En la zona oriente del Estado de México, en los municipios de Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco y Ecatepec, se asentaron grupos criminales que han hecho del robo de pipas con gas licuado de petróleo (LP) un negocio millonario, pues con ese energético operan de manera irregular y sin las mínimas medidas de seguridad las llamadas “gaseras clandestinas”, donde el producto se vende por debajo del precio establecido por las autoridades federales, lo que representa una pérdida hacendaria por más de 20 mil millones de pesos anuales.
Los alcaldes de esos seis municipios de filiación morenista (Xóchitl Flores Jiménez, Chimalhuacán; Martha Guerrero, Los Reyes La Paz; Nancy Gómez Vargas, San Vicente Chicoloapan; Felipe Arvizu, Ixtapaluca; Abigail Sánchez Martínez, Chalco; Azucena Cisneros Coss, Ecatepec) formaron un frente común después de reunirse con personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en noviembre de 2024, para combatir a quienes ya identifican como el “Cártel del Gaschicoleo”.
Proceso tuvo acceso al expediente que la FGR recibió de las autoridades del municipio de Ecatepec de Morelos, cuyo folio es 02/06/2024, y que se realizó para identificar a los grupos criminales dedicados a este ilícito. La autoridad federal estableció que 10 organizaciones criminales se dedican a la venta de drogas al menudeo, la extorsión, al sicariato y al robo de gas, y estas mismas estructuras utilizan a las gaseras clandestinas para blanquear efectivo.
Los alcaldes solicitan la intervención de las autoridades federales, pues reconocen que el problema “los rebasa”, ya que con la policía municipal y sus recursos no es suficiente para combatir a los criminales, que los superan en armas. Además, aseguran, con sus grandes recursos financieros los criminales corrompen a todos, incluso a los encargados de Protección Civil del Estado de México.
Fernando Avendaño, administrador de una estación legalmente establecida en Ecatepec, señala: “Es un tema que rebasa al municipio. La alcaldesa Azucena Cisneros trata de hacer lo que está en sus posibilidades, pero estamos hablando ya de crimen organizado. Ella clausura 30 gaseras y salen 60 más. Sabemos que hay amenazas e intimidaciones porque es un negocio millonario. Esto afecta a las empresas legalmente establecidas, y no sólo eso, también pone en riesgo a la población, pues se siguen registrando explosiones en esas gaseras clandestinas.
“De ahí la importancia de que las autoridades estatales y federales entren a este tema. Lo hemos denunciado también, es un tema de Protección Civil estatal, pero el titular de esa dependencia, Adrián Hernández Romero, debe estar coludido, o al menos su personal, porque todo pasa ante sus narices. De hecho no participaron en las clausuras que hizo la alcaldesa, y ahí se ve el nivel de corrupción que tienen”, expuso Avendaño.
Cártel del Gaschicoleo
El informe detallado que realizaron las autoridades municipales de aquella región del Estado de México, y del cual Proceso tiene copia, estableció que los 10 grupos criminales se dedican a este negocio ilícito son La Chokiza, Los Ubers, Los Vampis, Los Makiavélicos, los ZN o Zona Norte, Los Michoacanos, Los Catalinos, Los Rodolfos (que también han instalado gaseras clandestinas en la Ciudad de México) la Nueva Alianza y Los Paleta. Según el expediente, estos grupos armados utilizan más de 300 gaseras clandestinas para el lavado de dinero.
La radiografía detalla que estos grupos roban las pipas que traen el gas (LP) de Veracruz y Puebla, en las carretera del Arco Norte, ahí las “ordeñan”, es decir, bombean el energético de una pipa a otra, dejando sólo el cascaron del pesado vehículo. Ese gas es el que venden en las gaseras clandestinas a 10 pesos el litro, cuando en las gaseras legales está a 12 en promedio. En algunos casos, según el documento, se usan predios que rentan y despachan desde los tanques de 5 mil litros conocidos como “salchichas”, lo que representa un peligro de explosión para la comunidad.
En el documento entregado a la FGR se revelan los prestanombres, los edificios y predios utilizados para instalar las gaseras, también las cuentas bancarias y los nombres de negocios utilizados para el blanqueo de efectivo.
Asimismo los vehículos pesados para transportar el gas, los “gestores” para abrir las gaseras clandestinas, que facilitan los trámites y permisos en cada municipio, los “representantes” que se encargan de sobornar a personal de Protección Civil mexiquense, además del personal que despacha el gas, que impide que se realicen los trabajos de inspección y amedrentan a los vecinos que protestan para que no se instalen estas gaseras irregulares.
De los grupos criminales identificados, se sabe que la Chokiza, Los Ubers, Los Vampis y Los Makiavélicos cuentan con la infraestructura suficiente para hacer crecer más este negocio.
Denuncias
Israel Santana, presidente de la ONG Consciencia Ciudadana, que tiene años documentando estas irregularidades, asegura: “Nosotros como organización civil tenemos desde 2023 denunciando el incremento de esas gasoneras. Hemos documentado todas y cada una de ellas, hemos hecho inspecciones y registrado que operan de manera irregular, que venden el producto más barato sin las mínimas condiciones de seguridad y hemos peleado para que se reconozca el problema. Ahora sabemos que están involucrados los cárteles, y pues nos damos una idea de la dimensión del problema.
“Al levantar la voz fuimos intimidados y amenazados, y ahora entendemos el poder que tienen. Documentamos también que corrompen a personal de Protección Civil porque no los cierran, les tienen miedo. Los municipios los clausuran, pero los mismos delincuentes se ríen de ellos, les ponen los sellos pero los rompen a la hora, luego ponen a gente armada y pues así nadie se acerca. Es urgente que intervenga la Guardia Nacional o la Policía Federal antes de que el problema sea imparable”, expuso Israel Santana.
En este sentido y bajo condición de anonimato, un inspector del municipio de Ecatepec también exige la intervención de las fuerzas federales, pues luego de la clausura de 30 de estos establecimientos por la alcaldesa Azucena Cisneros, las intimidaciones no han cesado: “De las 30 que se clausuramos, 20 ya están abiertas y funcionando otra vez. Nos muestran documentos de Protección Civil del estado y con esa la quieren librar. Cuando les decimos que no tienen validez, pues salen con gente armada; ante eso no podemos hacer nada. De hecho, ninguno de mis compañeros ya quiere hacer ese trabajo”, expuso el empleado municipal.
Por el momento, las autoridades federales y del propio gobierno de Delfina Gómez han guardado silencio, lo que a decir de los funcionarios locales, revela el nivel de corrupción y temor que tiene el Estado de México al tratar de meter en orden a las gaseras clandestinas.
Proceso buscó asimismo un comentario de la Fiscalía General de la República sobre la denuncia de los alcaldes y hasta el momento no se ha obtenido respuesta.
