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El cobro de impuestos a Salinas Pliego "es un tema técnico", no personal: Sheinbaum

La Presidenta Sheinbaum descartó que se trate de una persecución en contra de Salinas Pliego o de sus empresas; respetará la decisión de la SCJN, adelantó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó esta mañana que el caso del pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos del país y que acumula adeudos fiscales millonarios, está relacionado con un "tema técnico" y no con uno personal. Descartó que se trate de una persecución en su contra, como ha acusado el magnate.
"Es muy serio lo que nosotros planteamos y tiene sustento técnico. […] En el tema del pago de los impuestos, que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario, a un grupo empresarial", señaló este martes Sheinbaum en su conferencia matutina.
Además, la mandataria añadió que el Ejecutivo acatará lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que seguirá "dentro del marco jurídico todo lo que se tiene que hacer". "Es algo serio. No es algo que tenga que ver con un asunto personal, o un asunto contra algún grupo, o que estemos politizando un asunto. Sencillamente es una definición que viene desde 2008 de un pago que se tiene que hacer al erario para beneficio del pueblo de México", sentenció.

Sheinbaum Pardo insistió en que el tema técnico de ese adeudo tiene que ver con "auditorías fiscales que se hicieron y que dan un monto muy importante de impuestos, y que durante mucho tiempo se ha venido amparando este grupo empresarial y pues está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia".


"Tiene mucha seriedad el cálculo que se está haciendo, más allá de los comentarios en este sentido que podamos hacer. Tiene que pagar. Tiene que pagar y la Corte va a tomar su decisión"; resaltó la Presidenta.
Por último, reiteró que el tema ya le corresponde a la Corte: "Nada más que pague. Toma chocolate y paga lo que debes. Toma chocolate y paga lo que debes".

Salinas Pliego debe impuestos, multas y recargos

El millonario adeudo de Ricardo Salinas Pliego ya ha sido dado a conocer por el Gobierno federal, y mientras más tiempo pase sin pagar, la cifra seguirá en aumento. Así lo señaló Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite los domingos por Canal Once, la funcionaria habló sobre la situación fiscal del presidente de Grupo Salinas, quien recientemente pidió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revele cuánto debe al fisco para poder pagarlo.

Sobre el tema, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela señalaron que el adeudo del empresario podría ascender actualmente a los 80 mil millones de pesos, en lo que estuvo de acuerdo Buenrostro Sánchez, quien añadió que "entre más días pasen, entre más tiempo pase, Elektra y Banco Azteca van a estar debiendo cada vez más dinero".

Sí queremos pagar, dice Grupo Salinas

El sábado, durante la celebración de su cumpleaños número 70, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, hizo pública una carta que envió a la Presidenta Sheinbaum en octubre de 2024, en la que aseguró que sus empresas están dispuestas a pagar lo que corresponde en materia fiscal, pero exigió que se respeten los acuerdos previos y se detengan las campañas de desprestigio en su contra.

En su mensaje, Salinas Pliego declaró: “Estamos cansados de tanto litigio. Queremos terminar esta pesadilla para seguir creando valor para nuestros clientes y garantizar la estabilidad económica de más de 200 mil familias del grupo”. La estrategia de su grupo empresarial ha sido siempre la de alargar hasta el cansancio los casos y llevarlos tan lejos como sea posible en el panorama judicial.


También anunció la publicación de dos documentos: una carta enviada hace un año a Claudia Sheinbaum y un escrito dirigido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) hace unos días, en el que solicitó que se le informe cuánto debe pagar para liquidar el adeudo “en menos de 10 días”.
“Queremos terminar y queremos pagar”, dijo ante miles de asistentes que se dieron cita en la Arena Ciudad de México para acompañarlo en el evento llamado “Celebra los 70 del Tío Richie”. “Ahora sí estoy dispuesto a hacer este esfuerzo para darle la vuelta a la página”, añadió.
En la misiva, el empresario señaló que el conflicto con el SAT se ha prolongado por años debido a “que se han mantenido legítimas diferencias ante los intentos fallidos de cobros dobles y recargos excesivos” que pretenden imponerle.

Luego, este lunes, Grupo Salinas acusó nuevamente ser objeto de una "persecución sistemática" por parte del Gobierno de México, y señaló que acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para defenderse ante tal situación.

Esto, luego de que Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, asegurara que Grupo Salinas miente al haber afirmado que en el sexenio de AMLO se había llegado a un acuerdo con el Gobierno federal para poner fin al conflicto que enfrenta por sus adeudos millonarios de impuestos.


Según Medina, López Obrador le comentó que "para avanzar en cualquier acuerdo, no se podían condonar impuestos", sino que "sólo se podían aplicar reducciones legales en recargos como a cualquier contribuyente, y que cualquier acuerdo primero tenía que ser validado por el Poder Judicial, cosa que nunca ocurrió".

La millonaria deuda… en EU

La semana pasada, Salinas Pliego sufrió otro importante golpe: un Tribunal en Materia Civil de la Ciudad de México revocó una sentencia a favor del magnate para evitar que pagara un adeudo de 580 millones de dólares a acreedores extranjeros. En este caso, Grupo Salinas también lanzó un comunicado, en el cual afirma estar abierto al diálogo con los acreedores "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".

La Presidenta Sheinbaum confirmó la sentencia revocada por un Tribunal en Materia Civil de la Ciudad de México y aseguró que otros procedimientos en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego están por resolverse en el país. Comentó que el fallo revocó las medidas cautelares que un Juez había dictado a favor del dueño de Grupo Salinas, quien se amparó durante la pandemia de COVID-19 para no pagar un adeudo en EU al alegar que no estaba en condiciones para cubrir dicha deuda.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"La idea es que se envíe a México": CSP sobre Álvarez Puga; espera información de FGR

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es señalado por la justicia mexicana como presunto responsable de estar involucrado en una red de empresas fantasma y de cometer un fraude millonario en agravio del Gobierno federal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) buscará la extradición de Víctor Álvarez Puga tras su detención en Estados Unidos (EU), e informará si también fue detenida su pareja, la presentadora Inés Gómez Mont.

El empresario y abogado es buscado por la justicia mexicana luego de ser señalado como presunto responsable de los delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con los registros de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Álvarez Puga está bajo custodia administrativa en el Centro de Procesamiento Krome North en Miami, Florida, luego de ser arrestado debido a una presunta irregularidad en su situación legal.


Al respecto, la Presidenta Sheinbaum reveló que le solicitó a la FGR la información respecto a la detención del empresario, además de si su pareja, Inés Gómez Mont, también fue arrestada, esto durante la reunión que sostuvo hoy con el Gabinete de Seguridad.

La mandataria mexicana aseguró que "la idea es que [Álvarez Puga] se envíe a México".

"Vamos a esperar a que nos dé la última información la Fiscalía y con gusto, porque es la Fiscalía quien tiene el caso, para saber exactamente si se está pidiendo extradición, si es deportación, bajo qué condiciones fue detenido y también si está involucrada la persona que dices [Inés Gómez Mont]", dijo.


Víctor Álvarez Puga es acusado por la justicia mexicana de ser presunto responsable de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, debido a que supuestamente está involucrado en operaciones ilícitas y actos de corrupción cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN).

De acuerdo con la FGR, el empresario y abogado habría liderado una red de empresas fantasma que fueron usadas para triangular más de dos mil 950 millones de pesos provenientes de dos contratos con el Gobierno Federal.

Presuntamente, Álvarez Puga y su pareja, la conductora Inés Gómez Mont, recibieron depósitos millonarias de parte de "factureras" que fueron contratadas por exfuncionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).


A raíz de los procesos penales iniciados en contra del abogado y la presentadora, el matrimonio abandonó México en el 2019 y se estableció en Florida, Estados Unidos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

ISSSTE inaugura Centro de Cirugía Robótica; beneficiará a 500 derechohabientes al año

Con una inversión de seis millones de pesos, el ISSSTE inauguro el Centro de Cirugía Robótica en el Hospital Regional "Lic. Adolfo López Mateos".

Como parte de las acciones realizadas por el Gobierno de México en materia de salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) inauguró el Centro de Cirugía Robótica del Hospital Regional (HR) “Lic. Adolfo López Mateos”, en la Ciudad de México, el cual cuenta con un novedoso robot Da Vinci que permite la realización de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y de alta precisión.

A través de un comunicado, el ISSSTE detalló que el robot está "compuesto por brazos robóticos, palancas y una consola que asegura movimientos milimétricos", además de que ya fue utilizado en dos cirugías a mujeres: una de 72 años que tenía un tumor en el ovario, y otra de 76 años con cáncer de cérvix.

"Las dos pacientes se encuentran ya en el área de recuperación, con indicaciones post recuperatorias y sin ninguna complicación", destacó Félix Octavio Martínez Alcalá, director del nosocomio.

Alcalá también señaló que se hizo una inversión de seis millones de pesos para la realización del Centro, mismo que se espera beneficie a un estimado de 500 derechohabientes de forma anual, a quienes se les practicarán cirugías robóticas oncológicas, ginecológicas y urológicas. "Estas son las tres áreas que se van a abordar aquí en este centro", indicó.

"El Centro de Cirugía Robótica fue equipado con un área de precirugía, compuesta por dos camas, así como una zona de recuperación con cuatro camas disponibles, y dos quirófanos equipados con lo necesario para brindar seguridad a los derechohabientes", apuntó el ISSSTE en su comunicado.

Por su parte, el director del Hospital Regional afirmó que los quirófanos cuentan con todos los requisitos necesarios para la seguridad de las y los pacientes, además de que el Centro fue diseñado con un enfoque de cirugía de corta estancia.

Asimismo, subrayó los beneficios de la cirugía robótica, ya que esta permite llevar a cabo procedimientos mucho más precisos, con mayor seguridad y con un menor tiempo de recuperación.

"Yo creo que esta es una muestra de la transformación del ISSSTE y de las políticas que nos han marcado nuestro director general, el doctor Martí Batres Guadarrama y nuestro director médico, el doctor Reyes Terán, que están atentos a que estemos a la vanguardia y tengamos lo mejor para nuestros derechohabientes", sostuvo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aprueban Diputados la Ley General contra la Extorsión

El delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en esta ley “se investigarán y perseguirán de oficio”, según lo aprobado en San Lázaro.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General contra la Extorsión, con la cual se podrá perseguir de oficio a quienes cometan dicho delito y castigarlos con hasta 25 años de prisión.

Con la unanimidad de 456 votos a favor, la Cámara baja avaló en lo general el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.

Además, reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados.

El documento, que deriva del análisis de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de 11 propuestas impulsadas por diputados de Morena, PAN, PVEM y PT, da cumplimiento al decreto que declara reformado el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de extorsión, el cual otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley General que establezca, como mínimo, el tipo penal y sus sanciones en materia de extorsión.

Su objetivo es establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y otros delitos vinculados; el tipo penal básico para el delito de extorsión aplicable a toda la República, sus sanciones y agravantes, así como otros delitos vinculados en materia de extorsión.

Define las reglas, procedimientos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal del delito de extorsión, o las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que las autoridades deben implementar en sus ámbitos de competencia, para la prevención efectiva del delito de extorsión.

El delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en esta ley “se investigarán y perseguirán de oficio”. La investigación, persecución y sanción del delito de extorsión estará a cargo de la Federación, cuando se actualice alguna de las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional, en el Código Penal Federal o en cualquier otro ordenamiento que le otorgue competencia a la Federación.

También, cuando exista una sentencia, decisión o resolución de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos u órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado mexicano sea parte, en la que se determine la responsabilidad u obligación de éste, por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento del delito previsto en esta Ley.

Además, cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la Fiscalía o procuraduría de la entidad federativa la atracción del asunto, atendiendo a las características propias del hecho, a las circunstancias de su ejecución o a la relevancia social del mismo. Cuando la comisión de los delitos previstos en esta ley se encuentre vinculada con la delincuencia organizada se estará a lo dispuesto por la Ley de la materia.

Determina una pena de prisión que va de 6 a 15 años y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.


Tres conjuntos de agravantes

Establece 3 conjuntos de agravantes. El primero incrementa la pena base en hasta una tercera parte, si el sujeto activo manifieste su pretensión de continuar obteniendo un beneficio en especie, dinero o bienes, por concepto del cobro de cuotas o prestaciones de cualquier índole; se cometa en contra de quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicios públicos o privados.

Asimismo, cuando el sujeto activo por sí o en representación de un sindicato, agrupación o asociación, sea real o simulada, coaccione a la víctima para que contrate, obtenga o adquiera de otra persona, ya sea física o moral, bienes, insumos o servicios para el desarrollo de su actividad comercial.

También, cuando le imponga a la víctima el precio de los productos, bienes o servicios que comercializa, el pago de la extorsión se deposite en una cuenta del sistema financiero mexicano o de cualquier otro país, y se emplee a un tercero sin que tenga conocimiento del hecho delictivo.

El segundo, de una tercera parte hasta la mitad de la pena si se comete en contra de una o varias personas migrantes o en contra de persona menor de 18 años, en estado de embarazo o mayores de 60 años; se utilice información privada de la víctima o de sus familiares, como datos personales, imágenes, audios, textos o videos, ya sean reales, manipulados o alterados, para coaccionarla.

De igual modo, se utilicen medios de comunicación a través de los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza o cualquier otro medio de comunicación electrónica, y por cualquier medio señale tener privada de la libertad a una persona, sin estarlo, y exija el pago de una determinada cantidad de dinero o beneficio en especie para su supuesta liberación.

El tercero, de la mitad hasta dos terceras partes cuando se emplee violencia física o moral para exigir el cobro de un daño, derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional; se utilice violencia física, moral o psicológica para exigir el cobro de un daño ocurrido en algún objeto de su propiedad, derivado de un supuesto accidente cualquiera que éste sea; intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos u otro objeto de apariencia, forma o configuración de armas de fuego.

Igualmente, se tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, anular o menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos; el sujeto activo se encuentre privado de su libertad en un centro penitenciario a disposición de cualquier autoridad, independientemente de su situación procesal; se utilicen o empleen personas menores de edad, y se realice ocasionando daños en las instalaciones de comercios, negocios o bienes en propiedad o posesión de la víctima.

Además, la ley establece sancionar a todas aquellas personas que faciliten, sostengan, cooperen o auxilien dolosamente a la comisión del delito de extorsión y, a quien introduzca o intente introducir a un centro penitenciario algún dispositivo electrónico o sus componentes.

Precisa que “cualquier persona que sufra una extorsión podrá presentar una denuncia sin necesidad de revelar su identidad”, utilizando mecanismos como el número 089; en materia de investigación la policía actuará bajo el mando y conducción del Ministerio Público, con apoyo de personal pericial especializado y con acceso a mecanismos de inteligencia, así como a técnicas de investigación bajo control judicial como la intervención de comunicaciones o la revisión de información bancaria, y deberán atender también el uso de medios electrónicos como redes sociales, mensajería instantánea o plataformas digitales.

Además, en materia de ejecución penal “los sentenciados por extorsión no tendrán acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena”, salvo en casos excepcionales de colaboración eficaz con la justicia; las personas directoras de los centros penitenciarios deberán garantizar que las personas sentenciadas por el delito de extorsión no tengan acceso a medios digitales o electrónicos, así como implementar procedimientos y tecnologías que inhiban la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación y de transmisión de voz, datos o imágenes dentro de su perímetro.

Prevé la reserva de identidad en las actuaciones judiciales, evitando la exposición de datos sensibles; el uso de mecanismos de disociación o anonimización que imposibiliten la identificación visual o auditiva durante las diligencias, y la posibilidad de participar durante el procedimiento a distancia mediante el uso de tecnologías. Incluso las notificaciones que deban dirigirse a la víctima podrán canalizarse a través de la persona asesora jurídica o del Ministerio Público, con el objeto de evitar todo contacto directo con los responsables del delito.

Establece la creación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (Centro), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya finalidad será fortalecer el vínculo con la ciudadanía, así como garantizar la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de denuncias presentadas, a través del número único 089.

En el régimen transitorio expone que, en los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el órgano jurisdiccional podrá efectuar la traslación del tipo en beneficio de la persona a sentenciar, de conformidad con la conducta delictiva de extorsión, sus modalidades o agravantes que se hayan acreditado.

Tratándose de persona sentenciada -aclara- el juez de ejecución podrá considerar la revisión de las penas que se hayan impuesto para efectuar, en su caso, la traslación del tipo, siempre que la conducta, modalidades o agravantes proceda y resultase en su beneficio.

Además, en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas procederán a hacer las reformas legales para armonizarlas con el presente Decreto.

Por su parte, los centros penitenciarios tendrán 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para establecer los procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen a que se refiere el artículo 38 de la Ley General, y el Centro de Atención a Denuncias a entrará en funciones a más tardar en 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cárteles de policías

Aunque parecería imposible que un narcotraficante denunciara el robo de un cargamento de droga, dadas todas las alertas, banderas rojas, inconsistencias, surrealismo, impunidad, corrupción, irracionalidad y sinvergüenzada que eso implica… sucedió. En el México lindo y querido, en el Estado 29 y en la mismita Tijuana. El colmo: los ladrones de droga fueron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Los hechos sucedieron más o menos así: narcotraficantes “independientes”, es decir que no están afiliados a cártel con actividad criminal en la región, y que se van por la libre (o sea sin pagar piso a otros criminales como ellos), transportaron un cargamento de 180 kilogramos de cocaína hasta la frontera de Tijuana. “Alguien” -o sea, un afiliado criminal de una célula del Cártel de Arellano Félix- advirtió la llegada de la droga y compartió tal información con un “policía amigo”, que, a su vez, orquestó a media docena o más de agentes de la FESC, para robar la droga que había llegado doblemente irregular a la entidad: primero porque, pues, es ilegal el transporte de drogas; y segundo porque lo hicieron al margen de los cárteles, sin darles la tajada que les corresponde.

Al modo, los agentes se organizaron un operativo para ir y robar la droga, sabedores que podrían mantener la impunidad ante el hecho que asumían; nadie denunciaría el robo de la droga. En convoy oficial, utilizando unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, a las cuales les inhabilitaron los geoposicionadores y otras herramientas digitales, llegaron hasta la zona señalada y se llevaron la droga.

Pero lo impensable: sí hubo denuncia. No oficial, por supuesto (ahora sí sería el colmo), ni a través de las redes sociales que luego utilizan para el golpeteo criminal, y tampoco con una manta amenazante que es lo más usual. La denuncia llegó a las áreas de inteligencia que, en ambos lados de la frontera, cuentan con orejas criminales.

Dada la participación de solamente oficiales de la FESC en el hurto de la coca, las áreas de inteligencia dieron parte a los mandos de la Secretaría de Seguridad, y ahí, posterior al sábado 4 de octubre, día del robo de la droga, empezó una investigación que ha develado cómo la corporación de seguridad ciudadana está infestada de grupos criminales al servicio de distintos cárteles u organizaciones ilícitas.

La semana posterior al robo, varias mantas amenazantes fueron colgadas o abandonadas en sitios públicos, y en las mismas unos grupos acusan a otros: unos elementos señalan a otros más en lo que parecía ser el juego de la papa caliente entre las áreas de inteligencia, general, enlace, investigación, operación, de la Secretaría de Seguridad. Todos echándose los 180 kilos de cocaína los unos a los otros.

¿Existe alguna corporación que se salve de la corrupción y la infiltración del narco? Difícil saberlo, pero no imposible pensarlo. Lo que sucedió con el robo de la cocaína, teniendo a agentes de la FESC como los protagonistas, evidencia que más allá de servir al narco, hay policías que ya constituyen cárteles de la droga, aunque ésta sea robada.

Desafortunadamente no es la primera ocasión que agentes roban droga en Baja California. Ha sucedido con elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Ministerial del Estado, de las Policías Municipales, pero siempre había sido su participación en apoyo a los criminales; es decir, una célula de un cártel de las drogas que tiene un su ilícita nómina a policías de las diversas corporaciones, los utiliza en distintas tareas, por ejemplo, para que les informen de operativos en su contra y estar en posibilidades de huir a tiempo, o para que les abran camino en un trayecto por zona urbana cualquiera, o para que secuestren a adversarios criminales, o para que los aprehendan. Pero en este caso los policías no iban de refuerzo de cártel o célula alguna, sino en su propio cartelito, organizados entre ellos mismos, y con las unidades oficiales que tienen asignadas.

Los hechos, finalmente, ya están siendo investigados por lo menos por la titularidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo del General Laureano Carrillo, y de las investigaciones internas se proveerá la información a la Fiscalía General de la República, donde se radicará la indagación dado que se trata de delitos contra la salud, o sea, implican drogas, aunque éstas hayan sido robadas a una célula criminal por parte de un cartelito de policías.

Lo surrealista de todo esto es que se iniciará una investigación por el hurto de droga a una célula criminal, no para dar con el cuerpo del delito y reparar el daño a los criminales dueños de las drogas, sino para sancionar a parte de una corporación que, de manera deshonesta, falta a su compromiso de servir brindando seguridad a los ciudadanos, robando a los criminales para obtener un provecho, en lugar de investigar, confiscar, reportar, detener, perseguir a los traficantes de droga y ponerlos a disposición, acciones que habrían sido las correctas una vez que se enteraron de la ubicación de un cargamento de droga. Pero no; como vil cartelito de policías, prefirieron robársela.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Corrupción y fuerzas de seguridad

En BC, proceso de depuración deficiente arroja 78% de policías con exámenes de confianza aprobados, pero protocolos y resultados del C3 ignorados

El robo de 180 kilos de cocaína, ejecutado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) el 4 de octubre del 2025, en la Zona Este de Tijuana, y corroborado por autoridades en ambos lados de la frontera, por enésima ocasión, obliga a los integrantes de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California a reconocer las deficiencias existentes en materia de depuración policiaca, en la utilidad del C3 y en la manera en que están ignorando protocolos y resultados.

El secretario de Seguridad de Baja California, el General Laureano Carillo, finalmente reconoció que por el tema ya tiene a 14 elementos suspendidos y están investigando “el posible mal uso de las patrullas y el equipo táctico”, aunque evidentemente el problema es más profundo.

La delincuencia organizada, la colusión de elementos estatales-federales y municipales con operadores de los cárteles en distintas actividades criminales, como “bajes” o custodia de cargamentos de enervantes, privaciones de la libertad y homicidios, durante décadas ha sido harto conocida por los bajacalifornianos y mexicanos en general. Les han cambiado el nombre a las corporaciones, pero las “mañas” permanecen y los exámenes de confianza no parecen ni contenerlos, ni detectarlos.

A largo plazo, incluso los “operativos de depuración” han servido de poco. En 2007 desarmaron a la policía de Tijuana, y entre 2008 y 2009 detuvieron a agentes municipales y estatales que liberaron años después.

Bajo el gobierno de Marina Ávila, el año pasado entre septiembre y octubre, 162 policías de la zona Sur del Valle de Mexicali fueron desarmados para ser evaluados; el 90 por ciento aprobaron y 16 agentes resultaron dudosos. Le siguieron en enero del 2025 con la policía municipal de Tecate; de los 189 agentes activos, 100 reprobaron, y en agosto informaron que 90 habían sido reinstalados después de una segunda batería de exámenes del C3, pero antes reconocieron que muchos de los no aprobados ni siquiera habían sido suspendidos.

A Rosarito le tocó entre marzo y abril. Los 264 agentes rosaritenses fueron retirados del servicio para ser examinados, y el 40 por ciento (122 elementos) resultaron reprobados y removidos, pero 33 ya están en proceso de ser reinstalados. Entre los 142 aprobados estaban Eusebio Eriberto Frausto Flores, Rosendo Valenzuela Ortega y Jorge Abel Díaz Estrada, los tres uniformados detenidos el pasado 3 de septiembre por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Estatal (SSPC), con orden de aprehensión por su presunta participación en una desaparición del año 2024.

El plan expuesto por el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, General Laureano Carrillo, al llegar en enero del presente año, fue que esa depuración alcanzaría a todos los municipios. En el resto de las ciudades también retirarían a los municipales y los suplirían con agentes estatales, pero dadas las circunstancias, resulta obvio que valdría empezar por reevaluar a la FESC.

El 30 de junio del 2025, el Centro de Evaluación de Control de Confianza para el personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública en México, presentó el informe de Seguimiento de Evaluaciones a Personal Estatal y Municipal y reportó que en Baja California, de una fuerza total de nueve mil 231 elementos, el 78 por ciento (léase siete mil 149) tenían los exámenes aprobados vigentes, 359 los habían reprobado, y el resto (mil 723) o estaban pendientes de resultados o les faltaba hacer las pruebas.

De acuerdo a estos números, en junio pasado había 52 agentes de la FESC no aprobados, de los cuales se ignora el destino, pero a la fecha el secretario de Seguridad no ha informado que ninguno de los 16 agentes suspendidos e investigados esté en los reprobados, lo que también evidenciaría la ausencia de controles.

La misma estadística detalló que nacionalmente existen nueve mil 159 mandos, de los cuales seis mil 480 reportaban los exámenes aprobados vigentes y 526 habían reprobado. Pero no sabemos si algunos de ellos son de Baja California, y también se desconocen los resultados de las pruebas de los mandos militares, dado que esas las realiza la Sedena; por ejemplo, el exdirector de la policía de Mexicali, Teniente Coronel, Julián Leyzaola, (marzo-julio 2025), se retiró del cargo sin entregar las evidencias de sus exámenes aprobados.

En junio del 2022, cuando Octavio Andrée Espino Torres, asistente del jefe de la oficina del exfiscal Ricardo Carpio, fue aprehendido al intentar cruzar la Garita de San Ysidro con 29 kilos de metanfetamina, los primeros reportes indicaron que había aprobado los Exámenes de Control, pero había sido observado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).


Brenda Valdez Jaramillo, entonces directora del C3, confirmó que Espino había aprobado sus exámenes en noviembre de 2021, pero informó que no había sido evaluado para su promoción a la oficina del fiscal, y sus pruebas vigentes no eran suficientes para darle “acceso a información sensible o manejo de recursos” que tenía en la oficina de Carpio; y esa indicación, ignorada por los jefes, estaba considerada en el protocolo.

Valdez compartió en aquel momento que “… los criterios para aprobar se han hecho más flexibles a nivel nacional, por ejemplo, si los elementos examinados fueron sujetos a una averiguación previa años atrás, ya no lo consideran antecedente; si los viejos elementos mintieron en su escolaridad para ingresar, les permiten estudiar y acreditar la escolaridad; si tienen parientes delincuentes o los han visitado en prisión, no les afecta para ser rechazados porque no son el sujeto activo del delito, pero se incluye en expediente como contexto”, y en lugar de reconsiderar estos errores, la funcionaria fue removida del cargo.

Ahora, las denuncias de los constantes acto de corrupción de los uniformados evidencian nuevamente, la urgente necesidad, primero, de tomarse en serio los protocolos y resultados del C3 que son ignorados y evadidos constantemente; y segundo, de reevaluar y reformar, crear, idear procesos de depuración, que sí sean efectivos.

FUENTE: SEMANARRIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Condenan asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán en Durango

Amnistía Internacional condenó el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 25 de octubre en Durango, y exigió a la fiscalía estatal una investigación exhaustiva e imparcial, “que considere su labor periodística como línea central de investigación para garantizar verdad, justicia y reparación del daño”.

Con el asesinato de Beltrán, de 60 años, suman al menos siete periodistas asesinados en lo que va del 2025 en México, “uno de los países más mortíferos para ejercer el periodismo”, señaló la organización.

Además de Amnistía Internacional, organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Artículo 19 exigieron a las autoridades investigar el asesinato y garantizar que el crimen no quede en la impunidad.

El cuerpo de Beltrán fue hallado sin vida, envuelto en una manta y con un narcomensaje en la carretera Durango-Mazatlán el pasado 25 de octubre, y un día después fue reconocido por su hijo. A través de sus cuentas de TikTok y Facebook, el comunicador realizaba publicaciones sobre las actividades de los cárteles de Durango.

Antes de crear su propio canal en redes sociales, el periodista trabajó en distintos medios para informar sobre temas deportivos y sociales, además de que fue vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Campesinos se desplazarían a CDMX en protesta por falta de acuerdo con gobierno: UNTA

Productores de maíz calificaron como “insulto” la oferta del gobierno, exigieron precios justos y anunciaron bloqueos y movilizaciones.

Álvaro López Ríos, Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), declaró en Aristegui en Vivo que los productores de maíz rechazaron el precio de 6,050  pesos por tonelada ofrecido por el gobierno, considerándolo insuficiente para sobrevivir.

“Es una burla”, afirmó, y señaló que el movimiento campesino ve esta oferta como un insulto directo a quienes alimentan al país.

Asimismo, reiteró la demanda de un precio de garantía de siete mil doscientos pesos por tonelada, junto con seis mil pesos por tonelada de sorgo.


Álvaro destacó que “se acabó la paciencia y las mesas de diálogo falsas”, y que lo presentado por el gobierno “no es un precio, es una condena de hambre”.

Además, pidió a los productores a “cerrar filas y no dar ni un paso atrás”. Sobre la movilización reciente, aseguró que los bloqueos y manifestaciones se realizaron “pacíficamente, pero con la determinación de hierro”. Indicó que si no hay precios justos, “la rebelión agrícola paralizaría a este país por completo”.

Respecto a las negociaciones, Álvaro reveló que los productores exigen dialogar directamente con la presidenta Sheinbaum, ya que consideran que los funcionarios encargados “desconocen el tema del campo y no tienen idea de lo que es justicia para los productores del país”.

También anticipó reuniones con gobernadores para aclarar posiciones y confirmó que los productores planean movilizaciones con maquinaria agrícola a la capital para expresar su inconformidad ante la falta de respuestas adecuadas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sinaloa: Abaten a 7 presuntos delincuentes en Tepuche, relacionados con el asesinato de un militar

Medios locales refirieron que los presuntos delincuentes eran señalados por participar en la emboscada del 16 de octubre pasado donde perdió la vida el mando militar, Mayor Jesús O. B, conocido como "Nocturno".

Autoridades de seguridad estatales y federales aseguraron armamento, municiones y equipo táctico, y abatieron a siete presuntos delincuentes en la zona norte de Culiacán, en un operativo conjunto realizado este martes.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el suceso ocurrió durante  reconocimientos de seguridad en las inmediaciones de Tepuche y Agua Blanca.

En el lugar, los policías estatales detectaron un asentamiento clandestino con personas armadas, y solicitaron apoyo militar terrestre y aéreo.

Al arribar las unidades, los presuntos delincuentes intentaron huir mientras disparaban contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

El Grupo Interinstitucional también fue objeto de dos ataques armados adicionales, que igualmente fueron repelidos, detalló el comunicado.

El operativo dejó a siete personas reducidas, cada una con un arma larga; seis armas largas AK-47 abandonadas en el terreno; 21 cargadores; 790 cartuchos calibre 7.62 x 39 y diverso equipo táctico asegurado.

Tras asegurar la zona, las autoridades pusieron todos los indicios a disposición de la Fiscalía General de la República.

El comunicado destaca que las labores de seguridad continúan de manera terrestre y aérea, con apoyo de una aeronave Black Hawk.

En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

Medios locales refirieron que los presuntos delincuentes eran señalados por participar en la emboscada del 16 de octubre pasado, en la que perdió la vida el mando militar, Mayor Jesús O. B, conocido como “Nocturno”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputados locales del PVEM salen en aparente estado de ebriedad; corren a uno

La grabación circuló desde sus perfiles personales y una cuenta inactiva atribuida al Partido Verde en Yucatán.

Los diputados locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Harry Rodríguez Botello Fierro, de Yucatán, y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, de Campeche, protagonizaron un video que se viralizó en redes sociales por salir en aparente estado de ebriedad.

En la grabación, compartida desde sus cuentas personales y otras vinculadas al partido, se escucha: "Aquí están las dos putas manos… los únicos dos que realmente quieren a su equipo: 'La Máquina' y el 'Ame'", dice Rodríguez Botello Fierro, mientras su compañero responde entre risas.

Aunque algunos medios aseguran que circularon otros videos, éste fue el que más reacciones provocó entre usuarios, militantes y actores políticos desde su difusión. Algunos fragmentos se publicaron desde una cuenta de Instagram a nombre del Partido Verde Yucatán, inactiva desde 2022, y otros desde sus perfiles personales.

Además, la publicación del material coincide con el anuncio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PVEM sobre el fin del periodo estatutario de Rodríguez Botello Fierro como dirigente estatal en Yucatán, cargo que ocupó durante 15 años.

Aunque el comunicado no menciona directamente el video, el relevo se da en medio de cuestionamientos públicos y señalamientos previos por ausencias reiteradas en el Congreso local.

Por lo anterior, el CEN informó que asumirá temporalmente las funciones de la dirigencia estatal y que el cargo será ocupado por una mujer, en cumplimiento del principio de paridad.
La Asamblea para elegir a la nueva presidencia se celebrará en la primera quincena de noviembre.

Rodríguez Botello Fierro ha sido legislador local por la vía plurinominal en tres legislaturas consecutivas y también fue consejero nacional del partido. Tras la viralización del video, restringió el acceso a sus redes sociales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

No más pádel para "Cuau": ordenan asistencia obligatoria en la Cámara de Diputados

La Jucopo decidió convocar a sesiones presenciales en la Cámara de Diputados tras las polémicas del diputado Cuauhtémoc Blanco y legisladores de Morena.

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció este lunes que las próximas sesiones en el pleno de San Lázaro se llevarán a cabo de forma presencial, por lo que será obligatoria la asistencia de las legisladoras y legisladores, esto a raíz de las críticas contra el Diputado Cuauhtémoc Blanco y otros legisladores de Morena.

En días pasados, el legislador morenista se vio envuelto en una polémica debido a que fue sorprendido jugando un partido de pádel mientras estaba conectado a distancia a una sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mientras se discutía una ley sobre el agua.

A esto se suman las críticas hacia integrantes del partido guinda que organizaron un baile con la Sonora Santanera en el recinto legislativo, al mismo tiempo que se celebraba una sesión ordinaria en el Salón de Plenos de San Lázaro.
Debido a estas situaciones, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que las sesiones del martes 28 y miércoles 29 de octubre se lleven a cabo de forma presencial, por lo que todas las legisladoras y legisladores están obligados a asistir.

Por su parte, la Presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, confirmó que la decisión de ordenar a las diputadas y diputados asistir a la sesión del Pleno fue a raíz de las críticas hacia Cuauhtémoc Blanco y la bancada de Morena.
“Ante los sucesos que se han dado en los últimos días, hoy lo reitero como presidenta de la Cámara de Diputados: estoy absolutamente convencida que se necesita trabajar, se necesita debatir, se necesita, con respeto por supuesto a las posiciones distintas, generar una posición pública de cada grupo parlamentario, y por ello esta semana estamos obligados a estar aquí presentes, estamos obligados a dar un debate respetuoso y las sesiones serán absolutamente presenciales”, dijo.
La legisladora panista detalló que esta semana se discutirán temas importantes en el pleno de San Lázaro, como la Ley de Extorsión, reformas al Código Penal en materia de delitos ambientales y el presupuesto para el próximo año.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Harfuch comparece ante diputados; niega nuevo atentado y aborda seguridad en Sinaloa

La pacificación de Sinaloa es una prioridad para el Gobierno de la Presidenta claudia Sheinbaum, afirmó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó este lunes que sí es posible pacificar al estado de Sinaloa, además de que negó haber sido víctima de un nuevo atentado.

El Secretario de Seguridad acudió a la Cámara de Diputados para una comparecencia ante las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención ante las legisladoras y legisladores, el funcionario reconoció que la situación de violencia en Sinaloa no se ha resuelto, pero confió que el estado se va a pacificar; además, recalcó que para lograrlo es necesario fortalecer a las fiscalías y policías estatales.
“De junio para acá, julio para acá, perdón, como usted puede ver en los datos ha habido, tenemos una tendencia a la baja. Sin embargo, por instrucciones de la Presidenta, se ha hecho un nuevo reforzamiento, acabamos de estar ahí el General Secretario y el Almirante Secretario, donde se dejó y se pusieron más tropas, más personal y, sobre todo, más cédulas de investigación”, dijo García Harfuch.
El titular de la SSPC recalcó que pacificar Sinaloa es una prioridad para el Gabinete de Seguridad y para la Administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

García Harfuch niega atentado en su contra

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, negó que haya sido víctima de un atentado, como se dio a conocer en varios medios nacionales, sin embargo, reconoció que ha habido varias amenazas de ataques en su contra, las cuales fueron descartadas.
“No he recibido atentados. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, y eso es lo que estamos haciendo siempre", afirmó.
De acuerdo con una columna del periodista Raymundo Riva Palacio, el Secretario de Seguridad fue blanco de un atentado en una casa de Polanco, en la Ciudad de México, el pasado mes de septiembre; sin embargo, el funcionario explicó que dicho inmueble es una oficina y no su casa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

México debe discutir aranceles dentro del T-MEC, no en acuerdos informales: ICC

Ricardo Ramírez, presidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión de la International Chamber of Commerce México (ICC México), aseguró en 'Aristegui en Vivo' que la discusión sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos debe darse dentro del marco formal del T-MEC, y no mediante llamadas, acuerdos o cartas informales, para preservar la institucionalidad y proteger a las industrias mexicanas.

Ricardo Ramírez, presidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión de la International Chamber of Commerce México (ICC México), analizó los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos a México y la revisión del T-MEC, advirtiendo de la incertidumbre que persiste para las industrias nacionales.

Ramírez explicó que, aunque algunos aranceles no se han implementado completamente, México sigue bajo la presión de nuevas amenazas. “Hoy, ya como llevamos varios meses no viviendo los efectos de estos aranceles, lo único que se suspende es esta amenaza o nueva amenaza de imponernos un 30% más sobre lo que ya se había puesto como resultado del tema de las barreras no arancelarias”, señaló.

El representante empresarial destacó las contradicciones de la política estadounidense: “Por un lado, te están diciendo quita las barreras no arancelarias porque violan el T-MEC. Y al mismo tiempo te están aplicando una medida que ya viola el T-MEC”.

“Hay aranceles que hoy le están aplicando a México: 50% al acero y aluminio, 50% al cobre, 25% a los autos de autopartes, 25% a aquellos productos que no cumplen con la regla de origen”, dijo.


Revisión del T-MEC y negociaciones

Ramírez indicó que Estados Unidos ha abierto un proceso de revisión del T-MEC, aunque aclaró que el alcance aún es incierto: “Al final, Estados Unidos lo que va a decir es: pues, todo está en la mesa”. Sobre los límites del Ejecutivo estadounidense, agregó: “El Presidente de Estados Unidos necesita permiso de su Congreso para ver qué tanto puede modificar el tema. Y todavía no lo ha solicitado”.

El especialista destacó la importancia de mantener la institucionalidad en la negociación: “Lo que me preocupa es que la discusión se está dando en llamadas, en acuerdos, en cartas y no en un instrumento que es el que firmaste y que México debería estar buscando que se diera la discusión ahí”.

Según Ramírez, los sectores más afectados son el acero, aluminio, cobre y automotriz. Señaló que, aunque algunas empresas buscan adaptarse, ya existen efectos visibles: “Alguna empresa grande de autopartes señaló que ya no iba a producir en Aguascalientes, si mal no recuerdo”.

Sobre la expectativa hacia el cierre de año, el directivo indicó: “Yo creo que todavía vamos a ver cómo salen los números de este año, a ver qué tanto impacto hubo o no en las empresas. Creo que están pensando en la pausa y están tratando de acomodarse, pero desde luego, el sector acerero, el sector aluminio, el sector cobre, y no se diga el automotriz, hoy están sufriendo consecuencias y baja de ventas”.

Ramírez también advirtió que la revisión del T-MEC ha incorporado elementos más allá del comercio: “Durante mucho tiempo, el T-MEC, el TLCAN, se creía que era un tema autocontenido; el comercio era un tema de contenido. El problema ha sido que hoy se han agregado variables. No sabemos si inclusive, en estos acuerdos de los que habla la presidenta, se involucran cosas que no tienen nada que ver con comercio”.

Finalmente, reafirmó su enfoque en la institucionalidad: “Yo hablo por la parte comercial, por la parte institucional de un instrumento que tienes que, desde luego, mantener. Hoy se abren otras variables, pero yo quisiera mantenerme en la parte institucional”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Prescribe orden de aprehensión contra “El Mencho”

Sin que se conozcan detalles, un juez federal en Jalisco declaró prescrita la acción penal emprendida hace por lo menos 13 años en contra del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, por su probable responsabilidad criminal en el delito de delincuencia organizada. Fallo que fue impugnado por la Fiscalía General de la República para que sea resuelto por un Tribunal Colegiado de Apelación en la misma entidad federativa.

La polémica resolución fue emitida el 28 de septiembre reciente por el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco dentro de la causa penal 53/2024 declarando prescrita la acción penal, y por tanto, la orden de aprehensión dictada en el año 2012 en contra del capo michoacano que también utiliza los nombres de Nemesio Oseguera Ramos y/o Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como el Gallero o el Señor de los Gallos.

El asunto de delincuencia organizada por el que era acusado el Mencho está relacionado con el secuestro de una familia completa (hombres, mujeres y niños) en el año referido en la zona conocida como El Bajío, en el municipio de Zapopan, para despojarles de sus propiedades. Una vez liberados tras ser desapoderados de sus tierras, las víctimas salieron del país para refugiarse en Texas, desde donde se interpuso la denuncia y se llevan a cabo acciones legales para recuperar su inmueble.

Por los hechos existen personas presas, unas procesadas y otras sentenciadas condenatoriamente, pero para el juez de la causa el alcance de las autoridades ministeriales para llevar a cabo la captura del líder del CJNG ya feneció por el simple transcurso del tiempo sin que haya sido localizado ni llevado a juicio, por lo que decretó el sobreseimiento de la causa, dejando en estado de indefensión a las víctimas, según lo considera el Ministerio Público de la Federación, que desde luego apeló al fallo.

El asunto ya fue turnado al Primer tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito, donde se radicó el toca penal para resolver si confirma, modifica o revoca la resolución del juzgador. Incluso el expediente ya se turnó a uno de los tres magistrados para que funja como ponente y elabore el proyecto de sentencia correspondiente.

Los coacusados de Nemesio Oseguera Cervantes, visibles en el mismo caso, son, entre otros, César Cazarín Molina, el Tanque; Héctor de Jesús de la Cruz Juan, el Teto; Ulises Héctor Olivares López y Wilfrido Vázquez Gutiérrez.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Teniente coronel reclama prisión preventiva por cadetes ahogados de la GN

El teniente coronel de zapadores David López Ordaz, extitular del Centro de Adiestramiento y de Combate Integral Regional (CACIR) de la Guarnición Militar de El Ciprés, presentó una demanda de amparo tras serle impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal por el que se encuentra vinculado a la muerte por sumersión en el agua de siete cadetes de la Guardia Nacional (GN), el año pasado en las playas del municipio de Ensenada.

La acción de defensa constitucional del exmando castrense se registra después de que el pasado 6 de octubre se registró la audiencia de revisión de medidas cautelares en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juzgado de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada.

El juez Sergio Adolfo Peniche determinó que López Ordaz continúe tras las rejas con prisión preventiva justificada dentro de la carpeta judicial número 38/2024 y su acumulada 70/2024 de su índice, que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio por dolo eventual en agravio de los cadetes que perdieron la vida ahogados el 20 de febrero de 2024 en Playa Corona, tras obedecer la orden del mando militar de lanzarse al mar pese al oleaje elevado y al mal temporal, en una presunta “novatada”.

El teniente coronel ahora presentó una demanda de amparo a través de su defensa, ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Ensenada, en espera de verse beneficiado con la protección de la justicia de la Unión y solicitó la suspensión provisional y definitiva para efecto de que el juez federal de la causa penal “señale fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar dentro de un plazo de 48 horas, donde deba fijar una diversa medida cautelar que no sea la de prisión preventiva justificada”. Desde luego, le fue denegada.

Al militar David López Ordaz se le responsabiliza penalmente, bajo el principio de presunción de inocencia, de la muerte de los cadetes Carlos Omar Frías Lanfard, Arturo Esteban Sarmiento Gaxiola, Brando Francisco Gastélum Ayala, Luis Manuel Vilchis Díaz, Fernando Isaías Pérez López, Michael Arellano Wilkinson y Óscar Abraham Sánchez Reyna, cuyos cadáveres fueron localizados entre el 25 de febrero y el 5 de marzo. Sobrevivieron a la práctica Alan Santiago Pérez Ríos, Jesús Andrés Portillo Calderón, Mauricio Alberto cabrera y Saúl Alejandro Matlacala Pérez.

El proceso penal en el fuero federal es independiente de la responsabilidad que el teniente coronel López Ordaz enfrente en el fuero de guerra donde se le imputaron inicialmente la probable comisión de los delitos militares de desobediencia y abuso de autoridad, sin que se conozca hasta el momento el avance de tales pesquisas, dada la opacidad y hermetismo de la procuración y administración de justicia en el ámbito castrense.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango

Desde el inicio del siglo, la organización contabiliza 174 asesinatos y 31 desapariciones de periodistas en la república.

La Fiscalía General de Durango confirmó este lunes el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, en ese estado en el norte de México, y quien había denunciado las actividades del crimen organizado en la zona, en medio de la ola de violencia que vive el país.

El cuerpo de Beltrán Martínez, de 60 años, fue hallado sin vida con huellas de violencia y un mensaje amenazante en la carretera que conecta el estado de Durango con el vecino estado de Sinaloa, en el occidente, según reportaron medios locales.

Su hijo identificó el cuerpo el domingo cuando este había sido trasladado a las instalaciones forenses.

En la actualidad, Beltrán contaba con un perfil en la red social TikTok en el que difundía información del estado de Durango bajo el nombre de ‘Capo’.

El comunicador, de 60 años, había sido colaborador de medios como Contexto de Durango y La Voz de Durango, y también trabajó como reportero policíaco y cronista deportivo.

En 2025, siete periodistas han sido asesinados en México, según la organización de defensa de la libertad de expresión y derecho de la información, Artículo 19.

Desde el inicio del siglo, la organización contabiliza 174 asesinatos y 31 desapariciones de periodistas en la república.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La 'cultura priista' que permea la 4T, analiza Edmundo Jacobo Molina

Edmundo Jacobo Molina identifica siete similitudes entre la cultura política del PRI y el actuar actual de Morena, desde la sucesión presidencial hasta la lealtad al presidente.

Edmundo Jacobo Molina, durante Aristegui en Vivo, expuso siete puntos clave sobre las similitudes que ve entre la cultura política del PRI y el proceder de Morena. En primer lugar, afirmó que “el presidente elige a su sucesor”, una práctica evidenciada en ambas etapas. Como segundo punto destacó “el exacerbado presidencialismo”, construyendo todo en torno a la figura presidencial.

El tercero fue “la lealtad a la presidencia de la República”, renovada cada sexenio, con la intención de acotar a la oposición. El cuarto, la relación de gobernadores como correas de transmisión del centro hacia el país.


El quinto aspecto es “la relación con el partido”, donde el PRI se ostentaba como partido de Estado y Morena funciona como un movimiento alrededor del líder.

El sexto es la figura del presidente que resuelve conflictos internos, algo presente en el PRI pero no del todo en Morena. Finalmente, Molina apuntó que Morena mantiene partidos satélites, como el PRI con el Verde y PT, para simular pluralidad.

Jacobo Molina aclaró que “no quiero decir que Morena sea igual al PRI. No, son distintos”. Señaló que el PRI era institucional mientras que Morena es un movimiento más personalista.

Subrayó que a pesar de las diferencias “hay muchos rasgos de la cultura priista que están en el proceder de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Periodista afirma que recibió evidencia del padrón de 2024 vinculada a posible hackeo del INE

Ignacio Gómez Villaseñor señaló que la muestra del padrón electoral de 2024 enviada por el grupo atacante fue analizada por un especialista, quien confirmó que los datos son distintos a la filtración ya conocida de 2018.

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor ofreció una actualización sobre la investigación del presunto hackeo a los sistemas del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que pudo confirmar con el grupo Sc0rp10n que una de las capturas difundidas por este corresponde a un manual interno del instituto del que no existía acceso público.

Según explicó, tuvo acceso al documento en formato PDF y comprobó que “el manual del INE al que se hace referencia no cuenta con ninguna liga pública; es decir, el atacante tuvo que acceder a él mediante un ataque”.

Gómez Villaseñor indicó que el grupo atacante reconoció que la captura provino directamente de ese manual y que su acceso se logró tras intervenir el sistema.

En sus palabras, el material permitió conocer a Sc0rp10n “cómo operaba la configuración interna de las VPN del Instituto”. Además, el comunicador precisó que el atacante dejó visible “la leyenda del INE y de la Dirección de Tecnología en la captura, pues no buscaba hacer pasar ese documento como una cuenta comprometida, sino mostrar que se trataba de material no público”.

Tras la respuesta del INE, el periodista señaló que Sc0rp10n le envió lo que afirmó ser evidencia del padrón electoral actualizado a 2024, “es decir, una filtración que, hasta el momento, no ha sido pública, a diferencia de la ya conocida de 2018, reconocida en varias ocasiones por las autoridades electorales”.

Para corroborar la información, Gómez Villaseñor dijo que consultó a Nicolás Azuara, analista en ciberseguridad, quien evaluó la muestra enviada por el grupo. Dijo que el análisis de Azuara determinó que “las CURP incluidas en la muestra son válidas y no aparecen en la filtración de 2018”, y tras revisar los datos del supuesto padrón de 2024, concluyó que “parece ser válida”, tanto por su formato como por contener información no presente en la base de 2018.

El periodista dijo que, hasta el momento, el INE no ha determinado la procedencia de las demás imágenes publicadas por Sc0rp10n como evidencia, salvo la correspondiente al manual.

Aun así, recordó que, en su comunicado, el instituto reconoce la posibilidad de que exista un backdoor que permita algún tipo de acceso no autorizado e indicó que está llevando a cabo “todas las medidas técnicas necesarias para verificar exhaustivamente que no exista el supuesto backdoor”.

Los backdoors son las “puertas traseras” que permiten a un atacante mantener el acceso remoto y persistente a un sistema, incluso después de que se haya detectado una intrusión.

Gómez Villaseñor enfatizó que “resulta prematuro descartar un hackeo, como lo ha insinuado la autoridad electoral, dado que las auditorías a sus sistemas aún no han concluido”. Agregó que dichas revisiones deberían hacerse públicas para “garantizar certeza y transparencia, y evitar que se repita un intento institucional por encubrir un posible ciberataque”.

El periodista agradeció a los medios de comunicación que han considerado ambas posturas y aclaró que su objetivo principal es informar sobre un posible ataque que podría tener serias consecuencias para México. Añadió que su actual viaje fuera del país ha limitado su comunicación, pero que continuará publicando actualizaciones en la medida de lo posible.

En sus mensajes anteriores, Gómez Villaseñor no descartó la existencia de backdoors en la red del INE luego de que el organismo señaló en un comunicado que “no existe evidencia de vulneración ni indicios de actividad anómala en los sistemas institucionales”.

Antecedentes de la denuncia

El caso se originó con una serie de publicaciones realizadas por Gómez Villaseñor el pasado sábado en la red social X, en las que advirtió sobre un presunto hackeo a los sistemas internos del INE por parte del grupo de ciberdelincuentes conocido como Sc0rp10n.

En su primera publicación, el periodista calificó el hecho como “el peor hackeo en la historia del INE”, al asegurar que dicho grupo había puesto en venta el “acceso TOTAL a los servidores internos” de la institución.

De acuerdo con Gómez, los atacantes afirmaron haber sido contratados por un partido político hace aproximadamente un año. En una de las capturas compartidas por el periodista se lee: “Hola, hoy estamos aquí para ofrecer uno de nuestros activos más valiosos. Como saben algunos de nuestros clientes más privados, un partido político nos contrató hace un año para extraer algunos datos famosos de este Instituto. No voy a declarar públicamente qué tipo de datos son, pero pueden imaginarlo”.

El comunicador afirmó que la evidencia difundida por el grupo “es bastante contundente” y que los atacantes “instalaron backdoors avanzadas y silenciosas en su red”, lo que, según dijo, haría que el instituto “no pudiera encontrarlas, incluso sabiendo que fueron hackeados”.

Añadió que el ataque significaría “una intrusión total en la red operativa del INE con posibilidad de manipular o exfiltrar información sensible”, entre la que mencionó datos del padrón o listado nominal, credenciales de acceso de personal, documentos administrativos y comunicaciones técnicas.

El periodista indicó no tener información sobre el partido político que habría financiado el ataque ni sobre el costo de los accesos ofrecidos por el grupo.


En publicaciones posteriores, Gómez Villaseñor indicó que “la cuenta y la red VPN comprometida eran reales” y que, de acuerdo con sus fuentes, “fueron eliminadas hace aproximadamente un año, justo durante el periodo electoral”, lo que coincidiría con la versión del atacante sobre la fecha de su presunta contratación.

Según el periodista, las redes actuales del INE ya cuentan con autenticación multifactor (MFA), implementada tras aquella depuración, pero “este mecanismo depende directamente de las cuentas de correo institucional de los empleados”, y existen “filtraciones con cookies de sesión activas que permitirían ingresar a esos correos y obtener el código de validación del MFA”.

Gómez Villaseñor sostuvo que especialistas en ciberseguridad consideran “técnicamente viable lo descrito por Sc0rp10n respecto a la creación de nuevas VPN dentro de la infraestructura comprometida”, mediante “túneles UDP sobre DNS”, una técnica que permitiría mantener comunicaciones encubiertas. “Aunque suene técnico -escribió-, estos elementos respaldan la veracidad del ataque” y explican “lo que realmente pudo haber ocurrido”.

El periodista insistió en que “el incidente es sumamente grave y el INE no debe minimizarlo”.

Respuesta del INE

Ante la difusión de la denuncia, el Instituto Nacional Electoral emitió un comunicado en el que reconoció que el evento al que se hacía referencia “corresponde a una incidencia registrada el año pasado, durante el periodo electoral, que fue atendida y contenida oportunamente”.

Señaló que las redes actuales “cuentan con autenticación multifactor (MFA) y otros controles de seguridad, fortalecidos a partir de esa fecha y que impiden el uso de accesos o credenciales previas”.
El INE precisó que hace dos meses realizó “una depuración total de las cuentas VPN activas”, complementada con la implementación del doble factor de autenticación para todo el personal con acceso remoto. Aseguró además que “a la fecha, no existe evidencia de vulneración ni indicios de actividad anómala en los sistemas institucionales”.

El instituto informó que sus áreas técnicas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y su proveedor de ciberseguridad, mantienen una revisión preventiva y monitoreo permanente. Indicó que, aunque se analizaron “los supuestos datos publicados en la dark web”, hasta el momento “no se ha identificado información que pertenezca al INE ni evidencia que sustente las afirmaciones difundidas”.

Como medida adicional, un grupo de ingenieros se encuentra en oficinas centrales “realizando verificaciones técnicas sobre la infraestructura de comunicaciones y los componentes de seguridad en el segmento de red reportado”. El comunicado concluye que “se adoptarán todas las medidas técnicas necesarias para verificar exhaustivamente que no exista el supuesto backdoor mencionado”.

Periodista cuestiona postura del INE

Tras la publicación del comunicado del INE, Gómez Villaseñor señaló: El instituto “reconoce prácticamente todo lo que reporté: que la cuenta de VPN vulnerada fue eliminada, que ya implementaron MFA, entre otros puntos”.

Sin embargo, cuestionó que no se mencionara que “el propio sistema de MFA puede ser vulnerado, ya que lo vincularon a correos con credenciales previamente filtradas”.

El periodista también cuestionó que el INE mostrara “profundo desconocimiento técnico”, al afirmar que la evidencia había sido publicada en la dark web. “Aclaro que la publicación de Sc0rp10n no está en la dark web, como afirman, sino en un foro de la clearnet al que, por responsabilidad, no haré referencia para evitar su difusión”, escribió.

Además, advirtió que, según el propio atacante, este “mantiene acceso persistente a los sistemas” y que “en cualquier momento podría liberar nueva evidencia”, lo que dejaría “completamente expuesto” al instituto frente a “esta postura institucional tan lamentable”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.