A OCHO AÑOS DEL ASESINATO DE RANFERI HERNÁNDEZ ACEVEDO, LUCÍA HERNÁNDEZ DIRCIO, JUANITA DIRCIO BARRIOS Y ANTONIO PINEDA PATRICIO

Hoy, 14 de octubre del 2025, se cumplen ocho años del atroz asesinato de nuestros familiares y compañeros: Ranferi Hernández Acevedo, Lucia Hernández Dircio, Juanita Dircio Barrios y Antonio Pineda Patricio. Como cada año desde que ocurrió este vil y cobarde multihomicidio, venimos aquí a depositar una ofrenda compuesta de flores y de productos del campo cosechados por las manos de nuestras compañeras y compañeros de las comunidades de la Montaña baja de Guerrero para honrar la memoria de Ranferi, Lucía, Juanita y Antonio; y para exigir justicia.

Han pasado ocho años del asesinato de nuestros familiares y compañeros. Aún con la llegada de gobiernos -a nivel federal y estatal- que se autodenominan de la cuarta transformación y que enarbolan un discurso de justicia social, el multihomicidio de nuestros familiares y compañeros se encuentra en la total impunidad. Con mucha indignación vemos que las condiciones de inseguridad en que fueron asesinados nuestros familiares y compañeros persisten en la actualidad.

La Montaña baja es una región donde los crímenes tienen marca registrada; en la que es clara la complicidad con la que actúan las autoridades locales con el grupo del crimen organizado que controla la región. La Montaña baja es una zona gris donde se cometen asesinatos y desapariciones forzadas sin que nadie investigue nada, y tampoco hay ninguna autoridad ni fuerza de seguridad que busque frenar esta situación. Las poblaciones de las comunidades de la región han sido abandonadas a su suerte, hasta los militantes de Morena que actúan en la región son asesinados sin que la dirigencia de su partido sea capaz de alzar la voz por ellos, lo único que hacen es darles el pésame. Así de lacerante es la realidad que se vive en esta región de Guerrero, donde la muerte tiene permiso y la impunidad también.

Coincidimos en lo expuesto por la investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, Esperanza Rangel Lozano, quien, en una entrevista publicada en el periódico El Sur dijo, respecto de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el INEGI, que en Guerrero hay una situación de impunidad crónica que incide en la comisión de delitos. Pero esta situación de inseguridad que se vive en la región de Chilapa, lamentablemente no es la única del estado donde se vive así, hay otras regiones donde se viven situaciones similares como lo es Acapulco y la Tierra Caliente, por mencionar algunas.

Esta violencia generalizada en cuanto a los movimientos de resistencia que hay en Guerrero y en el país, claramente tiene como objetivo eliminar a los luchadores sociales que alzan la voz contra la explotación, el saqueo de los recursos naturales y contra los poderes caciquiles. Los crímenes que, en las décadas de 1960, 1970, 1980 y 1990 cometía el ejército y las policías, como son ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas; en el siglo XXI esos mismos crímenes son perpetrados por el denominado “crimen organizado”. Supuestamente han cambiado los perpetradores, lo que no ha cambiado son los objetivos a eliminar. En los últimos años en Guerrero han sido asesinados luchadores sociales como Miguel Ángel Mesino (18 de septiembre de 2005), Arturo Hernández Cardona (30 de mayo de 2013), Raymundo Velázquez Flores (5 de agosto de 2013), Rocío Mesino Mesino (19 de octubre de 2013), Luis Olivares Enríquez (10 de noviembre de 2013), Ranferi Hernández Acevedo (14 de octubre de 2017), Arnulfo Céron Soriano (11 de octubre de 2019), por mencionar algunos. Decenas de luchadores y luchadoras sociales han sido asesinados en los últimos años bajo este telón de fondo. Pareciera que es el escenario perfecto para que los diferentes gobiernos se deslinden de estos crímenes de Estado.

En este mismo contexto y bajo el mismo modus operandi, el pasado mes de abril fue asesinado el compañero Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, cuando se encontraba trabajando en Acapulco. El compañero Marco Antonio aquí estuvo con nosotros en varias ocasiones; acompañándonos y exigiendo justicia. Tristemente hoy nos toca pedir justicia para el compañero. Esto mismo pasó en los años pasados, el compañero Ranferi exigió justicia para los campesinos masacrados en Aguas Blancas, Acteal y El Charco; exigió la presentación con vida de los desaparecidos de la década de 1970 y de los normalistas de Ayotzinapa; exigió justicia para Miguel Ángel y Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona y para el maestro Claudio Castillo Peña; solo por mencionar algunos casos. Esa es nuestra indignante realidad. En México no solo no hay justicia para los luchadores sociales asesinados en los regímenes del PRI y del PAN, sino que en el régimen de Morena se sigue asesinando a quienes luchan por la justicia.

Asimismo, se encarcela a quienes se organizan por justicia y seguridad, como el compañero Jaime Morales Castro, ex consejero y comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, encarcelado con delitos prefabricados el pasado 9 de octubre. De igual forma, el compañero Antonio Barragán Carrasco, militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, quien recién cumplió 24 años preso de manera injusta por delitos prefabricados por órdenes de Genaro García Luna. Misma situación de prisión política son los casos de la activista Kenia Hernández Moltalván, los presos mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca y los presos tzotziles Solidarios de la Voz del Amate, Chiapas. Como estamos seguros que lo hubiera hecho el compañero Ranferi, exigimos la libertad inmediata e incondicional de las presas y presos políticos.

En cuanto al estado de la investigación del caso de nuestros familiares y compañeros asesinados, queremos informar que el pasado 25 de abril, el equipo de abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” e integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entregaron a la Fiscalía General del Estado los dictámenes integrados multidisciplinarios realizados a los restos mortales de nuestros familiares y compañeros en los siguientes rubros: Traumático de evidencia biológica y no biológica, Ampliación del dictamen de Antropología Forense, el Examen médico legal relativo al protocolo de autopsia y el Dictamen de hallazgos del vehículo.

Agradecemos a las y los especialistas del EAAF por el trabajo realizado, el cual en todo momento fue realizado con ética profesional y siempre respetando la dignidad de los cuerpos de nuestros familiares y compañeros.

A grandes rasgos, los resultados de los dictámenes prueban que nuestros familiares fueron torturados y que fueron ejecutados extrajudicialmente. Muestran el grado de crueldad con la que actuaron los perpetradores de este deleznable crimen de Estado, quienes se sienten impunes ante gobiernos que les permiten actuar sin ninguna consecuencia para ellos. Es por eso que hacemos un llamado a los diferentes niveles de gobierno, y a las instancias de procuración de justicia, a actuar en consecuencia y evitar que la violencia y la impunidad sigan siendo los rasgos distintivos de nuestra realidad.

¡14 de octubre no se olvida! ¡Es de lucha combativa!

¡Ni perdón ni olvido! ¡Castigo a los asesinos!

¡Justicia para Ranferi Hernández Acevedo!

¡Justicia para Lucía Hernández Dircio!

¡Justicia para Juanita Dircio Barrios!

¡Justicia para Antonio Pineda Patricio!

¡Justicia para todos los luchadores sociales asesinados!

¡Justicia para Rocío Mesino!

¡Justicia para Marco Antonio Suástegui!

¡Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa!

¡Presentación con vida de todos los desaparecidos!

¡Libertad para Antonio Barragán Carrasco!

¡Libertad para todos los presos políticos!

¡Ranferi vive, la lucha sigue!

Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero

Chilapa de Álvarez, Guerrero, a 14 de octubre de 2025

MÉXICO: ¡Libertad para Kenia Hernández ya! Es la única reparación posible para el daño causado contra ella y su familia.

Kenia Hernández Montalván es una abogada, feminista y defensora de derechos humanos indígena amuzga que desde octubre de 2020 se encuentra injustamente privada de su libertad en México por ejercer su legítimo derecho a la protesta y a defender derechos humanos.

El pasado 7 de septiembre falleció su madre, quien desde el inicio de la reclusión asumió el cuidado de sus hijos menores de edad. Kenia recibió la noticia en el penal Neza Sur, ubicado en Nezahualcóyotl, Estado de México. Ante esta pérdida, la defensora solicitó a las autoridades penitenciarias el permiso humanitario para poder asistir al funeral de su madre y abrazar a sus hijos, quienes acaban de perder a su principal cuidadora. Sin embargo, su solicitud de permiso fue rechazada de manera arbitraria bajo argumentos infundados, como la distancia del traslado. 

Esta decisión injustificada, arbitraria e inhumana de las autoridades penitenciarias no sólo representa una grave violación a los derechos de Kenia y a lo estipulado en el Capítulo IV de Permisos Humanitarios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece que «la persona privada de su libertad, podrá solicitar al Juez de Ejecución un permiso extraordinario de salida cuando se justifique por enfermedad terminal, fallecimiento de un pariente consanguíneo en línea ascendiente o descendiente de primer grado, cónyuge, concubina o concubinario, o socioconviviente»; además de ello, también ha generado graves impactos emocionales tanto en la propia defensora, que ha sido privada de despedirse de madre, como en sus hijos, quienes han enfrentado el encarcelamiento injusto de su madre y ahora enfrentan el duelo por la pérdida de su abuela, la persona que durante todo este tiempo se había cuidado de  ellos. El sólo uso del pretexto de la distancia para no conceder el permiso es otra prueba de la concatenación de actos arbitrarios y violaciones a derechos que vive Kenia; puesto que esta situación es consecuencia de la omisión del Estado al no garantizarle el derecho a ser recluida en un penal cercano a su entorno familiar, lo que vulnera no sólo su integridad emocional, sino también el vínculo con sus hijos y redes de apoyo. 

Esta no es el primer trato indigno que reciben la defensora y su familia desde su encarcelamiento. Tal y como hemos venido denunciando numerosas organizaciones e instancias internacionales de derechos humanos, Kenia ha enfrentado un patrón sistemático de vulneraciones y violaciones a sus derechos. Entre éstas destaca su reclusión en un penal de máxima seguridad bajo condiciones inhumanas que pusieron en riesgo su salud física, psicológica y emocional. Estas condiciones incluyeron la  negación de acceso a atención médica y a agua potable, control de su correspondencia y situaciones extremas de aislamiento, así como restricciones a las reuniones con su defensa jurídica y a la visita de sus hijos. Frente a este trato indigno, Kenia, quien nunca dejó de alzar la voz por sus derechos ni por los de sus compañeras de reclusión, se declaró en huelga de hambre en dos ocasiones. Gracias a su firmeza, al trabajo incansable de su equipo jurídico y al acompañamiento de organizaciones comprometidas con su causa, se logró su traslado a un centro penitenciario con condiciones menos lesivas para su integridad. 

Cabe recordar que Kenia fue arbitrariamente detenida la noche del 18 de octubre de 2020 en una caseta de peaje del Estado de Puebla y, tras permanecer en paradero desconocido y sin que se le informará sobre su situación durante horas, fue trasladada a un penal del Estado de México. Seis días después, el 24 de octubre, tan sólo una hora después de que una jueza del Estado de México le concediera libertad bajo medidas cautelares, Kenia fue detenida de nuevo, esta vez por orden de un juez federal. Se la acusaba por supuestos de delitos de “robo con violencia armada” y “ataques a las vías de comunicación” en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses. Desde entonces Kenia ha estado presa y ha enfrentado procesos judiciales, de ámbito estatal y federal, por once delitos cuyas penas acumuladas suman más de veinte años de cárcel. 

A poco menos de cinco años de su injusto encarcelamiento, el daño producido por el Estado mexicano sobre Kenia Hernández y su familia es invaluable. Kenia lleva cinco años separada de sus hijos, menores de edad, bajo condiciones de privación de libertad que han generado afectaciones sobre su salud integral, no ha podido despedir a su madre y ahora  enfrenta la incertidumbre de qué pasará con sus hijos tras la pérdida de la persona que los cuidaba. Los daños causados a éstos aún son más flagrantes y exponen la crueldad e inhumanidad de un sistema que persigue a quienes lucha por un mundo mejor y que impone modelos de (in)justicia patriarcales, racistas, clasistas e individualizados y que no tienen en cuentan los impactos colectivos de sus medidas, afectando a familias enteras y comunidades y generando un mayor daño que el que pretenden subsanar. 

Las organizaciones firmantes acuerpamos a Kenia y a su familia, reconocemos la fuerza y los aportes de la defensora, quien aún bajo las peores condiciones de privación de libertad nunca ha dejado de luchar por sus derechos y los de sus compañeras internas; así como la fuerza de su familia y sus hijos, quienes también mantienen de manera incansable la demanda de justicia y libertad para su madre. 

Denunciamos la persecución y el trato cruel e inhumano al que el Estado mexicano ha sometido a la defensora, con cinco años de injusto encarcelamiento, con una condena sumamente larga que no satisface el principio de proporcionalidad ni permite la posibilidad de reinserción a su familia y a la sociedad, con reiteradas violaciones a sus derechos y tratos inhumanos y arbitrarios como negarle la posibilidad de despedir a su madre fallecida y abrazar el dolor de sus hijos. 

Ahora mismo, la única reparación posible a todo el dolor y sufrimiento causado a Kenia Hernández y a su familia es su inmediata liberación. Liberarla supone un acto de justicia y humanidad propio de un  gobierno que afirma estar inmerso en un proceso histórico de transformación. El sistema de justicia debe aplicarse sobre los responsables de los crímenes de lesa humanidad del pasado, o de los miles de asesinatos, feminicidios, desapariciones forzadas y otras violencias que permanecen impunes, y no sobre una mujer indígena que defiende sus derechos y los de su pueblo. 

Organizaciones firmantes:

El Colectivo, integrado por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Servicio Jesuita a Migrantes, Red Jesuita con Migrantes - México, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Médicos del Mundo – Francia (MdM), entre otras, exigen la liberación inmediata de García Villagrán y que se garantice su integridad física y legal. 

Afirman que el Estado mexicano ha adoptado una política de militarización y contención migratoria, subordinada a los intereses de Estados Unidos, que criminaliza la movilidad humana y a quienes la defienden.

Se afirma que al condenar a Rósales se utilizaron estereotipos sobre los pueblos indígenas. Durante su proceso, las autoridades aseguraron que el linchamiento forma parte de los usos y costumbres del

pueblo de San Pedro Tlalcuapan. «Las autoridades judiciales no recabaron pruebas para saber cuáles son los usos y costumbres del pueblo originario del que es parte Saúl» mencionaron en el dossier.

Finalmente, exigen la libertad de Saúl argumentando que «se le aplicó discriminatoriamente la ley penal». A la par, esperan que se desechen los estereotipos que tradicionalmente existen sobre las personas, pueblos y comunidades indígenas para resolver este caso de manera justa.

Estimadas Señoras y Señores,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de los cinco defensores tzeltales criminalizados Manuel Santiz Cruz, Agustín, Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, arbitrariamente detenidos en 2022 y desde entonces presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado (CERSS) n° 5, a la luz de la reciente publicación de la opinión emitida el 4 de abril de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca de su caso._

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial:

• La detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan. Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal.

• No existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la normal.

• Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.

• Los detenidos no tuvieron acceso a un intérprete español – tzeltal ni en el momento de su detención ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.

• Las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español.

En consecuencia, solicita que:

• El Gobierno de México ponga en libertad inmediata a Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco y les conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

• El Gobierno de México lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco individuos y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

Existe un marco de obligatoriedad al que el Estado Mexicano se debe adherir ya que, como miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas desde 1945, ha asumido compromisos claros en materia de derechos humanos, los cuales incluyen el respeto y la atención a los mecanismos internacionales. En particular, ante las opiniones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, el Estado Mexicano se compromete legal y políticamente a tomar en cuenta sus opiniones y a actuar en consecuencia. Esto se basa en la Resolución 30/30, en la que se solicita a los Estados considerar seriamente las opiniones del Grupo de Trabajo, tomar las medidas necesarias para corregir las situaciones denunciadas e informar sobre las acciones adoptadas. También se basa en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación — a través de sus instancias competentes — vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales. Esto se demuestra argumentado en la sentencia RA (P) 298/2022 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito del Estado de Morelos, la cual resuelve la omisión por parte de las autoridades de proveer medidas de reparación integral en favor de la quejosa.

Cabe señalar que la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y el Relator Especial de Pueblos Indígenas de la ONU emitieron una comunicación conjunta el 9 de octubre de 2024 en la que llamaron la atención del Gobierno Mexicano acerca de la presunta detención arbitraria, uso indebido del derecho penal e imposición de sentencias de forma desproporcionada contra diversas personas defensoras de derechos humanos, incluidos Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez. Recuerda al Estado Mexicano sus obligaciones internacionales y solicita información relativa a los casos objeto de la comunicación. En la respuesta del Estado a la comunicación el caso de los defensores de San Juan Cancún no ha sido abordado.

También queremos expresar nuestra preocupación por las violaciones de derechos humanos que el Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR ha podido observar en su labor de acompañamiento y documentación, tanto en el marco de la detención como en las audiencias y en sus visitas a la cárcel. Dicha organización estuvo presente durante la detención de Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, pudiendo atestiguar el desproporcionado uso de la fuerza y la actitud intimidatoria de los agentes, que negaron a los detenidos y a sus abogados visionar la orden de aprehensión, conocer los motivos del arresto y conocer sus derechos como detenidos. Durante las audiencias de primera instancia observó los tratos discriminatorios por parte del tribunal hacia las personas tzeltales presentes en el juicio, así como su trato abiertamente amenazante e intimidatorio contra los abogados defensores. A su vez, ha sido sistemática la obstaculización del proceso judicial, que se ha manifestado en constantes cancelaciones de audiencias o en la negación del acceso a observadoras internacionales y prensa. También es remarcable el impacto que SweFOR ha podido contemplar en los cinco defensores a lo largo de sus visitas al penal: la situación de criminalización y las condiciones de vida de la cárcel han derivado en afectaciones médicas cuyo abordaje no ha sido en absoluto facilitado por las autoridades carcelarias, mientras que los cambios en los protocolos de visitas han restringido enormemente las posibilidades de las familias de poder acompañarlos, con el impacto impacto psicológico que ello conlleva. Algunas de estas preocupaciones han sido recogidas en varias misivas enviadas a las autoridades en ocasiones previas.

A las autoridades del Estado Mexicano y del estado de Chiapas solicitamos:

Cumplir con la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, y que se traduce en la liberación inmediata de Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Augustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez; la investigación de las autoridades responsables de su criminalización, y la reparación integral de todos los daños causados.

Cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos, así como los pactos en los que México es firmante, particularmente la Resolución 30/30 de 2016, aprobada por la Asamblea General de la ONU.

Garantizar la no repetición de la privación arbitraria de la libertad a defensoras y defensores de derechos humanos, así como de otras estrategias de criminalización.

A las representaciones diplomáticas y a la comunidad internacional, solicitamos:

Llamar al Estado mexicano a cumplir con la opinión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y poner en libertad inmediata a Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Augustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez; a investigar a las autoridades responsables de su criminalización, y a la reparación integral de todos los daños causados.

Que se pronuncien públicamente sobre la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca del caso de los cinco detenidos de San Juan Cancuc, e insten a las autoridades estatales y federales a ponerlos en libertad de forma inmediata, a investigar a las autoridades responsables de su criminalización, y a la reparación integral de todos los daños causados.

Instar al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y garantías para el debido proceso.

Esperando que esta carta les resulte de interés y motive su actuación, les agradecemos de antemano su atención y quedamos atentas a las respuestas a la presente carta.

Amnistía Internacional | Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic | Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos | Front Line Defenders | Movimiento Sueco por la reconciliación – SweFOR – |

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos |

Servicio Internacional para la Paz, SIPAZ | The Indigenous Peoples Rights International

EXIGIMOS LIBERTAD INMEDIATA DE RENATO ROMERO CAMACHO.

PRONUNCIAMIENTO.

1 de julio de 2025.

Las organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos, indígenas, del agua y el territorio que suscribimos la presente, condenamos de manera enérgica la arbitraria detención del compañero Renato Romero Camacho, ocurrida el dia de hoy, por parte de elementos de la Policía Ministerial del estado de Puebla.

El compañero Romero se ha destacado en la lucha en defensa del agua en la Cuenca Libres-Oriental, y en particular en la defensa del derecho al agua de los habitantes del Valle de Perote, derecho violado constantemente por la empresa transnacional Granjas Carroll, la cual ha venido extrayendo enormes volúmenes de agua y la ha regresado contaminada por deshechos animales y químicos.

La detención de Renato Romero ocurre un año y 10 días después de que policías de la Fuerza Civil del estado de Veracruz atacaron a la población del pueblo de San José del Limón, asesinando a dos campesinos y golpeando a vecinos y allanando domicilios de manera extremadamente violenta. Por estos hechos solo fueron detenidos dos policías, pero nunca los mandos y los funcionarios responsables del operativo.

El gobierno federal y los gobiernos de Puebla y Veracruz han venido callando en relación al saqueo del vital líquido y en este caso privilegiando los intereses de la empresa canadiense, sobre los derechos de la población.

Por lo antes expuesto exigimos la inmediata excarcelacion de Renato Romero Camacho y el cese a la criminalizacion y persecución en contra de los defensores del agua y el territorio.

Basta de Represión.

Por el Respeto Irrestricto al Derecho Humano al Agua.

Atentamente

Organización de Mujeres, Poj Kaaj; Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña; Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Servicios para la Educación Alternativa; Radio Social Indígena Zacatepec; Radio Comunitaria Las Voces de los Pueblos; Frente de Pueblos en defensa de la Tierra y el Agua , Morelos, Puebla y Tlaxcala; Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo; Del Barrio News; Red Bicis Tierra y Libertad;Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Red de mujeres Lesbianas, Nguiu’ y personas sexodisidentes del Istmo de Tehuantepec; Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas;Firma Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño AC; Proceso de Articulacion de la Sierra de Santa Marta; Colectivo Tokalihtik; Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género Nduva Ndandi A.C; Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano; Red Semillas de Luz;

Ollin Quetza, A.C.; Luna del Sur AC; Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta AC; Radio Comunitaria Ecos de la Sal; Las Consejeras Oaxaca; Xquenda Artes, Investigación para la Transformación Social A. C, Kolektivo El Rebelde;Colectivo Armadillo Suomi Finlandia; Laboratorio Popular de Medios Libres; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño; Nuiwari ( Nayarit); Red Solidaria de Derechos Humanos; Red Nacional de Abogadas Indígenas; Capítulo Puebla; Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” CIPO-RFM, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos de Oaxaca; Proyecto en Organización, desarrollo, Educación e Investigación, PODER.; KOXUB Comunidad Trans por nuestros DDHH en Oaxaca; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Union de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua; Colectivo Guamuchil; Trans Dífusion Asociación Civil;Teocintle, Centro de Formación Autónoma.Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalizacio’n y Globalizacio’n» de CLACSO; Red Mexicana de Accio’n Frente al Libre Comercio (RMALC). Corriente del Pueblo Sol Rojo; Mazatecas por la Libertad de Eloxochtlan de Flores Magón.Servicios del Pueblo Mixe; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca; Colectivo Popular ElSurResiste; Cooperativa de Artesanas Nutze. DESMI; CEDIAO,

Colectivos Tapayukus y Komuli de Huajuapam, Oaxaca. Ojarasca;

Asamblea Muuch’ Xíimbal.

SINE COMUNAR; Casa Tecmilco. Colectivo Huitzil Urbano. Colectiva Mujeres que Luchan; Veracruz.Raíces del Camellón en Resistencia, Xalapa, Veracruz. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.

Personas:

Ricardo Pavón de La Boca Nostra, Tihuí Arau , Firmo: Marcela Alvarado Santillán, Mesa de Representación de Bienes Comunales de los Naturales del pueblo de San Andrés Totoltepec; Yuteita Hoyos Ramos; Silvia Ribeiro, Claudia Ignacio Ramirez; Carlos Beas Torres, Istmo deu Tehuantepec;María Eugenia Gabriel Ruiz de la Comunidad Purhépecha de Comachuén, Michoacán; Daniel Castrejon;

El 6 de marzo de 2025, el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca condenó al defensor de derechos humanos Pablo López Alavez a treinta años de prisión y al pago de 112,000 pesos mexicanos (más de cinco mil euros) de reparación del daño por el delito fabricado de homicidio calificado.

El líder indígena zapoteco lleva más de 14 años detenido injustamente desde su detención arbitraria en agosto de 2010, enfrentando un proceso penal injusto caracterizado por múltiples irregularidades y violaciones al debido proceso. Su detención fue calificada como arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) en su opinión nº 23/2017, haciendo un llamado a su liberación inmediata.

Por más de catorce años, distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se han pronunciado reiteradamente a favor de la liberación de Pablo López Alavez, pues su detención arbitraria se da en represalia a su labor de liderazgo comunitario en la comunidad indígena San Isidro Aloápam en Oaxaca, desde donde denunció la presencia de actividades ilegales que operaban en la zona y afectaban el territorio y medioambiente de la comunidad.

En el año 2017, el defensor fue condenado inicialmente, pero en octubre de 2020 se ordenó la reposición del procedimiento por las múltiples violaciones a su derecho al debido proceso. El proceso penal reinició desde la etapa de instrucción y finalmente el 6 de marzo de 2025 se llevó a cabo la audiencia de sentencia sobre este nuevo proceso. La sentencia en contra del defensor se notificó de manera expedita solo horas después de la audiencia.

La nueva condena a treinta años de prisión en contra del defensor de derechos humanos Pablo López Alavez confirma que la imposición de sentencias largas en contra de defensores indígenas de derechos humanos es una tendencia sistemática y alarmante en México que busca criminalizar y silenciar a quienes defienden la tierra y el territorio indígena de intereses privados.

Distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado que el patrón se agrava cuando la persona detenida o sentenciada es una persona perteneciente a un pueblo y comunidad indígena, pues conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la separación de la persona indígena de su comunidad y territorio, elementos constitutivos de su identidad cultural, puede conllevar a profundos sufrimientos que sobrepasan aquellos inherentes a la estancia en prisión y tienen un impacto negativo sobre los miembros de la comunidad indígena”.

Las organizaciones firmantes reiteran su rechazo ante la constante violación a los derechos humanos del defensor de derechos humanos Pablo López Alavez y expresan su apoyo a las acciones de apelación de la sentencia condenatoria, reiterando el llamado a su liberación.

Organizaciones firmantes:

El próximo 6 de marzo de 2025, el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca llevará a cabo la audiencia de sentencia sobre el emblemático caso del defensor de derechos humanos Pablo López Alavéz. El defensor indígena zapoteco lleva más de catorce años injustamente privado de la libertad en el Reclusorio Regional de Villa de Etla, Oaxaca en espera de una sentencia.

Antes de su detención, Pablo López Alavéz ejercía diversas funciones de liderazgo comunitario, informaba sobre la tala ilegal de árboles y sensibilizaba sobre la protección del medio ambiente y la sostenibilidad en su comunidad indígena San Isidro Aloápam en Oaxaca, en represalia se ganó poderosos enemigos entre los madereros ilegales que operaban en la zona y se enfrentó a numerosas acusaciones penales.

El 15 de agosto de 2010, Pablo López Alavéz fue detenido arbitrariamente por sujetos no identificados que cubrían sus rostros y portaban armas largas. El defensor fue obligado a entrar al vehículo en el que llegaron sin recibir explicaciones. Al día siguiente, el defensor fue acusado injustamente de participar en el asesinato de una persona ocurrido en junio de 2007, cuando él no se encontraba en el lugar de los hechos. Desde entonces, el defensor se ha enfrentado a un proceso criminal en su contra caracterizado por irregularidades que afectaron su derecho al debido proceso y libertad denunciadas a nivel nacional e internacional.

El 2 de octubre de 2015, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la recomendación n.º 11/2015, en la cual realizó un análisis de la situación jurídica y procesal de López Alavéz, y concluyó que han ocurrido importantes violaciones al debido proceso durante el juicio en contra del defensor.

El 25 de abril de 2017, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) emitió la opinión nº 23/2017, calificando de arbitraria la privación de libertad de Pablo López Alavez, y reconociendo como motivo de su detención su legítima actividad en defensa de los derechos de la tierra, los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas, y su liderazgo de 20 años en la defensa de los bosques de San Miguel y San Isidro Aloapam, Oaxaca, contra las acciones de deforestación. El GTDA recomendó su liberación inmediata.

Front Line Defenders junto a otras organizaciones de derechos humanos ha expresado reiteradamente preocupación ante la criminalización, detención arbitraria, prisión preventiva prolongada e imposición de penas excesivas por cargos fabricados e infundados contra personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en México que se ha vuelto una tendencia alarmante que muestra un patrón de racismo y violencia desproporcionada por parte del Estado mexicano.

Asimismo, se reiteró el llamado a su liberación, señalando que la detención arbitraria de larga duración genera impactos particularmente graves que lastiman el tejido social y afectan no solo a la persona defensora criminalizada sino a su familia, comunidad y al proceso de defensa de derechos humanos. El 18 de septiembre de 2024, la organización Consorcio Oaxaca compartió la presentación del “Informe Internacional Análisis del Debido Proceso en la Criminalización del Defensor Indígena Pablo López Alavéz”, el cual concluye que el proceso es “un ejemplo extremo del uso de la criminalización generalizada contras las personas defensoras de los derechos humanos en México, en particular, las y los activistas indígenas y medioambientales”.

El 8 de noviembre de 2024, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, expresó su preocupación por la detención arbitraria de defensores de los derechos humanos indígenas en México, incluyendo a Pablo López Alavéz, y la imposición de duras condenas contra ellos. La Relatora Especial informó que está en contacto con el Gobierno mexicano en relación con estas preocupaciones.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a las autoridades nacionales y estatales en México, en especial al Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca a adoptar las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos y poner en libertad al defensor de derechos humanos Pablo López Alavéz así como a abstenerse de realizar todo acto de criminalización en su contra. Además las organizaciones firmantes hacen un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos indígenas en México.

Organizaciones firmantes: