Mientras la CFE revisa contratos ilegales del sector privado con base en la Ley de la Industria Eléctrica, como el de una central de ciclo combinado de Iberdrola en Nuevo León, al sureste del país zapotecos le sugirieron cancelar dos “contratos leoninos” con eólicas establecidas en Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que, para evitar los tribunales, la Secretaría de Gobernación, de Energía y la CFE dialogarán con la iniciativa privada para revisar los permisos de autoabastecimiento para detectar los casos abusivos con la CFE, como el de la central de ciclo combinado de la española Iberdrola en Pesquería, Nuevo León, el cual no fue renovado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por la venta irregular de electricidad a Kimberly Clark, Cervecería Cuauhtémoc, Soriana, entre otras. Pese a un juicio de amparo en proceso, la planta sigue sin operar por la resolución de la Suprema Corte (SCJN).
“Lo que procede es presentar denuncias”, dijo el miércoles pasado el Presidente sobre las empresas que cometen fraude con el autoabasto y venta de excedentes. “Pero antes de eso queremos dialogar, buscar acuerdos con las diez, veinte grandes empresas generadoras; y también con los o 30 grandes grandes consumidores que compran como el 60 por ciento y el resto son pequeños”.
A Eólica de Oaxaca, filial de la francesa Electricité de France (EDF), argumentan los comuneros de Unión Hidalgo, puede cancelarle el contrato de suministro de energía por incumplimiento de una cláusula, ya que arribó en 2015 y no ha vendido electricidad a CFE Suministro Básico desde el plazo acordado del 1 de enero de 2019 por retrasar el proceso de la consulta indígena.
“Es uno de los tantos contratos que el Gobierno federal ha estado señalando como leoninos, ventajosos para las empresas y desventajosos para la CFE, derivado de que todo es un ganar-ganar para ellas. Toda la energía se la venderán a la CFE a precios altos y la CFE deberá bajar energía de manera gratuita a los compradores”, afirmó Juan Antonio López, coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC, la organización que acompaña legalmente a los zapotecas.
Y a DEMEX, filial de la española Renovalia, que vende electricidad a Bimbo, se le puede rescindir el contrato por haber obtenido los terrenos para los aerogeneradores “comprando” a notarios públicos para el arrendamiento de tierras de propiedad comunal, expuso.
“Todos estos proyectos lo que buscan es tener a un comprador general con alguna otra empresa trasnacional, pero la única empresa autorizada a nivel nacional para la transmisión de energía es la CFE. Por eso es ganar-ganar: la CFE coloca la infraestructura para que ellos puedan transmitir su energía gratuitamente y aún así le cobran a CFE por los restantes”, dijo el abogado Juan Antonio López.
La comunidad indígena y agraria de Unión Hidalgo sigue a la espera de que la CFE responda la solicitud presentada el martes 19 de abril en las oficinas de la Ciudad de México. El coordinador de justicia de ProDesc enfatizó que estos dos casos son “una oportunidad muy grande” de verificar contratos ilegales ahora que la Corte determinó constitucional a la Ley de la Industria Eléctrica.
FRANCESA INCUMPLE A CFE
La compañía francesa EDF, con permiso de la Comisión Reguladora de Energía E/1922/GEN/2017, se comprometió mediante contrato a empezar a dar energía a la CFE desde el 1 de enero de 2019 desde la central eólica “Gunna Sicarú” (Mujer bonita en zapoteco), pero el periodo ya se venció.
Argumenta como “causa de fuerza mayor” que no han construido el parque de 115 aerogeneradores con una capacidad de 300 MW porque sigue en proceso la consulta indígena libre, previa e informada.
“Una de las cláusulas del contrato establece que ante el incumplimiento de la empresa, la CFE podrá rescindir el contrato sin mayor problema ni ningún perjuicio”, dijo el abogado de ProDesc, Juan Antonio López. “La consulta indígena no puede ser tomada como una causa de fuerza mayor, porque la empresa desde hace muchos años que hizo el estudio de viabilidad sabía que era una comunidad indígena”.
Además de este daño a la CFE por ventaja competitiva, la firma francesa ha violado el derecho de la comunidad Unión Hidalgo a la consulta indígena y ha generado conflictos y amenazas entre la asamblea de comuneros, así como corrupción con los notarios públicos para la compra-venta ilegal de terrenos de propiedad comunal.
Guadalupe Ramírez, habitante de Unión Hidalgo, hizo un llamado a la CFE para tomar “esta oportunidad histórica y comenzar a resarcir los daños que este proyecto ha provocado”.
El 10 de febrero, por ejemplo, Edgar Martín Regalado, integrante del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, fue víctima de un atentado con arma de fuego desde un vehículo en movimiento cuando se trasladaba en un mototaxi rumbo a su casa, horas después de participar en una rueda de prensa en la ciudad de Oaxaca sobre la construcción de este proyecto energético.
La central eólica estima ser de las más grandes en América Latina en un polígono de 79 hectáreas, pero son terrenos agrarios de propiedad social, registrados por la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedatu) y el Registro Agrario Nacional.
“Al pertenecer a un régimen agrario, no existe la propiedad privada, el territorio es de todos. La empresa EDF contrató notarios públicos que hicieron contratos de compra-venta a personas que decían tener en posesión esas tierras, les daban fe y les hacían escrituras públicas para simular contratos de arrendamiento con pequeños propietarios”, dijo el abogado.
“Eso es un acto de corrupción que viola la Ley Agraria. No pueden generar escrituras públicas ni contratos de ninguna índole en tierras comunales”.
La habitante Guadalupe agregó: “además de que no lo construyeron a tiempo, este proyecto nos ha costado tierra y patrimonio, no solo a nosotros, sino a toda la nación. ‘Gunaa Sicarú’ se tiene que cancelar”.
ESPAÑOLA TAMBIÉN COMPRÓ NOTARIOS
En 2004, la empresa Desarrollos Eólicos de México (DEMEX), filial de la empresa española Renovalia Energy, arribó a Unión Hidalgo para la construcción del parque eólico Piedra Larga I y Fase II, en operación desde 2012 y 2013. La energía generada la vende a su “socia”, la panificadora Bimbo, a través del cuestionado mecanismo de autoabastecimiento.
Al igual que hizo la francesa EDF, esta compañía simuló compra-venta de tierras pese a ser un territorio agrario comunal. Desde 2013 los comuneros, con apoyo de ProDesc, iniciaron una defensa legal de su tierra y demandaron la nulidad de los contratos de arrendamiento. Este proceso legal sigue vigente en el Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa, en Oaxaca, en espera de una sentencia.
“Tenemos un proceso de demanda de nulidad de contratos argumentando lo mismo: DEMEX entró con la misma línea de contratar a los mismos notarios públicos para hacer estos actos ilegales”, expuso el abogado de ProDesc, Juan Antonio López.
Ante un tribunal agrario, la filial española argumentó que “no sabía que era propiedad agraria comunal”, lo cual fue “una sentencia de risa”, pero al presentar un amparo, el caso se pasó del Tribunal Agrario al Colegiado, el cual está por dictar una nueva sentencia.
“Son contratos que están nulos de nacimiento, no puedes hacer un contrato de arrendamiento privado sobre tierras comunales”, dijo.
AUTOR: DULCE OLVERA.
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