Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Si Ley de Amparo de Sheinbaum no se corrige, ciudadanos y derechos colectivos serán los más afectados

Por: Draco Dracul on sábado, septiembre 27, 2025 / Comentarios: 0 ,

Si la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Ley de Amparo se aprueba sin cambios, ciudadanos y colectivos serán los más perjudicados, mientras que las autoridades podrían salir beneficiadas, advierten abogados y organizaciones. La propuesta modifica figuras clave como el “interés legítimo” y las suspensiones en casos de prisión preventiva, limita la justicia en línea y podría generar incertidumbre jurídica, advierten

Si la propuesta de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Ley de Amparo no se corrige, las y los ciudadanos serán los más perjudicados, mientras que las autoridades podrían ser las más beneficiadas, coinciden abogados y organizaciones.

Además, dentro de toda la gama de derechos que existen, los derechos individuales —que tienen que ver con la vida, la libertad, el patrimonio y la seguridad jurídica, entre otros— y los derechos colectivos, como los de los pueblos originarios, los grupos de la comunidad LGBTQ+ y a un medio ambiente sano, podrían ser lo más afectados.

En su proyecto de reforma, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso adiciones al término “interés legítimo” —una figura bajo la cual comunidades han detenido proyectos que arrasan con el medio ambiente—, limitaciones a la figura de la “suspensión” en materia de prisión preventiva oficiosa —que tiene que ver con frenar que una persona inocente vaya a la cárcel— o la justicia en línea —que no está pensada para que personas en comunidades rurales o indígenas, sin acceso a Internet o computadoras, puedan promover un amparo.

Por este motivo colegios y organizaciones, como la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, han criticado la propuesta de reforma de la Ley de Amparo, solicitando a la presidenta Claudia Sheinbaum ser consultados sobre las modificaciones y poniéndose en disposición de colaborar.

“La ciudadanía pierde y la autoridad gana”: exmagistrado Miguel Bonilla

El 15 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República un proyecto de reforma a la Ley de Amparo con el que principalmente busca limitar las suspensiones y acelerar los juicios de amparo, que son una especie de “escudo legal” que las y los ciudadanos tienen para defenderse de los actos de las autoridades que puedan violar sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad y el patrimonio.

“Por eso si la ley de amparo no es suficientemente clara, si estas reformas y adiciones se aprueban, no van a generar una certeza. ¿Quién es el que sale perdiendo? Usted. ¿Quién sale ganando? Aunque esa no sea la intención, pues la autoridad”, señaló el exmagistrado Miguel Bonilla López, investigador de la Escuela Libre de Derecho.

Así lo dijo al participar en una sesión en la que se analizó la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, sobre todo en lo que tiene que ver con las modificaciones propuestas y sus efectos, convocada por la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo de la Barra Mexicana de Abogados.

“No quiero decir con esto que haya una intención o propósito de beneficiar a la autoridad. Lo único que digo es que cuando se redacta mal una norma que tiene que ver con la Ley de Amparo, el perjudicado es el ciudadano y la ciudadana”, agregó.

Señaló que entre los principales problemas de la propuesta de reforma no solo está que no se vayan a permitir suspensiones en casos de prisión preventiva oficiosa —que tienen que ver con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia— o que éstas se vayan a conceder con efectos limitados, sino que además se contrapone con las jurisprudencias existentes que permiten que se conceda la medida para evitar la detención de la persona o incluso ordenar su libertad.

Ana María Kudisch, presidenta de la BMA, indicó que la reforma es regresiva y abre la puerta a que los ciudadanos estén en incertidumbre jurídica, pues “los jueces interpretarán de una manera, los abogados de otra y los justiciables quedarán sin saber qué derechos les asisten y cuáles no”.

“Además, los derechos que están involucrados no solo son de una persona que pide pensión alimenticia y que la persona que la otorga se ampara para no pagarla a sus hijos [sino también] cuando hay, por ejemplo, una situación ambiental, una situación colectiva y cuando hay una situación más compleja que los derechos humanos simples del día a día, es cuando va a estar más complicado para los justiciables”.

Ley de amparo también pondría en riesgo a los jueces

Durante la sesión, el exmagistrado Miguel Bonilla —que especificó que él renunció a su puesto en protesta a la reforma judicial— también señaló que la reforma pone en riesgo a los propios jueces de amparo que deberán aplicarla, pues por la forma en la que está redactada se pueden crear problemas para interpretar qué principios o criterios aplicar en temas como la prisión preventiva oficiosa, la concesión de suspensiones y las recusaciones.

“No hace falta ser un juez de los de antes, un juez de los de ahora, un juez como yo que renunció. Lo que estoy diciendo es que, desde mi punto de vista, la redacción de los artículos que se proponen en la iniciativa presentan serios problemas para su aplicación práctica en un futuro”, dijo.

Lo anterior, agregó, tomando en consideración las facultades que se otorgaron al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), lo que implica un riesgo para los juzgadores, tanto los de carrera judicial como los recién llegados por voto popular, de ser sometidos a procesos de investigación y sanción por el sentido de sus decisiones, por lo que tendrán que ser mucho más cautelosos al momento de interpretar la ley y aplicarla.

“Yo esperaría que eventualmente la Suprema Corte se ocupe de esos problemas y defina cómo la deberemos entender si es que se llega a aprobar. Siempre que lo define un tribunal de máximo nivel, de máxima jerarquía, se brinda seguridad política, porque estemos o no estemos de acuerdo, ya lo dijo esa autoridad máxima, pero para que eso ocurra, va a faltar tiempo”.

Ley de amparo es un “retroceso histórico”

Según la iniciativa de reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el amparo ha empezado a mostrar ciertas debilidades que se deben reparar, entre las que están retrasos excesivos, tácticas dilatorias, mal uso de la suspensión —que según la iniciativa a veces termina protegiendo actividades ilícitas— y procesos anticuados, dependiendo del papel en un mundo que ya es digital.

Días después de su presentación el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México expresó su preocupación al considerar que podría constituir un “retroceso histórico en el acceso a la justicia, el litigio estratégico y la defensa de los derechos humanos en el Estado mexicano”.

De acuerdo con el Colegio, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 y la incorporación abierta del concepto de “interés legítimo”, el juicio de amparo se consolidó como una herramienta ejemplar en manos de la ciudadanía para defenderse del actuar arbitrario de la autoridad.

“(Sin embargo), la iniciativa confunde de manera catastrófica la naturaleza del interés legítimo, el cual fue diseñado para permitir el acceso al amparo a quienes, por su especial situación frente al orden jurídico, resienten una afectación real que puede proyectarse hacia el futuro, pero que sigue siendo cierta, pretendiendo equiparar dicha naturaleza a la del interés jurídico”, señaló el Colegio mediante un comunicado.
Además, resaltó el debilitamiento a la figura de la suspensión al pretender eliminar su otorgamiento en casos de enorme relevancia para las y los ciudadanos argumentando un supuesto “interés social” para blindar al Estado frente a los derechos de las personas.

“Por ello, el Colegio rechaza de manera contundente esta iniciativa y formula un enérgico llamado al Congreso para frenar esta reforma regresiva, con el firme propósito de preservar al juicio de amparo como el medio de defensa más efectivo de la ciudadanía frente al poder y asegurar que siga cumpliendo su misión histórica de salvaguardar los derechos humanos y la democracia en México”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDA MAZA.

El reclamo de los padres del caso Ayotzinapa: “Estamos jugando otra vez, ya basta"

Por: Draco Dracul on sábado, septiembre 27, 2025 / Comentarios: 0 ,

A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas, familiares de las víctimas denuncian opacidad castrense y falta de avances reales. Exigen a la presidenta Sheinbaum la entrega de 800 folios de inteligencia militar y critican el regreso de las investigaciones a la “verdad histórica”.

Han pasado 11 años, han tratado con tres presidentes de la República, tres fiscales especiales y dos subsecretarios de Gobernación; les han informado sobre decenas de detenidos y de búsquedas, pero la vida para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, sigue igual que entonces, sin saber qué ocurrió con sus hijos, quién y por qué se los llevaron. 

Del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, bajo el que ocurrió la desaparición forzada, los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos sólo recibieron maltratos y “la verdad histórica”, que, a fuerza de su lucha incansable, fue desmentida gracias a la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Con la elección de Andrés Manuel López Obrador se avivó la esperanza de encontrar a sus hijos, tras las promesas hechas por el tabasqueño en campaña y las primeras acciones de búsqueda e investigación, que después se atoraron por la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar información, opacidad que se mantiene en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien se han reunido en cinco ocasiones en Palacio Nacional. 

“Desafortunadamente no hay absolutamente nada, estamos jugando otra vez al gato y al ratón; para nosotros llegó el momento de decir ya basta”, dice Mario González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, uno de los jóvenes desaparecidos.

En entrevista, González Contreras lamenta que en lo que va del gobierno de Sheinbaum los mayores avances se hayan reducido al cambio de titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), de Rosendo Gómez Piedra a Mauricio Pazarán, y la promesa de la creación de un grupo de expertos, que no será de índole internacional. 
“No tenemos ningún avance en esas líneas que dejó tan recomendadas el GIEI _apunta González– Nomás están dándole vuelta y vuelta y vuelta a la ‘verdad histórica’, eso es lo que nosotros estamos viendo y por eso es el descontento de los padres”. 
Desde el sexenio de López Obrador, la exigencia de los padres de los 43 normalistas ha sido firme: que la Sedena les entregue 800 folios relacionados con la desaparición de sus hijos que fueron ubicados por los expertos independientes en los archivos de inteligencia militar, así como el esclarecimiento de la retención de 17 estudiantes en la barandilla de la policía municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, el análisis de dispositivos celulares de estudiantes que permanecieron activos después de los hechos, las extradiciones de Tomás Zerón de Lucio, escondido en Israel, y de quien fuera juez de barandilla José Ulises Bernabé, asilado en Estados Unidos; además de que se investigue al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y al exprocurador del estado Iñaki Blanco Cabrera, entre otrosex funcionarios. 

Con la llegada de Sheinbaum Pardo, la propuesta gubernamental fue echar mano de la tecnología para fortalecer los señalamientos de testigos protegidos que sustentan la indagatoria, fundamentalmente en el análisis de las señales de telefonía celular, de los dispositivos de los estudiantes que siguieron activos después del 26 de septiembre, sin que hasta ahora se les haya dado información relevante.

La última reunión con la presidenta, el 4 de septiembre último, fue “un poquito ríspida”, no hubo “más que reclamos” porque no se les entregó información sobre las llamadas que hizo el estudiante Julio César López Patolzin, quien ha sido identificado en documentos de inteligencia militar como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), un soldado infiltrado en la Normal. 

“Lo que verdaderamente nos importa saber es con quién se estuvo comunicando Patolzin desde que salieron de la escuela, con quién de sus superiores, porque él tendría que informar qué estaban haciendo los muchachos o por dónde iban, cuántos iban, a la hora de que los estaban atacando. Sabemos que llevaba un teléfono iPhone, y esa información debe existir, la debe tener el Ejército, pero nada de eso nos han presentado”, explica. 

Don Mario agrega que otro punto de molestia durante ese encuentro fue la presentación que hizo el fiscal especial Mauricio Pazarán, quien habló de avances y enlistó el mismo número de detenciones derivadas de la “verdad histórica”.

Regla de encubrimiento

Recientemente la UEILCA no pudo sustentar ante un juzgado federal la detención de un presunto integrante de Guerreros Unidos, Pedro Segura Valladares, realizada por la FGR en agosto último, acusado de ser integrante del grupo delictivo y de haber participado en la desaparición de los jóvenes.  

“Cuando el fiscal nos dice ‘ya vamos avanzando’, yo le dije que no estaba avanzando en nada, si su primera detención (la de Pedro Segura) fue un fracaso; respondió, entonces, que habían sido el juez quien lo puso en libertad, lo interrumpí para decirle que siempre era lo mismo, echarle la culpa de la incompetencia de uno a otros”.

A 11 años de la desaparición de los muchachos, para el papá de César Manuel González, detrás de la falta de resultados estaría “una regla de encubrimiento” gubernamental de la que no se han librado los presidentes López Obrador y Sheinbaum Pardo, un elemento contra lo que tienen que luchar los padres de los estudiantes desaparecidos.

“No es por falta de voluntad política ni el pacto de silencio, es algo más fuerte que el mismo gobierno ahora lo está encubriendo; llegó Obrador y nos dio esos años, que en verdad sí fueron muy valiosos porque nos abrió puertas y se hicieron varios movimientos, pero cuando se topó con el Ejército definitivamente nos cerraron la puerta. 

“Se llegó a donde se tenía que llegar para encubrir todo de nuevo, a tapar todo de nuevo; creo que tiene mucho que ver el Ejército, pero también la Marina. ¿Qué fue hacer al basurero Cocula? O sea, hay pruebas, hay videos, hay todo eso. ¿Por qué no se investiga? No lo entiendo, es una regla de encubrimiento que tenemos que romper los padres, no sabemos cómo, pero es lo que nos hace falta”, dice Mario González. 

Facilidades para los militares

Directora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que acompaña a los familiares de los jóvenes desaparecidos, María Luisa Aguilar Rodríguez admite que el abordaje del caso Ayotzinapa en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum ha sido complicado, en parte por el rompimiento de diálogo de los padres de los estudiantes con el expresidente López Obrador, precisamente por allanarse a la decisión de la Sedena de no entregar el lote de 800 folios de inteligencia militar, e imponer a Rosendo Gómez Piedra como fiscal especial, pese a la oposición de los padres. 

Aun cuando en su discurso de toma de posesión, Sheinbaum sostuvo que la resolución del caso Ayotzinapa sería una de sus prioridades, “las familias han sido muy claras con la presidenta en decir que no podían dar cheques en blanco, que por muchos años han visto que va y viene gente que está a cargo de la investigación, y que se requiere de avances concretos para poder dar una confianza y el poder decir que se está avanzando, cosa que hasta el momento no hemos visto”, dice la defensora. 

Apunta que, en un principio, a los padres les pareció “buena noticia” que Sheinbaum propusiera, “como sello de la casa”, involucrar a un equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para hacer uso de tecnología en la búsqueda de los estudiantes y en el fortalecimiento de las investigaciones ministeriales, sin que esa intervención se haya traducido en avances concretos. 

Por otra parte, “en los últimos meses la Fiscalía General de la República, a decir de las familias, va en retroceso en las investigaciones referentes a qué sucedió con los estudiantes, en la lógica de que han estado presentando acusaciones que tienen tintes de regresar a la ‘verdad histórica’ y que para las familias, que conocen muy bien sus casos, pues es de la mayor preocupación”, expone Aguilar Rodríguez, quien ha acompañado a las familias desde que ocurrieron los hechos en Guerrero. 

Si bien es cierto que ha habido operativos para localizar a los jóvenes, la defensora puntualiza que un motivo de inconformidad para las familias es que “no han visto un plan de búsqueda que tenga una explicación en sí misma de cómo se llega a cada uno de los puntos, de dónde viene esta información, de si viene de algún relato de algún testigo, cómo se puede probar, qué otro tipo de pruebas objetivas podría dar señas de que es un lugar adecuado para buscar.

“Pareciera que esas búsquedas en realidad nos están llevando a decir hay mucha acción de parte de la Fiscalía y de la Comisión de Acceso a la Justicia, pero en realidad tampoco están siendo sostenidas en información muy objetiva”

Resalta que la negativa del Ejército a entregar información ha trastocado la relación con la presidenta, porque “si bien no hay forma de saber qué hay en esos folios de inteligencia que no se entregaron al GIEI, si es posible deducir que hay información valiosa porque lo que sí se ha conocido es relevante, como transcripciones parciales de comunicaciones entre elementos del Estado, es decir, policía municipal con grupos del crimen organizado durante la noche del 26  de septiembre, que hablan claramente de la detención de los estudiantes y que el Ejército se niega a reconocer que habría más información de inteligencia militar, más interferencias de comunicaciones, etcétera, que no se han entregado y que podrían revelarnos  qué sucedió esa noche”. 

A ello se suma el trato privilegiado que los jueces le han dado al personal militar procesado por el caso Ayotzinapa, modificando las medidas cautelares. 

De 21 elementos de las Fuerzas Armadas contra quienes el primer fiscal de la UEILCA consiguió órdenes de aprehensión, sólo 16 soldados y un marino están siendo procesados por delincuencia organizada y desaparición forzada, y de ellos, sólo tres se encuentran en prisión preventiva en un penal militar. 

La gran mayoría de los elementos castrenses presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa “está o en prisión domiciliaria o con algunos tipos de restricciones de movilidad, pero no llevan su proceso en detención”, derivado de una actuación deficiente de la FGR. 

Para Aguilar Rodríguez, el caso Ayotzinapa ha puesto en evidencia que buena parte de los problemas de justicia en México “están centrados en las fiscalías (...) que no han logrado construir capacidades para investigar casos complejos que requieren de poder también limpiar las propias instituciones”.

Asimismo la directora del Centro Prodh reflexiona sobre cómo, siendo un punto de quiebre que colocó las desapariciones en la agenda nacional, en los hechos no generó una reacción del Estado para desarrollar políticas públicas para detener la crisis. 

Aguilar Rodríguez alerta:
En 2014 estábamos hablando de alrededor de 25 mil personas desaparecidas en los registros oficiales, que, siendo dudosos, ya eran muy preocupante, pero que no estaba en la dimensión de lo que estamos viendo el día de hoy, que estamos registrando alrededor de 130 mil casos, considerando que, en los seis años de la administración pasada (de López Obrador), hubo alrededor de más de 50 mil desaparecidos. 
Agrega que “el incremento en las desapariciones ha sido muy representativo del tipo de violencia que vive el país y de la falta de atención al tema que han dado las administraciones en los últimos 20 años, y el caso Ayotzinapa fue un punto de inflexión, fue el reconocimiento de la crisis”, que afectaba a todo tipo de personas, porque “en ese momento prevalecía la idea de que los desaparecidos ‘andaban en algo’ o porque estaban relacionadas con algún delito”.

María Luisa Aguilar lamentó que otra situación alarmante, el hallazgo de restos calcinados en Teuchitlán, Jalisco. 

“Las imágenes tan dolorosas que vimos no sólo del rancho Izaguirre sino también después de esa visita que anunció el fiscal general (Alejandro Gertz)  y que mostraba la indolencia de todas las autoridades ante las víctimas, creo que generó una necesidad de parte de las víctimas de decir ‘estamos aquí, somos visibles, se requiere de una atención que no está puesta por parte de esta administración’ y forzó a la administración actual a dar al menos un reconocimiento de que la crisis de desaparición es algo que tiene que tener una respuesta”, concluye la directora del Centro Prodh.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Si Sheinbaum quiere, aún es posible esclarecer el caso Ayotzinapa: Buitrago

Por: Draco Dracul on sábado, septiembre 27, 2025 / Comentarios: 0 ,

El Ejército sabe qué pasó con los normalistas y esa información debe estar en los archivos que se negaron a entregar dos titulares de la Sedena: los generales Salvador Cienfuegos y Luis Cresencio Sandoval; el primero, avalado por Enrique Peña y el segundo, por AMLO, afirma la exintegrante del GIEI.

La exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ángela María Buitrago, quien investigó durante años la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, afirma que si la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la “decisión política” para esclarecer ese caso, “aún es posible hacerlo”.

En entrevista con Proceso cuando se cumplen 11 años de la desaparición de los estudiantes, la exfiscal colombiana dice que esa “decisión política” es necesaria para “romper el muro” que levantaron los militares a fin de impedir que los padres de los 43, el GIEI y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) tuvieran acceso a “información sensible, de inteligencia”, que puede contribuir a esclarecer el paradero de los normalistas.

“Toda la prueba de lo que ocurrió esa noche (el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron los jóvenes) está ahí, en los archivos militares que el Ejército no ha querido entregar”, señala la experta que con mayor profundidad conoce el caso Ayotzinapa, el cual investigó entre 2015 y 2016, en una etapa inicial, y después, entre 2019 y 2023.

La presidenta Sheinbaum ha dicho que obtener pruebas sobre ese crimen, después de 11 años, “lleva su tiempo”, pero como indica Buitrago, en la información que ha ocultado el Ejército hay pruebas. La mandataria también confirmó ayer jueves que se han abierto “nuevas líneas de investigación”.

Buitrago considera que es bueno abrir nuevas líneas y el mismo GIEI lo había recomendado, pero dice que si estas se centran únicamente en el papel del crimen organizado en esos hechos y omiten la intervención de autoridades, policías y militares (del Ejército y la Marina) en el entramado de complicidades que propició la desaparición de los estudiantes, “sería dar un paso para atrás”.

El GIEI culminó abruptamente las dos etapas en que investigó el caso Ayotzinapa. En ambas, sus integrantes salieron de México por presiones del Ejército: la primera durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto y la segunda en el gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador. 

En las dos ocasiones, los militares se resistieron a entregar a los investigadores información que reposa en sus archivos y que es clave para esclarecer el paradero de los estudiantes.

Por eso Buitrago señala que lo que ahora haría falta es que la presidenta Sheinbaum “haga valer su condición de comandante en jefa de las Fuerzas Armadas y ordene al Ejército entregar a los investigadores del caso, cualquiera que estos sean, los archivos que se ha negado entregar a los padres, a la CoVAJ y a nosotros (los integrantes del GIEI)”.

Y explica que la información de inteligencia que contienen esos archivos –los famosos 800 folios, cuya entrega exigen los padres de los 43 cada vez que se reúnen con la presidenta— puede conducir al esclarecimiento del caso porque el Ejército había dado seguimiento, durante años, a las actividades de Guerreros Unidos, y monitoreo en tiempo real los sucesos del 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Archivos esquivos

Según han demostrado interceptaciones telefónicas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y testimonios de los propios criminales, varios militares estaban coludidos con esa organización delictiva, la cual estuvo involucrada en el ataque y desaparición de los normalistas. 

Buitrago señala que, aunque ya se ha repetido varias veces, es necesario recordar que el 26 y 27 de septiembre de 2014 agentes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) dieron seguimiento a los estudiantes desde que salieron de Ayotzinapa, se desplazaron a Chilpancingo y llegaron a Iguala.

El entonces titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, identificado en los reportes como DN1, había ordenado al 27 Batallón de Infantería en Iguala, a la 35 Zona Militar y a la IX Región Militar en Guerrero dar seguimiento, incluso con fotografías “y material que se recuperara” de las actividades de los normalistas de Ayotzinapa porque estos proyectaban asistir a la Ciudad de México a la conmemoración del 46 aniversario de la masacre del 2 de octubre.

Todo este seguimiento se consignó de manera pormenorizada en los archivos de la Sedena a los que tuvo acceso el GIEI y en esos documentos “queda muy claro que había un control pormenorizado de la movilización de los jóvenes”, señala Buitrago.

Y dice que, “extrañamente”, esa fluidez informativa “se rompe” en los documentos entregados por la Sedena a los investigadores, a las 21:20 horas del viernes 26 de septiembre de 2014, justo cuando los normalistas llegan a Iguala y comienzan a ser atacados por policías municipales e integrantes de Guerreros Unidos. 

A partir de esa hora “hay un apagón informativo total” que se prolonga hasta las 22:30 horas de ese día, un lapso en el que supuestamente no ocurre nada en Iguala, pero que, según todas evidencias, es cuando decenas de estudiantes son agredidos a balazos, “levantados” por policías municipales y delincuentes, y desaparecidos.

“Es inconcebible que se diga que no se tiene ninguna información sobre lo que estaba ocurriendo a los estudiantes en esos momentos críticos, cuando había un seguimiento minucioso a sus actividades”, afirma Buitrago.

Esa información, que es la que puede indicar a dónde fueron conducidos los normalistas y qué ocurrió con ellos, es la que la Sedena se negó a entregar al GIEI y a la CoVAJ y la que, de acuerdo con los padres de los 43 y con los investigadores que mejor conocen el caso, está contenida en los 800 folios que el Ejército retuvo con el aval de López Obrador. 

Buitrago asegura que “no sólo son esos 800 folios los que hacen falta, sino las grabaciones (de las interceptaciones telefónicas) que la inteligencia militar, el Cisen, y probablemente otros organismos de inteligencia hicieron a los ataques de los estudiantes y a la forma y los lugares en que fueron desaparecidos”.

Ni prístinos ni impolutos

Comprobado como está que la “verdad histórica” fue “un montaje” del gobierno y la Procuraduría General de la República (PGR) de Peña Nieto, y que según el peritaje más rigurosos es imposible que los 43 estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, falta saber a dónde fueron conducidos, señala la exintegrante del GIEI.
En los folios de la Sedena que el general Sandoval rechazó entregar a los investigadores “claramente debe haber un cúmulo de conversaciones telefónicas de los perpetradores, de transcripciones y ubicaciones de las personas que estaban hablando de camiones, de traslados de los muchachos y de traspasos de un lugar a otro”, explica Buitrago.

Sostiene que “por información a la que sí tuvimos acceso, porque al principio de nuestro regreso a México (en 2019) el (entonces) presidente López Obrador ordenó abrir los archivos de la Sedena, sabemos que existe esa información adicional que nos fue negada.
“A nosotros nos entregaron lo que quisieron –plantea la exfiscal–, pero hay información que reposa en los órganos de seguridad del Estado, que tiene que estar ahí, y a la cual nunca tuvimos acceso directo, sino referencia, o simplemente se nos negó el acceso”.
En el sexenio de Peña Nieto, recuerda, hubo una “cerrazón total” de la Sedena del general Cienfuegos a entregar información que coadyuvara al esclarecimiento del caso, y con López Obrador “la voluntad política para que nosotros investigáramos estaba al principio, hasta que llegó un momento en que los militares pusieron un dique y el presidente los respaldó”.

Además, el entonces presidente comenzó a pronunciar discursos “de que muchas entidades (militares) son intocables, que actuaban prístinamente, pero era un supuesto que, hoy, con todas las noticias que están saliendo (sobre los marinos involucrados en el huachicol fiscal) se está demostrando que no es cierto”.

Buitrago señala que no sabe “si fue exceso de confianza, pero todos los elementos que se tenían, por lo menos a la vista, pedían a gritos que se abriera esa compuerta para que se supiera dónde estaban los muchachos”. 

Y esa compuerta de acceso a los 800 folios de Sedena nunca se abrió. El GIEI salió de México atacado por el entonces presidente, quien cerró filas con los militares y los ubicó como víctimas de una campaña de descrédito.

Una muestra del poder que alcanzaron los militares el sexenio pasado, del grado de impunidad con el que suelen actuar y de su profunda molestia con los investigadores del caso Ayotzinapa, es que la Sedena incluso espió ilegalmente con el software Pegasus al titular de la CoVAJ entre 2018 y 2023, Alejandro Encinas, quien además ha sido víctima de persecución judicial por parte de abogados militares.

Él dijo el año pasado que es “lamentable que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”.

La comandanta en jefa

Buitrago cree que, pese a todos los intereses que han conspirado contra el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y de que han pasado 11 años desde la desaparición de los normalistas, todavía es posible reencausar las investigaciones. 

En ese sentido, insiste en que “la información que puede conducir al paradero de los muchachos ahí está, pero hay un muro verde que impide llegar a ella”.

Y lo que debe ocurrir entonces, asegura, es que la presidenta Sheinbaum recuerde “que ella es la jefa de las Fuerzas Militares y que los militares deben cumplir sus órdenes”.

El GIEI salió de México, Encinas dejó la CoVAJ –hoy es secretario de Planeación del gobierno de la Ciudad de México– y el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, debió refugiarse en Estados Unidos en 2022 luego de que la Fiscalía General de la República le anuló 21 órdenes de aprehensión que había emitido contra militares presuntamente implicados con los criminales que desaparecieron a los estudiantes.

Unos y otros se toparon con “el muro verde” y con la animadversión del extitular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, quien fue arropado por López Obrador. El expresidente denunció una “campaña de desprestigio” contra la institución militar. Lo mismo había ocurrido en el sexenio de Peña Nieto. 

En total, más de una decena de militares han sido procesados, pero la mayoría enfrenta el proceso en libertad. Aún hay órdenes de aprehensión pendientes contra otros elementos, incluido el coronel Rafael Hernández Nieto.

En 2022, López Obrador dejó a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, nombrar como nuevo fiscal del caso Ayotzinapa a Rosendo Gómez Piedra, un funcionario muy cercano al político tabasqueño.

Hoy, López está en medio de una tormenta política por su estrecha relación con el líder del grupo criminal “La Barredora” Hernán Bermúdez Requena, a quien designó como secretario de Seguridad de Tabasco cuando fue gobernador de ese estado (2019-2021, y Gómez Piedra fue removido de su cargo como fiscal en medio de acusaciones de peculado, cohecho, extorsión, abuso de autoridad e intimidación. Padres de los 43 repudian su “pésima” gestión.

Ahora la presidenta Sheinbaum habla de “nuevas líneas y métodos de investigación” del caso, que ahora está a cargo de un nuevo fiscal, Mauricio Pazarán, a quien se ubica como cercano a la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy.

De acuerdo con Buitrago, entre las nuevas líneas que el GIEI ha recomendado seguir figura la de profundizar en el papel que jugó la Marina antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes, pues esa fuerza militar recopilaba mucha información de inteligencia en la zona donde ocurrieron los hechos. 

Sheinbaum anunció ayer jueves que se ha insistido ante Israel en la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien torturó a detenidos por el caso Ayotzinapa y sembró pruebas en el Río San Juan. Además, dijo que solicitó al secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, la extradición de dos personas que se encuentran en Estados Unidos y que han sido mencionadas en la investigación.

Buitrago señala que si esas dos personas son el exjuez de barandilla en la comandancia de policía en Iguala, Ulises Bernabé, y el exfiscal Abraham Eslava, podrían contribuir con sus declaraciones al avance de las investigaciones. 

Bernabé fue testigo de cómo un jefe policiaco sacó de la comandancia a 17 normalistas que habían sido retenidos allí, y Eslava habría participado en torturas de miembros de Guerreros Unidos destinadas a dar sustento a la ya desacreditada “verdad histórica”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.

Ayotzinapa: "Siguen protegiendo a mandos civiles, militares, estatales y federales"

Por: Draco Dracul on sábado, septiembre 27, 2025 / Comentarios: 0 ,

Después del caso Ayotzinapa, aseguran madres buscadoras, en Iguala, lugar de la desaparición, nada ha cambiado: funcionarios, policías, agentes de tránsito y criminales siguen activos y los familiares de las víctimas perseguidos. Advierten que el gobierno de Claudia Sheinbaum no dará respuesta.

Los policías y criminales sólo recibieron órdenes, los culpables de la masacre de tres estudiantes y desaparición de 43 de sus compañeros de Ayotzinapa fueron funcionarios estatales y federales, así como mandos militares en perfecta coordinación, asegura Hilda Leguideño Vargas, madre de una de las víctimas.

El teléfono móvil de su hijo José Antonio Tizapa Leguideño estuvo activo después de su desaparición la noche del 26 de septiembre de 2014.

El 4 de octubre un agente de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSPGRO) tuvo el dispositivo en sus manos y no sólo eso: el celular pasó a poder de cuatro funcionarios estatales, algunos de activos en el actual gobierno, afirma.

El caldo de cultivo de ese crimen de Estado, recuerdan dirigentes magisteriales, fue el conflicto entre la Normal de Ayotzinapa y el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, además del asesinado de al menos ocho dirigentes sociales y campesinos, entre ellos, Arturo Hernández Cardona y Rocío Mesino Mesino.

Después del caso Ayotzinapa, aseguran madres buscadoras, en Iguala, lugar de la desaparición, nada ha cambiado: funcionarios, policías, agentes de tránsito y criminales siguen activos y los familiares de las víctimas perseguidos. Por eso advierten que el gobierno de Claudia Sheinbaum no dará respuestas a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Hilda Leguideño, una mujer delgada, de tez clara, llega temprano a la Normal de Ayotzinapa. Viste pantalón de mezclilla y sudadera, calza tenis  y lleva en el brazo un estandarte con el rostro de su hijo. La mirada de la mujer de unos 40 años refleja tristeza.

Es el martes 23 de septiembre, otro día de la jornada de lucha para pedir la presentación de los 43 jóvenes. En 11 años la madre ha recorrido cientos de kilómetros en exigencia de la verdad y justicia. Está convencida de seguir a pesar de sus momentos de fatiga y desesperanza.

El tema de la entrevista es el celular de su hijo José Antonio Tizapa Leguideño. En las últimas reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y el nuevo fiscal especial Mauricio Pazarán Álvarez ha vuelto a surgir información sobre el dispositivo de José Antonio.

“Estuvo activo después del 26 de septiembre (de 2014). Esa información nos la proporcionó Alejandro Encinas (ex presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa) en ese momento.

“El teléfono fue usado por un policía estatal, la primera vez el 4 de octubre de 2014, ya posteriormente en esas fechas siguió siendo utilizado”, dice.

En el Informe Ayotzinapa VI “Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicado en julio de 2023 hay un breve apartado sobre el tema que coincide en parte con la información que recientemente le dieron a la madre de José Antonio. 
“De las indagaciones realizadas que obran en el expediente se da cuenta que la pareja sentimental del chofer del ex Secretario de Seguridad Pública, F.F., obtuvo dicho IMEI cuando el chofer le hizo entrega de una bolsa con pertenencias de sus compañeros que estaban concentrados en CRAPOL. Por su parte, el policía estatal S.P.D., tuvo el teléfono de M.G.7 y en su declaración, C.P.D. dice que dejaron en su tienda el celular”, indica el informe en la página 82.
Varios teléfonos de los jóvenes, agrega, siguieron usándose posteriormente, lo que muestra que no fueron destruidos inicialmente como lo señaló la PGR.

“Algunos se relacionan con policías municipales de Iguala, otro al menos con policía municipal de Cocula y otro con Policía Estatal, lo que es congruente con la participación demostrada ya de dichas fuerzas, y que probablemente los teléfonos fueron incautados por las policías antes de ser entregados a otros, como Guerreros Unidos”, indica el GIEI.

Desde que la señora Hilda tuvo conocimiento de esta información, hace más de dos años, solicitó a las autoridades federales investigar a la persona que tuvo en su poder el celular de su hijo, pero desde entonces le han dado excusas para no hacerlo.

“Por motivos no quieren, dicen ellos que para no dañar la investigación no quieren que se den los nombres para no se den a la fuga”.

La solicitud además era que el agente de la policía estatal fuera llamado a declarar y que se le fincara responsabilidad por tener el celular de un estudiante desaparecido.

La respuesta de las autoridades fue que tenían que ahondar en la investigación. Luego le dijeron que el policía argumentó que ese teléfono se lo había vendido su hermana porque trabajaba en un restaurante y que ahí lo habían dejado olvidado.

En una de las cinco reuniones que han tenido, la presidenta Claudia Sheinbaum les ha mencionado a los padres que algunos dispositivos de estudiantes fueron utilizados después del 26.

Entre los casos está el de Julio César López Patolzin, el informante del Ejército infiltrado en la Normal de Ayotzinapa y que la noche de la desaparición fue abandonado por sus mandos castrenses.

Así como el de los estudiantes Jorge Aníbal Cruz Mendoza y José Luis González Parral, cuyos teléfonos móviles tuvieron actividad hasta 30 días después de la desaparición.
“La presidenta dijo que había dispositivos que fueron utilizados y que fueron usados por personas que ni siquiera habían sido llamadas a declarar.
“Le recordé que he solicitado en reiteradas ocasiones la investigación del dispositivo de mi hijo y el motivo por el cuál esas personas no han sido castigadas. Gozan de libertad siendo que tenían un celular de una persona desaparecida”.

De nuevo en esta administración solicitó una reunión con el recién nombrado fiscal especial del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, para tratar y que le aclarara el tema.

“En lo personal como es mi hijo tengo el derecho a saber la información, la solicité y me dieron una reunión en la fiscalía, he estado yendo para darle seguimiento”, dice.

Lo mismo hizo con el ex fiscal Omar Gómez Trejo para conocer con quién se había comunicado su hijo en esas horas posteriores al reporte de su desaparición.

El fiscal actual Mauricio Pazarán, revela, le entregó hace aproximadamente dos meses información nueva.

“Son cinco personas que tuvieron en su poder el celular de mi hijo, todos son funcionarios. Ya los están llamando a declarar, pero no sé cuándo van a proceder”.

Las autoridades le han justificado que tienen que armar bien la carpeta de investigación, pero que por lo pronto los funcionarios han incurrido en falsedad de declaración porque han negado todo.
“Ellos argumentan que no, desconocen del dispositivo, niegan todo, entre ellos dicen que no se conocen cuando hay evidencia de que son parte, son funcionarios”.
Leguideño Vargas asegura que los funcionarios son del gobierno del estado de Guerrero.

“Son elementos de la policía, englobemos, el primero si es policía del estado de Guerrero, los otros tienen un rango más elevado, son cinco personas, la primera persona la que dijo que lo dejaron en un restaurante y que ella su hermana se lo entregó.

“Y de ahí pasó a manos de otras personas de las que hemos señalado mucho y que hasta el momento están en libertad”.

La señora Hilda ha insistido en que se agilice la investigación en ese sentido y sobre todo la aplicación de la ley.

“Porque si tuvieron ese dispositivo y han incurrido en falsedad, pues lo que se está pidiendo es que se investigue y que proporcionen la información que tengan”.

“Si son policías o militares, si tenían cargos, algunos todavía están trabajando en el gobierno”, insistió.

La mamá de José Antonio ha pedido además estar presente en una declaración de las personas que tuvieron en sus manos el teléfono de su hijo, pero que se lo han negado bajo la justificación de que podrían denunciar “hostigamiento” y que eso iría en contra de la investigación.

“Lo que yo quiero pedirles a estas personas es que me digan el motivo porque tenían el celular de mi hijo y si ellos saben el paradero de mi hijo que me lo digan”.

“Es lo que ha dicho la presidenta, hay personas que no se han mencionado y eso es lo que se está investigando”, insiste la mamá del normalista desaparecido.

Minervino Morán Hernández, dirigente magisterial que se sumó en su momento a las movilizaciones por el caso Ayotzinapa, recuerda que antes del 2014 había conflictos de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero por el tema del presupuesto para los comedores y las becas para los estudiantes.

La entidad, además, padecía de bastante violencia e inseguridad, aunado a un clima bastante complicado para los dirigentes sociales y campesinos.

En efecto, un año antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en el estado fueron asesinados por lo menos ocho líderes de organizaciones y activistas.

Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, de la Unidad Popular de Iguala, ejecutados extrajudicialmente y hallados el 3 de junio de 2013; Raymundo Velásquez Flores, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Ángel Solano Barrera, de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, el 5 de agosto de 2013;  Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), el 19 de octubre de 2013 y Luis Olivares Enríquez, ultimado junto a su compañera Ana Lilia Gatica, el 10 de noviembre de 2013.

Tres años antes, en julio de 2011, fue asesinada Isabel Ayala Nava, esposa del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.

Consultado por Proceso, Minervino Morán, también ex líder del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), considera que la exigencia de los padres de los 43 sigue siendo dolorosa y que es desesperanzadora la forma en que han sido tratados por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que llegaron apoyados la lucha social.

“No sólo se esperaba que pudiera haber resultados, sino que prometieron que se iba a saber la verdad, a resolver el caso de los estudiantes y lamentablemente no hay tal”.

El profesor expresa que si el gobierno de México no puede dar solución al caso, es necesario acudir a los organismos internacionales de derechos humanos para que puedan intervenir.

“Porque no es posible que, con toda la tecnología, con todos los medios para la investigación del caso no se pueda saber eso, en la actualidad, es inconcebible, se sigue ocultando la verdad del caso”, finaliza.

Sandra Luz Román Jaimes, fundadora de Los Otros Desaparecidos de Iguala, asegura que antes de la desaparición de los jóvenes en 2014 en esa ciudad del Norte de la entidad ya existía una crisis de desaparición y que lamentablemente a 11 años nada ha cambiado.

La hija de Sandra Luz Román, Ivette Melissa Flores Román, fue desaparecida de manera forzada el 24 de octubre de 2012 en Iguala.

Su caso fue investigado por la propia madre lo que le costó el desplazamiento forzado. También fue denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas que obligó al Estado mexicano a ofrecer una disculpa pública por la falta de búsqueda e investigación.

Las desapariciones en esa ciudad, recuerda, empezaron a sonar en el 2008, pero el año en que se llevaron a su hija en el 2012, en Iguala se registraron 17 desapariciones de mujeres que pudieron ser víctima de trata.

A más de una década, los casos, incluido el de su hija, continúan en la impunidad.

“Son 17 mujeres que nadie busco. En el caso de mi hija la ONU dio seis meses a las autoridades para dar con su paradero, ya pasaron más. En 13 años no hay respuestas”.

Sobre el caso de los 43, la madre buscadora dice que muchas personas que pudieron haber tenido alguna implicación no fueron llamadas por las autoridades.

Pone como ejemplo al suegro de su hija, Humberto Velázquez Delgado, comandante de la Policía Ministerial, que le confesó que a Ivette se la entregó a presuntos integrantes de la organización criminal La familia michoacana, pero que se la devolverian años después.

Humberto Velázquez, considerado testigo clave de la desaparición de los jovenes, fue ejecutado por hombres armados en junio de 2021.

“Este señor vivía cuando lo de los 43 y por qué no lo detuvieron. Muchas personas han muerto y nunca las llamaron a juicio, por eso el caso de Ayotzinapa lo relacioné con el de mi hija.

“Me quise abrazar de ellos porque son los mismos perpetradores, gracias a los de Ayotzinapa salieron nuestros casos de desaparición”, expresa la activista.

Rememora que cuando empezó la búsqueda los 43 es cuando nació el colectivo Los Otros Desaparecidos y con el tiempo fueron surgiendo otros.

Ahora Sandra Luz Román dirige el colectivo Madres Igualtecas en Búsqueda de sus Desaparecido que lleva los casos de 245 víctimas cuyas denuncias se han presentado ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Guerrero.

“Y de ver todas las injusticias que hacen a los papás de los 43, solo los llevan a engaños, no hay justicia y no creo que no haya respuestas”, lamenta.

En la actualidad, dice, se siguen viendo a muchas personas que han estado involucradas en los casos de desaparición de personas.

“Unos están en Tránsito (municipal), otros siguen de policías ministeriales, no va haber justicia la verdad, no se va a saber, porque si quisieran hacerlo ya lo hubiera hecho”, sentencia.

—¿Qué sospechan que pudo haber pasado cuando policías y funcionarios tienen los teléfonos de sus hijos?, se le plantea a Hilda Leguideño en la cancha de la Normal de Ayotzinapa.

“No sospechamos, está comprobado que a nuestros hijos se los llevaron todas las fuerzas policiacas, ellos les quitaron el teléfono y ellos tenían en el poder ese teléfono. Ellos tienen conocimiento a dónde se llevaron a nuestros hijos”.

De los funcionarios claves que podrían ayudar a esclarecer el caso, asegura la madre, está el ex juez de barandilla municipal de Iguala, José Ulises Bernabé García, asilado en los Estados Unidos desde 2015.

De acuerdo con las investigaciones, 17 de los 43 estudiantes fueron llevados a la comandancia de la policía municipal de Iguala, pero Ulises Bernabé no lo registró en su bitácora y los entregó a un subalterno para ser trasladados a otro lugar.

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, que afirma Hilda, tuvo pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Iguala.

“Unos meses antes había amenazado públicamente en algunos medios que pronto iba a poner un escarmiento a la Normal de Ayotzinapa”.

Además del ex fiscal general del estado, Iñaki Blanco Cabrera

“Iñaki Blanco fue señalado por algunas personas detenidas. Cuando el anterior fiscal Omar Gómez Trejo armó las carpetas de investigación que tocaron a los militares, a Iñaki Blanco y otras autoridades estatales fue ahí donde lo descalificaron y lo sacaron del caso. Se cortó todo y no se pudo avanzar”, recuerda.

El siguiente paso que debe dar la presidenta y el nuevo fiscal, considera, es investigar a los verdaderos responsables.

“Porque un militar, un policía, es mandado por los altos mandos y aquí tuvieron pleno conocimiento todos. Está demostrado que todos estuvieron informados de lo que ocurría”.

—¿Cuáles autoridades estatales estuvieron directamente implicadas?, se le pregunta

“Fue toda una coordinación de las autoridades del estado de Guerrero con las federales, aquí no es solamente un grupito que se menciona de la delincuencia organizada.

“Quienes realmente se llevaron a nuestros hijos fueron todas las fuerzas policiacas, los entregaron si a la delincuencia organizada, pero quien ejecutó toda la desaparición, fueron las autoridades que tuvieron pleno conocimiento, los altos mandos dieron órdenes.

Insiste:
“Mientras no se toquen a los altos mandos no vamos a dar el siguiente paso que es la justicia, se siguen encubriendo a los responsables, nos siguen llevando a reuniones donde nos repiten lo mismo para irnos sobrellevando, se acaba un sexenio viene otro, lo que quieren es desgastarnos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.

“Seguiremos en esta incesante lucha”: normalistas de Ayotzinapa a once años de la desaparición de los 43

Por: Draco Dracul on viernes, septiembre 26, 2025 / Comentarios: 0 ,

A once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “seguiremos en esta incesante lucha en la búsqueda de la verdad y justicia, de lo que pasó en esa noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre”, aseguró la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

En el onceavo aniversario de la desaparición forzada de sus compañeros en Iguala, los normalistas recordaron que “en tales hechos hubo participación activa del ejército mexicano, la policía municipal de Iguala, Cocula y Huitzuco, la expolicía federal preventiva y el crimen organizado”, sin que hasta el momento haya castigo para “todos los culpables”.

Criticaron que desde la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el gobierno federal se comprometió a esclarecer el Caso Ayotzinapa, pero cuando las investigaciones apuntaron al ejército mexicano se detuvieron los avances.

“El mismo ejército en conjunto con el gobierno federal negaron la información para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa”, por lo que el gobierno de AMLO “no cumplió las promesas que hizo a los padres de nuestros 43 compañeros desaparecidos”, expresaron en un comunicado.

Previo a la marcha que este viernes se realizará en la Ciudad de México para denunciar un año más de impunidad y exigir la aparición con vida de los normalistas, los estudiantes de Ayotzinapa demandaron castigo a todos los culpables de la desaparición, la entrega de los 800 folios del ejército con información sobre la Noche de Iguala y el seguimiento a las líneas de investigación.

COMUNICADO:



FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ejército mexicano, “¿dónde dejaron a nuestros hijos?”

Por: Draco Dracul on viernes, septiembre 26, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos se movilizaron en el campo militar número 1 para exigir al gobierno federal que investigue al ejército y entreguen los 800 folios que han ocultado desde hace cinco años. No se ha encontrado la verdad porque los militares han negado la información crucial para dar con el paradero de los normalistas.

A 11 años una de las mayores sombras en el caso Ayotzinapa ha sido el muro vestido de verde olivo. Aunque impenetrable, hoy fueron derrumbadas las puertas del ejército, donde las paredes de las instalaciones fueron testigos de las torturas y sangrientas ejecuciones de campesinos, indígenas y luchadores sociales.

Las familias fueron las primeras en llegar, pero esperaron hasta las 12 del día cuando llegaron los autobuses de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México para iniciar el mitin. Algunos rápido se desplegaron para realizar pintas en la barda de las instalaciones castrenses.

Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava, dijo que la escuela normal de Ayotzinapa fue infiltrada por la Sedena. El ejército ocultó información, por eso no hemos encontrado la verdad. Les hemos pedido miles de veces que tienen que entregar los 800 folios que faltan. Son culpables por eso no los quieren entregar. Ellos participaron en la desaparición de los muchachos”.

“Desde aquí les decimos a los militares que no tenemos miedo de alzar la voz porque es nuestro derecho exigir la verdad. ¿Dónde dejaron a nuestros hijos? Estamos más seguros que nunca que fueron ellos porque se llevaron a 17 muchachos a barandilla municipal de Iguala. No es posible que la lucha se prolongue tanto tiempo. Es una burla para los padres y madres continuar en este sol caliente, dejar lo que tenemos que hacer solamente porque ellos se sienten superiores. Es difícil, pero aquí vamos a seguir hasta que entreguen esos folios. En el campo número 1 fue usado el teléfono de Julio César Mondragón. A estas fechas no hay nada”, señaló Epifanio.

En estos días para las madres y padres es difícil. Don Epifanio recordó que hace tres días fue el cumpleaños de su hijo Jorge. Por eso “no vamos a dejar de pelear contra un gobierno que no quiere ceder. Hemos luchado de diferentes formas y como quiera no hemos avanzado, estamos patinando”.

Con la voz entrecortada, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, comentó que, a un día de cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes se cuestiona “¿cómo hemos podido aguantar? Cómo es posible que sigamos de pie. Me pregunto cómo están mis compañeros, qué sienten en todas sus emociones como ser humano”.

Desde el principio el ejército ocultó que sabía que los normalistas estaban siendo agredidos la noche del 26 de septiembre del 2014. Con el tiempo la investigación del GIEI demostró que había un agente encubierto que se hacía pasar por normalista para informar a la Sedena en tiempo real los movimientos en la escuela normal y durante el traslado de los estudiantes a Iguala esa noche. Después de que el GIEI presentara su tercer informe en marzo del 2022, donde se evidenció la participación directa del ejército en la desaparición, empezaron los obstáculos en las investigaciones.

Frente al campo militar, Emiliano Navarrete señaló que hasta ahora la Sedena sigue negando su responsabilidad. “Que no nos quieran engañar, no es cierto que no hicieron nada. Hay mucha culpabilidad sobre esta institución. Si estamos aquí es porque esta institución tiene cuentas pendientes con el caso Ayotzinapa. Existe información que no ha sido entregada hasta hoy, y la seguiremos exigiendo en las calles y en las reuniones con la presidenta. No vamos a quitar el dedo hasta saber la verdad, dónde se llevaron a nuestros hijos. Ellos tienen todo el conocimiento, y no vamos a parar pase lo que pase”.

“No importa que perdamos la vida en demanda por verdad y justicia porque nosotros hemos vivido, pero a nuestros hijos les arrebataron sus sueños en una etapa donde cualquier joven es ajeno a la maldad que existe ante estas instituciones gubernamentales de todas las índoles. No vamos a dejar que una maldita institución quede en la impunidad; debe ser castigada por el crimen de lesa humanidad que ha cometido”.

“A 11 años podemos afirmar que el ejército mexicano no sólo es responsable de actos omisivos de la noche del 26 de septiembre, más bien, hoy podemos afirmar que desde antes de la agresión de los estudiantes el ejército ha estado monitoreando la escuela normal de Ayotzinapa. Hay información de que por lo menos desde el 2010 infiltraba a elementos activos en la normal”, condensó el abogado de las madres y padres de los 43, Isidoro Vicario.

Al final el mitin las madres y padres, así como los y las normalistas, subieron a los autobuses, mientras varios estudiantes de Ayotzinapa lanzaron petardos a las instalaciones militares. En unos segundos lanzaron un camión contra las puertas del poder militar. Es la inconformidad reflejada en las llamas que cubrieron la puerta número 1. Dejaron el mensaje de que no van aceptar la impunidad y que van a seguir luchando por la verdad.

FUENTE: TLACHINOLLAN.
AUTOR: /.

Jueza de NY ordena capturar a exregidor de Xalapa por caso Naasón y La Luz del Mundo

Por: Draco Dracul on viernes, septiembre 26, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Silem García Peña, miembro de La Luz del Mundo, habría participado en la realización de eventos de la congregación en la que se cometieron delitos como explotación infantil.

La Interpol emitió una ficha de búsqueda para localizar a Silem García Peña, exregidor de Xalapa, Veracruz, y excandidato a Diputado por el partido Movimiento Ciudadano (MC), luego de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitiera una orden a aprehensión en su contra por crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil en el caso de la red criminal que encabezaba Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz Del Mundo.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, García Peña habría facilitado recursos logísticos y humanos para eventos masivos organizados por La Luz del Mundo, donde se cometieron delitos graves.

En días recientes se ha reportado que el exregidor se encuentra en Xalapa, Veracruz, en compañía de su esposa, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, quien ahora es regidora municipal. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado el paradero del político.


Documentos judiciales indican que los cargos contra García Peña fueron formalizados el pasado 23 de septiembre de 2025 por la Jueza Loretta Preska.

Ese mismo día, Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo, se declaró no culpable de los cargos en su contra por abuso y tráfico sexual de menores, extorsión, crimen organizado y delitos financieros, durante su comparecencia con Preska.

De acuerdo con información difundida por medios, Joaquín García se presentó a su audiencia vistiendo el traje beige clásico que portan los reos de prisiones estadounidenses, llegó esposado de los pies y lucía más canoso que en su última aparición pública.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La SCJN desecha dos amparos otorgados por Ley Minera de AMLO; no tenían concesión

Por: Draco Dracul on viernes, septiembre 26, 2025 / Comentarios: 0 ,

La SCJN revocó dos amparos y validó el artículo transitorio de la Ley Minera que ordena desechar solicitudes de nuevas concesiones en trámite.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este jueves, por mayoría, dos amparos solicitados contra un artículo transitorio de la Ley Minera impulsada por el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los ministros validaron la constitucionalidad del artículo cinco transitorio de la reforma a Ley Minera (2023), el cual establece que todas las solicitudes de nuevas concesiones mineras que estaban en trámite sean desechadas.

“Las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite, en virtud de lo dispuesto por el presente Decreto”, dice el artículo transitorio referido.


Con siete votos contra dos, el Pleno aprobó dos proyectos de la Ministra Lenia Batres Guadarrama respecto al amparo en revisión 583/2024 y 123/2025 relacionados con trámite de concesiones mineras.

La solicitud de analizar la constitucionalidad del artículo 5 transitorio de la Ley Minera se derivó de que la Presidencia de la República impugnó el amparo concedido a la exdiputada panista Rosa Isela de la Rocha Navarez. Ella tramitó su concesión minera en 2021, antes de la promulgación de la Ley Minera.

“Las personas que presentaron una solicitud de concesión antes de la entrada en vigor del decreto reclamado no tenían un derecho adquirido a que se les otorgara la concesión, sino una expectativa de derechos respecto de la entrega justamente de ese título de concesión”, argumentó Batres.


La solicitante del amparo también cuestionó la validez del proceso legislativo del Congreso que aprobó en una sede alterna la reforma a la Ley Minera y otras leyes el viernes 28 de abril de 2023, en lo que la oposición llamó el “viernes negro”.

Al respecto, la Ministra Batres manifestó: "Se está declarando fundado el agravio formulado por la Presidencia de la República, en el que sostuvo que la parte actora no se encontraba legitimada para impugnar el proceso legislativo que dio origen al decreto reclamado".

Los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García fueron quienes votaron en contra, al considerar que desechar solicitudes de concesiones en trámite (2021) antes de la publicación de la reforma a la Ley Minera (2023) sí viola la irretroactividad de la Ley.
El Ministro Guerrero aclaró: “El hecho de no acompañar el proyecto, no significa que esté a favor de que le entreguen la concesión, simplemente que se estudie si se le debió haber entregado o no se le debió haber entregado, y que no se le deseche simplemente, y ya sin mayor trámite”.

FUENTE: SINE EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
FECHA: 25 SEPTIEMBRE 2025.

Qué es la “guardia de Jahzer”, el cuerpo paramilitar entrenado por La Luz del Mundo

Por: Draco Dracul on viernes, septiembre 26, 2025 / Comentarios: 0 ,

El propio Naasón Joaquín García formó parte de estos grupos en su infancia.Fotografías de esa época así lo muestran. “Hay fotos de Naasón Joaquín generando esas prácticas, eso desbordó en una banda interna que lideraba Naasón Joaquín, que la han manejado en lo oscuro, que la apodaban 'la banda del pañal’, declaró Sharim Guzmán, sobreviviente de la Luz del Mundo.

Una denuncia anónima alertó a las autoridades de Michoacán de un campo de adiestramiento clandestino en Vista Hermosa, en los límites con Jalisco. Al atender el llamado de los vecinos, las autoridades detuvieron a 38 personas, que para su sorpresa no se identificaron como miembros de algún cartel de la droga sino como feligreses de la Luz del Mundo, particularmente dijeron ser integrantes del grupo Jahzer, una corporación paramilitar cuya principal función es cuidar a la cúpula de esta iglesia evangélica, cuyo máximo apóstol, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores.

Al grupo que estaba en adiestramiento se le decomisó una pistola, 19 réplicas de fusiles de asalto, equipo táctico, cuchillos tipo militar, un simulador de artefacto explosivo y radios de comunicación. También se encontró en el lugar un "Himnario", con los salmos y cantos utilizados en la iglesia liderada por el pederasta Naasón Joaquín García, quien enfrenta una condena de 16 años y 8 meses de prisión en EU por abusar de tres menores de edad y dos mujeres adultas, y quien ahora enfrenta otro proceso federal en Nueva York por otra serie de abusos que alcanzan a sus padres, el fallecido Samuel Joaquín Flores y Eva García, quien también fue detenida.
Sharim Guzmán, sobreviviente de la Luz del Mundo, explicó a SinEmbargo, la guardia de Jahzer, no es el único grupo paramilitar que existe o ha existido en esta congregación. En su momento, platicó, con Samuel Joaquín se llamaba la Guardia de Jericó, debido a que así se llama la calle en donde vivía el padre de Naasón Joaquín. “Empezaron cuidando su puerta y así fueron evolucionando hasta tener estas prácticas paramilitares donde se involucraron miembros que eran o exmilitares, militares activos, gente que forma parte de las fiscalías, gente que forma parte de las policías estatales y que con el adiestramiento que ellos han tenido a través del gobierno”.

Para él todo tiene origen desde la misma fundación de la Luz del Mundo a manos de Aarón Joaquín González, cuyo nombre real era Eusebio Joaquín González, quien formó parte del Ejército Constitucionalista alrededor de 1915. “Eusebio Joaquín. Era un militar que desertó del Ejército para hacerse pastor. En esa ideología va formada La Luz del Mundo en esas dos corrientes. En ese adiestramiento que él tuvo como militar y la cuestión religiosa que se unen en un control”.


Su hijo Samuel Joaquín Flores continuó con la tradición con su grupo Jericó y a la llegada de Naasón Joaquín como máximo apóstol se rehace el grupo y se asignan nuevos jefes, entre ellos un general militar que. “O sea, de Jericó pasó al nombre de Jahzer, que eran los nombres que ellos le asignan, pero no solamente está estos grupos, también está la guardia de la colonia Betel, que es la otra sede de La Luz del Mundo en Jalisco, en Guadalajara. Existen otros grupos alternos como El Pentatlón o Los lobos que han sido más públicos que son los que protegen de alguna manera a las colonias”.

De hecho, indicó que el propio Naasón Joaquín García formó parte de estos grupos en su infancia. “Hay fotos de Naasón en estos grupos desfilando, ellos hacen su propio desfile del 16 de septiembre en la Hermosa provincia con sus propios grupos. Ellos viven en una vida alterna a la realidad. Mientras en Guadalajara en el centro de la ciudad hay un desfile con las instituciones educativas, los gobiernos municipales de seguridad, lo que es un desfile del 16 de septiembre, en Hermosa Provincia están haciendo su propio desfile y ahí en ese mismo desfile estos grupos delincuenciales, porque eso son, hacen sus demostraciones de cómo ellos adoctrinan y generan esta cuestión táctica”.
“Hay fotos de Naasón Joaquín generando esas prácticas, eso desbordó en una banda interna que lideraba Naasón Joaquín, que la han manejado en lo oscuro, que la apodaban’ la banda del pañal’, que era una banda la cual dirigían Naasón Joaquín entre sus amigos y que esos amigos pues son hoy son los guaruras de Naasón Joaquín. ¿Y qué pasa? Esos mismos niños se formaron en estos grupos de “pentatlón”, de la colonia, de ser vagos, de generar diferentes acciones, terminan en una banda de protección de un territorio que era Hermosa Provincia, pero ya cuando llega Naasón él se rodea de sus propios amigos. Algunos de ellos son ministros, otros son sólo guaruras, algunos son guaruras y ministros”, apuntó.
Sharim Guzmán explicó que uno de los detenidos esta semana es Ángel Aragón, quien genera estos proyectos de adiestramiento y que era el encargado de la guardia de Jahzer en la casa apostólica en Hermosa Provincia. “Él en sus redes sociales se ostenta como coordinador de personal del templo sede de Hermosa Provincia. Es uno de los detenidos. Es una persona que tuvo un entrenamiento en las fuerzas aéreas mexicanas”.

Explicó además que estas agrupaciones están relacionadas a todo tipo de crímenes como golpear y secuestrar a personas. “Ellos recibían instrucciones de golpear, de levantar, de hacer lo que tenían que hacer, inclusive hoy en día el vocero de La Luz del Mundo y ministro de culto y político que es Silem García Peña está prófugo, la justicia americana lo está buscando porque él participó y conspiró para secuestrar a una persona y que estos ciertos grupos pues también colaboran con ellos. Entonces, no es algo ajeno. Sí es algo que uno miraba y que inconscientemente justificaban porque ellos dicen ‘están para protegernos’, pero pues para protegerse está la policía, está está la fiscalía”.

Guzmán indicó además que hay denuncias que fueron presentadas ante la Fiscalía del estado de California donde se afirma que los propios guaruras escoltaban a Naasón Joaquín a los hoteles para cuando eran las víctimas abusadas, algunos otros eran facilitadores. “Esta ala es una ala criminal, física, vamos a llamarla en el sentido de delincuentes directos, de personas adiestradas para generar un perjuicio directo a tu persona. Y pues existen otras alas que forman esta red de complicidad y esta red de crimen, como son el lavado de dinero, la trata con fines para explotación laboral y explotación sexual, el trasiego de dinero en efectivo de otros países a México”, apuntó.

No obstante, Sharim Guzmán apuntó que tras la detención de este grupo lo más alarmante son los motivos que esgrimen. “Se estaban preparando para el día final. Se estaban preparando para el Apocalipsis”.

“Yo como exmiembro en un conocimiento real de la vida dentro de estos lugares, pues te puedo decir que sí es una mentalidad, porque hoy en día La Luz del Mundo se ha manejado en que todo lo que está sucediendo, los delitos que cometieron el apóstol, su mamá, su sobrino, el vocero, infinidad de personas, pues ha llegado ese gran momento que algún día anunció Eusebio Joaquín. La persecución religiosa. Entonces, ellos tienen que estar preparados de diferentes maneras para inhibir esta persecución religiosa. Y hay algo bien importante ahí. Estas personas en esa ideología y en ese control que están ejerciendo sobre ellos desde la cúpula, pues están dispuestos a todo”, puntualizó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: OBED ROSAS.

Millones y documentos: el patrimonio de Adán Augusto en el ojo del huracán

Por: Draco Dracul on viernes, septiembre 26, 2025 / Comentarios: 0 ,

El senador Adán Augusto López Hernández enfrenta cuestionamientos por supuestas omisiones patrimoniales y millonarios ingresos no declarados, pese a presentar sus declaraciones fiscales de 2023 y 2024. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió aclarar la situación, mientras persisten dudas sobre transferencias de empresas privadas y vínculos indirectos con casos criminales en Tabasco

El senador Adán Augusto López Hernández enfrentó este viernes un nuevo episodio de polémica tras ser vinculado con supuestas irregularidades fiscales y depósitos millonarios no declarados. En conferencia de prensa, el legislador aseguró que la información difundida en su contra es “a todas luces falsa”, y presentó sus declaraciones patrimoniales correspondientes a 2023 y 2024 para aclarar la situación.

“Hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha conservadora; la información que se presentó ayer es completamente falsa”, enfatizó López Hernández, mostrando un formato oficial de su declaración patrimonial. Según explicó, del lado derecho se puede ver el documento real, mientras que del lado izquierdo se observa la supuesta manipulación difundida por los medios.

INGRESOS Y ACTIVIDADES DECLARADAS

Adán Augusto precisó que, más allá de su labor como funcionario público, también tiene actividades privadas como prestador de servicios legales, y que todos sus ingresos están plenamente declarados ante Hacienda.

“Por otra parte, les comento que efectivamente, más allá de mi actividad como funcionario público, también tengo actividades como prestador de servicios, como prestador de servicios legales, que todos mis ingresos están plenamente declarados, como constan las declaraciones hacendarias que les voy a mostrar, en el 2023 y en el 2024”.
El senador detalló que la declaración anual de 2023, que es la que fue cuestionada, reportó un total de ingresos grabables de 22,626,398 pesos. Posteriormente, en 2024, presentó su declaración al término del ejercicio fiscal, donde se refleja un activo en estado de posición financiera de 24,539,998 pesos, principalmente por ingresos por prestación de servicios profesionales, salvo dos capítulos que especificó durante la conferencia.

“Posteriormente, en el 2024, presenté también al término del ejercicio fiscal mi declaración de ingresos y de eso se deduce también una base grabable que ahora les doy a conocer. Había un activo en estado de posición financiera de $24,539,998. Básicamente, todos fueron por ingresos por prestación de servicios profesionales, salvo dos capítulos que ahora les voy a comentar”.

En cuanto a los impuestos pagados, López Hernández indicó que al cierre del ejercicio fiscal de 2024 le correspondió pagar 1,799,092 pesos, cantidad que aseguró cumplió en tiempo y forma.

“Ahí, al final del ejercicio, me tocó, me correspondió pagar un total de $1,799,092, que fue lo que yo pagué por impuestos al final del ejercicio de 2024”.

ACUSACIONES PERIODÍSTICAS Y CONTEXTO POLÍTICO

Las declaraciones del senador se producen tras una investigación publicada por Enrique Acevedo, que señala que López Hernández habría recibido entre 2023 y 2024 al menos 79 millones de pesos de empresas privadas, presuntamente omitidos en sus declaraciones patrimoniales. Algunos documentos mencionan transferencias de compañías beneficiadas con recursos públicos e incluso una empresa fantasma, lo que generó cuestionamientos sobre su patrimonio y transparencia.

El escenario político del senador se complica también por la captura de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, acusado de liderar el grupo criminal La Barredora, activo en Tabasco.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió públicamente a López Hernández que aclarara su situación patrimonial, enfatizando la importancia de la transparencia en la función pública.

LA PERSPECTIVA SOBRE EL SENADOR

López Hernández mostró durante la conferencia un tono serio, pero cercano, buscando transmitir confianza en la veracidad de sus documentos y en su compromiso con la ley. Reconoció que enfrentar acusaciones públicas es desgastante, pero recalcó que su prioridad sigue siendo cumplir con la ley, servir a su estado y mantener la confianza de quienes depositaron en él su voto.

“Del lado derecho de sus pantallas, ustedes podrán ver el formato en el cual se presenta mi declaración patrimonial. Del lado izquierdo, la falsedad, la manipulación que presentaron el día de ayer”.

Con estas declaraciones y documentos, el senador intenta recuperar el control de la narrativa, demostrando que su patrimonio está registrado y que no existen irregularidades en su historial fiscal.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JOSÉ GUADERRAMA.
Suscribirse a: Comentarios (Atom)
Created By Blogger | Distributed By Theme