A lo largo de su mandato, que comenzó el 1 de diciembre de 2018, se ha lanzado contra el Poder Judicial federal y local por liberaciones de presuntos delincuentes e incluso ha interpuesto denuncias por amparos otorgados a una construcción en el puerto de Veracruz.
Al igual que lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, García Jiménez ha acusado corrupción y complicidad por parte de jueces y magistrados, a quienes ha exhibido en conferencias.
La Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas (AMMJUM) se pronunció sobre la detención de la jueza Sánchez Hernández y exige que se respete la independencia del Poder Judicial.
La AMMJUM señaló que la independencia judicial “es una pieza insustituible del Estado democrático de derecho” y que “la administración de justicia no puede estar sujeta a vaivenes políticos ni supeditarse a intereses políticos”.
Por separado, la directiva regional XV circuito de la Asociación Nacional de Juzgadores y Juzgadoras Federales (JUFED) también se pronunció por el caso de la jueza detenida y señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la independencia judicial.
“Congruentes con nuestros valores como juzgadores, exhortamos a las autoridades para que se privilegie la independencia de los jueces mexicanos”, indicó en un comunicado.
Jueces de Veracruz detenidos
Angélica Sánchez Hernández, jueza de Cosamaloapan, fue liberada este 7 de junio, 48 horas después de su aprehensión en Xalapa, cuando se dirigía a una cita en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz. Aunque las autoridades no pudieron tener pruebas que justificaran que permaneciera en prisión preventiva, la acusación en su contra por presuntamente agredir y dispararle a policías sigue abierta.
Dos días antes, el gobernador García Jiménez dijo en conferencia de prensa, y sin pruebas, que Sánchez Hernández estaba relacionada con presuntos actos de corrupción y con tener nexos con criminales.
De acuerdo con Carmelo Reyes Gallardo, abogado de la juzgadora, Sánchez Hernández dejó en libertad a Itiel Palacios, el “Compa Playa”, un presunto criminal relacionado con tres homicidios en el estado, porque en su caso había irregularidades. Por esa razón, la jueza decidió no vincularlo a proceso luego de que el asunto fuera revisado por un juez federal y un Tribunal Colegiado.
Este hecho, dice el abogado, provocó la detención de la jueza como represalia. En su declaración, Sánchez Hernández aseguró que fue víctima de tortura y que incluso la obligaron a disparar un arma.
Otra detención de un juez en el estado ocurrió el 23 de marzo de 2023, cuando en un operativo sorpresa fue aprehendido el juzgador Florencio Hernández Espinosa, acusado de cohecho, al presuntamente recibir dinero a cambio de liberar a personas privadas de la libertad.
La detención ocurrió en la entrada del Poder Judicial del Estado, en ciudad de Xalapa, donde policías ministeriales lo esperaban con una orden de aprehensión, luego de que fuera citado por el Consejo de la Judicatura para atender los señalamientos de corrupción en su contra.
El juez, al momento de presuntamente cometer estos ilícitos, estaba adscrito en Orizaba y fue trasladado al distrito judicial de Coatzacoalcos, donde finalmente iniciaron los procedimientos en su contra y le fincaron responsabilidad.
Hernández se desempeñaba como juez de control en el Juzgado de Procesos; se le dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada por el término de dos años dentro del proceso penal 116/2023.
Por otra parte, se recibió la queja contra el juez de nombre C. Florencio de la región de Orizaba en virtud de que ha liberado a presuntos reponsables de diversos delitos.
— Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) November 6, 2020
Seguimos trabajando coordinados con los tres órdenes de gobierno por el bienestar de los veracruzanos.
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El 24 de febrero también fue detenido Andrés “N”, exauxiliar de sala en el distrito judicial de Papantla, vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, cohecho y evasión de presos.
En este caso también está involucrado el juez local Rubén Reyes Rodríguez, excandidato a la alcaldía de Texistepec por el PRD, actualmente prófugo y acusado de liberar a cinco presuntos secuestradores detenidos en agosto de 2017, y un petrolero del norte de Veracruz, presuntamente implicado en la comisión de un secuestro en 2020.
Cuitláhuac García y las denuncias contra jueces
El 21 de abril de 2023, el gobernador se lanzó contra los jueces Mario de la Medina Soto y José Arquímedes Gregorio Loranca, jueces de la entidad a quienes acusó de corruptos por presuntamente brindar amparos para la construcción de la Torre Centro de Veracruz cuando esta incumplió dictámenes de protección civil y uso de suelo.
Sin embargo, fue hasta el 16 de mayo que el gobernador presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los jueces Cuarto y Quinto de Distrito por presuntos actos de corrupción.
“El estado que represento hizo valer los recursos legales ante sendos juicios; sin embargo, se descubrió una serie de lazos familiares y de amistad entre constructores y jueces federales de quienes se presume actuaron en contubernio y encubriendo intereses particulares por encima del Derecho y la justicia", dijo el mandatario.
En particular, acusó a José Arquímedes Gregorio Loranca de liberar a los padres de Marlon Botas, presunto feminicida de Montserrat Bendimes. Ambos fueron liberados el pasado 14 de abril; fueron acusados de actuar en complicidad con su hijo, pero el juez federal consideró que no había elementos para presumir que ellos participaron en el feminicidio.
Los padres fueron detenidos nuevamente el 15 de abril, acusados de omisión de auxilio.
El mismo juez es señalado de liberar a uno de los llamados “porkys”, en el caso de abuso sexual a la menor Daphne Fernández, en 2015.
En octubre de 2022, el gobernador denunció opacidad de jueces federales en la procuración de justicia y exigió al Consejo de la Judicatura Federal ponerse del lado de la sociedad veracruzana.
En conferencia, denunció a los jueces José Ezequiel Santos Álvarez y Alejandro Quijano Álvarez, así como a los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, José Saturnino Suero Alva, Antonio Soto Martínez y José Octavio Rodarte, por la liberación de los presuntos delincuentes señalados por los homicidios del periodista Jacinto Romero y de Nicanor Martínez Olguín, candidato a la presidencia municipal de Tihuatlán.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DIANA DELGADO.
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