Ello, pese a que la CNDH otorgó el perdón a dos de las cinco mujeres, Erika Martínez y su hija; ambas son reconocidas judicialmente como víctimas de delito.
El INAH calculó los daños ocasionados al edificio de la CNDH, que permaneció ocupado del 7 de septiembre de 2020 al 15 de abril de 2022, en 678 mil 574 pesos, que incluyen diversos conceptos como tres jornadas de limpieza del lugar, con un valor de 17 mil pesos cada una dando un total de 51 mil pesos.
El 10 de julio último el INAH intentó llegar a un acuerdo con Erika y su hija, pero, al no lograr conciliar con ellas, ahora las cinco señaladas por el instituto deberán enfrentar un proceso penal en el que a las dos víctimas la Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputar daño patrimonial, mientras que a las otras tres activistas será por despojo y daños.
De la protesta a la invasión
El 2 de septiembre de 2020, en plena crisis por la pandemia del covid-19, integrantes del Colectivo 10 de marzo, entre los que se encuentran familiares de desaparecidos, sostuvieron una reunión con la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.
En el encuentro la ombudsperson nacional le dijo a dos madres de víctimas que sus carpetas de investigación estaban mal integradas y tendrían que volver a sus ciudades de origen.
Ante esta respuesta, Marcela Alemán, madre de una menor víctima de abuso sexual, se amarró a una silla y pasó ahí la noche junto con Silvia Castillo, madre de un joven asesinado.
El acto ocasionó que diversas organizaciones y activistas acudieran a las instalaciones de la CNDH a apoyar desde la banqueta, y para el viernes 7 de septiembre Erika Martínez y Yesenia Zamudio, del Frente Nacional Ni Una Menos, así como integrantes del Bloque Negro Feminista tomaron por completo el inmueble.
Al día siguiente, Alemán y Castillo se fueron, pero las otras mujeres permanecieron en el edificio.
En redes sociales las activistas mostraron cortes finos de carne y otros consumibles guardados en la cocina de la CNDH; reprocharon que, mientras los funcionarios del organismo se alimentan con comida gourmet, las víctimas deben subsistir con carencias por falta de apoyo gubernamental mientras continúan en su búsqueda de justicia.
Las manifestantes vandalizaron una pintura de Francisco I. Madero que se encontraba dentro de la CNDH, así como tres retratos más de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y María Morelos y Pavón. Los cuadros adornaban la sala de juntas de la CNDH.
El retrato de Madero fue “intervenido” por la hija de Erika Martínez, quien tenía 10 años; fue víctima de abuso sexual desde los siete años y, para ese momento, su agresor todavía estaba en libertad.
Las pinturas fueron exhibidas afuera del inmueble y las activistas anunciaron que las subastarían para obtener recursos para ayudar a las víctimas.
Fue así como el edificio de la CNDH fue convertido en la “Okupa Casa de Refugio Ni Una Menos México”, y para subsistir decidieron vender diversos productos que les fueron donados por otros activistas que apoyaban su causa.
Agresión contra una mujer
El 14 de abril de 2022 un grupo de encapuchadas que permanecían en la Okupa vandalizó el vehículo de una mujer que rechazó darles dinero por pasar frente al edificio de la CNDH.
Un video captó cuando las encapuchadas agredían a la mujer y dañaban su vehículo. Las imágenes se volvieron virales en redes sociales, difundidas por la pianista y compositora mexicana Nnux, quien afirmó que la víctima de estos hechos era su mamá.
Aunque la mamá de Nnux salió del auto, las mujeres que la agredieron le quitaron el celular y ya no lo recuperó.
Me acaban de pasar este video un poco más largo en el que se ve el momento en el que mi mamá sigue dentro del coche, cómo sale con las manos en alto diciendo que es profesora y pide ayuda. Se me parte el corazón. pic.twitter.com/bngEaNw2dC
— Nnux (@_nnux) April 15, 2022
Al día siguiente por la noche, un año y siete meses después de la toma del edificio de la CNDH, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuperaron el inmueble histórico.
En el operativo los policías detuvieron a las presuntas activistas Karla, Magda y Areli.
En todo el tiempo que el edificio permaneció tomado la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, no se presentó a hablar con las manifestantes.
Después del desalojo la CNDH denunció la desaparición de 19 expedientes, derivados de quejas que habían presentado víctimas ante el organismo.
Los “criterios” de la justicia
En noviembre de 2017 la hija de Erika fue abusada sexualmente por el hermano de su expareja; la víctima tenía siete años y su agresor, 43.
Erika denunció el hecho, pero el victimario no fue detenido inmediatamente. En lugar de otorgarles medidas de protección, las autoridades les obligaron a salir de su domicilio para alejarse del agresor de la menor. Un año después el hombre regresó para golpear a Erika por denunciarlo; pese a ello, lo volvió a acusar ante las autoridades.
En 2018 Erika presentó una tercera denuncia por despojo, pues cuando intentó regresar a su casa el agresor de su hija y otro de sus hermanos les impidieron la entrada para sacar sus cosas.
En octubre de 2020, después de que Erika participó en la toma del edificio de la CNDH, las autoridades lograron la vinculación a proceso de Miguel “N”, su agresor y el de su hija, pero no lo detuvieron.
Actualmente ya fue sentenciado a permanecer en prisión hasta el año 2036 y por las lesiones que le ocasionó a Erika debe pagarle sólo mil 350 pesos por concepto de reparación del daño, mientras que por el abuso sexual de su hija debe pagar 23 mil pesos. Sin embargo, no ha cumplido con ninguna de las dos cifras.
Después del desalojo, la FGR intentó proceder penalmente contra Erika y su hija, junto con las presuntas activistas Karla, Magda y Areli por los daños ocasionados al edificio de la CNDH por la toma del mismo.
La Comisión otorgó el perdón a la madre y a su hija, mientras que el INAH intentó llegar a un acuerdo reparatorio con ellas.
Durante una reunión que sostuvieron con el INAH en la FGR, el 10 de julio último, la autoridad les informó que pretende cobrar 678 mil 574 pesos como reparación del daño dividido entre las cinco denunciadas, lo que implicaría que cada una tuviera que pagar al Estado mexicano un aproximado de 135 mil 714 pesos.
Al salir de la reunión, Erika explicó a Proceso que el INAH no quiso llegar al acuerdo con ellas.
“No sé por qué nos mandaron llamar para supuestamente llegar a un acuerdo con el INAH, si el INAH no quiso; entonces nos vamos a proceso”, explicó la mujer.
“Nos están pidiendo el pago de 17 mil pesos de una jornada laboral para limpieza y están pidiendo tres jornadas, cuando a mí de reparación del daño el juez me otorgó mil 350 pesos y ellos piden 17 mil por una jornada de limpieza de un edificio”, comentó.
“Se hizo un peritaje de cuánto se iban a gastar y nos dijeron que lo menos que están cobrando son esos 17 mil pesos por una jornada de limpieza, y que se van a necesitar tres jornadas; así que esos 51 mil pesos entran en los más de 600 mil pesos, es una burla, ¿cómo te piden el pago de 17 mil pesos por una jornada de limpieza? A nosotras como víctimas nos dan reparaciones del daño por mucho menos que eso”.
En consecuencia Erika y su hija, quien ya tiene 13 años, deberán esperar a que un juez federal en el Reclusorio Norte fije fecha de audiencia inicial para ser imputadas.
En dicha diligencia el juzgador deberá determinar si las vincula o no a proceso, pasando así de ser víctimas del delito a enfrentar cargos penales.
Sólo una permanece en prisión
Karla, Magda y Areli permanecieron recluidas en el penal de Santa Martha Acatitla desde el desalojo de la Okupa, por robo y daño a la propiedad, derivado de la denuncia presentada por la madre de la pianista Nnux.
Asimismo fueron vinculadas a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, debido a que, según las autoridades, cuando fueron detenidas les hallaron marihuana, bombas molotov, cascos y escudos de la policía.
El 24 de febrero último Karla y Magda lograron el cambio de medida cautelar y actualmente continúan llevando ese proceso en libertad condicional, además de que acreditaron que no traían droga cuando fueron detenidas, que fue una acusación fabricada.
Karla y Magda indicaron que llegaron unas semanas antes del desalojo de la Okupa en calidad de víctimas de violencia, por lo que negaron su participación en la toma de las oficinas el 7 de marzo de 2020.
Sin embargo, ambas defienden el acto político emprendido por otras víctimas ante la ineficacia de la CNDH.
“La toma de las instalaciones fue completamente legítima, por la indolencia e ineficacia de la CNDH ante las violaciones de los derechos humanos que todo familiar de una víctima de feminicidio debe enfrentar en su búsqueda por la justicia”, expresaron en un comunicado luego de ser liberadas.
Areli, que es la única de las detenidas que ha reconocido públicamente su participación en la toma del inmueble, actualmente permanece presa en Santa Martha Acatitla.
Desde abril pasado fueron notificadas de que el INAH y la CNDH las denunciaron por daños a bienes de la nación, valuados en más de 1 millón de pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI, GERARDO FARELL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario