Previamente, en sendos comunicados, las organizaciones afirmaron que la resolución de la Corte “implica un grave retroceso para los derechos de las víctimas” y que el tribunal “ha decidido darle la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas”.

Recordó que la Primera Sala, con la antigua integración, “declaró por unanimidad la inconstitucionalidad” de la reforma por eliminar el mínimo presupuestal necesario para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) emitiera medidas de apoyo, asistencia, rehabilitación y reparación.

Maldonado señaló que ese criterio derivó en jurisprudencia.

Sin embargo, la nueva integración del tribunal no sólo rechazó emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, sino que decidió reabrir el fondo del asunto.

Para él, la decisión afecta incluso a la propia Corte porque “reabre el debate y deja desprotegidas a las víctimas y entonces la pregunta es, ¿de dónde obtiene legitimidad una corte que le da la espalda a las víctimas?”.

También sostuvo que la legitimidad de un tribunal constitucional no deriva del origen electoral de sus integrantes, sino de sus resoluciones.

Asimismo, Iván Benumea, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar, subrayó que la resolución tuvo una carga política visible durante la discusión y coincidió con Maldonado en que la eliminación de la garantía presupuestaria deja a las víctimas expuestas a decisiones anuales del Congreso.

“Lo que tenía que discutirse, fue cómo regresamos ese presupuesto que es indispensable para atender los derechos humanos de las personas”.

Por su parte, María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro Pro, recordó que su organización presentó el amparo originalmente porque la CNDH, en ese momento, no utilizó la vía de acción de inconstitucionalidad.

Explicó que su impugnación se enfocó “exclusivamente en la medida regresiva de eliminar esta garantía de tener un mínimo de presupuesto” y no en cuestionar los fideicomisos.

Aseguró que la decisión de la Primera Sala fue coherente y garantista, pues pedía asegurar recursos aun cuando existieran recortes o cambios administrativos.

Aguilar sostuvo que la revisión del Pleno fue atípica porque “parece un levantamiento de la cosa juzgada, pues porque genera mucha incertidumbre”.

Sobre los argumentos esgrimidos durante la deliberación, afirmó que fueron “políticos, engañosos, insustanciales”, y que algunas ministras defendieron la eliminación de fideicomisos desde la óptica de su participación en la administración federal anterior.

Criticó que en el debate se subrayara que no había víctimas quejándose por falta de presupuesto y según la directora del Centro Pro, ese enfoque “no permitió una discusión sustantiva de cómo proteger más a las víctimas”.

También propuso una alerta más amplia sobre el funcionamiento del tribunal.

También advirtió que los “principios de certidumbre jurídica están en juego” si este mecanismo de revisión se vuelve recurrente.

El día que la policía visitó su hogar, explica que apartaron a Laura, su sobrina, para ese momento ya sabían que ella había hecho una recarga telefónica al número desde el cual les habían solicitado el rescate de  6 millones de pesos. 

Fernando acusa que la Fiscalía tuvo evidencia desde el segundo día  y tardó mes y medio en realizar las detenciones. “Si ya tenían evidencia, ¿por qué no los detuvieron? ¿Por qué no se hizo nada para garantizar la vida de mi hijo?”, cuestiona.

Asegura que el pedazo de playera que él mismo entregó desapareció bajo custodia ministerial, lo que impidió obtener huellas o muestras de ADN. “Nos dijeron que se había perdido. Esa negligencia es imperdonable.”

“LAS BÚSQUEDAS RESULTARON INÚTILES”

Las búsquedas oficiales, dice, han sido tardías e ineficaces. La primera en campo ocurrió cuatro meses después de la desaparición, en el mismo punto donde fue hallada la camioneta. “Buscar cuatro meses después es absurdo. Ya no hay rastros, todo está alterado”, reclama.

Fernando critica la actuación de las comisiones de búsqueda: “Son inútiles, no deberían existir. Lo que se necesita es una Fiscalía que investigue, no oficinas que repartan culpas. A nosotros nos mandan a buscar al Ajusco sin indicios, mientras no hay una sola búsqueda en vida de mi hijo”.

La familia de Olin se ha unido con otras dos familias: las de Ana Amelí y Luis Óscar, desaparecidos también en la zona, para realizar sus propias jornadas de difusión. Pegan lonas, carteles y mantas con recompensas y números de contacto, muchas veces sin apoyo institucional.

“Nosotros somos personas mayores. No tenemos fuerza ni conocimientos para hacer búsquedas, pero lo hacemos porque nadie más lo hace. A las familias nos engañan. Las leyes de víctimas son letra muerta”, lamenta.

SER ESCUCHADO CUESTA UNA HUELGA DE HAMBRE

Ante la inacción, Fernando y su esposa realizaron una huelga de hambre de dos días frente a la Secretaría de Gobernación el pasado 23 de octubre. La protesta derivó en una reunión con la Comisión Nacional de Búsqueda y la fiscal general Bertha Alcalde Luján.

“Ese viernes firmamos una minuta de acuerdos: se comprometieron a investigar por qué no se detuvo a los responsables a tiempo, por qué se perdió la playera de mi hijo y a reactivar la investigación”, explica Fernando. Con esos compromisos levantaron la huelga.

A casi un año de la desaparición, sólo hay dos personas detenidas y ninguna pista clara del paradero de Olin. “Mientras más tiempo pasa, menos probabilidad hay. Las víctimas no tenemos derechos humanos”, sentencia.

NO ES UN CASO AISLADO

El caso de Olin no es aislado. En los últimos años, el Ajusco se ha convertido en un foco rojo de desapariciones, con operativos tardíos y líneas de investigación fragmentadas entre la CDMX, Morelos y el Estado de México.

Fernando resume su desesperanza en una frase: “No ocupamos fotoboletines, ocupamos resultados, no ocupamos más edificios ni fotoboletines. Ocupamos una persona responsable que investigue, que busque, que responda. Una sola”. 

Su lucha, dice, no busca compasión, sino eficacia: que el aparato de justicia funcione antes de que otra familia tenga que pegar mantas en los cerros del Ajusco.

El Ajusco se ha convertido en un foco rojo de desapariciones forzadas y misteriosas, con al menos 300 casos reportados desde 2017 y más de 340 en la demarcación hasta 2025, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta área de 920 hectáreas, popular entre senderistas y excursionistas por sus senderos y vistas panorámicas, es también un territorio inhóspito marcado por la impunidad del crimen organizado, la falta de vigilancia, alumbrado deficiente y conectividad limitada que obstaculiza el monitoreo de cámaras del C5. 

Casos emblemáticos como el de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, desaparecida en 2017 durante un festival; Ana Amelí García Gámez, una joven de 19 años vista por última vez en julio de 2025 en el Pico del Águila; María Isabella Orozco Lozano, de 16 años, extraviada en septiembre del mismo año; y Luis Óscar Ayala, un odontólogo de 48 años perdido en una caminata, ilustran un patrón alarmante de víctimas, mujeres, hombres y menores, que salen por placer o rutina y no regresan. Colectivos de madres buscadoras, como “Una Luz en el Camino”, realizan jornadas exhaustivas con apoyo de voluntarios, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia, desenterrando restos óseos en lo que llaman “fosas clandestinas”, mientras denuncian la omisión institucional y exigen protocolos más ágiles para combatir esta sombra de violencia en el corazón de la capital.

Durante su estancia, los integrantes de la delegación sostendrán reuniones con legisladores, miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como con organizaciones civiles y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México.

El itinerario incluye una visita a Tapachula, Chiapas, para conocer la situación de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, además de encuentros con defensoras criminalizadas en San Juan Cancuc y con familiares de personas privadas de la libertad de forma arbitraria.

La delegación también abordará el caso de Kenia Hernández, defensora amuzga encarcelada en el Estado de México.

La plataforma advirtió que desde 2023 han sido asesinadas al menos 47 personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas en posible relación con su labor. De ellas, 16 contaban con medidas de protección al momento de su muerte.

En el caso de las mujeres defensoras, 18 han sido asesinadas, la mitad de ellas buscadoras de personas desaparecidas, de acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

Los resultados de la misión serán presentados el 6 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y posteriormente ante autoridades europeas.

El texto de la iniciativa, en su artículo 27, establece:

“La autoridad judicial, para resolver cualquier incidente de nulidad o exclusión de pruebas que haga valer la persona imputada o su defensa, durante un procedimiento seguido por algún delito previsto en esta Ley, por considerar que fueron obtenidas con violación de derechos humanos, deberá analizar oficiosamente si se actualiza la fuente independiente, el vínculo atenuado o el descubrimiento inevitable sobre las mismas.”

De acuerdo con el Centro Prodh, esta redacción implica que “una prueba obtenida mediante una violación a derechos humanos, como la tortura, podría ser validada bajo ciertas excepciones”.

Recordó que cuando se discutió la Ley General sobre Tortura, el gobierno también buscó incluir esos criterios, lo que en su momento fue rechazado por el Congreso. “Las y los legisladores en su momento rechazaron incluir estas excepciones. De ser aprobado así, se vulneraría el principio de exclusión absoluta que protege el debido proceso, como previsto por la Corte IDH en casos como el de #CampesinosEcologistas”, advirtió el Centro.

El antecedente del caso de los campesinos ecologistas

El Centro Prodh citó como ejemplo el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, Guerrero, quienes fueron detenidos y torturados por militares en 1999 tras su activismo contra la tala ilegal.

Ambos fueron obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias y condenados por delitos que no cometieron.

Con el acompañamiento del Centro Prodh, el caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2010 declaró al Estado mexicano responsable de violar los derechos a la libertad personal, integridad y garantías judiciales de los activistas.

En su sentencia, la Corte IDH estableció de manera categórica el principio de exclusión absoluta de pruebas obtenidas bajo tortura o tratos crueles, ordenando al Estado reformar su marco jurídico y garantizar que ninguna jurisdicción, incluida la militar, investigue o valide pruebas derivadas de violaciones a derechos humanos.

El proyecto del Ejecutivo contra la extorsión

El pasado 17 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de que el delito se persiga de oficio en todo el país, se unifique su tipificación y se impongan penas de hasta 15 años de prisión, con agravantes como el “cobro de piso” o la comisión del delito desde centros penitenciarios.

La consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, explicó entonces que el proyecto busca crear un marco jurídico uniforme y fortalecer la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno. “Esta iniciativa fue construida en una mesa técnica por varias dependencias del gobierno de México”, precisó.

La extorsión, un delito en expansión

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2025 se registraron 8 mil 585 víctimas de extorsión, un aumento del 5.2 % respecto al mismo periodo del año anterior, y la cifra más alta para este periodo desde 2015.

El 49 % de los casos se concentran en Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato, mientras que entidades como Chiapas, Nayarit y la propia capital registraron los mayores incrementos.

Según la organización México Evalúa, la extorsión se ha consolidado como uno de los “mecanismos más persistentes de control criminal” y ha crecido en 17 entidades durante 2025, incluso pese al despliegue de la estrategia nacional iniciada en julio de este año.

Además del posible impacto en los derechos digitales, el presidente de DPL Group expresó preocupación por la intromisión en la vida privada de los contribuyentes. Señaló que la supervisión fiscal en tiempo real implica riesgos directos al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.

“Lo que quiere Hacienda es supervisar en tiempo real todas y cada una de las transacciones digitales que se están realizando. Todo esto, desde mi punto de vista, choca claramente con el derecho a la privacidad y con la posibilidad de acceder a los datos personales de los ciudadanos”.

Recordó que la actual administración ha mostrado poco respeto por la privacidad. “La 4T ha tenido como característica un poco respeto a la privacidad y al derecho de los ciudadanos a sus datos personales. El anterior presidente [López Obrador], muchas veces en las mañaneras, dio nombres y teléfonos personales de ciudadanos”.

Ausencia de garantías institucionales

Negrete cuestionó la solidez institucional para proteger los derechos digitales en México, destacando la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la falta de un organismo autónomo especializado. “Recuerda que desapareció el INAI y la Oficina de Protección de Datos Personales fue a parar a la Secretaría de la Función Pública, cuando México debería tener una oficina independiente del INAI y de la Función Pública en materia de protección de datos personales”.

El especialista aseguró que no ha encontrado antecedentes de una disposición semejante en otras democracias occidentales. “Por más que la revisara, en otros países no la encuentro. Probablemente en China […] pero en Occidente, no”.

Aún cuando Europa ha sido estricta en su regulación digital, explicó, no ha implementado medidas similares. “Incluso Europa, que ha sido tan rigorista en la regulación del mundo digital, incluso con el costo de ser una región que no está avanzando en su desarrollo digital, no tiene este tipo de exabruptos como el que estamos viendo en este caso”.

Finalmente, Jorge Fernando Negrete lamentó la ausencia de posicionamientos por parte de los órganos legislativos responsables del tema. “Hay una Comisión de Derechos Digitales en el Senado. No he escuchado ninguna opinión de la Comisión de Derechos Digitales del Senado en este aspecto. Estoy francamente sorprendido”.

Y concluyó con una crítica al proceso legislativo que permitió la reintroducción del artículo: “Este mismo artículo fue el que dio origen a la Ley de Telecomunicaciones, que se debatió en el Senado de manera espléndida, y que dio como resultado una nueva Ley de Telecomunicaciones. Y se eliminó este artículo. ¡Lo volvieron a poner!”.

Peor aún, esta información podría terminar en manos de otras agencias. “La información que puede obrar en manos de las autoridades fiscales después puede ser usada por otras autoridades, por ejemplo, de seguridad, por autoridades militares”.

El “Garrote” del Bloqueo y la Censura Indirecta

La reforma establece el bloqueo temporal del servicio para quienes no cumplan con otorgar el acceso a las autoridades fiscales. Flores Sosa describe esta medida como “el garrote, el castigo”, una amenaza que podría usarse para silenciar voces y constituir una forma de censura indirecta.

Organizaciones y colectivas feministas señalan que el juicio de amparo es una herramienta vital para proteger a las mujeres y niñas frente a violencias institucionales, omisiones del Estado y discriminación estructural, por lo que, las modificaciones propuestas representan el debilitamiento de los derechos conquistados por décadas y la erosión de la ciudadanía para defender sus derechos básicos.

Entre 1947 y 2024, han sido once veces las modificaciones realizadas en materia de emparo que derivaron en tres importantes leyes: la Ley de Amparo en 1919, la Ley Orgánica en 1936 y la Ley de Amparo en 2013. Esta última es la que continua vigente, aunque en 2011 se ordenó la modificación a los artículos 94°, 103°, 104° y 107° el cual incluyó la figura del interés legítimo.

La preocupación de las organizaciones

Según explicó el abogado Jesús Segovia, la principal modificación de las Ley de Amparo propuesta por Sheinbaum es a la figura del interés legítimo del juicio de amparo. Gracias a esta disposición una persona cuyos derechos se ven afectados indirectamente puede apelar a un amparo. No obstante, con las modificaciones que propone Sheinbaum las personas juzgadoras tendrían las facilidades para proporcionar este recurso bajo criterios limitados y específicos.

Uno de los escenarios para permitir el interés legítimo del amparo es una lesión jurídica como una restricción, intervención, daño y perjuicio directo a quien lo está solicitando. Las organizaciones advierten que afecta a colectivos, grupos en situación de vulnerabilidad, así como la protección de derechos colectivos porque el beneficio del amparo tendría que extenderse solo a quien lo solicita sin poder ayudar a otros.

Un ejemplo concreto son las organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos en estados dónde el aborto se encuentra completa o parcialmente penalizado. Una forma de combatir las restricciones sobre la interrupción del embarazo no deseado ha sido a través de los amparos dónde se argumenta que las restricciones de la ley afectan de manera indirecta los servicios que proporcionan como el acompañamiento.

Cuando les aprueban un amparo, las mujeres a quienes ayudan tienen permitido acceder al servicio de salud público para practicarse un aborto seguro con la protección de la ley. Esta estrategia fue implantada a principios de 2022, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que era inconstitucional penalizar el aborto consentido en los códigos penales.

Entre 2023 y 2024 el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) logro conseguir un amparo en los estados de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán y Chihuahua, antes de que algunos despenalizaran el aborto.

Para el Centro Prodh, los cambios al interés legítimo les quita la flexibilidad interpretativa a las personas juzgadoras al revisar caso por caso a quien solicite el amparo. En suma, al imponer una definición rígida, le retira la capacidad de decidir a las personas juzgadoras lo que muestra desconfianza hacia la labor judicial contradiciendo el discurso de legitimidad impulsado sobre el nuevo Poder Judicial.

En segundo lugar, se encuentra la figura de la suspensión de un acto como una medida cautelar para evitar que se consumen violaciones a derechos, siendo esta una de las principales virtudes del amparo. A pesar de sus grandes beneficios, la propuesta de Sheinbaum pretende reducir los criterios para permitir la suspensión, uno de ellos es que no afecte los beneficios del país o intereses de la sociedad.

De esta manera, las restricciones se vuelven una razón para no otorgar la suspensión de un acto, limitando el alcance colectivo de las resoluciones de los amparos. En el caso de los amparos que buscan abortos seguros en los estados donde aún es considerado un delito, se puede argumentar que la sociedad no tiene un interés en proporcionar la supleción al estar penalizada en la ley, por lo que el derecho a decidir sobre su vida reproductiva de las mujeres se vería vulnerado.

La tercera afectación es sobre la ejecución de las sentencias, es decir, una vez que se gana un amparo se determina un plazo para que las autoridades cumplan con lo establecido. Sin embargo, la propuesta de Sheinbaum elimina las multas otorgadas a las autoridades que acrediten «de manera fundada» el motivo por el cual no puedan cumplir con lo establecido.

Otras advertencias

El Centro Prodh participó en las audiencias públicas realizadas el pasado 30 de septiembre y 1 de octubre en el Senado de la República. En ellas acudieron sectores de la sociedad como organizaciones de la sociedad civil, personas funcionarias del poder judicial, personas de la academia, litigantes y representantes de colectivos de abogacía.

Según narra el abogado Jesús Segovia, lo que observaron en dichas reuniones fue que el parlamento abierto se eliminó una imposición para regular imposiciones físicas y jurídicas, pero no obedecieron a las recomendaciones sobre los tres puntos preocupantes: el interés legítimo, la suspensión y la ejecución. Pese a que se trató de un ejercicio importante de democracia, no hubo cambios sustantivos.

A esto se suma que la cláusula de retroactividad, es decir, que se va a discutir si la reforma a la Ley de Amparo es aplicable para todos los juicios existentes en México o solo aquellos que se empezarán después de que se publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La organización menciona que el primer escenario implicaría «cambiar las reglas del juego» para los procesos que ya están iniciados en defensa de los derechos colectivos.

El organismo expresó su preocupación por la falta de cumplimiento de los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades mexicanas. “Las acciones siguen limitándose a la verificación de documentos sin medidas efectivas para localizar a las víctimas”, lamentó el Comité.

El CED instó al Estado mexicano a garantizar búsquedas inmediatas, efectivas y sin impunidad, así como a fortalecer los mecanismos de prevención y rendición de cuentas en los casos de desaparición forzada.

En el documento, que hace referencia al informe sombra que familiares de víctimas de desaparición, organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas entregaron al CED, el organismo señaló que la ONU atraviesa por problemas “enormes en materia de financiamiento, de atención al cambio climático y de conflictos armaos y construcción e paz, como lo ha demostrado la imposibilidad de las potencias mundiales para poner un alto al genocidio en contra del pueblo palestino en Gaza”, como para dirigir sus esfuerzos en las desapariciones en México.  

“Si la comunidad internacional y en particular la ONU, van a ocupar su atención, no debería ser para apuntar el caso de un país soberano que en los últimos años ha demostrado que puede, con el apoyo democrático de la mayoría del pueblo, ir trazando su propio camino hacia una sociedad más igualitaria, más justa y derechos para todos, no para unos cuantos”, declaró la CNDH.  

En el documento, el organismo minimiza la conclusión a la que llegarán los diez integrantes del CED, expertos seleccionados por representantes de los estados firmantes el tratado contra las desapariciones forzadas y que forman parte de la ONU sobre la situación de desapariciones en México, al señalar que “su opinión no representa lo que pueda opinar la comunidad internacional, y puede ser sujeta a debate y contraargumentos”.  

En lo que calificó como una explicación para que “el pueblo cuente con mayor claridad” de lo que significa la activación del artículo 34 del reglamento del CED, el organismo presidido por Piedra Ibarra señaló que esa medida, anunciada en abril de este año, “puede acarrear presión política para nuestro país desde perspectivas internacionales que no empaten con la realidad ni las necesidades nacionales”.  

Según la CNDH los argumentos de la CED para declarar el inicio del procedimiento “están relacionados con hechos y acciones gubernamentales previas a 2019”, en específico sobre “políticas de seguridad inadecuadas que imperaba durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, cuya gestión estuvo marcada por la mal llamada ‘guerra contra las drogas’, que fue el contexto facilitador del alza sin precedentes de las desapariciones en México en los últimos años”. 

Al omitir que la política de militarización de la seguridad pública llevada a cabo por Calderón se acentuó con Andrés Manuel López Obrador y que continúa con Claudia Sheinbaum, la CNDH apuntó que la situación de estados como Veracruz, Colima y Nayarit, mencionados como emblemáticos en el informe sombra entregado a la CED, “están fuertemente vinculados a los gobiernos estatales de personas priistas con dañada reputación política, algunos de ellos sentenciados por delitos graves”. 

Al quejarse de que en el CED no mencione el trabajo de la CNDH, el organismo salió en defensa de los gobiernos de la Cuarta Transformación al sostener que “las desapariciones forzadas no son consecuencia de una política de Estado como sí ocurría en el pasado, durante la llamada ‘guerra contra el narco’ y durante el periodo de violencia política conoció como ‘guerra sucia’”.  

El organismo informó que entre 2009 y 2025, registró 396 expedientes de queja por desaparición forzada o involuntaria de personas, acumulándose el 69.6% de los casos, 272 expedientes, entre 2009 a 2011, de los cuales 102 corresponden a 2011. 

Según la CNDH entre 2020 y 2025, durante los gobiernos de la 4T, “se han registrado 46 expedientes, esto es 11.6% de todas las quejas entre 2009 y 2025”. 

El organismo cuestionó que “esta tendencia a la baja no es ni siquiera considerada por el CED”, información que es consultable en la página web de la CNDH, en la que se advierte que “de los 396 expedientes mencionaos, 56.8% se abrieron por hechos ocurridos en cinco entidades: Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Chihuahua y Coahuila”, y que la mayoría de los casos ocurrieron entre 2009 y 2012, “en plena estrategia de seguridad fallida durante el calderonismo”.  

Al señalar que durante la gestión Rosario Piedra Ibarra se emitieron 21 recomendaciones por desaparición forzada “de casos actuales y de otros que estaban archivados y no se atendieron”, el organismo omitió mencionar que de acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hay 133 mil 773 personas desaparecidas y no localizadas al 2 de octubre, y una crisis forense de más de 72 cuerpos sin identificar bajo resguardo de fiscalías. 

En su comunicado, la CNDH de Rosario Piedra insiste en rechazar el escrutinio internacional. 

“Desde la Comisión Nacional diferimos categóricamente de las posturas mediáticas que ignoran el trabajo de diversas instancias del Estado mexicano en los últimos años, y que creen que la intervención de agentes extranjeros es la ruta adecuada. Esta Comisión Nacional tiene claro que nos toca a todas y todos en México identificar los problemas nacionales, trazar rutas entre autoridades, instancias protectoras de derechos humanos y el Pueblo”, sentencia el comunicado.

Además, consigna reportes en medios que señalan agentes gubernamentales como cómplices de grupos criminales internacionales, así como bajas tasas de enjuiciamiento y condena en los casos de abusos que involucraban a dichos agentes.

Estados Unidos destacó un caso ocurrido el 31 de marzo de 2024 en Chiapas, cuando 25 personas fallecieron durante un enfrentamiento entre agentes de la Guardia Nacional y un grupo armado en la comunidad Niños Héroes.

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expusieron que 25 personas fueron asesinadas, incluidos civiles mientras esperaban transporte en ferry. No obstante, las autoridades solo declararon la muerte de 10 y ninguno de los elementos de seguridad implicados fueron enjuiciados.

Prensa en la línea de fuego

Los altos niveles de impunidad, incluso en casos de asesinatos o ataques contra periodistas, derivaron en autocensura y una reducción de la libertad de expresión.

Uno de los casos que destaca el Departamento de Justicia es el asesinato cometido contra cinco periodistas en Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Morelos y Colima durante el año pasado.

En algunas regiones, grupos criminales amenazaron o atacaron directamente a periodistas, blogueros y usuarios de redes sociales que los criticaban.

Estimadas Señoras y Señores,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de los cinco defensores tzeltales criminalizados Manuel Santiz Cruz, Agustín, Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, arbitrariamente detenidos en 2022 y desde entonces presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado (CERSS) n° 5, a la luz de la reciente publicación de la opinión emitida el 4 de abril de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca de su caso._

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial:

• La detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan. Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal.

• No existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la normal.

• Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.

• Los detenidos no tuvieron acceso a un intérprete español – tzeltal ni en el momento de su detención ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.

• Las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español.

En consecuencia, solicita que:

• El Gobierno de México ponga en libertad inmediata a Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco y les conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

• El Gobierno de México lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco individuos y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

Existe un marco de obligatoriedad al que el Estado Mexicano se debe adherir ya que, como miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas desde 1945, ha asumido compromisos claros en materia de derechos humanos, los cuales incluyen el respeto y la atención a los mecanismos internacionales. En particular, ante las opiniones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, el Estado Mexicano se compromete legal y políticamente a tomar en cuenta sus opiniones y a actuar en consecuencia. Esto se basa en la Resolución 30/30, en la que se solicita a los Estados considerar seriamente las opiniones del Grupo de Trabajo, tomar las medidas necesarias para corregir las situaciones denunciadas e informar sobre las acciones adoptadas. También se basa en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación — a través de sus instancias competentes — vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales. Esto se demuestra argumentado en la sentencia RA (P) 298/2022 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito del Estado de Morelos, la cual resuelve la omisión por parte de las autoridades de proveer medidas de reparación integral en favor de la quejosa.

Cabe señalar que la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y el Relator Especial de Pueblos Indígenas de la ONU emitieron una comunicación conjunta el 9 de octubre de 2024 en la que llamaron la atención del Gobierno Mexicano acerca de la presunta detención arbitraria, uso indebido del derecho penal e imposición de sentencias de forma desproporcionada contra diversas personas defensoras de derechos humanos, incluidos Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez. Recuerda al Estado Mexicano sus obligaciones internacionales y solicita información relativa a los casos objeto de la comunicación. En la respuesta del Estado a la comunicación el caso de los defensores de San Juan Cancún no ha sido abordado.

También queremos expresar nuestra preocupación por las violaciones de derechos humanos que el Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR ha podido observar en su labor de acompañamiento y documentación, tanto en el marco de la detención como en las audiencias y en sus visitas a la cárcel. Dicha organización estuvo presente durante la detención de Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, pudiendo atestiguar el desproporcionado uso de la fuerza y la actitud intimidatoria de los agentes, que negaron a los detenidos y a sus abogados visionar la orden de aprehensión, conocer los motivos del arresto y conocer sus derechos como detenidos. Durante las audiencias de primera instancia observó los tratos discriminatorios por parte del tribunal hacia las personas tzeltales presentes en el juicio, así como su trato abiertamente amenazante e intimidatorio contra los abogados defensores. A su vez, ha sido sistemática la obstaculización del proceso judicial, que se ha manifestado en constantes cancelaciones de audiencias o en la negación del acceso a observadoras internacionales y prensa. También es remarcable el impacto que SweFOR ha podido contemplar en los cinco defensores a lo largo de sus visitas al penal: la situación de criminalización y las condiciones de vida de la cárcel han derivado en afectaciones médicas cuyo abordaje no ha sido en absoluto facilitado por las autoridades carcelarias, mientras que los cambios en los protocolos de visitas han restringido enormemente las posibilidades de las familias de poder acompañarlos, con el impacto impacto psicológico que ello conlleva. Algunas de estas preocupaciones han sido recogidas en varias misivas enviadas a las autoridades en ocasiones previas.

A las autoridades del Estado Mexicano y del estado de Chiapas solicitamos:

Cumplir con la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, y que se traduce en la liberación inmediata de Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Augustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez; la investigación de las autoridades responsables de su criminalización, y la reparación integral de todos los daños causados.

Cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos, así como los pactos en los que México es firmante, particularmente la Resolución 30/30 de 2016, aprobada por la Asamblea General de la ONU.

Garantizar la no repetición de la privación arbitraria de la libertad a defensoras y defensores de derechos humanos, así como de otras estrategias de criminalización.

A las representaciones diplomáticas y a la comunidad internacional, solicitamos:

Llamar al Estado mexicano a cumplir con la opinión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y poner en libertad inmediata a Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Augustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez; a investigar a las autoridades responsables de su criminalización, y a la reparación integral de todos los daños causados.

Que se pronuncien públicamente sobre la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca del caso de los cinco detenidos de San Juan Cancuc, e insten a las autoridades estatales y federales a ponerlos en libertad de forma inmediata, a investigar a las autoridades responsables de su criminalización, y a la reparación integral de todos los daños causados.

Instar al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y garantías para el debido proceso.

Esperando que esta carta les resulte de interés y motive su actuación, les agradecemos de antemano su atención y quedamos atentas a las respuestas a la presente carta.

Amnistía Internacional | Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic | Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos | Front Line Defenders | Movimiento Sueco por la reconciliación – SweFOR – |

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos |

Servicio Internacional para la Paz, SIPAZ | The Indigenous Peoples Rights International

Las leyes también autorizan a que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas, a pesar de que apenas en 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó que realizara ese tipo de labores, por considerar que se trataba de una técnica de investigación que podría dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas, violar los derechos a la privacidad y a la no incriminación, y que era desproporcionada con relación a los beneficios que se obtendrían.

“La aprobación de estas reformas en materia de Guardia Nacional es parte de un paquete de iniciativas que se abordarán esta semana en el Congreso de la Unión durante el periodo extraordinario, para las cuales tampoco se plantea la mínima apertura, discusión, ni parlamento abierto. Cada una de ellas, y por lo que implica si se implementan en conjunto, representan una amenaza directa para los derechos humanos”, indicaron.

Las organizaciones hacen referencia a las siguientes leyes:

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, aprobadas el 25 de junio, que ordenan la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, para que las autoridades accedan a ellas sin los controles necesarios, así como facultades de acceso irrestricto para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Mientras que las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados, y una Plataforma Única de Identidad para validar, monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real. Esto se complementa con la Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, aprobada por el Senado, para la creación de la Llave MX como mecanismo de autenticación e identificación vinculado a la CURP.

En tanto, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión profundiza el sistema de vigilancia y violación a la privacidad que existía a partir de la ley vigente, al mantener el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales y sin especificar las autoridades facultadas para ello.

Además, el último dictamen incorpora a las “instancias de inteligencia” de manera amplia con la facultad de acceder a esos datos de manera irrestricta, sin transparencia y sin posibilidad alguna de rendición de cuentas.

“Propuestas legislativas son una afrenta directa a los derechos”

Las organizaciones firmantes rechazaron enérgicamente las propuestas legislativas promovidas por el Poder Ejecutivo que buscan ampliar la infraestructura tecnológica y las facultades de vigilancia estatal.

“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”, reiteraron.

Finalmente, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para rechazar las demás legislaciones que se aborden, al Senado de la República para desechar las que les sean turnadas, y al Congreso de la Unión en su conjunto a recordar que su función es servir a los derechos de la población.

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 368 votos a favor y 101 en contra, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, con la que se permitirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceder al menos a 22 registros que contienen información telefónica, biométrica, vehicular, comercial, empresarial, bancaria, de salud, entre otros.

Con esta ley, la SSPC realizará sus labores de investigación a través del Centro Nacional de Inteligencia, así como agrupar en una plataforma toda la información que otras dependencias de seguridad generen en sus propias indagatorias.