En medio de las tensiones, un Tribunal Federal suspendió este martes la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien está prófugo de la justicia.
En una sesión extraordinaria, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México declaró infundado el recurso de queja que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra la medida cautelar que el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal, a cargo de Sindy Ortiz Castillo, otorgó el pasado 20 de mayo al exfuncionario contra la orden de captura librada por daño al erario estatal por más de mil millones de pesos.
De acuerdo con el pleno, el Ministerio Público Federal pidió la revocación de la media cautelar, debido a que Aureoles Conejo ya contaba con una suspensión definitiva otorgada. A raíz de ello, los magistrados señalaron que no había certeza de que se trate de la misma orden u otro mandamiento en el que se le requiera.
Apenas este lunes, la Jueza Noveno de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, dio luz verde a la FGR para detener al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, tras levantar la suspensión definitiva que lo protegía, toda vez que no cumplió con el pago de una garantía por un millón de pesos y con su comparecencia ante la Jueza de control, Patricia Sánchez Nava, por desvío de recursos en la construcción de cuarteles.
“Se advierte que el quejoso Silvano Aureoles Conejo no cumplió con las medidas de aseguramiento decretadas en la resolución interlocutoria de 14 de mayo de 2025, pues no exhibió la garantía económica establecida ni acreditó haber comparecido de manera personal ante la Juez responsable que se encuentra a cargo de la causa penal 118/2025, a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva que se le concedió”, indicó la Juez Vargas en aquella ocasión.
Según las investigaciones, la Fiscalía había intentado actuar en contra de Silvano Aureoles, quien fue acusado de desfalcar al estado de Michoacán por más de tres mil millones de pesos durante su cargo de 2015 a 2021.
Además, al exmandatario se le adjudica responsabilidad delictiva por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Estos delitos se desprenden del quebranto ocasionado al erario estatal por la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil, corporación policiaca del estado sureño, en las localidades de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro.
AUTOR: REDACCIÓN.
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