar los trabajos para localizarlo. 

El activista, de 59 años y originario de la comunidad de Tecomalco, municipio de Ayala, fue visto por última vez el pasado 25 de abril por familiares y compañeros de lucha. Tras su desaparición, integrantes de la APPM iniciaron una búsqueda en diversas regiones con el apoyo de amigos y familiares. 

No fue sino hasta el 1 de julio que, con autorización de su familia, se hizo pública la denuncia sobre su desaparición. Desde entonces, diferentes organizaciones y movimientos sociales han difundido una ficha de búsqueda elaborada por los propios colectivos. 

La ficha se ha compartido en redes sociales acompañada de un llamado a la población para proporcionar cualquier información que ayude a encontrarlo. Los contactos habilitados son la organización ASURCO y el perfil de Facebook La Bola Records – Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. 

“Lo consideramos un defensor comunitario y su desaparición no puede ser tomada a la ligera”, señalaron integrantes de la APPM, quienes urgieron a las autoridades estatales y federales a intensificar las labores de búsqueda. 

El 3 de julio se levantó el reporte formal ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPM), donde se abrió un expediente y en las próximas horas se emitirá una ficha oficial. También están en proceso de que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) acceda a iniciar el reporte de desaparición e iniciar las investigaciones para dar con su paradero. 

Un luchador contra megaproyectos

Domingo Leal Medina es reconocido por su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye un gasoducto que atraviesa Tlaxcala, Puebla y Morelos, una termoeléctrica en Huexca y un acueducto que cruza Ayala y Cuautla. Es miembro activo de la APPM y ha participado en diversas movilizaciones en defensa del agua y el territorio. 

Además, en la elección 2023-2024, Leal Medina fue candidato a la presidencia municipal de Ciudad Ayala por el Partido Verde Ecologista de México, un dato que refuerza su presencia política y social en la región. 

Jorge Velázquez Escalvazeta, activista e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, recordó su papel activo en las protestas regionales. 

“Ha sido una figura clave en la resistencia contra el despojo de tierras y el impacto ambiental del megaproyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Siempre fue muy creativo en la organización de las movilizaciones, por lo cual era indispensable su apoyo”, destacó. 

En defensa de tierras ejidales

Desde hace 19 años, Domingo Leal Medina también forma parte de la lucha por la defensa de tierras ejidales expropiadas para la construcción de la autopista Siglo XXI. Como ejidatario de Tecomalco e integrante de la comisión negociadora, ha participado en bloqueos, protestas y exigencias de pagos justos, reparación de daños y transparencia en los procesos. 

Uno de los momentos clave ocurrió el 16 de mayo de 2016, cuando habitantes de Tecomalco, con Leal Medina al frente, bloquearon los trabajos de la autopista para exigir el pago directo a los propietarios de las tierras y la reparación de caminos dañados por maquinaria pesada. 

“Nosotros queríamos que el gobierno nos pagara directamente y no a otras personas que no tenían nada que ver. Nosotros éramos los afectados, pues se trataba de nuestras tierras”, declaró ese día. Señaló que los gobiernos federal y estatal habían entregado más de 9 millones de pesos al entonces alcalde de Ayala, Bernardo Sosa, sin que los ejidatarios recibieran el recurso. 

También exigían un informe oficial sobre el proceso de expropiación, del cual no habían recibido información. 

La autopista Siglo XXI cruza al menos cinco comunidades de Ciudad Ayala y, pese a que lleva más de una década en construcción, el conflicto agrario continúa vigente, con inconformidades por pagos pendientes y daños sin reparar. 

La desaparición de Domingo Leal Medina ocurre en un contexto de resistencia activa de las comunidades afectadas en el oriente de Morelos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Matan a activista LGBT y a su pareja en límites de Hidalgo y Edomex; volvían de la Marcha del Orgullo

Jesús Laiza, activista LGBT, y su pareja Isaí López, fueron asesinados a balazos cuando volvían de la Marcha del Orgullo en la capital del país.

Jesús Laiza González, activista LGBT+, y su pareja Isaí López Rodríguez, fueron asesinados a balazos entre los límites de Hidalgo y el Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron el domingo 29 de junio cuando ambos volvían de la Marcha del Orgullo en CDMX y fueron atacados por sujetos armados. Su vehículo quedó sobre la carretera a El Carmen, en la frontera entre Tizayuca, Hidalgo, y Hueypoxtla, Edomex.

Actualmente, Jesús se desempeñaba como secretario de Diversidad en Espacio Hidalgo, partido político local de reciente creación, y en la misma área trabajaba Isaí, informó el propio instituto en un mensaje en sus redes sociales.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amistades y seres queridos. Reconocemos y agradecemos su entrega, compromiso y convicción en la construcción de una sociedad más justa e incluyente”.

Esperanza Flores Rojo, presidenta de Espacio Hidalgo, también condenó el asesinato del activista y su pareja y exigió justicia: “no alcanzo a comprender cómo alguien puede arrebatar la vida así, sin piedad, a dos personas que solo sabían amar, reír, construir comunidad. Me duele profundamente”.

Por su parte, la organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac) también condenó el crimen y exigió justicia, verdad y no revictimización, lo mismo que otros grupos y colectivos en defensa de los derechos de la poblacióm LGBT+ como el Colectivo De inclusión “Renacer Tepeapulco”.


Jesús Laiza era familiar de Jorge Laiza, extitular el Instituto Municipal de la Juventud y Deporte de Tizayuca, y fue miembro del Partido del Trabajo (PT), el cual también manifestó sus condolencias por lo ocurrido.

“Enviamos un abrazo solidario a las familias y seres queridos de nuestros compañeros Francisco Jesús Laiza González e Isaí López Rodríguez”, escribió en sus redes sociales el PT delegación Hidalgo.

En 2024 se registraron, al menos, 80 asesinatos de personas de la diversidad sexual y de género en México. Tan sólo en los últimos tres años, contando 2024, hubo al menos 233 homicidios contra personas de esta población, 66 en 2023 y 87 en 2022, de acuerdo con registros de la organización LetraeSe.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

INE abre procedimiento por presunta “violencia política” de un activista en contra de un excandidato a juez denunciado por abuso

El INE inició un procedimiento en contra de Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, por supuestamente cometer violencia política en contra de Luis Castañeda Palacios, excandidato a juez federal denunciado por presunto abuso y acoso sexual.

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició un procedimiento por violencia política supuestamente cometida por Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, en contra de Luis Castañeda Palacios, excandidato a juez federal que fue denunciado por presunto abuso y acoso sexual, así como amenazas en contra de 36 mujeres. 

De acuerdo con Alfonso Meza, el procedimiento inició a pesar de que el delito de violencia política contra los hombres no existe en ningún lugar de la legislación mexicana, sólo el de “violencia política contra las mujeres en razón de género”, por lo que aseguró que el INE debió desechar su queja. 

“El hecho de que las autoridades electorales inicien un procedimiento sancionador por violencia política, ahora contra un hombre, es en sí amedrentador y violatorio de la libertad de expresión. Esto forma parte de la intensificación de los ataques contra la libertad de expresión que hemos vivido en las últimas semanas”, señaló en una publicación en su cuenta de X.

“Si intentan suprimir nuestras libertades, vamos a desobedecer pacíficamente”

En su demanda, Luis Castañeda, exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y candidato a juez laboral en la Ciudad de México, argumentó que el presidente de Defensorxs lo “violentó políticamente” por publicar una investigación el 26 de mayo de 2025, en donde reveló que el candidato había sido denunciado por actos de abuso y acoso sexual, así como amenazas en contra de 36 mujeres. 

Además de un procedimiento abierto en su contra por atropellar a un motociclista que perdió la vida en 2022. 

“La violencia política contra hombres, aunque menos visible que la violencia política contra mujeres, sí existe y puede manifestarse en diversas formas. Este tipo de violencia se define como el uso de la fuerza física o psicológica, o el atentado a las pertenencias, que tiene como objetivo afectar o impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una persona”, señaló Castañeda en su demanda. 

Sin embargo, a pesar de que el candidato denunció una falta que no existe, razón por la que dijo que el INE debió desechar su queja y no iniciar ningún procedimiento, Alfonso Meza señaló que el órgano electoral admitió la demanda “por la presunta violencia política a través de propaganda que contiene calumnias”. 

“Ese es el objetivo de estos ataques sistemáticos a la libertad de expresión: callarnos la boca. En @DefensorxsAC no lo vamos a hacer. Como lo he dicho antes: si intentan suprimir el ejercicio de nuestras libertades políticas, vamos a desobedecer pacíficamente”, señaló.

Además, refirió que la investigación realizada por Defensorxs está basada en entrevistas a varias de sus víctimas, capturas de pantalla y otras pruebas que ellas han compilado, así como la revisión de expedientes judiciales. 

Procedimiento contra Defensorxs no es aislado: órganos electorales se lanzan contra ciudadanos

El caso del procedimiento abierto en contra del Miguel Alfonso Meza no es aislado, se suma a una serie de decisiones que diversos órganos electorales han tomado en contra de ciudadanos por expresar sus opiniones o difundir investigaciones en contra de candidatos a jueces, magistrados y ministros y políticos mexicanos. 

Tal es el caso de una ciudadana de Hermosillo que fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras haber cuestionado a la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, a través de redes sociales. 

Esta sanción fue incluso defendida por la propia diputada, quien a través de un video negó que se trate de censura y dijo que demandó a la usuaria de redes a raíz de una publicación hecha en su cuenta de X, en la que habría señalado que su candidatura se la debía a su esposo, lo que invisibiliza su trayectoria.

También es el caso de la activista y actriz Laisha Wilkins, quien fue notificada por el TEPJF sobre una denuncia presentada en su contra por la excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Dora Alicia Martínez Valero.

En dicha denuncia, compartida por Wilkins en redes sociales, se le pidió explicar una publicación que realizó en redes sociales de un portal de noticias en la que comentó una nota informativa sobre Martínez Valero.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.