En entrevista para Cimacnoticias, la defensora expresó su preocupación ante la posibilidad que el último acto de intimidación en su contra se esté haciendo pasar como una actividad por parte de grupos de delincuencia organizada, por la forma en que se llevó a cabo y posteriormente las integrantes de la organización sean vinculadas de forma errónea con estos grupos.
«Sabemos que la delincuencia organizada en nuestro estado hace mucho que dejó de ser una organización que manda advertencias de este tipo. Las advertencias que vivimos en el occidente del país son ataques muy violentos y de forma directa. Entonces, nos preocuparía que alguien este tratando de intimidarnos desde la narrativa de que pudiera ser delincuencia organizada para generar este pánico en nosotras como defensores de derechos humanos» -Mariana Ávila Montejano, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.
Las mujeres defensoras están en constante peligro debido al ejercicio de su labor ya que tienen que ir o viven en lugares con altos índices de violencia; abordan temas de impunidad, injusticia y lucha social; acompañan a las familias o victimas generando un contacto de género; y a esto se suma el componente de género donde sufren violencia o tortura sexual y feminicidios.
Para dimensionar la situación, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció en su reciente reporte las siguientes agresiones en Mesoamérica de 2012 a 2024, las cuales se desglosan de la siguiente manera:
Defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente con 22.4%, defensoras a la verdad, justicia y reparación con 18.9%, defensoras a la información y libertad de expresión con 13.7%, defensoras a la participación política 10.4%, defensoras de las mujeres a una vida libre de violencia con 9.5%, defensora de derechos humanos con 6.5%, defensoras de las mujeres con 5.3%, defensoras de la educación con 3%, defensoras de las personas privadas de la libertad con 2.3%, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos con 1.8%, defensoras de la población LGBTQI+ con 1.7% y defensoras de los pueblos indígenas con 1.6%.
Desde hace 18 años, Mariana acompaña procesos de desapariciones, los cuales debido al contexto del estado están relacionados con el reclutamiento forzado o la delincuencia organizada. Aunque también atienden casos de violencias contra mujeres privadas de su libertad, tortura sexual, feminicidios derivados de violencia familiar que involucra a funcionarios públicos como agresores de los tres niveles de gobierno y de todos los partidos políticos. Por ello, ante el aumento en cantidad e intensidad de las agresiones, el Observatorio tuvo que activar los protocolos para reforzar la seguridad de las mujeres que acompañan.
«No nos vamos a silenciar, no tenemos miedo, nosotras miramos de frente. Estamos completamente seguras de que no estamos involucradas en algo que pudiera poner en riesgo ni a nosotras ni a nuestras compañeras ni a las a las familias ya sea de manera irregular o ilegal. Lo comentamos porque sabemos que en muchas ocasiones los agresores que están dentro de instituciones han buscado para criminalizar y deslegitimar a las defensoras en Aguascalientes.» -Mariana Ávila Montejano, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.
El castigo por defender los derechos humanos
La madrugada del lunes 21 de julio alrededor de la 1:30 de la mañana, la casa de Mariana fue allanada. Por medio de las cámaras de seguridad se pudo visualizar a cuatro personas encapuchadas quienes se detuvieron en su domicilio para aventar un objeto desconocido al interior.
A penas una semana atrás, Mariana acababa de regresar a su casa, después de tener que desplazarse por motivos de seguridad. Esa noche en particular, no se encontraba en lugar, ya que tuvo que salir.
Hasta el momento, la defensora no ha visitado el inmueble por lo que desconoce si el objeto que aventaron se trata de un mensaje para ella.
Una vez que se cometió la agresión, la defensora mandó el video a Seguridad Pública quien lleva el registro de las siete agresiones contra ella reportados ante el Mecanismo de Protección en el último año, además, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes activó los protocolos de seguridad por parte de la organización en defensa de mujeres privadas de su libertad para la que trabaja y de la cual es fundadora.
Esta no es la primera vez que alguien la ataca o intenta meterse a su domicilio. Mariana Ávila expresó que ella ha recibido diversas intimidaciones en su propio domicilio, desde amenaza de muerte, le han cortado el internet y los cables de luz, se han llevado las cámaras de seguridad y en junio del 2023, intentaron ingresar a su casa mientras ella estaba ausente, aunque no sufrió un robo sí registraron el lugar.
Asimismo, integrantes de la organización también han sufrido ataques de manera directa, en el último año y medio, uno de los abogados vivió una agresión en un semáforo después de presentar una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Aguascalientes y unos minutos después fue interceptado por un grupo de personas que lo golpearon antes de que llegara a su domicilio.
El incendio en las oficinas del Observatorio, otro episodio de violencia
El pasado 20 de julio de 2025 se cumplió un año del incendio de una de sus oficinas del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, hechos que coincidieron con la denuncia que la defensora junto con su equipo realizaban por el caso Samantha Jennifer, quien continúa recluida en el Centro de Readaptación Femenil de Aguascalientes por un delito que no cometió, como documentó Cimacnoticias anteriormente.
El incidente ocurrió durante una rueda de prensa que se llevó a cabo a las 10 de la mañana. Ahí expusieron el caso de tortura sexual, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada por parte de agentes del estado hacia Samantha. En el foro señalaron a funcionarios presuntamente implicados, quienes siguen en activo y algunos otros que no están, pero estuvieron involucrados en el caso.
Alrededor de las 11:15 de la mañana, recibieron una llamada que alertaba sobre el incendio en una de sus tres oficinas, en la cual se dedicaban a comercializar productos de compañeras artesanas aprovechando que era un espacio compartido con un Foro Cultura que ofrece funciones por las noches de miércoles a domingo y cuenta con permisos de cafetería que el equipo del Observatorio aprovechaba para emprender con venta de comida.
Al revisar las cámaras de seguridad, se dieron cuenta que alrededor de las 11 de la mañana el equipo dejó de funcionar sin poder capturar lo que había pasado. El incendio en el inmueble provocó la pérdida total en la parte de abajo, aunque el fuego alcanzó el departamento de arriba y la estructura del inmueble quedó afectada.
Asimismo, Protección Civil y el cuerpo de bomberos no realizaron ningún dictamen del siniestro para que se pudiera iniciar una carpeta de investigación ante las autoridades. En cambio, fueron las mismas integrantes del Observatorio quienes tomaron fotografías de lo que pudieron para documentar el incendio en el inmueble.
Mariana compartió que a un año del incendio las autoridades no apoyaron en el levantamiento del dictamen para conocer cómo se consumió el negocio. Sin embargo, fue un mensaje claro de silencio para el Observatorio, ya que en los casos que acompañan están involucrados funcionarias y funcionarios que participaron en la elaboración y construcción de delitos contra personas inocentes como en el caso de Samantha Jennifer Fierro Delgado.
Las secuelas de la violencia
Para Mariana, el tener que mudarse tantas veces por las agresiones en su contra implica un desgaste emocional y físico, puesto que cada vez debe dejar su vida atrás y aumentar las medidas de seguridad para cuidarse todo el tiempo. Esta situación la lleva en varias ocasiones a no dormir ante la incertidumbre.
Sin embargo, ha encontrado una red de acompañamiento desde las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional y local, quienes la acompañan en el proceso de cuidado colectivo, sanación e incluso en la elaboración de protocolos de seguridad que incluyan la salud mental.
«Sabemos que la mayoría de las personas defensoras del país no cuenta con toda la red de protección y que debería de ser algo que se garantice para todas y cada una de nosotras, (…) eso es a lo que nos enfrentamos y es muy grave porque en realidad lo que estamos haciendo es posicionar la urgente necesidad de tener una vida digna y de tener acceso a todos los derechos para nosotras y para todas las demás» -Mariana Ávila Montejano, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.
Aunque actualmente Mariana cuanta con las medidas de seguridad proporcionadas por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como rondines por parte de la policía rosa estatal, botones de pánico, monitoreo, e infraestructura de seguridad; integrantes del Observatorio están intentando ingresar al mismo, ya que de las 16 integrantes de la organización solo 3 están dentro.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.
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