Luis y Juan recogen los cartuchos percutidos y desperdigados por los costados de la carretera que conduce hacia la comunidad rural de Palmas Altas, en el municipio zacatecano de Jerez. Es abril de 2022 y ambos niños corren por esa vía desierta, custodiada ahora por el Ejército Mexicano. Se guardan algunos entre las bolsas y con otros juegan como si fueran silbatos.
Cómo saber si los casquillos con los que Luis y Juan ahora juegan fueron parte de una bala que hizo blanco en un cuerpo vivo. Los niños soplan el cilindro oscuro y hueco. Ese sonido pareciera ser la dolorida voz zacatecana. En ésta y otras 18 comunidades localizadas en el triángulo que forman los municipios de Jerez, Valparaíso y Fresnillo, en el centro del estado de Zacatecas, cada cartucho percutido tiene algo que contar.
Así como los casquillos se han integrado al paisaje, la palabra desaparecido se ha escuchado más por estos lares.
Durante 2021, al menos 11 personas —la mayoría hombres de entre 40 y 50 años— fueron desaparecidas en las comunidades de Palmas Altas, Sauz de los García y Sarabia, que juntas suman 557 habitantes, de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto significa que por cada 50 personas, hay una ausente.
La cifra exacta de las personas desaparecidas es difícil de conocer, porque en muchos casos no existe una denuncia. El miedo a las represalias ha llevado a los pobladores a optar por el silencio. Aún así, lo que se logra conocer coloca a Zacatecas como uno de los epicentros actuales de la desaparición en México: durante 2021 ocurrieron, al menos, 848 desapariciones en el estado, de acuerdo con los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Esa cifra representa 151% más desapariciones que el año anterior. En algunos municipios, como Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez, el aumento fue de más del 200%.
El incremento en el número de personas desaparecidas y de los homicidios están entre las principales razones detrás del desplazamiento forzado que se vive en Zacatecas: alrededor de 3 mil 500 personas han abandonado sus hogares en nueve eventos masivos identificados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En la narrativa oficial, parte del territorio zacatecano está en disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, por ser una zona desde donde se puede conectar fácilmente con Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí y Coahuila.
Los habitantes de la comunidad de Palmas Altas, una de las varias afectadas por el desplazamiento forzado, huyeron a la cabecera municipal de Jerez, a otros estados del país o a Estados Unidos. Los testigos del terror zacatecano cuentan lo que vivieron desde el anonimato; aseguran que su mundo se vio trastocado en enero de 2021 cuando un grupo de 20 hombres armados llegó al poblado. Dijeron que eran ingenieros y que estaban ahí para construir una carretera. La gente de la comunidad se preguntaba: ¿si son ingenieros, por qué las armas?
Uno de los pobladores de la localidad —cuyo nombre se resguarda por su seguridad— asegura que las desapariciones iniciaron el 28 de febrero de 2021, cuando un comando armado secuestró a seis hombres; tres permanecen desaparecidos.
Los datos del RNPNDO muestran que entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de marzo de ese año ocurrieron, al menos, 15 desapariciones; dos personas fueron localizadas con vida y de las demás, hasta principios de junio de 2022, no se sabía nada.
Entre el 1 y el 4 de marzo asesinaron a dos hombres: un poblador en la comunidad de Juana González y a otro en La Noria, ambas ubicadas a pocos kilómetros de Palmas Altas. La información corrió como pólvora; la gente en esos lugares suele conocerse e incluso son familiares. Enterarse de las desapariciones y asesinatos llevaron a los habitantes de diversas comunidades a dejar sus hogares.
“No sabemos por qué se los llevaron. Unos tenían tienda, otros vivían al día, de peones. A nosotros nos dio miedo y nos hizo irnos. Veníamos (a la comunidad) con las autoridades y en ese tiempo no queríamos tocar mucho el tema porque estaba muy sembrado el pánico. De cualquier denuncia que uno hacía, ellos (la gente de los cárteles) estaban enterados”, dice un poblador, él calcula que sólo el 30% de todos los casos de personas desaparecidas en la región han sido denunciados ante el Ministerio Público.
A mediados de marzo otro hombre fue desaparecido. El 3 de abril, un tendero y uno de sus clientes que lo acompañaba tomando un refresco fueron secuestrados. Ninguno de los tres ha sido localizado. La tienda, ubicada en la carretera hacia Palmas Altas, ahora luce abandonada, sus anaqueles están saqueados, solo quedó la libreta vieja con el registro de los productos fiados.
Poco tiempo después, el 10 de mayo, desaparecieron otros tres hombres de Sauz De Los García, comunidad de apenas 110 habitantes ubicada a 20 minutos de Palmas Altas. Por esas fechas, más de dos mil habitantes de las comunidades de la zona tuvieron que abandonar sus hogares. La prisa y el miedo las orilló a dejar todo. Algunas lograron llevarse sus documentos más importantes.
Algunas personas pudieron regresar a sus comunidades meses después, entre septiembre y octubre. Pero el 14 de noviembre secuestraron a otras ocho personas en Palmas Altas, entre ellas a una mujer delgada y morena que lavaba ropa en el patio de su casa sencilla y oscura, rodeada por ladrillos de adobe, alambres y palos que funcionan como una cerca. Dos días después, los cuerpos de su esposo y de otro de los hombres secuestrados aparecieron molidos a golpes en una zona serrana perteneciente a Fresnillo.
La mujer y un hombre permanecen desaparecidos; otros cuatro lograron regresar, algunos mutilados. Lo que vivieron fue “un infierno”, dijo uno de los sobrevivientes.
“En ese rato que andaban con ellos les tocó mirar cómo golpearon a mi hermano. Fui al Ministerio Público a identificar un cuerpo con aquella tristeza de que podría ser él. Lo tenían en la Fiscalía de Fresnillo, nos enseñaron fotos y lo identificamos. Los de la funeraria tenían mucho miedo de ir por su cuerpo, lo tuvimos que sepultar inmediatamente porque estaba mucho muy golpeado. Mi hermano tenía 45 años, siempre trabajó en el campo, le encantaba estar en el rancho”, dice un familiar del hombre desaparecido y asesinado, cuyo nombre prefiere no compartir.
El 25 de enero de 2022, otro hombre de 40 años que conducía cerca de la entrada a la comunidad fue asesinado. Su camioneta apareció días después destartalada y marcada con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De las 134 desapariciones ocurridas en el municipio de Jerez desde 2006, 53 de ellas sucedieron en 2021, de acuerdo con los datos del RNPNDO. Los municipios vecinos de Fresnillo y Valparaíso son dos de los más violentos en la entidad, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el primero hay registro de 505 reportes por desaparición, y en el otro 102. La mayoría son hombres —padres, hermanos, parejas, hijos— en edad productiva.
Una cotidianidad arrebatada
Juan, de 12 años, extraña nadar en las piletas de agua de su rancho, Cieneguitas de Fernández, donde el Ejército no ha podido tomar el control del lugar, aunque en marzo de 2022 los soldados se instalaron a menos de 20 minutos de distancia. Dice que en su pueblo cocinaban discada, jugaban voleibol y los partidos se saldaban con un refresco. Antes de que él y su familia se vieran forzados a huir de su comunidad, un tío que vive en Estados Unidos los llevaba al cine de la ciudad de Zacatecas. Ahora, ese familiar ya no los visita; tiene miedo.
A su hermano y a él les gusta recoger piñones en su rancho, situado entre montes y a donde nadie ha podido volver a entrar desde principios de 2021, debido a que permanece bajo el control de grupos del crimen organizado. El camino hacia Cieneguitas de Fernández inicia en Palmas Altas, que está a 15 minutos de distancia. La brecha que conduce hacia ese lugar luce desierta, prohibida.
“Un día fuimos mi hermano y yo a recoger piñones y ellos venían a corre y corre. Nos gritaron que nos echáramos al suelo. Corrimos y nos tiramos. Nos dijeron que no podemos pasar porque nos pueden llevar. Dicen que ya el rancho va a ser de ellos, de los malos”. Mientras habla, Juan revisa la grabadora de voz y pregunta si él también puede comprar una para tener prueba de lo que “los malos” le han dicho.
Los niños ven esos montes y tratan de identificar los lugares en donde antes jugaban o a donde llevaban a pastar a sus animales. Ahora, todo ha cambiado por culpa de “los malos”, dicen enojados, frustrados. No son los únicos.
Cuadritos de santos y vírgenes llenos de mugre adornan las casas destrozadas de Sarabia, una comunidad a 25 minutos de Cieneguitas de Fernández que parece zona de guerra. Fotos antiguas con cumpleaños y bodas campiranas están regadas por doquier, llenas del polvo que aventaron las paredes agujereadas. Una camioneta quemada y colchones con sangre seca completan el escenario. Todo está en silencio, las casas desoladas y abiertas de par en par.
Esa comunidad, famosa por sus fiestas con banda, comidas y bailes, se convirtió en 2021 en uno de los epicentros de la violencia.
“Es una tragedia, una angustia. Le bajan a uno la autoestima completamente, uno que se había esforzado por trabajar, por seguir cuidando las tierras de mis padres o de mis abuelos y de un momento a otro dejar todo así por el miedo”, dice un poblador de la zona.
En esa zona de Zacatecas las personas cultivan duraznos y manzanas. Por todos lados se pueden ver los arbustos que en febrero se pintan con las flores de los cultivos.
Tras las desapariciones, asesinatos y enfrentamientos armados, los campesinos perdieron sus cosechas y, en consecuencia, sus recursos económicos. Tras haber tenido que huir de sus hogares, el gobierno de Jerez —cuyo presidente municipal es el morenista José Humberto Salazar— propuso a los productores contratarlos como barrenderos del ayuntamiento. Nadie aceptó, de hecho, les pareció una burla.
“No había ninguna respuesta del gobierno municipal. Haga de cuenta como si no pasara nada. Pero tan sabían del problema que ni siquiera fueron a hacer campaña el año pasado, no pusieron urnas ni nada. Ellos como si nada, a nadie buscaron para preguntar cómo estábamos”, dice un habitante de Palmas Altas.
En marzo de 2022 y custodiados por la Guardia Nacional, las familias de las comunidades pudieron regresar a recoger algunas de sus cosas, como electrodomésticos y pertenencias de valor. Pero la situación de inseguridad no ha sido solucionada y nada se sabe sobre las investigaciones de las personas desaparecidas que sí fueron denunciadas.
Los habitantes recuerdan con molestia la frase que David Monreal, gobernador morenista de Zacatecas, dijo a inicios de marzo para responder a la pregunta de cuándo las familias desplazadas podrían regresar a sus hogares: “Ojalá tuviera la respuesta, esa no la tiene ni Obama”.
Fresnillo, un municipio tocado por las ausencias
La casa es luminosa y amplia, su piso es de un verde brillante, acentuado por el contraste de las paredes naranjas y las sábanas con flores que cubren los sillones. Es difícil imaginar que ahí se rompió la vida de Luisa Zapata.
Su casa está ubicada en la cabecera municipal de Fresnillo, uno de los municipios más violentos del país, y una ciudad trastocada por el miedo. Los enfrentamientos armados ocurren en las calles, al interior de comercios, frente a las iglesias. Las balas perdidas dejaron de ser una rareza.
De los 58 municipios que tiene Zacatecas, Fresnillo es donde hay un mayor número de desapariciones según los datos oficiales: de las 2 mil 779 ocurridas desde el 2006 en todo el estado, 505 se registraron en Fresnillo. Ahí permanecen desaparecidas 106 mujeres de entre 15 y 29 años de edad, y 399 hombres que oscilan entre los 20 y los 24 años. La mayoría de las personas han desaparecido desde 2017. El 2021 es el año con el mayor número de registros.
El 23 de enero de 2022, hombres armados y encapuchados quebraron los vidrios de la puerta de entrada de la casa de Luisa. Era de madrugada, ella dormía con su esposo, Ángel Enrique Solís, un mecánico de 48 años. En la habitación contigua estaba su hijo de 14 años, Manuel Enrique. Los hombres tomaron a su esposo en calzoncillos y a ella la tiraron al piso. Solo alcanzó a ver que lo sacaban de la casa. Unos minutos después vio pasar junto a ella los pies de su único hijo en pijama y a un hombre armado que lo llevaba de los hombros. Manuel alcanzó a cruzar su mirada temerosa con la de su madre, empujada al piso con un arma en la cabeza. Fue lo último que ella vio antes de que la liberaran y pudiera salir a correr detrás de la camioneta que se llevó su vida entera.
Las manos de Luisa son pequeñas y morenas, entre ellas sostiene el celular donde muestra la foto de cuerpos embolsados y rodeados por cuerdas, acomodados en una calle de la comunidad rural Pardillo III. Son diez cuerpos, ella señala a uno de ellos y dice que cree que ese era el de su esposo, al que reconoció el 5 de febrero en el Servicio Médico Forense (Semefo) del municipio. Ángel Enrique Solís murió a golpes, torturado. Luisa llora, llora mucho. Sus lágrimas se contagian.
“Me dicen que no esté aquí porque corro peligro, pero yo no tengo miedo, el miedo lo viví en ese rato que se los llevaron. Yo le pedí a Dios que me llevaran también a mí, no sé por qué me dejaron, ellos me vieron el rostro, me vieron todo. Yo creo que mi hijo piensa que me mataron”, narra.
Ella no sabe leer ni escribir, sabe cocinar y de eso ha vivido toda su vida. El único lugar al que no ha podido volver a entrar desde que su esposo fue asesinado y su hijo desaparecido es a la cocina, donde les preparaba tamales y pozole, la comida favorita de ambos. Su rostro marcado por la tristeza esboza una sonrisa cuando platica cómo conoció a Ángel Enrique. El día que desapareció cumplían 18 años de estar juntos. Recuerda que en su primera cita, él la llevó a bailar con el tamborazo de la banda Conjunto Río Grande y la Fe Norteña.
A su hijo lo describe como un niño tímido al que le gusta la electrónica, los chicles y la mecánica, como a su papá. “A él no le gusta ser sociable, casi no tiene amigos. Para mí no es un consuelo que lo traigan trabajando porque para mí es un niño, tiene que estar estudiando, no debe de andar en las armas, es un niño chiquito, además es muy enfermizo, no les va a servir. Ese consuelo me dan los de la Fiscalía, que en cualquier rato puede aparecer porque lo traen trabajando”.
Everardo Ramírez, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, asegura que muchos de los desaparecidos en la entidad son obligados a trabajar para los cárteles: “La unidad de análisis de contexto de la Comisión se ha percatado de los perfiles de las víctimas y nos damos cuenta de que, sobre todo, son hombres utilizados como fuerza de trabajo, es reclutamiento para las actividades que ellos (el crimen organizado) realizan”.
Manuel Enrique, el hijo de Luisa, sabía un poco de mecánica y eso, para las autoridades, podría ser la razón de su desaparición.
En Zacatecas, el número de desapariciones en el RNPDNO pasó de 91 en 2015 a 848 en 2021, un salto diez veces mayor en solamente seis años. Para 2022, la cifra va en 258 desapariciones: 199 son hombres y 59, mujeres.
Incluso en el mapa nacional, durante el 2021, cinco municipios del estado —Zacatecas, Río Grande, Fresnillo, Jerez y Guadalupe— presentaron las tasas de desapariciones más altas por cada 100 mil habitantes, considerando a las poblaciones de más de 5 mil habitantes y con más de 50 casos en cada año.
Luisa no tiene dinero para hacer búsquedas, sus días los pasa en el cementerio donde enterraron a su esposo, a donde llega caminando. A veces también lo hace a la delegación de la Fiscalía en Fresnillo, para revisar si entre los cuerpos que escucha en las noticias que aparecen asesinados se encuentra el de su hijo. “Es una carnicería, cuando regreso a casa me pongo muy mal”, dice llorando. Las noches las pasa sin dormir o con pesadillas.
“Estoy dispuesta a investigar qué cártel se los llevó para suplicarles que me regresen a mi hijo, porque ya no tengo a nadie, solo éramos mi esposo, mi niño y yo, ahora estoy sola. (…) Pongo folletos de mi hijo y me dicen que no lo haga porque es peligroso, pero yo ya no conozco ni el peligro ni el miedo. Todo el día tengo presente a esta gente, no me dejaron ni darles un abrazo, se me escaparon de las manos, no pude hacer nada por ellos, se me escaparon como agua”, lamenta.
El 11 de enero de 2022, a menos de dos cuadras de la casa de Luisa, asesinaron a tres policías. Desde entonces, dice, a las familias de la colonia La Fortuna, al oeste de Fresnillo, “les vino la tragedia”. Luisa menciona que familiares de sus vecinos también han sido víctimas de desaparición o los han encontrado asesinados en esas calles con nombres de piedras preciosas.
En esa colonia también vive su cuñada, María de la Luz Solís, su hijo, José Francisco Álvarez, lo desaparecieron años antes: el 14 de junio del 2016, cuando tenía 31 años y trabajaba como policía vial en el municipio de Calera, a unos 30 kilómetros de Fresnillo. Las dos mujeres pertenecen al Colectivo Rastreador@s Nacionales de Personas Desaparecidas (Ranades).
“Ha sido horrible en este lugar —cuenta María de la Luz. Tengo como 12 años de sentir que esto está muy peligroso; pero horrible, horrible, unos tres o cuatro años. Ya no tenemos paz, ya cualquier ruidito lo sobresalta a uno, de que si llegan aquí o si llegan con la vecina, que también le mataron a su hijo. Nada menos anoche se oyeron tan fuerte unos balazos, nomás está uno con el temor de todo. Ya no tenemos vida”.
“Fresnillo, Calera y Río Grande es donde hemos detectado más la desaparición de hombres jóvenes”, dice Everardo Ramírez, de la Comisión Estatal de Búsqueda. Algunos de ellos, asegura, han aparecido con vida; han logrado escapar o se han liberado del trabajo forzado. Una pesadilla de la que poco se conoce en el país. “Hemos intentado dar seguimiento, pero es casi imposible con las víctimas que regresan, nos dicen que ya no quieren nada a pesar de que sufran por toda su vida por falta de atención”.En el caso de las mujeres que se encuentran desaparecidas, la mayoría tienen entre 17 y 23 años, de acuerdo con las autoridades de la Comisión Estatal de Búsqueda, quienes no descartan que sean víctimas de trata sexual.
Eso pudo sucederle a Edith Marimar García, joven que desapareció el 4 de agosto del 2014. Es delgada, de tez blanca y abundante cabello ondulado y negro, exreina de la Feria Regional de Tacoaleche, la localidad más grande del municipio conurbado de Guadalupe. Desapareció a los 17 años, el 21 de octubre del 2016, cuando desayunaba en el municipio de Valparaíso, colindante con Jalisco, Nayarit y Durango.
Su madre, que vive en una casa de interés social en las periferias de la ciudad de Zacatecas, dice que Ana Laura quiere ser modelo, es alegre y de carácter fuerte.
“Que nos digan cómo y en dónde la dejaron, si la dejaron en una fosa, que nos digan el lugar exacto para ir por ella. O si la dejaron en la calle, drogada, mal de sus facultades que nos digan también en dónde, yo no busco culpables, solo busco a mi hija. Que ella sepa que la amamos y que estamos luchando para encontrarla”, dice su madre.
Ciudad de Zacatecas: volver a la guerra
El 2021 ha sido el año más violento que se haya registrado en Zacatecas, incluso si se compara con el 2010, cuando el Cártel de Los Zetas mantuvo asolada la entidad. Durante el periodo 2015-2021, el número de homicidios dolosos aumentó en más del triple, con un incremento de 466%al cierre del año pasado. La guerra no termina, sólo se transforma.
Frente al Palacio de Gobierno en la capital del estado, en la misma explanada donde en enero de 2022 apareció una camioneta con diez cuerpos en su interior, policías estatales se manifestaron dos meses después contra las malas condiciones laborales, la imposición de mandos y la llegada de ex policías federales a la entidad.
Los policías no ocultaban el miedo. Durante la manifestación llevaban el rostro cubierto por temor a represalias y no respondieron cuando se les preguntaba su nombre. Algunos solicitaron portar su arma también en los días de descanso, bajo el argumento de que podían ser atacados, como ha sucedido con algunos de sus compañeros.
“Zacatecas no merece corruptos, necesita gente que ame nuestro estado. La seguridad merece atención”, se leía en una manta colgada en la puerta del edificio donde se encuentran las oficinas del gobernador David Monreal, quien ocupa ese cargo desde septiembre de 2021. Su llegada al gobierno no significó una disminución de las balaceras, los asesinatos o del número de personas desaparecidas.
Aunque el repunte de desapariciones en Zacatecas ocurrió en 2021 —con 848 desapariciones de acuerdo con el registro oficial—, los años anteriores ya contaban la historia de una tragedia. Entre 2010 y 2011, años de la “guerra contra las drogas” implementada por el gobierno de Felipe Calderón, se registraron 216 desapariciones.
En 2016, las desapariciones volvieron a contarse por centenas. Ese año, ya no se supo de al menos 108 personas. Al año siguiente la tragedia incrementó y se registraron 156 desapariciones. Como una ola que va devorando vidas, en 2020 se pasó a un nuevo nivel: se denunciaron 338 casos de desaparición.
Ya en 2021, la tragedia tomó otra dimensión. Zacatecas se coronó como uno de los territorios más violentos en México: ese año fueron desaparecidas al menos 848 personas en el estado.
“Lo hemos comentado sobre todo con otras autoridades, la constante que vemos es la guerra entre los grupos del crimen organizado. Eso es el factor principal de la desaparición en el estado”, dice en entrevista Everardo Ramírez, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Jorge Salinas Camacho, de 17 años, desapareció la madrugada del 23 de marzo del 2017 en el centro histórico de la capital de Zacatecas, ubicada a 40 minutos de Jerez y a casi una hora de Fresnillo.
Sus padres, Guillermina Camacho y Alberto Salinas, dicen que ese mismo día desaparecieron otros cinco jóvenes en distintos puntos de la ciudad. Con base en algunos indicios, sospechan que Jorge fue reclutado de manera forzada. En 2019 alguien aseguró haberlo visto en Pachuca, Hidalgo, pero la pista nunca se investigó.
Una semana después de la desaparición de Jorge, Rodrigo Rosas Collazo, actual fiscal especializado en Atención al Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, informó a medios de comunicación que, según su investigación, el adolescente no quería regresar a casa y deambulaba en el centro histórico. Días después, su padre confirmó que la persona a la que se refirió el fiscal era un turista que de lejos se parecía a su hijo.
Sergio Orlando Beltrán Martínez, de entonces 19 años, es otro joven que desapareció en 2017, el 7 de junio, tras asistir a un bar en el centro de la capital de Zacatecas. Rosas Collazo fue el Ministerio Público de la investigación antes de ser designado como fiscal especializado, en 2018. Los padres de Sergio, Martha Angélica Martínez y José Guadalupe Beltrán, afirman que la Fiscalía no realizó ninguna búsqueda, no entregó las grabaciones de las cámaras de vigilancia y a cinco años de la desaparición no han entrevistado a testigos clave.
Jorge Salinas y Sergio Orlando tienen, además de ser jóvenes y haber desaparecido en el centro de la capital zacatecana con dos meses de diferencia, algo más en común: Rodrigo Rosas Collazo cometió graves omisiones en la investigación de sus casos.
En 2018, la familia de Sergio Orlando presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (CDHEZ), órgano que en mayo de 2021 determinó que se habían cometido omisiones en la investigación y emitió la recomendación 02/2021 a la Fiscalía de Zacatecas, en la que solicitó iniciar ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción un procedimiento de investigación administrativa en contra de Rosas Collazo y tres policías ministeriales.
La comisión también pidió que la familia de Sergio Orlando accediera al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas de Zacatecas, para realizar un pago de indemnización que, hasta ahora, no se ha realizado.
La investigación por la desaparición de Sergio Orlando se encuentra ahora en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo último que escribió previo a ser desaparecido fue un “te quiero mucho” a su madre, y la letra “Z” en su perfil de Facebook. Sus padres, ella trabajadora de una maquila y él obrero en una mina, creen que se trató de un aviso.
Encontrar para volver a perder
En Zacatecas es común que las madres buscadoras cuenten que no asistieron a una búsqueda o no presionaron lo suficiente a la Fiscalía Estatal con alguna pista porque tienen otros hijos e hijas a quienes deben proteger. Pese a ello, Elvia Margarita Reyes Rodríguez ha seguido en búsqueda de su hijo, Luis Antonio Dávila Pérez, que desapareció a los 30 años el 21 de junio del 2017, cuando circulaba por el municipio de Loreto, colindante con Aguascalientes, cuando repartía aceites lubricantes para coches.
Después de la desaparición de Luis Antonio, su madre fue extorsionada más de una vez para obtener información. En total pagó más de 200 mil pesos.
En marzo de 2019, acompañada de otras familias de víctimas, hizo su primera búsqueda en “El Gallinero”, un predio rural ubicado en el municipio de Loreto: “Nos encontramos muchos restos, pero puro fragmento. El antropólogo que nos acompañó dice que son como de 10 personas y de hace como dos años. Eran como tres mil fragmentitos. Los quemaron, porque también nos encontramos los tambos y las lumbres que ellos hacían”.
La madre de Luis Antonio narra que todo lo que localizaron lo llevaron a la Fiscalía. Han pasado casi tres años y todavía siguen esperando resultados. “Si volvemos a ir seguro nos encontramos más porque era muchísimo, mucho calcinado, había dientitos, muchos huesos, una licencia de un motociclista que hasta la fecha no la han compartido para ver si sale su familia. ¿Qué ganamos con estar trayendo sí no hacen nada? Solo los guardan”.
En 202 1, la Fiscalía de Zacatecas confirmó que tres de los fragmentos que encontraron en Loreto no son positivos con el ADN de la señora Reyes, pero no ha informado a quiénes pertenecen. “Cuando encontramos algún positivo nos da mucho sentimiento. Nos da, de repente, algo de gusto porque alguien va a regresar a casa. Nosotros decimos que va a regresar a casa, pero no es cierto, no regresan porque ahí están, en la Fiscalía, guardados”.
Para Everardo Ramírez, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, la crisis forense es una de las deudas más grandes de la fiscalía zacatecana. “Hemos estado presionando, pidiendo la colaboración con la Fiscalía, para que se hagan los análisis de los restos que se localizaron en ese espacio y en otros”, dice. Otros municipios en donde se han realizado búsquedas desde 2017 son Villa de Cos, Valparaíso, Nochistlán, Jerez y Fresnillo, donde también han buscado en tiros de mina.
De 2020 a septiembre de 2021, la Comisión a su cargo acompañó 27 búsquedas en campo, donde se localizaron de 15 a 18 fosas clandestinas, con un aproximado de 15 cuerpos completos. Además, realizaron otras 14 búsquedas en vida en hospitales, reclusorios y centros de rehabilitación.
Ramírez agrega que el presupuesto estatal para la Comisión de Búsqueda aumentó en más del 300%, pasando de 594 mil 658 pesos en 2020, a 2 millones 384 mil 739 pesos en 2021, cuando también recibieron cerca de 18 millones de pesos de recursos federales.
La señora Reyes cuenta que en una reciente brigada de búsqueda en Monterrey, Nuevo León, un pepenador afirmó haber visto a Luis Antonio dentro de una camioneta. Esa pista no se ha podido investigar.