El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2026 es el primero en ser diseñado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien llegó al poder con un discurso de trabajo a favor de las mujeres; sin embargo, especialistas señalan que el aumento en los recursos para la igualdad y la creación de un anexo transversal sobre cuidados no privilegia las políticas públicas con perspectiva de género.
El presupuesto contemplado en el Anexo 13, destinado a la igualdad sustantiva de las mujeres y los hombres, será de 599 mil 145 millones de pesos, lo que significa 1.5 % más de lo que se aprobó para este apéndice en 2025, cuando se asignaron 576 mil 577 millones.
Aunque el monto destinado para el anexo equivale al 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), sólo el 29 % de los programas contenidos en el apéndice cuentan con perspectiva de género.
El CIEP indicó que esto “refleja una integración limitada de la igualdad en el diseño y la ejecución de los programas”, pues más de la mitad (55 %) de estos recursos se concentra en programas asistenciales, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Para el CIEP, el Anexo 13, más allá de ser un mecanismo de etiquetado, “debe transformarse en una herramienta efectiva de política fiscal con enfoque de género, que oriente la asignación de recursos hacia el cierre estructural de brechas”, y destacó que el gasto debe dejar de concentrarse en transferencias universales para priorizar programas con objetivos medibles en autonomía económica, corresponsabilidad en los cuidados y prevención de la violencia.
Anexo de cuidados, un avance hacia un sistema nacional, aunque sin programas nuevos
Por primera vez, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2026 incluyó un anexo transversal con 466 mil 674.9 millones de pesos de presupuesto etiquetado para programas con componentes de cuidados, lo que, asegura la asociación civil Fundar, refleja “una perspectiva que realmente está encaminada a mejorar las condiciones de las mujeres”.
“El anexo 31 tiene una lógica mucho más aterrizada de cómo busca el gobierno federal contribuir a avanzar hacia una sociedad de cuidados, y ese es un primer paso muy positivo”, explicó Andrea Larios, investigadora de la asociación, quien destacó la inclusión de la Pensión Mujeres Bienestar, como una acción diferenciada con perspectiva de género que reconoce a quienes por años han realizado trabajo doméstico y de cuidados.
Sin embargo, pese al reconocimiento de que este anexo sienta las bases hacia la consolidación de un sistema de cuidados, Larios apuntó que al igual que ocurre con los programas contenidos dentro del Anexo 13, varias de las acciones contempladas en el 31 son transferencias directas cuyos componentes son “insuficientes para avanzar hacia una sociedad de cuidados, porque se requiere también de una fuerte inversión pública en infraestructura social y de servicios”.
El análisis del CIEP indicó que el presupuesto destinado para este anexo equivale al 1.2 % del PIB, sin embargo, estos recursos se concentran principalmente en tres programas (80 %), de los cuales dos son transferencias económicas: la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina, los Servicios de Atención a la Salud del IMSS y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
También destacó que, en comparación con 2025, el PEF de 2026 tuvo una disminución en los programas de cuidados como los servicios de asistencia social integral (-96.6 %), servicios a grupos con necesidades especiales (-23.8 %) y atención a personas con discapacidad (-3.4 %).
Acerca de estos programas, el CIEP expuso que “la política de cuidados enfrenta el desafío de ir más allá de las transferencias monetarias y consolidar la infraestructura y los servicios públicos que permitan reducir, redistribuir y remunerar el trabajo de cuidados en todo el país. Para ello se requiere no solo de mayor financiamiento, sino también de una planeación que alinee el gasto con metas de igualdad y justicia social“.
Fusión del programa de refugios “afecta a las mujeres y pone en riesgo vidas”, alerta RNR
En cuanto al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, las especialistas expresaron preocupación, ya que hasta el año pasado contó con 501.9 millones de pesos de presupuesto, pero para 2026 se fusionó con el programa Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las causas.
Andrea Larios expuso que a pesar de que se asignaron 856 millones 782 mil 185 pesos para el nuevo programa, “a la hora de querer identificar el presupuesto con el que van a contar estos servicios –que incluirán los refugios, Centros de Justicia para Mujeres y Alertas de Violencia de Género– no va a ser posible conocerlo a detalle”.
Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), lamentó que a pesar de que hubo reservas en la discusión del PEF 2026 por la solicitud de que se etiquetara presupuesto específico para este programa, no fueron tomadas en cuenta, lo que deja en incertidumbre a las mujeres víctimas.
“Al no existir una asignación clara y desglosada para los refugios no se puede planear la operación del 2026. Si ahorita hay retrasos en la transferencia de los recursos de este año, eso lo agudizaría, poniendo en riesgo la vida de mujeres, niños y niñas“, comentó Figueroa.
La directora de la red calificó esta decisión como “un retroceso institucional contrario a estándares internacionales que rompe el principio de progresividad de derechos humanos. Nuestra postura sigue siendo que la vida y la seguridad de las mujeres no se negocian ni se fusionan, se garantizan”.
Anunció que continuarán exigiendo que se consideren al menos 510 millones de pesos para el programa de refugios, además de que llevarán el reclamo contra el gobierno mexicano por los retrasos y recortes presupuestales ante instancias internacionales, de modo que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la protección y justicia de las mujeres y niñas en un contexto de violencia feminicida.
Entre enero y julio de este año, los refugios para mujeres tuvieron un incremento del 5% en los apoyos directos a víctimas, así como un aumento del 600 % en las ayudas que brindan a través de los centros de atención externa, en comparación con el mismo periodo del 2024, lo que “evidencia que las violencias no han ido en disminución”.
Este incremento en las solicitudes ha sido atendido por la RNR a pesar de que el presupuesto ha sido insuficiente y en algunos casos ha sido otorgado con retraso por parte de las autoridades, situación que podría agravarse en caso de que los recursos disminuyan, mermando los servicios que se puedan brindar en los refugios.
