Hugo Aguilar, quien será el segundo ministro indígena en presidir el máximo tribunal, enfrentará el rechazo de pueblos originarios que lo señalan por burocratizar despojos con megaproyectos de la 4T y silenciar a víctimas de acoso. “No nos representa”, denuncian en entrevista.
Activistas, organizaciones civiles y representantes de comunidades en Morelos, Oaxaca y la Península de Yucatán expresaron que si bien Aguilar Ortiz tiene una trayectoria previa como activista ciudadano y defensor indígena, a partir de su incorporación al gobierno, primero con el entonces gobernador de Oaxaca Gabino Cué y luego con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal, legitimó desde el Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI) —junto con su titular Adelfo Regino— despojos e imposición de los megaproyectos a los que AMLO dio prioridad en su sexenio, como fueron el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.
También cuestionan que Aguilar haya participado en una elección judicial “que no fue más que una simulación”.
En Oaxaca, de donde Hugo Aguilar es originario, el activista mixe Joaquín Galván sostiene en entrevista con Proceso que si bien es cierto que el abogado mixteco es brillante, “la mayor parte de su vida ha operado para el Estado, sobre todo en la imposición de los megaproyectos, como el Corredor Interoceánico”.
Esta postura fue secundada por Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quien señaló a Hugo Aguilar por “burocratizar el despojo” con consultas fast track que nunca fueron libres, previas e informadas, sino que “se impusieron con el consentimiento forzado de las autoridades”.
Mientras que Miguel Ángel Aguirre, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, afirma que Hugo Aguilar tiene una deuda moral y política con las comunidades indígenas y la biorregión de los Chimalapas y que ahora, con el cargo que va a ocupar, tendría que hacer cumplir la sentencia que se ganó en noviembre de 2021 en todos sus términos para devolver al pueblo zoque territorios de esta reserva, en disputa con comunidades de Chiapas.
Del propio Joaquín Galván se viralizaron varios mensajes en la red X, en los cuales hace un señalamiento directo contra Aguilar: “@quinomixe Cuando mi compañera Sandra Domínguez denunció a funcionarios del INPI por su participación en chats de acoso sexual contra mujeres indígenas, el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar, envió a uno de sus abogados a ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio.
“Esta situación se hizo a través del abogado miembro del equipo Cristian Mahatma. Mi amiga Sandra me lo reportó inmediatamente, les dijo que no quería más que la destitución de Rolando Vázquez Pérez, jefe de plazas del INPI”, dicen las publicaciones del activista.
Como activista, Hugo Aguilar defendió los derechos de las comunidades indígenas en la organización Servicios del Pueblo Mixe y participó en la elaboración de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Oaxaca, publicada en 1996, que a la fecha reconoce que de los 570 municipios que conforman la entidad, 417 se rigen por los sistemas normativos indígenas y 153 por el régimen de partidos políticos.
“Como abogado soy fan de Hugo; él es una persona brillantísima, por eso ha logrado escalar en los movimientos indígenas del sureste y con esa formación dentro del activismo indígena construyó un nombre y una carrera”, afirma el defensor mixe Joaquín Galván.
En sus inicios "nos vimos representados en Adelfo Regino y Hugo. Esa dualidad Hugo-Adelfo está en todo el camino que han hecho con las comunidades indígenas, pero la segunda etapa de su vida, con la llegada de Gabino Cué, genera esa ruptura con la base social de los noventa y el movimiento zapatista”, recuerda.
Esta ruptura, dice, comenzó cuando entró como funcionario y operó apoyando los intereses del Estado y confrontando a los movimientos indígenas. De cierto perfil bajo, de manejo moderado dentro de las estructuras del Estado, ya con Andrés Manuel López Obrador finalmente se proyectó como subdirector del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
"Aquí es el punto medular, porque estuvo en dos momentos clave de las estrategias o políticas de la 4T imponiendo megaproyectos y consultas a modo. En este caso, Hugo fue el cerebro de las consultas del Tren Maya y del Interoceánico, que estuvieron marcadas por las denuncias de despojos violentos y Hugo sólo estaba sirviendo para legitimar el proceso de despojo para pueblos indígenas a través del INPI, más allá que de las mismas comunidades", sostiene Galván.
Galván menciona que después de que la activista Sandra Domínguez exhibió el chat de funcionarios Sierra XXX que mostraba a mujeres indígenas, la llamaron “desde el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar”, para entregarle un cheque en blanco como un tipo de reparación, que ella rechazó. Finalmente, el organismo optó por destituir a Rolando Vásquez Pérez, jefe de plazas.
"Y sí, los proyectos neoliberales de despojo como el Tren Maya y el Interoceánico no se explican sin la legitimación neoliberal del INPI a cargo de Adelfo Regino y Hugo Aguilar Ortiz, a través de consultas cuestionables. Por ellas hay defensores de la tierra detenidxs federalmente (sic)", señala Galván.
Mario Quintero, de la APIIDTT, recuerda que “el papel que jugó Hugo lo conocemos por el caso de Mareña Renovable (empresa eólica que pretendió instalarse en la Barra de Santa Teresa, en el Istmo de Tehuantepec). Ayudó a interponer recursos legales, pero fue una sorpresa cuando engrosa al INPI y realiza una serie de consultas fast track, sí vimos rostros de disgusto al burocratizar el despojo”.
Las consultas, dice, “nunca fueron libres ni informadas, sólo buscaban el consentimiento forzado de autoridades y acarreados por el poder en turno”.
¿Será imparcial?
Quintero calificó de cuestionables las elecciones del Poder Judicial celebradas el domingo 1 de junio último. Se dijo preocupado, pues “ahora no sabemos de qué lado va a ponerse Hugo, porque a nosotros ya nos demostró que está del lado oficialista de los megaproyectos, y en ese papel que va asumir ¿va a ser imparcial de los casos de despojo”, se pregunta.
Considera que sí es un logro que haya en la Suprema Corte personas indígenas, pero “no quiere decir que por ser indígenas o defensores vayan a mantener sus convicciones y los ideales”, aclara.
Para Quintero, la intervención de Hugo Aguilar en las consultas para los megaproyectos a través del INPI “fue un golpe político, porque lo considerábamos un aliado, pero fue muy evidente el cambio de personalidad y trato a las comunidades, y sobre todo a los que éramos cercanos”. Ahora, dice, el tiempo dirá si va a ser imparcial “o va a seguir dando favoritismos al gobierno federal, o peor aún, a empresas privadas y la narcopolítica vigente en el país. No es lo mismo tener cargos menores que estar en puestos de tomas de decisiones”, finaliza.
Por su parte, Miguel Ángel Aguirre dice esperar que como ministro y como próximo presidente de la Suprema Corte Hugo Aguilar cumpla la sentencia que lo puede reivindicar con los pueblos zoques de los Chimalapas, por la disputa de 160 mil hectáreas. “Tiene esa deuda moral e histórica”, pues, dice, no se ha cumplido ni una cuarta parte de lo resuelto en dicha sentencia.
Recuerda que Aguilar hizo una controversia constitucional en 2012 por este conflicto “y él fundamentó muy bien, pero para defender el hueso y por presiones de su compadre Adelfo Regino (ambos) dejaron que los hermanos Víctor Hugo Alejo y Ángel Alejo no hicieran nada” para perder el territorio de los Chimalapas.
Tren Maya y la simulación desde el INPI
El CRIPX se sumó al menos a tres amparos con la esperanza de detener el avance del Tren Maya, megaproyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de las comunidades indígenas que se articularon para frenar la obra y en reiteradas ocasiones se pronunciaron en contra de las consultas indígenas, que fueron organizadas desde el área del INPI a cargo del ministro electo.
En Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, está el Centro Comunitario U Kúuchil K Ch'i'ibalo'on, cuyos integrantes también promovieron los amparos contra el megaproyecto en sus territorios.
Wilma Esquivel, integrante de esta organización, asevera que la consulta indígena no fue un acto de libre determinación. Se trató de un ejercicio de promoción y para legitimar el Tren Maya.
“Nos trataban (Fonatur y el INPI) como si no tuviéramos capacidad de pensar y analizar, como si nos tuvieran que decir qué hacer. Si alguien que tiene un puesto de poder fue parte de esta consulta es de preocupación, porque no podemos confiar en las decisiones que tome y ejerza ese puesto”, dice, refiriéndose a la elección de Hugo Aguilar.
A las opiniones de Sara y Wilma se suma la de Ana, una defensora de la tierra y territorio de la Península de Yucatán, quien refirió que el gobierno de la 4T está haciendo uso de la representatividad indígena para sus fines.
"La llegada de Hugo no es para cumplir con las demandas de los pueblos indígenas, no representa a las comunidades indígenas y nunca ha existido un posicionamiento sobre las violaciones por despojos de megaproyectos de la Península. Desde el Estado están haciendo uso político del ser indígena", reclama.
El abogado Jorge Fernández Mendiburu, integrante del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, AC, quien acompañó varios de los amparos interpuestos contra el Tren Maya, remarca que es prioritario vigilar la actuación de Hugo Aguilar.
Al ser Aguilar de origen mixteco se espera que lleve a la discusión o promueva estándares de calidad para construir una justicia intercultural en el país. Sin embargo, no se debe perder de vista que podría existir un conflicto de interés con temas como el Tren Maya, dice.
"Aquí la pregunta es que si el caso del Tren Maya llegara a la Corte ¿qué pasará? Porque al final del día él fue parte del mecanismo que operó las consultas indígenas. Si el caso llega a la Corte teniendo como uno de los argumentos de violencia de los derechos del tema de la consulta, será como un tipo juez y parte", acota.
Las consultas indígenas no sólo fueron cuestionadas por los pueblos originarios. En su momento, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para México hizo un extrañamiento, en el que refirió que no se cumplió con los estándares mínimos del proceso de consulta.
De hecho, durante su campaña para ministro de la Suprema Corte en las semanas previas al 1 de junio, Aguilar Ortiz prácticamente omitió hablar del impacto que han ejercido los megaproyectos sobre las comunidades mayas, pese a promoverse como integrante de los pueblos originarios, durante su recorrido por la Península.
Por ejemplo, el abogado estuvo en Playa del Carmen el 16 de abril último en gira como candidato, en un evento organizado por exfuncionarios de origen indígena, quienes han ocupado puestos en el gobierno local, principalmente emanados de la 4T.
Aunque su mensaje era el impulso hacia los pueblos originarios, nunca tocó el tema del impacto sobre las comunidades por las obras del Tren Maya y otras similares que se ejecutaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y produjeron despojos a través de expropiaciones sobre el territorio maya, extractivismo cultural y aumento de delitos de alto impacto donde antes no ocurría.
Aguilar se dedicó a alabar la reforma judicial en aquel encuentro ocurrido en la casa ejidal de Playa del Carmen.
Su arribo generó mucha expectativa. Incluso, integrantes de Sélvame del Tren, colectivo contra el Tren Maya, acudieron a su presentación. Sin embargo se retiraron cuando lo escucharon hablar en favor de las reformas judiciales impulsadas por la 4T, que en los hechos han bloqueado la defensa jurídica contras las obras federales.
Para el poeta y activista maya Pedro Uc Be, miembro de la Asamblea de defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal, el ministro electo sólo tomó la bandera indígena, pero sin tocar temas verdaderos de constantes violaciones que han sufrido los pueblos originarios ante los proyectos federales en esta zona del país en los años recientes.
“Me parece que son los ejemplos emblemáticos de cómo se usa políticamente el nombre de los pueblos indígenas para que se adquiera el poder. No es extraño que este personaje también esté haciendo lo mismo (...) no lo ubicamos a él (Hugo Aguilar) ni siquiera lo ubicamos muy bien, porque nunca apareció para decir: "Bueno, estoy interesado en el tema y quiero conocer la postura de ustedes los pueblos mayas”, expone Pedro Uc.
Contrario a la esperanza que existe sobre la resolución de importantes juicios a favor de las comunidades mayas, Uc mencionó que no esperan un cambio importante.
“No podemos pensar en que algo bueno vaya a pasar en el nivel de gobierno federal o en el nivel del gobierno estatal. No podemos pensar en eso. Nuestra esperanza está en nosotros mismos, está en nuestra propia comunidad, está en nuestra propia cultura, está en el esfuerzo organizativo activo”, remata.
No obstante, hay otro sector en Quintana Roo que ve con buenos ojos la llegada de Hugo Aguilar a la Suprema Corte. Quetzal Tzab, activista indígena que promovió la candidatura a ministro, sostuvo que es un gran paso para los pueblos indígenas.
“Espero que sí haya una voz ahora más fuerte, sobre todo en el caso de que en Quintana Roo cuánta gente indígena está en la cárcel y no se le ha dado trámite a sus casos por el simple hecho de que muchos de ellos no hablan la lengua española y no existe un intérprete”, dice Quetzal Tzab.
Contrario a Pedro Uc, Tzab sostiene que las comunidades aceptaron el proyecto del Tren Maya, aunque esto trajo luego fuertes conflictos por los montos que recibieron por las indemnizaciones tras las expropiaciones de varios ejidos.
“Se prestó a elección simulada”
En Morelos, Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT), afirma que Hugo Aguilar “no es garantía de justicia para los pueblos indígenas”.
Incluso prevé sentencias alineadas con la 4T que permitirían avanzar megaproyectos como la termoeléctrica de Huexca.
Desde 2012, Juan Carlos Flores Solís —abogado e integrante del FPDTAMPT— acompaña la resistencia de pueblos contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), impulsado por la CFE. El proyecto tiene su base en Huexca, Yecapixtla, Morelos, a 118 km de la Ciudad de México, e incluye una termoeléctrica, un gasoducto que parte de Tlaxcala, cruza Puebla y llega a Morelos, y un acueducto desde Cuautla y Ciudad Ayala.
Originario de Puebla, Juan Carlos luchó junto a Samir Flores Soberanes, comunicador comunitario y defensor del territorio en Morelos, asesinado a balazos el 20 de febrero de 2019 frente a su casa.
A 13 años del inicio de la resistencia contra el Proyecto Integral Morelos, la termoeléctrica de Huexca sigue sin operar gracias a los amparos promovidos por campesinos y ejidatarios. En este contexto, se avecina una nueva etapa en el Poder Judicial, pues un ministro indígena está por asumir la presidencia de la SCJN.
Flores califica como “una vergüenza” la reciente elección judicial, al asegurar que fue “hecha a modo” para beneficiar a Morena. “Esta elección fue diseñada para que el partido tuviera jueces, magistrados y ministros afines. Lo dijo el propio López Obrador desde que impulsó la reforma. De ahí salieron estos ‘acordeones del bienestar’”, afirma.
Uno de los nombres más votados, Hugo Aguilar, fue incluido en dichos acordeones. Según Flores, su ascenso refleja una estrategia respaldada por estructuras del poder en todos los niveles, incluidos el INPI, Morena y Construyendo Justicia.
“Se utilizó a los pueblos indígenas como carne de cañón para colocar en el poder a personas convenientes. Hay volantes que lo presentan como ‘el candidato indígena’”, denuncia. Afirma que este discurso fue eficaz porque “quienes más necesitan justicia son los pueblos indígenas, además de víctimas de desaparición y violencia de género”.
Flores advierte que la Cuarta Transformación se ha valido de símbolos para legitimarse ante sectores vulnerables. “Primero fue la presidenta, con el discurso de ser la primera mujer. Ahora llaman a Aguilar ‘el nuevo Benito Juárez’. Es parte del doble discurso del gobierno”.
Aunque reconoce que Aguilar tiene experiencia y podría aportar una nueva perspectiva, alerta sobre posibles retrocesos. “Ya en la Corte veremos criterios jurídicos que acoten los derechos y la autonomía indígena, especialmente en temas como megaproyectos que no han sido consultados adecuadamente”.
Además, critica las consultas realizadas por el INPI. “Han sido a modo, sin respetar estándares internacionales. No puede haber consultas generales cuando está en juego el territorio de un pueblo. Eso ocurrió con el Proyecto Integral Morelos: fabrican mayorías en otras regiones para imponer decisiones”.
Con el nombramiento de nuevos ministros, magistrados y jueces —en particular, con la llegada de Hugo Aguilar a la Suprema Corte— se anticipa la emisión de criterios que podrían significar un retroceso en materia de derechos indígenas.
“Yo calculo que en esta administración, o durante el periodo del nuevo ministro, se emitan criterios jurídicos que, lejos de proteger, busquen restringir los derechos de los pueblos indígenas”, advierte el activista.
Con respecto a los megaproyectos, señala que se prevé su consolidación sin cambios de fondo en los criterios judiciales. “No creemos que haya modificaciones —afirma—. Al contrario, lo ocurrido con el Proyecto Integral Morelos probablemente se extienda a otros megaproyectos en el país”.
El abogado señala que este panorama agudizará las problemáticas sociales del país. “Un Poder Judicial corrupto, muchas veces inerte, ignorante y lento, aún conservaba cierta diversidad: había jueces con ética, capacidad profesional y que actuaban como contrapeso frente a intereses económicos y políticos. Sin ese equilibrio, el país se encamina hacia un Estado más monolítico y centralizado, que decidirá el destino de todas y todos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS, CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN, OCTAVIO MARTÍNEZ, ESTRELLA PEDROZA.
