De acuerdo con una investigación de la Sociedad Interamericana de Prensa, el actual candidato a magistrado para el Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito en Sonora sí tuvo ese encuentro con el periodista según él mismo declaró ante la Procuraduría General de Justicia de Sonora mientras charlaban en su camioneta sobre la liberación de un narcotraficante identificado como El Estudiante, y de quien Jiménez Mota realizaba una investigación.

Posteriormente, Andrés Montoya García declaró que dejó al joven periodista en un supermercado. Sin embargo, el hermano del abogado José Antonio Montoya García, agente judicial del estado, fue señalado como autor material del “levantón” del periodista y posteriormente fue asesinado el 7 de septiembre de 2006, según un reporte de Defensorxs.

En diciembre de 2021, Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, ofreció una disculpa en la localidad de Empalme, Sonora, por este caso, pues afirmó se trató de un “crimen de Estado”.

Miguel Alfonso Meza, presidente de la asociación civil Defensorxs, señala que el candidato Andrés Montoya García es una “alerta roja” porque, de ganar la candidatura, protegería a autoridades vinculadas con la desaparición de personas.

Con su partida dejó a un hijo mayor de edad, y a otras dos menores de edad, que dependían de sus cuidados y sus ingresos generados en el comercio informal. 

También conocida como “La Fayuquera”, era una de las líderes de comerciantes ambulantes del Centro Histórico de Guadalajara, pues su familia fue una de las pioneras en el negocio. Actualmente 10 de sus hermanos siguen relacionados al control y comercio informal en la zona.

“Todos nos dedicamos al comercio, eso fue lo que nos enseñó nuestro padre, a vender hotdog, a vender agua fresca, a vender dulces”, dijo Teresa en una entrevista concedida a un medio local en aquellos años.

Hasta septiembre de 2024 fue parte de los plantones que estuvieron instalados durante casi un mes frente al palacio municipal de Guadalajara, para exigir permisos de trabajo en el primer cuadro de la ciudad durante las fiestas patrias y la repartición de permisos de larga estancia con transparencia. 

De acuerdo con un diario local, a su vez, a Teresa también se le denunciaba por otros comerciantes de “autoproclamarse” líder de los vendedores ambulantes y de exigir cuotas. 

Un vendedor ambulante del centro histórico, —que pidió el anonimato por cuestiones de seguridad—, reconoció que “era bien movida” y “se le denunciaba por varios (vendedores) de querer cobrar (cuotas), pero siempre era bien entrona y en todos lados estaba”, comentó. 

Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, buscadora Teresa González pidió justicia

Durante la vigilia frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, en la que tomó el micrófono, Teresa González Murillo gritó “no somos uno, no somos cien, somos miles, los que le exigimos (al gobierno del estado) justicia y esclarecimiento de nuestros desaparecidos, y que sepa que estos colectivos unidos por el amor a nuestros desaparecidos seremos incansables en la búsqueda en todas y cada una de las narcofosas”. 

Sin hacer alguna pausa, y sujetando con fuerza una playera que mostraba la ficha de búsqueda de su hermano, enfatizó “yo le quiero decir a los compañeros de todos los colectivos, seguiremos luchando, no descansen, no cesen, exijámosles, ¡porque saben!, que somos más pueblo que gobierno”.

“Dentro de las líneas de investigación no se ha encontrado a la fecha ningún indicio que vincule el ataque con su reciente actividad como integrante de un colectivo de búsqueda de personas”, asegura la dependencia.

Otros dos buscadores han sido asesinados en Jalisco

De acuerdo con la organización Artículo 19, entre 2010 y marzo de 2025, en México se han registrado 24 casos de personas buscadoras asesinadas y cuatro más que permanecen desaparecidas. 

Los estados que presentan la mayor cantidad de casos son Guanajuato, con ocho casos, Michoacán y Sonora, con tres cada uno, y Sinaloa, Veracruz y  Jalisco, con dos respectivamente. 

En el caso de Jalisco dos buscadores fueron desaparecidos y luego localizados sin vida. Se trata de Pablo Iván Miramontes Vargas, quien desapareció el 1 de julio de 2018 y de Jesús Isaac Castillo Mireles, desaparecido el 5 de agosto de 2024, informa el diagnóstico sobre seguridad para colectivos creado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). 

Pablo Iván fue desaparecido por un comando armado. Le llamaron por teléfono, lo citaron haciéndole creer que podían darle información sobre el paradero de su hermano. Su cuerpo fue localizado el 3 de agosto de 2018 en una fosa clandestina.

“Había recibido amenazas previas por su labor de búsqueda, luego de haber descubierto que unas personas usaban la moto en la que viajaba su hermano al momento de su desaparición y que un policía podría haber sido cómplice”, detalla el diagnóstico. 

Jesús Isaac también fue desaparecido por hombres armados quienes ingresaron a su domicilio ubicado en el municipio de Tlaquepaque, colindante a la capital del estado. Dos días después, el 3 de agosto de 2024, fue localizado sin vida. El diagnóstico detalla que su familia había recibido amenazas previas por la labor de defensa de derechos humanos. 

El joven es hijo de Catalina Mireles, una madre buscadora y fundadora del colectivo “Madres Buscadoras de Lagos de Moreno” e integrante del Consejo Ciudadano de Desaparecidos en Jalisco. 

Además, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reportó otro caso en Jalisco de una buscadora que fue desaparecida y más tarde localizada con vida.

Se trata de la joven Lucero Berenice Romo, una de las cofundadoras del colectivo Jovénes Buscadores. Desapareció el 12 de marzo de 2024 cerca de su domicilio ubicado en el municipio de Tlaquepaque. Previamente había recibido amenazas por la búsqueda que realiza de su madre y cuatro de sus tíos desaparecidos en diciembre de 2019 luego de ser privados de la libertad por policías municipales de Ocotlán.

El 23 de noviembre de 2024, Kenia García Chulín estaba trabajando en el puesto de sus papás frente a la casa, cuando les marcó para preguntarles el precio del kilo de migajas de chicharrón. Eran las 10 de la mañana y la llamada entró, pero no contestaron. Tampoco respondierona las demás llamadas que Kenia hizo durante el día y la joven empezó a tener una extraña sensación en el estómago. 

Al día siguiente, los familiares de una de las demás mujeres que viajaban en la Urvan fueron a Emiliano Zapata para buscar a las siete personas incomunicadas. Dieron con el rancho donde todavía estaba la camioneta descompuesta. Además, encontraron a una persona que dijo haber visto la Urvan donde el grupo viajaba, para regresar de Tuxtla Gutiérrez -donde fueron a buscar unas piezas,- acompañada por cinco camionetas blancas. “Allí fue cuando me cayó un balde de agua hirviendo horrible, me quedé en shock”, dice Kenia.

Exigen una nueva búsqueda en zona donde hallaron la camioneta donde viajaban 7 personas desaparecidas en Chiapas

A solicitud y junto con los familiares, las autoridades –la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y Protección Civil -realizaron una jornada de búsqueda en la zona donde fue encontrada la Urvan: un lugar inhóspito cubierto de pedregales en el municipio de Acala. Cerca de allí encontraron un gran hoyo en el piso, de estos que los campesinos cubren con plásticos para recolectar el agua. Estaba tapado con ramas y en las piedras que lo rodeaban había marcas oscurecidas, como si se hubiera quemado algo. Las autoridades excavaron y cuando llegaron a unos 50 centímetros de profundidad dejaron de hacerlo, pues encontraron piedras.

De acuerdo con la Colectiva Cereza, agrupación que brinda acompañamiento psicosocial y jurídico a mujeres en situación de cárcel y a familiares de desaparecidos, habría que realizar una nueva búsqueda y averiguar qué hay debajo de las piedras. Las activistas, que estuvieron presentes en la jornada, no creen a las autoridades cuando afirman que las marcas en las piedras se deben a la quema de rastrojos de las milpas, pues afirman que los campesinos los suelen guardar para usarlos como abono. Además no les cuadra que el hoyo fuese tapado, siendo que su finalidad es recolectar lluvia.

“La búsqueda no dio resultados, sólo fui a llorar. No sé si encontrarlos hubiera sido bueno o malo”, dijo Kenia tras el día de búsqueda. Pero de algo está segura: “Si yo no los busco nadie lo va a hacer. Si no me levanto por ellos nadie me va a levantar y esto es lo que me da fuerza, es lo que me mantiene aquí”.

“El gobierno no nos ayuda lo suficiente para buscar”, dicen familias ante aumento de desapariciones en Chiapas

El salón de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) de San Cristóbal de Las Casas se llena poco a poco de estudiantes y profesores. De la cátedra cuelga un cartel que dice “los desaparecidos no se juzgan, se buscan”. 

Está a punto de iniciar un foro donde familiares de desaparecidos dialogan con la ciudadanía, algo que no es nada común en Chiapas, estado donde las fichas de búsqueda empezaron a inundar las redes sociales años después que en muchas otras entidades: a partir de mediados de 2021, cuando recrudeció la guerra entre organizaciones criminales por el control del territorio.

Dolores Gonzalo, hermana del mecánico Urbano Gaspar Aguilar Díaz, agarra el micrófono: “Es un tiempo difícil, mucha gente está desapareciendo y el gobierno no nos ayuda suficientemente para buscar”, dice. Pasa la palabra a Kenia: “En la primera semana no levanté la ficha de búsqueda porque no sabía qué puerta tocar ni a quién acudir. Estaba en estado de shock y pensaba que mis familiares iban a regresar. Un día estaba bien y otro día me sentía mal y pensaba: “Los han de tener cortando café”, pero viendo lo que pasó en Jalisco me pregunté a qué se estarán enfrentando para poder sobrevivir”.   

Kenia estudia economía en esta Universidad y es la primera vez que cuenta su historia frente a sus compañeros y profesores. “¿Qué podemos hacer?”, pregunta una estudiante. “Acuerpar, escuchar, estar”, se le contesta. Una profesora recuerda que Kenia tiene a su cargo a su hermano de 14 años, que ya no tiene el apoyo económico de sus papás, que la búsqueda implica gastos. Se propone exigir a la UNACH otorgarle una beca y que la institución haga un pronunciamiento, se decide que los estudiantes se pronuncien también. “Kenia esta es tu casa, no estás sola”, le dice un profesor.

Participación como abogada de Guzmán Loera

Entre 2016 y 2017, Delgado García participó como abogada de Guzmán Loera durante su reclusión en el Cefereso 9 de Ciudad Juárez. En ese periodo, ofreció declaraciones públicas en medios y denunció irregularidades en el penal, como el impedimento al ingreso de verificadores judiciales y la necesidad de solicitar por vía legal una cobija adicional ante el clima invernal, según reportes del semanario Zeta.

Candidatura formal y validación oficial

En su perfil público de Facebook, donde promueve su campaña, Delgado afirma: “Estoy convencida que para ser juzgador no solo se requiere preparación, se requiere carácter y temple para tomar las decisiones de manera imparcial, pero sobre todo: Darle el valor que merecen a las personas”. También expresa que, de obtener el cargo, se compromete a formar parte de una transformación en el sistema de justicia.

En esa misma red social, se presenta como “abogada y conferencista”.

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, en su programa Pie de Nota, el perfil oficial de Delgado no hace mención de su participación como defensora de Guzmán Loera.

Silvia Rocío Delgado García tiene 51 años y obtuvo el título de Licenciada en Derecho en 2007 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su cédula profesional, según el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública.

En junio de 2023, organizó un evento para mujeres titulado “Mi sexualidad sin tabú”, que incluía actividades sobre educación sexual y bienestar.

Conforme a la información, González salió junto con el secretario de la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y lo acompañó a una reunión de trabajo; de ahí se fueron a comer a la Plaza Financiera, ubicada en el bulevar Sánchez Taboada, alrededor de las 13:00 horas, en dicha ciudad fronteriza.  

Según distintos datos que circularon en portales y medios de comunicación locales, el escolta se percató del intento de asalto de dos hombres armados contra una mujer, quien realizaba una transacción en una casa de cambio del lugar, al parecer por 5 mil dólares.  

Jorge César González gritó e intervino en el acto, pero le dispararon en respuesta y lograron herirlo en el pecho; el escolta también alcanzó a herir a uno de los responsables, antes de quedar tendido en el lugar, mientras los agresores escapaban.  

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó más tarde que la Unidad de Drones logró asegurar a una persona y, cuadras más adelante, la policía detuvo a otro de los presuntos involucrados, quien iba en un taxi en el que intentó darse a la fuga.  

También indicaron que los detenidos son Juan Carlos “N” y José Martín “N”, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), así como dos armas que traían los hombres.  

Agregaron que José Martín, conforme a los registros policiales, cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y robo agravado.  

Por su parte, Alejandro Arregui Ibarra confirmó que el escolta trabajaba desde hace años para él y lamentó su fallecimiento y dio el pésame a la familia.  

“Hoy despedimos a un amigo, a un hombre íntegro y comprometido que nos deja un profundo vacío. Su sentido del deber, su lealtad y su inquebrantable determinación marcaron la vida de quienes tuvimos el privilegio de conocer y trabajar a su lado”, expresó mediante una esquela en honor a Jorge César González.

El secretario del Trabajo declaró a la Agencia de Noticias AFN que el escolta trabajó con él durante varios años, incluso antes de que entrara a la actual administración de la gobernadora, además, tenía una trayectoria en corporaciones policiacas en la Ciudad de México.  

“Salimos de la ‘mañanera’ donde acompañamos a la gobernadora y luego sostuvimos una reunión de trabajo con funcionarios de la Ciudad de México. Al concluir decidimos ir a comer, estacionándonos en la calle Antonio Caso. Luego, todo sucedió muy rápido”, declaró ante el hecho y expresó sentirse dolido por la situación.

La magistrada Catherine O’Hagan Wolfe reprogramó la audiencia para el próximo 21 de julio, según el documento oficial con número de orden 24-2949, que emitió la corte el pasado 14 de marzo.  

Inicialmente el funcionario tendría que haberse presentado este mes a la comparecencia. 

En diciembre del año pasado, García Luna fue trasladado al penal de alta seguridad del condado de Lee, en el estado de Virginia, dónde se encuentra actualmente, de acuerdo con datos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés). 

Para obtener la prórroga, la defensa del exfuncionario federal argumentó tener obstáculos para comunicarse con su cliente, ya que se encuentra en asilamiento después de su traslado al centro penitenciario en Lee, informó “Milenio”.  

De acuerdo con reportes periodísticos, la defensa agregó que el material a revisar es demasiado extenso, por lo que se pidió la duplicidad del plazo inicial después de la sentencia emitida por el juez Brian Cogan.  

García Luna es el funcionario mexicano de mayor rango en ser enjuiciado en Estados Unidos.

“Mejoredu en pie de lucha”

Trabajadores de la comisión salieron a las calles antes de las 11:00 horas de este jueves. Partieron desde las oficinas del organismo en Barranca del Muerto para dirigirse a las instalaciones de la SEP en avenida Universidad.

“Mario, escucha, Mejoredu en pie de lucha”, “Certeza laboral”, “No que no, si que si, ya volvimos a salir”, fueron algunas de las consignas que lanzaron mientras avanzaba el contingente.

Hasta ahora los trabajadores no saben si tendrán liquidación justa o serán recontratados. Además, mantienen el reclamo de que las únicas visitas que ha hecho personal de la SEP al edificio de Mejoredu son para ver los muebles que tienen en las oficinas.

Los manifestantes continúan sobre la Avenida de los Insurgentes Sur y han bloqueado la circulación en los carriles con dirección hacia al norte.

Los trabajadores, que desconocen si serán liquidados o recontratados, hacen un llamado a los automovilistas a solidarizarse con su… pic.twitter.com/rwaDqlG5Mk

— Animal Político (@Pajaropolitico) April 3, 2025

Ataques armados, amenazas y hostigamiento: las agresiones más recurrentes a personas buscadoras

Entre las agresiones más recurrentes contra las personas buscadoras, según el documento del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se encuentran las agresiones físicas; como golpes, heridas con objetos punzocortantes y que les arrojen objetos con el fin de lastimarles durante el volanteo, pega de fichas de búsqueda e incluso mientras salen de las fiscalías de sus estados de procedencia. 

Las amenazas que reciben las personas buscadoras van desde la intimidación con hacerles daños físicos graves o provocar la pérdida de empleo, hasta la muerte propia o de otros familiares.

En nuestro país, el delito de amenazas se encuentra estipulado en el artículo 282 del Código Penal Federal, en donde se establece que, “se impondrá una sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días de multa a quien amenace a otra persona con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos”. 

El hostigamiento es emitido no solo por integrantes del crimen organizado sino también por autoridades ministeriales que entre las acciones que realizan se encuentra hacer llamadas telefónicas de números desconocidos para amenazar, fotografían a las personas en sus jornadas de búsqueda sin su consentimiento y realizan denuncias falsas con el fin de promover la criminalización y, por ende, justificar la presencia de autoridades y prensa en su lugar de trabajo y domicilio.

En 15 años hay cerca de 28 asesinatos y desapariciones de personas buscadoras

Según datos de la organización Artículo 19, entre 2010 y los primeros meses de 2025 se han registrado 24 casos de personas buscadoras asesinadas y cuatro desaparecidas en el país. Los estados con mayor incidencia son Guanajuato con ocho casos; Michoacán y Sonora con tres casos cada uno; Sinaloa, Veracruz y Jalisco con dos casos cada uno. Otros estados en donde se han registrado al menos un caso son Baja California, Chihuahua, Puebla, Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Guerrero, con un caso cada uno.

A raíz del reciente fallecimiento de la buscadora Teresa González Murillo, es pertinente recordar a algunas de las otras defensoras de Derechos Humanos que por su labor de búsqueda han sido asesinadas.

Sofía Raygoza Ceballos, activista y madre buscadora, fue encontrada muerta y con signos de violencia el pasado 8 de febrero de 2025. Días después del hallazgo, la Fiscalía de Zacatecas confirmó que su cuerpo había sido encontrado en un vehículo gris en el municipio de Villanueva.

Ceballos se había convertido en un icono del movimiento de madres buscadoras en su estado, a raíz de la denuncia que emitió ante la desaparición de su hija Frida Sofía en febrero de 2023 y reprochaba la negligencia de las autoridades zacatecanas ante el caso.

Teresa Magueyal, defensora de Derechos Humanos, fue asesinada a balazos por un grupo de hombres armados no identificados el 2 de mayo de 2023 en Celaya, Guanajuato. 

Teresa viajaba en su bicicleta cuando hombres armados la atacaron a balazos a un costado de un jardín de niños de la comunidad de San Miguel Octopan, ella buscaba a su hijo desaparecido desde el 6 de abril de 2020. 

Javier Barajas Piña, abogado y buscador de personas desaparecidas desde que su hermana Guadalupe desapareció en febrero de 2019 en Salvatierra, Guanajuato. Piña fue asesinado a quemarropa por personas desconocidas en el centro de dicho municipio. Meses antes de su asesinato se había incorporado a la Comisión Estatal de Búsqueda, lugar donde promovía el derecho a la verdad de las familias de personas desaparecidas en Guanajuato.

Blanca Esmeralda Gallardo, madre buscadora, fue asesinada a tiros el 4 de octubre de 2022 por un grupo de sujetos armados que la interceptaron a las afueras de su domicilio en Puebla.

Desde 2021, Gallardo buscaba a su hija Betzabé Alvarado y aunque identificó al presunto responsable de la desaparición, las autoridades no actuaron ni la protegieron, según denuncian colectivos de búsqueda.

María del Rosario Zavala, madre buscadora, fue asesinada el 14 de octubre de 2020 en su domicilio en Guanajuato, horas después de hacer una última jornada de búsqueda de su hijo Yatziri Misael Cardona Aguilar, secuestrado el 23 de diciembre de 2019. De acuerdo con medios, el 27 de junio de 2022 sujetos armados también asesinaron a Jorge Ulises Zavala, otro hijo de María del Rosario.

Ante esta realidad, Sheinbaum detalló que su gobierno ha decidido modificar el Plan México, presentado originalmente en enero de 2025, para fortalecer el mercado interno y garantizar “la soberanía energética y alimentaria”. 

Entre las estrategias, destacó la ampliación de la autosuficiencia alimentaria, con el objetivo de alcanzar una producción de 25 millones de toneladas de alimentos en 2025 y aumentar la producción de frijol a 1.7 millones de toneladas para 2030. 

También se impulsará la producción de leche a través de Liconsa y se fomentará el comercio justo para los productos del campo.

En materia energética, el plan contempla una mayor autosuficiencia con un incremento del 30 % en la producción de gasolina, diésel y turbosina, así como una reducción en la importación de gas natural. 

Además, se acelerarán inversiones en generación eléctrica y en la Comisión Federal de Electricidad, con un total de 3,585 megavatios de nueva capacidad instalada, de los cuales el 25 % provendrá de fuentes limpias. 

También se contemplan 59 proyectos de inversión para fortalecer la red de transmisión y distribución, además de la agilización de permisos para proyectos de energía renovable.

El proyecto también busca impulsar la infraestructura con la ampliación y modernización de la red carretera, sistemas de distribución vial y saneamiento de ríos. 

Construcción, otro eje a impulsar

En este marco, se dará inicio a la construcción de trenes de pasajeros, incluyendo un nuevo tramo del Tren Maya hacia Progreso y la ampliación del Tren Interoceánico en 178 kilómetros. 

Asimismo, se prevé la modernización de 11 puertos, la terminación de los aeropuertos de Tepic y Puerto Escondido y mejoras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

La ejecución de estos proyectos requerirá inversiones mixtas en carreteras y puentes, bajo el marco de una nueva ley de obra pública enviada al Congreso, y generará entre 500 mil y 1 millón de empleos directos.

El acero y el sector automotriz

Sheinbaum destacó el fortalecimiento del mercado interno en los sectores que sí están contemplados en los aranceles de Trump, como la industria textil, acero, aluminio y semiconductores. El 5 de mayo se presentarán las medidas. 

En el sector automotriz, se impulsará la fabricación de vehículos para que el consumo nacional provenga mayoritariamente de la producción interna.

También se buscará aumentar la manufactura de productos farmacéuticos y equipos médicos, así como expandir la producción petroquímica y de fertilizantes durante el primer semestre del año.

El gobierno también implementará una ventanilla única de simplificación administrativa.

 Además, el 19 de mayo se lanzará la licitación para la creación de 15 polos de bienestar con incentivos fiscales, mientras que el 23 de abril se llevará a cabo una feria de empleo con la meta de generar 100 mil nuevos puestos de trabajo.

Sheinbaum también anunció que a partir del 7 de mayo se pondrán en marcha nuevos programas de crédito a través de la banca de desarrollo, con especial énfasis en el financiamiento para pequeñas y medianas empresas. 

En este sentido, se destinarán mayores recursos al registro de patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el fin de impulsar el desarrollo de vehículos eléctricos y semiconductores.

Se  mantendrá la política de incremento al salario mínimo como una medida clave para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores. Asimismo, se garantizará la continuidad y ampliación de los programas de bienestar social, incluyendo la entrega de estufas ecológicas a comunidades rurales.

“Ambulancia Network” es una empresa domiciliada en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, a unos mil 435 kilómetros de distancia de la capital de Chihuahua o casi 17 horas de camino en carretera. Su representante legal es Manuel Ernesto Sapog.

De acuerdo con una breve revisión, se encontró que, al menos una de las ambulancias, la de las placas AM-446-GA, está registrada en el Estado de México, a nombre del Instituto de Salud del Estado de México.

Renta con antecedentes tabasqueños

Otra de las ambulancias está a nombre de la empresa Lease and fleet Solutions SA de CV, dedicada a la administración de flotillas, compra de vehículos, gestorías, seguros y asistencia legal, mantenimiento, telemetría y combustible. Dicha empresa también está domiciliada en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Fundada en 2016, tiene antecedentes de haber sido proveedora de Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), cuando el hoy senador Adán Augusto López era gobernador de dicha entidad.

Greenpeace México recibe con optimismo el reconocimiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre los daños ambientales causados por el Tren Maya, así como su intención de implementar un plan integral de restauración en la Península de Yucatán. Este es un paso en la dirección correcta, pero es fundamental que este proceso incluya el involucramiento activo de la ciudadanía, comunidades locales y especialistas para garantizar soluciones efectivas y sostenibles.

Una oportunidad para la protección integral del acuífero

La propuesta de decretar el sistema de cavernas y cenotes de Quintana Roo como reserva de la biósfera representa una oportunidad clave para ampliar el nivel de ambición en la protección integral del acuífero de la Península de Yucatán. Este acuífero es una de las principales fuentes de agua para la región, un conector entre diversos ecosistemas y un contenedor de vestigios arqueológicos y paleontológicos de incalculable valor.

Sin embargo, su protección debe abordar con urgencia la contaminación proveniente de los diversos puntos de la región más allá del estado de Quintana Roo. El plan de protección del acuífero debería ser integral, contemplando también poner un alto al uso intensivo de agrotóxicos en monocultivos industriales en Campeche que también han provocado muertes masivas de abejas, así como los desechos generados por las cientos de mega granjas porcícolas en Yucatán. La contaminación de este sistema hídrico pone en riesgo la vida de comunidades y ecosistemas que dependen de él, por lo que cualquier estrategia de protección debe contemplar medidas concretas para frenar estas fuentes de contaminación.

Pasos de fauna y corredores biológicos: aún falta mucho por hacer

La eliminación de mallas en las vías y la mejora de los pasos de fauna son un avance, pero persisten dudas sobre las medidas concretas que se implementarán para garantizar la reproducción y supervivencia de especies amenazadas, como el jaguar. Especialistas han reiterado la necesidad de trabajar en la instauración de corredores biológicos para lograr esas condiciones para la fauna de la región. El Tren Maya por sí mismo, con sus 1500 kilómetros de vía, sigue siendo un elemento fragmentador del ecosistema y es urgente asegurar que las especies puedan moverse libremente en su hábitat sin obstáculos artificiales que pongan en riesgo su existencia, considerando también que no solo se trata de un tren turístico sino de un ferrocarril de carga que tendrá conexión con Puerto Progreso y cuyas operaciones se harán aún más intensas de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno de México.

Industria porcícola y crecimiento inmobiliario: ¿Se está abordando la raíz del problema?

Si bien Semarnat ha reconocido la necesidad de atender el impacto de las mega granjas y el desarrollo inmobiliario en la Península de Yucatán, es necesario aclarar si estas acciones incluyen medidas más allá de la gestión de desechos y descargas. La expansión descontrolada de estas industrias está modificando irreversiblemente el territorio, afectando no solo la calidad del agua, sino también la biodiversidad y los derechos de las comunidades locales.

Reforestación: ¿una solución realista ante la magnitud de la deforestación?

El anuncio sobre la reforestación como parte del Plan de Restauración Integral es un compromiso importante, pero hay preguntas clave que deben responderse: ¿Qué especies de árboles se utilizarán? ¿Cuál será el proceso de plantación y seguimiento para garantizar su éxito? ¿Cuántos árboles serán plantados considerando que para la construcción del Tren Maya se derribaron aproximadamente 10 millones? ¿En qué zonas específicas se llevará a cabo esta reforestación? Sin un plan detallado, este esfuerzo podría quedar en una acción simbólica sin un impacto real en la recuperación del ecosistema.

Alertas previas y afectaciones persistentes

Otro aspecto que requiere atención inmediata es la proliferación de bancos de materiales pétreos a los que se conoce como “sascaberas”, los cuales abastecen a la industria inmobiliaria y de construcción, así como a la propia construcción del Tren Maya. Es alarmante constatar que tan solo en la Gaceta Ecológica de la Semarnat emitida el 27 de marzo pasado, se enuncian las resoluciones para 20 bancos de material pétreo promovidas por la Sedena para el Tren Maya durante 2024 y 2025, así como la construcción de 4 hoteles a cargo de esa misma institución, y que están devastando miles de hectáreas de selva todos los días. ¿Cuál será el plan para frenar los cambios de uso de suelo que se están dando de manera indiscriminada para alimentar este modelo? La extracción sin control de estos recursos sigue impulsando la degradación del ecosistema y la pérdida de biodiversidad.

Sí a la restauración, pero con participación ciudadana

Estos son solo algunos de los puntos y preguntas que consideramos esenciales para abordar en espacios de trabajo convocados por las autoridades, en conjunto con especialistas y comunidades locales. Se requieren acciones concretas y un diálogo transparente e incluyente con las comunidades locales  que garantice que la restauración ambiental sea efectiva y se base en la ciencia y el conocimiento de quienes habitan y protegen estos territorios.

Greenpeace México reitera su disposición a colaborar en la construcción de soluciones reales y duraderas para proteger la riqueza natural de la Península de Yucatán y asegurar un futuro en armonía con el medio ambiente.