Ante el recrudecimiento de la persecución judicial contra 56 indígenas mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, medios independientes y colectivos defensores de derechos humanos realizaron la primera misión civil de observación en la comunidad.

Esta primera misión recabó testimonios de las víctimas de prisión política, persecución judicial y desplazamiento forzado. Asimismo, documentó los daños causados por la explotación del Río Xanga Ndá Ge, el principal cuerpo de agua de la comunidad.

Una Misión de Observación comenzará este 20 de junio en la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, “ante el recrudecimiento de la represión estatal y caciquil” que durante más de diez años ha provocado amenazas, prisión política, desplazamiento forzado y destrucción ambiental en el territorio.

Se trata de la primera misión de observación en Eloxochitlán que surge “como una respuesta urgente” a la violencia política y judicial contra la población, cuya última alarma se declaró con la confirmación de 200 órdenes de aprehensión para 56 defensores comunitarios, entre ellos ocho mujeres mazatecas.

“Estas nuevas órdenes de aprehensión son un retroceso en materia de justicia, pues a pesar de haber logrado la libertad de sus presos políticos en 2024, la represión se reactiva usando al aparato judicial como herramienta de castigo colectivo. Hoy, el territorio, el río Xangá Ndá Ge y su gente están bajo asedio nuevamente y es responsabilidad del Estado Mexicano poner un alto a la criminalización y a los ataques contra las personas defensoras del territorio”, señalaron las organizaciones de derechos humanos que integran la Misión, entre ellas el el Observatorio Memoria y Libertad y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT).

Además de la criminalización contra los defensores “como estrategia de despojo territorial”, la comunidad también ha sido víctima de intentos de detención ilegal y atentados contra la vida de sus pobladores, como sucedió con el fotoperiodista comunitario David Peralta el pasado 3 de abril.

Las organizaciones de la Misión exigieron al gobierno federal y de Oaxaca que se conceda la suspensión definitiva y protectora a los defensores comunitarios víctimas de las 200 órdenes de aprehensión, así como que conceda el amparo y la protección a los 14 perseguidos políticos “con el fin de que puedan regresar a su comunidad luego de 10 años de encontrarse desplazados con órdenes de aprehensión”.

“Es urgente que se resuelvan los amparos conforme al Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas”, señaló el colectivo de mujeres Mazatecas por la Libertad en la conferencia de prensa sobre la Misión, realizada este 18 de junio.

La Primera Misión de Observación, Documentación y Exigencia del alto total a la criminalización, tortura y devastación del territorio comunitario se realizará del 20 al 22 de junio y contará con la participación de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones medioambientales, medios de comunicación, comunidades originarias y sociedad civil.

COMUNIDAD:

Más de 80 organizaciones de derechos humanos iniciaron una recolecta de firmas para exigir al gobierno federal y de Oaxaca la cancelación inmediata de las más de 200 órdenes de aprehensión contra 56 pobladores de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, donde desde hace más de una década son víctimas de persecución política y criminalización por defender el río Xangá Ndá Ge.

Entre los casos de persecución, las organizaciones recordaron que tan sólo los pasados 13 y 15 de junio los habitantes de Eloxochitlán denunciaron la presencia policial y judicial en la comunidad, donde las autoridades se han apostado afuera de algunos domicilios de personas perseguidas “al tiempo que han preguntado por el fotoperiodista David Peralta Betanzos”, quien fue víctima de un intento de asesinato el pasado 3 de abril, por lo que su vida e integridad “puede estar en riesgo” al igual que sus padres, “su hermano Miguel Peralta y un hermano más”.

La campaña de firmas fue iniciada por la Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), tras corroborar la confirmación de las más de 200 órdenes con la comisión de mujeres Mazatecas por la Libertad, que durante 18 días permaneció en plantón frente a los juzgados federales de Boca del Río, Veracruz, para interponer un juicio de amparo.

La Red TDT explicó que entre los 56 defensores comunitarios que cuentan con órdenes de aprehensión figuran trabajadoras de la educación, campesinos, madres, mujeres de más de sesenta y cinco años y ex presos políticos, cuya criminalización y persecución política “es en represalia a la defensa del patrimonio territorial y cultural que la comunidad ha realizado al denunciar el saqueo de sus recursos naturales ante la explotación de piedra que realizan en el río Xanga Ndá Ge y que mantiene minas de material pétreo a cielo abierto”.

El pasado 10 de junio, las mujeres de Mazatecas por la Libertad denunciaron que la determinación de las autoridades judiciales fue “resucitar” las 200 órdenes de aprehensión después de nueve años de los “supuestos hechos”, lo que calificaron de “otra maniobra política” contra la comunidad. Entre las víctimas de la criminalización se encuentran ocho mujeres indígenas, acusadas de cinco delitos diferentes, “como si fueran criminales”, dijo entonces la abogada mazateca y miembro del colectivo Argelia Betanzos.

Además de la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión, las organizaciones exigen en la carta el retorno seguro y en libertad de los perseguidos políticos, el cierre de sus procesos judiciales “que los han mantenido diez años desplazados de su territorio” y el cierre definitivo de los procesos judiciales contra los expresos políticos Herminio Monfil, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Jaime Betanzos y Francisco Durán, “quienes firman cada 15 días y sufren hoy una nueva persecución”.

Finalmente, demandaron la absolución inmediata del preso político Miguel Peralta y garantías de protección para el fotoperiodista David Peralta Betanzos, cuyo intento de asesinato fue perpetrado por el cacique Manuel Zepeda Cortés y Marco Antonio Gallardo Ortiz cuando Peralta documentaba la extracción de recursos naturales de la comunidad mazateca.

La Segunda Sala Penal del Tribunal de Justicia de Oaxaca confirmó la existencia de 200 órdenes de aprehensión contra pobladores de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, que desde hace más de una década es víctima de persecución política y criminalización por oponerse al control político del cacique Manuel Zepeda y la extracción de materiales pétreos en el río Xangá Ndá Ge.

Las Mujeres Mazatecas por la Libertad denunciaron que la determinación de las autoridades judiciales fue “resucitar” las 200 órdenes de aprehensión después de nueve años de los “supuestos hechos”, lo que calificaron de “otra maniobra política” contra la comunidad.

Entre las víctimas de la criminalización se encuentran ocho mujeres indígenas, acusadas de cinco delitos diferentes, “como si fueran criminales”, acusó la abogada Argelia Betanzos, de Mazatecas por la Libertad.

“Este año de la mujer indígena, a la tierra de Flores Magón, se le criminalizan ocho de sus mujeres que no cometieron ningún delito, que su delito es pertenecer a esta comunidad, amar esta comunidad, vivir en este territorio y defender su agua y su río. Ese es su delito”, denunció Betanzos a través de un video.

“¿Estas 200 órdenes resucitadas después de nueve años buscan justicia, existen víctimas que a nueve años de sucedidos los supuestos hechos busquen justicia? ¿O esto es otra maniobra política en donde usted, gobernador, es cómplice de encerrar a ocho mujeres? Vienen ocho mujeres cinco veces, como si fueran criminales por haber cometido cinco delitos”, condenó.

Además de acusar al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, las mujeres mazatecas interpelaron a la presidenta Claudia Sheinbaum para que actúe en favor de las víctimas de persecución política y criminalización en Eloxochitlán. “Este año de la mujer indígena, ¿las va a defender, presidenta? O las va a dejar en manos de un gobernador voraz y corrupto”, subrayó Betanzos.

Las mujeres Mazatecas por la Libertad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, instalaron esta mañana un plantón indefinido frente al Poder Judicial de la Federación con sede en Boca del Río, Veracruz, donde se programó la audiencia del defensor comunitario mazateco Francisco Durán Ortiz, «uno de los nuevos perseguidos por acusaciones de parte de la familia caciquil de Manuel Zepeda».

Durán Ortiz fue uno de los nueve presos políticos de Eloxochitlán que obtuvo su libertad en junio de 2024, después de seis años de prisión tras un proceso irregular. Hoy es una de las potenciales víctimas de las más de 200 órdenes de aprehensión contra pobladores de la comunidad mazateca y «es también de los que van a firmar cada 15 días».

«Aunque ya ganó amparo para que se dicte su sentencia en el caso 02/2015, esta no llega. El responsable de la omisión es el Juez de Huautla Constantino Santiago. También, desde agosto de 2024, Francisco lucha otro juicio de amparo en Boca del Río, porque cuando salió de la cárcel, a los pocos días, el poder judicial de Oaxaca le quitó una libertad que él ganó contra la acusación de incendio desde el 2022», explicaron las mujeres.

COMUNICADO:

Las mujeres Mazatecas por la Libertad lanzaron una alerta urgente por las posibles detenciones masivas contra defensores de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, donde en las últimas semanas se ha recrudecido la violencia y persecución política por parte de caciques y funcionarios del Estado.

Argelia Betanzos, integrante de Mazatecas por la Libertad, denunció que durante la mañana del 13 de mayo se registró la presencia de personas con apariencia de judiciales vestidas de civil en las calles principales del centro de la comunidad, y que posteriormente, a las 18:20 horas, elementos de la policía estatal entraron al barrio Mina de Oro y personal de Seguridad Pública ingresó al Barrio Escopeta.

Tan sólo el pasado 1 de mayo, la comunidad se declaró en estado de alerta «ante el incremento del hostigamiento, el riesgo contra la libertad de sus integrantes y la persistente criminalización que ha sufrido por más de una década», pues hubo un intento de citación ilegal a 14 perseguidos políticos mazatecos por parte del juez de Huautla, Constantino Santiago. Las mujeres mazatecas responsabilizaron del recrudecimiento de la violencia a la diputada morenista y exsecretaria de la mujer, Elisa Zepeda Lagunas, junto con «sus jueces y magistrados corruptos», a quienes acusaron de prolongar la desarticulación comunitaria e impedir la defensa del territorio y las prácticas de organización conforme a los usos y costumbres de la comunidad.

«En Eloxochitlán las personas criminalizadas jamás han evadido la justicia. Todos los casos están presentados en amparos, en trámites que son constitucionales. A Eloxochitlán no van a ir a buscar fugitivos, ahí van a encontrar defensoras y defensores del río y el territorio que saben usar los trámites legales», dijo Betanzos en su denuncia.

El llamado de alerta fue replicado por diferentes organizaciones y colectivos, entre ellos el Observatorio Memoria y Libertad, que recordó que «no es la primera vez» que personas entran a la comunidad y realizan cateos y detenciones «arbitrarias, ilegales y por medio de la tortura».

El Observatorio exigió al gobierno de Salomón Jara, a la Secretaría de Gobernación del estado, a la Fiscalía de Oaxaca y al Tribunal Superior de Justicia detener cualquier intento de detención en contra de la comunidad y dar informe sobre la presencia de los elementos y personas de civil que se encuentran en la comunidad.

COMUNICADO:

La comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, se declaró en estado de alerta «ante el incremento del hostigamiento, el riesgo contra la libertad de sus integrantes y la persistente criminalización que ha sufrido por más de una década», informaron las mujeres Mazatecas por la Libertad.

Entre las últimas agresiones contra la comunidad se encuentra el intento de citación ilegal a 14 perseguidos políticos mazatecos por parte del juez de Huautla, Constantino Santiago, quien el pasado 23 de abril buscó detenerlos y justificar «que se entregaron por su propio pie», así como el intento de asesinato y robo de equipo contra el fotoperiodista comunitario David Peralta Betanzos, el pasado 3 de abril.

Las mujeres mazatecas responsabilizaron del recrudecimiento de la violencia a la diputada morenista y exsecretaria de la mujer, Elisa Zepeda Lagunas, junto con «sus jueces y magistrados corruptos», a quienes acusaron de prolongar la desarticulación comunitaria e impedir la defensa del territorio y las prácticas de organización conforme a los usos y costumbres de la comunidad.

«Desde hace más de diez años, Eloxochitlán ha sido blanco de un proceso sistemático de despojo, persecución política, tortura, prisión injusta, desplazamiento forzado y atentados contra la vida, como resultado de las denuncias comunitarias por la devastación del territorio, la defensa de la autonomía, defensa del río y la resistencia contra el cacicazgo represor de Manuel Zepeda Cortés y su hija Elisa Zepeda Lagunas, actual diputada local por Morena, quienes son extractivistas de piedra y arena y devastadores del río Xanga Ndá Ge de la comunidad de Eloxochitlán», explicaron.

Además de la citación de los 14 mazatecos y el atentado contra la vida de Peralta Betanzos, la comunidad fue objeto de agresiones el pasado 31 de marzo, cuando el juez Constantino Santiago ordenó la detención del expreso político Francisco Durán Ortiz, y a lo largo de los meses de enero y febrero, cuando el mismo juez envió un asunto de ocho años de antigüedad al trámite de apelación para que exista la posibilidad de revivir 56 órdenes de aprehensión por el delito de robo contra pobladores de Eloxochitlán.

«La comunidad está en alerta hasta saber cuál será la decisión de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, ya que estas acciones represivas ocurren luego de que la comunidad ganó la libertad de todos sus presos políticos, a pesar de luchar en un piso jurídico desigual y racista», precisaron las mujeres.

Agregaron que actualmente hay 14 integrantes de la comunidad en situación de desplazamiento forzado, «perseguidas por las mismas acusaciones falsas que ya han sido desmentidas en más de veinticinco ocasiones», y que otros 56 defensores del territorio están en riesgo de ser detenidos por la pretensión de reiniciar «procesos caducos y emitir órdenes de aprehensión masivas para paralizar nuevamente a la comunidad que ya ha ganado batallas contra la prisión política».

Tras declarar a la comunidad en estado de alerta, las mujeres de Eloxochitlán incluyeron entre sus demandas justicia para David Peralta Betanzos, libertad para el antropólogo y preso político mazateco Miguel Peralta Betanzos, alto total a la criminalización de los pobladores y libertad de las y los defensores mazatecos, y la intervención urgente del gobierno federal y estatal «para frenar la protección a los caciques Manuel Zepeda Cortés y Elisa Zepeda Lagunas, quienes usan el recurso del erario público para reprimir a las personas defensoras comunitarias de Eloxochitlán».

COMUNICADO:

La comunidad indígena mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, declara un estado de ALERTA ante el incremento del hostigamiento, el riesgo contra la libertad de sus integrantes y la persistente criminalización que ha sufrido por más de una década, estas acciones recientes son la base de la ALERTA:

Este miércoles recuperaron su libertad los mazatecos Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán, hoy expresos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, tras la audiencia de medidas cautelares que se realizó en el Juzgado de Huatla, celebraron las mujeres del colectivo Mazatecas por la Libertad y habitantes de la comunidad.

Desde la mañana, las mujeres y familiares de las tres víctimas de persecución política y criminalización selectiva, acompañados de los pobladores de Eloxochitlán, se reunieron en el juzgado para conocer la resolución de la audiencia.

Dos camionetas de la Guardia Nacional entraron a Barrio Escopeta de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, sin “alguna razón por la cual elementos de este agrupamiento pudieran entrar en el barrio, ya que únicamente viven familias”, alertaron las Mujeres Autodefensas por la Libertad de Eloxochitlán, las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos y Perseguidos de Eloxochitlán y el Observatorio Memoria y Libertad.

El pleno del Primer Circuito Colegiado ratificó este martes el amparo que protege al preso político mazateco Marcelino Mirámón, detenido arbitrariamente desde el 22 de mayo de 2023 en Huautla, Oaxaca, con lo que se confirma “que el sistema judicial de Oaxaca está actuando en contra de la ley, de los derechos humanos y en total corrupción”, señalaron el Observatorio Memoria y Libertad y el colectivo Sueña Dignidad.

Con la ratificación del amparo, explicaron, se comprueba que Marcelino Miramón, originario de Eloxochitlán de Flores Magón, “no debió pasar un solo día en prisión”, pues el mazateco fue detenido con una orden de aprehensión idéntica a la que se usó en 2016 en contra otra persona que ya está libre, bajo un expediente en el que el delito se declaró inexistente, prescrito y extinguido.

Mujeres del pueblo Mazateco, del estado de Oaxaca, sostuvieron por tres días una huelga frente al palacio de gobierno de esta entidad, ubicada al sur de México, exigiendo la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán. El plantón ocurrió entre los días 18 y 20 de febrero.

Cuarenta hombres y mujeres de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, de la Sierra Mazateca, en Oaxaca, han sido criminalizados en los últimos nueve años, por un grupo “neocaciquil”, como nombran las mujeres mazatecas. 

Los pueblos, organizaciones y colectivos que integran la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, repudiaron en un pronunciamiento la “detención arbitraria” de Jaime Vidauria Romero, Artemio Vidauria Romero y Ranulfo Vidauria Estrada, mazatecos de Eloxotitlán de Flores Magón, Oaxaca, ocurrida el pasado 21 de noviembre.

Las Mujeres Mazatecas por la Libertad denunciaron que los luchadores sociales mazatecos Jaime Vidauria Romero, Artemio Vidauria Romero y Ranulfo Vidauria Estrada fueron detenidos arbitrariamente por policías vestidos de civil la tarde de este martes en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

La mañana de este 22 de noviembre, las mujeres mazatecas se plantaron frente al reclusorio de Tanivet, donde es probable que se encuentren los mazatecos «secuestrados por el Estado», precisaron.

La resolución de un amparo interpuesto por la defensa del ex preso político mazateco, Miguel Peralta, para revertir una sentencia condenatoria, coloca en riesgo su libertad. Integrante de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, él es uno de los 35 miembros que han sido perseguidos, señalados por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas y tentativa de homicidio contra su hermana, Elisa Zepeda, ambos miembros de la misma comunidad mazateca.

La raíz de lo que la defensa de Peralta argumenta como criminalización, se encuentra en los hechos violentos ocurridos en diciembre del 2014, cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado, el cual pobladores acusan que opera bajo el mando del grupo caciquil de la familia Zepeda.

Las Mujeres Mazatecas por la Libertad denunciaron que los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón «están secuestrados por el Estado», luego de que se revelara que el juez autónomo de Huatla espera indicaciones desde la capital de Oaxaca para decidir sobre la libertad de los cinco mazatecos que desde hace nueve años están en prisión preventiva y sin sentencia.

Colectivos y organizaciones nacionales e internacionales condenaron los recientes casos de hostigamiento y acoso con drones contra familias de desplazados y presos políticos en Barrio Escopeta, municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

Los colectivos retomaron la denuncia del Comité de Mujeres Autodefensas por la Libertad sobre que el pasado 2 de septiembre un dron negro sobrevoló y grabó ilegalmente en las viviendas de Rafaela Álvarez y Adelina Herrera, que forman parte de las familias de Barrio Escopeta afectadas por la violencia, el desplazamiento forzado y el encarcelamiento arbitrario.

El Comité de Mujeres Autodefensas por la Libertad denunció que los nombres de presos políticos mazatecos y frases de libertad fueron borrados de los murales que artistas realizaron en los muros centrales de Barrio Escopeta, Oaxaca, como parte de la Jornada Muralista «Una Flor Llamada Libertad».

Mujeres mazatecas de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, crearon el Comité de Mujeres Autodefensas por la Libertad frente a la violencia judicial y ante el riesgo “inminente” de cateos a las mujeres y niños familiares de los presos políticos de la comunidad.

A través de un manifiesto, las mujeres autodefensas se pronunciaron contra los casos de detención arbitraria, prisión injusta y persecución política contra integrantes de la comunidad de Eloxochitlán, donde por años se ha denunciado la presencia de grupos caciquiles y su relación con dependencias gubernamentales, así como el encarcelamiento de los defensores y comuneros “por el puro capricho de grupos de poder”.

La reciente detención del mazateco Marcelino Miramón por un delito que “no existe”, sumada a las detenciones de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, que desde hace ocho años luchan por su libertad, son muestra de cómo el poder Judicial “sirve como instrumento de tortura para someter a una comunidad originaria y desarticularla”, denunció la colectiva Mazatecas por la Libertad.

Cada día que transcurre sin la liberación de los presos políticos de Eloxochitlán, precisó la colectiva, “es un día donde el poder Judicial le sirve al Poder fáctico que desea mantener la prisión arbitraria”, pues en todos los casos se ha demostrado la inocencia de los detenidos y se han interpuesto recursos legales frente a las irregularidades en sus procesos.