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Senadores “4t” avalan la militarización de la Guardia Nacional y la seguridad pública

Por: Draco Dracul on martes, julio 01, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El Pleno del Senado aprobó, en lo general, el 24 de junio de 2025 -con 75 votos a favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT)-, el dictamen que creó una nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), y modificó ocho ordenamientos, siete de ellos militares, para que sus integrantes asumieran tareas de seguridad pública y defensa exterior en el país, además de que transfirió el mando operativo y administrativo a la Secretaria de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Los 34 sufragios en contra fueron emitidos por los senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). Además, hubo cero abstenciones. Tras ello, los legisladores comenzaron la discusión de reservas al proyecto, en el que se perfilaba la aprobación de tres cambios, uno que presentaría el PVEM y dos de Morena.

Después, con 75 votos a favor y 32 sufragios en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo particular y los artículos reservados en los términos del dictamen que crearon la Ley de la Guardia Nacional y reforma diversas leyes, en materia de seguridad.

El 27 de junio de 2025, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México, alertó que ls facultades de inteligencia que serían otorgadas a la Guardia Nacional para procesar información, ponían en riesgo la privacidad de los ciudadanos.

“Preocupan las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad”, publicó la ONU-DH México, en su cuenta de la red social X.

“Manifestamos preocupación ante las propuestas de nueva Ley de la #GuardiaNacional y de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que aborda el Congreso”, agregó la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México.

La ONU-DH expuso que la seguridad pública debía ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública, además de realizarse con pleno respeto y observancia de los derechos humanos.

Tras una discusión de cuatro horas con 35 minutos, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó en lo general, el 24 de junio de 2025 -con 349 votos a favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, PVEM y del PT-, el dictamen que creó una nueva Ley de la Guardia Nacional, y modificó ocho ordenamientos, siete de ellos militares, para que sus integrantes asumieran tareas de seguridad pública y defensa exterior en el país, además de que transfirió el mando operativo y administrativo a la DEFENSA.

Los 132 sufragios en contra fueron emitidos por los diputados federales de los partidos PAN, PRI y MC. Además, hubo cero abstenciones. Tras ello, los legisladores comenzaron la discusión de reservas al proyecto, en el que se perfilaba la aprobación de tres cambios, uno que presentaría el PVEM y dos de Morena.

La propuesta fue enviada, el 9 de junio de 2025, por la titular del Poder Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y fue turnada a San Lázaro, dos días después. La Comisión de Justicia de la Cámara Baja la dictaminó el día 18 del mismo mes y año.

En su fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro, Julio César Moreno Rivera, aseguró que con la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “los ciudadanos tendremos una corporación de seguridad pública transexenal, fuerte, profesional y permanente”.

“La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial civil fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y al imperio de la ley”, destacó el diputado federal de Morena.

La iniciativa planteó, por ejemplo, que la Guardia Nacional estaría integrada por personal militar con formación policial, mientras que su titular, quien ostentaría la jerarquía de General de División, sería nombrado por el presidente de la República en turno, a propuesta del titular de la DEFENSA y los grados de sus integrantes serían homólogos a los del Ejército.

El proyecto agregó que el personal de dicha institución se sujetaría a la jurisdicción penal militar y al fuero de guerra, además de que actuaría en todos los lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal y en instalaciones estratégicas.

La reforma también autorizó que, bajo la conducción del Ministerio Público, la Guardia Nacional realizara operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir delitos, así como verificaciones para la prevención de infracciones.

Además, la iniciativa facultó a la Guardia Nacional, solicitar a concesionarios y permisionarios de telefonía móvil información de usuarios, incluida la georreferenciación de los equipos en tiempo real y para realizar intervenciones telefónicas privadas, previa autorización de un juez.

“Solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, en los términos del artículo 16 Constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos”, planteó el dictamen.

Asimismo, según el artículo 44 de la nueva Ley, se permitiría que los integrantes de la Guardia Nacional pudieran solicitar una “licencia especial”, para contender por cargos de elección popular.

“La licencia especial es la que concede o en la que se coloca al personal militar con formación policial integrante de la Guardia Nacional para desempeñar cargos de elección popular”, indicó la iniciativa presidencial.

Además, dicho artículo permitiría a los integrantes de la GN desempeñar actividades o empleos civiles en instituciones del Poder Ejecutivo Federal, en los gobiernos de los estados, municipios, organismos descentralizados o empresas de participación estatal.

Con la nueva Ley, a la Guardia Nacional también se le dotó de facultades para que revisara los documentos para corroborar el estatus migratorio de extranjeros.

“En coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia”, señaló el proyecto.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sheinbaum destaca que Guardia Nacional contribuyó a caída del 25% en homicidio doloso

Por: Draco Dracul on lunes, junio 30, 2025 / Comentarios: 0 ,

Mientras la GN cumple seis años con presencia en los 32 estados y 130 mil elementos, el Gobierno federal presumió una reducción en homicidios dolosos como prueba del avance en seguridad.

Al conmemorar el sexto aniversario de la Guardia Nacional (GN), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este lunes que el fortalecimiento de esta institución contribuyó a la reducción del 25 por ciento en homicidios dolosos, como parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En su discurso, la titular del Ejecutivo subrayó que la GN nació con la misión de proteger al pueblo de México con humanidad, legalidad, honestidad, integridad y valentía.
“La Guardia Nacional no sólo nació para enfrentar el crimen o intervenir en emergencias; nació para ser la expresión viva de un Estado que protege con humanidad, actúa con legalidad y sirve con integridad”, declaró la mandataria federal.

La Presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que esta nueva etapa de la corporación mantiene como eje central la protección del pueblo, y aclaró que, aunque forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional posee comandancia propia, oficiales propios y formación distinta al Ejército mexicano.
“Algunos piensan que la Guardia Nacional es parte del Ejército mexicano y no. Es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es diferente. Tiene su propia Comandancia, sus propios oficiales, su propia formación, su sentido propio, separado del Ejército”, puntualizó.
La mandataria federal recordó los cuatro pilares fundamentales en los que se basa la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación entre instituciones.


Actualmente, la Guardia Nacional cuenta con 130 mil elementos, distribuidos en ocho regiones del país y 32 coordinaciones estatales, y es, afirmó la Presidenta, "una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía".

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Taddei entregó a Beltrones y Madrazo oficina poderosa que antes conspiró contra AMLO

Por: Draco Dracul on lunes, junio 30, 2025 / Comentarios: 0 ,

Un priista de larga trayectoria fue el responsable de sancionar a periodistas en el pasado proceso electoral judicial. Se trata de Hugo Patlán Matehuala, encargado del despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, un personaje ligado al sonorense Manlio Fabio Beltrones y a Roberto Madrazo.

La Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, encomendó a un priista que ha sido operador electoral y jurídico de Manlio Fabio Beltrones y Roberto Madrazo Pintado, Hugo Patlán Matehuala, la tarea de integrar los expedientes para censurar y generar sanciones contra periodistas, medios de comunicación y hasta redes sociales.

El priista Patlán Matehuala, designado por Taddei Zavala como encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, tiene entre otras funciones sustanciar infracciones electorales de los partidos políticos, pero también tiene el poder de censurar el trabajo de los periodistas, medios de comunicación y redes sociales mediante la figura de medidas cautelares, con las que ordena suprimir publicaciones, a menudo sin notificar a las personas e instituciones afectadas.

Patlán Matehuala, quien tiene una carrera de al menos un cuarto de siglo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó al cargo en octubre de 2023, cuando Taddei lo designó como sustituto de Manuel Alberto Cruz Martínez, suspendido después de que distorsionó frases textuales del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por las cuales le impuso medidas cautelares por supuesta violencia política en razón de género contra la presidenciable Xóchitl Gálvez.

Desde entonces, este operador electoral y abogado priista, quien fue funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto y en los primeros meses del gobierno de López Obrador, ha emitido medidas cautelares para eliminar publicaciones de periodistas, con el pretexto de que incurren en violencia política en razón de género.

A Taddei y a Beltrones, jefe de Patlán, los une el paisanaje. Ambos son de Sonora, donde el primero fue Gobernador y ahora Senador, y ella presidió el órgano electoral del estado.

La trayectoria de Patlán Matehuala no es ajena a los procesos electorales. En 2000, representó legalmente al PRI ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Dos años después, se desempeñó como Secretario técnico de la Comisión para el Desarrollo del Proceso Interno (CDPI) y subsecretario de Elecciones del CEN del PRI, en un proceso en el que resultó ganador el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, como dirigente nacional, y Elba Esther Gordillo Morales, como secretaria ejecutiva.

En junio de 2005, formó parte del grupo de trabajo para la fiscalización de la rendición de cuentas y la transparencia de las precampañas presidenciales del Revolucionario Institucional, justo cuando nació la corriente Unidad Democrática (UD), que también fue conocida como Todos unidos contra Madrazo (Tucom).

En ese entonces, la prensa destacó cómo este grupo fiscalizador integrado por Patlán Matehuala así como por Mariano Palacios Alcocer, Héctor Hugo Olivares, César Augusto Santiago, Raúl Cervantes, Morelos Canseco, Carlos Flores Rico, José Luis Stein, Carlos Armando Biebrich y Rafael Ortiz, en realidad obedecía a los intereses de la dirigencia de Madrazo.

De hecho, medio año después, en enero de 2006, Hugo Patlán Matehuala formó parte de la llamada “Nomenklatura” de Roberto Madrazo al igual que lo hicieron Mariano Palacios Alcocer, Héctor Hugo Olivares y César Augusto Santiago, que también habían integrado el grupo fiscalizador del proceso presidencial del PRI. Esa “Nomenklatura” también la conformó Manlio Fabio Beltrones, uno de los principales operadores de Madrazo y jefe político de Hugo Patlán.

A Patlán Matehuala se le comisionó en ese proceso como uno de los enlaces Regionales de Giras de la campaña en la que Madrazo quedaría en un tercer lugar con un 22.26 por ciento del total de los votos, detrás de Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, quien se impuso en una elección que a la fecha es considerada fraudulenta.

Durante el Gobierno de Calderón, Hugo Patlán Matehuala fue asesor de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, que corrió de 2009-2012, cuando el coordinador era Manlio Fabio Beltrones. Posteriormente en 2013, ya con el regreso del PRI al poder de mano de Enrique Peña Nieto, Patlán Matehuala fue coordinador de asesores del subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero, uno de los principales operadores políticos de Beltrones, quien en 2011 respaldó las aspiraciones presidenciales del sonorense.

De la Secretaría de Gobernación, encabezada en esos años por Miguel Ángel Osorio Chong, Patlán Matehuala pasaría a desempeñarse como director general adjunto de la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes —de junio de 2013 a enero de 2015— que administró el hoy fallecido Gerardo Ruiz Esparza, uno de los colaboradores más cercanos de Peña Nieto y en cuya gestión frente a esta dependencia tuvieron lugar dos de las principales tramas de corrupción que involucraron a OHL y a Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, el empresario constructor de la Casa Blanca de Peña Nieto.

Posteriormente, regresaría por un breve periodo —de septiembre de 2015 a febrero de 2016— a la Subsecretaría de Enlace Legislativo encabezada por Felipe Solís Acero, para después regresar al Comité Ejecutivo Nacional del PRI entonces encabezado por Manlio Fabio Beltrones; lo haría como Subsecretario en la Secretaría de Acción Electoral, el órgano partidista encargado, entre otras cosas, de coordinar el proceso de registro de candidaturas y de los representantes ante la autoridad electoral, así como de planear y organizar el empadronamiento del partido.
La dirigencia de Beltrones generó expectativas dentro del priismo, lo cierto es que la pérdida de siete estados en las elecciones de 2016 propiciaron la dimisión de Manlio Fabio. “Los electores dieron un mensaje a políticas equivocadas y a políticos que incurrieron en excesos porque no tuvieron conductas transparentes. Ante la sanción de la sociedad es oportuno parafrasear a Luis Donaldo Colosio ‘Lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten’”, fue parte del mensaje de Beltrones el 21 de junio de 2016 cuando dejó la dirigencia.
Fue el 5 de junio de ese año cuando el PRI perdió siete de las 12 gubernaturas en juego, cuatro de ellas que no habían conocido otro gobierno que no fuera de este partido: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. Las otras tres entidades fueron Aguascalientes, Chihuahua y Puebla.

Ante el fracaso de la dirigencia de Beltrones en el PRI, Hugo Patlán Matehuala se sumó en 2016 como Gerente Senior de lo contencioso y consultivo fiscal de la Coordinación General de Recaudación fiscal del Infonavit, entonces presidido por David Penchyna, a quien su antecesor, el exgobernador Alejandro Murat, expriista afiliado a Morena, ha acusado de realizar pagos indebidos a una empresa la cual no entregó el servicio contratado y sin embargo fue indemnizada por cinco mil millones de pesos.

Patlán se mantuvo en su puesto hasta abril de 2019, es decir ya en la gestión de Carlos Martínez Velázquez, quien durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador denunció los esquemas de corrupción que imperaron en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ese mismo mes de su salida se incorporó como coordinador de operación y evaluación estratégica del IMSS, ya entonces encabezado por Zoé Robledo, cuyo padre el exgobernador priista Eduardo Robledo es cercano a Manlio Fabio Beltrones y a Roberto Madrazo Pintado desde el sexenio de Carlos Salinas.

Hugo Patlán Matehuala dejó en julio de 2019 el IMSS para sumarse al Instituto Nacional Electoral de la sonorense Guadalupe Taddei, de quien fue su asesor para luego ser nombrado encargado de despacho de la Dirección Jurídica en junio de 2023, luego de que los consejeros no llegaron a un acuerdo para nombrar a un titular. Meses después, ya en octubre, ocuparía la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE desde donde se han emitido sanciones a periodistas en el pasado proceso electoral.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: OBED ROSAS.

PAN denuncia a Vector y Alfonso Romo ante la FGR

Por: Draco Dracul on lunes, junio 30, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Vector presuntamente facilitó pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento en contra de Vector Casa de Bolsa y de su titular, Alfonso Romo.

El escrito presentado este miércoles acusa a la empresa de presuntamente haber desempeñado colectivamente un papel prolongado y esencial en el lavado de millones de dólares a favor de cárteles de la droga.

La denuncia hace eco del señalamiento de lavado de dinero que hizo la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El PAN denunció que Vector presuntamente facilitó pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo, así como realizar transacciones irregulares con altos funcionarios del gobierno mexicano.

Denuncia contra Alfonso Romo

La denuncia incluye un apartado titulado “Alfonso Carlos Romo Garza y sus vínculos”, en el que señala que el empresario de Nuevo León es “presunto amigo cercano” de Carlos Aspe, principal representante del proyecto económico puesto en marcha durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el cual se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público.

Apunta que es cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el que fue jefe de Oficina de la Presidencia de la República.


Señalamientos de la denuncia:

La FinCen acusó a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., de presuntamente permitir que empresas mexicanas realizaran pagos por 1 millón de dólares a compañías chinas que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos. La FinCen también concluye que Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., ha sido determinante al procesar transferencias a empresas chinas identificadas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos. Desde al menos 2019, más de 20 compañías con sede en china, incluidas las 3 que se destacan a continuación, se presume que remitieron precursores a México para actividades ilícitas.

FINCEN ha identificado además varias transacciones que involucran a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y a afiliados del Cártel De Sinaloa. Por ejemplo, de acuerdo con FINCEN, los registros indican que entre 2013 y 2016 una presunta “mula de dinero” del citado cártel transfirió más de 1.5 millones de dólares estadounidenses a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Posteriormente, de 2019 a 2021, la misma persona realizó transferencias adicionales por más de $500,000 dólares a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., a través de una empresa radicada en Estados Unidos. Asimismo, FINCEN concluye que Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., participó activamente durante varios años en operaciones que implicaron recursos derivados de presuntos sobornos pagados por el Cártel De Sinaloa a altos funcionarios del gobierno mexicano.

Esto deja en evidencia el patrón continuado y sistemático de operaciones financieras que posiblemente facilitan el “lavado” de activos, y el financiamiento directo y/o indirecto de actividades criminales y designadas como terroristas por el gobierno estadounidense. Se ha documentado la intervención de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., bajo la dirección de su titular ALFONSO CARLOS ROMO GARZA, en transferencias millonarias a favor de empresas posiblemente fachada vinculadas con el Cartel de Sinaloa y otros, así como pagos a proveedores chinos de precursores químicos para la producción de fentanilo, salvo error de apreciación. Asimismo, se ha documentado que la Unidad de inteligencia Financiera conocía, al menos en parte, de este esquema desde 2024, sin que a la fecha exista imputación en contra de alguno de los sujetos activos o alguna medida cautelar o aseguramiento a fin de congelar los recursos involucrados.
 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alegres del Barranco libran proceso legal en Jalisco; deberán entregar donativo y dar pláticas

Por: Draco Dracul on lunes, junio 30, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco confirmó, el 30 de junio de 2025, fue suspendido el proceso legal por el delito de apología del delito contra el grupo sinaloense Los Alegres del Barranco y su promotor, como parte de un suspensión condicional otorgada por el Poder Judicial estatal, por lo cual los músicos tendrían que dar pláticas a jóvenes y realizar un donativo económico a una causa social.

La suspensión a favor de los integrantes de Los Alegres del Barranco y su promotor, duraría seis mujeres, a partir del 30 de junio de 2025, por lo cual los imputados debería cumplir con: mantener residencia en el Área Metropolitana de Guadalajara; otorgar servicio en favor de la comunidad, con dos pláticas por parte de los imputados a un Centro de Reclusión para adolescentes en el AMG y otro más en Ciudad Guzmán, para fomentar Prevención del Delito en jóvenes.

Además de comparecer periódicamente ante la Unidad Estatal, de Medidas Cautelares y Juzgado, con motivo de la suspensión condicional del proceso. Además se les fijó un plan de reparación integral del daño, en el cual la agrupación y señalados se comprometieron a realizar, con la reproducción y difusión de una canción, cuya letra contendría mensajes para fomentar y aconsejar a jóvenes sobre dedicarse a una vida libre de conductas delictivas. Además de la exhibición de un donativo por la cantidad de 50 mil pesos, por cada uno de los imputados, para una causa social.

El 15 de junio de 2025, el grupo -cuyos integrantes y su promotor había sido vinculados a proceso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de apología del delito, y estaban sujetos a medidas cautelares tales como la exhibición de una garantía económica de 300 mil pesos, así como la prohibición de salir de la entidad- estrenó una canción, titulada ‘El Consejo’, con un mensaje positivo para alertar a los jóvenes respecto a las mentiras de la vida criminal.

“Al mostrar disposición al emitir un mensaje positivo con una canción, se abre la posibilidad a la eventual suspensión al proceso que se sigue contra cuatro integrantes de un grupo musical, su representante y un promotor por presunta apología de la violencia”, señaló, el mismo día, la Fiscalía General del Estado (FGE), en un comunicado.

“De proceder dicha suspensión [la cual estaba prevista en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero debería ser propuesta por alguna de las partes y tiene que autorizarla el juez], les podría ser cancelada la garantía económica que depositaron ante el juzgado, y sería factible que también queden en pausa las medidas cautelares”, agregó la institución de procuración de justicia.

“Si Los Alegres del Barranco hacen eso [colaboraban con un mensaje positivo dirigido a la juventud], el Gobierno de Jalisco y la propia Fiscalía, de verdad se los va a apreciar mucho, pero sobre todo la ciudadanía de Jalisco”, dijo, el 9 de junio de 2025, Jesús Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco desde el 6 de diciembre de 2024 y militante de Movimiento Ciudadano (MC).

Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, con sede en Morelia, otorgó, el 9 de mayo de 2024, un amparo a los integrantes de la banda sinaloense Los Alegres del Barranco, para poder cantar narcocorridos en Michoacán, luego de que el gobernador de dicha entidad, Alfredo Ramírez Bedolla -militante de Morena-, emitió un decreto, el 17 de abril del mismo año, que impedía interpretar canciones que hicieran apología del delito.

A través del juicio de amparo 518/2025, promovido por el representante de la banda sinaloense, Santamaría Chamú consideró que la prohibición de cantar narcocorridos, afectaba la libertad de expresión.

El recurso legal, interpuesto el 30 de abril de 2025, sostenía que la autoridad “no valoró todas las opciones posibles antes de emitir el decreto”, aun cuando la finalidad que se pretendía era “evitar la incitación a la violencia criminal y la comisión de delitos”.

Por lo anterior, el juez federal concedió la suspensión provisional al decreto por el que se prohibía la interpretación y/o reproducción de música en eventos públicos, que promoviera cualquier tipo de apología del delito y, con ello, no se aplicaran operativos.

Según la agenda difundida por la banda sinaloense, Los Alegres del Barranco realizarían presentación, el 30 de mayo de 2025, en la comunidad de Tziritzicuaro, también conocida como Nativitas, en el municipio michoacano de Maravatío.

Los integrantes de la banda sinaloense ‘Los Alegres del Barranco’, así como su representante y un promotor, fueron imputados por el Juzgado 16 de Puente Grande -en materia penal-, el 6 de mayo de 2025, por apología del delito, según lo informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Los músicos sinaloenses dieron dos conciertos, los días 29 y 30 de marzo del mismo año, uno en el auditorio de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y otro en la Plaza de Toros La Macarena, en Uruapan, Michoacán, respectivamente, en el cual se proyectaron imágenes y se cantaron loas para Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y/o “El Gallero” y/o “El Señor de los Gallos”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Quienes integran una agrupación musical que durante un concierto en Zapopan mostró imágenes alusivas a un personaje del crimen organizado han sido imputados hoy ante un juzgado penal por presunta apología del delito. De igual manera, se imputó al representante de la empresa que administra al conjunto, así como al promotor de sus conciertos”, señaló la Fiscalía jalisciense, en un comunicado.

“Con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía del Estado, esta Representación Social solicitó la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada de los músicos y empresarios. A petición de su defensa, el término constitucional para resolver su situación se amplió a 144 horas; por lo tanto, la audiencia en que se determinará si son o no vinculados a proceso se fijó para el lunes 12 de mayo a las 8:00 horas, aunque ellos deberán presentarse 60 minutos antes”, detalló la institución de procuración de justicia.

“Empero, una vez terminado el debate, el juez determinó como medidas cautelares que durante este lapso los imputados no podrán salir del Estado, y además tendrán que exhibir en conjunto una garantía por 1 millón 800 mil pesos -300 mil por cada uno de ellos-. Al comparecer esta mañana ante la autoridad jurisdiccional, las personas señaladas se abstuvieron de declarar, así como lo hicieron al comparecer ante el Ministerio Público”, detalló la Fiscalía jalisciense.

“Tanto los integrantes del grupo musical como su representante y el promotor deberán presentarse nuevamente ante el Ministerio Público en las instalaciones de la Fiscalía del Estado este próximo jueves, a partir de las 9:30 horas, ahora en seguimiento a la investigación abierta tras su concierto en Villa Purificación. La Fiscalía del Estado exhorta a la sociedad jalisciense a no normalizar la violencia y ratifica su compromiso con la legalidad, trabajando por un Estado más justo y seguro”, finalizó la institución de procuración de justicia.

El lunes 5 de mayo de 2025, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer que abrió dos nuevas carpetas de investigación en contra de los integrantes de ‘Los Alegres del Barranco’, por volver a cantar corridos alusivos a líderes criminales.

“La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social abrió de manera oficiosa dos carpetas de investigación a un grupo musical por presunta apología del delito, tras recientes presentaciones en sendos Municipios del Estado de Jalisco”, señaló la institución de procuración de justicia, en otro comunicado.

“De acuerdo con las investigaciones, el sábado 3 de mayo dicha agrupación se presentó en la Monumental Plaza de Toros de Cihuatlán. Al parecer, habrían proyectado la letra de un corrido que hace alusión a un personaje del crimen organizado. De igual manera se presentaron en el Lienzo Charro Mario Orendain ayer, domingo 4 de mayo, en el Municipio de Tequila, donde habrían incurrido en hechos similares, que se presumen como apología del delito”, abundó la Fiscalía jalisciense.

“Cabe hacer mención que los integrantes de la agrupación musical también están citados a comparecer este martes 6 de mayo a las 9:30 horas ante el Juzgado 16 de Puente Grande por los hechos registrados en un concierto en Zapopan el 29 de marzo, es decir, una carpeta distinta, ya judicializada”, recordó la institución de procuración de justicia.

La madrugada del domingo 4 de mayo de 2025, en la plaza de toros de Cihuatlán, el conjunto sinaloense hizo el acompañamiento musical mientras los asistentes coreaban las letras proyectadas en pantalla. Hubo alusiones a las dos organizaciones delictivas, entre ellas el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

“Y si pierdes a un hijo, nunca lo has de olvidar. Hay que brindar por los que están ausentes. También por mi gente que ahora está presente. Mi compadre Mayo, estamos bien pendientes; Alfredo e Iván, que también son Guzmán”, señalaba la canción “El 701” -dedicada al capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”-, de la cual aparecieron las estrofas en pantalla, según videos que circularon en las diversas redes sociales.

Asimismo, aunque ‘Los Alegres del Barranco’ eludieron exhibir imágenes de “El Mencho”, el tema “El del palenque” fue cantada por el público. “Soy el dueño del palenque. Cuatro letras van al frente. Soy del mero Michoacán, donde es la Tierra Caliente”, señaló la letra. Lo mismo habría sucedido en el Lienzo Charro Mario Orendain, de Tequila.

Ante ello, el 6 de mayo de 2025, Jesús Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco desde el 6 de diciembre de 2024 y militante de Movimiento Ciudadano (MC), exhortó a Diego Rivera Navarro y Apolonio de Jesús Pelayo Flores, alcaldes de Tequila y Cihuatlán, respectivamente, que declararan ante la Fiscalía estatal y lamentó el hecho de que “les hayan visto la cara”.

“No es estar jugando a que medio cumplo, medio le hago caso. Es eso es un abuso. Yo no sé si los presidentes municipales se dejen que este grupo pues quiera verles la cara. Este narcokaraoke que armaron durante el fin de semana, lo único que hace es apología del delito”, dijo Lemus Navarro.

“Por lo tanto, le he recomendado al Fiscal [Luis Joaquín Méndez Ruiz], primero, la audiencia con Los Alegres del Barranco es en unos minutos más, aquí en la Fiscalía del Estado. Pido también al Fiscal que llame a declarar a los alcaldes que permitieron esto”, solicitó el gobernador, quien también recordó que Rivera Navarro y Pelayo Flores habían acordado firmar con los promotores musicales, un compromiso de no tocar narcocorridos, ni exhibir imágenes que hicieran apología del delito.

“Porque lo que les habíamos exigido, y ellos lo habían firmado con los productores de Los Alegres del Barranco, es que se responsabilizan a no hacer apología del delito en estos conciertos. Lo que hicieron, tocando la música y después poniendo la letra para que la gente lo interpretara, es una simulación. Y los alcaldes deben de responder porque se ha firmado un compromiso. Las presidencias municipales son las que emiten las licencias para la celebración de estos espectáculos”, subrayó Lemus Navarro.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Diputados aprueban que SHCP solcite información financiera y patrimonial, sin orden judicial

Por: Draco Dracul on lunes, junio 30, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, el 30 de junio de 2025, el dictamen por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reformó el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Dicha reforma facultaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para solicitar directamente y sin orden judicial información financiera y patrimonial de las personas, a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y empresas públicas estatales.

Las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal estableció que serían consideradas actividades vulnerables en materia de lavado de dinero cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de una tarjeta de servicios o de crédito fuera igual o superior a 91 mil pesos.

Asimismo, tendrían la misma clasificación la comercialización o el abono de recursos en tarjetas prepagadas cuando el monto fuera igual o superior a 72 mil 975 pesos por operación y cuando la emisión, comercialización o abono a instrumentos de almacenamiento de valor monetario iguale o superara los 72 mil 975 pesos por operación.

En la votación en lo general, se emitieron 297 votos a favor, 37 sufragios en contra y 87 abstenciones, mientras que en lo particular fueron 349 votos a favor, 38 sufragios en contra y 91 abstenciones. El dictamen pasó al Poder Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.

Los votos en favor fueron emitidos por los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), mientras que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PR) votó en contra y los diputados federales de Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC), emitieron se abstuvieron.

La minuta, que fue considerada en votación económica como de urgente resolución para someterla a discusión y votación de inmediato en el Pleno de San Lázaro, destacó que el objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita era recabar elementos útiles para investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Incluyó las definiciones de Beneficiario Controlador, Cliente o Usuario, Persona Políticamente Expuesta, Representante Encargado de Cumplimiento y Riesgo. Amplió la denominación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía.

Se entendía como Beneficiario Controlador a quien tuviera el control de una persona moral en términos del inciso b) anterior, aunque dicha persona moral no fuera cliente o usuaria de alguien que realizara Actividades Vulnerables o se llevaran a cabo actos u operaciones con éstas a su nombre.

Cliente o Usuaria era cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebraran actos u operaciones con quienes realizaran Actividades Vulnerables. El desarrollo inmobiliario, al proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes, estaba destinado a su venta o renta.

Mientras que el Riesgo era la probabilidad de que las Actividades Vulnerables pudieran ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los Delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

La Persona Políticamente Expuesta era aquella persona física que desempeñaba o había desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas que cumplieran con las condiciones y características que la Secretaría estableciera en reglas o disposiciones de carácter general.

Señalaba la obligación de la SHCP de establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico que determinara el Reglamento de la Ley de quienes realizaran las Actividades Vulnerables previstos en el artículo 17 de esta Ley y de las Entidades Colegiadas, así como recibir y administrar la información de dichos trámites.

También, coordinaba sus funciones con las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional para los fines de esta Ley, en términos de las disposiciones aplicables y en el ejercicio de las atribuciones que estableciera el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, fijaba medidas específicas cuando, derivado del ejercicio de sus atribuciones, identificara que un país representaba un mayor riesgo en materia de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Dichas medidas debían ser proporcionales al riesgo identificado, establecidas en reglas de carácter general que emitiera la propia autoridad y serían de observancia obligatoria para quienes llevaran a cabo Actividades Vulnerables.

Además, promovía entre las entidades federativas la implementación coordinada de unidades especializadas en la recepción y análisis de información patrimonial, conforme a sus facultades, que contribuyeran a la prevención y detección de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Fungía como enlace entre el Gobierno Federal y los países, jurisdicciones u organismos internacionales o intergubernamentales, respecto a las materias que estuvieran relacionadas con el objeto de esta Ley y coordinaba la implementación de los acuerdos que se adoptaran.

Mencionaba que serían objeto de aviso ante la SHCP: cuando el monto de la operación que realizara cada cliente o usuario de quien realizara la Actividad Vulnerable a que se refería esta fracción fuera por una cantidad igual o superior al equivalente a doscientas diez veces el valor diario de la UMA; cuando las operaciones dieran lugar al cobro de una contraprestación por el servicio brindado, independientemente de su denominación, ésta fuera por una cantidad igual o superior al equivalente a cuatro veces el valor diario de la UMA.

Subrayaba que quienes realizaran las actividades vulnerables establecidas en esta fracción debían obtener, mantener y poner a disposición de las autoridades competentes la información precisa sobre las operaciones con activos virtuales del originante, del receptor y, en su caso, del Beneficiario Controlador, de conformidad con lo que dispusieran las reglas de carácter general.

Destacaba que la SHCP, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN) debían establecer programas de capacitación, actualización y especialización dirigidos al personal adscrito a sus respectivas áreas encargadas de la prevención, detección y combate de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los Delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Precisaba que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local, municipal y de las demarcaciones de la Ciudad de México, así como los organismos constitucionales autónomos y empresas públicas del Estado proporcionaban a la Secretaría la información, datos, imágenes y documentación a la que tuvieran acceso y que les fuera requerida en el ejercicio de sus atribuciones.

La información relativa a los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y de partido era requerida por la SHCP al Instituto Nacional Electoral u Organismo Público Local Electoral que correspondiera, teniendo la obligación de proporcionarla. Mientras que la información de los sindicatos y sus dirigentes podía ser requerida por la SHCP, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) u órgano equivalente a nivel local.

Respecto al Código Penal Federal, se especificaba que en caso de conductas en las que se utilizaran servicios de instituciones que integraran el sistema financiero, el Ministerio Público estaba en todo momento facultado para investigarlas y para el caso de ejercer la acción penal se requería la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tenía el carácter de víctima u ofendida.

En el régimen transitorio, exponía que durante los primeros seis meses contados a partir de la entrada en vigor de las reglas de carácter general de la Ley que se reformaba, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), implementaría un programa de capacitación y orientación dirigido a las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, para el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en las fracciones VII a XI del artículo 18 de la Ley que se reformaba.

Asimismo, las medidas simplificadas de cumplimiento de las obligaciones de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, de acuerdo con el nivel de riesgo que representaran, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, a efecto de armonizar la debida aplicación de la Ley con la protección del espacio cívico y el derecho a la libertad de asociación.

Además, los congresos de las entidades federativas, dentro de un término de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, realizarían las reformas conducentes para la aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 58 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El 25 de junio de 2025, con 74 votos en favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, PVEM y PT, en el Senado, aprobaron el dictamen relacionado con el combate al lavado de dinero, tan sólo horas después de que el Departamento del Tesoro estadounidense acusara a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos, de incurrir en ese delito.

La bancada del Partido Revolucionario Institucional votó en contra, con 13 sufragios, mientras que los grupos legislativos de los partidos Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, emitieron 19 abstenciones.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sector privado rechaza que Infonavit regularice ocupación ilegal de viviendas

Por: Draco Dracul on domingo, junio 29, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Diversos organismos empresariales rechazaron “categóricamente” que el Infonavit regularice la ocupación ilegal de viviendas, mediante arrendamientos con opción a compra a precios subsidiados de esos inmuebles.

“El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen”, señalaron la Coparmex, Concamín, COMCE, CNET, AMIB y Canaco CDMX.

Los organismos empresariales indicaron que el 86% de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios. “Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente”.

Consideraron como una “crisis de gestión” que el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32% si se consideran los créditos segregados. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados por la institución presenta incumplimientos de pago.

“En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto”, afirmaron.

La administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen pagos pendientes de su crédito, lo que representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país.

“Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes  -en especial la Asamblea del Infonavit- detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley”

El Instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas, ni escrituras a personas que no son derechohabientes, lo cual corresponde a la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi), agregaron

Fue el 16 de junio pasado cuando el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, planteó que las personas que están ocupando irregularmente una vivienda la puedan adquirir a un precio “muy económico, valor en libros”, con un esquema -si no son derechohabientes- de renta con opción de compra, “de manera que vayan pagando la renta y pagando la casa y a los cuatro o cinco años sean ya dueños de su vivienda”.

A los legítimos propietarios de esas viviendas ocupadas irregularmente se vería “cómo le reponemos la vivienda” con los más de 20 mil inmuebles abandonados, y reestructurando su crédito.

En México existen 843 viviendas “emproblemadas”. De las 168 mil ya censadas por la Secretaría del Bienestar, 23 mil están deshabitadas y/o vandalizadas. El resto, 145 mil, está en su mayoría habitadas por personas que está ocupándolas de manera irregular, aseguró el funcionario federal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

La insensibilidad de gobiernos incapaces

Por: Draco Dracul on sábado, junio 28, 2025 / Comentarios: 0 ,

El horror se vive y se ve en México todos los días y en cualquier rincón de este vasto país. No existe zona franca en la guerra de muerte y venganza que encabezan los cárteles de la droga a través de cientos de células que los integran, y que con sangre y plomo mantienen, pelean o disputan territorios para delinquir.

El terror que generan supera de sobremanera las estrategias de los distintos órdenes de gobierno, cuyos liderazgos políticos fallan en su encomienda de proveer seguridad para los gobernados. Trátese del Gobierno de la República, de la cabeza ejecutiva de cualquier entidad federativa o de los ediles en los miles de municipios, muchos de los cuales están tomados por las organizaciones criminales.

Un país cuyo último presidente carga con la escandalosa, grave y notoria cuenta de 200 mil asesinatos dolosos durante su administración, como lo fue el de Andrés Manuel López Obrador, merece más que condolencias o huecos compromisos oficiales de “investigar hasta las últimas consecuencias”, cuando se trata de masacres que incluyen familias, niños y niñas, a quienes se les arrebata la vida de la peor manera y en la sinrazón de la violencia que impera ante la impunidad y la corrupción que prevalecen en México.

La barbarie quedó evidenciada esta semana cuando en la celebración de la fiesta Patronal de San Juan, el 24 de junio, en Irapuato, Guanajuato, la felicidad de las familias, de menores de edad que gozaban del jolgorio, se vio interrumpida a balazos. El video que era tomado para captar un momento de relajamiento y felicidad mientras un menor de edad entraba al baile, lo que grabó fueron los minutos de dolor, de desesperación y muerte. Balazos a diestra y siniestra que, a la larga, dejaron 12 personas, un niño entre ellos, sin vida, y una veintena de heridos.

Se aprecia en las imágenes del momento y las posteriores, cómo los asistentes a la celebración no tienen armas, no tienen chalecos antibalas, nadie los protege con seguridad o escoltas. Se ven familias unidas por un momento, confiadas en la intimidad de su hogar para tener una fiesta en santa paz. Pero no, en México no es así. Lo que se aprecia son los gritos de ayuda que nadie responde, el clamor por alguna autoridad que no aparece, la desesperación por atención médica que no llega, el grito desolado de una población víctima de la inseguridad que los gobiernos no son capaces ni de combatir ni de contener.

La fiesta de la comunidad en honor a San Juan terminó en una masacre que, pasados los días, sigue en la impunidad, ignorada por las autoridades, desacreditados los hechos al tiempo que los heridos luchan por recuperarse y las familias lloran las ausencias que ese día dejó el ataque armado.

La Fiscalía del Estado de Guanajuato sólo atinó a informar de los hechos que estuvieron a la vista de todos en los videos que circularon en las redes sociales. Cuántos muertos, cuántos heridos, más de 60 casquillos localizados en la escena… como si esa notarial reacción fuese suficiente para calmar el dolor de las víctimas y los sobrevivientes, quienes pueden dar fe de la insensibilidad de los gobiernos, de la policía que tardó en llegar y no apoyó, de los servicios médicos que arribaron cuando la tragedia ya era fatal para muchos.

Pero ni una masacre como la de Irapuato sensibiliza a la Presidenta de la República para hacer un llamado a la Fiscalía General de la República y a su propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o a su querida Guardia Nacional, para perseguir a los asesinos de familias y dar seguridad a la sociedad.

Todo lo que refieren son frases hechas que revictimizan a quienes perdieron la vida, “se debió a un ajuste de cuentas” informan con suma soberbia en la fiscalía guanajuatense sin decir entre quiénes, qué debían los menores que fueron víctimas del “ajuste”, cuánto debían las familias para ser “ajustadas”. Quién los mató. Quién aprovechó su momento más vulnerable, mientras bailaban al son de la banda, para matarlos. No hay respuestas, hay estigmatización de las personas víctimas de la violencia.

“En realidad fue un enfrentamiento, pero lamentablemente fallecieron niños”, dijo la Presidenta en un dejo de insensibilidad, como si un “enfrentamiento” justificara la muerte y el ataque en Irapuato, y cuando claramente en los videos se ve cómo se trató de un ataque, pues quienes fueron sorprendidos en la fiesta no portaban armas ni seguridad, no respondieron a los balazos, cayeron muertos o heridos.

Entonces, al decir en el Gobierno del Estado, en la fiscalía estatal o desde la Presidencia de la República que se trató de un “ajuste de cuentas” o de un “enfrentamiento”, se justifica la violencia criminal con el estigma que le cargan a las víctimas. “Estaban metidos”, “algo debían”, “se enfrentaron”. Y lo peor, tales actitudes gubernamentales son el augurio de un caso más para la impunidad, en el cual no se identifican a los asesinos, pero sí victimizan a los muertos, a los heridos.

Los cárteles de la droga, sus células criminales, imponen su ley salvaje porque el Gobierno de la República, los de los Estados y Ayuntamientos, se lo permiten al no investigarlos, al justificar las masacres, las desapariciones y las ejecuciones que ellos encabezan, como producto de un círculo criminal en el que andan.

Es lamentable que con tanto aparato policiaco, de los tres órdenes, pero particularmente de la FGR, de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, las masacres sigan cobrando en México la vida de niños y niñas, de familias que festejan a su suerte por gobiernos insensibles e incapaces.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

“Mi honestidad no está a prueba”, asegura Abelina López ante investigación por supuesto manejo irregular de recursos en Acapulco

Por: Draco Dracul on sábado, junio 28, 2025 / Comentarios: 0 ,

La alcaldesa Abelina López insistió en que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no tiene competencia para revisar el caso e informó que continuará con el proceso en la Suprema Corte.

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, aseguró que su gobierno ha actuado con transparencia, pese a la investigación que enfrenta por no haber comprobado el uso de 898 millones de pesos de recursos federales destinados a obras públicas durante el ejercicio fiscal 2023. 

“Yo quiero dejar claro que no pretendo evadir la transparencia en la rendición de cuentas, son procesos que hay que continuar, pero reitero, mi honestidad no está a prueba, mi honestidad se ha demostrado a lo largo y ancho de mis 40 años al servicio”, dijo este sábado en entrevista con medios de comunicación. 

En días pasados se dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) presentó una denuncia penal en contra de la alcaldesa por negarse a rendir cuentas sobre los recursos mencionados. 

De acuerdo con la auditoría, dichos recursos fueron ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco en 2023 y corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FISM), el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y a participaciones de los ramos 33 y 38.

Sin embargo, hasta ahora López ha obtenido resoluciones judiciales favorables que le han permitido evadir posibles sanciones en su contra. 

El pasado 5 de junio, interpuso un amparo que le fue concedido por un juzgado octavo de distrito para que las autoridades ministeriales y judiciales se abstuvieran de ejercer la acción penal en su contra sin previo desafuero o juicio de procedencia.

Mientras que el jueves 26 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió las suspensiones promovidas por el municipio de Acapulco para evitar que fuera removida del cargo y para frenar la investigación en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de recursos.

Abelina López continuará con proceso en Suprema Corte

Al respecto, López reiteró que la Auditoría Superior del Estado no tiene competencia para examinar el uso de recursos federales, sino que esta tarea es responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

“Todo lo que aquí se metió, amparos y todo, nos tuvimos que ir a la Suprema Corte de Justicia y ahí dan entrada a nuestra controversia constitucional donde pusimos sobre la mesa el tema de la competencia y lo refuerzo con lo que dice la Auditoría Superior de la Federación: no tiene competencia del estado”, dijo este sábado. 

La alcaldesa informó que continuará con el proceso en la Suprema Corte y aseguró que las suspensiones le fueron otorgadas porque sus demandas tenían fundamento.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senado aprueba creación de Comisión Nacional Antimonopolio y sustituye a Cofece

Por: Draco Dracul on sábado, junio 28, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El Senado aprueba la creación de un órgano antimonopolio con más facultades pero sectorizado a la Secretaría de Economía y al Poder Ejecutivo.

El Senado aprobó la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), un organismo público descentralizado, que estará sectorizado a la Secretaría de Economía, en sustitución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), uno de los órganos autónomos eliminados por iniciativa del gobierno federal en diciembre pasado.

Pese a que en el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica se establece que la nueva Comisión tendrá “independencia técnica y operativa en sus decisiones”, las principales advertencias de legisladores de la oposición fueron precisamente en ese sentido, debido a que sus integrantes serán nombrados por la propia presidenta Claudia Sheinbaum y que será un órgano sectorizado de la Economía.

Una de las modificaciones respecto a la Cofece es que el nuevo órgano estará integrado por cinco comisionados y no siete, nombrados ahora por la Presidencia de la República y ratificados por el Senado. Los funcionarios serán nombrados de manera escalonada por la mandataria y permanecerán en el cargo siete años.

La iniciativa, presentada por el senador Emmanuel Reyes señala que la nueva CNA conservará su propia personalidad jurídica y su patrimonio.

Fueron 103 votos: 68 de la coalición conformada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y 35 de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Nuevas atribuciones

La Comisión Nacional Antimonopolio tendrá mayores alcances en su labor, con la facultad de realizar diligencias de inspección o recolectar datos a través de cualquier herramienta para sus funciones.

Entre los cambios destaca el incremento en las multas, de hasta 200 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por obstruir verificaciones de la autoridad.

La ley incorpora la facultad al nuevo órgano de inhabilitar de forma temporal a empresas en procesos de contratación pública por un periodo de seis meses hasta cinco años por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, al margen de las responsabilidades administrativa, civil o penal en que se incurra.

El documento también propone que empresas inmiscuidas en prácticas monopólicas podrán obtener una reducción de las multas si colaboran en las investigaciones.

La reforma facilita que los consumidores presenten “acciones colectivas” desde que la resolución administrativa de la Comisión quede firme,  sin necesidad de esperar a que se agote un juicio en tribunales.

Entre las nuevas facultades que tendrá la CNA están la de establecer, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, mecanismos de cooperación y coordinación con autoridades de competencia económica en el extranjero en materia de investigaciones e intercambiar todo tipo de información.

En el terreno de las telecomunicaciones, la nueva Comisión podrá imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación en un mismo mercado o zona geográfica.

Además, tendrá la facultad de declarar la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en los mercados de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en esos sectores y emitir opinión respecto del impacto en materia de competencia económica de las medidas específicas impuestas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. 

La senadora Blanca Judith Díaz, de Morena, defendió el proyecto al señalar que busca romper con una visión elitista y tecnocrática de la competencia económica. 

“México requiere una política de competencia económica que no sólo atienda criterios formales sino que sea sensible a las realidades del país, capaz de reconocer que no existe una competencia auténtica cuando persisten asimetrías estructurales, concentraciones excesivas o condiciones históricas de desventaja para actores productivos, especialmente en regiones marginadas o sectores estratégicos”, dijo. 

El órgano tendría facultades ampliadas para combatir prácticas monopólicas en todos los sectores económicos del país.

Oposición acusa “retroceso”

Senadores de oposición calificaron como un retroceso preocupante la reforma, al señalar que centraliza funciones clave y debilita a los órganos autónomos.

El legislador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la reforma afecta la transparencia y la competitividad del país.

“Representa en realidad un grave retroceso para la autonomía, para la transparencia y la eficacia en el combate a las prácticas monopólicas en México. Desde Movimiento Ciudadano enfatizamos claramente nuestra posición, estamos en contra de esta reforma porque creemos firmemente que debilita nuestras instituciones, perjudica a los ciudadanos que representamos y deteriora la competitividad y productividad económica del país”, dijo.

El senador Miguel Ángel Riquelme, del PRI, calificó la reforma como un retroceso con el pretexto de implementar la simplificación administrativa. 

“La propuesta de centralizar estas funciones y crear una Comisión Nacional Antimonopolio subordinada al Ejecutivo representa un riesgo para la democracia económica, diluye su capacidad técnica, abre la puerta a presiones de intereses y reduce su incidencia independiente en las regulaciones y las leyes”, dijo.

En tanto, el panista Marko Cortés acusó a la coalición mayoritaria de concentrar el poder la Presidencia: “Le quitan atribuciones exclusivas al Poder Legislativo y le están dando más poder a la titular del Ejecutivo Federal, quitan los órganos autónomos con autonomía de gestión y crean brazos operadores dependientes del Ejecutivo Federal”

Algo que enfatizó el senador Emmanuel Reyes es la ampliación de los mecanismos de colaboración con autoridades extranjeras, en cumplimiento de acuerdos como el T-MEC, lo cual facilitará investigaciones transnacionales sobre concentración o colusión empresarial.

También se extiende de uno a tres años el periodo para investigar concentraciones entre empresas y se promueve la transparencia, al establecer la publicación obligatoria de versiones estenográficas de las sesiones del pleno de la Comisión.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación. Por lo pronto, la Cofece continuaría en funciones de manera transitoria en tanto se conforma el pleno del nuevo organismo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Tres reos muertos tras nueva riña en el penal de Sinaloa, la segunda en 24 horas

Por: Draco Dracul on sábado, junio 28, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Autoridades estatales confirmaron una segunda riña en el penal de Aguaruto, con saldo de tres reos muertos; fuerzas federales refuerzan la seguridad perimetral.

El Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, fue escenario de una riña, por segundo día consecutivo, entre personas privadas de la libertad que dejó tres reos muertos, según la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades estatales, el nuevo conflicto se habría originado el viernes en el módulo 17. También identificaron a los fallecidos como Marco “N”, Iván “N” y Eduardo “N”.

Aunque versiones extraoficiales apuntaron que sus cuerpos fueron encontrados colgados, las autoridades insisten en que se trató de un enfrentamiento entre internos.

La situación fue contenida por custodios penitenciarios con apoyo de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional (GN) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La zona permanece asegurada.

El incidente ocurre apenas un día después de otra riña que dejó un muerto y tres heridos por arma de fuego. Tras ese primer evento, se incautaron nueve pistolas y 21 cargadores en una inspección a los módulos 11, 15 y 21 del penal.

Apenas en mayo pasado, otro enfrentamiento provocó el hallazgo de un túnel, armas largas y una antena satelital, lo que evidencia la creciente crisis en el sistema penitenciario de Sinaloa.

Desde entonces, las autoridades estatales han realizado cambios en la dirección del penal y mantienen operativos constantes.

El Gobernador Rubén Rocha Moya ha reconocido que estos hechos podrían estar vinculados con una pugna interna entre grupos del Cártel de Sinaloa: "Los Chapitos" y "Los Mayos".

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

C5: Hackeo de cámaras de CDMX para rastrear informantes del FBI fue con 'Peña y Mancera'

Por: Draco Dracul on sábado, junio 28, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El C5 señaló que análisis de vulnerabilidades periódicos para evaluar, detectar y mitigar riesgos y que a la fecha, no existen registros públicos o institucionales conocidos o detectados de intrusiones exitosas al sistema núcleo.

El Centro de Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México respondió a los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el uso de cámaras de vigilancia de la capital del país para rastrear a informantes del FBI por parte del Cártel de Sinaloa en 2018.

La dependencia señaló que los hechos ocurrieron en 2018, en la etapa final del gobierno Enrique Peña Nieto a nivel federal y de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, en una época en que se negaba la existencia del crimen organizado; se ha demostrado que hubo maquillaje sistemático de cifras de incidencia delictiva y el homicidio doloso llegó a sus más altos niveles.

Añadió que el C5 de la CDMX emprendió desde la administración local de Claudia Sheinbaum su fortalecimiento en materia tecnológica y su extensión hasta cuadruplicar el número de cámaras de la previa gestión.

Dijo que actualmente, opera bajo un esquema de seguridad integral que incluye redes segmentadas y aisladas que evitan el tránsito libre de datos entre sistemas.

Detalló que cuenta con:

Control estricto de accesos con credenciales jerárquicas, autenticación multifactor y trazabilidad de cada sesión.

Cifrado de datos en tránsito y reposo, tanto en nodos de red como en centros de datos.

Monitoreo permanente de actividades y eventos con capacidad de respuesta ante anomalías.

Sistema cerrado multi capas para mitigar el riesgo de intrusiones de ciberdelincuentes que eventualmente buscan aprovechar las vulnerabilidades de otros sistemas informáticos, como ha ocurrido con el propio FBI en 2012, 2020, 2021 y 2022.

El C5 afirmó que desde el primer día del actual Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia Digital de Innovación Publica se planteó por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, como objetivo fortalecer la ciberseguridad y la seguridad de las instituciones de la capital mediante una estrategia integral que contempla la protección en todas las capas tecnológicas y está basada en un enfoque de gestión de riesgos, bajo los principios de autonomía y soberanía tecnológica.

“El C5 realiza análisis de vulnerabilidades periódicos para evaluar, detectar y mitigar riesgos.

“A la fecha, no existen registros públicos o institucionales conocidos o detectados de intrusiones exitosas al sistema núcleo del C5 CDMX, que opera con un sistema robusto y en coordinación con el Gabinete de Seguridad, en el cual actúan instituciones locales y federales”, detalló el Coordinador General, Salvador Guerrero Chiprés.

Añadió que “en el mismo reporte del FBI no se precisa que sean cámaras públicas o privadas las que supuestamente habrían sido utilizadas por delincuentes”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aprueban comisiones del Senado Ley de Investigación e Inteligencia

Por: Draco Dracul on sábado, junio 28, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

La plataforma, a cargo del CNI, estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y de particulares.

La tarde de este sábado las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el polémico dictamen de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, o como se le ha llamado por sus críticos: la Ley Espía.

Ahora, ambos serán turnados a la Mesa Directiva del Senado de la República, donde serán debatidos como parte del Periodo Extraordinario de Sesiones, en el cuál se revisará la aprobación de al menos dos docenas de iniciativas, muchas de ellas enviadas desde el Ejecutivo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se anticipa que la votación en el Pleno tome lugar el próximo lunes 30 de junio.

La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública pasó con 16 votos en pro y ocho en contra,de manera conjunta entre ambas comisiones (6 votos a favor y 2 en contra de la Comisión de Seguridad Pública, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath; a favor y dos en contra, de la Comisión de Estudios Legislativos, presidida por el senador Enrique Inzunza Cázarez).

En tanto, el decreto referente a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue aprobado con 18 votos a favor y cuatro en contra (7 votos a favor y 4 en contra de la Comisión de Seguridad Pública, y 9 a favor y 4 en contra de la Comisión de Estudios Legislativos).

Durante la sesión, que tuvo una duración de más de dos horas, se aprobó la Ley que, entre otros propósitos, busca establecer un nuevo modelo de seguridad con mayor énfasis en la prevención de delitos e inteligencia estratégica.

Al referirse a los temas, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath destacó la inclusión como un eje rector de la seguridad en el país. Por otro lado, recordó que el sistema penal mexicano desde sus orígenes no usaba la inteligencia, pero hoy “estamos en un mundo globalizado y tecnológico”.
Estamos inmersos en factores de geopolítica, por eso debemos entender los avances que podamos incluir para atender los temas que más demanda el pueblo de México: paz y seguridad.
Añadió que la segunda minuta responde a los desafíos contemporáneos del crimen organizado, la violencia sistemática y amenazas, y el fin es establecer un sistema de inteligencia bajo principios de legalidad, derechos humanos y coordinación interinstitucional.

Investigación e Inteligencia

La ley, producto de iniciativa presidencial, establece las reglas de funcionamiento del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, autoridades y los entes que lo integran, en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos.

La legislación subordina las acciones de investigación e inteligencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y permite a las instituciones de seguridad la interconexión, el acceso, la consulta e integración de la información contenida en las bases de datos y registros públicos y particulares que componen la Plataforma Central de Inteligencia.

Esta plataforma, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y de particulares.

En ese sentido, incluye a los particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, bases de datos y registros administrativos como datos vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, de la propiedad y del comercio, de personas morales, catastros, fiscales, de armas de fuego aseguradas o decomisadas y de personas prestadoras de servicios de seguridad privada.

Además, comprende los padrones de personas detenidas y sentenciadas, de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, en materia marítima y “todos aquellos de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de los delitos”.

La obligación que establece la ley es que estos sistemas “deberán vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional, para su consulta de acuerdo con las formas y mecanismos previstos en esta Ley”.

Para el procesamiento y análisis de la información, se utilizarán sistemas y programas que reciban, transcriban, conviertan, organicen, clasifiquen e interrelacionen información y datos de todo tipo, incluidos programas de automatización y herramientas de inteligencia artificial, “a fin de generar las estrategias, acciones y los productos de inteligencia en seguridad pública que detonen y refuercen operativos y operaciones especiales”.

Establece que “los sistemas podrán ser mecánicos, tecnológicos e inteligentes” y la información será utilizada para generar productos de inteligencia y otros estudios que contribuyan a “identificar y combatir amenazas y afectaciones a la seguridad pública”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aprueban reforma da transparencia a contraloría interna de la Cámara de Diputados

Por: Draco Dracul on sábado, junio 28, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

La reforma aprobada fue enviada a la titular del Ejecutivo para que la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley que se reforma la Ley Orgánica del Congreso para brindar nuevas atribuciones a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, como autoridad garante en materia de transparencia y datos personales.

El Pleno de la Cámara Alta voto por 104 votos a favor la reforma que establece las facultades a la contraloría interna de la Cámara de Diputados, para resolver recursos de revisión, atender denuncias por incumplimiento, dictar medidas de apremio, coordinarse con otras autoridades y emitir criterios que fortalezcan la cultura y la transparencia institucional.

Además, incorpora formalmente a la Dirección de Registro y Evaluación dentro de la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de reconocer la práctica administrativa existente y reforzar sus atribuciones sin generar un costo presupuestal adicional. 

La reforma tiene la finalidad de adecuar los artículos 53 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al nuevo marco constitucional y legal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

La reforma aprobada fue enviada a la titular del Ejecutivo para que la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Ejecutan a policía municipal en Culiacán

Por: Draco Dracul on sábado, junio 28, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Con este atentado suman 28 agentes de corporaciones locales asesinados durante 2025.

Un agente de la Policía Municipal de Culiacán fue ejecutado por un grupo armado esta tarde de sábado en el fraccionamiento Los Ángeles, al norte oriente de la ciudad. Con este crimen suman 28 elementos de corporaciones asesinados durante 2025, según cifras de la organización civil Causa Común, colocando a Sinaloa como la entidad con mayor incidencia en estos crimines.

El ataque se dio en la entrada de este fraccionamiento sobre el bulevar California y la carretera a Imala, misma zona en donde en enero de este año un comando disparara contra un vehículo con civiles a bordo causando la muerte a los hermanos Gael y Alexander de 12 y 9 años junto a su padre Antonio de 40.

El agente fue identificado como Jesús Alejandro de 41 años y de acuerdo a medios locales estaba adscrito a la unidad de robo de vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán.

El policía circulaba a bordo de un vehículo tipo sedan marca Toyota cuando fue interceptado por un grupo armado. Tras el ataque el agente buscó huir a pie pero fue alcanzado por los gatilleros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.
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