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Localizan a coordinador de transportistas de la ACME secuestrado en el Edomex; hay seis detenidos

Transportistas de la ACME realizaron bloqueos de carreteras de acceso a la capital del país este miércoles, en exigencia de la localización de Bernardo Aldana, líder en Jilotepec, Edomex.

Bernardo Aldana, coordinador de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME) en Jilotepec, Estado de México (Edomex), que fue secuestrado la noche del martes, fue localizado en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez.

La información del hallazgo fue dada a conocer a través de redes sociales por Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad estatal.

“Fue localizado el coordinador del sindicato ACME (…) El hallazgo ocurrió la madrugada de hoy en el municipio de Soyaniquilpan y es en respuesta a trabajos de inteligencia e investigación”, escribió el funcionario.

En el operativo, en el que participaron elementos del Ejército y la Guardia Nacional, hubo seis personas detenidas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

El líder de comerciantes y transportistas fue privado de la libertad la noche del martes 22 de julio en la autopista México-Querétaro por un grupo de sujetos armados, lo que de que presuntamente se negó a pagar extorsión.

La privación de la libertad de Aldana desató una protesta de agremiados de la ACME este miércoles, quienes durante más de cinco horas bloquearon la caseta de Tepotzotlán en la autopista México-Querétaro y la de San Cristóbal en la México-Pachuca.

“Esto no es un caso aislado. ¡Es una herida que compartimos todos! ¡Ya basta de amenazas al transporte público! ¡Ya basta de vivir con miedo!”, señaló la organización.

Entre enero y junio en el Edomex se tiene registro de 2 mil 642 delitos contra la libertad personal pero solo 13 de ellos son secuestros, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Regidora de Ixtapan de la Sal cae en "Operativo Liberación"; tiene prisión preventiva

Yareli "N", Regidora en Ixtapan de la Sal, permanecerá en prisión preventiva mientras se investiga su probable participación en la red de extorsión de "La Familia Michoacana" que fue desmantelada en el Edomex con el "Operativo Liberación".

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México (Edomex) informó que le fue impuesta prisión preventiva a Yareli "N", Regidora del municipio de Ixtapan de la Sal, quien fue detenida en el marco del "Operativo Liberación" contra la extorsión.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que la funcionaria deberá permanecer recluida en un penal de la entidad mientras se lleva a cabo la investigación en su contra por presuntamente ser parte de un grupo de extorsionadores al servicio de "La Familia Michoacana". El sábado 26 de julio se llevará a cabo la audiencia en la que se determinará si es vinculada a proceso.

El arresto de esta mujer ocurrió el lunes 21 de julio en el marco del megaoperativo ejecutado por autoridades estatales y federales en 14 municipios mexiquenses para desmantelar una red de extorsión operada por dicho cártel, la cual tenía a su servicio sindicatos, taxistas y hasta una cadena de tiendas.
Regidora extorsionaba comerciantes en nombre de "La Familia Michoacana"

Yareli "N", quien fungía como tercera Regidora en Ixtapan de la Sal, municipio del Edomex, fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

De acuerdo con la investigación iniciada por el Ministerio Público (MP), los hechos que se le imputan a la funcionaria mexiquense ocurrieron en el mes de abril del 2025, cuando presuntamente participó en la privación de la libertad de un comerciante con el propósito de extorsionarlo.

Según las indagatorias, en dicha ocasión la víctima fue privada de la libertad en la habitación un hotel del municipio de Ixtapan de la Sal, hasta la cual llegó la acusada, se presentó como integrante de "La Familia Michoacana" y le exigió una fuerte suma de dinero a cambio de permitirle continuar con su actividad, además de que amenazó con hacerle daño al hombre o a sus familiares en caso de negarse.


Durante una conferencia de prensa sobre el "Operativo Liberación", el titular de la Fiscalía del Edomex, José Luis Cervantes Martínez, explicó que Yareli "N" invitaba a comerciantes a un hotel ubicado en el municipio de Ixtapan de la Sal para hablar con ellos y tratar de convencerlos de pagarle al cártel.

Supuestamente, cuando la Regidora no lograba convencer a los extorsionados, los llevaba a un rancho en el que tenía alrededor de 50 caballos de gran valor, esto con el fin de demostrar su poder y el de "La Familia Michoacana".
"Se trataba de decir: 'Estos caballos que ves ahí son de los señores de por allá. Entonces tú sabrás si no cooperas porque estás hablando directamente con ellos a través mío'", dijo el Fiscal mexiquense.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tras denuncias de abuso, autoridades de Edomex cierran cinco casas hogar y resguardan a 37 menores

El operativo para clausurar las casas hogar Ayudante al Niño ocurre tras la revelación de un documental apoyado por Quinto Elemento Lab sobre presuntos abusos contra menores

La noche del martes 8 de julio, a los activistas Eric Miller y Paola Cuevas les llegó un rumor: las autoridades planeaban clausurar las casas hogar de Ayudante al Niño IAP, una institución que han denunciado desde 2022 por presuntos abusos cometidos por cuidadores en contra de menores de edad. Fueron escépticos. Ya habían escuchado lo mismo antes y no pasaba nada.

Esta vez fue diferente. El rumor se volvió cierto y, al siguiente día, autoridades del Estado de México llegaron a las instalaciones de cinco casas hogar de Ayudante al Niño en los municipios de Texcoco y Chicoloapan. Funcionarios de la fiscalía local colocaron sellos de aseguramiento en las puertas. Estos centros habían operado desde 1967 con la financiación de iglesias cristianas de Estados Unidos. Ese día, sus puertas cerraron.

Una investigación apoyada por Quinto Elemento Lab y realizada durante 2024 documentó que al menos 20 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual en casas hogar de Ayudante al Niño entre 1992 y 2022. Hasta abril pasado, cuando se publicó el documental con las revelaciones, había siete presuntos agresores implicados en el caso y solo uno había sido llevado ante la justicia.

En una de las fotografías tomadas durante el operativo realizado el 9 de julio y compartidas por una fuente que pidió no ser identificada, se puede ver a Steve Ross, director ejecutivo de la institución, rodeado de personal del DIF del Estado de México y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La situación jurídica de Ross es incierta, pues las autoridades no han informado si está detenido.

La información ha sido escasa y confusa. No fue sino hasta una semana después del aseguramiento cuando el DIF del Estado de México emitió una tarjeta informativa para confirmar la clausura de las cinco casas hogar de Ayudante al Niño IAP y el aseguramiento de 37 menores de edad que vivían en ellas, aunque no aclaró su estado ni a dónde fueron trasladados. Portavoces del DIF declinaron ofrecer mayores detalles.
“Durante el desarrollo de las diligencias se detectaron posibles vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que de manera inmediata se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes y a su vez se hizo del conocimiento del Ministerio Público”, explicó el DIF en su tarjeta informativa.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), organismo federal que coordina políticas para proteger los derechos de los niños, lamentó los hechos y exigió justicia para las víctimas.

“Nos solidarizamos plenamente con las niñas, niños y adolescentes víctimas, y exigimos que se asegure su acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral. La protección de la infancia es una responsabilidad ineludible del Estado y de toda la sociedad”, señaló la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA en un comunicado emitido el 16 de julio. 

Para Eric Miller, quien lleva años denunciando abusos sexuales dentro de las casas hogar, la noticia llegó como un respiro. "Hace casi tres años hablé con la Junta Directiva de Ayudante al Niño en Estados Unidos y les advertí que, si no tomaban medidas decisivas para remover al personal y las políticas dañinas, su institución sería cerrada. Ahora, ese día ha llegado. Mi sincera esperanza es que de las cenizas de esta institución surja algo mejor, más verdadero y más capaz de cumplir con la misión de cuidar a los niños necesitados de México”, dijo.

Paola Cuevas, quien trabajó en la casa hogar en 2021 hasta descubrir los abusos que vivían los menores, esperaba este momento. “Me da tranquilidad que las autoridades por fin hayan tomado la acción de cerrar la institución. Era algo que estábamos esperando. Seguiremos presionando para que se lleve a cabo una investigación a profundidad”, afirmó la también activista. 

El documental apoyado por Quinto Elemento Lab reveló los abusos sistemáticos cometidos durante más de 30 años contra menores dentro de Ayudante al Niño; las denuncias fueron ignoradas por el personal y por su director ejecutivo, el estadounidense Steve Ross. Tras la publicación de la investigación, Ayudante al Niño lamentó los hechos y expresó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

Las autoridades sabían sobre las posibles irregularidades y abusos dentro de las casas hogar. Al menos desde 2017, el DIF del Estado de México y la Junta de Asistencia Privada tenían conocimiento de las denuncias de abuso sexual. El punto de quiebre llegó en 2021, cuando once niñas se organizaron para denunciar los abusos de Javier C., una de las personas encargadas de cuidarlas.

Lejos de ofrecerles protección, el DIF decidió mantener a las niñas en la misma casa hogar. Hasta marzo de 2025, cuatro de ellas todavía vivían ahí. Javier C. fue detenido en abril de 2022 y el año pasado fue sentenciado a once años de prisión por el delito de violación agravada.

El pasado 13 de julio, durante la misa dominical, representantes de dos de las iglesias cristianas estadounidenses que financian a Ayudante al Niño IAP se pronunciaron sobre el cierre de las casas hogar y las denuncias de abuso sexual contra algunos los cuidadores. Adam Jones y Joe Putting, pastores líderes de Connect Christian Church y Tomoka Christian Church respectivamente, aseguraron que la institución está siendo víctima de ataques con denuncias falsas. 

“Una de nuestras misiones más longevas en México, Niños de México (Ayudante al Niño), está teniendo problemas, hay un sentimiento antiestadounidense en estos momentos”, justificó el pastor Putting, líder de Tomoka Church en la misa celebrada en Florida. 

Las casas hogar de Texcoco y Chicoloapan ya están clausuradas, pero Ayudante al Niño IAP posee otra más en San Andrés Cholula, Puebla, que sigue operando con normalidad, según fuentes cercanas a la institución. Hasta la publicación de este texto, ninguna autoridad había informado a dónde fueron trasladados los 37 menores.

FUENTE: PROCESO/QUINTO ELEMENTO LAB.
AUTOR:               /DANIEL MELCHOR.

El Grupo Texcoco gana la elección judicial en Edomex; candidatos ligados a Delfina Gómez presidirán el Tribunal Superior

El grupo político del que surgió la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, colocó a dos de las tres personas que presidirán el Tribunal Superior de Justicia durante los seis años siguientes.

La presidencia rotativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México recaerá en dos juristas de Texcoco, paisanos de la gobernadora Delfina Gómez; uno de ellos, impulsado en los “acordeones” repartidos en la entidad y otro ligado al obradorismo; además, de una magistrada cercana a la mandataria.

El próximo presidente del máximo órgano del Poder Judicial en la entidad, que asumirá el cargo en septiembre y estará ahí hasta 2027, es Héctor Macedo García, originario de Texcoco, quien ganó la elección judicial con 272 mil 98 votos, cuyo número de candidatura fue colocado en los “acordeones” difundidos en la entidad.

El triunfo de Macedo García como presidente del Tribunal corresponde a las indicaciones señaladas en los acordeones difundidos tanto en el municipio de donde es oriunda la gobernadora Delfina Gómez, como en otras localidades.

En Texcoco, se trató de “acordeones” digitales elaborados por el propio ayuntamiento gobernado por el morenista Nazario Gutiérrez Martínez —de acuerdo con testimonios recabados el día de la jornada electoral en la localidad—, que guiaron la votación a favor del hoy presidente electo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien contendió con el número 08.

La candidatura número 08 de Héctor Macedo García también se encontró como la indicación de voto en “acordeones” impresos repartidos en otros municipios mexiquenses, como Valle de Bravo y Temascaltepec.

El máximo tribunal del Estado de México tendrá una presidencia rotativa con alternancia de género y dos años de duración, en función de las candidaturas que hayan obtenido más votos.

La siguiente magistrada en ocupar la titularidad del TSJ es Erika Icela Castillo Vega, quien encabezará el organismo a partir de septiembre de 2027, tras haber obtenido el 10.4 % de las votaciones, por lo que será la primera mujer que presida este Tribunal.

La magistrada destacó su condición de género durante su campaña, con frases y referencias a la presidenta Claudia Sheinbaum y su movimiento político, a quien respaldó de forma pública en mensajes en redes sociales.

Castillo Vega ha manifestado su cercanía con la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, con quien suele tomarse selfies y a quien en su pasado cumpleaños felicitó con un mensaje en sus redes digitales.

“Mi querida Gobernadora Maestra Delfina Gómez Álvarez, celebro su vida y deseo desde el fondo de mi corazón, que continúe plena, feliz; colmada de éxitos y del cariño que sentimos por Usted los Mexiquenses. Feliz cumpleaños”.

Previo a la elección judicial, con la etiqueta “magistrada de territorio”, Erika Icela Castillo Vega presumió fotografías en sus redes sociales con la mandataria mexiquense, el secretario de Gobierno Horacio Duarte o el diputado morenista José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México.

El 9 de julio pasado, en el marco de la celebración del Día del Abogado, Castillo Vega también coincidió con otros candidatos ganadores cercanos a la llamada “Cuarta Transformación”, la ministra Lenia Batres y el magistrado mexiquense Luis Fernando Camacho Lupercio, en el Corporativo Internacional Universitario en Atlacomulco, Estado de México.

Otro magistrado texcocano y obradorista

A partir de 2029, la presidencia del TSJ en el Edomex recaerá en otro jurista de Texcoco, Luis Fernando Camacho Lupercio, ganador de una magistratura penal en las pasadas elecciones y del segundo lugar entre hombres contendientes por encabezar el máximo tribunal mexiquense, con 133 mil 129 (8.16 %).

Antes de la elección, el magistrado electo ha sido agente de ministerio público federal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la región Texcoco.

Defensor de la reforma judicial, durante su campaña, Camacho Lupercio hizo explícita su afinidad con el movimiento obradorista y la autollamada “Cuarta Transformación”. Frases como “Con el pueblo todo y sin el pueblo nada” no fueron extrañas en sus participaciones públicas y discursos. El magistrado también ha planteado la realización de “Mañaneras judiciales”.

Camacho Lupercio mostró su respaldo a magistrados electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificados con el gobierno federal, como Hugo Aguilar y Lenia Batres, con quien ha compartido eventos públicos luego de la elección judicial.

La presidencia del TSJ tendrá cuatro periodos de dos años cada uno, con alternancia de género, con la condición de que hayan ganado la elección de regional de magistraturas. Sin embargo, de las tres participantes mujeres, sólo la magistrada electa Erika Icela Castillo obtuvo triunfo regional, por lo que el Instituto Electoral del Estado de México declaró vacante la presidencia del periodo 2031 a 2033.

‘Adelitas’ apapachan a presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial

La primera presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar a las personas juzgadoras en la entidad, estará a cargo de la magistrada Maricela Reyes Hernández, respaldada por liderazgos locales del partido Morena en la entidad.

El pasado 6 de julio la magistrada electa participó en una gira de agradecimiento que realizó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Lenia Batres en el Estado de México, luego de la elección judicial. Fue recibida por parte de María Esther Rodríguez Hernández, coordinadora estatal de Las Adelitas, organización de mujeres morenistas que respaldaron también la campaña de la hoy gobernadora Delfina Gómez.

En la reunión también estuvo el magistrado penal electo en la entidad Luis Fernando Camacho Lupercio, afín al obradorismo.

De acuerdo con los criterios establecidos, la presidencia del organismo es rotativa, con alternancia de género, con base en las candidaturas con más votos, por lo que Reyes Hernández ocuparía el cargo debido a sus 345 mil 632 votos a su favor.

El 4 de septiembre, está programado que tome posesión de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia Maricela Reyes Hernández hasta 2027, cuando llegaría el turno de Jesús Ángel Cadena Alcalá por dos años más y posteriormente Karla Ivonne Díaz Iniesta.

La magistrada electa, sin embargo, podría ser relegada debido a una impugnación que existe en su contra, por realizar un tipo de “cierre de campaña”, durante una misa católica celebrada en un templo de Atizapán de Zaragoza, lo que podría derivar en la anulación de esos votos.

Jesús Ángel Cadena Alcala se sitúa en el segundo lugar, con sólo 107 votos menos que Reyes Hernández. El Tribunal Electoral local debe definir si se concreta la presidencia.

Cadena Alcalá cuenta con una carrera judicial. Fue secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aspiró sin éxito a una magistratura en la una Sala Regional del mismo Tribunal.

Karla Ivonne Díaz Iniesta, quien obtuvo el tercer lugar (332 mil 947 votos), y ocuparía la presidencia del nuevo órgano a partir de 2031, cuenta con una carrera dentro del Poder Judicial local y fue funcionaria en la Consejería Jurídica del gobierno estatal, en la supervisión de Oficialías del Registro Civil.

El cuarto magistrado es Alejandro Jaime Gómez Sánchez, exfiscal del Estado de México en los sexenios de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo. Pese a que sus 284 mil 171 resultan menores que algunas aspirantes mujeres al cargo, como Kenia Núñez Bautista ( 299 mil 575 votos), la paridad de género le permitió recibir la constancia de mayoría.

La quinta integrante del Tribunal es Nancy Flores Mendoza, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México.

Las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial durarán seis años en el cargo. Cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de manera rotatoria en función del número de votos obtenidos en la elección.

Comité del Poder Ejecutivo define a integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial

Las cinco personas que integrarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México fueron propuestas por el comité de evaluación del Poder Ejecutivo, que a su vez estuvo conformado por dos funcionarios del gobierno estatal, dos académicas y una notaria pública.

Javier de Jesús Domínguez González, encargado de Despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” de Delfina Gómez; Alberto Cervantes Juárez, director del Instituto de la Defensoría Pública, órgano desconcentrado de la Consejería Jurídica del gobierno mexiquense; María José Bernáldez Aguilar, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y  exaspirante a rectora de esa institución; la investigadora Fátima Esther Martínez Mejía, directora de la Red de Académicas Feministas, y Ana Cecilia Baltazar Reyes, titular de una notaría pública en Ocoyoacac.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Despojo de viviendas en Edomex: aplicarán penas de hasta 25 años de prisión por invasión

El Gobierno del Estado de México implementó reformas al Código Penal que imponen penas de hasta 25 años de prisión por el delito de despojo de inmuebles. La nueva ley, vigente desde julio de 2025, lo clasifica como delito grave.

En el Estado de México, el delito de despojo de inmuebles ahora se castiga con penas que pueden alcanzar hasta 25 años y seis meses de prisión. Las reformas al Código Penal estatal, que entraron en vigor el 16 de julio de 2025, establecen un marco legal más estricto para quienes ocupen ilegalmente una propiedad, así como para los autores intelectuales y funcionarios públicos que participen en estos actos. La nueva legislación clasifica el despojo como un delito grave, lo que impide que los acusados puedan seguir su proceso en libertad bajo fianza, obligándolos a permanecer en prisión preventiva.

La sanción base para quien cometa el delito de despojo se fijó en un rango de cinco a diez años de cárcel y multas de 700 a mil días. Sin embargo, la pena se incrementa de manera considerable cuando existen circunstancias agravantes. La participación de servidores públicos, notarios, o la autoría intelectual del delito son algunas de las condiciones que elevan la sentencia a un periodo de 10 a 17 años de prisión.

Protección a Grupos Vulnerables y Sanciones a Funcionarios

Las modificaciones a la ley ponen un énfasis particular en la protección de personas en situación de vulnerabilidad. La pena por despojo puede aumentar hasta en una mitad adicional si la víctima es una persona mayor de 60 años, menor de 18, mujer embarazada, persona con discapacidad o miembro de alguna comunidad indígena. Esta misma agravante se aplica si el delito se comete con violencia, mediante el engaño, el abuso de confianza o aprovechando la ausencia del propietario.

La reforma también contempla sanciones para los servidores públicos o notarios que faciliten o participen en el despojo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha informado sobre la investigación de tres notarios públicos y cinco funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) por su presunta implicación en estos delitos.

Castigo por Despojo de Agua y Áreas Protegidas

La nueva legislación no se limita a viviendas y terrenos, sino que también sanciona el despojo de recursos hídricos. Quienes desvíen o hagan uso de aguas sin tener derecho a ello enfrentarán penas de cinco a diez años de prisión. Además, si la invasión ocurre en un predio decretado como área natural protegida o zona de conservación ambiental, el castigo será de siete a doce años de cárcel.

Estas medidas responden al incremento de casos de despojo en la entidad. Según datos de la FGJEM, a través de la "Operación Restitución" se han logrado asegurar 546 inmuebles vinculados a este delito, de los cuales 140 ya fueron devueltos a sus legítimos dueños. La publicación de las reformas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, firmada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, oficializó el endurecimiento de estas sanciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Ni los animales se libran del cártel”: refugio Pergatuzoo en Edomex denuncia extorsión del crimen organizado

El refugio Pergatuzoo, en el municipio mexiquense de Nicolás Romero, enfrenta amenazas de supuestos integrantes del Cártel Jalisco, quienes les exigen pagos de 25 mil hasta 50 mil pesos a cambio de no dañar a los animales o quemar el albergue.

Era un ataúd clásico. De color marrón, crucifijo dorado en la tapa, tamaño estándar para un adulto, y seis agarraderas de color plata a los costados. 

Nada extraordinario, salvo por dos detalles: el primero, que el féretro yacía abandonado en plena noche y en plena calle bajo la luz tenue y anaranjada de unas viejas luminarias; y el segundo, la sábana blanca con la que alguien lo cubrió y que contenía un mensaje.

Quien habla es Miguel Ángel Vargas Hernández, uno de los dueños del refugio para animales Pergatuzoo, ubicado en el municipio mexiquense de Nicolás Romero.

Miguel explica que el hallazgo del ataúd se produjo la noche del viernes 6 de julio del año pasado y que fue el resultado de meses previos de intentos de extorsión al albergue animal que, luego de detenerse por un tiempo tras la intervención de autoridades federales, se han vuelto a reactivar, pero ahora supuestamente por criminales del mismo grupo basados en la vecina Ciudad de México, en contubernio con autoridades policiacas. 

Bajo un cielo gris y encapotado –por momentos comienza a lloviznar–, Miguel camina la mañana del miércoles 9 de julio por las calles laberínticas y estrellas de la colonia, a la que se le conoce con el apodo de ‘la bolsa’ debido a que aquí, explica el vecino, “si no te conocen, o no te ubican, es fácil que te roben la bolsa”. 

Al final de una de esas callejuelas estrechas, el hombre se detiene sobre la pequeña avenida que atraviesa el lugar, y que se bifurca en otras dos callejuelas empinadas. 

En mitad de esa bifurcación, a unos pocos pasos de la casita que hace de ‘dique’ entre ambas calles, Miguel señala con el brazo en alto que justo en esa intersección, donde ahora hay estacionado un coche de color oro deslavado, fue el lugar en el que los criminales dejaron la amenaza con forma de ataúd.

—Llegamos al albergue como al mediodía, y nos sorprendió que vimos a la Guardia Nacional. El ataúd ya no estaba, pero dos de nuestros empleados sí alcanzaron todavía a verlo. Nos dejaron una manta diciendo que el cártel ya había llegado al barrio y que nos teníamos que alinear… o que nos atuviéramos a las consecuencias. 

Esa, añade el hombre enseñando en su celular la foto del féretro abandonado en mitad de la calle, ha sido la amenaza más macabra que han recibido, pero no la única.
Tiempo atrás, en marzo, les enviaron otros mensajes por redes sociales diciéndoles que, o pagaban la cuota al cártel, o entrarían al albergue que actualmente da refugio a más de 2 mil animales, entre perros, gatos, caballos, burros, jabalíes y hasta peces y tortugas, y lo quemarían con todo lo que hubiera adentro. Y en otra ocasión, José Francisco, el velador del refugio, recibió una paliza de seis jóvenes, muy cerca del lugar donde el cártel dejó el féretro; uno de los jóvenes le tumbó buena parte de la dentadura con la cacha de una pistola, y el resto de jóvenes lo golpearon con unos tubos las piernas, lo que le provocó una cojera permanente. 

—Lo único que alcancé a escuchar mientras me pegaban era que no me creyera que, porque me protegía la doctora —Ana Vargas, hermana de Miguel y directora del albergue Pergatuzoo—, me iba a librar —cuenta el velador.

“Si no quieren que quememos el albergue, tienen que pagar”

Miguel, que viste unos jeans desgastados, una sudadera de color gris con capucha y una gorra ya deslavada por tanto uso, camina ahora por una de las calles empinadas de la colonia. Es también una calle estrecha, con viviendas a ambos lados y tienditas de abarrotes. En uno de los lados hay muchos vehículos estacionados, dificultando el paso de otros coches que transitan despacio por la zona con las ventanillas abajo y la música a todo volumen. 

En uno de los pocos lugares de estacionamiento que están libres, el hombre se detiene.

—Aquí empezó todo —dice con ambas manos metidas en la sudadera, mientras un par de jóvenes arriba de una moto pasan y lo miran de reojo. 

Miguel cuenta que, por lo estrecho de la calle, no hay lugares suficientes de estacionamiento, y por eso se convirtieron en un valor muy preciado para los vecinos. Y por ello, un día su sobrino llegó al albergue diciendo que un señor le comentó que tenían que pagar 50 pesos para estacionar en la calle. Ni a Miguel ni a su hermana Ana se les hizo una cantidad desorbitada, por lo que aceptaron pagar. 

Sin embargo, cuando a la calle llegaban camionetas a nombre del albergue, a alguien se le prendió el foco.

—Cuando vieron el movimiento de personas voluntarias que llegaban con alimento de perro o de gato, además de los camiones de forraje para los caballos y los burros que pedimos al menos una vez al mes, a alguien se le ocurrió que aquí había mucho dinero. Y entonces, de 50 pesos pasaron a pedirle a mi hermana 25 mil. 

Ana Vargas, la directora de Pergatuzoo, dice que trató de hacer entrar en razón a los extorsionadores, que ya decían actuar a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación. Les explicó que darles 25 mil pesos, implicaría no poder alimentar a los animales durante una quincena, y tendrían que cerrar. 

Pero la respuesta de los criminales, apunta Miguel, fue contundente. 

—Nos dijeron: ‘háganle como puedan. Y si no quieren que hagamos daño a los animales o que quememos el albergue, tienen que pagar esa cantidad’.

A continuación, el hombre hace una pausa. 

—Es triste —reflexiona quitándose la gorra—, pero los criminales ya no perdonan ni a los animales. Nosotros aquí no hacemos una labor comercial, sino una labor social y humanitaria. Les tratamos de explicar esto a esas personas… pero simplemente no les importa.

Animales entre el abandono, la santería, y la amenaza del cártel

Miguel está ahora dentro del albergue que fundó en 2010 su padre, el doctor Felipe Ángeles Vargas Hernández. Llevan desde entonces, explica, haciendo malabares para poder mantenerlo y dar cabida a todo tipo de animales que ellos mismos rescatan de las calles, o les llevan a sus instalaciones. 

Especialmente a raíz de la pandemia, el flujo de animales abandonados se disparó. Bien sea porque muchos dueños murieron por el virus, o bien porque otros ya no podían hacerse cargo económicamente de animales como caballos, vacas, o burros, el albergue vio crecer rápidamente su población hasta llegar a los 2 mil 300 animales, que en su mayoría son perros abandonados. 

El aumento de la población ha sido tal en los últimos años, que han tenido que duplicar esfuerzos, tanto de mano de obra, como para buscar recursos económicos, para dar cabida a la mayor cantidad de animales posible. Aunque el propio Miguel comenta que por eso mismo también han recibido críticas y acusaciones de que los tienen “hacinados”; una acusación que niega, asegurando que en el refugio dan un “trato digno” a todas las especies que rescatan, pues les proporcionan alojamiento, alimento, vacunación y atención veterinaria.

A lo largo y ancho del albergue hay historias de todo tipo. En su mayoría, tristes y desgarradoras, especialmente las de cientos de perros abandonados a su suerte en las calles o vías públicas –Ana Vargas pide al cuidador del refugio que muestre al perrito boxer completamente desnutrido, en los huesos, que acaban de rescatar–, o que incluso fueron víctimas de violencia sexual.

También hay historias tan macabras, o más, como la del ataúd: en el albergue hay alojados borregos y chivos que fueron mutilados en los rituales de santería que tanto abundan por la zona montañosa de Nicolás Romero. 

Una de esas historias, cuenta ahora Ana mientras da de comer a una burrita que nació ciega y que no querían en la granja porque no les servía como animal de carga, es la de ‘Satanás’, un chivo negro que fue encontrado en un cerro rodeado de otros chivos, perros y gatos negros, todos mutilados y muertos.

En el lugar donde fue hallado habían hecho un ritual de brujería, y solo ‘Satanás’ había sobrevivido. Las personas lo rescataron, pero la leyenda urbana cuenta que cuando el borrego negro llegó al pueblo se hizo un gran remolino de viento y dejó de llover por mucho tiempo. 

—Y pues empezaron las creencias y los mitos de que el chivo era un demonio que traía la desgracia —cuenta Ana.

Los vecinos querían matar a ‘Satanás’, pero nadie se atrevía a hacerlo porque creían que eso desataría una maldición. Así que alguien se armó de valor y lo dejó en la puerta de Pergatuzoo, donde lleva años conviviendo con el resto de animales. 

Con una sonrisa cansada, Ana y Miguel aseguran al unísono que no creen que los intentos de extorsión tengan nada que ver con el pobre chivo. Más bien, culpan a la problemática de violencia que lleva años azotando a México, y en particular al Estado de México, que con 2 mil 049 casos de extorsión en lo que va de nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum es la entidad con más denuncias en el país, por delante de Guanajuato, Nuevo León y Ciudad de México. De hecho, apenas el pasado 6 de julio, el Gobierno Federal incluyó al Edomex como una de las 8 entidades prioritarias de atención en la nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión.  

Sin embargo, los directores de Pergatuzoo creen que, si no se pone un alto a la corrupción de las autoridades policiacas y de investigación, de poco o nada servirá esa nueva estrategia.

“Ahora son 50 mil”

Después de que unos desconocidos le dejaran en julio del año pasado un féretro tirado en la calle como amenaza, el asunto de la extorsión al albergue Pergatuzoo llegó incluso a la ‘mañanera’ del expresidente López Obrador. 

Miguel explica que en primera instancia acudieron ante el Ministerio Público local, pero a denunciar que “la autoridad y los policías municipales estaban coludidos con los criminales”. De hecho, recuerda que, luego del hallazgo de 10 cuerpos en dos fosas clandestinas, Nicolás Romero fue de los primeros municipios mexiquenses donde se ejecutó la llamada ‘Operación Enjambre’ para detener a policías municipales que habían sido cooptados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. 

Por ello, acudieron a la Presidencia, que envió a la zona elementos de la Guardia Nacional y la Marina para calmar la situación. 

Pero, este verano las extorsiones y las amenazas volvieron a reactivarse. 

Apoyado en una pared desnuda de pintura muy próxima a la puerta metálica del refugio, Miguel cuenta que el 17 junio de este año un sobrino que los apoya fue a llevar las gorras de los trabajadores a lavar al local de un amigo suyo, ubicado en la colonia Federal de la Ciudad de México, muy cerca del aeropuerto. 

Ahí, estando ya en el local, unos desconocidos se le acercaron. 

–Le dijeron: ‘sabes qué, allá en Nicolás Romero se salvaron, pero aquí ya no se salvan. Somos del Cártel Jalisco y los tenemos bien ubicados. Sabemos dónde viven, cómo viven, y todos sus movimientos. Y ahora ya no son 25 mil, ahora son 50 mil pesos. De lo contrario, van a vivir un infierno. 

El sobrino se puso nervioso y salió de inmediato del local. Se subió a su camioneta y los criminales hicieron lo mismo para impedirle la salida, chocando su auto. El joven huyó entonces corriendo y encontró a una patrulla de la policía capitalina, a quien le solicitó auxilio. Eran las 8:30 de la noche. 

—Mi sobrino nos llamó diciendo que había tenido un problema. Fui con mis dos hermanas al lugar y cuando llegamos, uno de los sujetos nos dijo delante de la policía: ‘Somos del Cártel Jalisco, ni le muevan’. Le pregunto al policía: ‘Está diciendo abiertamente que es de un cártel, ¿no lo va a detener?’ Y dijo que no, que no estaba armado y que no iba a hacer nada.

El problema, apunta Miguel, no solo fue que no hizo nada el policía, sino que además los presuntos integrantes del cártel acusaron al sobrino de haber chocado su camioneta, dando como resultado que los tipos fueron liberados, mientras que el sobrino fue detenido por daño a la propiedad ajena –con el agravante de un supuesto intento de fuga-, y enviado al reclusorio luego de que, denuncia Miguel, el ministerio público capitalino le exigiera 40 mil pesos para dejarlo en libertad y no querer pagar esa cantidad. Finalmente, el sobrino salió libre poco después, el 21 de junio, gracias a que un juez de control calificó la detención como ilegal. 

Por si fuera poco, Miguel denuncia que el 19 de junio los policías del Ministerio Público capitalino, cuando su sobrino estaba detenido, se llevaron el auto donde el joven llevaba varios bultos con comida para los animales del albergue.

—Los policías sustrajeron del vehículo más de la mitad de los alimentos. Los robaron. Por eso mi hermana está reclamando que le regreses esos alimentos. Fue una pérdida para los animales del albergue, porque los policías no debieron de haber incautado esos costales. Fue un abuso de autoridad del MP. 

Tras lo sucedido con su sobrino, Miguel asegura que las amenazas por redes sociales también se reactivaron. Les volvieron a decir que, si no pagaban la cuota, quemarían el refugio con todo lo que haya en su interior. Por eso, vuelven a pedir la ayuda de las autoridades. 

—Ayer salió una nota de que quemaron un almacén en Ciudad de México vinculado con el tema de la extorsión. ¿Qué te dice eso? –cuestiona Miguel—. Pues que esa gente no se anda con inventos, que es un modus operandi que tienen para quienes no pagan. Por eso –dice mientras acaricia el lomo marrón de un caballo rescatado-, aquí todos vivimos con terror. 

¿Te interesa conocer más y ayudar al refugio Pergatuzoo?, aquí puedes conocer más información: https://www.instagram.com/albergue_pergatuzoo/?hl=es

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Exdirector de Seguridad en Tlatlaya, Edomex, recibe 50 años de prisión por secuestro

Luis Ángel Nicolás fue aprehendido en septiembre de 2024, derivado de la desaparición del Comisario de Seguridad Pública del municipio de Temascalcingo, Agustín “N”, así como de su escolta, Juan Carlos “N”.

Luis Ángel Nicolás Santos, quien se desempeñaba como Director de Seguridad Pública de Tlatlaya y que fue detenido en el marco de la Operación “Enjambre”, fue sentenciado a 50 años de prisión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su responsabilidad en el delito de secuestro exprés en agravio de dos víctimas.

En audiencia celebrada la tarde del 9 de julio, en los Juzgados de Almoloya de Juárez, el Representante Social aportó y expuso pruebas suficientes para que el Tribunal de Enjuiciamiento dictará dicha condena en contra del exfuncionario. Esto tras los hechos registrados el 21 de agosto de 2024 en el municipio de Tlatlaya.

De acuerdo con las investigaciones, ese día las dos víctimas viajaban en un vehículo con cargamento de bebidas alcohólicas. Sin embargo, al encontrarse en la carretera Tlatlaya-Cerro del Campo, paraje Puerto Frío, fueron interceptadas por el ahora sentenciado, quien mediante el uso de la violencia los obligó a descender de la unidad.

Al lugar también arribaron varios individuos con ropa tipo militar y armas de fuego, todos ello, miembros de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán. Acto seguido, Luis Ángel Nicolas, en complicidad con dichos sujetos, privaron de la libertad a las dos víctimas con la finalidad de hurtarles la mercancía que transportaban, para luego huir sin dejar rastro.
Lo anterior fue denunciado ante las autoridades de la Fiscalía del Estado de México, quienes iniciaron una investigación del hecho y solicitaron una orden de aprehensión contra el exfuncionario.

Cabe mencionar que el Luis Ángel Nicolás fue aprehendido en septiembre de 2024, derivado de la desaparición del Comisario de Seguridad Pública del municipio de Temascalcingo, Agustín “N”, así como de su escolta, Juan Carlos “N”.

Ante los hechos de desaparición, la Fiscalía se allegó de información relevante sobre la intervención de elementos de seguridad pública de distintos municipios con hechos delictivos. Con ello, lograron identificar la relación de los Comisarios y Directores Generales con grupos delictivos.

En los meses siguientes, de agosto a septiembre, los elementos de las Fuerzas Armadas y estatales llevaron a cabo acciones operativas que derivaron en la captura de Ulises “N”, Director de Seguridad Pública del municipio de Acambay; Juan “N”, Comisario de Coatepec Harinas; Carlos Alberto “N”, Director de Seguridad Pública municipal de Aculco; así como el ahora sentenciado, Luis Ángel Nicolás. Todos ellos relacionados con actividades extensivas y vínculos con grupos delincuenciales con orígenes en los estados de Michoacán y Jalisco.


Indagatorias de la FGJEM precisaron que estos sujetos se valían de sus cargos para realizar actividades delictivas relacionadas con la operación y protección de grupos ligados al crimen organizado en Michoacán y Jalisco.

Tras los operativos en dichas entidades, la Fiscalía continúa con las investigaciones sobre la relación de los exservidores públicos con delitos de alto impacto, por lo que hasta la fecha suman 60 detenidos investigados.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Con curso exprés de dos meses, Edomex forma a sus nuevos impartidores de justicia

Nuevos jueces sin experiencia previa en tribunales reciben una capacitación exprés de manera obligatoria en la Escuela Judicial del Estado de México, antes de asumir funciones el próximo 5 de septiembre.

“Yo no tengo esa experiencia completa. Nosotros venimos con otra experiencia: ciertamente administrativa, a lo mejor política, social o de simple postulante”, admite Alejandro Tapia González mientras mueve las manos con nerviosismo y se muerde los labios al hablar. Tiene 67 años, fue regidor, asesor legislativo y catedrático universitario. Estudió Sociología, Educación y Derecho, pero nunca ha trabajado en un tribunal ni ha emitido una sentencia.

Aun así, fue electo como juez mixto del distrito de Chalco con más de 25 mil votos en el Proceso Judicial Extraordinario 2025, y ahora se prepara para ejercer el cargo, tras un curso de capacitación de dos meses y medio, que concluirá a finales de agosto.

Desde que recibió su constancia de mayoría, Alejandro Tapia González fue convocado al curso obligatorio en la Escuela Judicial del Estado de México. Las primeras semanas se enfocaron en contenidos comunes para todos los jueces y magistrados electos. Después, fueron divididos por materia. Él se integró al grupo de capacitación en materia civil, familiar y mercantil, las tres áreas que deberá atender como juez mixto en el distrito de Chalco.

“Nos estamos reencontrando con las leyes, básicamente las de orden adjetivo”, dice. Luego de ese repaso al marco legal que deberán aplicar, en los próximos días comenzarán las simulaciones de audiencias, como parte del entrenamiento práctico.

A pesar del entusiasmo con el que habla del curso, reconoce que la falta de experiencia es un reto. “Cuando otros presumen su currícula, pues me siento chiquito, la verdad. Digo, algunos tienen 15, 20 años, o más de 20 años de experiencia y, pues, voy corriendo atrás de ellos”, afirma.

También admite que la capacitación no es suficiente: “Esto no termina jamás. Es continuo. Porque nuestras leyes presentan muchas contradicciones entre lo que dice el legislador, lo que dice la norma y lo que dice la realidad”.

Aunque insiste en que es un ciudadano común, su trayectoria incluye varios cargos públicos. Ha sido regidor en Valle de Chalco, asesor legislativo en el Senado y en el Congreso local, y director municipal de vinculación y reglamentación. En 2024 buscó una diputación local por el PRI, y en la etapa final del proceso electoral fue visto en eventos de Morena.

Tapia González sabe que estará bajo escrutinio. “Vamos a estar ahora sí que en el ojo del huracán”, dice con firmeza. Asegura que ha sentido la presión desde que fue electo y que la expectativa sobre su desempeño es alta, especialmente entre quienes dudan de la reforma judicial y del perfil de los jueces ciudadanos.

—¿Cuál cree que será su mayor desafío cuando asuma el cargo? —se le pregunta.

—Híjole… pues la falta de experiencia, sin duda. Pero tengo algo que me legitima y que me fortalece: el apoyo de la ciudadanía.

Durante la entrevista, reconoce que no ha tenido tiempo ni de celebrar su triunfo. En lugar de eso, ha estado pensando en cómo enfrentar la carga de trabajo y el peso de las decisiones que tendrá que tomar. Lo hace con honestidad, sin rodeos.

—¿Qué le representa saber que, sin carrera judicial, va a tener en sus manos decisiones que pueden afectar la libertad o el patrimonio de una persona?

—Estoy aprendiendo que esto nos va a comprometer más, y sobre todo en esta etapa de adaptación. Por eso es tan importante estar aquí, preparándonos todos los días.

Asegura que la escuela judicial está haciendo un esfuerzo por brindarles las herramientas necesarias. Él, por su parte, se mantiene en contacto con sus electores a través de redes sociales. “Es una de mis fortalezas”, dice, y muestra con orgullo un video que grabó saludando “desde Toluca” para informar que está en formación. Repite que fue el voto popular el que lo colocó en esta posición y que no va a desaprovechar esa legitimidad.

El nuevo modelo de elección judicial no solo ha generado dudas entre la ciudadanía, también ha provocado fricciones dentro del propio sistema de justicia. Tapia González habla abiertamente del debate que percibe entre quienes fueron electos por voto popular y los jueces formados dentro del Poder Judicial.

“Desde que se abrieron las convocatorias, descubrí el debate entre lo que es la carrera judicial y esta apertura para que el pueblo decida”, explica. “Esto todavía es una de las partes complicadas”, reconoce.

Dice que hay diferencias de visión, pero también resistencias. Asegura que algunos de sus compañeros electos comparten la sensación de no ser reconocidos por quienes hicieron carrera tradicional. “Es un reto porque, insisto, choca un poco”, afirma.


Sin embargo, ve este momento como una oportunidad para acercar la justicia a la gente. “Estamos viviendo un proceso de reforma inédito, y es importante que la sociedad lo entienda igual que nosotros. No sólo como un cambio de nombres, sino como un nuevo modelo”.

Tapia González admite que aún no tiene una estrategia definida para su trabajo como juez. Dice que la está construyendo con base en lo que recogió durante la campaña y con lo que está aprendiendo en la capacitación. “Cada día lo que me transmiten los magistrados, los que son aquí los mentores, me parece de gran importancia”.

Un juez no se forma en dos meses

María del Refugio Elizabeth Rodríguez, directora de la Escuela Judicial del Estado de México, lo dice sin rodeos: un juez no se forma en dos meses. Explica que, en condiciones normales, la formación completa de un juzgador toma cerca de un año: seis meses de preparación académica y tres más para el concurso de oposición. “No puede ser menos de seis meses, más otros tres del proceso de oposición. El proceso completo toma más o menos un año”, detalla.

Pero ante la llegada de jueces electos por voto popular sin carrera judicial, ese proceso se compactó en un curso intensivo de poco más de dos meses. “Fíjate que el diseño inicial tenía horarios de nueve de la mañana a nueve de la noche, con dos horas para alimentos. Pero como muchos trabajan, hubo que ajustar sobre la marcha. Ahorita es de lunes a viernes. Incluso la escuela tendría que entrar en periodo vacacional en dos semanas, y no lo vamos a tener”.

“Un juez no se forma en dos meses. Las competencias para impartir justicia no las da solo la universidad: eso lo enseña una escuela judicial, con práctica, acompañamiento y experiencia real”.

El curso fue diseñado entre enero y abril de 2025, con un tronco común para todos los electos, seguido de módulos especializados por materia. La etapa más exigente será la capacitación en sitio: ahí los nuevos jueces acudirán a juzgados reales, observarán audiencias y practicarán con supervisión directa. “Tendrán un mentor a su lado, pero estarán viendo casos reales, estructuras internas, resoluciones, acuerdos… todo en tiempo real”.

Rodríguez anticipa que ese momento marcará un antes y un después. “Ahí ya no es tanto lo teórico. Yo estoy segura de que van a querer más. Cuando estén frente a una audiencia de control de detención, con minutos para decidir, van a sentir el peso real del cargo”.

La directora reconoce que fue difícil adaptar el curso para perfiles sin experiencia judicial. “Nos tuvimos que preguntar: ¿cómo vinculamos a alguien que no fue formado aquí, que no pasó por un concurso, y que puede tener que tomar decisiones que afectan la libertad de una persona en cuestión de horas?”.

Aunque dice que no todos los jueces electos recibieron con la misma disposición el curso, insiste: “Algunos llegan y dicen: ‘A mí no me eligió el tribunal, yo vengo por el voto’. Pero nuestra tarea es ayudarles a entender el camino”.

También advierte que la capacitación no termina con el curso. “Van a ser evaluados por el Tribunal de Disciplina. Y nosotros, como escuela, estamos obligados a medir nuestros propios estándares y corregir lo que falle”.

Para ella, este primer proceso con jueces electos todavía está a prueba. “Es muy temprano para dar una postura firme. Es el primer ejercicio. Pero de lo que sí estoy segura es de que queremos los mejores jueces”.

“Hay que darles seguimiento, analizar sus resoluciones, y ver qué tan actualizados están. Yo no quiero que se queden solo con lo que aprendieron en la licenciatura. Para ser juez, eso no alcanza”.

A pesar de los ajustes, la escuela sostiene que no basta con ganar una elección para impartir justicia. Rodríguez insiste en que el modelo debe corregirse desde el origen:

“Yo creo que los siguientes candidatos deberían haber pasado previamente por la Escuela Judicial. Ya estamos trabajando en un estándar de competencia que se pueda exigir desde antes de la elección”.

“La preparación —agrega— debe ser condición, no consecuencia. Queremos los mejores jueces, y para eso no basta con ir a votar”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO JUDICIAL IBERO.
AUTOR:                           /EDGAR LEDESMA.

Edomex: Secretaría de Educación y Deporte arman montaje, dan cheques a menores de edad y se los quitan

Denuncias por parte de padres de familia de taekwondistas destaparon una trama opaca de entrega de recursos en la que funcionarios estatales solicitan a menores de edad endosar cheques a su nombre tan pronto los reciben.

La instrucción es clara: los taekwondistas que representan al Estado de México en la Olimpiada Nacional deben presentarse en las instalaciones de la Secretaría de Educación local para recibir los recursos económicos que les corresponde como seleccionados estatales. Ya en el lugar, ingresan en bloques de cinco niños para recibir dos cheques nominativos que los menores deben endosar y regresar en ese mismo momento a quien se los entregan. De ahí en adelante, la ruta del dinero ingresa al camino de la opacidad.  

Según la explicación que han recibido los padres de familia sobre el destino de estos apoyos, uno de los cheques corresponde a los gastos de transportación y viáticos de los deportistas, mientras que el otro supuestamente se destina a la compra de uniformes de competencia vía la Asociación Estatal de Taekwondo del Estado de México (AETKDEM).

Las denuncias de los padres de familia en el taekwondo mexiquense destaparon una trama turbia de entrega de recursos por parte de las autoridades estatales que se replica en el resto de deportes convocados en la Olimpiada Nacional, en un mecanismo manejado al margen de las Reglas de Operación vigentes para la asignación de apoyos y estímulos económicos, publicadas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Este año 2025 mil 65 niños mexiquenses participarán en la Olimpiada Nacional. 

El mecanismo en el que se utiliza a los seleccionados estatales, en su gran mayoría menores de edad, fue adoptado a partir de la llegada de la actual administración en la entidad encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien tomó protesta el 14 de septiembre de 2023.

“En esta ocasión cambia la operatividad. Hemos tenido bastantes juntas, pero ya se acordó, inclusive se sesionó como parte del consejo (directivo de la Asociación de Taekwondo) qué se hará con los estímulos”, dijo Emily Armas Aranda, presidenta saliente de la AETKDEM, durante una videoconferencia realizada en marzo de 2024 con profesores de taekwondo a cargo de los seleccionados estatales.

“El día (que le toca) al taekwondo es el 11 de marzo a las 11:30 horas. Es la petición que les hacemos por parte de la asociación estatal, que nos apoyen con sus atletas, que estén presentes, que reciban el apoyo que se está dando, que se hagan las entregas como lo está solicitando el Instituto del Deporte. Y esperemos que para el siguiente año haya modificación porque entendemos que no es algo sencillo. Yo hice la petición de que lo recogieran (el cheque) el mismo sábado, que es cuando tenemos los entrenamientos. Sin embargo, la respuesta fue no, ya que la Secretaría de Educación no estará abierta”, añadió Armas.

En dicha reunión virtual, cuyo audio tiene Proceso, Armas Aranda compartió las indicaciones que a su vez le transmitieron los funcionarios del gobierno mexiquense (cuyos nombres no menciona) y por la cuales la propia dirigente muestra extrañeza ante el nuevo mecanismo implementado. 
Se va a hacer de esa manera y no hay marcha atrás -dice Armas-. Cheque que recibe, cheque que no se debe quedar el atleta. Ese cheque lo recibe en (la subsecretaría de administración y) Finanzas (de la Secretaría de Educación) y ahí mismo va a estar un escritorio a un lado en donde el chico tiene que dejar ese cheque. Requieren que el atleta asista y él lo tiene que recibir. Y nos dijeron que es con respecto (sic) a la Ley de Transparencia donde tienen que saber que es un apoyo que va para ellos.
Asimismo Emily Armas les informó que habría otro cheque cuyos fondos los recibiría vía endoso la propia Asociación Estatal de Taekwondo, recursos destinados para comprar doboks, o sea, uniformes de competencia para la práctica de este deporte. “El chico recibe, por lo tanto, dos cheques, recibe el cheque que de inmediato tiene que entregar y recibe el otro cheque que es el que nos tiene que entregar a nosotros para poder cubrir con esos gastos tanto de la (competencia) regional como de la nacional”, detalló.

En este 2025 la mecánica fue la misma que el año anterior: el gobierno del Estado de México emitió dos cheques para cada uno de los menores que participaron en la etapa regional celebrada del 26 al 28 de abril último en la Ciudad de México. El primero por un monto que supera los 12 mil pesos para gastos de transportación terrestre, hospedaje, alimentación y traslados fue devuelto por los niños a los funcionarios estatales. El segundo, por 4 mil 548 pesos, fue endosado a la AETKDEM y quedó en manos de este organismo para comprar uniformes.

En cuanto a la Olimpiada Nacional, programada del 20 al 27 de junio en Guadalajara, se entregó otro cheque por más de nueve mil 300 pesos a cada seleccionado clasificado a la justa. Inmediatamente después de haberlo recibido los deportistas lo regresaron a los mismos funcionarios de la subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación que les entregaron el cheque. Dicho recurso fue designado únicamente para transportación terrestre y traslados, ya que, en la etapa nacional, el estado que es sede del evento deportivo solventa tanto el hospedaje como la alimentación. 

Para validar dicha transferencia del dinero por parte de los niños, aunque no estén de acuerdo, los padres de familia deben firmar un documento en el que autorizan la cesión de los cheques emitidos a nombre de sus hijos. 

Las Reglas de Operación (ROP) del deporte en el Estado de México no establecen que para poder recibir un estímulo económico los beneficiarios deben devolver el dinero a través del endoso de un cheque nominativo.

Además, en su capítulo relativo a los apoyos, tampoco consideran a las organizaciones deportivas, en este caso la Asociación Estatal de Taekwondo, como elegibles para recibir un recurso destinado a la compra de uniformes.

De acuerdo con las ROP, para efectos de las etapas regionales y nacionales de los Juegos Nacionales Conade 2024 (Olimpiada Nacional en 2025) las organizaciones deportivas podrán obtener apoyos “con la finalidad de atender los requerimientos y necesidades del desarrollo de cada una de las etapas”, pero sólo en lo relativo a hidratación, suplementación, inscripciones, protestas técnicas y servicio médico con un monto de hasta 20 mil pesos por concepto. 

Por su parte, los deportistas, entrenadores, delegados y auxiliares podrán recibir recursos para alimentación, hospedaje, transportación interna y traslados terrestres o aéreos con una asignación de hasta 60 mil pesos, con ocho mil pesos adicionales para la compra de uniformes. 

En cuanto a la etapa regional, los montos entregados para solventar los gastos de transportación terrestre, hospedaje, alimentación y traslados ascienden a un millón 200 mil pesos para una delegación de 101 deportistas, necesidades que podrían cubrirse con no más de una tercera parte de dicho monto. 

Para la Olimpiada Nacional en Guadalajara se replicó el esquema de los cheques, en esta ocasión por un monto global superior a los 650 mil pesos derivados de una selección estatal de 71 competidores que lograron su clasificación a dicha instancia y los cuales tienen cubiertos los gastos de hospedaje y alimentación por parte de la sede, además de contar con un seguro que paga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Es decir, el Estado de México se hizo cargo sólo de la transportación al destino de competencia, traslados y viáticos secundarios. 

Para logística de movilidad, se dispuso de cuatro autobuses asignados con base en la modalidad, categoría y fecha de competencia de los seleccionados, entrenadores y personal de apoyo, mismos que salieron del municipio de Cuautitlán Izcalli con destino a la capital jalisciense, lo que supondría un gasto de más de 150 mil pesos por unidad en estancias no mayores a cuatro días. 

Proceso buscó a los secretarios de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, y de Finanzas, Óscar Flores, del Estado de México, responsables operativos en la entrega de recursos y apoyos a los deportistas mexiquenses, para responder los cuestionamientos relacionados al mecanismo utilizado para solventar los gastos de los seleccionados estatales. Sin embargo, no hubo respuesta a las peticiones de entrevista.

Tampoco el director del Instituto del Deporte del Estado de México, Manuel Sotomayor, respondió a una solicitud de entrevista. 

De acuerdo con Emily Armas, presidenta saliente de la AETKDEM, con relación a los uniformes, los cuatro mil 548 pesos otorgados por seleccionado se utilizaron para la compra de doboks de la marca Tusah en la etapa estatal, cuyo precio al público en general al menudeo ronda los 600 pesos, mientras que para la fase nacional se adquirieron uniformes Adidas en su modelo olímpico, el cual supera los cuatro mil pesos.

No obstante, dicho beneficio sólo estuvo reservado para 50 taekwondistas que clasificaron a la Olimpiada Nacional, lo que implica una disparidad de gastos entre los que compitieron en ambas etapas y quienes no pasaron de la instancia regional. 

“No hay sobrante, se da todo a los niños, se dan los mejores uniformes posibles, y si sobra dinero, se les compran más aditamentos para ellos. Se adquirieron los doboks para el TK3 (competencia por equipos) que son de colores y la vestimenta adicional de playeras Joma en el regional, ya que no se asigna uniforme exterior por parte del Instituto del Deporte”, alega Armas, quien accedió a responder las preguntas de Proceso por escrito.

Agencia favorita

En mayo último, el periódico La Crónica y la Agencia Quadratín replicaron una denuncia anónima hecha por un empleado que labora en el gobierno del Estado de México en la que se expone el presunto desvío de recursos por conducto del programa Becas Viajes al Extranjero para el Bienestar, creado para que cerca de 400 estudiantes de Escuelas Normales Públicas, la Universidad Pedagógica Nacional y la Normal Rural de Tenería continuaran sus estudios en Canadá y Europa.

La información publicada indica que hay un sobreprecio en los boletos de avión comprados vía la agencia de viajes Aeromexicana Metepec, a la cual el gobierno del Estado de México pagó entre 50 y 100 mil pesos dependiendo el destino, por pasajes que cuestan una quinta parte de ese valor. 

Las notas periodísticas señalan como responsables al secretario de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel; al subsecretario de Administración y Finanzas, Ricardo López Avendaño; al coordinador de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, Guillermo Calderón Vega, así como al secretario particular del titular de la Secretaría de Educación, Carlos Gilberto Chávez Covarrubias.

Según los reportes, con un presupuesto de 40 millones de pesos los estudiantes beneficiados recibieron cheques con el respectivo recurso, mismos que endosaron a las autoridades para ejercer el recurso en un esquema similar al implementado para los seleccionados estatales que están participando en la Olimpiada Nacional. La agencia de viajes Aeromexicana Metepec está involucrada en ambos casos.

Torneo para lucrar

Los padres de familia de deportistas que forman parte de la selección estatal de taekwondo en el Estado de México no sólo están inconformes por el mecanismo en entrega de recursos públicos, también señalan una serie de irregularidades en el seno de la Asociación Estatal de Taekwondo del Estado de México, presidida hasta hace unos días por Emily Armas. 

Para muchos, la gota que derramó el vaso fue la organización de la llamada Copa Estado de México, certamen con categoría G3, lo cual quiere decir que le otorga puntos a los participantes en el ranking nacional de taekwondo, sistema que sirve de base para realización de selectivos con miras a integrar las representaciones mexicanas de la especialidad en las modalidades de formas y combate, así como en distintas categorías. 

El torneo, realizado del 16 al 18 de mayo últimos en la Unidad Deportiva Juan Fernández Albarrán en el municipio mexiquense de Zinacantepec, desató una serie de denuncias que los padres de familia incluso hicieron públicas en redes sociales. 
El certamen tuvo un costo de inscripción promedio de mil 600 pesos por participante y contó con una convocatoria superior a los cuatro mil competidores que asistieron desde diversas ciudades del país.
Entre las inconformidades manifestadas destacan la distancia entre el lugar del pesaje y el recinto de competición, el retraso en el inicio de las actividades con esperas de más de ocho horas afectando en su mayoría a menores de edad, la falta de gráficas de competencia y no contar con equipo de repetición e irregularidades en el uso de los petos electrónicos.

“Se trata de un grupo de choque por los momentos políticos que se viven actualmente”, argumenta Emily Armas, quien desestimó las acusaciones, pues considera que la competencia se desarrolló con normalidad con excepción de la categoría cadetes, en la que reconoció que sí hubo fallas.

Las turbulencias en el seno del taekwondo mexiquense han derivado en diversas reacciones alrededor de esta disciplina, una de ellas por parte del recién creado Instituto del Deporte del Estado de México, encabezado por Manuel Sotomayor, organismo que envió un oficio a Emily Armas que recoge las inconformidades de los padres de familia por la Copa Estado de México. 

En dicho documento, el instituto le solicita un informe “pormenorizado y debidamente documentado” que contenga el monto total cobrado, el número total de inscritos al evento, listado nominal de personas inscritas, memoria oficial del evento, listado detallado de las personas responsables de la organización y un informe explicativo sobre las causas que originaron las quejas ciudadanas, en virtud de que el torneo se realizó en una instalación pública sin el pago de una renta y el cual derivó en un beneficio económico para la Asociación Estatal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OMAR OLIVER.

Un estadounidense es detenido en Atlacomulco; tenía un arsenal y credencial de la CIA

Un hombre de origen estadounidense fue arresta en Atlacomulco, Edomex. Las autoridades le aseguraron un arsenal y una credencial de la CIA.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la policía municipal detuvieron a un ciudadano estadounidense identificado como James “N” en la colonia Las Fuentes, en el municipio de Atlacomulco, tras un reporte vecinal al número de emergencias 911. El sujeto llevaba consigo una credencial de la CIA

A través de un comunicado, la SSEM informó que el individuo fue arrestado por su presunta responsabilidad en los delitos de alteración del orden público y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El operativo se desencadenó luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de un hombre armado, equipado con casco y chaleco balístico, asomándose desde el balcón de un edificio, por lo que, uniformados del agrupamiento de Fuerza de Apoyo y Reacción se trasladaron hasta la zona para atender la situación.
"Al arribar observaron a un sujeto en el balcón de unos departamentos que se paseaba vestido con casco y chaleco táctico, color verde, de donde colgaba un arma larga, y en la mano mostraba un cuchillo", indicó la Secretaría en su publicación.
Tras considerar que el sujeto representaba un riesgo para las y los vecinos, los policías tomaron la decisión de ingresar al departamento donde se encontraba y procedieron a desarmarlo y detenerlo. Asimismo, solicitaron la presencia de una ambulancia debido a que el estadounidense presentaba una herida en la mano derecha.

Al realizar una inspección en el lugar, los uniformados detectaron que James "N" estaba en posesión de un arsenal que incluía cuatro pistolas de diversos calibres, dos rifles Colt calibre 5.56 mm, más de 100 cartuchos útiles, seis cargadores y un cuchillo con empuñadora de plástico.
La SSEM añadió que el detenido también poseía "dos chalecos tácticos, uno color verde camuflado y otro color negro, cada uno con placas balísticas; dos carrilleras, dos cascos, uno equipado con una cámara digital, lámpara lateral y goggles; otro color negro con aditamento de visión nocturna al frente y lámpara lateral".
"Cabe mencionar que portaba una placa y credencial de la Agencia Central de Inteligencia [CIA por sus siglas en inglés]", destacó la Secretaría de Seguridad mexiquense.
Finalmente, la SSEM indicó que, tras ser dado de alta, el detenido fue presentado ante la Fiscalía de Asuntos Especiales (FAE) del Estado de México, donde fue iniciada una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 5 JULIO 2025.

Edomex: Cinco personas lesionadas tras ataque armado en Nezahualcóyotl

Testigos refirieron que los responsables se dieron a la fuga, tras la agresión.

Cinco hombres resultaron lesionados por proyectiles de arma de fuego, la noche de este jueves sobre la avenida Chimalhuacán, esquina con la calle El Barrilito, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La agresión ocurrió frente a una panadería, en una zona identificada por algunas fuentes como la colonia La Esperanza, aunque otros reportes la ubican en la colonia Benito Juárez.

Según información publicada por Reporteros en Movimiento, las víctimas se encontraban conviviendo cuando sujetos armados que viajaban en una camioneta abrieron fuego contra ellos sin previo aviso.

Testigos refirieron que los responsables se dieron a la fuga, tras la agresión.

Paramédicos del Servicio de Urgencias Atención Táctica (SUAT Medical) acudieron al sitio para brindar atención médica a las personas lesionadas y trasladarlas a hospitales cercanos.

La policía municipal y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas, ni se ha ofrecido información oficial al respecto.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.