Durante el año fiscal 2021 (octubre de 2020 a septiembre de 2021), la autoridad migratoria estadounidense registró hasta 557 muertes de migrantes en su intento por cruzar la frontera sin documentos, lo que representa un incremento de hasta 125% en comparación con el año anterior, cuando se registraron 247 casos, y de un 85% en relación con el año previo a la pandemia, cuando sumaron 300.
La muerte de 51 personas asfixiadas dentro de la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, reportada este lunes por la noche, es resultado de los riesgos a los que, cada vez más, se enfrentan las personas migrantes ante una política migratoria que reduce las vías legales y les obliga a arriesgarse, coinciden organizaciones.
La cifra de decesos documentada por la Patrulla Fronteriza es la más alta en más de 17 años; para encontrar un dato similar hay que trasladarse hasta el 2005, cuando se registraron 492. Sin embargo, agrupaciones internacionales de derechos humanos, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han documentado que las muertes de migrantes en la frontera sur son aún más que las registradas por las autoridades: al menos 650 casos.
Eduardo Canales, director del Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas, informó en entrevista que, por ejemplo, tan solo en el condado de Brooks, el año pasado se recuperaron 119 cuerpos de personas en tránsito, mientras en lo que va de 2022 ya suman 53. Según lo atestiguado por su organización, los seres humanos se han convertido en “mercancía” para el crimen organizado, al hacerles creer que es fácil ingresar a Estados Unidos, aun cuando es cada vez más difícil.
La Patrulla Fronteriza ha señalado como una de las principales razones de muertes de migrantes las altas temperaturas que deben soportar en su travesía por el sur de Texas y el desierto de Arizona. Otra es el abandono frecuente en lugares remotos por parte de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, que se refleja también en el incremento de rescates en 2021: 12 mil 854 casos, más del doble que los 5 mil 335 registrados en 2019.
“Esto obedece a una política migratoria que no tiene relación con la necesidad de las personas ni con la demografía ni con las dinámicas económicas; por eso se están ocasionando estas terribles tragedias humanas”, asegura Ana Saiz, directora de Sin Fronteras, AC.
En el tráiler hallado en San Antonio se transportaban más de 60 personas. Hasta el cierre de esta publicación, Rubén Minutti, cónsul de México en San Antonio Texas, había informado que 51 estaban confirmadas como fallecidas, de las cuales 27 son de nacionalidad mexicana. En tanto, 13 permanecían hospitalizadas en estado crítico, con fallas neurológicas, renales, hepáticas y hemorragias internas; de ellas, al menos tres son mexicanas.
Al momento de ser encontradas, las personas trasladadas al hospital tenían indicios severos de deshidratación y agotamiento por calor, según dijo en el lugar Charles Hood, jefe del departamento de bomberos de San Antonio. “Un trabajador de uno de los edificios cercanos escuchó un grito de auxilio, vino a investigar y encontró un tráiler con las puertas parcialmente abiertas; las abrió para mirar y encontró personas fallecidas”, detalló durante el hallazgo William McManus, jefe de la policía.
El director del Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas explicó que esta forma de transportación es un modus operandi cada vez más frecuente y con grupos más numerosos, mientras que quienes están a cargo de los vehículos saben que no hay entrada de aire, dicen que están cerca, que van a llegar pronto, pero el oxígeno en las cajas de los tráileres se acaba con más rapidez.
Detalló que las crisis económicas, los efectos de fenómenos climáticos y las condiciones políticas y sociales siguen orillando a las personas a migrar. La gente va a Estados Unidos a trabajar y mantener a sus familias en su lugar de origen: las tragedias no deberían ocurrir, pues “ponen la sangre en las manos de los congresistas y funcionarios estadounidenses que han creado una política que fuerza a la gente a entrar de un modo clandestino, irregular”.
Desde su perspectiva, es necesario dejar de criminalizar a las personas migrantes y manejar la movilidad de personas en términos seguros, ordenados y regulares, con fianzas mínimas, porque el dinero que hoy usan las familias para cruzar la frontera “va directamente al crimen organizado”, mientras en toda la frontera se ha probado que la contención no funciona.
De acuerdo con la investigación Caracterización de los flujos financieros asociados al tráfico ilícito de personas migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, de la Unidad de Política Migratoria de México, el pago promedio que realizan las personas migrantes para cruzar la frontera es de 4 mil 559 dólares, y el 70% acude a un traficante de personas, por lo que la mayoría de los cruces está asociada con redes transnacionales de tráfico ilícito. El mayor porcentaje es de hombres de entre 18 y 29 años.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), recordó que su organización ha insistido en que las redes del crimen organizado que se dedican al tráfico de personas actúan de manera transnacional de Centroamérica a Estados Unidos, sin que hasta ahora exista una estrategia clara para contrarrestar sus acciones criminales.
Las personas de Centroamérica y México, como evidencian las víctimas de esta tragedia —subraya—, tienen necesidad de buscar una vida digna y de sobrevivir a la violencia, incluso a partir del convencimiento de que se están muriendo en el lugar donde habitan, por lo que prefieren arriesgar la vida en el tránsito, pero piensan que van a llegar y aceptan, en muchas ocasiones, condiciones tremendamente inhumanas.
“Cuando ocurren estos incidentes, hay mucho movimiento y declaraciones de políticos, pero en cuanto pasan unos días se olvida, lo que provoca que no haya investigaciones a fondo, que las familias no reciben justicia, que no exista una sanción para las personas que trafican con los migrantes, y al no haberla, los hechos se vuelven a repetir; es el ejemplo de lo que ha ocurrido en Estados Unidos”, asegura.
Mientras las tragedias permanezcan en la impunidad y no exista una estrategia clara para combatir los beneficios económicos de las redes del crimen organizado, coludidas con el Estado, no habrá ninguna posibilidad de poner freno a su actividad criminal, añade, sobre todo en un país con un 95% de impunidad, que en casos de migrantes puede alcanzar mucho más.
Políticas de contención y devolución
Ana Saiz subraya que las políticas que insisten en reducir las vías legales para migrar provocan que las personas se arriesguen cada vez más, lo que favorece todos los negocios ilícitos alrededor del tráfico de personas.
“Lo que nos está indicando esta tragedia concuerda con las cifras que hemos visto de devueltos por Título 42: la mayoría son personas mexicanas que están siendo desplazadas por la violencia, la pobreza, la falta de opciones y de justicia”, señala Saiz.
Animal Político publicó que durante dos años, la implementación del Título 42 ha permitido la expulsión expedita de más de 1 millón de personas, 386 mil 434 en el primer cuatrimestre de este año. En tanto, hasta marzo de 2022, Human Rights First documentó al menos 9 mil 886 casos de secuestros, tortura, abusos sexuales y otros ataques violentos en la población detenida o expulsada bajo esta política.
De acuerdo con Sin Fronteras, AC, estas tragedias —igual que la volcadura de un tráiler en Chiapas en 2021, donde murieron 57 personas— trastocan y hieren a la región, pero responden a una tendencia mundial que criminaliza la migración y extrema la seguridad de las fronteras, como lo ocurrido apenas el viernes pasado en Melilla, donde se ha confirmado la muerte de al menos 23 personas de entre 2 mil migrantes de origen subsahariano que intentaron cruzar la valla que divide a España y Marruecos.
“Al hacer más difíciles las vías regulares, la gente opta por vías peligrosas. En su mayoría, son personas desplazadas, que no tienen otra opción más que arriesgarse de esa manera, y es algo que incluso podemos ver relacionado con lo que pasó en Melilla el fin de semana: al no abrir opciones, o que funcionen los sistemas de asilo, la gente se ve forzada a arriesgarse terriblemente”, puntualiza Saiz.
El pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular —recuerda— hace énfasis en que la detención debe ser el último recurso: “Es algo que no hemos visto; seguimos con una política impuesta por Estados Unidos. Esta dureza, esta rigidez en las fronteras, es inhumana. Están ahí los documentos firmados, las leyes, los tratados, los principios interamericanos sobre la gestión de fronteras humanas y seguras. Lo acaban de reiterar en Los Ángeles; es una cuestión simplemente de seguir los compromisos ya adquiridos”.
Para Delgadillo, en la Cumbre de las Américas se habrían esperado compromisos mucho más concretos entre los países para organizarse de manera regional con el fin de crear vías seguras para las personas que buscan asilo.
Abandonados a la muerte
Entre 2021 y 1998, el primer año en que las autoridades estadounidenses comenzaron a llevar un registro, han muerto 8 mil 607 migrantes a lo largo de los nueve sectores en los que se divide la frontera suroeste de Estados Unidos con México.
De acuerdo con el informe Abandonados a la muerte, de la Coalición de Derechos Humanos y la organización No Más Muertes, del registro oficial de cuerpos recuperados en la frontera de México y Estados Unidos, se estima que entre tres y 10 veces más personas pueden haber muerto o desaparecido desde la implementación de políticas de prevención a través de la disuasión.
La Patrulla Fronteriza es a menudo la única en responder a llamadas de auxilio, una agencia que, de acuerdo con el documento, ha sobresalido por su falta de transparencia.
Con más de 2 mil 600, el sector de Tucson, en el estado de Arizona, es el que registra más decesos de migrantes, seguido por Río Grande Valley, en la zona de McAllen, con mil 600 muertes, y de Laredo, Texas, con mil 133. Aunque históricamente, el primero acumula más muertes, desde 2015 la zona con más decesos se trasladó a Río Grande y Laredo, en Texas.
Según los datos del informe Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México, 3 mil 059 personas han muerto en su tránsito por la frontera entre México y Estados Unidos desde 2014 hasta 2021, y 659 en las rutas migratorias a través de México. Al menos 400 mil personas, consigna el documento, transitan por México cada año.
En esta investigación, destaca la directora de la FJEDD, se documentan las consecuencias de que Estados Unidos haya incentivado a México y a Centroamérica a militarizar la migración: el uso de la fuerza, y de la más letal, trae más violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias, negación de asilo, violencia contra las mujeres, perfilamiento racial y resultados terribles en términos de la integridad y la vida de las personas que requieren mayor protección.
Para Delgadillo, las declaraciones del fiscal general de la República en torno a la tragedia, referentes a un viaje para determinar la parte de la investigación que le corresponde a México, son “un acto de mucha hipocresía”, porque diversos casos ocurridos en el país, empezando por la masacre de Camargo, no han sido atraídos por las autoridades federales.
Lo mismo ocurre —añade— con el caso de Sofía, publicado por Animal Político, una niña de cuatro años desaparecida al intentar cruzar el Río Bravo, en el que hay sospechas de que podría haber sido recogida por elementos del Grupo Beta, pero la autoridad federal rechaza tener competencia para atraerlo.
“En México no hemos visto justicia en ninguno de estos casos de redes criminales que trafican con las personas; ahora que sucedió en Estados Unidos, esperaríamos que puedan llevar a cabo investigaciones efectivas, con un enfoque transnacional, que hemos estado pidiendo, para saber cómo se organizan estas redes desde Centroamérica. Ojalá allá sí se puedan hacer estas investigaciones, y que Estados Unidos logre justicia para las víctimas y reparación del daño, algo que no ha sucedido en México”, concluye Delgadillo.
Este martes, más de 12 horas después de reportado el hallazgo, el presidente estadounidense, Joe Biden, señaló en redes sociales que la pérdida de vidas en San Antonio es terrible y que sus oraciones están con las víctimas, las familias y aquellos que aún luchan por su vida. Su administración, dijo, continuará haciendo todo lo posible para detener la explotación de migrantes por parte de organizaciones criminales.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA, MANU URESTE.
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