El Instituto pidió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEADLE) que determine si estas acciones constituyen delitos.
A escasos días de las elecciones, se multiplicaron los señalamientos de que autoridades públicas o partidistas distribuyeron listas con los colores de las boletas y los números que corresponden a las candidaturas por las que llaman a votar, lo que ha evidenciado operaciones políticas detrás de los comicios que renovará 881 cargos del Poder Judicial de la Federación y más de mil 800 cargos de poderes judiciales locales.
En comentarios a la prensa, Zavala aseveró que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE ya recibió dos quejas que derivaron en investigaciones y en vistas a la Unidad Técnica de Fiscalización, la cual tendrá que determinar si la difusión de estos acordeones –por redes sociales, reuniones o aplicación de mensajería-- implicó el uso irregular de recursos.
Ante la complejidad de las boletas y la cantidad de candidatos a elegir, el INE enfrenta un dilema: por un parte, permitirá que los votantes lleguen a las urnas con sus “acordeones”, pero busca prohibir que estas listas sean distribuidas por los poderes fácticos para coaccionar a votantes y asegurar la elección de ciertos candidatos.
En la reforma judicial que dio origen a las elecciones del próximo 1 de junio, el equipo del expresidente Andrés Manuel López Obrador impidió la participación de partidos políticos en el proceso electoral y prohibió que servidores públicos llamen a votar por uno u otro candidato; por lo anterior, la existencia de operaciones electorales desde gobiernos o partidos representaría un delito.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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