Acarreo, movilización y una organización que asemeja más a un mitin político que una asamblea ciudadana informativa, es lo que se vive desde el exterior de las instalaciones del Auditorio del Estado, donde se llevará a cabo el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien acude a Mexicali para una visita oficial.

El evento, convertido en mitin político y no en una asamblea ciudadana, estaba programado para las 16:30 horas, pero desde antes de las 2 de la tarde comenzaron a llegar personas a través del acarreo y movilizaciones de camiones y vehículo.

Aclaraciones, aclaraciones, aclaraciones. Esta semana en Baja California fue de aclaraciones. Un hombre que a pesar de que ZETA y quien esto escribe tienen su domicilio, correos electrónicos, números telefónicos y redes sociales, todos públicos, acudió a dos portales digitales para decir que temía por su vida por una publicación de este Semanario fechada en julio de 2025.

Incluso los escribientes de los portales refirieron que, directamente, temía por su vida “por publicaciones de Adela Navarro”, en referencia a la nota publicada en la portada de ZETA con el título “Alianzas corruptas de la Familia-Gobiernos de BC”. Se trata de un reportaje que evidencia la preferencia de los gobiernos locales para hacer negocios con algunos empresarios, específicamente, la familia Salgado Chávez y los Ampudia González.

En la nota de referencia, por cierto no firmada por quien esto escribe, se elabora sobre la reciente entrega de la organización de las Fiestas Patrias de Tijuana o de la Feria, al grupo de Fernando Salgado Chávez, notorio por ser el dueño de la casa que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda presumió en redes sociales, acompañada de su familia en la celebración del Día del Padre en el año 2024, en Rancho Santa Fe.

La empresa La Familia Presenta, la de Salgado, se adjudica además la organización y celebración de otros espectáculos masivos, como el Coca Cola Flow Fest en Ciudad de México, el Carnaval de Ensenada, y el Baja Beach Fest en Rosarito, donde otro de los promotores asociados es el señor Jesús González Lomelí, el que al final de cuentas parece ser el problema del señor que teme por su vida.

Efectivamente, en esa publicación del 11 de julio de 2025 se refiere que el señor, digamos de apellido Cisneros para que no tema más por su vida, está asociado, de acuerdo al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California (o sea oficial y públicamente y no un invento de ZETA), no en una, sino en tres empresas con el señor Jesús González Lomelí, todas relacionadas con los alimentos; y en una de ellas, de hecho, también aparece en sociedad Fernando Salgado Chávez.

69 días después de la publicación aquella de julio, el jueves 18 de septiembre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), publicó una lista de sanciones de activos a 15 empresas y 9 personas, entre ellos, dos empresarios, Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, a quienes ligó a la ex alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo.

En una de las empresas que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó en las sanciones que tituló: “Boardwalk Empire: The Playas de Rosarito Network”, que se traduciría como “El imperio del contrabando: la red de Playas de Rosarito”, y que ligan directamente a operaciones del Cártel de Sinaloa, el señor Cisneros, que teme por su vida, aparece como socio.

Casualmente no es la empresa que dijo a los portales de información a los que acudió, que no existía porque se había disuelto antes incluso de operar, sino otra. Cualquier persona, entidad o grupo que tenga acceso al Registro Público de la Propiedad de Baja California, puede darse cuenta que la empresa que aparece sancionada por el Gobierno de los Estados Unidos está registrada con el nombre de Operadora de Alimentos con Orígenes de México S.- de R.L. de C.V., y donde, aparte del señor Cisneros, aparecen como socios otras tres personas, una de ellas y la principal, Jesús González Lomelí.

Es evidente que una vez señalado el señor González Lomelí por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el señor Candelario Arcega Aguirre en la misma red que alude el mismo Departamento del gobierno norteamericano que sirven en una red del Cártel de Sinaloa, muchas de las personas que en otras empresas -o en las mismas- están señaladas de sociedad con ellos, intentan o intentarán, como en el caso del señor Cisneros, que teme por su vida por la sociedad en una empresa, pero no en otra, donde tiene el mismo socio.

El problema acá es que a pesar de los señalamientos en los Estados Unidos o de las sanciones que emita la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en México no pasa nada. Aun cuando en un primer momento la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la República emitió un comunicado informando que actuaría en consecuencia a las sanciones norteamericanas, la realidad no ha sido así. La fiscal de Baja California, Elena Andrade, aclaró a pregunta expresa, que al señalado Candelario Arcega no se le investigaba en el Estado, sin abundar si a Jesús González Lomelí sí, o a otros que tienen sociedades con los mismos en otras empresas.

Esta semana, don José Galicot, el creador de Tijuana Innovadora, también hubo de aclarar que ya no tenía sociedad con un joven que estaba asociado, en otra empresa, a las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro; lo mismo hizo la empresa Grupo Lagsa, ante publicaciones similares que también los ligaban con los hermanos Salgado, cuando ellos han aclarado que ninguna relación tenían con tal familia.

Como el señor que teme por su vida por estar asociado con Jesús González Lomelí, pero que señala a ZETA por haber publicado lo que es público en el Registro Público de la Propiedad y Comercio; y que, de hecho, él aparece en otra empresa en el mismo registro, en asociación con el señalado por la OFAC.

Y es precisamente mediante el Departamento del Tesoro, cuya sanción es emitida para hacer un llamado a las personas y a las empresas, tanto en su país como en el extranjero, a no hacer relaciones comerciales o de cualquier tipo con las personas sancionadas, en este caso, con las 15 empresas señaladas y las nueve personas evidenciadas. De hacerlo, las personas y las empresas corren el riesgo de ser investigadas y también sancionadas.

Quién sabe por qué el señor Cisneros teme por su vida; o si lo que teme, en todo caso, es que el Departamento del Tesoro también lo sancione. Tampoco se sabe por qué decidió acudir a portales digitales y no a ZETA; además que lo hace el viernes 19 de septiembre, cuando ya habían transcurrido 70 días de la publicación del semanario.

Por cierto, en la edición de ZETA que circuló cuando el señor que teme por su vida se dirigió a los portales, el Cónsul de los Estados Unidos en Tijuana, Chris Teal, concedió una entrevista a propósito de las sanciones de la OFAC a los empresarios y criminales asociados al Cártel de Sinaloa (entre los que se encuentra el socio del señor Cisneros), diciendo que su país tenía las puertas abiertas, por el momento, para quien quiera cooperar en el desmantelamiento de las redes criminales señaladas, y que “La Ley va a alcanzar a todos”. Así las cosas con las relaciones, que ante la inacción e impunidad que prevalece en México, se hacen peligrosas… Por lo menos desde la óptica de los Estados Unidos, que sí los investiga.

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México mantiene un operativo sistemático para localizar a Ana Ameli García Gámez, estudiante desaparecida en la zona del Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan, el 13 de julio pasado.

Luis Gómez Negrete, titular de la comisión, afirmó en entrevista para Aristegui en Vivo que “los esfuerzos de las autoridades de la Ciudad de México no van a considerarse suficientes ni terminados hasta que no podamos encontrar a Ana Ameli y creo que ese es el punto de partida de cualquier conversación sobre este caso”.

El comisionado explicó que tres horas después de la denuncia de desaparición presentada por la familia, un equipo del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas inició la búsqueda en el Pico del Águila, el último lugar donde se tiene registro de la joven.

Gómez detalló que el operativo fue acompañado por un puesto de mando único, coordinado por él, con participación de la Guardia Nacional, Sedena, Marina, instituciones de la Ciudad de México, alcaldía y comunidad.

Tras ser cuestionado sobre su apreciación sobre los datos contenidos en el Registro Nacional, Gómez dijo que están construyendo un registro único para la Ciudad de México.

Antes existían fotoboletín de una institución, fotoboletín de otra institución y hoy en día estamos integrando todo en un solo sistema.

“No tenemos tampoco ningún límite para la investigación, no hay puntos que no podamos explorar, no hay líneas que no podamos seguir”, aseguró.

Respecto a la percepción de la familia de que el despliegue inicial se centró solo en la parte alta, el comisionado aclaró que en paralelo se realizaron entrevistas en colonias cercanas, se recabaron cámaras de seguridad y se revisaron más de 300 horas de videograbaciones del C5.

“Activamos canales de inteligencia para entender la información disponible en la zona en esas fechas”, añadió.

Según el comisionado, en la Ciudad de México ocho de cada diez personas reportadas son localizadas, y en buena parte de esos casos no hay un delito detrás, sino conflictos familiares o ausencias voluntarias.

Para atender la dispersión de información, Gómez anunció la creación de un registro único de personas desaparecidas en la Ciudad de México, que integrará los reportes de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, Locatel y la Comisión de Búsqueda.

Explicó que, hasta ahora, cada dependencia emitía sus propios fotoboletines y manejaba su propio padrón, lo que derivaba en duplicidades y en un panorama inflado que no reflejaba la situación real.

“El objetivo es eliminar duplicidades, transparentar los datos y dar certeza a las familias”, afirmó.

Finalmente, señaló que cada búsqueda se aborda con un enfoque humanitario y sistemático, que incluye acompañamiento psicosocial, revisión de expedientes históricos y apertura a todas las líneas de investigación.

Cristian Edgar Guerrero Flores, mejor conocido en redes sociales como Cristian Magazo y por ser el influencer que asesoró a Arturo Zaldívar en los últimos meses de su presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promocionar su imagen en TikTok, fue recontratado en el máximo tribunal. 

Esta vez el influencer, quien también vendió cursos de redes sociales para candidatos a jueces y magistrados a través del Colegio Comprender con un costo de 18 mil pesos, fue contratado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, cuya imagen en la campaña electoral judicial se viralizó como “el ministro chicharrón”. 

De acuerdo con el directorio de funcionarios públicos de la SCJN, Cristian Guerrero Flores tiene plaza de técnico operativo en la ponencia de Guerrero García, en la que gana 34 mil 430.51 pesos mensuales libres de impuestos. 

Además de las prestaciones de ley, cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, fondo de reserva individualizado, ayuda de despensa, vestuario, ayuda al personal operativo, apoyo de anteojos, estímulo por antigüedad, estímulo por jubilación, entre otras.  

Según el Manual General de Puestos de la SCJN vigente en 2025, como técnico operativo, Guerrero Flores sólo maneja información confidencial, pero no valores, y sólo debe acreditar tener estudios de nivel medio y dos años de experiencia laboral. 

En los últimos cinco meses del año 2022, Guerrero Flores consiguió un contrato con Zaldívar por 93 mil 522 pesos mensuales para asesorarlo y generar contenido en su cuenta de TikTok y otras redes sociales.  

Una vez que Zaldívar concluyó su cargo como presidente de la Corte, el influencer fue contratado en la ponencia del ahora ministro en retiro como asistente de gestión y seguimiento. 

En ese puesto ganaba 36 mil 117.8 pesos mensuales libres de impuestos y manejaba información confidencial y valores, por lo que su designación era libre, es decir, que Zaldívar tenía a su disposición la plaza para asignarla a quien él quisiera. 

En aquel momento el Manual requería preferentemente contar con título y cédula profesional afín a sus funciones y dos años de experiencia profesional y/o laboral. 

Sin embargo, el mismo creador de contenido reveló en una transmisión en vivo en la plataforma TikTok que no contaba con título profesional, pero que él estaba capacitado para temas de comunicación digital. 

Para el 18 de mayo de 2023, luego de darse a conocer el contrato que consiguió con Zaldívar y su posterior llegada a la Corte, Cristian Magao presentó su renuncia al máximo tribunal y afirmó, en redes sociales, que consideró que él y la institución tomaron “rumbos diferentes”.

DETENCIONES Y OPERACIONES DE SEGURIDAD

Las 38 detenciones se produjeron en un lugar de entrenamiento, donde presuntamente se entrenaban individuos vinculados a la estructura de la Luz del Mundo. De acuerdo con la presidenta, la Fiscalía General de la República continuará informando sobre los avances de la investigación, que sigue en curso para determinar el nivel de implicación de cada detenido.

“Se están haciendo las investigaciones y por supuesto el Gabinete de Seguridad tiene que informar”, subrayó Sheinbaum, recordando que estos operativos se suman a los procesos judiciales internacionales que involucran al líder de la organización, actualmente bajo custodia en Estados Unidos.

Cayó en manos de las autoridades de Paraguay en un importante operativo y en menos de cinco días fue entregado a la justicia mexicana. El ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue trasladado a México para enfrentar las acusaciones que obran en su contra en un juzgado del fuero común en la entidad del Sureste y probablemente las que le sean fincadas a nivel federal por sus nexos con la delincuencia organizada. En tanto, se conoció que uno de sus coacusados en la misma causa penal fue asesinado de manera cruenta el mismo día que fue emitida la orden de captura, y otro cómplice se encuentra prófugo.

El ex jefe policial conocido con los alias de El Abuelo y El Comandante H, nombrado en el cargo durante la administración del ex gobernador tabasqueño Adán Augusto López Hernández, fue capturado sorpresivamente la madrugada del 12 de septiembre de 2025, en un barrio cerrado de Mariano Roque Alonso, en Paraguay, cuando fuerzas especiales irrumpieron en una residencia de lujo con ventanales polarizados y lo sometieron. Las autoridades sudamericanas le dieron crédito a las mexicanas en el sentido de que la operación fue la resulta de una colaboración bilateral de corporaciones civiles, de inteligencia, militares paraguayos y la Interpol.

Desde el 18 de febrero de este año, fecha en la que el Juez de Control de la región 9, en Centro, Tabasco, dictó el mandamiento de aprehender a Bermúdez Requena por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, no se supo más de él. Sin embargo, el 18 de abril siguiente fue presentada una demanda de amparo en favor del ex funcionario en el Juzgado Decimosegundo de Distrito con residencia en Tijuana. Fue hasta el mes de julio cuando el comandante de la 30ª Zona Militar con sede en Villahermosa, informó públicamente en una entrevista radiofónica que el prófugo habría escapado hacia Panamá.

El Comandante H, de 72 años de edad, siguió la ruta a hacia Brasil y finalmente llegó a Paraguay, donde ingresó de manera clandestina con la asistencia de su esposa que regularizó su estadía en la finca lujosa donde finalmente fue atrapado. Pese a que el 25 de julio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que se informaba que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, de las empresas relacionadas, socios y familiares, el día de su captura se afirmó que sus movimientos financieros junto con su red de comunicaciones sirvieron para rastrearlo.

Autoridades paraguayas destacaron que la detención del sobrino de El Abuelo, Gerardo Bermúdez Arriola, el 23 de julio reciente en el mismo país sudamericano, les alertó sobre la posibilidad de que en esa nación estuviera el objetivo que tenían boletinado en ficha roja por Interpol. Las áreas de inteligencia de ambos países funcionaron y lograron crear polígonos a través de una red de vínculos de las propiedades, lugares que frecuentaba y llamadas telefónicas del familiar de Bermúdez, acusado en ese país de explotación ilegal de apuestas deportivas. La Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció públicamente al presidente paraguayo Santiago Peña por la captura, calificándola como un “golpe contundente al crimen organizado transnacional”. Peña, por su parte, advirtió que Paraguay “no será refugio de criminales”.

Finalmente, el miércoles, 17 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las autoridades paraguayas expulsaron a Hernán por estancia irregular en ese país, simplificando el trámite de un procedimiento de extradición internacional, al que el inculpado no se quiso allanar. El exjefe policial fue trasladado a México en una acción coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), para ser ingresado al Cefereso número 1, Altiplano, en el Edomex.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite, el 25 de septiembre de 2025, el último recurso de revisión interpuesto por Grupo Elektra, contra un crédito fiscal de mil 609 millones de pesos.

El recurso de revisión interpuesto por la empresa del magnate regiomontano Ricardo Benjamín Salinas Pliego, contra la negativa de amparo dictada contra Elektra, el 19 de junio de 2025, por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mismo que confirmó el crédito que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fincó por impuestos omitidos en el ejercicio fiscal de 2012.

Aguilar Ortiz admitió el recurso de revisión de Elektra, exclusivamente para analizar la constitucionalidad del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El ministro advirtió que a partir del 25 de septiembre de 2025 correría el plazo de seis meses para resolverlo.

La nueva SCJN comenzó, el 8 de septiembre de 2025, a reasignar los asuntos que quedaron pendientes de resolución por la anterior integración del máximo tribunal constitucional, los cuales fueron entregados por las antiguas ponencias a la Secretaría General de Acuerdos, para su redistribución.

Entre ellos se encuentran los asuntos promovidos por Salinas Pliego y sus empresas, en contra del SAT, por diversos créditos fiscales. Dos amparos directos en revisión, presentados por Nueva Elektra del Milenio y Totalplay, fueron asignados a la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, a pesar de que fue declarada impedida en otros asuntos relacionados con el magnate regiomontano.

El amparo directo en revisión 6321/2024 con el que Grupo Elektra reclamaba un crédito fiscal de más de 33 mil millones de pesos, que estaba en la ponencia de Alberto Gelacio Pérez Dayán, fue turnado al nuevo ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.

El 25 de septiembre de 2025, el magnate regiomontano amagó con demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó, un día antes, que Salinas Pliego incurrió en un caso de defraudación en Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema del Estado de Nueva York lo declaró en desacato, por la venta de la telefónica Iusacell a AT&T, sin informar las deudas fiscales que arrastraba dicha compañía.

“Mentir tiene un costo; más aún cuando se hace desde el gobierno. En respuesta a las calumnias vertidas hoy desde la conferencia matutina de la Presidencia, informamos que evaluaremos las demandas y acciones legales pertinentes en México y EE. UU. por difamación y daño moral para que la verdad prevalezca. Ningún ciudadano o empresa debe ser atacada desde la impunidad del poder público”, escribió Grupo Salinas, en su cuenta de la red social X, en la cual también anexó un comunicado.

“Por segunda vez en menos de una semana, hoy, desde la más alta tribuna del país, la titular del Ejecutivo Federal atacó a nuestro presidente fundador, el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, con calumnias y difamaciones. Más grave aún es que se realicen con dolo, y desde la más supina ignorancia -propia de los gobiernícolas- sobre cómo funciona el mundo empresarial y este tipo de operaciones”, señaló el conglomerado empresarial.

“Con ello, el gobierno de México confirma, una vez más, que la embestida autoritaria en nuestra contra es una persecución política y no una disputa fiscal, como intentan disfrazarla. ¿O de qué otra manera se explican las más de 200 menciones en las mañaneras de la pasada y de la actual administración en contra del señor Salinas Pliego y nuestras empresas?”, enfatizó Grupo Salinas.

“Además, nuevamente nos utilizan como distractores para desviar la atención de la opinión pública y evitar que se hable de lo verdaderamente importante: la extrañísima escala de nueve horas en Chiapas -donde, casualmente, reside el expresidente López Obrador- del avión que trasladó a Hernán Bermúdez Requena, el ‘Comandante H’, quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno del hoy senador y coordinador parlamentario de MORENA, Adán Augusto López Hernández”, afirmó el conglomerado empresarial.

“Mentir cuesta y tiene consecuencias, más aún cuando se trata de una funcionaria pública. Por ello, estamos analizando y evaluando iniciar las demandas y acciones legales pertinentes en México y EE.UU. en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral, a fin de garantizar que cesen el acoso y las calumnias desde la Presidencia, y enfrente las responsabilidades que las leyes en ambos países establecen”, finalizó Grupo Salinas.

Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) exhibió, el 27 de junio de 2025, el supuesto “modus operandi” del Grupo Salinas, del magnate regiomontano Ricardo Benjamín Salinas Pliego, del cual afirmó adeudaba al 74 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en diversos casos.

Durante la conferencia de prensa matutina Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal informó que eran 32 los casos que se litigaban en el Poder Judicial de la Federación (PJF), desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tribunales colegiados, juzgados de distrito y tribunales administrativos.

Según detalló Galeano García, en el máximo tribunal constitucional había tres asuntos, por un monto aproximado de 26 mil millones de pesos, mientras que en tribunales colegiados de circuito había asuntos por 20 mil mdp. En tanto, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) había 11 asuntos, por 8 mil millones de pesos. En otras instancias había 13 asuntos por otros 20 mil mdp.

La titular de la PFF subrayó que se habían respetado los derechos de audiencia y defensa legal al Grupo Salinas. En la SCJN, el juicio más antiguo era del 2008, por lo que tenía 16 años de incumplimiento. Ante ello, explicó el “modus operandi” de dicho conglomerado empresarial, para “retrasar indefinidamente” las resoluciones judiciales.

“Podemos concluir que el modus operandi de este grupo empresarial, que debe pagar impuestos, como lo hacemos todos y todas, es solicitarle a la autoridad que le revise muy bien si es verdad que tiene que pagar o no ciertas cuestiones”, enfatizó la funcionaria federal.

“De todas maneras, incumple durante ese proceso de revisión, interpone absolutamente todos los recursos judiciales necesarios, uno tras otro, ante todas las instancias posibles. En los casos de que advierta que un juzgador o juzgadora está por no concederle la razón, aunque haya criterios que lo obliguen a definir el tema en favor del fisco federal, entonces lo recusa o lo declara impedido, alega intereses personales”, dijo Galeano García.

“Y no obstante habiendo tenido las sentencias firmes, que los jueces no están recusados, que pueden resolverle los asuntos objetivamente, interponen nuevos juicios y nuevos impedimentos y recursos para retrasar indefinidamente estas resoluciones”, comentó la titular del PFF.

La funcionaria federal expresó que “es penoso” que, según ella, la “fuerza corporativa” del Grupo encabezado por el magnate regiomontano alcanzó a influir en el máximo tribunal constitucional. También señaló que esperaba que si no se resolvían los asuntos en la SCJN, cuando se conformara el nuevo Pleno, “se estrene” resolviéndolos.

“Es penoso, pero hasta allá alcanza esta fuerza corporativa, por eso agradecemos este cambio de paradigma y de política judicial. Esperamos que esto sea muy benéfico para todas y todos y tengamos jueces objetivos y estas tácticas estamos seguros que no les van a seguir funcionando, ni dando resultados, porque son recursos del erario público, que deben ser destinados para todas y todos y por 16 años se nos han negado”, agregó Galeano García.

Por su parte -desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, Sheinbaum Pardo expresó que decidió exhibir el caso del magnate regiomontano, en respuesta a las críticas de TV Azteca contra la elección judicial. La titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que el conglomerado empresarial iba a pagar los impuestos, porque no creía “que los ministros se vayan a atrever a hacer algo contra el pueblo de México”.

“Alguien amaneció muy enojada y preocupada por los broncones que se le vinieron encima a los narco políticos… y como pueden ver, no es mi hermosa esposa. No se dejen distraer de lo verdaderamente importante con mentiras y datos amañados. Disfruten su fin de semana y recuerden que TODO LO QUE LES OFRECE UN POLÍTICO GRATIS, SE LO TUVO QUE ROBAR A ALGUIEN QUE SI TRABAJÓ”, respondió Salinas Pliego, en su cuenta de la red social X.

“Lo que buscan es distraer la atención de las 22 leyes y reformas con las que pretenden apropiarse de todo lo que puedan robarle al pueblo de México, mientras destruyen la república. No nos vamos a callar ante las presiones de los Gobiernicolas, y como dicen los porristas del PEJE: ‘van a tener que pagar’. Más temprano que tarde, ellos van a rendir cuentas y la van a pagar”, insistió el magnate regiomontano.

“Siguiendo las instrucciones de sus jefes [Andrés Manuel] @lopezobrador_ y @JesusRCuevas, la Procuradora Fiscal @GriselGaleanoMx llevó nuevamente la extorsión fiscal a la más alta tribuna, sin importarle el respeto al debido proceso y el Estado de Derecho, con el único objetivo de presionar a la @SCJN y al Poder Judicial. Pese a las presiones políticas e intentos por censurar nuestra libertad de expresión, ¡NO NOS VAN A DOBLEGAR! Aquí estamos y seguiremos defendiéndonos de estos abusos”, expresó, por su parte, el Grupo Salinas, también en X.

A 11 años del secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la investigación penal contra los presuntos responsables se encuentra estancada y todavía no se sabe qué rumbo va a tomar con la entrega de un fallido testigo protegido al gobierno de Estados Unidos y la renuncia del anterior fiscal especial, Rosendo Gómez Piedra, desde el pasado 16 de junio. En su lugar fue designado Mauricio Pazarán Álvarez, un ex mando de la Fiscalía capitalina.

La directora del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), María Luisa Aguilar Rodríguez, afirmó que la falta de justicia que enfrentan las familias de los 43 normalistas desaparecidos, es un caso emblemático de la crisis que vive México por las más de 100 mil personas desaparecidas que se han reportado en nuestro país.

María Luisa Aguilar agregó que el caso Ayotzinapa también sacó a la luz la incapacidad de las fiscalías mexicanas para realizar investigaciones complejas y combatir a las grandes redes de macrocriminalidad que operan en territorio nacional, como la que existía en los municipios de Iguala y Cocula en el estado de Guerrero, al momento de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del 2014.

En este marco, la maestra en Derechos Humanos advirtió que la falta de resolución del caso Ayotzinapa también refleja la negación en la que ha caído el Estado mexicano ante las desapariciones que se viven en grandes regiones del país. Añadió que los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pero también el de la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno, han intentado reducir las cifras públicas de personas desaparecidas, en lugar de buscar una respuesta concreta para frenar este delito y sus consecuencias.

 

Gobierno de Sheinbaum, una incógnita

En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que las autoridades mexicanas han solicitado al gobierno estadounidense la extradición de dos personas relacionadas con el caso Ayotzinapa, debido a la importancia de los testimonios que deberán rendir y a la sensibilidad que tiene para la sociedad la búsqueda de justicia para los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

Además, Sheinbaum anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) explora nuevas líneas de investigación para poder avanzar en la integración del expediente y resolver el misterio del paradero de los 43 jóvenes estudiantes que fueron privados de su libertad.

Sin embargo, el nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, Mauricio Pazarán Álvarez, aún no ha anunciado cuáles son esas líneas de investigación, una exigencia de los padres de los 43 normalistas desaparecidos tras una parálisis de casi dos años en la indagatoria, ya que el exfiscal Rosendo Gómez Piedra no logró ningún avance significativo en los procesos penales contra los imputados.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

El pasado 23 de septiembre, elementos de la Guardia Nacional que brindaban seguridad y protección a los habitantes de las comunidades ñuu savi de Guerrero Grande y Mier y Terán, en San Esteban Atatlahuca, Oaxaca se fueron.

Quedaron a la deriva sin importar que son sobrevivientes de violencia extrema y desplazamiento forzado tras conflictos internos.

Por tal razón, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas alertó de un nuevo riesgo para los habitantes, debido a que el pasado 26 de agosto, en la página de Facebook “H.Ayuntamiento Atatlahuca” informaron de una nueva agresión a estos pobladores.

La situación, ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) para su vigilancia y existe una carpeta de investigación; sin embargo, sin la presencia de uniformados, es latente una nueva agresión.

En octubre del 2021, los días 21, 22 y 23 de octubre, un grupo armado encabezado por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca quemaron más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji.

El día 23 de octubre de ese mismo año, este mismo grupo armado integrado por autoridades de la cabecera municipal de San Esteban Atatlahuca, atacó a vecinos de la comunidad de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca.

Fueron desaparecidos los señores Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño y asesinado el señor Isidoro Hernández.

Los ataques y agresiones hacia los habitantes de la comunidad de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, fueron constantes, empezaron desde el día 1 de octubre del 2021, y el día 3 de octubre del 2021, se encontró el cuerpo sin vida del señor Jacinto Hernández Quiroz con disparos de arma de fuego.

El Senado de la República abrió este jueves 25 de septiembre la convocatoria para participar en las audiencias públicas relacionadas con el proyecto de decreto que propone reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El registro para aspirantes comenzó hoy a las 12:00 horas y concluirá mañana, 26 de septiembre, a las 18:00 horas, otorgando a los interesados menos de 48 horas para inscribirse y entregar todos los documentos requeridos.

La convocatoria, emitida por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), establece que el registro debe realizarse por Internet, a través de un micrositio especial para este fin.

Los aspirantes deberán ingresar su correo electrónico y una contraseña para crear su cuenta, completar un formulario y cargar todos los documentos solicitados en su versión original.

También, el acuerdo indica que para que el registro sea válido será necesario presionar el botón de “Finalizar” al concluir el proceso y todos los documentos entregados serán publicados en versión pública.

Sin embargo, una de las cuestiones que resaltan es que la resolución de cualquier eventualidad queda a discreción de las juntas directivas de las comisiones, generando incertidumbre sobre la equidad de las audiencias.

“Cualquier situación no prevista en el presente acuerdo será resuelta por las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Justicia; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.”, se lee en el documento.

El proyecto de reforma al juicio de amparo implica ajustes a procedimientos legales, suspensión de actos, plazos, ejecución de sentencias y armonización con otras leyes, por ello, el Senado advirtió que se dará cobertura en distintas plataformas.

“Para la máxima publicidad, las audiencias públicas serán transmitidas a través del Canal del Congreso y en las distintas plataformas digitales, y se invitará a los medios de comunicación en general.”

Son las 18:23. Aún hay luz en las calles de Culiacán, pero la mayoría de los comercios ya bajaron la cortina metálica. A ambos lados de las banquetas se respira un silencio tan denso como el calor que sofoca a la ciudad.

Es 10 de septiembre, un día después de cumplirse un año de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, hoy dividido entre ‘chapitos’ y ‘mayitos’. El coche de los reporteros de Animal Político y Noroeste avanza despacio por la Mariano Escobedo, en la colonia Las Vegas. A unas cuadras están la Catedral, el Ayuntamiento y el mercado Garmendia. Por las mañanas es uno de los puntos más bulliciosos de la capital. Ahora, cuando aún no cae la noche, las banquetas están desiertas. Los locales exhiben carteles de ‘Se renta’ o ‘Se traspasa’. Apenas se ve una o dos personas caminando con prisa y semblante nervioso, buscando subir a uno de los pocos microbuses que deambulan por la zona casi vacíos.

Intentaron apoyarse en ventas en línea y a domicilio, como en la pandemia. Tampoco funcionó.

—Llegó un momento en el que dijimos: “Hasta aquí. Ya no aguantamos más”. De hecho, aún sigo pagando rentas atrasadas.

Extiende el brazo y señala la calle.

—Mira, puedes verlo. No fui el único que no aguantó…

A su alrededor, al menos otros cuatro locales muestran persianas bajadas y carteles amarillos de ‘Se renta’. Muy cerca, un pequeño comerciante se apresura a cubrir con una lona azul su puesto de colgantes y gorras. Son casi las 18:00 horas, mira nervioso la hora en su reloj. La noche, y la oscuridad, se le echa encima.

—Estamos viviendo una psicosis —exhala cansado—. No solo es que no vendemos, que no alcanzamos para sostener a la familia. Súmale el miedo de salir de casa. Estar en el centro es relativamente seguro. El problema es llegar y regresar.

Además, aunque al parecer el tema de las extorsiones no era algo que preocupara a los comerciantes ni empresarios de Culiacán, pues las personas entrevistadas coinciden en apuntar que antes de la división del cártel no era común, ahora comienzan a escucharse testimonios denunciando este delito.

La violencia también golpea al campo. Enrique Riveros, ex presidente de la Asociación de Agricultores de Río Culiacán, y consejero agrícola de Coparmex Sinaloa, lo explica en entrevista.

—Antes, no se vivía esta problemática. Pero, con esta guerra, ya no hay lugar seguro. Ni siquiera el campo —afirma.

Los agricultores han reducido también horarios y la producción de hortalizas como tomate, maíz o ejote. Es común, dice Riveros, que en las carreteras rurales encuentren retenes del crimen organizado, donde son despojados de vehículos, agredidos o amenazados.

Para Selene, haber perdido la libertad después de estudiar solo hasta la secundaria significó no poder continuar con su formación educativa en reclusión como una vía hacia la reinserción.

Para la mayoría de mujeres privadas de la libertad, el acceso a programas educativos es muy limitado. La organización La Cana señala que al representar las mujeres solo el 5.7 % de la población penitenciaria, todas las actividades que llegan a los reclusorios están destinadas principalmente a hombres.

Esto, pese a que la mayoría de ellas llega a prisión con un nivel educativo bajo, pues, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2025, el 40.3 % de las mujeres y 38.3 % de los hombres habían cursado secundaria como máximo nivel educativo.

Cuando finalmente obtuvo su libertad en 2017, luego de 2 años y 4 meses en reclusión en Ecatepec y Neza Sur, la fortuna de Selene cambió: una persona se ofreció a financiar su bachillerato con especialidad técnica en enfermería, lo que ahora le da la posibilidad real de tener una fuente de ingresos y cambiar su vida tras haber sido liberada.

“Me gusta más el lado de geriatría. Me gusta mucho cuidar y trabajar con pacientes geriátricos, pero también me gusta el lado de psiquiatría. Yo hice mi servicio social en un hospital psiquiátrico y la verdad es que me enamoré totalmente de esa especialidad. O sea, me encantó trabajar con pacientes psiquiátricos. Eran puras mujeres en el psiquiátrico donde yo estaba”, cuenta sobre sus sueños más específicos.

Todavía faltan muchas cosas por hacer, reconoce, pero está muy motivada y conmovida luego de que alguien decidió, de manera desinteresada, pagar por sus estudios.

“Sentí bonito que una persona que no me conocía absolutamente nada se ofreció a ayudarme y a cumplir el sueño que no realicé a cierta edad. Yo empecé a estudiar ya grande”, dice.

Selene tiene 38 años. Cuando empezó a estudiar, recuerda, tenía meses de haber perdido a un hijo que falleció de un año 4 meses, lo que también influyó en querer estudiar enfermería. Él tenía una cardiopatía, y siempre anduvo de hospital en hospital para cuidarlo.

Le platicó su historia a la persona que se había ofrecido a financiarla, un poco de su niñez, adolescencia, cómo cayó en reclusión, lo que había pasado con su bebé y otros aspectos de su vida. Era una persona que también había recibido ayuda para sus estudios, y decidió hacer lo mismo por Selene.

Ahora sabe que los estudios son muy necesarios para una verdadera reinserción. No significa solo la entrada al ámbito laboral, sino que a partir de eso ha cambiado por completo su manera de pensar, sus actitudes, una perspectiva más madura, y también el círculo con el que se ha empezado a relacionar. “Te ayuda contar con la oportunidad de tener estudios y una educación”, sostiene.

“Desde nuestra experiencia, falta muchísimo que hacer para tener buena educación en prisión, y desde luego el tema de educación; como que la gente en México piensa y aplaude, y festeja mucho el que hayan encontrado y detenido a la banda que roba en tal zona y demás, pero nadie se preocupa por qué pasa dentro de las cárceles, y qué pasa una vez que salen”, explica.