Tres expertos recorrerán el país con el fin de evaluar la situación de la privación de libertad en México y realizar un informe que presentarán ante la ONU.
Durante la visita, acudirá a lugares de privación de la libertad, incluidas cárceles, comisarías de policía e instituciones para menores, migrantes y personas con discapacidad psicosocial, que se encuentran en diversas partes del país incluyendo la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas.
Asimismo, el mecanismo de las Naciones Unidas se reunirá con representantes de instituciones gubernamentales, comisiones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y con otros actores interesados.
La visita oficial se llevará a cabo del 18 al 29 de septiembre y la delegación estará compuesta por los expertos Matthew Gillett, Ganna Yudkivska y Miriam Estrada-Castillo.
Al finalizar sus recorridos y reuniones, los relatores realizarán una conferencia de prensa el próximo 29 de septiembre a las 13:00 hora local en el Salón de Conferencias Prebisch de la CEPAL México.
Finalmente, presentará un informe final al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2024.
De acuerdo con el mecanismo, la detención es arbitraria cuando no tiene fundamento jurídico o se violenta el derecho internacional, por la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales o cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso.
Este Grupo fue creado por la Comisión de Derechos Humanos en 1991 con el fin de examinar las violaciones al derecho a la libertad personal por detenciones arbitrarias, así como los derechos que debieran gozar todas aquellas personas privadas de su libertad.
El mecanismo visitó México por primera vez en el año 2002, tras la cual concluyó que la figura del arraigo en México constituye una forma de detención arbitraria. Además, encontró que los lugares donde se mantenía a las personas bajo esta figura legal se manejaban de manera discrecional.
De esta forma, fue la primera instancia internacional en pronunciarse en contra del uso de esta medida en México, incluso antes de que fuera elevado a rango constitucional.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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