#COMUNICADODEPRENSA

🔥DESDE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA.

🔥Lucha por la libertad de personas perseguidas con más de 200 órdenes de aprehensión.

‼️En Oaxaca no hay Estado de derecho, es la realidad que envuelve al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el reto que enfrentará el abogado mixteco #HugoAguilarOrtiz

‼️Más de 200 nuevas órdenes de aprehensión contra la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón fundadas en delitos prescritos y fabricados, y reactivadas después de ocho años, precisamente cuando la comunidad logró liberar a todos los presos políticos, evidencian la persecución política sostenida por más de una década contra personas defensoras de la autonomía, el territorio y el río Xanga Ndá Ge.

❓¿Qué nombre puede recibir la conducta de magistrados (as) del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca? Cuando violaron la norma de competencia por antecedentes y, en lugar de asignar el caso de las 200 órdenes a la Tercera Sala Penal -quien ya había resuelto un asunto del mismo expediente- lo asignaron a la Segunda Sala, con tal de “ignorar” los antecedentes vertidos en el expediente 81/2017 de la Tercera Sala, donde se declaró inexistente el delito de daño por incendio, se reclasificó a daño

con fuego, y se declaró prescrito.

❓¿Cómo se nombra la conducta que tuvo el juez de Huautla de Jiménez #ConstantinoSantiagoAgustín el pasado once de julio de 2025 al resolver el asunto de la profesora Olga Maribel e insistir en que los delitos están comprobados? Ignoró siete resoluciones judiciales de instancias superiores (amparos y apelaciones) además

de cuatro autos de libertad dictados en el mismo Juzgado local, los cuales, todos establecen la reclasificación del delito y la prescripción.

❗️Apartándose de juzgar con perspectiva intercultural, la cual le obliga a considerar el contexto y los antecedentes del asunto cuando se trata de una persona y comunidad originaria.

Tanto la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, como el Juez de Huautla de Jiménez han actuado bajo consigna, corrupción y resolviendo de forma dogmática, es decir, con simples afirmaciones (dogmas) sin razonarlas ni

contrastarlas científica ni jurídicamente, con lo cual se prueba el uso abusivo y arbitrario del poder judicial en perjuicio de personas indígenas, entre ellas ocho mujeres, precisamente, en este año de la Mujer Indígena.

❗️El gobierno morenista de Salomón Jara Cruz permite el uso del Poder Judicial para criminalizar a la comunidad, provee recursos públicos a los caciques victimarios de la comunidad mazateca, lo hace al mantener como diputada a Elisa Zepeda Lagunas, a quien le asigna los proyectos de “justicia indígena” en el Congreso. Cruel y absurda conducta del gobierno estatal, que se ha tardado más de diez años para poner fin a una criminalización que jamás debió darse. Lo cual refleja que es el propio Estado el persecutor y saqueador.

✅No obstante, con el derecho que todas las leyes mexicanas y oaxaqueñas le reconocen a la comunidad perseguida de Eloxochitlán, con la razón que múltiples sentencias, amparos y resoluciones de libertad han dado a las personas ex presas y perseguidas, con la dignidad que durante más de diez años se ha mostrado hasta

haber arrancado la última liberación sin aceptar las falsas acusaciones… es que se sigue y seguirá exigiendo a las y los funcionarios responsables de poner FIN a la persecución que cumplan.

🔎Su conducta debe ser objeto de observación y de responsabilidad nacional e internacional cada vez que incumplen con el bloque de constitucionalidad y con el control de convencionalidad, es decir, cada vez que omiten juzgar a la luz de todos los derechos reconocidos en leyes nacionales e instrumentos internacionales.

Por lo anterior, exigimos:

A la Magistrada Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Tribunal de Justicia de Oaxaca: Garantice la conducta conforme a derecho de su juez local cuya consecuencia es el estudio y establecimiento de la prescripción de los delitos en el expediente 16/2016.

Al Juez de Huautla de Jiménez: Que dé la libertad y declare la prescripción de los delitos en los casos de #Adán, #Antonio y #Gaspar, los tres mazatecos que se presentarán en el Juzgado el 18 de agosto derivado de las 5 órdenes de aprehensión que pesan sobre cada uno dentro del expediente penal 16/2016.

Al Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla: reconozca desde la Fiscalía que los delitos están confeccionados, lo cual se advierte de un estudio de las pruebas testimoniales y periciales, así como de los documentos que obran en el expediente, y además están prescritos, en consecuencia, deje de sostener una falsa acusación contra las y los defensores mazatecos.

Al gobernador Salomón Jara Cruz: Le exigimos que deje de financiar a la victimaria Elisa Zepeda Lagunas con el recurso público del Estado de Oaxaca, a quien designó como diputada plurinominal (después de haberla designado

Secretaria de la Mujer de su Gabinete) y, desde sus obligaciones constitucionales, ponga FIN a la criminalización de más de una década contra Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

Atentamente

Asamblea comunitaria en lucha por la libertad de Eloxochitlán de Flores Magón

Mujeres Mazatecas por la Libertad

📣📣¡Kjatabitsandini! ¡Kjatabitsandini! ¡Kjatabitsandini!

📸 @Paolina Orta @paolunaorta

Con estos supuestos delitos, se ha criminalizado a la comunidad mazateca que se ha opuesto al cacicazgo de Manuel Zepeda, ex presidente municipal de Eloxochitlán y padre de la hoy diputada morenista del congreso oaxaqueño, Elisa Lagunas Zepeda. El colectivo Mazatecas por la Libertad denuncia que, en el año 2014, Manuel Zepeda tomó por la fuerza el palacio municipal, desconociendo a las autoridades tradicionales en funciones y posteriormente atacó violentamente a la asamblea. Luego de estos hechos, la familia caciquil emprendió una persecución legal contra los líderes comunitarios y decenas de habitantes de Eloxochitlán, dejando 21 personas presas y que actualmente están en libertad gracias a los años de movilización de sus familiares, principalmente mujeres, quienes articularon la defensa jurídica y política de los suyos.

La profesora Maribel Betanzos es una de esas mujeres y la resolución de su caso sentará precedente en la resolución de las otras 55 personas perseguidas, cada una con 3 o 5 órdenes de aprehensión.

La parte acusadora no logró acreditar la existencia de los delitos de los que se le acusa, menos aún la participación de la profesora Maribel en ellos; además, la defensoría federal que representa a los y las mazatecas perseguidas, logró demostrar que dichas acusaciones ya han prescrito.

El plantón mazateca en Huautla permanecerá hasta que el juez Constantino Santiago emita su resolución; mientras tanto, este miércoles 9 de julio, una delegación de mujeres de Eloxochitlán sostendrá una reunión con autoridades del gobierno oaxaqueño en la capital del estado, luego de que la profesora Maribel entregó personalmente, al gobernador Salomón Jara, una solicitud de intervención de carácter resolutivo para poner fin a la persecución judicial.

Más de 50 integrantes de la comunidad han sido perseguidos jurídicamente desde hace más de una década mediante delitos fabricados –como homicidio, intento de homicidio, incendio y daños por incendio– debido a su defensa del territorio y a favor de la organización comunitaria de los pueblos, y de ellos han pisado la cárcel 21 personas. 

Aunque ya obtuvieron amparos para continuar sus procesos penales en libertad, varios de ellos —entre ellos el profesor Betanzos— enfrentan nuevos cargos, pues apenas en mayo de 2025 se liberaron 200 nuevas órdenes de aprehensión.

La destrucción del río Xangá Ndá Ge en Eloxochitlán

El cauce y nivel del río Xangá Ndá Ge se han visto alterados desde 2011, cuando habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón comenzaron a observar la extracción de materiales pétreos, en particular arena para construcción, realizada por Manuel Zepeda Cortés y vinculada a su hija, la diputada local Elisa Zepeda.

“Allá, donde yo nací, el arroyo transitaba a flor de piel de la naturaleza, entonces ahí hacíamos lanchitas y nos tirábamos de panza”, rememora Betanzos sobre su infancia en el río. “Y mi madre y sus vecinos lavaban ropa en este río, en el centro del pueblo. Llevaban sus bateas de madera y ahí lavaban su ropa, el agua no estaba contaminada”.

El nombre del río, que en castellano significa “Ser de brazos abiertos”, es un reflejo de la cosmología mazateca en torno a este cuerpo de la naturaleza: brinda agua para el uso de los habitantes, vida a las plantas y árboles, y es parte de un ecosistema completo donde habitan ranas, aves y demás animales.

“El río para nosotros representa la culminación de nuestra vida”, comparte Betanzos. “Nosotros esperamos que llueva, no así en otros lugares del mundo, aquí se espera que llueva unos tres o cuatro meses, entonces la tierra se fertiliza, el maíz crece, y la naturaleza se recicla.”

Más de una década después de las primeras denuncias de ecocidio, el río ha perdido su cauce y su altura. En algunos puntos, el agua apenas forma charcos a pesar de las lluvias y corre por áreas donde antes crecía pasto, rozando apenas las raíces expuestas de álamos que han perdido su anclaje. A los costados se acumulan bancos de tierra y arena contaminada, que son extraídos sin autorización.

Denuncian extracción irregular de arena en río de Eloxochitlán

En 2011, los habitantes de Eloxochitlán empezaron a vivir persecución y represión en sus asambleas comunitarias, por defender su forma de organización y denunciar que se estaban extrayendo materiales pétreos –en particular de arena que se utiliza para la construcción– a lo largo del río de manera irregular y masiva sin el permiso de los mazatecos.

La regulación de estos insumos es competencia del Gobierno federal cuando la extracción se realiza en cauces de los ríos, como en el caso de Eloxochitlán, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales.

Al percatarse de los hechos, hombres y mujeres mazatecos denunciaron el ecocidio del río. En respuesta, se abrieron carpetas de investigación fabricadas en contra de integrantes de 40 familias, incluyendo a Jaime Betanzos.

Nueve años de prisión sin sentencia tras detención arbitraria de habitante de Eloxochitlán

Mientras que las y los mazatecos buscaban que sus compañeros salieran de la cárcel, el Poder Judicial local expidió en los años consiguientes órdenes de aprehensión contra más miembros de la comunidad, de tal forma que en total 21 personas –principalmente hombres– fueron privados de su libertad a lo largo de 10 años, y decenas más tuvieron que huir de sus hogares para evitar ser aprehendidos por delitos fabricados como asesinato, intento de homicidio, incendio, daños por incendio y robo. 

“Yo quería ser libre”: Fernando, preso 10 años por un delito que no cometió

Fernando Gavito estuvo encerrado 10 años por un delito que no cometió, sin sentencia, antes de que pudiera regresar a estar con su familia. En 2014, fue detenido irregularmente cuando era policía comunitario de Eloxochitlán y acudió con otros compañeros a denunciar un ataque armado durante una asamblea.

Sus compañeras y compañeros comenzaron a tramitar amparos y montar plantones para exigir su liberación inmediata. Él realizó tres huelgas de hambre dentro de la penitenciaría en protesta por su encarcelamiento. La más larga de ellas duró 46 días.

“Estar ahí en la cárcel, es como si estuvieras en el panteón. Porque estás vivo, pero ya no puedes ver a tu familia. Puedes marcar, puedes hacer llamadas, pero no es lo mismo”, relata Gavito, como le dicen en el pueblo mazateco. Fue a raíz de eso que perdió el miedo y decidió hacer su primera huelga de hambre, que duró tres días.

“[Dije] ‘Yo estoy aquí, encerrado en un solo lugar y tengo que hacer algo’. Fue así que yo me di el valor de hacer una huelga por mi libertad, porque yo quería ser libre”. 

Sumado a ello, escribió poemas y canciones que narraban sus vivencias como preso político y luchador social. 

Finalmente, en junio de 2024 pudo regresar a su casa, aunque todavía pesaban sobre él los juicios por los delitos fabricados de homicidio y tentativa de homicidio. “Cuando llegó la verdadera libertad, yo no creí, yo no sentía la verdad mucha emoción porque sentía que era un sueño”, expresa.

“Estamos demostrando nuestra inocencia”: perseguidos por defender su comunidad en Oaxaca

En el caso de Martha Betanzos, hermana de Jaime Betanzos, la persecución política que enfrentó en 2014 la obligó a huir de su hogar durante dos años. Vivió en la Ciudad de México, lo que provocó en ella un gran choque cultural porque estaba acostumbrada a su vida en el rural Eloxochitlán.

Durante la persecución en su contra, así como contra su esposo y sus dos hijos, la señora Martha fue desplazada de manera forzada de su comunidad y, a causa del estrés constante, desarrolló problemas de visión.

“Es desgastante, porque te enfermas. Ya no tienes ese recurso, ya no estás bien de salud, tu familia se desintegra, ya no tienes buenas relaciones con tus hijos, con tus nietos”, comparte. “Hay personas que mal miran (…) porque creen lo que dicen, se creen que somos asesinos y rateros, pero por eso estamos caminando, porque estamos demostrando nuestra inocencia”.

Cuando pudo regresar a Oaxaca, enseguida se sumó a las filas de batalla de las demás mujeres mazatecas. Entre lágrimas y dolor, se han abrazado y dado aliento para sostenerse pese a los embates del Poder Judicial estatal. “No nos hemos abandonado”, dice Martha con ternura.

Ahora la acompaña el respaldo de sus compañeras, luego de que su nombre apareciera entre los 56 integrantes de la comunidad contra quienes se emitieron más de 200 órdenes de aprehensión en mayo de 2025.

“Otra vez, ¿de qué se trata? ¿Qué más les falta, qué se les olvidó? ¿A qué están jugando con nuestras vidas?”, reclama. “Cada que se les pega la gana, andan inventando cosas, y eso no está bien”. 

“Queremos que el gobierno ponga atención a este llamado que hacemos, porque se supone que ya pasaron 10 años. Ahorita queremos ser libres, queremos que ya acabe todo esto”.

“Libertad a los presos por luchar”, la consigna de habitantes de Eloxochitlán

Han pasado casi once años desde que los primeros activistas de Eloxochitlán fueron encarcelados por delitos que no cometieron, y hoy ya todos han podido salir y recuperar su libertad.

Para algunos, es una libertad condicionada, pues están sujetos a firmas periódicas cada 15 días y a mantenerse dentro de un perímetro delimitado, en tanto que el proceso penal no sea desechado. 

Para otros, es una libertad a escondidas, pues en mayo del 2025 fueron emitidas más de 200 nuevas órdenes de detención contra 56 miembros de la comunidad, lo cual obligó a varios a desplazarse forzosamente para evitar su reaprehensión.

Para todos, la batalla no ha terminado, y se concentra en una consigna que gritan con voces firmes al final de cada asamblea, puño en alto y filas cerradas: “¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!”.

La misión confirmó que existen violaciones graves a los derechos humanos y que es visible el ecocidio especialmente cometido al río. “A nosotras nos parece que la misión de observación tiene en sus manos información vital que puede cambiar el destino de esta comunidad,” compartió en entrevista para Desinformémonos Argelia Betanzos, defensora mazateca e hija de Jaime Betanzos, uno de los expresos políticos de Eloxochitlán.

La Red Todos los Derechos para Todas y Todos TDT, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, y el Nodo de Derechos Humanos NoDHO son algunas de las organizaciones que participaron en la misión, así como un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Un informe transdisciplinario será elaborado como resultado de esta visita y se espera una segunda misión de observación.

Diez años de resistencia al cacicazgo

El asedio judicial contra las y los mazatecos, así como el deterioro ambiental en la región, son resultado de más de diez años del cacicazgo ejercido por Manuel Zepeda, expresidente municipal de Eloxochitlán y padre de la actual legisladora morenista del congreso oaxaqueño, Elisa Zepeda Lagunas.

Por medio de la violencia, la familia Zepeda ha impedido que en la comunidad se realice la tradicional elección asamblearia para los cargos de autoridades indígenas. Al concluir el mandato de Manuel y luego de que la auditoría del estado le requirió aclarar el destino de más de veinte millones de pesos del presupuesto público, Zepeda tomó con violencia el palacio municipal, atacó con armas de fuego a la asamblea comunitaria en diciembre de 2014 y encarceló durante casi una década a los líderes de la comunidad a través de la fabricación de delitos de alto impacto.

Desde ese momento, la familia Zepeda afianzó su control sobre la comunidad e incrementó su influencia política en la región. A la par, consolidó su negocio de extracción de grava y arena del río, actividad que ha ido contaminando el agua, modificando el cauce y reduciendo su caudal.

Fueron las mujeres de la comunidad, las esposas, hermanas, madres e hijas de los presos, quienes plantaron resistencia al Estado mexicano, tanto en las calles como en los tribunales, para arrancar las libertades de sus compañeros en el año 2022, pero la persecución continúa y se ha recrudecido.

Más de 200 órdenes de aprehensión, desechadas años atrás por un juez de distrito, fueron reactivadas en marzo de este año contra 56 personas de la comunidad, entre las que se encuentran los expresos políticos, sus familias y personas que participaron en la lucha por la libertad, de las cuales ocho son mujeres y algunas de la tercera edad.

Desde entonces, la presencia constante de policías ministeriales y de vehículos ajenos a la comunidad mantienen a las familias vigiladas en un ambiente de tensión constante, ante la amenaza de nuevas detenciones y allanamientos violento en sus hogares.

Una de estas mujeres perseguidas es Maribel Betanzos, profesora de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y hermana de uno de los expresos políticos. Sobre ella pesan cuatro acusaciones de daño por incendio y una más de robo por violencia por equiparación. Mañana, Maribel se presentará en el juzgado mixto de Huautla de Jiménez acompañada de la comunidad organizada de Eloxochitlán, así como de un grupo de observadores y medios libres, para exigirle al juez Constantino Santiago que determine su libertad absoluta.

Anuncian Primera Misión de Observación, Documentación y Exigencia Alto total a la criminalización y ecocidio en la Sierra Mazateca

Boletín de prensa

18 de junio de 2025

Anuncian Primera Misión de Observación, Documentación y Exigencia Alto total a la criminalización y ecocidio en la Sierra Mazateca

La comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, anuncia la Primera Misión de Observación, Documentación y Exigencia del alto total a la criminalización, tortura y devastación del territorio comunitario, a realizarse los días 20, 21 y 22 de junio de 2025 en la comunidad de Eloxochitlán, con la participación de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones medioambientales, medios de comunicación, comunidades originarias y sociedad civil.

Esta misión surge como respuesta urgente ante el recrudecimiento de la represión estatal y caciquil que desde hace más de una década ha mantenido a la comunidad bajo amenazas, prisión política, desplazamiento forzado y destrucción ambiental. La comunidad confirmó la existencia de más de 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas de la comunidad, de las cuales, 8 son mujeres mazatecas. Esto evidencia la criminalización que viven las personas defensoras de derechos humanos en México y el particular ensañamiento con comunidades indígenas, ante lo cual, la visibilización y la solidaridad son elementos clave para evitar la violencia contra la comunidad.

En la Misión de Observación participarán el Observatorio Memoria y Libertad, la  Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C., NODHO Centro de Derechos Humanos, estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), los colectivos Sueña Dignidad, Avispa Midia, Acordamos Vivir, Degeneración, así como diversos medios de comunicación.

Las mazatecas y las organizaciones civiles que les acompañan exigieron que se conceda la suspensión definitiva y protectora a las personas defensoras comunitarias contra quienes pesan las más de 200 órdenes de aprehensión para que puedan retomar sus labores cotidianas en tanto concluye el juicio de amparo. 

Argelia Betanzos, defensora comunitaria de Eloxochitlán, mencionó la importancia de los pronunciamientos de la Asamblea Nacional del 15 de mayo de 2025 y de la Asamblea Estatal de la Sección 22 del 14 de junio de 2025, mediante los cuales exigen la cancelación de las más de 200 órdenes de aprehensión y en el caso de la Sección 22, además, el pronunciamiento por el acompañamiento a la profesora Olga Maribetl Betanzos Fuentes, una de las mujeres mazatecas perseguidas con las órdenes de aprehensión.

Así mismo, urgieron al Gobierno Estatal y Federal para que se conceda el amparo y la protección a los 14 perseguidos con el fin de que puedan regresar a su comunidad luego de 10 años de encontrarse desplazados con órdenes de aprehensión.

“Es urgente que se resuelvan los amparos conforme al Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas” enfatizaron desde la organización Mazatecas por la Libertad.

Así mismo señalaron que los gobiernos en sus diferentes niveles deben garantizar la seguridad de las personas defensoras que integran esta misión civil de observación, pues se trata de un territorio que ha sido asediado por diferentes grupos, en donde existen graves antecedentes de ataques directos a las personas organizadas en la asamblea comunitaria.

A esta urgencia se suman los intentos de detención ilegal y atentados contra defensores como el fotoperiodista comunitario David Peralta y la criminalización sistemática e histórica por la que la comunidad ha tenido que atravesar, como estrategia de despojo territorial. 

Estas nuevas órdenes de aprehensión son un retroceso en materia de justicia, pues a pesar de haber logrado la libertad de sus presos políticos en 2024, la represión se reactiva usando al aparato judicial como herramienta de castigo colectivo. Hoy, el territorio, el río Xangá Ndá Ge y su gente están bajo asedio nuevamente y es responsabilidad del Estado Mexicano poner un alto a la criminalización y a los ataques contra las personas defensoras del territorio.

Las mujeres mazatecas informaron que cuentan con 300 firmas provenientes del sector magisterial de Oaxaca y 500 firmas de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, que suscriben por la exigencia al alto total a la criminalización de más de una década.

¡Eloxochitlán no está solo!

Alto total a la criminalización y ecocidio.

Libertad y territorio para la comunidad mazateca.

El colectivo añadió que el plantón fue instalado para exigir el cese a la criminalización de más de una década contra la comunidad mazateca, que ha sufrido prisión política, desplazamiento forzado, tortura, persecución, re victimización y el ecocidio del río por defender su autonomía y su territorio.

Como parte de las acciones, las mujeres mazatecas también lanzaron una carta para recabar firmas y dirigida al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, para que «ponga fin a una década de criminalización sistemática contra la comunidad originaria de Eloxochitlán de Flores Magón», a través de medidas concretas como la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión contra 56 defensores, el regreso seguro y en libertad de los 14 perseguidos políticos y el cierre definitivo de los procesos judiciales contra los expresos políticos Herminio Monfil, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Jaime Betanzos y Francisco Durán, «quienes firman cada 15 días y sufren hoy una nueva persecución».

Carta al Gobernador del Estado de Oaxaca

Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, México, a 15 de Mayo de 2025.

ASUNTO: Ponga fin a una década de criminalización sistemática contra la comunidad originaria de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

 Ing. Salomón Jara Cruz, Gobernador. 

Por medio de la presente, la comunidad originaria de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, las organizaciones, colectivos de derechos humanos, académic@s, ciudadanos y ciudadanas de México y del mundo, preocupados por el presente y futuro de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, nos dirigimos a usted para exigir el cese inmediato de la represión y criminalización sistemática que durante más de diez años ha azotado a la comunidad originaria de Eloxochitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca de Oaxaca, cuyos habitantes defienden la autonomía, su río y territorio.

La comunidad mazateca, conformada en su mayoría por hablantes de lengua indígena, ha sido víctima de un ataque sistemático que vulnera su autonomía, su territorio, y su derecho a la vida digna. Esta violencia estructural no es solo una cuestión local, sino que constituye una violación grave de los derechos humanos, que está llamando la atención de la mirada internacional.

Desde 2011, Eloxochitlán de Flores Magón ha vivido una escalada de violencia de Estado que no tiene otro nombre más que crimen político y racismo estructural. Más de 40 personas defensoras comunitarias han sido encarceladas, perseguidas, desplazadas o sometidas a procesos judiciales plagados de irregularidades. Actualmente, 56 habitantes defensores comunitarios—entre ellos trabajadoras de la educación, campesinos, madres, mujeres de más de sesenta y cinco años, y ex presos políticos—enfrentan órdenes de aprehensión por delitos fabricados y prescritos, en una estrategia de terror jurídico que busca arrancar a la comunidad de sus raíces y someterla al saqueo de sus recursos naturales.

¿Quién autoriza esta represión, señor Gobernador?

¿Cuántos recursos públicos se han desviado para desplegar operativos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de agentes ministeriales, y de personas y vehículos de origen desconocido, en contra de una comunidad de menos de cinco mil habitantes? ¿A quién sirve este uso desproporcionado de los recursos del Estado? ¿Por qué se protege el poder caciquil que encabezan Elisa Zepeda Lagunas y Manuel Zepeda Cortés, quienes, amparados en el aparato político y judicial, continúan con actos de hostigamiento hacia la comunidad y con la explotación de piedra del río Xanga Ndá Ge, mantienen minas de material pétreo a cielo abierto, con impunidad y violencia?

Lo decimos sin ambigüedades: esto no es una disputa legal, es una injusticia histórica que refleja el racismo estructural contra los pueblos indígenas de México y que busca asegurar el despojo. Esta no es solo una cuestión nacional, sino un llamado urgente a la comunidad internacional. Ustedes, como autoridad estatal, aún tienen en sus manos la oportunidad de resarcir una de las peores páginas de abuso de poder en la historia reciente de Oaxaca.

Usted, Gobernador, conoce la Sierra Mazateca. Ha sido parte de luchas sociales y sabe bien que este pueblo no es un nido de delincuentes. Es un pueblo organizado, con una profunda conexión con su tierra y su cultura, que ha manifestado en reiteradas ocasiones que no desea ser desplazado, ni exiliado, ni enterrado lejos de su hogar ancestral.

Exigimos, con urgencia una reunión resolutiva entre los tres poderes de Oaxaca para:

Hacemos un llamado de solidaridad a organizaciones, colectividades e individualidades por POSIBLES ACTOS DE DETENCIONES MASIVAS E ILEGALES A LA COMUNIDAD DE ELOXOCHITLÁN. Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Desde el Observatorio Memoria y Libertad lanzamos esta alerta urgente por la amenaza de detenciones y cateos arbitrarios, y actos de tortura en contra de las familias de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón. Exigimos al Gobierno de Oaxaca y al Gobierno Federal, protección inmediata para las familias amenazadas.

El martes 13 de mayo, durante toda la mañana, la comunidad denunció la presencia personas con apariencia de judiciales vestidas de civil, merodeando en las calles principales del centro de Eloxochitlán. A las 6.20pm la Policía Estatal entró al barrio Mina de Oro, en donde sigue presente hasta la emisión de esta alerta. De igual forma, a las 6 de la tarde, entró personal de Seguridad Pública a Barrio Escopeta.

Exigimos al Gobierno de Salomón Jara, a la Secretaría de Gobernación del estado, a la Fiscalía del estado de Oaxaca y al Tribunal Superior de Justicia detener cualquier intento de detención en contra de la comunidad y dar informe sobre la presencia de los elementos y personas de civil que se encuentran en la comunidad.

No es la primera vez que personas entran a la comunidad y realizan cateo y detenciones abritrariad, ilegales y por medio de la tortura. Sin embargo, la Fiscalía de Oaxaca en una ocasión negó dirigir el operativo por lo cual es urgente la interolucion directa del Fiscal con la comunidad por el clima de hostigamiento que viven las familias de Eloxochitlán en este momento

Recordamos al Fiscal, que desde el 1ero de mayo la comunidad ha buscado de forma insistente el diálogo con la dependencia, el cual no ha sucedido hasta el momento. Esto ha permitido que el clima de violencia y amenazas en contra de la comunidad crezca cada día más.

Reponsabilizamos al Estado mexicano, al Gobierno de Oaxaca, al Tribunal Superior de Justicia así como a Elisa Zepeda y Manuel Zepeda de cualquier daño físico y psicológico en contra de la comunidad. Por 10 años estas personas e instituciones han torturado a la comunidad, exigimos un alto inmediato, las familias de Eloxochitlán tienen derecho de vivir en paz.

• 31 marzo del 2025, intento de detención del indígena Francisco Durán Ortíz, por órdenes de Constantino Santiago, juez local de Huautla de Jiménez.

• 3 abril del 2025, intento de asesinato, y robo de equipo en contra del fotoperiodista comunitario David Peralta Betanzos.

• 23 de abril del 2025, intento de citación ilegal a 14 perseguidos políticos mazatecos, por parte del Juez de Huautla Constantino Santiago, para detenerlos, y justificar, de haberse consumado, “que se entregaron por su propio pie”.

• Enero y febrero del 2024, el juez Constantino Santiago, envió un asunto de ocho años de antigüedad al trámite de apelación para que exista la posibilidad de revivir 56 órdenes de aprehensión por el delito de robo, contra las mismas y otras personas criminalizadas, la comunidad está en alerta hasta saber cuál será la decisión de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, ya que estas acciones represivas ocurren luego de que la comunidad ganó la libertad de todos sus presos políticos, a pesar de luchar en un piso jurídico desigual y racista.

Desde hace más de diez años, Eloxochitlán ha sido blanco de un proceso sistemático de despojo, persecución política, tortura, prisión injusta, desplazamiento forzado y atentados contra la vida, como resultado de las denuncias comunitarias por la devastación del territorio, la defensa de la autonomía, defensa del río y la resistencia contra el cacicazgo represor de Manuel Zepeda Cortés y su hija Elisa Zepeda Lagunas, actual diputada local por Morena, quienes son extractivistas de piedra y arena y devastadores del río Xanga Ndá Ge de la comunidad de Eloxochitlán.

Estas violencias, donde hasta 21 indígenas sufrieron prisión política (ahora todas libres) y donde hasta 33 familias estuvieron desplazadas por contar con órdenes de captura, no son hechos aislados, son actos de Estado sostenidos por los tres poderes del gobierno oaxaqueño, que han garantizado impunidad a los perpetradores y obstaculización a la justicia para la comunidad.

Hoy, todavía 14 personas mazatecas continúan en desplazamiento forzado, perseguidas por las mismas acusaciones falsas que ya han sido desmentidas en más de veinticinco ocasiones, entre ellas el antropólogo mazateco Miguel Peralta, y otras 56 personas, guardianas del territorio, entre ellas una enfermera adulta mayor y una profesora jubilada, están en riesgo de ser objeto de nuevas detenciones porque algunos magistrados y el Juez de Huautla de Jiménez que actúan en obediencia a la diputada Elisa Zepeda, intentan revivir procesos caducos y emitir órdenes de aprehensión masivas para paralizar nuevamente a la comunidad que ya ha ganado batallas contra la prisión política.

Este recrudecimiento promovido por la diputada morenista y ex secretaria de la mujer, Elisa Zepeda Lagunas con sus jueces y magistrados corruptos tiene el objetivo de prolongar la desarticulación comunitaria e impedir la defensa del territorio y las prácticas de organización comunitaria conforme a los usos y costumbres bajo los principios del consenso y la mano vuelta, ya que la diputada y su padre Manuel Zepeda Cortés han impuesto prácticas ajenas a la organización ancestral convirtiendo la administración pública en un negocio corrupto.

El pasado 3 de abril de 2025, el fotoperiodista comunitario David Peralta Betanzos, defensor de derechos humanos de la comunidad, fue víctima de un intento de asesinato y elrobo de su cámara por parte de Manuel Zepeda, cuando documentaba el ecocidio del río, y la gravera ubicada en el barrio de Agua Torcida de Eloxochitlán. Este atentado representa un ataque directo contra la libertad de expresión, el derecho a la documentación comunitaria y el ejercicio de la memoria y defensa del territorio.

En este contexto, las mujeres mazatecas, madres, hermanas e hijas de personas ex presas y perseguidas políticas, levantamos la voz para decir: ya basta. Ya no queremos vivir bajo vigilancia, bajo amenazas, bajo estigmatización por hechos que no cometimos.

Queremos libertad para caminar por nuestro propio pueblo, celebrar nuestras fiestas, sembrar y cosechar en paz, y reconstruir lo que la violencia nos ha arrebatado.

Exigimos:

1. Justicia para David Peralta Betanzos, periodista comunitario agredido el 3 de abril, y sanción al responsable del atentado.

2. Libertad para Miguel Peralta Betanzos, antropólogo mazateco criminalizado por la defensa de la autonomía y el territorio.

3. Alto total a la criminalización y libertad de las y los defensores mazatecos, y garantías para el retorno libre y seguro de las 14 personas desplazadas, perseguidas políticas.

4. La intervención urgente del gobierno federal y estatal para frenar la protección a los caciques Manuel Zepeda Cortés y Elisa Zepeda Lagunas, quienes usan el recurso del erario público para reprimir a las personas defensoras comunitarias de Eloxochitlán.

5. La coordinación interinstitucional entre los poderes de Oaxaca y dependencias federales para destrabar los juicios penales y de amparo y garantizar justicia y reparación del daño.

6. Que se revise la viabilidad de una Ley de Amnistía o reformas al Código Penal local y otras leyes locales y federales que permitan cerrar esta herida histórica y liberar definitivamente a quienes han sido injustamente perseguidos.

No podemos permitir que el miedo ni la impunidad silencien las voces que claman por

justicia. Eloxochitlán no se rinde. La memoria, el territorio y la libertad no son negociables.

¡Ni silencio ni exilio! ¡Libertad para las y los perseguidos!

¡Justicia para David Peralta! ¡Miguel Peralta Libre Ya!

¡Fuera caciques de nuestro territorio!

Atentamente: Mujeres mazatecas y comunidad originaria de Eloxochitlán de Flores Magón.