Se trata de la más reciente afrenta contra los familiares de desaparecidos que, ante la falta de acción de las autoridades y la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos, han tomado en sus manos desde hace años la tortuosa labor de buscar sus restos.
“En Jalisco no están suspendidas las labores de búsquedas de personas desaparecidas, vamos a seguir cumpliendo con esta tarea tan importante que tenemos y con el compromiso que hicimos desde el primer día de mi Gobierno. Lo que yo dije, y lo dije con mucha claridad, es que está suspendido cualquier procedimiento que surja de una denuncia anónima, hasta que no tengamos un protocolo adecuado”, respondió Alfaro al señalar que no se pueden poner en juego la vida de más policías como ocurrió en Tlajomulco en donde seis personas fallecieron cuando acudían a localizar una fosa clandestina.
El Gobernador, quien enfrenta un problema de violencia y que además se ha confrontado con Movimiento Ciudadano, el partido que lo llevó al poder, negó que su postura busque desacreditar la labor de colectivos, incluso habló de una agenda de trabajo con ellos, una afirmación que contrasta con el abandono que han denunciado estas agrupaciones.
En medio de momentos difíciles, hablar con la verdad siempre es importante. Escucha este mensaje: pic.twitter.com/cPvechmUg0
— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 14, 2023
“(Alfaro) no puede mandar en las madres”, declaró ayer a Associated Press Ceci Flores quien busca a sus hijos, Alejandro Guadalupe, desaparecido en 2015 y Marco Antonio, secuestrado en 2019. Las autoridades no le han dicho nada sobre el paradero de ninguno de los dos.. “Si no ayuda, que no estorbe”.
Algunos grupos de búsqueda ponen en duda la versión del Gobernador sobre el ataque del martes por la noche, en el que aparentemente se detonaron siete dispositivos a control remoto. El grupo Madres Buscadoras de Jalisco emitió un comunicado en el que calificó de ilógica la explicación del gobernador.
“Jamás recibimos esa llamada y nunca salimos de noche a campo”, se afirma en el comunicado. “Si crees que corremos peligro Enrique Alfaro Ramírez, danos la protección que merecemos por hacer Tú trabajo”.
Héctor Flores señaló que las bombas eran un mensaje para el gobierno y no un ataque a los grupos de búsqueda. “Pensamos que es una ruptura con el gobierno de los cárteles, no tanto un ataque a los buscadores”, sentenció.
La llamada anónima que alertaba sobre el descubrimiento de fosas clandestinas y que se convirtió en una emboscada con explosivos en contra de la policía cobró la vida de seis personas. Alfaro explicó que la llamada anónima había dado a conocer la ubicación de una supuesta fosa clandestina junto a una carretera en la localidad de Tlajomulco, Jalisco. El cártel enterró dispositivos explosivos improvisados en el camino y los detonó al paso de la caravana policial, causando la muerte de cuatro policías y dos civiles. Los artefactos eran tan potentes que destruyeron cuatro vehículos, hirieron a 14 personas y dejaron cráteres en la carretera.
Se trata de la más reciente afrenta contra los familiares de desaparecidos que, ante la falta de acción de las autoridades y la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos, han tomado en sus manos desde hace años la tortuosa labor de buscar sus restos.
El Gobernador dijo que las autoridades no atenderán las llamadas anónimas, pero madres buscadoras dijeron a Associated Press que este es uno de los principales recursos con los que cuentan para localizar a sus seres queridos. “Las llamadas anónimas son la manera en que muchas veces encontramos los restos”, dijo Héctor Flores, que encabeza el colectivo Luz de Esperanza en Jalisco. “No puede encontrar a los desaparecidos y ni puede garantizar la seguridad de los que buscan”.
La frustración de Flores es evidente: el 18 de mayo se cumplieron dos años de la desaparición de su hijo, Héctor Daniel Flores Fernández, en Guadalajara, y desde entonces no hay rastros de él.
Ahora los buscadores como él perderán el poco apoyo policial que tenían: caravanas de expertos forenses que salían a exhumar los cuerpos que los buscadores localizaban, una medida necesaria para obtener los análisis forenses con el fin de identificar los restos.
Durante mucho tiempo, los colectivos han intentado evitar la ira de los cárteles declarando públicamente que no buscan pruebas para llevar a los asesinos ante la justicia, sino que simplemente quieren encontrar a sus hijos.
De hecho, una de las fuentes de información más eficaz para localizar fosas son las pistas proporcionadas por delincuentes.
Ceci Flores, líder de un grupo de búsqueda en el estado de Sonora, limítrofe con Estados Unidos, acaparó titulares el mes pasado cuando pidió públicamente a los cárteles una tregua para que no interfirieran en sus labores. Dijo que varios grupos delictivos han respondido al llamado.
“En algunos estados ellos (los criminales) nos han respondido diciéndonos que no hay ningún problema, que sigamos buscando a los desaparecidos”, indicó Flores. Los delincuentes incluso declararon estar conscientes de que “a lo mejor, en algún momento, los tengamos que buscar a ellos también”.
USAN ATAQUE A FGE PARA CANCELAR BÚSQUEDAS: COLECTIVOS
Alfaro no termina de cerrar un frente cuando ya ha abierto otro. A la par de que insiste en marcar una diferencia con la dirigencia de Movimiento Ciudadano de cara a 2024, volvió a atacar a las madres buscadoras de personas víctimas de desaparición forzada y ordenó suspender las búsquedas tras las explosiones de minas terrestres registradas en Tlajomulco, una zona urbana muy cercana a Guadalajara.
Jalisco es el estado con mayor número de desapariciones forzadas registradas a nivel nacional. Hay 70 desapariciones y 45 denuncias diarias en la Fiscalía local en promedio, de acuerdo con Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco. Una Fiscalía “infiltrada por la delincuencia organizada”, según sospechó en junio de 2020 el propio Gobernador tras las detenciones arbitrarias a manifestantes por el asesinato de Giovanni.
“Si la Fiscalía del estado está infiltrada por el crimen organizado –como Alfaro lo declaró–, tendríamos que pensar a quién le conviene que se detengan las búsquedas de fosas por parte de las madres buscadoras. Quién es el que provocó estos atentados, sí, el crimen organizado, pero dónde está”, planteó Roberto Castelán, analista político en Jalisco.
Actualmente, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco buscaba en la fosa de San Juan Evangelista, cerca de la Laguna Cajititlán a unos 18 kilómetros de Tlajomulco, donde ya van más de 50 personas exhumadas. Y, presidido por Indira Navarro, ya anunció que lo seguirá haciendo pese a ser “amedrentadas” por Alfaro. El Fiscal Luis Joaquín Méndez declaró desde la zona del ataque que tras platicar con personal de la Fiscalía en Personas Desaparecidas (creada en 2017 y que depende de la Fiscalía estatal) van a “suspender” el atender reportes de estas características.
“Es muy lamentable, muy grave, que un ataque dirigido a la Fiscalía lo utilicen como pretexto para cancelar las búsquedas, para atacar a los colectivos y para acallar la voz de los desaparecidos momentáneamente. Es una actitud hostil del Gobierno del estado hacia los colectivos. Es parte de su política de desaparecer a los desaparecidos”, dijo Héctor Flores, cofundador de Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, que enfoca sus búsquedas en barrancas a lo largo de la entidad con sus propios recursos.
Tanto los ataques a los colectivos como las negativas a difundir células de búsqueda, las atribuyó a una molestia gubernamental. “Hay una cierta molestia por parte del Gobierno del estado de hacer visible el tema. Ellos no quieren reconocer que es un problema grave el de los desaparecidos”.
Y añadió: “No sabemos dónde termina el Estado y dónde empieza el crimen organizado. Es un narcoestado Jalisco”.
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