Los Comités de Cuenca del Río Sonora señalaron al gobierno de Sheinbaum de "cobardía" al no atender a la población afectada tras la contaminación del agua.
En un pronunciamiento dado a conocer este miércoles, los CCRS lamentaron que durante los últimos tres gobiernos desde que ocurrió el accidente, y lo que ha habido ha sido “continuidad de la simulación” en los sexenios de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum Pardo.
Los afectados emplazaron a la presidenta a conocer de viva voz lo que ocurre con la población afectada por el derrame de tóxicos, ya que, a pesar de que los avances manifestados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargada del caso, “sus funcionarios no le están diciendo la verdad”.
Desmintieron la existencia de planes de trabajo y de propuestas reales, y denunciaron que funcionarios de dependencias encargadas de operar el Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora, han roto compromisos y negado la urgencia de actuar, ante la evidencia de daños a la salud.
“Es por esto que en su gestión también existe un abandono, e incluso retroceso, que debería preocuparle a su oficina y a todo México”, consideraron los CCRS.
“Desde los Comités de Cuenca Río Sonora les decimos que no vamos a aceptar estas reuniones simuladas, que juegan con nuestro dolor. ¿Por qué? Porque la utilizan para rendir informes de ‘avances’ que nada tienen de realidad. Porque avance no es venir a decirlos lo mismo una y otra vez”, reprocharon.
Tras criticar que gobernador Alfonso Durazo se haya presentado con los CCRS cuatro años después de haber tomado posesión, a petición del gobierno federal, denunciaron que el mandatario sonorense “ha decidido priorizar los contratos con empresas privadas sobre el bienestar e las comunidades”, lo que se advierte en la contratación de empresas privadas para la instalación de plantas potabilizadores, sin tener información de la calidad del agua por lo que es claro “el propósito de evitar la participación ciudadana y la rendición de cuentas a la que tienen derecho las comunidades”.
Al señalar que solo operan seis plantas potabilizadoras privadas para 30 comunidades afectadas, lo CCRS exigieron a la Semarnat y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cumplir con el compromiso de proporcionar agua potable a cada una de las comunidades afectadas y no reducir el número a 22, como se pretende.
“La población merece saber que mientras nos niegan agua limpia por falta de presupuesto y voluntad política, sí hay dinero y tiempo para construir presas”, pues en pocos mees “han planeado, aprobado y asignado presupuestos exorbitantes, de manera opaca, para el proyecto de construcción de presas que impactarían en nuestro territorio sin consenso de las poblaciones afectadas”, acusaron.
El señalamiento se refiere al proyecto aprobado durante el gobierno de López Obrador de construir tres presas, en Sinoquipe, sobre el río Sonora, y en Puerta del Sol y Las Chivas, sobre el río San Miguel de Horcasitas, para suministrar de agua a Hermosillo.
“Construir presas en un río contaminado es absurdo. Esto demostraría que la prioridad del Estado es el interés económico de las corporaciones más que garantizar los derechos fundamentales del pueblo”, consideraron los afectados.
Reprocharon que, si bien se ha reconocido que el derrame de tóxicos es responsabilidad del Grupo México, que se ha mantenido impune por “sus prácticas corporativas y su capacidad tan grande de intervenir en la política”, los integrantes de los CCRS consideraron vergonzoso que los gobiernos estatal y federal evadan sus facultades para atender el problema.
“La vergüenza debería caer sobre el gobierno estatal y federal, que nos han venido a dar montones de discursos sobre su compromiso con las comunidades, para que luego se den la vuelta y tomen decisiones que en nada nos benefician”, señalaron los afectados.
Contaron que entre las justificaciones que las autoridades han sostenido para “no empezar a trabajar” es porque “dicen que no están en sus facultades tomar acciones, o que no tienen presupuesto porque Grupo México no ha pagado”, argumentos que funcionarios de los tres últimos gobiernos han sostenido para no dar respuesta a la población afectada.
“A estas alturas, escudarse en que Grupo México no quiere responder, como ya lo han hecho en cada sexenio, es n acto de cobardía y de falta de voluntad; es no aceptar que ellas y ellos como funcionarios deben garantizar nuestros derechos humanos y deben obligar a la empresa a pagar, porque en este momento Grupo México está por encima del Estado”, acusaron.
Recordaron que durante el gobierno de López Obrador se demostró la corresponsabilidad entre empresa y funcionarios para simular la reparación de los daños y dar carpetazo al caso, y que hace cuatro años se obtuvieron “la evidencia oficial de la presencia de metales pesados en la población el Rio Sonora y hace dos años cuentan con un dictamen oficial de la Semarnat que comprueba la presencia de la contaminación ambiental”.
Los afectados por el derrame exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum hablar de la contaminación del río Sonora y poner en evidencia a Grupo México, para hacerlo pagar por el daño ambiental y acatar las sentencias de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, porque el consorcio minero “disfruta tener un río Sonora destruido, porque construye su riqueza a costa de nuestras vidas”.
Denunciaron que “el Estado mexicano está incumpliendo su deber de proteger a la población y está permitiendo que una empresa como Grupo México siga operando sin castigo, sin reparación del daño y con el respaldo de su silencio”.
A once años del derrame de tóxicos lo integrantes de los CCRS exigieron la construcción de un hospital de tercer nivel con la capacidad de atender enfermedades provocadas por los desechos tóxicos; la instalación de una unidad permanente de vigilancia epidemiológica y ambiental en el municipio de Ures.
Asimismo, piden que se instalen las 30 plantas potabilizadoras adaptadas con filtros para metales pesados; programa de remediación del río con base científica y con la participación de la sociedad civil, que se asigne presupuesto y a funcionarios institucionales, con un cronograma publico de cumplimiento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
