Controlar y abatir la violencia de género es otro reto en puerta para la próxima gobernadora.
La mañana del 5 de julio último, un mes después de las elecciones para gobernador, el cuerpo de un hombre apareció suspendido de uno de los puentes peatonales más concurridos de la capital mexiquense.
Ese fue el elemento más contundente de un mensaje diseminado en una serie de eventos ocurridos en varios municipios del Valle de Toluca (Metepec, San Mateo Atenco, Chapultepec y Mexicaltzingo), suscritos por un supuesto comandante “Pecha” que se identificó como presunto integrante de La Familia Michoacana.
En la madrugada del 10 de julio pasado, a la aparición de mantas, vehículos calcinados y advertencias sobre una presunta limpia de “cristaleros”, se sumó un ataque armado en la central de abastos de Toluca, con saldo de 11 muertos y una nave incendiada.
El periodista y escritor Francisco Cruz advirtió que todos estos hechos no fueron sino una estrategia de posicionamiento del crimen organizado para decirle a la maestra Delfina: “Aquí operamos nosotros”, “nosotros somos la ley”.
Explicó que la imagen del cuerpo colgado es violenta por sí sola, pero si ocurre en la coyuntura de un cambio drástico de gobierno, que rompe la continuidad del Grupo Atlacomulco, en la sede de los poderes políticos del estado y en un lugar visible concurrido, no es sino un mensaje del cual el único receptor posible es la nueva gobernadora emanada de un partido alterno.
“Es un mensaje de terror que no había llegado a Toluca porque no había necesidad. Quisieron llamar la atención de las nuevas autoridades”, insistió.
Esa necesidad, desde el punto de vista del autor de libros como “Tierra Narca”, “Negocios de Familia” y “García Luna, el señor de la muerte”, surge de la posibilidad de que el estatus quo se modifique con la llegada de otra administración y nuevos mandos policiacos.
Para el periodista no fue circunstancial que el primer tema abordado por los equipos de transición, el 11 de julio pasado, fue el de seguridad, ni que al siguiente día del encuentro comenzaron las detenciones de los supuestos responsables.
“Quieren apagarlo momentáneamente; hay una especie de pacto para permitir que se vaya Del Mazo sin mayores aspavientos. Después, ya se verá. De cualquier manera, el mensaje ya se envió”, y alertó que, igual que en Guerrero y en Michoacán, el cambio de gobierno incentivará la disputa por el control de territorio.
“El Estado de México puede ser un cóctel de violencia, como ha ocurrido en otros estados a partir del cambio de gobierno porque la violencia retoña en busca de reacomodos. Esta guerra soterrada se puede recrudecer”, advirtió.
El escritor considera que el Estado de México es un hervidero de grupos criminales “porque así lo permitieron los gobiernos priistas del estado”. El exfiscal Alejandro Gómez reconoció en 2018 la operación de 13 cárteles en la entidad, y en 2020 dijo que eran siete los principales. Algunas investigaciones independientes contabilizan hasta en 26 las organizaciones delincuenciales con presencia en territorio mexiquense.
Iván Chávez Espejel, presidente de Ciudadanos Uniformados, AC, coincidió que el cambio de gobierno estatal enciende focos rojos, pues en entidades como Guerrero, Morelos o Tamaulipas, tan pronto como llegó Morena al poder, la delincuencia organizada tomó terreno.
“No podemos afirmar que sea por el partido, pero lo hemos visto en otras entidades de la República. El panorama es complicado”, señaló.
Autodefensas del transporte
La falta de resultados de las autoridades, para atacar delitos como las extorsiones, llevó a transportistas del Valle de México a constituirse en grupos de autodefensas que iniciaron sus operaciones el 7 de agosto último.
A diferencia de lo ocurrido con brotes de este tipo en entidades como Michoacán o Guerrero, donde el propio gobierno los ha disuelto, en el Estado de México los recorridos y operativos de estos grupos son acompañados por elementos policiacos.
Jaffet Sainz, dirigente de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), aseguró que la diferencia radica en que su movimiento no es armado, salvo con palos, tubos y piedras, por lo que descartó que las autoridades pretendan disuadirlos.
Detalló que su mecanismo de defensa consiste en detectar presuntos extorsionadores, detenerlos y entregarlos a las autoridades.
No obstante, la diputada morenista Azucena Cisneros sugirió que esta tolerancia responde a que detrás del levantamiento está la administración saliente para dinamitar el arribo del nuevo gobierno.
Este señalamiento, expuso, encuentra respaldo en el hecho de que el surgimiento ocurre a un mes del cambio de estafeta, las autoridades estatales no lo han contenido y durante la campaña los líderes involucrados mostraron su respaldo público a la excandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra del Moral.
Maurilio Hernández, su coordinador parlamentario, advirtió que este fenómeno puede transmutar en “anarquía”, si la nueva administración no dialoga con los inconformes y resuelve su demanda de seguridad.
Durante su campaña y en su primer discurso como gobernador, Alfredo del Mazo ofreció disminuir en los primeros cien días de su mandato la inseguridad; seis años después el Estado de México aún lidera la incidencia delictiva del país.
En el sexenio del priista se denunciaron dos millones 166 mil 761 delitos, que se traducen en un promedio de 989 cada día.
Sólo entre enero y julio de 2023 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró la denuncia nacional de un millón 281 mil 189 ilícitos; 222 mil 569 ocurrieron en Edomex; es decir, 17% del total de delitos denunciados.
Durante su sexto informe, el gobernador Alfredo del Mazo aseguró que su administración redujo en 30% los crímenes de alto impacto, entre ellos el robo a transporte público en 44%, el robo de vehículos en 32% y el secuestro en 49 por ciento.
Del Mazo Maza afirmó que, durante su sexenio, más de cuatro mil 200 elementos se incorporaron a la Policía estatal, el parque vehicular creció en 20% y se creó la Universidad Mexiquense de Seguridad para capacitar y certificar a más de 41 mil elementos.
Con 20 mil 500 policías por turno, entre estatales, municipales y ministeriales, cada uniformado debe cuidar a 850 habitantes, mientras el parámetro recomendado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es de 2.8 policías por cada mil habitantes.
Iván Chávez expuso que, adicionalmente, esta fuerza se ve mermada debido a que al menos 30% de los elementos son “voladores” (“aviadores”) que prefieren pagar un porcentaje de su salario a sus jefes operativos para no acudir a los municipios lejanos o inseguros a los que fueron asignados.
Consideró que, por sector, opera sólo una patrulla, y repuso que los mandos han asumido una posición neutral, sin intención de combatir la delincuencia, prevenir el delito o atender las alertas por violencia de género.
Mientras tanto, prosiguió, en el país más de un millón de personas se dedica a alguna actividad delictiva de alto impacto; si el Estado de México concentra 14% de la población, 140 mil mexiquenses participan de esta dinámica, lo que se traduce en que los delincuentes superan siete a 1 la fuerza de los uniformados.
Francisco Cruz coincidió en que el gobierno del Estado de México se ha opuesto, con toda intención, a incrementar la fuerza policiaca para favorecer sus acuerdos con los criminales.
“Enfrentamos un déficit de uniformados que pasa necesariamente por sanear la Policía Estatal y revisar el marco jurídico para garantizar la eficacia de su función”, indicó Maurilio Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Legislatura local.
En busca de afrontar las deficiencias, la 4T evalúa la posibilidad de sumar a las tareas de vigilancia pública a 20 mil elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), privilegiar labores de inteligencia para la prevención, y encomendar a la Secretaría de la Contraloría el control de confianza o la supervisión de los uniformados.
El nuevo gobierno también deberá abrir la cloaca en que se convirtieron los CUSAEM, una corporación que opera como empresa privada, brinda sus servicios a particulares y a dependencias públicas que pagan por sus servicios, pero no rinde cuentas, pese a que el gobierno mexiquense gestiona sus armas y permisos, y sus elementos son derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), al que adeudan montos millonarios por concepto de cuotas y aportaciones.
Un reportaje de Arturo Rodríguez publicado por Proceso consigna que de 2002 a 2006 el presidente Vicente Fox otorgó 557 millones de pesos en contratos a los CUSAEM, mientras Felipe Calderón contrató sus servicios, entre 2007 y 2012 por mil millones de pesos.
De 2012 a 2017 la administración de Enrique Peña les asignó más de cien contratos por al menos tres mil 389 millones de pesos, y en 2018 la Policía Federal les otorgó dos más por 801 millones de pesos por apoyo a los servicios de patrullaje.
Violencia de género, desbordada
En su informe, Del Mazo Maza destacó como aciertos la creación de la Secretaría de las Mujeres y de la Policía de Género, con dos mil 300 elementos para nueve millones de mujeres que habitan la entidad.
También celebró el destino de 14 mil 400 millones de pesos en seis años a la agenda con perspectiva de género, cuando tan sólo este año el presupuesto estatal rebasa los 350 mil millones.
Para el autodenominado “gobernador de las mujeres”, el salario rosa fue su política social más importante y será uno de los legados más relevantes de su administración, con 700 mil beneficiarias que, según afirmó, mejoraron su calidad de vida al incrementar su ingreso mensual familiar.
Pero Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio por su pareja, un expolicía ministerial de Chimalhuacán, afirma que “Alfredo del Mazo tiene las manos llenas de sangre, la de nuestras hijas. Delfina Gómez recibirá un Estado ensangrentado”.
La activista apeló a que la mandataria electa muestre empatía, sororidad y sensibilidad, y a la brevedad se reúna con madres de víctimas de violencia de género. “Queremos trabajar de la mano en la búsqueda de justicia y soluciones”, planteó.
Con el Edomex a la cabeza nacional, de enero a junio de 2023 en la entidad se denunciaron 51 feminicidios, 153 homicidios dolosos de mujer y 146 homicidios culposos de mujer. En la primera mitad del año hubo 350 crímenes de mujeres en territorio estatal: casi dos diarios.
En el mismo plazo el Edomex también encabezó las denuncias por lesiones dolosas y culposas a mujeres, con casi 11 mil entre ambos delitos; trata de personas, con 79; extorsión a mujeres con 588; violencia de género con mil 273 y violaciones, con mil 746.
En la primera mitad del año el abuso sexual, hostigamiento y la violación simple crecieron. Este último delito aumentó en poco más de 22 por ciento.
Pese a que en la entidad existen dos alertas por violencia de género, una con origen en los feminicidios y la otra por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, ambas conductas siguen en aumento.
Durante el sexenio ocurrieron 755 feminicidios, y se tiene registro de dos mil 129 niñas, niños y adolescentes huérfanos, víctimas circunstanciales de estos ilícitos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
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