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Exigen justicia por militar fallecida en cuartel de la GN; había denunciado acoso sexual

Stephany Carmona Rojas, elemento de la Guardia Nacional en Acapulco, falleció dentro del cuartel donde trabajaba. Denunció acoso y amenazas por parte de sus propios compañeros.

Stephany Carmona Rojas, originaria de Ajalpan, Puebla, fue encontrada muerta dentro del 51 Batallón de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero.

La joven de 19 años había denunciado acoso y amenazas por parte de compañeros de la misma corporación, incluso advirtiendo que podría ser arrestada si persistía en su denuncia.

Según la versión oficial, la causa de la muerte ocurrió durante una práctica de tiro, pero sus padres desmienten esta afirmación y denuncian un posible encubrimiento. La familia clama justicia y que el caso no quede impune.

Stephany relató a una amiga, en conversaciones por Messenger, el hostigamiento que vivía dentro de la Guardia Nacional. Poco después, fue presuntamente asesinada con dos disparos en la cabeza dentro del cuartel.

El presunto homicida es Yair Manuel “N”, segundo sargento de la misma corporación, quien hasta ahora se encuentra prófugo.

En una conversación compartida entre elementos de la Guardia Nacional señala:
“Hay que localizar a esta persona y detenerla. Está prófugo, acaba de lesionar a alguien, búsquenlo y donde lo vean, deténganlo e informen de inmediato, por ser presunto responsable del delito de lesiones.”
Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido algún pronunciamiento oficial. Por su parte, el Ayuntamiento de Ajalpan exigió justicia, respaldando la exigencia de la familia para que se investigue el caso a fondo.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

IFT cesa operaciones tras 12 años de regulación en México

Tras el cierre de funciones quedan pendientes los reclamos de los trabajadores quienes exigen respeto a sus derechos laborales y que las autoridades aclaren cuál será el proceso de liquidación.

Este viernes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cesó oficialmente sus operaciones tras su extinción aprobada por una reforma constitucional el año pasado, tras 12 años de regular al sector en México.

A partir de esta fecha, las cuentas oficiales del IFT en redes sociales quedaron inactivas y concluyó la atención a la ciudadanía a través de estos medios.

Mediante un comunicado de despedida, el IFT destacó el trabajo que realizó durante el tiempo en el que desempeñó sus funciones.

“Durante más de una década, el Instituto trabajó con firmeza, independencia y compromiso para impulsar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, promoviendo la competencia, la conectividad y la protección de los derechos de las audiencias y usuarios en beneficio de todo el país”.

Asimismo, agradeció a la sociedad por la confianza hacia este órgano regulador y deseó éxito a las autoridades que asumirán la responsabilidad de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de garantizar la competencia económica en México.

Con este cierre también se refuerzan las manifestaciones de trabajadores del instituto quienes exigen claridad a las autoridades, sobre el proceso de liquidación y demandan el respeto a sus derechos laborales.

En diciembre de 2024, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempló la extinción de siete organismos autónomos, entre ellos el IFT y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) entre otros.

Esta reforma fue impulsada bajo el argumento de reducir la burocracia y centralizar funciones en el gobierno federal.

Las funciones del extinto IFT han sido asumidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un nuevo órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

La CRT, según la reforma, cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La reforma también implicó modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluyeron la transferencia de responsabilidades como la regulación del espectro radioeléctrico, la supervisión de concesiones y la promoción de la competencia en el sector de las telecomunicaciones en México.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue creado oficialmente en 2013 como un organismo autónomo encargado de regular y supervisar las telecomunicaciones y la radiodifusión en México.

Su creación surgió tras la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en junio de ese año, con el objetivo de reemplazar a la antigua Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y dotar al sector de un órgano con autonomía técnica, operativa y de gestión.

Desde su conformación, el IFT tuvo la responsabilidad de otorgar y supervisar concesiones para medios de comunicación, garantizar la competencia entre los operadores, regular las tarifas y supervisar el cumplimiento de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Durante más de una década, el instituto intervino en la resolución de controversias entre concesionarios, fijó estándares técnicos y de calidad para los prestadores de servicios y promovió la conectividad y la competencia en todo el país.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Impuesto a videojuegos 'violentos' se basa en estudios viejos, desacreditados o que no muestran relación causal con agresión

'Atribuir la violencia a los videojuegos no es científicamente válido y desvía la atención de otros factores', afirmó Sandra L. Shullman, entonces presidenta de APA, en 2020.

Estudios viejos, sacados de contexto, desacreditados y que no muestran una relación causal entre los videojuegos gráficos y un aumento en los índices de violencia entre adolescentes son la base del impuesto del 8% que el gobierno mexicano aprobó para estos softwares de entretenimiento.

Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma y modifica la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que estipula un incremento de precios a los productos como cigarros, refrescos, jugos, sueros, videojuegos y apuestas digitales.

El impuesto a los videojuegos considerados violentos ya venía incluido en el Paquete Económico 2026, propuesto por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el texto de esta propuesta se utiliza un solo estudio del 2012 para justificar el gravamen, el cual, no concluye que haya alguna relación entre los juegos gráficos y la violencia.

El estudio de hace más de una década, titulado El efecto de los videojuegos en variables sociales, psicológicas y fisiológicas en niños y adolescentes, textualmente concluye: “La evidencia científica acerca de la temática de los videojuegos es algunas veces contradictoria. Se deben realizar mayor cantidad de estudios con sólidos diseños de investigación”.

Si bien la publicación científica menciona resultados contradictorio sobre la temática de los videojuegos, sí cita estudios llevados a cabo de 2001 a 2010 en el que se aprecia una posible correlación en el cambio de comportamiento y el uso de juegos violentos. Estas investigaciones se centran en niños, niñas y adolescentes, los cuales no deberían tener acceso a este tipo de materiales con base en el propio sistema de clasificación de videojuegos; siendo ESRB el más utilizado: C (infancia temprana), E (todo público), E10+ (edades de 10años para arriba), T (adolescentes), M (maduros) y AO (solo adultos).

En 2020, la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), emitió una resolución en la que expone: “No hay evidencia científica suficiente que respalde un vínculo causal entre los videojuegos violentos y el comportamiento violento”.

“Atribuir la violencia a los videojuegos no es científicamente válido y desvía la atención de otros factores, como los antecedentes de violencia, que según la investigación son un importante predictor de la violencia futura”, dijo Sandra L. Shullman, entonces presidenta de APA.

¿Qué dicen los estudios que “justifican” el impuesto?

“La relación causal no puede ser inferida“, concluye el estudio Daily Violent Video Game Playing and Depression in Preadolescent Youth  citado en la Ley del IEPS. La investigación se centra en la posible relación entre videojuegos violentos y depresión en preadolescentes.

Se analizaron datos de 5,147 estudiantes de quinto grado y de sus cuidadores principales. Estos datos provienen de la primera fase (2004–2006) del estudio Healthy Passages, un estudio longitudinal realizado en tres ciudades de Estados Unidos. El estudio utilizó datos transversales, es decir, información recogida en un solo momento del tiempo, no a lo largo de los años.

Así, el estudio publicado en 2014, muestra que los niños que jugaban videojuegos muy violentos durante 2 horas o más al día mostraron más síntomas depresivos que aquellos que jugaban videojuegos menos violentos por menos de 2 horas. El tamaño del efecto fue pequeño, similar al encontrado en estudios sobre agresión.

El hallazgo no prueba causalidad, pero sí sugiere una asociación entre jugar videojuegos violentos por tiempos prolongados y mayor número de síntomas depresivos en preadolescentes, los cuales en primer lugar no deberían tener acceso a este tipo de contenidos no aptos para su edad.

Más aún, el propio texto de la Ley del IEPS reconoce que “el consenso científico actual es que los videojuegos no conducen a la agresividad ni a la violencia en persona”, citando a la UNICEF un “informe histórico de 2020 [que] reunió 28 estudios sobre el tema y concluyó que los efectos a largo plazo que la violencia en los juegos tiene sobre la agresividad juvenil son casi nulos”. 

No obstante, para seguir justificando el gravamen, la Ley menciona otro estudio del 2019- un año antes de la resolución de APA y Unicef- titulado The contagious impact of playing violent video games on aggression: Longitudinal evidence.

El estudio fue de tipo longitudinal, lo que significa que siguió a los mismos participantes a lo largo del tiempo para observar cambios. Se reclutaron 980 ciudadanos de Estados Unidos a través de la plataforma en línea Amazon Mechanical Turk. Los participantes completaron cuestionarios en dos momentos diferentes, con seis meses de diferencia entre cada uno.

En los cuestionarios, los participantes reportaron dos cosas principales:

Sobre sí mismos: Con qué frecuencia jugaban videojuegos violentos y su propio nivel de comportamiento agresivo (tanto físico como relacional, como esparcir rumores).

Sobre sus amigos: Se les pidió que pensaran en sus tres amigos más cercanos y reportaran su percepción sobre la frecuencia con la que estos amigos jugaban videojuegos violentos y el nivel de agresividad que percibían en ellos.

La conclusión central del estudio es que la agresividad asociada a los videojuegos violentos es “contagiosa” y puede extenderse a la red social del jugador, afectando incluso a quienes no juegan.

El estudio demostró que la cantidad de tiempo que los amigos de un participante jugaban videojuegos violentos en el Tiempo 1 estaba directamente relacionada con un aumento en la agresividad del propio participante en el Tiempo 2. Pero el “contagio” no ocurre directamente por el videojuego, sino a través de la conducta.

Los amigos que juegan videojuegos violentos tienden a volverse más agresivos. Es esta agresividad observable en los amigos la que influye en el participante, haciendo que este también se vuelva más agresivo. El efecto fue más pronunciado en los participantes que no jugaban videojuegos violentos ellos mismos. Su nivel de agresividad era más susceptible a la influencia de su círculo social de jugadores.

Mientras tanto, otro estudio citado en la Ley del IEPS expone que sí se consideran factores como la desconexión moral, la ira y la hostilidad como mediadores la relación directa entre jugar videojuegos violentos y la agresión deja de ser significativa. Esto refuerza la idea de que el videojuego no es la causa directa, sino un catalizador de cambios psicológicos y emocionales del jugador.

Esta investigación publicada en 2019 se titula Violent video games exposure and aggression: The role of moral disengagement, anger, hostility, and disinhibition. Para realizarse se reclutaron 547 estudiantes de cinco universidades en China. El estudio fue de tipo transversal, es decir, los datos se recopilaron en un único momento, como una fotografía instantánea.

La conclusión central es que la exposición a videojuegos violentos no conduce directamente a la agresión, sino que lo hace a través de cambios en la cognición y las emociones del jugador.

El estudio encontró que la desconexión moral, la ira y la hostilidad actuaron como mediadores completos. Esto significa que estos tres factores psicológicos son los que predicen un mayor comportamiento agresivo, influidos por los videojuegos violentos.

Eso sí, la investigación sugiere que la exposición repetida a videojuegos violentos puede moldear las estructuras de conocimiento de una persona, haciéndola más propensa a justificar la violencia y a sentir ira y hostilidad, lo que finalmente se traduce en un comportamiento más agresivo.

No obstante, los datos se basaron en lo que los participantes dijeron sobre sí mismos. Esto puede llevar a sesgos, como el sesgo de deseabilidad social o percepciones subjetivas.

Los argumentos para justificar el impuesto viajaron aún más en el tiempo, pues se fundamentan también en un estudio de 2011 llamado The effect of violent video games on aggression: Is it more than just the violence?

La investigación experimental mostró que jugar videojuegos violentos produce niveles más altos de cognición agresiva, afecto agresivo, activación fisiológica y comportamiento agresivo a corto plazo que los videojuegos no violentos.

Sin embargo, la propia APA reconoce dos limitantes importantes al estudio:

“En primer lugar, la mayoría de los estudios experimentales que han comparado los efectos de los videojuegos violentos frente a los no violentos sobre la agresión no han logrado equiparar estos juegos en términos de competitividad, dificultad y ritmo de acción. Por lo tanto, aunque el hallazgo común es que los videojuegos violentos producen mayores niveles de agresión, otros factores no igualados, más allá del contenido violento en sí, podrían ser los responsables de los elevados niveles de agresión”

“En segundo lugar, los estudios experimentales previos han tendido a utilizar una medida de agresión que también podría medir la competitividad, lo que lleva a cuestionar si los videojuegos violentos se relacionan con la agresión o con la competitividad”.

El estudio más reciente citado se publicó en abril de este año en la revista L’Encéphale y se titula Violent video gaming among French adolescents: Impact on mental health by gender. 

Se utilizaron los datos de una encuesta nacional francesa llamada “Portrait d’Adolescents”, que incluyó a una muestra muy grande de 15,235 adolescentes. Los adolescentes completaron cuestionarios anónimos y autoadministrados. Así, los investigadores dividieron a los adolescentes en tres grupos según su uso de videojuegos: No jugadores (8.5% de la muestra); Jugadores de videojuegos no violentos (55.5% de la muestra) y Jugadores de videojuegos violentos (36% de la muestra).

El objetivo principal era comparar los indicadores de salud mental (depresión, intentos de suicidio, autolesiones) y comportamientos de riesgo (participación en juegos peligrosos) entre estos tres grupos, analizando los resultados por separado para chicos y chicas.

La conclusión central es que la asociación entre jugar videojuegos violentos y la salud mental es muy diferente dependiendo del género del adolescente.

Para los jóvenes varones no se encontró una relación significativa entre jugar videojuegos (violentos o no) y los indicadores de salud mental como la depresión o los intentos de suicidio, pero un porcentaje ligeramente mayor de chicos en el grupo de “jugadores violentos” reportó haberse autolesionado (6.8%).

Un porcentaje menor de chicos en el grupo de “jugadores no violentos” reportó participar en juegos peligrosos (como el juego de la asfixia).

En cambio, las participantes femeninas que jugaban videojuegos violentos mostró indicadores de salud mental significativamente peores en todos los aspectos evaluados: 22.8% reportó un historial de intentos de suicidio; 22.3% reportó tener depresión; 17.8% reportó haberse autolesionado y 11.2% reportó participar en juegos peligrosos.

Así, el estudio muestra una asociación entre jugar videojuegos violentos y la mala salud mental en las chicas, pero no puede demostrar que los videojuegos sean la causa. Es igualmente posible que las chicas que ya sufren de depresión, ansiedad o han tenido experiencias traumáticas se sientan atraídas por este tipo de videojuegos como una forma de escape o afrontamiento.

Además, el estudio no necesariamente controló otros factores que podrían influir en la salud mental, como el entorno familiar, el acoso escolar (bullying), el rendimiento académico o problemas sociales.

Otra investigación halló una fuerte conexión que existe entre jugar videojuegos violentos y gastar dinero dentro de ellos. Publicado el año pasado, el estudio Comprehensive analysis including in‐game spending and violent game playing in patients with internet gaming disorder se realizó con una muestra de 47 jóvenes japoneses (39 hombres y 8 mujeres) menores de 20 años, todos diagnosticados con Trastorno por Juego en Internet (TJI).

La conclusión principal es que jugar videojuegos violentos y gastar dinero dentro de los juegos están fuertemente asociados en los pacientes varones. Los autores sugieren que ambos comportamientos podrían reforzarse mutuamente, creando un “efecto sinérgico”. Por ello, una terapia efectiva podría enfocarse en reducir gradualmente ambas conductas.

En la comparación inicial, el estudio encontró que las pacientes mujeres con TJI mostraron niveles significativamente más altos de depresión y de adicción a internet en comparación con los hombres. Por su parte, los hombres eran más propensos a jugar videojuegos violentos.

No obstante, el estudio recalca que el TJI es un concepto muy amplio. Para tratarlo eficazmente, es crucial entender el contexto y las causas específicas que llevan a cada persona a la dependencia, para así poder ofrecer una psicoterapia y ajustes ambientales personalizados.

Entre los últimos estudios citados en la Ley se encuentra Social and Behavioral Health Factors Associated with Violent and Mature Gaming in Early Adolescence, el cual concluye que el contenido violento y para adultos de los videojuegos está fuertemente asociado con problemas de salud mental y consecuencias sociales negativas en los preadolescentes, como síntomas de depresión, falta de sueño y menor tiempo dedicado a la familia y las tareas.

La investigación se basó en dos estudios separados realizados con encuestas en línea a estudiantes de secundaria en el noreste de EE. UU.

El estudio muestra una asociación entre los juegos de alto riesgo y los problemas, pero no puede probar que los juegos sean la causa. Podría ser al revés: los adolescentes con depresión o problemas de sueño podrían sentirse más atraídos por este tipo de juegos para escapar de sus problemas.

Aún así, la investigación muestra que los adolescentes que jugaban los juegos más violentos y para adultos reportaron más síntomas de depresión, dormían menos horas y se acostaban más tarde.

Además, los jugadores de alto riesgo- un preadolescente que juega videojuegos con contenido violento o para adultos que no es apropiado para su edad-  pasaban más tiempo jugando, gastaban más dinero en los juegos y mostraban un claro “aislamiento social”.

La principal conclusión es que el tipo de juego, su nivel de violencia y madurez, es un factor clave que se asocia con estos problemas, no solo la cantidad de horas que se juega.

Finalmente, el texto de la Ley hace referencia a la publicación científica Metaanalysis of the relationship between violent video game play and physical aggression over time, de 2020, y que muestra una conexión fiable y positiva entre el tiempo dedicado a videojuegos violentos y los aumentos posteriores en la agresión física. Esta conclusión se mantiene incluso después de controlar estadísticamente el nivel de agresividad que una persona ya tenía al inicio del estudio.

El efecto es estadísticamente real, pero pequeño. Esto significa que los videojuegos violentos son, en el mejor de los casos, uno de los muchos factores de riesgo que contribuyen a la agresión física, y probablemente no sea el más importante.

Además distingue los efectos por etnia: el efecto fue más fuerte y claro entre los participantes catalogados como blancos; intermedio entre los participantes asiáticos y no significativo entre los participantes hispanos.

Los propios autores reconocen que la conclusión de que no hay un efecto significativo en los participantes hispanos debe tomarse con cautela, ya que se basa en un número muy reducido de estudios. Se necesita mucha más investigación en esta población para confirmar este hallazgo.

Además, sugieren que esta diferencia entre etnias podría ser una de las razones por las que existe tanto debate en este campo de investigación, ya que los científicos que estudian diferentes poblaciones pueden llegar a conclusiones distintas.

La investigación es un metaanálisis, para el cual recopilaron y analizaron estadísticamente los resultados de 24 estudios longitudinales ya existentes.

Pese a todos los matices de los estudios que la Ley utiliza para justificar el impuesto a los videojuegos, el texto tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados concluye:

“Así, la evidencia existente muestra que la exposición a videojuegos violentos produce un aumento estadísticamente significativo en la conducta agresiva inmediata y en la accesibilidad de pensamientos agresivos. De igual manera se ve una clara correlación con trastornos de salud mental como tristeza, depresión, preocupación excesiva o trastornos del sueño que es consistente en todos los estudios. Asimismo, estos efectos fueron consistentes tanto en hombres como en mujeres, incluso al controlar por rasgos de personalidad u otros factores sociales (meta análisis)”.

En pocas palabras, los legisladores cometen el error básico de confundir correlación con causalidad, pues ninguno de los estudios utilizados muestra categóricamente una relación causa-consecuencia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: BRANDON J. CELAYA TORRES.

Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

Un testigo señaló que los presuntos responsables del ataque abordaron un taxi y se dirigieron a un hotel cercano. Los policías interceptaron el vehículo y entrevistaron al conductor.

Una mujer resultó ayer con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo tras ser atacada por dos hombres que ingresaron a su domicilio, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego, en la colonia Defensores de la República, Alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron la tarde del jueves en un domicilio ubicado en la calle Norte 1, donde se reportó un incendio y una mujer gravemente lesionada, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Un testigo señaló que los presuntos responsables del ataque abordaron un taxi y se dirigieron a un hotel cercano. Los policías interceptaron el vehículo y entrevistaron al conductor, quien posteriormente continuó su camino.
La SSC informó que también se realizó una entrevista en un hotel de la zona, donde, según los primeros reportes, había dos personas con quemaduras, aunque no fueron localizadas.

El propietario del inmueble, según detalló la autoridad capitalina, fue orientado a presentar su denuncia formal, y los hechos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Exigen libertad para Kenia Hernández a cinco años de su encarcelamiento

A cinco años del encarcelamiento de la defensora Kenia Hernández Montalván, organizaciones, colectivas y personas solidarias iniciaron una campaña para exigir su liberación inmediata. Denunciaron que su detención obedece a su labor como abogada, feminista y defensora de los derechos humanos en Guerrero y otras regiones del país.

Kenia ha acompañado a víctimas de violencia machista, familiares de mujeres asesinadas, personas criminalizadas por defender el territorio y presos políticos. Su encarcelamiento comenzó tras acusaciones promovidas por la Fiscalía General de la República y por Caminos y Puentes Federales, quienes la señalaron como “una persona que pone en riesgo a la sociedad porque se manifiesta mucho”, motivo por el cual fue trasladada al penal federal de máxima seguridad en Morelos.

Desde su detención ha enfrentado violaciones constantes a sus derechos humanos. La más reciente ocurrió cuando le negaron el derecho a despedirse de su madre y abrazar a sus hijos tras el fallecimiento de la mujer que los cuidaba. Pese a ello, Kenia ha continuado defendiendo sus derechos y los de otras mujeres privadas de la libertad.

Las organizaciones convocantes sostienen que el caso de Kenia ejemplifica el modo en que el sistema capitalista, racista y patriarcal persigue a las mujeres indígenas que defienden los bienes comunes. Llamaron a sumarse a la campaña por su libertad a partir del viernes 17 de octubre, en el marco de los cinco años de su reclusión.

COMUNICADO:

Este sábado 18 de octubre se cumplen 5 años desde que la defensora Kenia Hernández Montalván está injustamente encarcelada en México por ejercer su legítimo derecho a la protesta y defender derechos humanos.

Kenia es una abogada y feminista amuzga que, como coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y cofundadora e integrante del “Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero” (MOLPEG) acompañaba a sobrevivientes de violencia machista, a familiares de víctimas de feminicidio, a personas injustamente privadas de libertad y a personas afectadas por las actividades de empresas extractivas.

Durante estos 5 años, Kenia ha estado presa en distintas cárceles, incluyendo un penal de máxima seguridad, el CEFERESO 16, en el Estado de Morelos, al que fue trasladada después de que la Fiscalía General de la República y representantes de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) la señalaran como “una persona que pone en riesgo a la sociedad porque se manifiesta mucho”. En la cárcel, Kenia ha vivido continuas vulneraciones a sus derechos, la más reciente cuando al morir su madre se le negó el derecho a acudir a su funeral y abrazar a sus hijos, quienes acababan de perder a la persona que cuidaba de ellos. No obstante, Kenia nunca ha dejado de defender sus derechos y los de las otras presas.

El caso de Kenia es un ejemplo de la persecución y ensañamiento con que el sistema capitalista, racista y patriarcal pretende someter a las mujeres indígenas que se atreven a dar un paso adelante y organizarse para defender el territorio y los bienes comunes. Por este motivo les llamamos a que a partir de este viernes 17 de octubre, se unan a la campaña para demandar su libertad inmediata.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Modificación al Código Fiscal pone en riesgo datos de usuarios en plataformas digitales; asociación advierte “vigilancia masiva”

La Asociación de Internet MX dijo que los diputados tomaron la decisión de aprobar reforma al código fiscal, pese a las advertencias de académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil y actores de la industria digital, cuyas observaciones no fueron escuchadas por parte del proceso legislativo.

La Asociación de Internet MX advirtió que hay graves efectos sobre la aprobación a la reforma al Código Fiscal de la Federación, con la que se autoriza que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revise en tiempo real y de forma permanente las operaciones realizadas en plataformas digitales como Netflix, Mercado Libre, Uber y hasta aplicaciones de citas.

En un comunicado, la asociación, quien representa a la industria tecnológica desde hace 25 años, rechazó la aprobación del Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, incluido en el Paquete Económico 2026.

“El país correría el riesgo de seguir el ejemplo de países autoritarios que han recurrido a la vigilancia masiva como instrumento de control económico sobre las empresas”, aseguró.

Agregó que la aprobación por los diputados se tomó pese a numerosas advertencias de académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil y actores de la industria digital, cuyas observaciones no fueron escuchadas por parte del proceso legislativo.

“En su redacción actual, el Artículo 30-B busca facultar al SAT para acceder, en tiempo real y de manera permanente, a bases de datos de las plataformas digitales que operan en México. Se argumenta que la medida busca mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal, pero en la práctica habilita potencialmente un sistema de vigilancia masiva sobre las operaciones de las empresas y abre la puerta a violaciones para la privacidad de millones de usuarios de servicios digitales sin exigencia de orden judicial ni límites procesales claros”, explicó.

En riesgo la privacidad de usuarios

En ese sentido, indicó que no existen precedentes en México ni en democracias comparables de una medida “tan intrusiva”.

Aclaró que el acceso “irrestricto” y permanente a sistemas digitales de alto tráfico con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pone en riesgo los datos personales de millones de usuarios, pues, aunque se pretende acotar a información relacionada con lo fiscal, potencialmente el SAT adquiere una “llave maestra” para acceder sin control judicial a información sensible.

“Es fundamental acotar el acceso a los datos que solo sean pertinentes a cuestiones de interés de la autoridad fiscal”, declaró

Comentó que las sanciones son desproporcionadas y alarmantes, ya que las sanciones por incumplimiento pueden ser “drásticas y directas” y pueden significar la “muerte digital” temporal o permanente de plataformas digitales.

“Si el SAT, IMSS o INFONAVIT pueden ordenar el bloqueo del acceso al servicio digital, esto significa que la plataforma sería inaccesible para todos los usuarios en territorio nacional mientras dure el incumplimiento. Esta sanción implicaría pérdidas económicas enormes y afectación a millones de usuarios, sería equiparable a una clausura operativa vía Internet”, añadió.

Violación de derechos humanos

La asociación argumentó que el artículo contraviene el Artículo 16 Constitucional y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos.

“El Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la protección contra molestia ilegal, disponiendo que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones sino mediante mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”, explicó.

Precisó que también aborda la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la protección de datos personales, así como un fuerte daño a la economía digital

“Potencialmente, abre la puerta para la sobreexposición de secretos industriales y castiga a las medianas y pequeñas empresas que hoy dependen del internet para sobrevivir. Además, se desincentiva el uso de la economía digital, lo que se traduce en que las empresas dejarán de usar el ecosistema digital por la vigilancia y las medidas desproporcionadas impuestas, lo que se traduce en un retorno a los negocios físicos con menos regulación fiscal y por ende un obstáculo para el cumplimiento de las metas del Plan México en el ecosistema digital”, destacó.

Riesgos en la ciberseguridad

Comentó que incrementa los riesgos de ciberseguridad, pues si se exige emparejar en tiempo real sistemas gubernamentales con sistemas de alto tráfico en la nube, los delincuentes cibernéticos podrían interceptar esa comunicación continua si las conexiones no están debidamente resguardadas.

“La historia muestra que incluso agencias gubernamentales potentes pueden ser hackeadas, como ya ocurrió precisamente con la filtración masiva de credenciales del SAT en 2024 o la actual filtración del IMSS”, recordó.

En ese tenor, debilitará la confianza en las instituciones.

“Es de importancia que los legisladores encargados de redactar la versión de este artículo reflexionen sobre la importancia de salvaguardar la privacidad de la ciudadanía y limitar los riesgos de exponer a millones de usuarios a la intromisión del Estado y del crimen organizado en su vida digital”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputados aprueban reforma a la Ley de Ingresos; Morena y oposición chocan por deuda y evasión fiscal

Morena, el PT y el Partido Verde aprobaron en lo general una reforma a la Ley de Ingresos, en la que se establecen los recursos de los que dispondrá el gobierno el próximo año. El proyecto contempla 10 billones de pesos por ingresos.

Morena y sus aliados aprobaron en lo general y en lo particular una reforma a la Ley de Ingresos, en la que se prevé que el próximo año el gobierno federal tenga ingresos de 10 billones 193 mil 683 millones, los cuales serán obtenidos del cobro de derechos e impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, ventas de bienes, endeudamiento y otras fuentes de financiamiento.

Además, la Cámara de Diputados autorizó al Poder Ejecutivo contratar un endeudamiento neto interno hasta por 1.7 billones de pesos y un endeudamiento externo de hasta 15 mil 500 millones de dólares, con el propósito de financiar el Presupuesto de Egresos y realizar operaciones de refinanciamiento.

La aprobación de esta reforma se dio en medio de un debate ríspido entre el bloque oficialista, que defendió el proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y los partidos de oposición, que cuestionaron las cifras de ingresos del próximo año.

“Impuestos saludables”

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados federales de Morena, señaló que el ingreso por 10 billones de pesos también será posible por el combate que el gobierno emprenderá contra la evasión fiscal y las empresas factureras; los “impuestos saludables” a refrescos, sueros orales y cigarros, así como la eliminación de la deducción de impuestos que los bancos tenían por sus aportaciones a la deuda del Fobaproa.

“Con el gobierno de la doctora Claudia estamos haciendo otra gran reforma fiscal que tiene como base tapar los grandes boquetes que se desatan a partir del huachicol y la facturación falsa, por eso hemos incrementado los ingresos producto del comercio exterior”, dijo.

Ramírez Cuéllar participó en el debate entre gritos y reclamos de los partidos de oposición, mientras el morenista los retaba a subirse a tribuna para debatir el tema. Los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo hicieron con letreros con la leyenda “no más deuda” y “no más impuestos”, y los panistas le gritaban a pocos metros.

Los partidos de oposición calificaron la reforma como un “parche fiscal” por los ingresos que el gobierno obtendrá por el aumento de impuestos a productos como cigarros y refrescos. De igual forma, criticaron la contratación de deuda y los presuntos hechos de corrupción cometidos por integrantes de Morena.

“México no necesita más deuda, no necesita ingresos maquillados, no necesita castigar al contribuyente, mientras se tolera el saqueo desde adentro. Lo que México necesita es un gobierno con el valor de limpiar la casa, de erradicar las redes internas de corrupción, de estrangular el flujo del dinero al narcotráfico, pero, sobre todo, de usar bien cada peso que aportamos el pueblo de México”, expresó Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano (MC).

Morena entró en conflicto con MC cuando Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió que el bloque oficialista va por Samuel García, gobernador de Nuevo León, a quien el vicecoordinador acusó de evadir el pago de impuestos a través de facturas falsas. “¡Contra ese vamos también! ¡Contra ese gobernador de Movimiento Ciudadano!”, exclamó el legislador.

El PRI se sumó a la discusión con Rubén Moreira, coordinador de la bancada, quien destacó que, con la aprobación de la reforma a la Ley de Ingresos, la deuda de México equivaldrá al 52% de su Producto Interno Bruto en 2026.

“En estos siete años, más el que sigue, se va a duplicar la deuda de este país y si no hacen algo, cuando se vaya la presidenta de la República al terminar su mandato van a llegar a 30 billones de pesos. Se ha dicho que no es mucho, pero es el 52.3% del PIB”, dijo Moreira.

Éctor Jaime Ramírez, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó a Morena sobre el mismo tema desde el arranque del debate. 

“No hay sostenibilidad de la deuda, no hay marco de responsabilidad fiscal y no hay rendición de cuentas sobre el uso del financiamiento. México necesita una reforma fiscal valiente, no parches desesperados”, mencionó desde tribuna Jaime Ramírez.

Los diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron la reforma a la Ley de Ingresos con 349 votos a favor. Mientras, los partidos de oposición emitieron 128 votos en contra.

Mientras que en lo particular se aprobó con 352 votos a favor y 128 en contra, con una modificación para que las aseguradoras no evadan impuestos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

A 15 años de la masacre de San Fernando: Ni verdad ni justicia

Cuando se cumplía un nuevo aniversario del asesinato de 72 migrantes, las autoridades enterraron en la fosa común de Dolores a ocho de las nueve víctimas que todavía no han sido identificadas. Aún se desconoce a los autores de los crímenes, ya que los únicos condenados por estos hechos están presos por delincuencia organizada o portación de armas de fuego.

Ningún letrero anuncia la fosa común del Panteón Civil de Dolores. A diferencia de la señalizada Rotonda de las Personas Ilustres, donde descansan figuras como el compositor Agustín Lara y la escritora Rosario Castellanos, este espacio permanece tan anónimo como sus ocupantes.

Es 21 de agosto de 2025. Hay otras nueve sepulturas en la tierra; aquí, quince años después de ser asesinados, van a depositar los cuerpos —de ocho hombres y una mujer— que aún no han sido identificados de los 72 migrantes víctimas de la masacre de San Fernando, en Tamaulipas. El deterioro que sufrieron por la negligencia de las autoridades, el deficiente manejo forense y la falta de cooperación entre los países han impedido conocer sus nombres y apellidos. 

“De los nueve cuerpos pendientes de identificación, uno se quedó en el Incifo [Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México] por un error en el acta de defunción, pero los ocho restantes fueron inhumados en el panteón de Dolores; ya están perfectamente estudiados, eso no significa que no se puedan seguir identificando”, explicó en entrevista la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Fabienne Cabaret.

Hasta la fecha, han sido restituidos 63 cuerpos a sus familias en Guatemala (13), Honduras (26), El Salvador (14), Ecuador (5), Brasil (4) y la India (1).  

La noche del 21 de agosto de 2010, un grupo de 77 migrantes fue secuestrado al pasar por San Fernando, de camino a Estados Unidos. Hombres armados pararon los dos autobuses en que viajaban y los condujeron a una bodega del rancho El Huizache. Allí les propusieron unirse al crimen organizado; quienes se negaron fueron asesinados, con las manos amarradas y los ojos vendados, y apilados junto a una barda de piedra. 

El gobierno mexicano se enteró de la matanza por Freddy Lala Pomavilla, un joven ecuatoriano que, tras recibir un disparo en la cara, se hizo pasar por muerto y luego caminó hasta un puesto militar. El 24 de agosto, los marinos, guiados por su testimonio, encontraron a 14 mujeres y 58 hombres asesinados. Al día siguiente por la noche, la presidencia de Felipe Calderón hizo público el relato del sobreviviente y responsabilizó al grupo criminal de Los Zetas. Nunca se explicó qué había sucedido con los cuatro migrantes que no aparecieron sin vida.

El 25 de agosto, los cuerpos comenzaron a ser trasladados a la Base Naval de Operaciones de San Fernando en camionetas pick up; debido al número de cadáveres, algunos permanecieron hasta cinco días expuestos, a cielo abierto, en pleno verano. Otros fueron llevados a una funeraria local y los dejaron tirados en el piso, por falta de espacio. Luego, el camión que los trasladó a la Ciudad de México no tenía refrigeración. Al llegar, pasaron nuevamente semanas a la intemperie antes de que fueran embalsamados. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 80/2013, emitida el 23 de diciembre de 2013, el personal de las procuradurías estatal y federal violó los protocolos de manejo de restos humanos y de la escena del crimen.

La masacre mostró la barbarie de la violencia de los grupos criminales y la vulnerabilidad de la población migrante. También permanece como un recordatorio de la impunidad que padecen las víctimas, pues hasta la fecha nadie ha sido condenado por estos asesinatos. 

En la fosa común de Dolores han sido enterrados, de 2002 a 2023, más de 18,000 cadáveres y restos humanos no reclamados, pero la cifra total de cuerpos que albergan sus ocho mil metros cuadrados de extensión nadie la conoce, pues no existen registros anteriores a esa fecha.

Avances y pendientes

En diciembre de 2010 ya se habían repatriado 56 cuerpos, a los que se sumaron otros cinco en los años siguientes. Pero pronto surgieron dudas sobre la correcta identificación de los cadáveres, que el gobierno mexicano envió sin documentos, y cuyos féretros no pudieron ser abiertos por las familias por disposición de las autoridades locales. Las madres, hermanas y padres de las víctimas exigieron pruebas científicas que acreditaran su identidad. En México, la FJEDD cuestionó la investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y acordó representar a 12 familias de las víctimas.

Debido a la desconfianza en las autoridades, se propuso crear un grupo independiente de expertos. En 2013, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la PGR, primero, y posteriormente la Fiscalía General de la República (FGR), integraron la Comisión Forense. Para entonces, en México ya habían ocurrido dos matanzas de migrantes: San Fernando, en Tamaulipas, y Cadereyta, en Nuevo León; también se habían hallado 196 cuerpos en 47 fosas clandestinas de San Fernando en abril de 2011, víctimas de las llamadas “masacres de los autobuses”. 

El primer resultado de la comisión en el caso de los 72 migrantes ocurrió en 2017. En septiembre arribó al departamento de Comayagua, en Honduras, el cuerpo de Marvin Leodán Euceda Aguilar. Trece meses después, Haidé Posadas recibió el cuerpo de su hijo Wilmer Gerardo Núñez Posadas, también hondureño. Él había sido identificado los días posteriores a la masacre por credenciales en su mochila y su cartera. Pero los documentos no importaron, el gobierno mexicano no lo envió junto con los cadáveres de los sobrinos con los que viajaba, y estuvo enterrado en la fosa común de Dolores durante ocho años.

Previo a la conmemoración de los quince años de la matanza de los 72, la comisión pudo dar tranquilidad a la familia de Juliard Aires Fernandes, una de las cuatro víctimas de Brasil. El 1 de octubre de 2010, los parientes recibieron un ataúd que contenía una bolsa con lo que parecía arcilla. La duda de si eran los restos del joven de 20 años se prolongó más de una década.

“Se confirmó la identificación de un caso de Brasil. Hubo buena coordinación, las autoridades brasileñas aceptaron la solicitud de México para que la Comisión Forense pudiera acudir a territorio brasileño y llevar a cabo conjuntamente la exhumación y revisión del cuerpo”, refirió Cabaret sobre el caso, ya que el gobierno mexicano no entregó pruebas científicas que corroboraran la identidad de Aires Fernandes.

La situación contraria se dio en Guatemala. Su gobierno impidió el ingreso de los peritos de la comisión para entregar el cuerpo correcto de una víctima y exhumar el cadáver erróneo que había enviado la PGR. “Todavía falta que Guatemala pueda regresar el cuerpo equivocado a México”, lamenta la directora de la FJEDD.

“Las personas que murieron allí acompañados de mi hermano no eran animalitos, eran seres humanos con derechos igual que todos, y se les violó uno de los derechos más grandes, que es el derecho a la vida”, lamentó Orlin, hermano mayor de Marvin Leodán Euceda Aguilar, en entrevista.

Sin sentencias por homicidios

A quince años de la masacre de los 72, las preguntas que surgieron en los días posteriores al hecho continúan sin respuesta: ¿quiénes, por qué y para qué los mataron?, ¿cuáles fueron los mecanismos de impunidad que protegieron a los perpetradores?

Entre 2010 y 2013, la PGR detuvo a 17 presuntos integrantes de Los Zetas que controlaban San Fernando, a quienes acusó de la muerte de los migrantes y de las víctimas halladas en las fosas clandestinas de la población. Además, 17 policías municipales fueron aprehendidos acusados de trabajar para el grupo criminal; después de un año en la cárcel, fueron liberados sin cargos.

La versión que la presidencia de Calderón dio a los medios no correspondió con la realidad jurídica. Los agentes del Ministerio Público federal no aportaron pruebas contra los supuestos líderes de Los Zetas vinculados a la masacre.

Martín Omar Estrada Luna, el Kilo; Édgar Huerta Montiel, el Guache, y Salvador Alfonso Martínez Escobedo, la Ardilla o Z-85, mandos locales y regionales del grupo criminal, no fueron consignados en la carpeta de investigación abierta por la masacre de los 72, a cargo del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Tamaulipas.

Lo mismo sucedió con Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, entonces líder máximo de Los Zetas. Extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 —junto con su hermano Omar, el Z-42—, enfrenta cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. No por cada homicidio y desaparición que cometieron.

“Creemos que la justicia ordinaria mexicana no ha dado respuesta a esos casos y difícilmente la va a poder dar en los contextos que estamos viviendo”, consideró la directora de la FJEDD. “Estamos observando que las cabezas mismas de Los Zetas ya fueron entregadas a Estados Unidos. Eso también ha generado mucha duda para los familiares de las víctimas, porque finalmente se va a seguir debilitando la posibilidad de acceso a la justicia en México”.

En enero de 2025, la FGR comunicó que Estrada Luna; Román Palomo Rincones, el Coyote, y Juvenal Burciaga Venegas, el Alacrán, habían sido condenados por los delitos de delincuencia organizada, secuestro con agravante y corrupción de menores, relacionados con el asesinato de los 72 migrantes. Uno de los presuntos implicados que evitó ser procesado fue Martiniano de Jesús Jaramillo, el Pata de Queso, quien murió en prisión tres días después de su captura en noviembre de 2017. 

La masacre ocurrida en El Huizache es procesada en dos causas penales, por las que han sido consignadas ​​14 personas. La fundación documentó las sentencias contra Jesús “N” y Manuel “N”, a 15 años y 6 meses, y a 19 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Ambos reconocieron ser “halcones” de Los Zetas y haber escuchado de la matanza por el radio de comunicación del grupo criminal. 

“Eso se ha convertido finalmente en sentencias centradas en el delito de delincuencia organizada o portación de armas, pero lo que tiene que ver en sí con los secuestros y la muerte de los migrantes, en concreto, no tenemos sentencias y menos aún de manera individualizada”, apuntó Cabaret.

En Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y la India, las familias de las víctimas siguen preguntándose qué pasó la noche del 21 de agosto de 2010 en el rancho ubicado a 30 minutos de la cabecera municipal de San Fernando. 

“Ya pasaron muchos años y nosotros seguimos con el dolor, como si fuera el día uno. Necesitamos exigirle a México que cumpla, porque nos han seguido engañando”, afirmó Mirna Solórzano, madre de Glenda Yaneira Medrano, de El Salvador, una de las 72 víctimas.

Acaso el único avance en el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es la negociación para la reparación de las familias. El proceso para determinar la indemnización económica se retomó después de que el Instituto Nacional de Migración, por instrucciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), procediera a pagar la reparación del daño a familiares de las 40 personas que murieron, y a las 27 lesionadas, en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez en 2023.

“Eso permitió colocar nuevamente los pendientes en los casos de las masacres de San Fernando. Como fundación no representamos a todas las víctimas, pero tratamos de que eso sirva para todos. En estos momentos estamos integrando los expedientes de víctimas de Guatemala y El Salvador, pronto vamos a [trabajar en los de] Honduras y en la víctima brasileña”, explicó Cabaret.

Para Guillermina Vega Sagastume, de Guatemala, la posibilidad de concretar la reparación significa cumplir el sueño de su nuera Nancy Pineda Lacan. En 2010, antes de partir a Estados Unidos junto a su papá, hermano, prima y tío, la joven madre prometió que mandaría dinero para construir una casa para sus hijos, entonces de tres y cinco años.

“Usted sabe que el dinero en todo momento sirve y prácticamente para ellos, pues qué felicidad sería decir `yo le voy a comprar su casita para que ellos vivan y no vayan a andar rodando el día que yo falte o algo así’,  ¿verdad?”, dijo en entrevista la abuela Guillermina, que espera el regreso de su nieto, que migró a los 17 años a Estados Unidos. La hija de Nancy, de 18 años, vive casada en Guatemala. 

Preocupación por nuevos jueces

La renovación del Poder Judicial en México es una nueva preocupación para las familias y el equipo legal que las representa.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, que concentra la investigación de lo ocurrido en el rancho El Huizache, no fue disputado en los comicios. Por ahora, la jueza Mabel Cortez Navarrete continuará al frente del proceso penal contra los presuntos responsables. 

No obstante, el viraje en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) preocupa a la fundación, ya que el acceso a los expedientes de las masacres —de los 72 migrantes, de las víctimas de las fosas clandestinas de San Fernando, de Cadereyta y de Güemez— y el reconocimiento de las familias extranjeras como víctimas indirectas se ha dado vía amparos resueltos por el máximo tribunal.

La aceptación de que la masacre es una violación grave a los derechos humanos ha sido parte esencial de la estrategia legal, pero la FJEDD desconoce si la nueva corte respetará la jurisprudencia que les permitió tener acceso a los expedientes judiciales. 

En su propuesta electoral, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, enfatizó que los derechos humanos son la base para la impartición de justicia. Pero la falta de resultados de la FGR hace sentir a las familias de los migrantes que la verdad y la justicia se alejan cada agosto.

FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: LUCÍA FLORES, CARLOS MANUEL JUÁREZ.

UNAM e IMSS refrendan convenio para garantizar la cobertura médica de la comunidad estudiantil

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, destacó que este convenio “confirma, engloba y homologa muchas de las acciones que ya se venían realizando, en condiciones claras, lo cual es un avance importante”.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) refrendaron su convenio general de colaboración y de apoyo académico y administrativo existente para garantizar la cobertura médica de la comunidad estudiantil; en particular, en la atención de trastornos mentales de los estudiantes.? 

La firma del acuerdo ocurrió en la Torre de la Rectoría, donde el rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó que éste “confirma, engloba y homologa muchas de las acciones que ya se venían realizando, en condiciones claras, lo cual es un avance importante”.

Agregó que, mediante el seguro facultativo permite tener a los estudiantes protegidos contra una gran cantidad de riesgos de salud. En la UNAM hay 107 mil alumnos de bachillerato, muchos de ellos, menores de edad. 
“Hay que atender bien a este segmento de la población y encarar estos problemas de salud pública, que en este caso se traducen en problemas de salud mental, y estoy seguro de que juntos lo podremos hacer mucho mejor”, dijo. 
El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que uno de los ejes centrales del acuerdo fue la atención a la salud mental de los estudiantes universitarios, una problemática que cobró relevancia tras los efectos de la pandemia por Covid-19.
“Para nosotros era un poco hacernos también corresponsables, digamos, de la construcción de un nuevo modelo de atención a la salud mental de los estudiantes de la UNAM, pero desde luego que pueda ser algo para todo el pueblo, con las posibilidades de crear nuevas dinámicas, servicios y de invertir en términos de infraestructura, de instalaciones, solamente para este proyecto”, agregó. 
Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, comentó que con la firma de este convenio pretenden que sea la directriz de la colaboración que se da entre el sector salud y el de educación superior.

En tanto, la secretaria general de la UNAM, Patricia Dávila Aranda, recalcó que la salud mental es un problema multifactorial y el interés por apoyar a los jóvenes con actividades culturales y deportivas. 

Objetivos de salud mental

Alva Alejandra Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, informó que con este convenio se pretende promover la salud mental en la comunidad educativa para mejorar su capacidad de afrontamiento en el ámbito escolar y comunitario, y disminuir los problemas respectivos. 

Luego, mencionó que uno de los objetivos del convenio es “fortalecer las capacidades individuales y colectivas de la comunidad estudiantil para el autocuidado, la gestión emocional y la convivencia saludable mediante acciones integrales de promoción y sensibilización que favorezcan la salud mental, la inclusión y la eliminación de estigma asociado a los problemas de salud mental”. 

También se pretende favorecer la identificación y atención oportuna de factores de riesgo para prevenir o retardar el desarrollo de enfermedad mental y tratar las adicciones. 

Rosa Amarilis Zárate Grajales, directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, sugirió que la atención a la salud mental sera mediante la regionalización: a partir de las necesidades que se atienden en las comunidades de bachillerato y licenciatura, canalizar por zonas (norte, sur, oriente y poniente) a para una atención más especializada, psiquiátrica, en caso necesario, y hacerlo conjuntamente, de manera institucional y organizada. 

El refrendo del convenio UNAM-IMSS, con especial atención a la salud de los universitarios, se da en el contexto del asesinato que ocurrió el pasado 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel sur, cuando un estudiante atacó a otro a muerte y lesionó a un trabajador que intentó detenerlo.? 

El perfil de redes sociales del agresor lo identificó con la comunidad “Incel” que en inglés se refiere a “célibes involuntarios”, un grupo creciente en redes sociales cuyos integrantes se describen como incapaces de tener una pareja o vida sexual, pese a que quieren estar en una relación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Caen presuntos integrantes del cártel de Tláhuac con droga valuada en más de 2 mdp

Los detenidos, de 32 y 43 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se les informó de sus derechos constitucionales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), detuvieron a dos presuntos integrantes del cártel de Tláhuac en un inmueble de la colonia San Miguel Teotongo, alcaldía Iztapalapa.  

Durante el cateo, las autoridades aseguraron 10 kilogramos de cocaína, distribuidos en paquetes tipo “tabique” de aproximadamente un kilogramo cada uno, así como dos armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles.

En su cuenta de X, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, se refirió a las detenciones como parte de la estrategia de “combate frontal a los generadores de violencia”, de la actual administración, a cargo de la morenista, Clara Brugada.  

Según las estimaciones oficiales, la droga incautada podría equivaler a unas 20 mil dosis, con un valor aproximado de más de 2 millones de pesos, equivalentes a 125 mil dólares en el mercado ilegal.  

La operación se realizó tras investigaciones de gabinete y campo que indicaban que el predio era utilizado para almacenamiento y embalaje de narcóticos. La orden de cateo fue emitida por un juez de control y la acción se ejecutó sin uso de violencia, cumpliendo protocolos policiales. 

Los detenidos, de 32 y 43 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se les informó de sus derechos constitucionales. 

Fuentes policiales señalan que los individuos podrían estar vinculados con un grupo delictivo que opera principalmente en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, dedicado a la venta de drogas, extorsión y homicidio.  

La SSC informó que el inmueble fue sellado y permanece bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Señalan a Semanario ZETA en narcomantas; Artículo 19 urge protección del Estado

La organización no gubernamental internacional Artículo 19 exigió, el 17 de octubre de 2025, a los gobiernos estatal bajacaliforniano y al federal, garantizar la seguridad de los periodistas del Semanario ZETA de Tijuana, ello luego de que los días lunes 13 y martes 14, del mismo mes y año, fue mencionado en una serie de narcomantas, las cuales fueron colocadas por presuntos integrantes de grupos del crimen organizado, en diferentes puntos de la ciudad fronteriza con Estados Unidos.

‘El medio de comunicación fue señalado tras publicar, el lunes 13, una investigación sobre el robo de droga por parte de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) a un grupo criminal. En las mantas se puede leer: ‘…no vamos a fusilar a ningún inocente, como la nota que sacaron en el zeta putas lacras…’; mientras que otra señala: ‘No inocentes como dice el zeta unidad kia y pickup…’, recordó la ONG internacional, en un posicionamiento público.

“Lo anterior, sucede en un contexto de otras agresiones, ocurridas durante este año, en contra del medio de comunicación y su directora como amenazas, actos de intimidación, bloqueos informativos y, por lo menos, cuatro ataques DDOS masivos en intentos para bajar su página”, agregó Artículo 19, cuyo director regional para México y Centroamérica, es Leopoldo Maldonado Gutiérrez.

“De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, los Estados tienen la obligación de implementar las medidas necesarias para prevenir agresiones y proteger la integridad de quienes ejercen la labor periodística y el derecho a la libertad de expresión”, enfatizó la ONG internacional.

“Las autoridades deben investigar y sancionar cualquier violación a los derechos humanos de las personas periodistas, por lo que la Fiscalías en México deben aplicar el Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión”, agregó la organización no gubernamental.

En vista de lo anterior, la organización exige: Al gobierno estatal de Baja California, garantizar la seguridad de las y los periodistas de dicha entidad para erradicar cualquier tipo de ambiente hostil que impida realizar de forma segura el ejercicio periodístico y así, garantizar una vida democrática para la sociedad”, insistió la ONG internacional.

“Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas [dependiente de la Secretaría de Gobernación Federal], establecer comunicación con la periodista Adela Navarro [Bello] e integrantes del medio a fin de acordar medidas que garanticen su protección y seguridad”, finalizó Artículo 19.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEO.

Titular de la DEFENSA admite error humano en “hackeo” de ‘Guacamaya Leaks’

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), reconoció, el 17 de octubre de 2025, que el hackeo o intrusión no autorizada en sistemas informáticos de las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Gobierno Federal, conocido como “Guacamaya Leaks”, se originó por una falla humana y no por una vulnerabilidad en los sistemas de comunicación del Ejército.

El 29 de septiembre de 2022, un “grupo internacional de hackers”, autodenominados Guacamaya, compartieron al medio digital Latinus -través del programa semanal que conduce el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, quien calificó la filtración como “la más grave vulneración a la ciberseguridad del Gobierno de México en su historia”-, al menos seis terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluyeron textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mexicana, que databan desde el año del 2016, hasta septiembre del 2022.

“Todos nuestros sistemas de comunicaciones, de transmisiones, son encriptados. Técnicamente todos son encriptados. De lo que pasó en Guacamaya, fue una falla humana y no eran encriptados. Eso era internet común. Todos están encriptados, todos son medios seguros y están funcionando todos adecuadamente”, explicó el actual titular de la DEFENSA, durante la conferencia de prensa matutina, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el general fue cuestionado respecto a un informe de la estadounidense Universidad de San Diego, con sede en California, que reveló la posibilidad de interceptar datos de satélites no encriptados, vinculados a instituciones como el Ejército y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En respuesta, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que las comunicaciones militares operaban bajo medios seguros y que no existía evidencia de que información clasificada hubiera sido interceptada. “No han ingresado. No tenemos ningún indicio de que hayan ingresado o que hayan obtenido esa información. Desconozco cuál sería su fuente o cómo se hizo el estudio”, señaló.

El 15 de febrero de 2023, Luis Cresencio Sandoval González, entonces titular de la SEDENA afirmó que el “hackeo” a servidores de dicha institución, realizado por el colectivo internacional autodenominado Guacamaya Leaks, no puso en riesgo la seguridad nacional.

Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en las instalaciones del Campo Militar Número 1, ubicado en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, el general fue cuestionado respecto a la filtración de correos y documentos referentes a operativos de seguridad, contratos del Ejército e incluso la salud del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información y mediante esos mecanismos modernos extraen archivos, es gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este ramo de la cibernética […] Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”, confirmó el propio López Obrador, el 30 de septiembre del 2022, durante su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, el Gobierno Federal indicó, en un comunicado, emitido el 23 de marzo de 2023, que “algunos documentos difundidos en medios de comunicación sobre presuntos actos de espionaje no son oficiales, no están firmados ni avalados por alguna autoridad competente, por lo que son apócrifos” y “por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”.

“Es importante mencionar que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”, insistió el Gobierno de México.

“Lo anterior hace evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional. Por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”, señaló el Gobierno Federal.

‘Acciones de inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional’, indicó el encabezado del comunicado del Gobierno de México, el cual destacó que “todo el esfuerzo de inteligencia se dirige a combatir la delincuencia organizada y narcotráfico; solo han sido detenidas personas que están relacionadas con estos delitos”.

Asimismo, el Gobierno Federal encabezado en ese entonces por el presidente López Obrador, enfatizó que las “instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y de inteligencia sólo pueden intervenir comunicaciones privadas con la orden de un juez”.

Ello, según el Gobierno de México, con base en el artículo 29 de la Ley de Seguridad Nacional, “la inteligencia es el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, y el ciclo de inteligencia es el proceso que orienta las acciones de recolección y procesamiento de información con el propósito de integrarlas en productos de inteligencia para la toma de decisiones”.

“Este proceso comprende las etapas de planeación, recolección, procesamiento y análisis; difusión y explotación, y retroalimentación. De acuerdo con los artículos 5, fracciones III, V y XI, 29, 30, 31, 33, 34 y 35 de la Ley de Seguridad Nacional y 100 de la Ley de la Guardia Nacional, las instancias de Seguridad Nacional, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de manera conjunta con otras dependencias, trabajan en recolección, procesamiento, diseminación y explotación de la información, que comparten con otras autoridades en materia de seguridad pública”, detalló el comunicado del Gobierno Federal.

No obstante, el Gobierno de México afirmó que los “procedimientos antes mencionados, de ninguna manera están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos; únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”.

“Uno de los principales rasgos de la inteligencia es la confidencialidad, lo que permite evitar que sea neutralizada la capacidad del Estado para poner en marcha medidas en la materia. Por esta razón, tanto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la Ley de Seguridad Nacional, contemplan mecanismos para reservar información que pueda comprometer la seguridad nacional hasta por un periodo de cinco años”, insistió el Gobierno entonces encabezado por López Obrador.

“Las actividades de inteligencia se refieren al análisis e interpretación de información que se encuentra disponible en fuentes abiertas -redes sociales, medios de comunicación, revistas o periódicos-, así como la obtenida en actividades de campo, reuniones con otras dependencias, organizaciones sociales, políticas y mediáticas del país, misma que se compara con bases de datos que poseen de manera legal autoridades responsables de la seguridad pública y de la procuración de justicia del país”, agregó el Gobierno Federal.

“En el contexto del combate al narcotráfico, las denuncias anónimas juegan un papel preponderante, coadyuvando en la detención de líderes e integrantes de las organizaciones criminales y en la desarticulación de las estructuras del narcotráfico generadoras de violencia, además de sus entramados financieros, logísticos y de personal”, abundó el Gobierno de México.

“El artículo 16 constitucional refiere que las comunicaciones privadas son inviolables y que al respecto sólo el juez puede valorar el alcance y autorizar su intercepción, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. Por tal motivo, las instancias de seguridad nacional están impedidas legalmente para realizar este tipo de actividades sin la orden de un juez”, expresó el Gobierno Federal.

“La Constitución refiere que es facultad exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, debiendo fundar y motivar fehacientemente las causas”, dijo el Gobierno de México.

La Administración encabezada por López Obrador recordó que durante lo que iba de ese sexenio, las autoridades judiciales habían detenido a mil 393 personas. De ellas, 27 las catalogó como “relevantes” por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, destacando: Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” -hijo del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”-, José Guadalupe ‘N”, Gerardo “N”, José Antonio “N” y José Alfredo “N”.

“Todo el esfuerzo de inteligencia del Estado mexicano se dirige a combatir a la delincuencia organizada y narcotráfico, por lo que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada. Finalmente, con el desarrollo de productos de inteligencia ha sido posible llevar a cabo la detención de otros blancos generadores de violencia, así como el aseguramiento de enervantes y armamento”, finalizó el Gobierno Federal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ AEVEDO.