Tras reunirse con autoridades federales y estatales “en un nuevo intento por avanzar en la remediación”, los CCRS acusaron que las comunidades siguen a la espera de “justicia real, reparación efectiva y medidas claras para detener el deterioro ambiental y de salud”, a casi once años del desastre minero que vertió 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre en los ríos.
“Las autoridades cuentan con estudios suficientes, avalados por sus propias instituciones, para tomar acciones urgentes que protejan al río Sonora. No hacerlo, evidenciaría una falta de voluntad política. Es necesario un plan de remediación actualizado, y con compromiso interinstitucional”, señalaron en un comunicado.
Los CCRS también manifestaron su preocupación ante la falta de una estrategia legal y política para que Grupo México cumpla las resoluciones emitidas que reconocen el derecho a la reparación ambiental en la cuenca del Río Sonora, así como ante la posibilidad de negociación con la empresa a pesar de que en la última década ha actuado “con tácticas judiciales dilatorias, desestimando los derechos de las comunidades y tratando de derribar resoluciones judiciales clave en materia de derechos humanos para proteger a las víctimas”.
“No es posible construir planes de remediación sin un piso firme. Proponer, sin un plan estructurado, actualizado y realista no es avanzar en acciones”, subrayaron los Comités, que entre sus exigencias incluyeron acciones calendarizadas a corto, mediano y largo plazo, la designación pública de responsables institucionales por cada acción y la creación de una Comisión de Supervisión, Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación, integrada por las víctimas.
AUTOR: REDACCIÓN.
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