El Congreso de la Ciudad de México se encamina a tipificar los "pinchazos", los cuales, denuncian las víctimas, provocan síntomas como mareo, somnolencia, confusión y desorientación.
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México dictaminó dos iniciativas para tipificar el delito de "pinchazos" ocurridos durante los últimos meses en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y en el Metrobús, problemática que ha generado preocupación en la población.
"La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino aprobó el dictamen a dos iniciativas que buscan adicionar el Código Penal para el Distrito Federal, en materia de administración subrepticia de sustancias, propuesta por la Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, y sumisión química por pinchazo, elaborada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI)", explicó el Congreso capitalino en un comunicado.
El Diputado de Morena Alberto Martínez Urincho, presidente de la comisión, explicó que en las últimas semanas se ha registrado un incremento en la Ciudad de México de las denuncias por presuntos "pinchazos" en espacios públicos, especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Detalló que esta práctica delictiva consiste en introducir de manera oculta o subrepticia un objeto punzocortante en el cuerpo de una persona, sin su consentimiento, con el posible propósito de administrar sustancias que alteren su estado físico o mental.
🚨💉Comisión dictamina iniciativas para sancionar “pinchazos”
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 27, 2025
Esta conducta ilícita no está tipificada como un delito autónomo, lo que limita la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar.
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De acuerdo con las denuncias presentadas hasta ahora, las víctimas han reportado síntomas como mareo, somnolencia, confusión y desorientación después del “pinchazo”, lo que evidencia un riesgo serio para su integridad y salud.
Sin embargo, la legislación penal vigente en la Ciudad de México no considera de manera específica la modalidad de agresión que implica la administración subrepticia de sustancias mediante “pinchazos”, lo que significa que esta conducta no está tipificada como un delito autónomo.
Según los defensores de esta reforma, eso limita la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar de manera efectiva estas conductas, al depender de figuras jurídicas que no fueron diseñadas para atender esta nueva modalidad delictiva.
La iniciativa propuesta por Clara Brugada propone la incorporación de un nuevo Capítulo denominado "Administración subrepticia de sustancias", junto con el tipo penal correspondiente, en el Título Primero, Delitos contra la Vida, la Integridad Corporal, la Dignidad y el Acceso a una Vida Libre de Violencia del Libro Segundo, Parte Especial, del Código Penal para el Distrito Federal.
En ese sentido, el legislador Martínez Urincho consideró indispensable contar con un tipo penal específico, a fin de robustecer la protección jurídica para las víctimas de los “pinchazos”, orientar las acciones de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, y de esta manera fortalecer la respuesta del Estado frente a nuevas formas de violencia.
Por su parte, la Diputada Larios Pérez señaló que hay una creciente inseguridad que enfrenta la población de la capital, en específico las personas usuarias del Metro ante las agresiones por pinchazo, que además de implicar un acto violento fomentan un clima de miedo e impunidad en el transporte público.
"Esta iniciativa señala que la falta de protocolos claros para la actuación ante estos hechos agrava aún más el problema, ya que las víctimas no saben a quién recurrir ni cómo denunciar", sostuvo el Congreso local.
En su intervención, la diputada Yolanda García Ortega, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestó su firme apoyo a este dictamen que coincide con la iniciativa presentada recientemente por su grupo parlamentario para tipificar la sumisión química a través del suministro de bebidas dopadas o adulteradas.
Por otra parte, la comisión aprobó el dictamen respecto de la modificación a la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, propuesta por Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México.
"Se propone la modificación de las fracciones II, III y IV del Apartado A y las fracciones II y III del apartado B, del Artículo 1º de la Declaratoria de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México", detalló la iniciativa.
El Diputado Martínez Urincho enfatizó la trascendencia de este código, y de la judicialización de las materias que trata, ya que rondan un porcentaje aproximado del 70 por ciento del total de los juicios y procedimientos instaurados en el país.
“El acceso a la justicia es un derecho que tiene toda persona, independientemente de su condición económica, social, política, de género o de cualquier otra índole, para acudir ante las autoridades competentes y obtener la protección de sus derechos”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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