"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al Gobierno de los Estados Unidos y a partir de ahí justifican su inacción contra la delincuencia organizada que exhiben y nada más".
La Presidenta deslizó el comentario de que tampoco la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría encontrado indicios de actividades ilícitas, y aunque la mandataria no presentó pruebas de ello, el hecho se confirma al no haber una investigación judicial contra tales instituciones financieras.
La que sí intervino a los tres señalados, CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; a algunas las multó por faltas administrativas, y al tiempo las tres instituciones financieras han tenido cambios o estragos debido al señalamiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero no por una investigación del Gobierno mexicano.
El IPAB informó, en el caso de CIBanco, S.A., que a partir del 10 de octubre inició proceso de liquidación. En agosto, Intercam anunció a sus usuarios la venta de sus activos a Kapital Bank, y Vector Casa de Bolsa, transfirió su cartera de activos y clientes a Finamex Casa de Bolsa.
La Presidenta Sheinbaum defendió desde el inicio a las instituciones financieras, una maniobra que pudo tener origen político (de hecho, no impactó en la economía mexicana el señalamiento de las tres instituciones), dado que una de ellas fue fundada por un exfuncionario, Alfonso Romo, además morenista, además amloista. La línea presidencial tampoco impactó en el futuro próspero de las instituciones financieras, ya diluidas o en proceso de serlo.
Un importante funcionario federal que conoce de los entresijos para integrar investigaciones y carpetas en la UIF, refirió que lograr la información de las instituciones financieras para elaborar un diagnóstico inicial con pruebas, puede tomar como mínimo, un mes, para lograr las respuestas de las entidades financieras. En este caso han transcurrido poco más de tres meses, y si bien el Gobierno de la República no ha informado de los resultados de las investigaciones, son las propias instituciones las que han notificado a sus clientes, inversionistas y usuarios, de los pasos que han seguido, primero para garantizar los recursos de cada uno, y posterior para informar del nuevo camino que tomarán.
Es decir, sin las pruebas de los Estados Unidos ni del Gobierno de la República para demostrar lo contrario, llegó el fin de las tres instituciones señaladas. Pero no este es el caso de otros nombrados por departamentos de los Estados Unidos. En el caso de Ismael Zambada García, "el Mayo", por ejemplo, la Presidencia de la República sigue solicitando pruebas y contexto de la aprehensión del capo del Cártel de Sinaloa, a más de un año de su aprehensión y cuando el propio narcotraficante ya entregó una carta de culpabilidad al Departamento de Justicia de la Unión Americana, con el objetivo de alcanzar una sentencia que no conlleve la pena de muerte. En México sin embargo, "el Mayo" sigue tan impune como siempre, y su detención sí impactó en la seguridad del país, al iniciar una narcoguerra entre las distintas facciones del CDS que parece no tener fin.
Recientemente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a otros mexicanos, por ser parte de una red de protección y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, entre quienes se encuentra una morenista, la Diputada federal por Baja California, Araceli Brown y dos empresarios, Candelario Arcega y Jesús González Lomelí. A los tres, cuando no ha transcurrido ni un mes de la mención por parte del vecino país, les han sido congeladas sus cuentas en México, y buscan recuperar sus activos con la presentación de amparos.
No hay un protocolo en México, ni en materia de investigación ni de sanción para personas señaladas en los Estados Unidos, mientras a unos se les defiende, a otros se les congelan cuentas, lo que sí, en todos los casos prevalece la falta de investigaciones para imponer sanciones más allá de las administrativas.
Hace unos días y a propósito de las inundaciones en el Estado de Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum justificó que ya no existía el Fondo de Desastres Naturales porque había habido mucha corrupción en el pasado, y que esta estaba documentada. La cuestión es que no presentó pruebas y a saber no se denunció la documentada corrupción cuando se tiene en poder del Gobierno de la República.
Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al Gobierno de los Estados Unidos y a partir de ahí justifican su inacción contra la delincuencia organizada que exhiben y nada más.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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