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“Quisiera acabar, ya quiero paz”: familias con casos detenidos piden a autoridades resolver paro laboral en Poder Judicial de CDMX

Familias con casos urgentes enfrentan el cierre de juzgados por el paro de labores en el Poder Judicial de CDMX, pese a ello, respaldan a los trabajadores.

Hace tres años, Gabriela Moctezuma Ramírez se separó de su esposo tras más de 23 años de matrimonio. Como en tantas otras relaciones, los problemas y la monotonía terminaron con el amor. El divorcio fue relativamente sencillo hasta que él tomó la decisión de no dar pensión alimenticia, ni a ella ni a sus dos hijas, por lo que tuvieron que iniciar una demanda en su contra. 

El procedimiento para demandar la pensión alimenticia de las tres fue el mismo que cientos de personas en la ciudad deben afrontar día con día: buscar un abogado, acudir a un juzgado familiar, reunir ciertos documentos y esperar las fechas de las audiencias con la esperanza de que estas no sean diferidas. En otras palabras, gastar tiempo, dinero y energía en espera de una sentencia favorable. 

Para suerte de Gabriela, empleada doméstica de 49 años de edad, un juez de lo familiar resolvió, en medio de su espera, que era su derecho recibir una pensión alimenticia, aunque de forma provisional. Por ello, inició un procedimiento para transformar esa orden en una definitiva, pero ya no avanzó debido al paro de labores en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que inició el 29 de mayo de 2025.

El de Gabriela es un caso más que se suma a la lista de miles de asuntos que se mantienen en parálisis en la capital del país, sobre todo en materia familiar, luego de que las y los trabajadores comenzaron a manifestarse en demanda a una mejora salarial y de sus condiciones laborales, exigencias que las autoridades no han podido solventar. 

“En mi familia llevamos más de dos años con esto y sí quisiera terminar, pero creo que esto (el paro) lo ha retrasado bastantes meses. Yo quisiera ya acabar. Ya quiero paz”, dice Gabriela, con el semblante visiblemente cansado, en entrevista con Animal Político.


A pesar del cansancio y la frustración por no poder continuar con su procedimiento, Gabriela pide a las autoridades resolver las demandas de trabajadores, testigo de las condiciones laborales en las que trabajan. 

“Sí me gustaría que pudieran trabajar bajo las condiciones que ellos demandan o bajo algún régimen que para ellos sea justo, para poder tener sus servicios y que nosotros podamos tener el seguimiento en tiempo y forma de nuestros asuntos”, señala.

“No sé si voy a durar meses y no voy a resolver nada”

En circunstancias similares se encuentra Eluvia Martínez Nila, una extrabajadora jubilada de la empresa Teléfonos de México (Telmex), que a pesar de que su esposo falleció desde marzo de este año, no ha podido iniciar un juicio intestamentario -que se promueve cuando una persona muere sin dejar testamento-, necesario para hacer diversos trámites.  

“Por ejemplo, el departamento donde vivo, porque me casé con bienes mancomunados, no puedo ni heredarlo, ni venderlo hasta que no haga el juicio intestamentario. Y pues no lo puedo realizar porque los juzgados están cerrados”, señala Eluvia, quien tiene 62 años. 

La muerte del esposo de Eluvia, quien falleció en un gimnasio en la zona sur de la capital, fue difundida en su momento en medios de comunicación. El hombre murió de forma repentina tras caer de una máquina para hacer ejercicio.

“Yo ya quisiera arreglar mis asuntos, la verdad, porque con esto de la pérdida de mi esposo, uno hace reflexión y piensa ‘no sé si voy a durar dos meses o tres meses y no voy a arreglar nada, ningún papel’. De mis hijos van a decir: murió su papá, murió su mamá y no arreglaron nada. Pero no saben las dificultades que nos vamos presentando ahorita, de que está detenido todo”, comenta. 

Además, Eluvia no solo tuvo que lidiar con promover el juicio, sino también con el retraso en la entrega de los documentos de la muerte de su marido por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), perteneciente al Poder Judicial de la Ciudad de México, que por falta de material, también acumulan cadáveres sin identificar o mal almacenados.

Los peritos y médicos forenses del Incifo se sumaron al paro de labores -aunque de forma activa para no agravar más la crisis forense- de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, en demanda a un aumento salarial, mejora en sus condiciones de trabajo y el despido de sus directivos.

Autoridades piden a trabajadores de juzgados en CDMX regresar a laborar

El 26 de junio de junio de 2025, tras un mes de protestas, Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, informó que, a pesar de sostener 19 mesas de diálogo, no habían podido alcanzar un acuerdo con las y los trabajadores, por lo que simplemente volvió a exhortarlos para que regresaran a trabajar a partir del lunes 30 de junio.

“Sabemos que cada día que el Tribunal no opera plenamente representa un inmenso retraso para la ciudadanía en sus asuntos y en sus procesos legales. Estamos evaluando todas las oposiciones para mitigar los efectos de esta situación en sus trámites […] Por ello, exhorto, así lo vuelvo a decir, a cada uno de nuestros trabajadores que regresen a sus áreas de trabajo”, señaló en una conferencia, sin ofrecer mayores soluciones.

Ante esta situación, Eluvia se sumó a la exigencia para que las autoridades resuelvan las demandas de los trabajadores y que ellos a su vez puedan retomar su caso y los de cientos de capitalinos.

“Yo quisiera decirles que, por favor, tomen cartas en el asunto de los trabajadores. Que los apoyen, que los ayuden, para que a su vez también ellos, como resultado al público, a la gente que necesitamos de esa atención, pues nos atiendan a la brevedad para recuperar el tiempo que estamos aquí detenidos. Sí, me gustaría que las autoridades tomaran cartas en el asunto y le pusieran más atención a su personal. Al fin de cuentas, todo tiene que ser a través de ellos. No hay otro camino”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Próximo presidente de la SCJN se reúne con posible magistrado presidente del TEPJF

Hugo Aguilar Ortiz, próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reunió, el 2 de julio de 2025, con Gilberto de Guzmán Bátiz García, quien podría convertirse en el futuro magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Fuentes consultadas, citadas por el diario Reforma, informaron que en el encuentro Aguilar Ortiz y Bátiz García platicaron sobre propuestas que impulsarían para fortalecer la “justicia electoral”, principalmente que impactara en sectores vulnerables, como los indígenas. Además, afirmaron que en sus discursos deberían “visibilizar” que el voto ciudadano les dio “una legitimidad inédita”.

Ambos propusieron que las sesiones de la Sala Superior del TEPJF y de la SCJN fueran itinerantes, llevadas a cabo en diversos estados del país. También prometieron diseñar una agenda en común, principalmente sobre educación cívico-electoral y divulgación de derechos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Trabajadores judiciales de CDMX en paro exigen auditoría interna, bono extraordinario y basificación

Trabajadores del Poder Judicial de CDMX en paro entregaron un pliego de exigencias que incluye una auditoría interna, incremento salarial con base en ahorros presupuestales, un bono extraordinario en diciembre y la basificación del personal con más de seis meses de antigüedad.

Tras más de dos semanas de paro de labores en el Poder Judicial de CDMX, el viernes pasado la base trabajadora entregó a autoridades capitalinas un pliego de exigencias. Entre los puntos principales se encuentra la solicitud de una auditoría interna antes de agosto, con el fin de detectar y suspender gastos considerados injustificados, y destinar los recursos resultantes a un incremento salarial general.

Además, demandaron la aprobación de un bono extraordinario en diciembre, así como la basificación de personal administrativo, proyectistas, secretarios y trabajadores de medidas cautelares con al menos seis meses de antigüedad, conforme a lo planteado en una “Carta convenio” redactada por el colectivo en paro, documento al que tuvo acceso el Observatorio de Justicia de la Universidad Iberoamericana.

Los trabajadores exigieron participar en la planeación presupuestal de 2026, con el objetivo de garantizar mejoras en condiciones laborales, mobiliario, insumos y atención a la falta de personal.

Finalmente, demandaron que en las negociaciones para el levantamiento del paro no tenga ninguna participación el Sindicato Único de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o cualquiera de sus secciones, luego de que este órgano gremial se ha mantenido omiso ante la movilización de la base trabajadora.

Tribunal Superior de Justicia de CDMX recibe pliego petitorio de trabajadores en paro

En respuesta, el Tribunal Superior de Justicia, en su calidad de parte patronal, propuso revisar el presupuesto para analizar la viabilidad de otorgar un estímulo económico. También se comprometió a no tomar represalias contra los trabajadores movilizados.

Durante la mesa de negociación del pasado viernes, que se prolongó por más de seis horas, las autoridades reiteraron que el monto del posible bono se conocería hasta septiembre, una vez que se revisen los ahorros presupuestales, pero se negaron a establecer un monto concreto o, incluso, a garantizar dicho estímulo.

Esta propuesta oficial implica una modificación al acuerdo ofrecido en la mesa de diálogo previa, realizada el martes 18 de junio, en la que se prometió a los trabajadores un bono y, si quedaba presupuesto, un aumento adicional.

Sin embargo, el viernes, con la presencia del oficial mayor, las autoridades manejaron la entrega del bono sólo como una posibilidad. “Ya no existió esa flexibilidad”, señaló Erika Italia Ojeda, trabajadora administrativa especializada, quien es una de las voceras del movimiento.

Según los trabajadores, las autoridades insisten en que no es viable un incremento adicional este año por la política de austeridad, pero el movimiento consideró que el problema no es la falta de recursos, sino la necesidad de revisar el gasto y redistribuirlo con justicia, mediante una auditoría.

“Incluso, nos dijeron que no jugáramos a las vencidas con Sansón. Fue una especie de amenaza entre líneas. Los trabajadores ya queremos volver a las actividades, pero no así, si firmamos cualquier cosa, en diciembre nos dicen que no hay dinero y otra vez quedamos igual”, subrayó.


Paro en juzgados de CDMX: trabajadores denuncian amenazas

Tras la reunión, los trabajadores en paro denunciaron que han recibido amenazas de nuevas agresiones por parte de grupos de choque, como la que sufrieron el pasado 11 de junio, cuando personas no identificadas atacaron a los trabajadores en el plantón e intentaron liberar los accesos a las instalaciones judiciales.

La movilización de trabajadores en el Poder Judicial de CDMX inició el 5 de junio, con el cierre del edificio de Niños Héroes 132, al que luego se sumaron oficinas como Plaza Juárez, Ciudad Judicial, los archivos judiciales y varias áreas de los reclusorios.

En total, los trabajadores en paro calculan que en el movimiento participan aproximadamente 800 empleados de las diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia capitalinos, inconformes con los rezagos acumulados desde la transición al sistema penal acusatorio, la falta de insumos, mobiliario, instalaciones adecuadas y la sobrecarga de trabajo sin compensación salarial.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO JUDICIAL IBERO.
AUTOR:                           /EDGAR LEDESMA.

Nepotismo y denuncias por tortura: los polémicos jueces y magistrados de la CDMX con aval de Morena

Éstos son los casos más controvertidos de los nuevos jueces y magistrados del TSJCDMX, desde sobrinas de gobernadoras morenistas hasta implicados en tortura y violencia vicaria.

Desde personas cercanas a la 4T hasta cuestionadas por delitos como tortura fueron algunos de los perfiles que resultaron electos por voto popular para ocupar uno de los puestos de juez o magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

Entre los nuevos impartidores de justicia se encuentra María Fernanda González Nahle, sobrina de la gobernadora morenista de Veracruz, Rocío Nahle.

González Nahle será magistrada Civil. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como subdirectora de Verificación en el desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

De acuerdo con su semblanza curricular, en 2017 formó parte del equipo de asesores del senador priista José Marco Antonio Olvera, quien actualmente es delegado general del tricolor en Zacatecas.

Otro cercano a grupos influyentes del morenismo es Oscar Medina Alonso, quien será magistrado penal. En 2020 fue designado agente del Ministerio Público en la Fiscalía capitalina, donde después fue nombrado líder coordinador de Proyectos en la oficina de Ulises Lara, cuando éste quedó como encargado de la institución.

Zeila Eunice Pérez Herrera será magistrada en Justicia para Adolescentes, luego de que hasta el 31 de marzo último se desempeñó como directora de Instrumentos Normativos y Administrativos en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con Clara Brugada, con quien trabajó como directora jurídica en la alcaldía Iztapalapa.

Denuncias y señalamientos

Entre los juzgadores con antecedentes cuestionados se encuentra Carmen Alejandra Lozano Maya, quien será jueza penal pese a que en 2020 tuvo que dejar su cargo como ministerio público en el Estado de México, luego de casi dos décadas en activo. Se separó del cargo porque fue denunciada por actos de tortura, abuso sexual y extorsión en agravio de una mujer y sus dos hijos menores de edad.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Edomex desechó la denuncia por falta de pruebas, pero después fue denunciada nuevamente por actos de corrupción y abusos por parte del colectivo “Presunción de inocencia”, durante un foro legislativo realizado en 2020. Sin embargo, tampoco fue sancionada.

También es el caso de Alejandro Torres Jiménez, quien será magistrado civil. En 2017 fue sujeto a investigación por el Consejo de la Judicatura capitalino por supuestas faltas administrativas en el caso del abogado Ulrich Richter Morales contra la empresa Google.

En aquel momento, Torres era juez Octavo Civil y fue acusado por Richter Morales de dilatar dolosamente el juicio al ordenar 10 intentos para notificar al autor material de las publicaciones reclamadas por el jurista, en un periodo de 12 meses, lo que implicó un promedio de un intento de notificación por mes que mantuvo, todo ese tiempo, empantanado el asunto.

Otro caso es el de Miguel Morales Monter, quien logró quedarse como magistrado familiar pese a que, como juez Quinto Familiar, cargo que ocupaba hasta septiembre último, fue señalado continuamente como cómplice de hombres que ejercen violencia vicaria por favorecerlos con sus determinaciones.

El caso más reciente fue cuando otorgó la custodia de los hijos de Berenice Gervassi al padre de estos, lo que terminó en la muerte de uno de los niños menores de edad; también entregó a los cinco hijos de Maha Schekaibán, a Bernardo Vogel, caso informado por la edición mensual Proceso 0021.

Al postularse como candidato a magistrado, Monter ocupaba el cargo de juez Familiar de Oralidad en los juzgados recientemente creados por la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Uno más es el de Erick Javier Martín Salas, quien será magistrado penal pese a que, como director general para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, puesto que ocupó del 1 de enero de 2022 a noviembre de 2023, fue denunciado junto con otros funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) por hostigamiento, acoso laboral, sexual, discriminación y lo que resulte en agravio de Lucero Muñoz García, abogada que trabajó en la Unidad de Evaluación de Riesgos del mecanismo.

Olimpia García Torres conservará su cargo como juez civil. En mayo del año pasado prohibió a partidos de oposición referirse a lo ocurrido con el derrumbe de la Línea 12 durante la campaña electoral.

El 1 de junio último la capital del país renovó la mitad de sus jueces y magistrados y, por primera vez, conformó el Tribunal de Disciplina Judicial mediante comicios.

En total, se eligieron a 98 jueces y 49 magistrados en materias familiar, civil, de justicia para adolescentes, especializados en adopción y laborales, quienes iniciarán sus nuevas funciones a partir de septiembre próximo.

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reportó que en la elección participó 14.91% del total de ciudadanos registrados en la lista nominal, es decir, un millón 188 mil 863 personas.

De lo federal a lo local

Proceso realizó una revisión de cada uno de los perfiles de los ganadores, entre los que destacan personas que optaron por dejar del Poder Judicial Federal para incorporarse a la justicia local, como Alfonso Alejandro Sánchez Talledo, quien dejará su puesto como secretario de acuerdos en tribunal Colegiado de Circuito, para ocupar una magistratura en materia penal.

En 2023, en su edición semanal número 2426, Proceso informó que Sánchez Talledo, trabajador del Poder Judicial de la Federación (PJF), denunció que una secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en el Estado de México, donde él era magistrado interino (provisional), lo amenazó de muerte.

La administración del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, antes de entregar a la actual presidenta, Norma Piña, decidió reubicarlo en Tamaulipas como solución a su denuncia.

Para evitar su traslado solicitó apoyo a Piña Hernández, quien envió el asunto al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) donde rechazaron reubicarlo en un circuito más cercano al Estado de México, su lugar habitual de residencia.

Anaid Elena Valero Manzano, quien será magistrada penal, antes de postularse para la elección judicial fue una de las candidatas a ser la nueva Fiscal General de Justicia en la CDMX, junto con Bertha María Alcalde y Ulrich Richter Morales, para la administración de Clara Brugada.

Anteriormente, se desempeñó como secretaria de acuerdos en la ponencia de la ministra Norma Piña en la SCJN y también fue directora del Instituto Profesional de Enseñanza Jurídica.

Paulina Cal y Mayor Turnbull, actualmente directora del Instituto de Estudios Judiciales (IEJ) del Tribunal, área encargada de elaborar los exámenes y cursos de carrera judicial, a partir de septiembre próximo será magistrada familiar.

También es el caso de Santiago José Vázquez Camacho, quien dejará el PJF para incorporarse al Poder Judicial local como magistrado familiar. Durante la gestión de Norma Piña en la Suprema Corte fue designado director general de Relaciones Institucionales. Antes se había desempeñado como secretario de estudio y cuenta en la ponencia del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Aspiraciones frustradas

La reforma judicial permitió a los jueces y magistrados locales que llegaron a esos puestos por carrera judicial, tener una candidatura automática para participar en la elección del 1 de junio último.

Aunque el Tribunal local rechazó dar a conocer cuántos de esos juzgadores declinaron sus candidaturas, el IECM informó que 26 magistrados y 30 jueces de primera instancia rechazaron participar.

Proceso documentó casos de nepotismo ejercido por juzgadores que decidieron participar en la elección.

Conforme a los resultados de los comicios, ninguno de ellos logró obtener un puesto, aunque no todos quedaron fuera del Tribunal.

El 25 de marzo reciente esta casa editorial dio a conocer el caso de la magistrada Gloria Rosa Santos Mendoza, quien buscó conservar su cargo en la elección, pero no alcanzó los votos requeridos, por lo que en septiembre próximo deberá dejar su cargo.

Los dos hijos de la magistrada trabajan en el Tribunal, uno de ellos, Joaquín Campos Santos, director de la Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en materia Familiar, fue candidato a juez Familiar pero no resultó electo. Sin embargo, conservará su cargo porque la reforma no le exige su renuncia para participar en la contienda.

Saraí Campos Santos, hija de la magistrada, es secretaria de Acuerdos del juzgado Décimo Teercero de lo Familiar; su esposo y yerno de la magistrada, Vicente del Valle Noriega, fue candidato a juez Familiar y tampoco resultó electo.

El 6 de mayo pasado se informó también el caso de María del Socorro Cecilia Jiménez Vega, jueza de Proceso Oral en materia Familiar, quien fue candidata a magistrada familiar pero no resultó electa.

Sin embargo, sólo deberá dejar su cargo si su plaza formó parte de las vacantes que el Poder Judicial local sometió a la elección de este año.

El esposo de la juzgadora, Omar Arturo Pérez Ricalde, también trabaja en el Tribunal como secretario de Acuerdos Titular de la Unidad de Gestión Judicial Tipo 2 y participó como candidato a juez Familiar, pero no resultó electo, por lo que no será obligado a dejar su cargo.

Mientras que Rebeca Yazmín Rodríguez Pujol, juez interina en el juzgado Sexto de lo Familiar e hija de la magistrada Rebeca Florentina Pujol Rosas, intentó ser magistrada pero no lo logró.

Debido a que ni siquiera tiene cargo de juzgadora, no será obligada a abandonar el tribunal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Aguilar llama a nuevo PJ a etapa sin corrupción, nepotismo, discriminación y clasismo

Tras recibir su constancia de mayoría como próximo Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz envió un mensaje en el que llamó a que el nuevo Poder Judicial de México se conduzca con honestidad y se eliminen prácticas como la corrupción y la desigualdad.

Hugo Aguilar Ortiz, elegido como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llamó a las ministras, ministros, jueces, juezas, magistrados y magistradas que conformarán el Poder Judicial a que esta nueva etapa sea una guiada por la honestidad y donde la corrupción y otros males que han aquejado a la justicia mexicana no tengan lugar.

Durante la recepción de su constancia de mayoría otorgada por el Instituto Nacional Electoral (INE), que le acredita como próximo Ministro presidente de la SCJN, Aguilar Ortiz dirigió un mensaje a las personas juzgadoras que le acompañarán en el que será un nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), elegido por primera vez en la historia de México mediante un ejercicio democrático.
En su mensaje, el Ministro electo invitó a las y los juzgadores a forjar una etapa en la que "la honestidad, la transparencia, la pluriculturalidad, la diversidad y la igualdad sustantiva" sean los objetivos centrales. "Una etapa donde la corrupción, el nepotismo, la discriminación, el clasismo no tendrán lugar", añadió.


En su participación Hugo Aguilar también mencionó que “México está cambiando. La reforma judicial se inscribe en este contexto de cambios profundos, sustentada en un diagnóstico compartido por todos y que la justicia no debe ser un privilegio sino un derecho. Por ello, reitero mi petición de un voto de confianza para la nueva SCJN y el nuevo Poder Judicial. Vamos a construir una justicia para todas y para todos”.

Añadió: “A nombre de los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país, permítanme expresar mi agradecimiento a este INE por el trato digno que hoy estamos recibiendo. A quedado atrás la etapa en la que nuestra palabra, nuestras peticiones, e incluso, nuestra sola presencia era motivo de escarnio y discriminación en estas mismas instituciones. Gracias por todo ello.

Su mensaje se dio durante la sesión que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) realizó este 15 de junio, donde declaró oficialmente la validez de la elección de las nueve magistraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de Diversos Cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF 2024-2025).

La decisión, tomada durante una sesión extraordinaria que llevó a cabo el Consejo General del INE este domingo 15 de junio, marca un hito en la historia democrática de México, al ser la primera vez que la ciudadanía elige directamente a las y los ministros de la Corte mediante voto popular, tras la reforma judicial de septiembre de 2024.

Durante la sesión, se hizo entrega de sus constancias a las nueve personas que fueron elegidas en la elección: Sara Irene Herrerías Guerra, Arístides Rodrigo Guerrero García, Irving Espinosa Betanzos, Giovani Figueroa Mejía, María Estela Ríos González, Loretta Ortiz Alf, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Hugo Aguilar Ortiz, quien presidirá la SCJN.

Fue alrededor de las 19:00 horas cuando el Consejo General del INE reanudó la sesión extraordinaria que comenzó desde las 10:00 horas del domingo, para la entrega de constancias de mayoría a los ganadores de la elección a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Previo a la entrega de constancias, Guadalupe Taddei destacó que hoy culmina un proceso electoral sin precedentes en el país, y dijo: “se trata de un hecho inédito que el INE ha organizado con plena observancia de la Constitución y de los principios que rigen nuestra función: la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, certeza, independencia y máxima transparencia”.

Taddei destacó: “El INE no emite juicios sobre los cambios institucionales que dan origen a nuevos mecanismos de elección, nuestra tarea, como organismo constitucional autónomo, es clara y está definida por la Ley: garantizar que cualquier proceso electoral, sin importar su naturaleza, o su novedad, se lleve a cabo con profesionalismo, integridad y respeto absoluto de los derechos políticos de todas las personas”.

Y añadió: “La legalidad del proceso ha sido garantizada por múltiples mecanismos, desde la fiscalización de los recursos utilizados por las candidaturas hasta la implementación de medidas de accesibilidad, paridad, seguridad en el traslado de materiales y capacitación ciudadana y vigilancia del voto a través de observadores electorales nacionales y visitantes extranjeros”.
La Consejera presidenta del INE citó las palabras de Fray Servando Teresa de Mier, quien en 1820 advirtió: “México no será libre sino cuando sus leyes sean hijas de su realidad y no imposiciones de sus gobernantes”.

Por su parte, la Secretaria General del INE, Claudia Arlett Espino, fue la encargada de nombrar a cada una de los nuevos ministros y ministras, y Taddei entregó las constancias, excepto la de Hugo Aguilar, quien fue entregada por la misma Claudia Arlett, quien es de origen indígena (rarámuri). La secretaria ejecutiva del INE entregó una primera constancia en su lengua materna y luego un intérprete tradujo al mixteco —la lengua del nuevo presidente de la Corte— el mismo mensaje.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Agreden a trabajadores del Poder Judicial de CDMX que están en paro; denuncian a líderes sindicales por represión

Los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, que mantienen un paro laboral desde el 29 de mayo, denunciaron a dos líderes sindicales por presuntamente ordenar que fueran agredidos como medida de represalia.

Esta mañana, mientras trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México se disponían a protestar por un aumento salarial en juzgados y tribunales locales, fueron agredidos por un grupo de personas que, aseguran, fueron presuntamente enviadas por los líderes sindicales del Tribunal Superior de Justicia.

Trabajadores del TSJ capitalino denunciaron que las agresiones, ocurridas afuera del edificio ubicado en Niños Héroes 139, fueron presuntamente orquestadas por Diego Valdez Medina, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial, y por Said Trejo Ayala, líder del Sindicato del Consejo de la Judicatura Local.

“Representante sindical que por medio de sus golpeadores trata de reprimir a la base trabajadora para el cese de paro, y la otra representante del sindicato de la minoría se enciende y no da la cara en defensa de sus agremiados”, señaló una trabajadora del Poder Judicial local en entrevista con Animal Político, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias.

Estas presuntas agresiones se habrían registrado en represalia a que en sus exigencias los trabajadores también solicitan una votación para renovar la dirigencia sindical de Diego Valdez, quien lleva casi 30 años en el cargo y que, afirman, hace negociaciones con el presidente del Tribunal Superior en turno sin tomarlos en cuenta.

Al intentar tomar los edificios del Poder Judicial, un grupo de hombres aventó piedras, otros objetos y arrancaron las mantas que tenían los trabajadores con sus exigencias.

Como respuesta, los trabajadores enfrentaron a los sujetos para impedir que entraran. Se registraron jaloneos y golpes entre ambos grupos; hasta el momento, se reporta una persona herida.

“Nos quisieron intimidar desde temprano”

Desde las 6:00 de la mañana de este día, un grupo de personas identificadas como “cargadores”, quienes suelen acompañar a actuarios en diligencias judiciales, se apostó en las entradas de varios edificios del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entre ellos, había hombres y mujeres que, de acuerdo con testimonios de personal del Tribunal, actuaron como golpeadores para impedir la protesta laboral.

“Estaban desde las seis de la mañana en cada puerta de los inmuebles: Niños Héroes 132, Torre Norte, Torre Sur, Claudio Bernard 150, el 119 y Claudio Bernard 60”, declaró Yanet Villagómez, trabajadora administrativa especializada en juzgados civiles. “Son los que acompañan a las actuarias para los lanzamientos, para las diligencias que tienen que hacer; sin embargo, pues entre esos cargadores hay golpeadores”, afirmó.

Los disturbios comenzaron alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando los trabajadores intentaban iniciar su manifestación. “Fue en la entrada principal del edificio Niños Héroes 132, que es la entrada para el Consejo de la Judicatura. Ahí se armó todo. Aventaron piedras, botellas, tierra. No sabíamos ni con qué nos estaban golpeando”, relató.

También se reportaron agresiones en el estacionamiento de ese edificio, así como en las demás sedes. “Desde que llegamos no nos dejaron poner lonas, lazos, cintas. Nos las quitaban. A una compañera le aventaron una piedra y le abrieron la cara”, narró Yanet. La trabajadora fue atendida por Protección Civil y trasladada primero al ISSTE de Indianilla y posteriormente al Hospital Ángeles.

“Nos quisieron intimidar desde temprano, pero no nos vamos a echar para atrás. Vamos a seguir hasta que nos cumplan”, dijo Yanet al insistir que la huelga se mantendrá.

“No sabemos quién los mandó, pero no fue gratis”, agregó. “Hay versiones de que fue el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, o el sindicato de Diego, o el de un compañero que se llama Rafael. Pero alguien les pagó”.

La protesta

Desde el pasado 29 de mayo, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial local decidieron iniciar una protesta para reclamar un aumento salarial del 7% a sus salarios, que no fueron incrementados a pesar de que la Ley Federal del Trabajo estipula que, desde el primer semestre de cada año, debe haber un incremento.

El 5 de junio de 2025, luego de días de manifestaciones, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, y Diego Valdez Medina, emitieron un comunicado en el que informaron sobre un 5% de aumento directo al salario y 2% en prestaciones.

Los trabajadores no aceptaron dicha propuesta, debido a que señalaron que este acuerdo fue tomado en cuenta sin consultar a la propia base trabajadora.

Ayer, tras una mesa de negociación, autoridades capitalinas indicaron a los trabajadores que no podían seguir en las negociaciones, si no regresaban a laborar, por lo que estos tomaron la decisión de escalar sus protestas, comenzado con bloqueos en diversas calles de la capital este miércoles.

Por este motivo, hoy a las 11:00 horas, autoridades jurisdiccionales y de la Ciudad de México citaron a los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México a una reunión en el edificio de Niños Héroes 119.

“El comentario fue ‘piensen que deben de regresar porque el gobierno de la Ciudad no puede negociar si está interrumpido un servicio que sí consideran sensible para la ciudadanía’. Entonces la respuesta fue no, por eso la comunicación que vamos a tener es que continúa el paro de actividades”, señaló un líder de los trabajadores la tarde de ayer.
Qué piden los trabajadores en paro

Los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México en paro exigen un aumento salarial, mejores condiciones laborales y la renovación de su sindicato.

Desde el pasado 29 de mayo, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial local decidieron iniciar una protesta para reclamar un aumento salarial del 7 %, pues, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en todos los empleos, desde el primer semestre de cada año, debe haber un incremento al salario.

Las y los trabajadores denuncian que debido a las políticas de austeridad, no les dan material para trabajar, mientras que los explotan con jornadas extenuantes, por lo que decidieron convocar a un paro de labores en juzgados en materia familiar.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Congreso de Morelos designa a Elizalde Figueroa como presidente interino del TSJ

Tras 25 sesiones sin acuerdos, diputadas y diputados nombran al magistrado decano como presidente interino hasta 2027.

De forma inédita e invadiendo la autonomía del Poder Judicial, el Congreso de Morelos designó al magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), luego de que el cargo permaneciera acéfalo durante casi dos semanas por la falta de acuerdos entre magistradas y magistrados. 

Con 18 votos a favor, las y los legisladores aprobaron el decreto que nombra a Elizalde Figueroa como presidente interino del TSJ hasta agosto de 2027. El nombramiento deberá publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” antes de que rinda protesta.

La designación ocurrió después de que el propio Tribunal Superior de Justicia remitiera al Congreso un informe solicitando su intervención, al no haberse alcanzado consensos tras 25 sesiones fallidas. 

De acuerdo con el documento, uno de los principales factores que impidió el nombramiento fue la postura del expresidente Jorge Luis Gamboa Olea, quien, tras su destitución, se negó a reconocer al magistrado decano como autoridad facultada para conducir el proceso de elección.

Su resistencia provocó un bloqueo prolongado e incluso, según testimonios recabados por este medio, incurrió en faltas de respeto al magistrado decano en distintas sesiones, lo que tensó aún más el ambiente entre los integrantes del Pleno del TSJ. 

Con base en ese contexto, el Congreso emitió un acuerdo para que el magistrado decano asumiera la presidencia del Tribunal. La medida ha sido señalada por especialistas como un hecho sin precedente en la relación entre poderes del estado que, si bien surgió a petición del propio TSJ, de alguna manera representa una intromisión en su autonomía. 

El coordinador parlamentario de Morena, Rafael Reyes, afirmó que el Legislativo actuó dentro de sus atribuciones para garantizar el funcionamiento del tribunal. Por su parte, el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, respaldó la designación y señaló que permitirá destrabar la situación de parálisis que se vivía en el Poder Judicial. 

Con esta decisión, Juan Emilio Elizalde Figueroa encabezará el TSJ en un periodo clave, previo a la renovación total del Poder Judicial prevista para 2027.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

El Poder Judicial ha frenado 90% de casos fiscales: Sheinbaum; pedirá informe a FGR

La mandataria mexicana denunció que el Poder Judicial ha bloqueado la mayoría de los casos fiscales y adelantó que pedirá al Fiscal un reporte sobre los procesos detenidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este martes que existe un alto número de denuncias e investigaciones por delitos fiscales que no han prosperado debido a que fueron frenadas en el ámbito judicial, específicamente dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), que será renovado.

Al ser cuestionada en su conferencia matutina sobre el avance en la lucha contra la corrupción en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la mandataria mexicana señaló que poco después de asumir el cargo y antes de que concluyera 2024, su Administración revisó, junto con la Fiscalía General de la República (FGR), los casos penales relacionados con factureras y evasión de impuestos. Sin embargo, informó que el 90 por ciento de estos casos fueron frenados por jueces.

“Muchos de los casos, como dos meses después de que llegamos, antes de que terminara el 2024, revisamos e invitamos a la FGR para analizar los casos que han sido denunciados penalmente por factureras, evasión de impuestos, donde hay fraude claro. La mayoría no procedieron ante jueces, son alrededor del 90 por ciento que se detuvieron al momento de solicitar las órdenes de aprehensión”, declaró.


Sheinbaum Pardo adelantó que pedirá al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, que presente un informe sobre estos casos el próximo martes. “Le vamos a pedir al Fiscal el próximo martes que nos ayude con todos estos casos que no procedieron”, anunció.

Asimismo, indicó que existe una mesa de trabajo entre el SAT y la Fiscalía para dar seguimiento a las denuncias presentadas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

El Poder Judicial de la CDMX oculta cifras de jueces que rechazaron candidaturas

Tras una consulta vía transparencia, el Poder Judicial capitalino respondió que no puede dar la cifra de jueces que optaron por la jubilación anticipada porque esa información representa “un juicio de valor”.

El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) consideró que el número de juzgadores en activo que declinaron sus candidaturas para el proceso electoral de este domingo no es información pública.

La institución presidida por Rafael Guerra Álvarez rechazó dar a conocer cuántos juzgadores simplemente decidieron jubilarse anticipadamente, en lugar de declinar la candidatura, para evitar con ello recibir la indemnización mínima establecida en la reforma judicial capitalina de tres meses de salario y 20 días de salario por cada año trabajado, debido a que existen jueces o magistrados locales que tienen más de 40 años de servicio.

“Después de una búsqueda exhaustiva en la normatividad aplicable a esta Dirección Ejecutiva, no se observa denominación alguna relacionada con ‘jubilación anticipada’”, respondió la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos.

En una respuesta vía transparencia, el PJCDMX respondió que dar a conocer el número de jueces que rechazaron participar en la contienda electoral de este 1 de junio, porque no es información pública, es “emitir un juicio de valor”.

Ello, pese a que únicamente se le solicitó el dato estadístico sin requerir detalles de nombres, cargos, género o razones de los juzgadores.
Este segmento de su petición en especial -respondió-, no encuadra en ninguna de las hipótesis invocadas en la Constitución Política y la Ley citada, puesto que no busca obtener propiamente información pública, sino un pronunciamiento que emita esta autoridad, y que implica adoptar o externar por parte de esta, una apreciación subjetiva, una postura, parecer, opinión o un juicio de valor o suposiciones de ciertas apreciaciones o cierto interés particular, por consiguiente, dicho segmento no es factible de atender.
Nepotistas

Conforme a la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura local debió entregar al Congreso capitalino una lista con el número de vacantes que serán sometidas a la elección de este 2025, qué cargos corresponden a las mismas y cuántos y qué juzgadores declinaron participar en la elección, es decir, quienes no harían uso de su pase automático a la planilla electoral.

De esa manera en su convocatoria el Congreso de la CDMX debía establecer el número de candidaturas por cargo que podía postular cada Comité de Evaluación (Judicial, Ejecutivo y Legislativo).

La convocatoria para la elección de este 2025, publicada por el Congreso de la CDMX en la Gaceta Parlamentaria del 30 de diciembre de 2012 sí contiene la cifra que el Tribunal Superior de Justicia considera “un juicio de valor”.

Así, el PJCDMX indicó que para la elección de este domingo serán electos 95 jueces locales en materias civil, mixto civil/tutela de derechos humanos; mixto penal/tutela de derechos humanos; penal, ejecución de sanciones penales, familiar especializado en adopción nacional e internacional, familiar, laboral, justicia para adolescentes y civil especializado en extinción de dominio.

Así como 33 magistraturas en materias civil, penal, ejecución de sanciones penales, familiar y justicia para adolescentes y las cinco magistraturas para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

De los 95 jueces de la CDMX cuyas plazas fueron incluidas en esta elección, sólo 53 decidieron participar y hacer uso de su pase automático a la planilla electoral, por lo que 42 rechazaron las candidaturas. De los 33 magistrados en este mismo supuesto, sólo 10 rechazaron participar.

El 6 de mayo último, Proceso informó que las reglas de la reforma judicial abrieron la posibilidad a nepotistas que buscan ampliar su estancia en el PJCDMX.

Tal es el caso de la magistrada en materia Familiar Gloria Rosa Santos Mendoza, quien busca conservar su cargo y cuyo hijo, Joaquín Campos Santos, director de la Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en materia Familiar, es candidato a juez en esta misma materia.

Asimismo Vicente del Valle Noriega, esposo de Saraí Campos Santos, hija de la magistrada y secretaria de acuerdos en el Tribunal, también es candidato a juez en materia Familiar. 

También está el caso de María del Socorro Cecilia Jiménez Vega, actualmente juez de Proceso Oral en materia Familiar, quien declinó su candidatura automática para lanzarse como candidata a magistrada Familiar y cuyo esposo, Omar Arturo Pérez Ricalde, actualmente secretario de acuerdos titular de la Unidad de Gestión Judicial Tipo 2, es candidato a juez Familiar.

En tanto, Rebeca Yazmín Rodríguez Pujol, juez interina de lo Familiar, es candidata a magistrada en materia familiar, su madre Rebeca Florentina Pujol Rosas actualmente es magistrada en el PJCDMX y, en lugar de recibir sólo la indemnización contemplada en la reforma judicial, optó por jubilarse una vez que lleguen los nuevos juzgadores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Carga de trabajo aplasta la justicia local: un juzgado recibe 5 mil expedientes al año y empleados laboran hasta 17 horas al día

Empleados del Poder Judicial relatan entre pilas de expedientes empolvados, húmedos y hasta pudriéndose cómo han visto duplicarse el número de casos y extender sus jornadas de trabajo, mientras los ciudadanos esperan respuesta de la justicia local.

En su condición de empleada administrativa del Poder Judicial de la Ciudad de México, Adriana sabe que su hora de entrada al trabajo es a las 7 de la mañana, aunque siempre ignora cuál será su hora de salida. Sabe también que desde primera hora deberá atender a decenas de personas, a veces cientos, que acuden al juzgado familiar del sistema escrito al que está asignada para realizar trámites jurídicos, pero que será sólo hasta después de las 3 de la tarde, cuando esa marea de gente se haya ido, que ella podrá enfocarse, al fin, en todo el trabajo que tiene pendiente.

Su centro laboral es un edificio en la avenida Juárez del Centro Histórico, que se debate entre el pasado y el futuro: en los pisos inferiores se llevan los expedientes iniciados en el antiguo sistema de justicia escrito, que se dirimen hasta la fecha. Mientras que en los pisos superiores operan los juzgados orales, renovados apenas en 2024, donde las partes resuelven sus conflictos hablando ante un juez y con trámites en línea, para dejar atrás el exceso de diligencias en papel.

Adriana, sin embargo, forma parte de la plantilla de los juzgados que aún operan bajo el antiguo sistema escrito, por lo que ella recibe al público detrás de un escritorio, atrapada entre montañas de expedientes impresos que se extienden a lo largo de los pasillos hasta llegar a los baños, algunos mojados, pudriéndose, o cubiertos de polvo, reduciendo el espacio que en el que las personas hacen fila para ser atendidas y por donde los demás empleados judiciales deambulan, moviendo pilas de papel de un lugar a otro.

Juzgados locales duplican número de expedientes que reciben al año

Debido a que México inició hace una década la transición al sistema de justicia oral, la capital del país extinguió la operación de 11 juzgados del antiguo sistema escrito y repartió los asuntos a su cargo entre los 22 juzgados que restan en operación, multiplicando así la carga de trabajo de Adriana y sus compañeros.

“Antes –explica–, al año llegaban 2 mil 500 expedientes al juzgado, máximo. Pero ahora, con eso de la extinción de juzgados del sistema escrito, ya llevamos como 4 mil o 5 mil expedientes.”

Debido a esa gran carga de trabajo por atender, reconoce Adriana, “muchas veces sacrifico mis sábados y domingos para sacar algo atrasado, o para adelantar cosas de la próxima semana. Si no, nunca terminaría.”

A inicio de este mes, comenta otra trabajadora, que pide no mencionar ni siquiera su nombre, “avisaron que llegarían más archivos, para que yo buscara dónde colocarlos, pero el único lugar disponible es mi escritorio y mi silla. Todo lo demás ya está empapelado”.

Así, empapelada, está incluso la puerta del juzgado, forrada con 40 hojas en las que se informa sobre los más de 700 expedientes provenientes de juzgados extintos, que ahora deberán ser tratados en este lugar, atiborradas de papel, gente y ruido.

Ciudadanos esperan entre pilas de expedientes la solución de sus casos en la justicia local

Un poco más allá, en estas mismas instalaciones, un hombre de 22 años y una mujer de 19 intentan llegar a un acuerdo por la custodia de su hijo, sentados en un pequeño escritorio, mientras la música de Natalia Lafourcade suena en el celular de una trabajadora. “Lo que construimos se acabó –dice la canción–, lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento…”.

El acuerdo que están a punto de firmar será crucial para el sano desarrollo de su hijo de cinco años, pero la conversación fluye con dificultad, porque las actividades administrativas a su alrededor no frenan, así que deben tratar de dialogar mientras que, a sus costados, caminan y hablan los abogados y demás personas que también tienen asuntos legales que atender en el juzgado, como ese señor en la sala de espera, que grita “¡Necesito que me reciba la jueza o voy a ir al órgano interno de control!”.

En la sala de espera, quienes tienen suerte alcanzan silla y un lugar en la mesa para ojear la montaña de hojas en la que se ha convertido cada asunto. Los menos afortunados deben revisar de pie o esperar que se desocupe un lugar.

“¡No puede ser que la jueza no me reciba, desde que era secretaria de acuerdos!”, reclama el señor, que al final es atendido por un subalterno.

Es en medio de esta vorágine que los dos jóvenes buscan un acuerdo sobre la custodia de su hijo llegan a una propuesta de acuerdo, que piden analizar con sus respectivos abogados, pero, debido a que no hay un lugar privado en el que lo puedan hacer, se retiran a las esquinas del juzgado, para hablar en voz baja.

Luego regresan a la mesa, donde la secretaria de acuerdos alista los documentos que la jueza debe firmar. Mientras tanto, ambos jóvenes permanecen sentados, sin mirarse, ni dirigirse la palabra.

Antes de abandonar el juzgado, Adriana, la trabajadora administrativa que está aquí desde las 7 de la mañana, se despide con una certeza: “Si me va bien –afirma–, salgo de trabajar a las 8:30 de la noche, pero en los peores casos salgo hasta las 12 de la noche.”

Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Impartición de Justicia Estatal, para el año 2023, en México había más de 6 millones de expedientes y causas penales por atender en el sistema de justicia local, que es el ámbito en el que se dirimen las controversias en materia civil, familiar, mercantil y penal. No obstante, la justicia local sólo estuvo en condiciones de atender y concluir 31 % de esta carga laboral.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO JUDICIAL IBERO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ, EDGAR LEDESMA.

Consejo de la Judicatura no tiene recursos para pagar indemnizaciones a jueces y magistrados, pese a que es su derecho

El Consejo de la Judicatura notificó a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que no cuenta con los recursos económicos para realizar el pago de las indemnizaciones de quienes declinaron participar en la elección judicial.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a jueces y magistrados que no tiene los recursos económicos necesarios para pagar la indemnización extraordinaria a quiénes declinaron a participar en las próximas elecciones del 1 de junio, un derecho laboral establecido en el decreto de reforma judicial publicado el 15 de septiembre de 2024.

Así lo informó Israel Fernando González Reyes, secretario técnico A de la dirección general de recursos humanos del CJF, en respuesta a una solicitud de recursos presentada por la jueza Juan Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

En su petición, la jueza Juana Fuentes había solicitado a las autoridades jurisdiccionales que, de manera inmediata, realizaran el pago contemplado en el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.

En dicho artículo -añadido a la Constitución luego de las protestas de las y los trabajadores del PJF- quedó establecido que las personas magistradas y juezas que concluyeran su encargo por haber declinado su candidatura serían acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como las demás prestaciones a que tengan derecho.

Sin embargo, en sesión extraordinaria celebrada el 8 de mayo de 2025, el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal informó que la secretaría general de la Presidencia sometió a consideración del Pleno el oficio firmado por la directora de la Jufed, donde se concluyó que no había recursos para pagar las indemnizaciones.  

“Hago de su conocimiento que mediante oficio DGAJ/3845/2025 de 30 de abril de 2025 dónde se realizó una consulta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, está manifestó, que: ‘… no se cuenta con los recursos económicos para realizar dicho pago, pues los mismos pasaron a Poder de la Tesorería de la Federación, como se dispuso en el mismo Décimo Transitorio del Decreto’”, señala el escrito firmado por el CJF.

Lo anterior ocurrió pese a que en ese mismo artículo plasmado en la Constitución quedó establecido que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”.

De acuerdo con la Jufed, esta indemnización debió haber sido cubierta en diciembre pasado, por lo que la falta de presupuesto no debería ser un impedimento para cumplir con su pago.

Las declinaciones y los fideicomisos del Poder Judicial

En octubre de 2024, unas horas antes de que cerrara el plazo establecido en la Constitución, 845 magistrados y jueces, además de ocho ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), formalizaron su declinación a participar en la elección de sus cargos por voto popular.

La declinación se hizo aún más evidente cuando unos días después, decenas de juezas y magistrada se reunieron afuera del Senado de la República para encabezar un acto simbólico en el que declinaron a participar en la elección judicial, en el que hicieron un repaso de sus trayectorias.

Meses después, la Suprema Corte informó que Nacional Financiera (Nafin) rechazó cumplir con la reintegración de más de 16 mil millones de pesos de 10 fideicomisos del Poder Judicial, con el argumento de que se encuentran vigentes diversas suspensiones definitivas otorgadas por órganos jurisdiccionales.

Sin embargo, de forma unilateral en abril de 2025 Nafin informó que envió al menos 10 mil 247 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), por lo que el CJF advirtió que impugnaría la decisión.

Tras el reclamo de la Judicatura, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los recursos de los fideicomisos que Nacional Financiera entregó a la Tesorería se usarían para mejorar los servicios del ISSSTE.

“Que quede claro que se garantizan los derechos laborales de todos los trabajadores de la Corte, sus salarios y todo, pero ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte, como se estaba haciendo, porque es falso que era para los trabajadores del Poder Judicial, como muchas otras falsedades, que ha dicho, que han dicho algunos ministros y ministras de la Corte”, dijo la mandataria federal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

García Harfuch acusa a jueces de favorecer y liberar a más de 100 presuntos delincuentes

El titular de la Secretaría de Seguridad señaló que 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios se realizaron sin que se cumplieran con las formalidades del proceso.

A menos de un mes de la elección judicial, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acusó a jueces de cambiar las medidas cautelares para que más de 100 presuntos delincuentes salgan de prisión y regresen a las calles, pese a cometer delitos de alto impacto.

Afirmó que entre 2024 y los primeros cuatro meses del 2025 se han registrado 193 determinaciones de órganos jurisdiccionales para favorecer, ya sea con traslados, sentencias absolutorias, auto de libertad y no vinculación a proceso, a presuntos delincuentes.

“Se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que significa que más de 100 delincuentes que regresaron a las calles”, expuso.

Asimismo, detalló que, en ese mismo periodo, fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, Golfo Jalisco, Familia Michoacana, Zetas, Los Rojos, entre otros.

Harfuch ejemplificó que uno de los jueces que favorecieron con resoluciones a presuntos delincuentes fue Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien el pasado el 24 de abril determinó el egreso de Gerardo Ponce Alanís, quien es identificado como uno de los líderes de Cártel del Pacífico.

En 2023 este juez también ordenó la libertad de Mario Alberto “N”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén; en marzo de 2024 dictó auto de no vinculación a proceso a Juan Enrique “N”, operador del Cártel del Golfo; mientras que en noviembre de 2024 revocó la medida de prisión preventiva de José Alfredo “N”, también sobrino de Osiel Cárdenas.

Se realizaron 27 traslados sin que se cumpliera el proceso

El funcionario también señaló que 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios se realizaron sin que se cumplieran con las formalidades del proceso.

“Prevención y Reinserción Social de la propia Secretaría consideró no viables los traslados, ya que dichas personas se encuentran en reclusión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como delitos diversos de alto impacto”, apuntó.

Harfuch indicó que entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados destaca Silvestre Peña Crespo con cinco resoluciones de traslado entre Ceferesos, de personas privadas de la libertad vinculadas con delitos de alto impacto como secuestro, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, portación de arma de fuego y otros delitos.

Mientras que de los 42 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio en medida cautelar, encabezan la lista Enrique Hernández Miranda, de Sonora, con 58 resoluciones y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador también usaba las mañaneras para exhibir a juzgadores, a los que acusó de facilitar la liberación de presuntos delincuentes en fines de semana.

Gertz explica por qué los jueces no pueden ser procesados

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que existe un acuerdo en el Poder Judicial en el que un juez no puede ser procesado si no se autoriza internamente.

“Nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado, un ministro, ¿que es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno, en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan”, dijo.

Señaló que con la nueva reforma dicha practica no continuará.

“De acuerdo con un criterio interno del Poder Judicial, que tiene muchos años y no es de ahorita, no nos permite llevar esos sus juicios más que cuando ellos lo autoricen, eso va en contra de la esencia de un proceso legal de responsabilidad penal, eso se acabó, pero volvemos a lo mismo, son casos específicos, no es todo el Poder Judicial, son personas que han actuado en ese ejercicio, en esas funciones, abusando de su poder y generando un posible delito, eso se acabó”, reiteró.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Nepotismo en el TSJCDMX: Hijos de magistrada Gloria Santos trabajan en el tribunal y buscan ascenso

En medio de la postergación de la ley contra el nepotismo, Gloria Santos quiere conservar su cargo como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia, su hijo Joaquín Campos convertirse en juez Familiar, al igual que Vicente del Valle, esposo de Saraí Campos, hija de Gloria Santos.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y excandidata a ministra de la Suprema Corte, Gloria Rosa Santos Mendoza, tiene a sus dos hijos trabajando en la institución y uno de ellos busca convertirse en juez Familiar en la próxima elección judicial.

Se trata de Joaquín Campos Santos, director de la Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en materia Familiar del TSJCDMX, y Saraí Campos Santos, secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar local.

La magistrada Santos Mendoza formó parte de las listas del Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Proceso informó el 2 de febrero último que, en el año 2007, cuando era juez de lo Familiar, envió a la niña Ilse Michel a un albergue de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como víctima de violencia familiar, dependencia que la envió, sin previo aviso, al albergue subrogado del DIF, Casitas del Sur, de donde desapareció y cuyo caso destapó una red de tráfico de menores en esa casa hogar.

Para el 18 de febrero la magistrada presentó por escrito su declinación a la candidatura para ministra de la Corte.

Sin embargo, ratificó su intención de declinar una vez que el INE ya había impreso, al menos, 100 millones de boletas en las que su nombre aparece como candidata a la Corte, mismas que ya no pueden ser corregidas.

Esto, debido a que la magistrada ratificó personalmente sus escritos de declinación hasta el 28 de febrero último a las 15:45 horas, una semana después de que inició la impresión de las boletas.

Ante ello, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que no se trató de un error atribuible al órgano electoral.

“Que quede perfectamente claro y todos tengamos la misma información: no hay tal error, hay un proceso que se estableció en el Consejo General, hay una renuncia y debe existir una ratificación de la misma, ésta se dio una semana después de que inició la impresión y, por lo tanto, materialmente estamos imposibilitados para corregir, como sucede en cualquier proceso electoral”, señaló Taddei.

Debido a que el nombre de Santos Mendoza aparecerá en la boleta electoral, la consejera presidenta informó que el INE tomará las medidas jurídicas para los votos que obtenga esa candidatura que “no existe”, aunque aparezca en la papeleta.

Pase directo

En lugar de contender para ministra de la Corte, Santos Mendoza participará en la elección judicial capitalina en la que tiene pase directo a la boleta electoral para intentar conservar su cargo como magistrada en materia Familiar, en el que gana mensualmente 149 mil 302.22 pesos, menos impuestos, que quedan en 106 mil 244.55 pesos, según los registros públicos del TSJCDMX.

Como secretaria de acuerdos, su hija Saraí Campos Santos gana mensualmente 62 mil 806.8 pesos, menos impuestos, por lo que obtiene un ingreso neto de 47 mil 281.46 pesos.

Durante el proceso de insaculación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo de la Ciudad de México, realizado el pasado 26 de febrero, Vicente del Valle Noriega, esposo de Saraí Campos Santos y yerno de la magistrada Santos Mendoza, resultó seleccionado como candidato a juez Familiar.
El pasado 19 de marzo el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicó las listas definitivas de candidatos a la elección judicial en las que Del Valle Noriega aparece como uno de los postulados por candidatura única —del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo local— para juez Familiar.
En tanto, el área de la que Joaquín Campos Santos (hijo de la magistrada) es titular se encarga de brindar apoyo administrativo a los juzgados de Proceso Oral en dicha materia, tales como las notificaciones a las partes, oficios y exhortos, entre otros.

Así como de digitalizar los documentos, administrar, controlar y supervisar las unidades de Apoyo Tecnológico y de la Central de Comunicaciones Procesales; supervisar la preparación de las salas de audiencia oral; controlar la agenda y asignación de las salas de audiencia oral, entre otras funciones.

Como titular de dicha Unidad de Gestión, Campos Santos tiene fe pública y gana 72 mil 809.36 pesos mensuales, menos impuestos, lo que implica una remuneración neta mensual de 55 mil 174.89 pesos.

Proceso verificó que tanto Joaquín como Saraí Campos Santos obtuvieron sus cédulas profesionales en el año 2014 como licenciados en Derecho por la Universidad Tepantlato, en la que su madre también es catedrática e incluso tiene un aula con su nombre: “Aula Dra. Gloria Rosa Santos Mendoza”.
Al igual que la magistrada, Joaquín Campos Santos busca quedarse en el TSJCDMX en la próxima elección judicial.
Al haber sido postulado por los comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y del Judicial, su nombre aparece en la lista de candidatos publicada por el IECM como candidatura doble para juez Familiar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

SCJN definirá a los tres integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial

El OAJ estará conformado por cinco integrantes, tres de ellos designados por la Corte, uno por el Poder Legislativo y otro por el Poder Ejecutivo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá en los próximos días el nombramiento de tres de los integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) que adoptará parte de las tareas que hoy desempeña el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

De acuerdo con la reforma judicial el OAJ estará conformado por cinco integrantes, tres de ellos designados por la Corte, uno por el Poder Legislativo y otro por el Poder Ejecutivo, y controlará la administración de los juzgados y tribunales federales, el Máximo Tribunal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto implica que las personas que la Corte designe tendrán mayoría, por lo que se prevé que el tema genere polémica entre los ministros.

Fuentes federales confirmaron que durante la sesión privada de este lunes 10 de marzo, la ministra presidenta, Norma Piña presentó un proyecto de Acuerdo General por el que sus compañeros en el Pleno hubieran tenido que presentar tres propuestas el próximo martes para realizar la elección inmediatamente.

Sin embargo, ante la importancia del asunto, los ministros acordaron esperar a que esté presente Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien no estuvo en la sesión, para discutir el proyecto presentado por la ministra presidenta.

Para aprobar el acuerdo, la ministra presidenta requiere de seis votos de sus compañeros.

Mientras tanto, la ministra Loretta Ortiz anunció su intención de votar en contra del proyecto al considerar que la actual integración de la Corte no debe designar a los integrantes del OAJ, sino el nuevo Pleno de ministros electos por voto popular que iniciará funciones a partir del 1 de septiembre próximo.
“Votaré en contra de la aprobación de este Acuerdo General, ya que, a mi parecer, implica asumir una función de designación que corresponde a la nueva integración de la Suprema Corte, la cual entrará en funciones el próximo 1 de septiembre”, señaló a través de su cuenta de X.
Para la ministra los integrantes del OAJ deben ser designados el 1 de septiembre de 2025, misma fecha en que dicho órgano deberá iniciar funciones.

De acuerdo con la reforma judicial, por única ocasión, la primera designación de los integrantes del OAJ requiere de ocho votos.

Si la actual conformación de la Corte admite realizar las designaciones, las tres ministras afines al gobierno federal, Ortiz Ahlf, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes además son candidatas para conservar sus cargos en el Máximo Tribunal, podrán vetar cualquier nombramiento que los otros ministros intenten realizar.

La reforma judicial también establece que los integrantes del OAJ deberán iniciar sus funciones en la fecha en que tomen protesta los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que serán electos el 1 de junio de 2025, es decir, que tomarán protesta el 1 de septiembre.

Lo cual implica que para el 1 de septiembre ya deberá estar designado el OAJ, es decir, que tendría que ser la actual Corte la que realice tales nombramientos, aunado a que el candado de los ocho votos aplica a la integración actual debido a que los subsecuentes nombramientos del Órgano, que realice la nueva Corte de nueve ministros, únicamente pide seis votos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

CJF responde a García Harfuch sobre presuntos acuerdos entre narcos y jueces

El CJF aclaró que cada resolución que toma alguno de sus integrantes es susceptible de ser impugnada por los canales establecidos en la ley.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó los comentarios del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien resaltó sobre presuntos acuerdos entre jueces y narcotraficantes.

En un comunicado, el CJF aclaró que cada resolución que toma alguno de sus integrantes es susceptible de ser impugnada por los canales establecidos en la ley.

Durante la conferencia de prensa matutina, García Harfuch expresó:

“El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”.

Ante ello, el CJF resaltó que en un Estado de Derecho lo conducente es acudir a las instancias correspondientes.

“Por lo tanto, la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal rechaza insinuaciones sobre el proceder de juzgadoras y juzgadores, y expresa su total disposición a que en caso de haber pruebas, se proceda conforme a derecho sin excepciones”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.