La Fiscalía General de la República (FGR) anunció, el 14 de mayo de 2025, que presentará una denuncia penal contra Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, por su “escandalosa protección” a Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán de Ocampo, del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021 y ex militante del ahora extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“En el juicio penal que la Fiscalía General de la República (FGR), lleva en contra del exgobernador Silvano ‘A’, la Jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, había ordenado su comparecencia personal para el 9 de mayo pasado; razón por la cual esta Institución estuvo pendiente para verificar que se cumpliera dicha comparecencia, la cual no ocurrió, ya que el imputado no se presentó en el Juzgado”, recordó la institución de procuración de justicia, en un comunicado.
“En cuanto se tuvo noticia de lo anterior, el Ministerio Público de la Federación (MPF), solicitó a la Jueza que informara sobre lo ocurrido; y resultó que, cuatro días después, la Jueza informó que había dejado por comparecido a Silvano ‘A’, quien no se presentó a la audiencia, esgrimiendo un escrito no ratificado de dicho individuo”, dijo la Fiscalía.
“Y, alegando lo anterior, le dio una nueva audiencia, evidentemente parcial y dilatoria, para dentro de tres meses, violando el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales que señala que la misma debe celebrarse en un lapso de 15 días posteriores; independientemente de que no existe justificación legal frente a la no comparecencia de este individuo, a quien se le debió de ratificar la orden de aprehensión vigente, que las autoridades judiciales han suspendido ilegalmente, brindándole una protección que es notoriamente parcial e injusta”, insistió la FGR
“En razón de lo anterior, se presentará de inmediato la denuncia penal correspondiente contra la Jueza, independientemente de la queja procesal que se iniciará a la brevedad”, finalizó la institución de procuración de justicia, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.
El 13 de mayo del presente año, la juez de control Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, emitió un citatorio para que el político michoacano acudiera, el 20 de agosto de 2025, a una audiencia de imputación.
Patricia Sánchez Nava, quien libró la orden de aprehensión contra el ex mandatario estatal, notificó a la titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, que el 9 de mayo del presente año programó la audiencia.
Ante ello, Vargas Alarcón, quien concedió una suspensión provisional que impedía la captura del ex gobernador, solicitó, el mismo día, a Sánchez Nava que, una vez celebrada la audiencia, informara el resultado de la misma, para saber si el quejoso compareció, ya que era uno de los requisitos que se le impuso a Aureoles Conejo, para que prevaleciera la medida cautelar.
Asimismo, la titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, señaló que, en atención a las solicitudes de la FGR presentadas el 7 y 8 de mayo de 2025, en las que pidió revocar la suspensión, dijo que éstas no eran procedentes.
“Lo anterior, en razón de que, tal y como fue informado por la asistente de Despacho Judicial, en sustitución de la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente; el 9 de mayo pasado, se señalaron las 10:00 horas del 20 de agosto de 2025, para efecto de que el quejoso comparezca ante la responsable para la celebración de la audiencia inicial correspondiente a dicho asunto”, mencionó Vargas Alarcón, en un acuerdo.
Además, la titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, también dio a conocer que el defensor del ex gobernador michoacano depositó la garantía de 52 mil pesos que le fue impuesta, por lo que la medida cautelar se mantendría vigente.
El 24 de marzo de 2025, el actual mandatario estatal michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) emitió una ficha roja en contra Aureoles Conejo.
“La situación jurídica del ex gobernador Silvano Aureoles la clarificó el fiscal general de la República [Alejandro Gertz Manero], señalando que su calidad legal en este momento es de prófugo de la justicia, por los delitos que se le imputan”, indicó el actual mandatario michoacano, durante una conferencia de prensa.
Asimismo, Ramírez Bedolla indicó que seguían detenidos cuatro ex funcionarios estatales ligados al caso, mientras que “se han girado fichas rojas ante la INTERPOL de los demás implicados, entre ellos el ex gobernador”.
El 1 de marzo de 2025 se supo, a través de diversos medios nacionales, de la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Michoacán, así como la detención de ex funcionarios de su Gobierno. El día 7 del mismo mes y año, una juez federal vinculó a proceso a cuatro de sus ex colaboradores.
Tras una audiencia de 21 horas y media, Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó a los imputados por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Los procesados fueron Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas y Administración; Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad Pública; y Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado Murillo, ex delegados administrativos de la SSP de Michoacán.
Aureoles Conejo estaba acusado de su presunta participación en una red de corrupción que efectuó un desfalco de tres mil 412 millones 164 mil 310 pesos al Gobierno estatal, a través de la adjudicación directa de contratos en beneficio de la empresa Inmobiliaria DIP S.A. de C.V.
Durante su Administración, servidores públicos de la Secretaría de Seguridad (SSP) y la Secretaría de Finanzas y Administración estatal orquestaron la compra a sobreprecio de siete propiedades que serían utilizadas como cuarteles policiacos de la Guardia Civil, en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.
Entre las inconsistencias encontradas posteriormente resaltaba que la Inmobiliaria DIP no pudo comprobar la propiedad de los terrenos en donde se construyeron los cuarteles policiacos. Además, se realizaron múltiples convenios modificatorios de mantenimiento, sin que hubiera evidencia de los servicios.
La FGR judicializó una carpeta de investigación por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Posteriormente, una jueza emitió órdenes de aprehensión contra distintos ex funcionarios estatales, que habrían formado parte de esta presunta red criminal.
“Es una investigación que viene ya desde hace tiempo por una serie de denuncias por la construcción de una serie de cárceles locales, en las que hubo un evidente peculado de unas enormes dimensiones”, señaló Gertz Manero, el 11 de marzo de 2025.
“El exgobernador, que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía, está siendo seguido con mucha precisión por todo el Gabinete de Seguridad. Tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda”, afirmó el titular de la FGR, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El 3 de marzo de 2025, la mandataria nacional afirmó que la carpeta de investigación contra Aureoles Conejo derivaba de una denuncia presentada años atrás.
“Es un asunto de la Fiscalía desde hace años. Esta carpeta de investigación no es un asunto del Gobierno federal, ni de la Presidenta, ni del Gabinete”, expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Es un asunto de la Fiscalía frente a una denuncia que se presentó hace años. Entonces, no tengo más conocimiento y que sea -pues- la Fiscalía quien informe de esta situación”, comentó Sheinbaum Pardo.
