Los proyectos eólicos deben generar un mayor beneficio en las comunidades donde sean instaladas porque en el pasado ha habido abusos. Así, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez reconoció la principal injusticia que han cometido empresas y gobiernos en el Istmo de Tehuantepec, donde se produce la mayor parte de energía de este tipo en el país.

En el último día de su gira por la región, Gálvez dijo que la instalación de parques eólicos genera ganancias que no siempre han sido justas.

El Poder Judicial de la Federación ordenó al presidente municipal de Unión Hidalgo, Juan Jesús Rasgado Martínez, dejar sin efecto el permiso de construcción que otorgó en 2018 al parque eólico Gunaa Sicarú, de la trasnacional Eólica de Francia (EDF).

Lo anterior luego de que Rasgado Martínez, al otorgar el permiso a la trasnacional, señaló falsamente que se había cumplido con la fase deliberativa de la consulta indígena sobre la eólica, cuando ésta aún estaba en proceso.

El presidente municipal de Unión Hidalgo, el morenista Juan Jesús Rasgado Martínez, desacató una sentencia de amparo y otorgó un permiso para la construcción del parque eólico Gunaa Sicarú, propiedad de Eólica de Francia (EDF).

Por tal razón, el Poder Judicial Federal reprendió a la autoridad de Unión Hidalgo y le ordenó “dejar sin efecto el permiso de construcción del parque eólico y cualquier otro que haya sido otorgado por la autoridad municipal porque contravienen la sentencia de amparo del cinco de octubre de 2018”.

Más de 10 años tuvieron que pasar desde que comuneros zapotecas de Unión Hidalgo, Oaxaca, emprendieron una lucha contra la transnacional española Renovalia Reserve –y su filial mexicana que suministra energía a Grupo Bimbo– para que un tribunal mexicano les confirmara el derecho al territorio y ordenara a la empresa a desocupar los terrenos donde había colocado un parque eólico, los cuales indebidamente “rentó” como propiedad privada.

Ahora, organizaciones cercanas al caso y de la zona del Istmo de Tehuantepec esperan que se asiente un precedente jurídico que impulse la recuperación de terrenos comunales, que denuncian fueron ocupados de manera ilegal, así como el derecho a un territorio sin las afectaciones que causan los parques eólicos al medioambiente y a la sociedad.

El Tribunal Unitario Agrario del distrito 22 declaró por segunda ocasión la nulidad definitiva de contratos de arrendamiento de tierras de comuneros zapotecos en Unión Hidalgo, Oaxaca, realizados por la empresa de energía eólica Demex, por lo que deberá desocupar y regresar parte de los terrenos que ocupó para construir el parque eólico “Piedra Larga”. 

El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), que acompaña a los comuneros, explicó que con el fallo se reconoce el carácter comunal y agrario de las tierras en las que Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), filial de la española Renovalia Energy, levantó el parque eólico, pues las “rentó” como propiedad privada.

México se  ha posicionado en varios rankings entre los países que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global, según distintas estimaciones. Ante las consecuencias de la crisis climática, el país busca impulsar la transición energética, apostando por fuentes renovables como la energía eólica. Por ese motivo, se han instalado parques eólicos en quince estados del país, entre ellos Puebla, una zona que se destaca por su rica diversidad natural y cultural.

Las energías renovables son una vía para poder cumplir uno de los compromisos que ha hecho el Estado mexicano para lograr el objetivo del Acuerdo de París: reducir las emisiones del sector industrial, generar 35% de energía limpia en 2024 y 43% en 2030, y mantener el incremento de la temperatura global para debajo de los 2 °C, haciendo el mayor esfuerzo para que no sobrepase los 1,5 °C.

El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, Oaxaca, otorgó a 11 comuneros zapotecas de Unión Hidalgo la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras comunales con los que la empresa eólica Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) operaba un parque eólico en Juchitán de Zaragoza.

El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), que acompaña a la comunidad de Unión Hidalgo, explicó que el fallo contra la eólica, filial de la española Renovalia Energy, establece que las tierras donde se levantó el complejo de generación de energía fueron consideradas indebidamente propiedad privada, cuando en realidad son tierras comunales.

La empresa francesa Électricité de France (EDF) continúa con la imposición del proyecto eólico Gunaa Sicarú en Juchitán, Oaxaca, a pesar de que el pasado 2 de junio se informó sobre la cancelación del parque tras la cancelación del contrato de suministro eléctrico con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denunció la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

Luego de cinco años de lucha, la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, y las organizaciones que las acompañan lograron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cancelara de manera definitiva el contrato de suministro eléctrico firmado con la empresa francesa Électricité de France (EDF), con lo que el megaproyecto eólico Gunaa Sicarú fue cancelado de manera definitiva.

En un comunicado, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) informó que con las cancelaciones se demostró la inviabilidad técnica del proyecto eólico.

La comunidad zapoteca y agraria de Unión Hidalgo, en el ventoso Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cancelar los “contratos leoninos y ventajosos” con la empresa francesa EDF y la española Renovalia en el marco de la revisión de permisos por la Ley de la Industria Eléctrica.

La comunidad zapoteca de Unión Hidalgo solicitó formalmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que cancele de manera definitiva el contrato firmado con Electricité de France (EDF) que pretende construir, operar y vender la energía generada por la central Gunaa Sicarú.

La asamblea de comuneros de Unión Hidalgo, con el acompañamiento de abogados del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), busca que la CFE escuche su reclamo y ponga fin de una vez por todas a este proyecto, debido al incumplimiento de cláusulas y plazos.