miércoles, 24 de noviembre de 2021

Dos años, 5 mil 953 muertos

El gobierno de Jaime Bonilla perdió su principal batalla contra la inseguridad en Baja California, al no reducir la incidencia homicida. Durante su gestión, un nuevo cártel, el de “Los Chapitos”, se integró al organigrama criminal de BC. El fracaso se gestó en Tecate, Mexicali y Ensenada, donde los homicidios aumentaron entre 70 y 200%; 620 mujeres han sido asesinadas en dos años.

El bienio encabezado por Jaime Bonilla Valdez, suma 5 mil 953 víctimas de homicidio del 1 de noviembre de 2019 hasta el 27 de octubre y contando. De total, 93 víctimas fueron menores de edad y 620 mujeres.

En Baja California no cesan los ataques armados. A la pugna que era protagonizada por los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Arellano Félix (CAF), durante la administración bonillista se anexó una representación de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, mientras los de Jalisco reclamaron a través de narcomantas y videos, el favorecimiento a los sinaloenses.

En el mismo periodo, la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) capturó a 831 asesinos y multiplicó en 108% las 309 aprehensiones de matones hechas por la anterior administración anterior, pero la incidencia no cedió.

Durante ese tiempo, se iniciaron mil 185 causas penales por homicidio ante el Poder Judicial por asesinato. A la fecha se han dictado 581 sentencias, 512 han sido condenados y 69 presuntos responsables fueron declarados inocentes, lo cual significa que solo 2 de cada 10 matones enfrentaron a la justicia, y uno de cada 10 ha sido juzgado.

Cuando Bonilla asumió la gubernatura en noviembre de 2019, el promedio de asesinatos era de 246 víctimas al mes, y al irse en 2021, lo deja en 255 muertes violentas mensuales, lo que indica un aumento del 4% a nivel estatal en los últimos dos años.

Durante el mismo periodo, la violencia homicida se redujo en 19% en Rosarito, y en Tijuana, bajó en 11%. Pero esta mejora en dos de los cinco municipios, no impactó la estadística estatal, porque los ataques armados se detonaron en las tres municipalidades restantes: en Tecate las muertes violentas crecieron un 206%, en Mexicali 94% y en Ensenada un 72%.

En general, durante los dos años las cifras estatales de muertos se mantuvieron ligeramente al alza, pero en los últimos dos meses se dio un progreso repentino: en septiembre hubo 60 muertos menos que el promedio mensual, y 206 muertes lo convertían en el mes con menos víctimas del año.

Sin embargo, octubre también restó 50 cadáveres al promedio mensual, y con 172 asesinatos hasta el reporte del día 27, parece será el mes con la menor incidencia del bienio.

Al respecto, el comisionado de la GESI, Carlos Alberto Flores, recordó las cifras que presentó ante el gobernador el 21 de octubre, en la que informó que durante septiembre se ejecutaron 53 órdenes de aprehensión por homicidio, la mayor cantidad de detenciones de matones realizada en un mes, durante el presente bienio en BC.

Asimismo, que entre el 1 y el 26 de octubre detuvieron a otros 42 asesinos: 24 en Tijuana, 10 en Ensenada, cinco en Mexicali y tres en Rosarito.

En total, esas 95 órdenes cumplidas en los últimos dos meses, representan el 26% de las 364 ejecutadas durante 2021.

DE SALIDA

A punto de finalizar octubre y frente a la salida de Jaime Bonilla, destacaron los homicidios de Jorge Núñez y su esposa -21 de octubre-, quienes desde 2013 sostenían un pleito judicial y violento por la propiedad de una parcela en la zona de Maneadero en Ensenada.

También obtuvieron atención pública, los cuates de 10 años, Ulises y Yamileth, quienes fueron heridos de bala -24 de octubre- en la delegación Sánchez Taboada en Tijuana, cuando sicarios intentaban matar a su vecino que vendía drogas en la casa contigua, a quien por cierto asesinaron a balazos al día siguiente, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) aún solicitaba una orden de cateo para la casa donde se perpetraron las balaceras.

Además, los criminales despidieron al gobernador con el asesinato de un funcionario estatal: el agente investigador de Homicidios de la FGE, Jorge Luis López Núñez -21 de octubre-, ultimado por un comando criminal integrado por al menos seis asesinos en tres carros, con armas largas, a quienes les siguen la pista, pero aún no saben a cuál cártel pertenecen.

Adicionalmente, los traficantes decidieron amenazar al comandante de los policías investigadores, también en la Fiscalía de Homicidios:

“Esto va para Juan Manuel Ojeda Sotomayor el coordinador del estado de homicidios dolosos no cambias pinche corriente mugroso sigues entregando a tu gente como lo hiciste con el chilango para salvar tu pellejo ni la blindada te va a salvar, tus días están contados, mordiste la mano que te dio de comer. Atte. la Mera ver…!!!!”, se leía en una lona impresa con letra de molde, al estilo del CAF, que dejaron el 26 de octubre en el estacionamiento de un comercio localizado en la colonia Chapultepec California, en Tijuana.

De nuevo, no existen indicios de que Ojeda haya recibido amenazas previas recientes, en lo interno revisan si existe relación con el homicidio de López la semana pasada; el de Omar Alpízar Muñoz, elemento de la Agencia Estatal de Investigación, ejecutado en abril de 2021; o las actividades de Alejandro Corona Zamora -originario de la Policía Federal-, removido en octubre de 2020 de su cargo comandante de la GESI, tras ser señalado de presuntas alianzas con el CJNG.

VAN A INFORMAR

En su análisis interno, el gobierno local saliente refiere una mejoría mínima y la contención del delito de homicidio. Para justificar su versión, hacen un comparativo de los primeros y únicos 23 meses de Bonilla, contra los últimos 23 de meses de Francisco Vega de Lamadrid en la que consideran las estadísticas de 2018, con 3 mil 160 asesinatos, los peores números que han existido en BC.

En esa comparativa, ambas gestiones quedan tablas con un promedio de 5 mil 780 muertos en 23 meses de noviembre a septiembre. El detalle es que, en 2019, año en que Bonilla recibió el gobierno, su antecesor ya había mejorado los números un 8%, porque entregó el Estado con un promedio de 250 muertes menos que 2018.

Este es el enfoque del próximo informe que dará el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, ante el Congreso del Estado.

Un adelanto se conoció el jueves 21 de octubre, en la transmisión mañanera de Facebook del gobernador saliente Jaime Bonilla. El comisionado de la GESI, Carlos Alberto Flores, presentó una serie de estadísticas que formarán parte del reporte del fiscal.

Apuntó que en 23 meses de gobierno entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021, la Guardia Estatal detuvo a 831 homicidas, 23% más de los que se capturaron en 2018 y 108% más que en 2019.

En cuanto al narcomenudeo, tema ligado al homicidio, explicó que de 88 órdenes de aprehensión ejercidas en 2019, crecieron a 415 en 2020, más otras 564 en 2021, presumiendo un incremento de 614 % en vendedores de droga detenidos.

Además, reportó que se han asegurado más de 30 millones de dosis de diversos enervantes, con un valor de mil 727 millones de pesos.

Al respecto, la fiscalía central puntualizo que en 2020 inició 9 mil 915 carpeteas por el delito de narcomenudeo, y otras 6 mil 611 entre el 1 de enero y el 26 de octubre de 2021.

También a petición de ZETA, especificaron que de 5 mil 953 víctimas de homicidio registrado en el bienio, 620 víctimas fueron mujeres, 291 fueron asesinadas en 2020 y 282 en lo que va de 2021, la mayoría fueron ejecutadas en Tijuana, para un total de 401 asesinatos de mujeres en la ciudad fronteriza en dos años.

Sólo 47 de esas muertes se clasificaron como feminicidios: 32 en 2020 y 15 en el año corriente.

En cuanto a los 93 menores de edad asesinados en los últimos 23 meses, a 70 los mataron en Tijuana, 12 en Mexicali, cinco en Tecate, otros cinco en Rosarito y uno en Ensenada.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020, el 32% de los californios fue víctima o atestiguó un delito, y la precepción de inseguridad creció de 64 a 68% entre 2019 y 2020.

CRIMINALIDAD EMPODERADA

El fracaso para el gobierno saliente se concentró en los municipios de Tecate, Mexicali y Ensenada, donde residen poco más de un millón 400 mil habitantes, de acuerdo con el Censo 2020 del Inegi.

A Tecate lo recibieron en 2019 con 72 muertos de enero a septiembre, mientras que en el mismo periodo del presente año sumó 220 víctimas, cifra nunca antes vista en la historia de homicidios en el municipio y que muestra un aumento de 206%.

Y si se comparan de noviembre a septiembre los últimos 23 meses del gobierno de Francisco Vega con los de Bonilla, resulta que con el panista se registraron 189 asesinatos y 400 con el de Morena.

Además, en lo que va de 2021, en Tecate se han denunciado 30 privaciones de la libertad, la incidencia total creció un 4%, el asalto a comercio aumentó en 33% y el resto de los robos disminuyó.

En cuanto a Mexicali, recibieron 2019 con 111 muertes entre enero y septiembre, y la dejarán con 215 ejecuciones en el periodo similar. De nuevo una cifra récord de cadáveres para la Capital del Estado y un incremento registrado del 94%.

En cuanto a la comparativa del bienio, “Kiko” Vega dejó 301 muertos, y Bonilla, más de 437 víctimas.

Adicionalmente, este año Mexicali tuvo un aumento del 3% en la incidencia total, creció el 14% el robo a comercio, el 20% el asalto en vía pública y el resto de los delitos balaron.

Para Ensenada han sido dos años muy complicados, la administración de Bonilla recibió el puerto con 183 muertes en los primeros nueve meses de 2019, y lo va a entregar con la cifra más alta registrada en todos los tiempos: 315 asesinatos en el mismo período, un aumento del 72%. Y en el comparativo de bienios, los 466 muertos del PAN fueron superados por los 732 homicidios con Morena.

La incidencia delictiva total porteña incrementó 6%. Además del homicidio, los delitos que aumentaron en Ensenada fueron el robo de auto 14% y las extorsiones 54%; el resto de las denuncias se redujo.

A LA BAJA

En estos dos años, Rosarito ha sido el único municipio que se ha mantenido firme a la baja, lo recibieron con 123 muertes en nueve meses, durante 2020 lo redujeron a 118 en el mismo período, y ahora concluyen con 100 víctimas entre enero y septiembre, lo que resulta en una mejoría del 19%. Pero en lo que respecta a la comparación bianual, sale parejo, porque en los últimos dos años del gobierno panista contabilizaron 262 muertes y los bonillistas concluyen con 263 víctimas en total.

La incidencia total del quinto municipio aumentó un 11%, los asaltos en vía pública 50%, robo de auto 22% y las denuncias por el resto de los crímenes bajaron.

Contrario a lo denunciado públicamente y reclamado por el gobernador Jaime Bonilla al ex alcalde Arturo González, su enemigo político desde que buscó ser candidato a la silla del Estado, el año 2020 fue el que tuvo mayor mejoría en materia de incidencia homicida en Tijuana. En 2019 recibieron mil 729 asesinatos que se habían cometido entre enero y septiembre, y para el siguiente año lo bajaron a mil 550, un 11%. Mismo que han sostenido en 2021, en el que registran mil 531 muertes violentas durante el periodo mencionado.

A Tijuana le va mejor en el comparativo de dos años, porque de los 4 mil 545 muertos que se sumaron en la administración de Vega de La Madrid, la cifra baja a 3 mil 873, esto es, 672 muertos menos.

Sin embargo, por la gran cantidad de víctimas -mil 622- entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2021, incluso esta mejora es insuficiente para sacar a Baja California y a Tijuana de los primeros lugares en la incidencia homicida del país.

CCSPE: FRACASO POR FALTA DE ESTRATEGIA Y COORDINACIÓN

“Reconociendo que más allá de la pandemia, hay un decremento de la incidencia delictiva general del 4% al comparar las cifras de denuncias de 2019 contra 2021, desafortunadamente los números absolutos son estratosféricos, estamos hablando de un total de 68 mil delitos en lo que va solo del presente año”, expuso Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que la administración de Bonilla intentó desmantelar, aumentar la representación de gobierno e infiltrar con empresarios proveedores del Estado.

“Si hablamos de delitos de alto impacto, son 35 mil denunciados y sólo se reporta uno de cada 10; estamos hablando de uno que afecta el patrimonio de las familias, entonces, la percepción de inseguridad ciudadana sigue alta, porque desafortunadamente, en dos años no vimos la estrategia que debía acotar la incidencia y luego mejorarla con líneas de acción, con política criminal y coordinación”.

— ¿No hubo coordinación? ¿Y las reuniones mañaneras diarias de las Mesas de Seguridad?

“Llegamos a participar en algunas de estas reuniones y no había una serie de temas de líneas de acción de programas de seguimiento, por eso puedo decir con seguridad, que en términos prácticos no existió coordinación en Baja California”.

— ¿La disminución de homicidios en Tijuana y Rosarito no es resultado de estrategia?

“Es una situación fortuita, cuando hablamos de esta cantidad de homicidios (mil 622 en Tijuana y 112 en Rosarito en lo que va de 2021), 10 o 15 muertos menos o más, realmente no son el resultado de una estrategia articulada, sino un síntoma de que bajó el nivel de enfrentamiento entre las células del crimen organizado. Seguimos apareciendo en los rimeros lugares nacionales”.

— ¿Cómo leen los consejeros de seguridad el incremento de violencia en Ensenada, Tecate y Mexicali?

“Que la violencia está repartida ya a lo ancho y largo del Estado. Antes casi todo era Tijuana, pero hoy ya vimos que en tasa de cada 100 mil habitantes, Tecate ocupa el primer lugar”.

— ¿Cuál fue el mayor error?

“En Tijuana cambiamos cuatro veces de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en menos de dos años; en Tecate se cambió cuatro veces; Mexicali cambió dos veces; Ensenada lo suplió tres veces; el único que prevaleció fue Rosarito, y luego entró en la grulla con la renovación del nombramiento. Si a tu empresa le cambias cuatro veces de gerente en un año, seguramente se irá a bancarrota y eso fue lo que sucedió en materia de seguridad”.

— ¿Y en el Estado?

“El gobernador le entrega el tema se seguridad a la fiscalía del Estado, prácticamente se sale del tema, si llegamos a tener -el CCSPE- unas tres reuniones con el gobernador en dos años, fueron muchas, de enero para acá se negó prácticamente a reunirse con nosotros.

“La fiscalía, entendemos hizo un esfuerzo, creo no fue el adecuado, se tenía que haber incrementado más la GESI, el número de ministerios públicos, la capacitación y el adiestramiento, y haber puesto más presión el sistema judicial para que se procesara lo que estaba resolviendo, pero nada de eso sucedió”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

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