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37 años y el asesino intelectual del “Gato”, sigue libre

El asesino intelectual de Héctor Félix, codirector de ZETA, ha gozado de 37 años de impunidad y es inaceptable

Desde el Hipódromo Caliente se ordenó el homicidio de Héctor Félix Miranda, de acuerdo a la investigación, la mañana de ese miércoles 20 de abril de 1988. Los autos, las armas y los matones, que resultaron ser el jefe de escoltas y dos de los guardias del ex reo, Jorge Hank Rhon, salieron del centro hípico, y regresaron a las mismas instalaciones, después de cometer el crimen.

A partir de entonces, el asesino intelectual ha gozado de 37 años de impunidad.

“El Gato”, como apodaban a Félix, era reportero, columnista y codirector fundador ZETA, este proyecto de periodismo libre de investigación, contestatario, de denuncia, y los empleados del Grupo Caliente lo mataron cuando tenía apenas 47 años.

El dueño del hipódromo cumplió 69 años el pasado mes de enero, todos vividos bajo el halo protector y la impunidad generada por la cuantiosa fortuna y las relaciones políticas generadas desde tiempos de su fallecido padre, el priista Carlos Hank González (1927-2001); le han permitido evadir cargos judiciales, cada vez que ha sido detenido e investigado por varios delitos, desde hace 34 años.

En 1991, en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México lo retuvieron por contrabandear perlas y artículos fabricados con partes de animales en peligro de extinción de Japón

El 10 de enero de 2009, por sospechas de conducta ilegal, le quitaron la visa para cruzar a Estados Unidos.

En junio 2011, fue aprehendido y liberado dos veces: la primera junto con 11 escoltas, por el acopio de 40 armas largas, 44 cortas (dos relacionadas con homicidios), y más de nueve mil cartuchos en el hipódromo; la segunda vez, por su presunta participación el homicidio de una joven de 24 años, novia de su hijo, cometido en 2009. En la misma carpeta se mencionó que hubo movimiento de droga en el centro hípico entre 2006 y 2010.

En 2012, eludió la acusación por el delito de traslado de las aves exóticas que se transportaron en el avión privado en el que llegó a Tijuana con su personal.

Los hechos no deben olvidarse.

Pero los beneficios en territorio bajacaliforniano los recibe desde 1985, porque los gobiernos federales le han autorizado el disfrute y explotación comercial de las decenas de hectáreas de terrenos de la nación, que albergan el casino Caliente, el Hipódromo, el zoológico, un estadio, un club hípico, una escuela de futbol, un residencia y un colegio, a través de una concesión pública. Y no se ha informado de ningún cambio.

Todavía más, en el México de la narcocultura, el país en el que todo es posible, el adinerado casinero fue alcalde de Tijuana y candidato a gobernador en tres ocasiones. Instituciones electorales y partidos políticos simplemente han decidido burlarse del requisito de la buena fama pública. De hecho, la actual gobernadora Marina del Pilar le ha mostrado su apoyo desde que lo invitó al festejo privado de su toma de posesión.

La historia del lado de los agresores contrasta con los antecedentes de la víctima.

En 1980, en Tijuana, el ejercicio del periodismo crítico y responsable provocó la ira de los gobiernos del PRI que terminaron despojando a Jesús Blancornelas y Héctor Félix de un periódico; en ese contexto fundaron ZETA, un medio de comunicación al que estos periodistas le apostaron su dinero y su vida, para ser los dueños únicos de la línea editorial.

Durante los primeros dos años de este Semanario, cuando la persecución política obligó a Blanco a vivir en San Diego, California, fue el trabajo de Héctor Félix, yendo y viniendo de uno a otro lado de la frontera, con información, con notas periodísticas, con instrucciones, incluso cruzando él los ejemplares del periódico, lo que permitió el nacimiento y la sobrevivencia del medio, a pesar de la persecución de políticos acostumbrados a comprar periodistas y voluntades.

Previo a que los sicarios le quitaran la vida, “El Gato” sólo pudo disfrutar durante 8 años y 9 días de la libertad periodística que él y su compañero de lucha crearon. Pero ese tiempo le alcanzó a Félix para que su lenguaje y actitud relajada, lo convirtieran en uno de los columnistas más importantes en el estado. Quien a pesar de su amistad con el empresario hípico, escribió que en sus fiestas había droga y algunas carreras se “arreglaban”.

Tras su asesinato, fueron cientos los ciudadanos y lectores indignados que se manifestaron marchando en las calles de Tijuana. Pero los reclamos de la sociedad sólo alcanzaron para que la investigación alcanzara a dos de los homicidas materiales, Victoriano Medina, escolta, y Antonio Vera Palestina, jefe de escoltas de Hank Rhon, detenidos tras mantenerse prófugos (10 días y 2 años respectivamente), fueron sentenciados a 25 y 27 años, penalidad que completaron en 2015 cuando fueron liberados. El tercer guardia, y presunto homicida, Emigdio Nevarez, no fue procesado porque fue localizado asesinado.

37 años y 10 gobernadores han pasado sin que el autor intelectual del homicidio de Félix haya sido detenido y procesado. Ante la ausencia de justicia, les recordamos para que no olviden. Contamos la historia para los nuevos lectores y junto con los ciudadanos que nos han apoyado a lo largo de los años, repetimos a la Fiscalía General del Estado lo que dijo el exgobernador Ernesto Ruffo: en esta muerte “todos los caminos conducen al Hipódromo”.

No habrá silencio, ni olvido. El reclamo de justicia es permanente. La impunidad es inaceptable.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Cristino Castro, el defensor que ayudó a crear un santuario de tortugas en las costas de Oaxaca y fue asesinado

Con la defensa del ecosistema costero de Barra de la Cruz, Cristino Castro ayudó a que un área natural fuera declarada santuario de tortugas, frente a los intereses turísticos e inmobiliarios. La Fiscalía de Oaxaca dice que una de las líneas de investigación es la actividad del ambientalista, quien era beneficiario de un mecanismo de protección a nivel federal. El colectivo de defensores de Barra de la Cruz ha sido objeto de atentados desde 2021. Hasta el momento, no hay detenciones por el asesinato del defensor indígena chontal de 63 años.

Cristino Castro Perea fundó en 2013 el colectivo Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz para proteger las playas y luchar contra la tala de manglares en su comunidad en Oaxaca. Recibió medidas de protección tras los atentados contra sus compañeros, pero no las suficientes para evitar su asesinato, cuando el pasado 28 de febrero dos sujetos en motocicleta le disparon en un quiosco de la comunidad, al sur de México.

El defensor, de 63 años, también conocido como Tino Castro, sirvió a la comunidad indígena chontal de Barra de la Cruz no solo como ambientalista, sino también como autoridad comunitaria, incluso de los pueblos cercanos, cuenta Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) y quien era cercano al defensor.

“Cristino estaba muy vinculado a la naturaleza, al campo, al mar, jugaba béisbol. Se dedicaba también a defender a las tortugas. Fue regente municipal de Barra de la Cruz, representante agrario, ocupó varios cargos y fue una persona muy solidaria con los pueblos, un defensor de los derechos humanos”, cuenta Santiago Reyes, quien también acompaña a la familia del defensor tras el asesinato.

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, la familia de Castro no reportó amenazas directas contra el defensor. Sin embargo, una de las líneas de investigación es su labor como ambientalista y defensor del territorio.

Aunque el caso se investiga a nivel estatal, la Federación también colabora con el caso, pues Castro Perea era beneficiario del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras atentados contra sus compañeros.

Mongabay Latam contactó al Mecanismo de Protección, que depende de la Secretaría de Gobernación, para conocer las medidas que recibía Castro, sin que hasta el cierre de esta nota haya habido alguna respuesta. Tampoco hay personas detenidas por el homicidio.

Atentados y violencia por defender playas en Barra de la Cruz

La comunidad de Barra de la Cruz, ubicada en el municipio de Santiago Astata, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, posee una gran biodiversidad y riqueza vegetal. Coincide con uno de los corredores biológicos para la conservación del jaguar y está rodeada de selvas extensas, dunas costeras y manglares de la región Pacífico Sur.

La comunidad –de apenas 1300 habitantes– es una población vecina a una zona prioritaria para la anidación de tortugas marinas, principalmente la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), la prieta (Chelonia mydas) y la golfina (Lepidochelys olivacea). Es aquí donde se registró el mayor número de anidaciones por temporada en los últimos años, de acuerdo con un estudio hecho por autoridades ambientales.

Sin embargo está a solo 40 kilómetros de Bahías de Huatulco, un destino muy concurrido por el turismo, donde el desarrollo inmobiliario y hotelero ha puesto en riesgo al ecosistema costero.

El documento de las autoridades también advertía que la venta de terrenos en la región para fines turísticos ponía en riesgo la zona, al considerar que esta “amenaza es latente sobre el hábitat de anidación de las tortugas marinas”, debido a que los establecimientos hoteleros o inmobiliarios representan un obstáculo para el libre tránsito de las especies.

Gracias al trabajo de los defensores de Barra de la Cruz, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decretó al sitio Barra de la Cruz-Playa Grande como área natural protegida, en enero de 2024, con la categoría de santuario. Esto implicó la prohibición en la zona de cambios de uso de suelo y tolerancia únicamente al turismo de bajo impacto.

Sin embargo, previo a la declaratoria de protección, los Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz ya tenían antecedentes de amenazas por no permitir la tala de manglares y venta de predios.

“El colectivo de ambientalistas de Barra de la Cruz ha trabajado varios años y ha tenido varios incidentes, entre ellos el atentado contra José Castillo y Sergio Robles Castillo”, dice el abogado a Mongabay Latam. “Ya son varios del mismo modus operandi que el que asesinaron a Cristino, fue la misma forma”.

De acuerdo con el presidente del CEDHAPI, el conflicto se originó en 2013, cuando un grupo de personas intentó apropiarse de 24 hectáreas de zona costera, con el objetivo de lotificar y vender a empresarios hoteleros. “Ahí inicia la lucha de Cristino y del colectivo ambientalista”, narra Santiago Reyes.

La violencia escaló en 2021, cuando dos hombres en motocicleta dispararon contra el defensor José Castillo Castro, cuando viajaba acompañado por su familia en San Pedro Huamelula, Oaxaca. Quedó gravemente herido.

CEDHAPI denunció en su momento que el atentado contra Castillo Castro fue por la lucha jurídica que realizaba para impedir que grupos privados impusieran a los comisariados en la comunidad, puestos clave para la administración de bienes comunales.

Después del atentado, tanto Cristino Castro como sus compañeros del colectivo fueron inscritos al Mecanismo de Protección.

En febrero de 2022, denunció la organización, un grupo de personas ajenas a la comunidad de Barra de la Cruz comenzó el retiro de manglares con maquinaria pesada en el paraje conocido como El Nanche.

Para el defensor Santiago Reyes, el conflicto dentro de la comunidad por la administración de los bienes comunales ha sido un factor importante para entender la violencia contra defensores de Barra de la Cruz.

“Hay un grupo al interior de la comunidad que estaba liderando para privatizar un área y después venderla”, sostuvo.

El peligro de defender el territorio en Oaxaca

Mientras las autoridades federales no han brindado ningún pronunciamiento sobre el caso, instancias internacionales han manifestado su preocupación por el asesinato de Castro Perea.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, así como organizaciones de Oaxaca han condenado el asesinato y llamado al Estado mexicano para implementar mecanismos, como el Acuerdo de Escazú, para detener las agresiones contra defensores del territorio.

Incluso, la Delegación de la Unión Europea, así como las Embajadas de Noruega y de Suiza en México suscribieron un pronunciamiento donde señalan que el caso refleja el grado de violencia e intimidación que existe en el país contra personas defensoras y periodistas.

Además, sostienen que las circunstancias del crimen y las actividades del defensor “son indicios de que existe un vínculo directo entre las acciones en defensa de los derechos medioambientales del señor Castro Perea y su asesinato”.

Si bien el colectivo de defensores de Barra de la Cruz ha evitado pronunciarse por el asesinato de su compañero por miedo, el presidente de CEDHAPI sostiene que continuarán con su labor ambientalista.

“Ellos van a seguir con su trabajo que es defender su territorio, pero ahorita con este golpe están desarticulados y con mucho miedo”, explica el abogado, quien solicitará la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección del colectivo.

México continúa como uno de los países más peligrosos para la defensa del territorio y el ambiente. En 2023 concentró, junto con Brasil, Colombia y Honduras, el 70 % de los asesinatos, según un informe de la organización internacional Global Witness.

A nivel nacional, Oaxaca es considerado el estado más peligroso para la defensa de los derechos humanos, pues de 225 personas defensoras asesinadas en el país entre 2018 y 2024, 58 eran de esta jurisdicción, lo que equivale a casi el 26 %, de acuerdo con el monitoreo “Alas y raíces”, realizado por diferentes organizaciones civiles de México.

En febrero pasado, Mongabay Latam documentó testimonios de defensores indígenas amenazados en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y quienes enfrentan procesos judiciales por oponerse a la operación del Tren Interoceánico.

FUENTE: MOGABAY LATAM.
AUTOR: GONZALO ORTUÑO LÓPEZ.

Sinaloa, el estado donde más han aumentado los homicidios respecto a 2024: México Evalúa

En un comparativo de los primeros dos meses de 2024 con respecto a los primeros de 2025, la entidad lidera el aumento de casos de homicidios en el País. Esto en un contexto de pugna del crimen organizado que se ha extendido más de medio año.

Sinaloa se posiciona a la cabeza en la lista de incremento de homicidios por estado, de acuerdo a la organización México Evalúa.

El analisis más actual, que comprara los meses de enero y febrero de 2024 con el mismo periodo del año en curso, coloca a Sinaloa con el estado con mayor incremento en casos de asesinato con 178.9 por ciento de aumento.

Después de Sinaloa se encuentra Aguascalientes con un aumento del 150.7 por ciento, luego Puebla con 112.3 por ciento, Tabasco con 72.7 por ciento, y en quinto lugar se encuentra Ciudad de México con un incremento del 72.5 por ciento.

En su análisis, México Evalúa expone que Sinaloa se encuentra en el grupo de entidades con tendencia a la alza en casos de homicidios, en un contexto de disputa del crimen organizado en estos territorios.

“Sinaloa, Tabasco y Guanajuato, ahora Sonora, Quintana Roo, Puebla y la Ciudad de México se suman a las entidades con un balance muy negativo; superan el promedio del año 2024 y registran una tendencia a la alza. Todos estos territorios experimentan un reacomodo violento de las fuerzas criminales, motivado por la disputa de diferentes mercados ilícitos”, explica el diagnóstico.

Personas desaparecidas

En el mismo análisis, considerando la tasa de casos por cada 100 mil habitantes Sinaloa es el segundo estado con mayor tasa de desaparición. De enero a febrero de 2024 Sinaloa tenía una tasa de desaparición de 1.6 por cada 100 mil habitantes, sin embargo esta incrementó a 4.3 en los primeros dos meses de 2025 lo que representó un incremento de 163.6 por ciento.

Con estas cifras, Sinaloa solo se mantiene por debajo de Sonora que tiene una tasa de desaparición de 5.4 por cada 100 mil habitantes.

Estos datos de incrementos en homicidios y altas tasas de desaparición en Sinaloa ocurren en un contexto de crisis de seguridad provocada por una guerra interna del Cártel de Sinaloa.

La crisis

La crisis de seguridad se documenta desde el 9 de septiembre de 2024, jornada que inició con un enfrentamiento que se extendió en la zona oriente de la ciudad de Culiacán y se desplegó hacia la salida norte de la mancha urbana.

Por este despliegue de civiles armados que agredieron a militares las clases fueron suspendidas y la ciudad permaneció en resguardo, una medida de autocuidado implementada por locales con un antecedente de dos jornadas violentas conocidas como Jueves Negro, o comunmente llamadas Culiacanazos, que ocurrieron el 19 de ocutubre de 2019 y el 5 de enero de 2023.

En ambos Jueves Negros el detonante de la violencia fue la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pues los despliegues realizados fueron contra fuerzas de seguridad gubernamentales y dirigidas a detener las actividades cotidianas del estado para presionar por su liberación.

En el primer Jueves Negro, Ovidio Guzmán fue liberado por el Gobierno Federal para que se detuviera el despliegue del crimen organizado en el estado.

En ambas ocasiones los hechos violentos cesaron en menos de 24 horas pero la crisis que actualmente enfrenta Sinaloa se ha mantenido pues deriva de una pugna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y Los Mayos, fundados por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada García respectivamente.

La crisis actual se detonó semanas después de que Zambada García fue detenido en Estados Unidos, el 25 de julio de 2024 al arribar al país en un avión privado, y días después emitió una carta con ayuda de su defensa en la que expuso que fue retenido contra su voluntad por Joaquín Guzmán López y llevado a la fuerza ante las autoridades norteamericanas. Joaquín Guzmán López también fue detenido ese día.

FUENTE: NOROESTE.
AUTOR: BELEM ANGULO.

Sueldo de diputados aumenta pese a plan de austeridad; reciben al menos 153 mil pesos al mes por dieta y apoyos

Los diputados tendrán un aumento salarial este año, al pasar de 75 mil a 79 mil pesos. A esta cantidad se le deben sumar otros apoyos económicos que reciben por asistencia legislativa, atención ciudadana, pasajes y hospedajes.

El salario de los diputados federales aumentó este año, a pesar del plan de austeridad del gobierno federal y de la misma Cámara de Diputados. Durante este 2025, los legisladores reciben al menos 153 mil pesos mensuales tomando en cuenta su dieta, y otros apoyos económicos para atención ciudadana y asistencia legislativa.

A esos 153 mil pesos mensuales todavía debe sumarse el apoyo que los diputados reciben al mes por transporte y hospedaje, el cual varía por cada uno. También está el aguinaldo y otros dos apoyos económicos que reciben a fin de año para sus actividades.

Este 2025, el sueldo mensual de los diputados —o la dieta, como se le conoce oficialmente— creció de 75 mil 609 a 79 mil pesos, de acuerdo con el Manual que Regula las Remuneraciones para las y los Diputados Federales.

La dieta no había crecido de esta forma al menos entre 2012 y 2024. En ese periodo el salario de los legisladores se había mantenido entre los 74 y 75 mil pesos mensuales.

Antes del aumento, la Cámara de Diputados ya destinaba 39 millones 500 mil pesos al mes para pagarle a estos funcionarios. El reciente incremento implicará un gasto extra de un millón 695 mil pesos para cubrir la dieta total de los 500 legisladores que trabajan en San Lázaro. 

Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro, quien ha criticado que los diputados ganen menos que los senadores, explicó a Animal Político que el incremento de la dieta se dio como respuesta a la inflación.

Para hacer posible el aumento salarial, la Cámara de Diputados tuvo que modificar sus lineamientos de racionalidad y austeridad. Ese documento prohibió incrementar el sueldo de los legisladores entre 2023 y 2024, pero este año esa cláusula fue eliminada.

Contrario al aumento salarial de los diputados, los lineamientos de racionalidad y austeridad del 2025 aún mantienen otras restricciones, como contratar la menor cantidad de personas posibles para los trabajos legislativos; reducir al mínimo la adquisición de mobiliario y equipo de oficina; racionalizar el uso del papel, del agua, de energía eléctrica y hasta de servicios de alimentación para los trabajadores de la Cámara.

La Cámara de Diputados calculó que ahorrará 2 millones de pesos durante 2025 con sus medidas de austeridad, aunque esa cifra es muy parecida a la cantidad de dinero extra que deberá pagar a los legisladores luego de incrementar su sueldo.

Diputados reciben miles de pesos por atención ciudadana, asistencia legislativa y viajes

No solo son los 79 mil pesos que reciben al mes en forma de dieta. Aunque Morena mantiene su discurso de austeridad, la Cámara de Diputados ha dejado intactos algunos apoyos económicos para los legisladores, según documentos obtenidos por transparencia.

Por el concepto de Gastos de Asistencia Legislativa cada diputado recibe al mes 45 mil 786 pesos. Si esta cifra se multiplica por los 500 legisladores, el gasto total mensual por este rubro es de 22 millones 893 mil pesos.

De igual forma está el concepto de Apoyo de Atención Ciudadana, por el cual cada diputado recibe 28 mil 772 pesos mensuales. Si esta cifra se multiplica por los 500 legisladores, el gasto total mensual por este rubro es de 14 millones 386 mil pesos.

Si se suma la dieta con los gastos de asistencia legislativa y de atención ciudadana, cada diputado ingresa 153 mil pesos mensuales, sin tomar en cuenta otro apoyo para transporte y hospedaje que también reciben.

El Apoyo de Transporte y Hospedaje varía entre los 8 mil y 96 mil pesos mensuales para cada legislador, dependiendo de la dirección que esté registrada en su credencial de elector. Por ejemplo, si un diputado migrante tiene su domicilio en Estados Unidos o en una zona fronteriza de México, recibiría una mayor cantidad de recursos por este rubro.

No hay forma de dar seguimiento a la manera en que cada diputado gasta el dinero que recibe. Cada cuatro meses los grupos parlamentarios elaboran informes sobre el ejercicio de sus recursos, pero lo hacen de forma general.

En la página de la Cámara de Diputados o en la Plataforma Nacional de Transparencia tampoco se publica información de los gastos mensuales de cada legislador en particular. Si acaso se informa sobre el dinero que reciben cuando hacen un viaje oficial.

Aguinaldo y apoyos de fin de año para los diputados

El fin de año representa un ingreso extra para los diputados federales, quienes reciben 40 días de sueldo como aguinaldo, lo cual equivale a más de 104 mil pesos.

Si se toma en cuenta a los 500 legisladores, la Cámara de Diputados gasta 52 millones 485 mil pesos para pagar aguinaldos el fin de año.

Adicionalmente al aguinaldo, hay otros dos apoyos económicos que el recinto legislativo le concede a los diputados para que concluyan sus actividades.

Se trata de un apoyo económico para que realicen su Informe de Actividades Legislativas, por el cual reciben 58 mil 297 pesos. De igual forma está su Aguinaldo de Gastos de Atención Ciudadana, que asciende a 38 mil 363 pesos a fin de año.

La Cámara de Diputados eroga al año 48 millones 330 mil pesos para dar a los 500 diputados su dinero por el informe de actividades y por el aguinaldo de atención ciudadana.

Presidentes de comisiones reciben un dinero extra

Aparte de su dieta y de los apoyos económicos, hay diputados que reciben recursos extras si ocupan un cargo especial dentro de la Cámara de Diputados, por ejemplo, el de presidente de una comisión ordinaria.

Una comisión ordinaria es un grupo de trabajo que se encarga de analizar y aprobar leyes sobre determinados temas, como seguridad, migración, turismo, justicia o igualdad de género. Cada uno de estos equipos es coordinado por un diputado que asume el rol de presidente.

En la Cámara de Diputados hay 51 comisiones ordinarias. Entre 2019 y 2024, las presidencias de estos grupos recibieron 136 mil 331 pesos para gestionar las actividades a realizar, de acuerdo a una respuesta otorgada a un ciudadano que hizo una consulta a través de la solicitud de información 330030224001250.

Además de los presidentes, cada comisión ordinaria cuenta con diputados que asumen el papel de secretarios. Aunque no hay información pública, estos legisladores también reciben dinero extra para realizar sus actividades.

Las presidencias y las secretarías de las comisiones ordinarias son algunos de los cargos más peleados dentro de la Cámara de Diputados, y los grupos parlamentarios los reparten cada tres años, en el arranque de una nueva Legislatura.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Ciudadanos exigen no autorizar Viaducto Elevado sobre el río Santa Catarina, en NL

En torno a la construcción de un viaducto elevado, ciudadanos encabezan una lucha jurídica desde 2023 contra el desmonte de la vegetación del río Santa Catarina, aliada ante la contaminación atmosférica en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

La asamblea ciudadana “Un río en el río” exigió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no aprobar al Gobierno de Nuevo León el permiso ambiental para construir un viaducto elevado de cuota desde el municipio de San Pedro hasta el de Guadalupe, en alrededor de 16 kilómetros del río Santa Catarina.

Las autoridades estatales aseguraron en la Manifestación de Impacto Ambiental que supuestamente reducirá el tráfico vial con seis carriles y, con ello, disminuirá las emisiones que han empeorado la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey.

Sin embargo, con evidencia científica, la asamblea ciudadana encabeza una lucha jurídica desde 2023 contra el desmonte de la vegetación del río, sobre el cual recae el mito de que está muerto.

Por el contrario, el cauce es hábitat de más de 800 especies, incluso protegidas como la mariposa monarca, el castor americano o la tortuga concha blanda, además de ser una barrera contra inundaciones derivadas de huracanes o tormentas como lo visto con “Alex” (2010) y “Alberto” (2024), fenómenos cada vez más intensos por la crisis climática.

Asimismo, en una metrópoli industrial que registra niveles insalubres de contaminación atmosférica, el río y su vegetación son aliados para la regulación de temperatura y de mala calidad del aire.
“El río Santa Catarina nace en el Parque Nacional Cúmbres de Monterrey y atraviesa toda el área metropolitana de Monterrey. Este cauce y su vegetación nos brindan una cantidad exorbitante de beneficios ambientales en una ciudad cada vez más industrializada. El cauce nos ayuda a infiltrar el agua de las lluvias al manto acuífero, ayuda a mermar las temperaturas extremas, limpia nuestro aire al capturar partículas (PM 2.5 y PM 10), es un espacio de recreación y encuentro para la comunidad, y es el hábitat de más de 850 especies protegidas por la NOM-059 de la Semarnat; y en general es de los últimos pulmones que tenemos”, dijo Andrea Villareal, integrante de la asamblea “Un río en el río”.
El río Santa Catarina tiene categoría de área natural protegida, pero se siguió permitiendo actividad comercial. Aunque no alberga tantas descargas residuales industriales como el río Pesquería, la asamblea ciudadana está buscando ampliar su polígono de protección para blindarlo de infraestructuras como un viaducto vial o un monorriel-metro y, en cambio, pueda fungir como un corredor biológico incluyendo el icónico cerro de La Silla y el parque La Huasteca.

“Tiene un potencial tremendo. El río actualmente ya tiene una categoría de área natural protegida que se estableció en 2008 con un parque lineal con ciclovía y canchas privatizadas. Pero la Conagua permitía actividad comercial en el río, entonces hay un vacío legal de si está protegido o no, por lo que estamos trabajando con las autoridades por una nueva categoría de corredor biológico para el río, blindarlo de obras de infraestructura como el Viaducto Elevado o el monorriel-tren e iniciar labores de restauración”, aseveró Andrea.

En una consulta pública abierta por la Semarnat, los integrantes de la asamblea han presentado observaciones de inconsistencias en la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por el Gobierno de Nuevo León para construir el viaducto vial.

Por ejemplo, el documento admite actividades de desmonte, pero no detalla cuántas hectáreas de vegetación serán taladas y removidas; se niega que pueda afectar el cauce del río a pesar de que reconoce que habrá pilotes en medio y concluye que el viaducto elevado no tendrá un impacto ecológico al asegurar que el huracán Alex (2010) afectó a la flora y fauna del cauce, pero omite que en los últimos años se regeneró considerablemente.

Desmonte e incendios

Desde 2023 el Gobierno de Nuevo León y la Conagua comenzaron labores de desmonte de vegetación de un kilómetro a la altura de Guadalupe, alrededor del río Santa Catarina, bajo el argumento de un supuesto riesgo de que los árboles (pino, encino, sauce y alamillos) provocarían una inundación ante cualquier huracán. Sin embargo, la tormenta “Alberto” en 2024 demostró lo contrario: la vegetación ayudó a mitigar el desastre.
“Desde un paradigma hidráulico del siglo XX, la mejor propuesta que se tenía era canalizar o entubar los ríos como control de inundaciones en los procesos de aceleración urbana como la CDMX. Pero esto obedece a un modelo del siglo XX que desafortunadamente todavía está en la Conagua, tienen un gran retraso en actualizar su política hídrica. El paradigma nuevo que se tiene en materia de gestión de las inundaciones lo podemos ver en Europa, que restaura ríos y cuencas para que sirvan de defensa contra fenómenos como las inundaciones provocadas por tormentas o huracanes. Pero la Conagua todavía está desactualizada, únicmente tiene una visión desde la ingeniería civil que se traduce a concreto y cemento”, explicó Cuauhtémoc Osorno.
Detrás del desmonte no estaba la preocupación de eventuales inundaciones, sino la intención de construir un viaducto elevado, como la asamblea detectó. Con una estrategia legal, logró obtener cuatro amparos del Poder Judicial Federal que de momento detuvo las actividades de deforestación. Aunque a la par, se registraron incendios en un tramo de Guadalupe sin que hasta la fecha haya detenidos.
“Actualmente existe el plan de construir un nuevo viaducto a lado del río Santa Catarina y hace falta mucha información técnica sobre los impactos que generaría, ya que hemos revisado que la Manifestación de Impacto Ambiental omite muchos detalles técnicos sobre los riesgos que generaría al río Santa Catarina y su biodiversidad. Estamos participando en un proceso de consulta pública que puso la Semarnat a disposición del público para dirigir comentarios técnicos y legales”, dijo Cuauhtémoc Osorno, miembro de la asamblea ciudadana.
Además de las observaciones sobre el impacto ecológico del viaducto elevado, Cuauhtémoc Osorno dijo que la asamblea “Un río en el río” está luchando contra la desinformación en torno a los supuestos beneficios viales de la obra.

“Se intenta justificar por el actual tráfico y congestionamiento vehicular que existe en el área metropolitana de Monterrey, y a la par se trata de enverdecer este proyecto diciendo que se van a generar menos gases de efecto invernadero, pero si revisamos la Manifestación de Impacto Ambiental, no existe ningún estudio que aclare los beneficios puntuales; no existe información científica, solo son discursos de que este viaducto resolverá el grave problema sistémico de la mala calidad del aire”, expuso.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.

Aseguran armas largas, autopartes y animales en dos fincas de Teocaltiche, Jalisco

Los cateos se realizaron luego de que elementos policiacos repelieran una agresión de sujetos armados en el lugar.

La Fiscalía de Jalisco informó el sábado del aseguramiento de dos fincas en el municipio de Teocaltiche tras ejecutar el pasado viernes una orden de cateo en los inmuebles.

En un comunicado dio a conocer que personal de la Vicefiscalía en Investigación Regional aseguró armas largas, cartuchos, autopartes y distintos animales.

Detalló que la orden de cateo se efectuó el viernes 25 de abril a las 12:00 del día aproximadamente, en un rancho y una bodega.

Medios locales señalaron que previamente se registró un enfrentamiento entre elementos policiacos y presuntos delincuentes. Los policías realizaban un recorrido cuando fueron atacados a balazos que posteriormente huyeron por terrenos de siembra.

En la revisión realizada por los agentes de la fiscalía estatal al primer inmueble, fueron aseguradas dos armas largas (una con 22 cartuchos útiles), así como algunas autopartes (entre ellas retrovisores, bombas, tornillos, tuercas y cadenas).

En el segundo inmueble se localizaron varios casquillos de distintos calibres, dos armas largas (una con cartuchos y cargador, la otra solo con cargador), además una bolsa de plástico con presunta droga, dos cajas fuertes y distintos animales.

Los animales (aves, gallinas, un puerco y un perro), fueron asegurados por autoridades municipales.

“Es importante señalar que en estas labores se contó con el apoyo de efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado”, señaló la fiscalía, al tiempo que destacó su compromiso de trabajar de manera coordinada con diversas instancias, “con el objetivo común de hacer valer el estado de derecho y evitar la impunidad”.

La noche del martes 15 de abril fue asesinado el comisario de Seguridad Pública de Teocaltiche, Ramón Grande Moncada, de 53 años, en un presunto ataque directo en el que resultó herida su esposa.

Versiones periodísticas refieren que el comisario iba a bordo de su vehículo junto a su esposa, cuando varios sujetos armados los atacaron a balazos y huyeron de la escena.

El gobierno municipal presidido por la priista Margarita Villalobos publicó un mensaje en su página de Facebook en el que exigió que se ponga fin a la violencia que vive la localidad.

“El pueblo de Teocaltiche no puede seguir viviendo entre el miedo, la violencia y el dolor. Hoy alzamos la voz con profunda impotencia e indignación por las tragedias que han golpeado una y otra vez a nuestra comunidad. ¡Basta ya de muertes! ¡Basta ya del sufrimiento de nuestras familias! ¡Basta de ser ignorados!”, dice el mensaje.

“Cada vida perdida, cada familia rota, cada noche en vela, son heridas que claman justicia. No podemos ni debemos acostumbrarnos a vivir así. Exigimos al Estado y a la Federación respuestas claras y contundentes. Exigimos protección real para nuestro pueblo. Exigimos que se restablezca la paz, la seguridad y la dignidad de nuestros hogares”, menciona.

Ese mismo día, la Fiscalía de Jalisco informó que realizó un cateo en un inmueble de la calle Chapulines, en la que recuperó y aseguró “vehículos con distintas irregularidades, un arma de fuego, entre otras cosas”.

Detalló que obtuvo la orden luego de que el 11 de abril, policías estatales y elementos federales observaron en un recorrido de vigilancia un portón semi abierto en cuyo interior había distintos vehículos, uno de ellos con reporte de robo, por lo que se dio aviso al Ministerio Público.

Durante el operativo fue asegurado un vehículo tracto camión con plataforma cargada al parecer con trasmisiones; tres plataformas, una de ellas cargada con transmisiones con reporte de robo vigente; una camioneta Pick up Ford Ranger color blanco sin placas de circulación y con reporte de robo; un vehículo de la marca GMC tipo Sierra, sin placas de circulación, así como placas metálicas al parecer de blindaje.

También fue asegurada un arma larga AK-47 calibre 7.62 x 39 (cuerno de chivo) con un cargador con 26 cartuchos útiles, y diferentes cargadores con cartuchos útiles de distintos calibres.

El 9 de abril, el policía Luis Ernesto Chávez Regino, de 31 años, fue asesinado en su vivienda; mientras que el 30 de marzo, el activista Juan Pablo Alonzo fue asesinado dentro de su casa, en un ataque en el que resultó herida su hermana.

El municipio, cercano a Zacatecas, ha vivido episodios de violencia en los últimos años. El 18 de febrero, ocho policías y un civil fueron presuntamente privados de su libertad. La Fiscalía de Jalisco informó que los cuerpos sin vida de cuatro de los policías fueron localizados, mientras sigue la búsqueda de las otras cinco personas que se encuentran en calidad de desaparecidas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

TelevisaLeaks: La fábrica de mentiras, manipulación y guerra sucia

Una filtración masiva, de más de 5 terabytes de datos, revela que dentro de la televisora más grande del mundo en habla hispana opera un grupo clandestino para difundir noticias falsas y ataques contra quienes considera sus enemigos, con el fin de apuntalar sus intereses en la esfera política y económica.

En las instalaciones donde se transmiten los noticieros que presumen de veracidad, en Televisa Chapultepec, opera un equipo de comunicación institucional encargado de fabricar información falsa y difundir ataques contra sus competidores, a quienes percibe como sus enemigos y para favorecer intereses políticos, de acuerdo con una filtración masiva en poder de Aristegui Noticias.

Las agresiones han sido contra los principales personajes de la vida económica y política del país, desde Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego; mientras que en lo político la empresa que se considera líder en la producción de contenido en español ha operado en la sombra para ensalzar o intentar destruir reputaciones, aprovechando la imagen y discursos de figuras como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la actual mandataria Claudia Sheinbaum y el partido Morena.

La empresa forjó su emporio en el negocio de la televisión, pero ya se extendió a la producción de revistas, radio, deportes profesionales, entretenimiento, películas, juegos, sorteos y apuestas, con presencia en México, Estados Unidos y de manera global. La firma cotiza en las bolsas de valores de México y Nueva York, donde revela información sobre su estructura y ganancias, pero el área dedicada a construir y destruir reputaciones, descubierta por Aristegui Noticias, ha estado oculta hasta el día de hoy.

Emilio Azcárraga Jean, heredero de la familia que creó el emporio Televisa, renunció a la presidencia de este consorcio de empresas en octubre de 2024. ¿El motivo? Una investigación en Estados Unidos por posible corrupción en la compra de derechos de transmisión de los mundiales de fútbol de 2018 a 2030. Desde entonces, la empresa es dirigida por Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez.

Debajo de ellos trabaja Javier Tejado Dondé, quien opera el grupo clandestino autodenominado “Palomar”, encargado de ensalzar o destruir reputaciones con apoyo de cuentas falsas en redes sociales, distorsionando imágenes, audios y videos para destruir o dañar, según los intereses de la compañía.


Aristegui Noticias tuvo acceso a más de 5 terabytes de comunicaciones internas de este equipo, que cubren de 2018 a 2024. La cantidad de información es similar a la filtración de Sedena Leaks o lo doble de los Panamá Papers. Se trata de miles de videos, fotos, chats, archivos editables, instrucciones y guiones que resultaron en campañas de desprestigio instrumentadas desde las oficinas centrales de la televisora.

El equipo de “Palomar” está integrado por empleados de Televisa y de la empresa Metrics to Index, especializada en realizar campañas negras en internet, entre otras actividades; sin embargo, también contó con dos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Aristegui Noticias.

Los reportes, informes y demás productos que elaboraba el equipo clandestino de la televisora se compartían con Javier Tejado Dondé, como cabeza de “Palomar”, quien a su vez los presentaba a sus superiores jerárquicos: los más altos ejecutivos de Televisa.

En una conversación del 14 de enero del 2018, buscando actualizar un reporte, Juan Manuel Torres Esquivel recuerda que “JT” (Javier Tejado Dondé) llevó una presentación sobre el caso Frida Sofía “con los jefes” de Televisa, en alusión a Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.

Otros directivos de Televisa como Rubén Acosta Montoya, director de Medios para México y LATAM de TelevisaUnivisión; y Dora Alicia Martínez Valero, en ese entonces directora General de Asuntos Electorales de Grupo Televisa y hoy candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también recibían la información y productos generados por “Palomar”.

Las operaciones clandestinas de Televisa

Esta serie de reportajes revela que Televisa estuvo detrás de la campaña en redes que impulsó a Arturo Zaldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo cargo al que puede aspirar cualquier persona que labore en el Poder Judicial Federal.

Durante la presidencia de Zaldívar, la empresa Metrics to Index obtuvo un contrato por más de 47 millones de pesos y Javier Tejado Dondé fue parte de una adjudicación por más de 14 millones de pesos para la producción de la serie documental “Caníbal, indignación total”, que no puede ser programada por el Canal Judicial, ya que los derechos de transmisión quedaron en manos del ejecutivo de la televisora, a pesar de que la Corte financió su producción.

Gracias a la filtración de datos en poder de Aristegui Noticias, se aprecia que el equipo de Televisa-Metrics implementó estrategias de comunicación para impulsar a Arturo Zaldívar, al tiempo que armaban piezas de desinformación contra ministros que percibía como ‘rivales’.

Zaldívar fue presidente de la Corte de enero de 2019 a diciembre de 2022. Previo a esas fechas, el “Palomar” comenzó a construir una campaña en redes sociales para favorecer al entonces ministro, actual Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México y uno de los principales artífices de la reforma al Poder Judicial.


Otro ejemplo de este grupo es la campaña de desprestigio que lanzaron contra Aristegui Noticias y Carmen Aristegui a través de comunicadores afines a la televisora, bots y blogs por una publicación sobre Eduardo Fernández, extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien denunció a ejecutivos de Televisa por lavado de dinero en Estados Unidos, en un asunto que derivó en procesos contra el exfuncionario por la vía penal y administrativa.

Sobre este tema, fueron publicados en la prensa nacional extractos de dos sentencias en las que Eduardo Fernández es condenado por daño moral en las demandas civiles que  Televisa y José Luis Fernández (miembro del consejo de administración de la televisora) interpusieron en su contra.

Televisa también fabricó chats de Whatsapp que apuntaban, falsamente, que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, había pagado dinero a este medio para difundir una conversación entre el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el ejecutivo de Televisa, Javier Tejado Dondé, en la que acuerdan entrevistas, hacen negocios y hablan sobre la influencia judicial de “Z”.



En este reportaje se mostrarán los guiones, chats de WhatsApp inventados, borradores de videos y estrategias de redes supervisadas por Tejado Dondé para intentar dañar la credibilidad de Aristegui Noticias.

Entre los miles de archivos también hay videos de los colaboradores de Televisa en “Palomar” escenificando supuestas denuncias de un ataque sexual en contra de una menor de edad. El material final, con voces distorsionadas y caras desenfocadas, se usó para atacar a un magistrado en una pugna que tuvo contra el Colegio Westhill, propiedad del empresario José María Riobóo.

En los siguientes reportajes se detallará de qué manera se fabricó la historia para dañar a un magistrado que, entre otras cosas, emitió resoluciones judiciales que lo confrontaron con Arturo Zaldívar y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La filtración en poder de Aristegui Noticias incluye seis años de la operación de este grupo, que va de 2018 a 2024, lo que permite definir su modus operandi: Javier Tejado Dondé encabeza reuniones para definir los objetivos a comunicar o atacar. Estas juntas se conocen internamente como war room (cuarto de guerra).

Eso activa un equipo de redactores, editores de video, diseñadoras, científicos de datos y expertos en redes para crear infundios, amenazas o ataques, que pueden expresarse en videos, notas, memes o decenas de bots replicando un mensaje.

Los enemigos, como se expondrá en esta serie de reportajes, pueden ser variados, desde su rival natural, TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego por pugnas sobre el rating de ambas televisoras; Telmex y Carlos Slim por competencia en telecomunicaciones; o las empresas como Fox y Disney que pelearon por tener derechos de transmisión del fútbol.

Los miles de documentos revelan que la empresa Metrics opera una red de bots, páginas de internet y perfiles en redes que funcionan como mercenarios; es decir, las páginas que iniciaron difundiendo la Marea Rosa luego demostraron su apoyo a Claudia Sheinbaum; hubo bots contra personajes como Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero y campañas positivas para Omar García Harfuch, Arturo Zaldívar y Xóchitl Gálvez.

Las páginas impulsaron a Ricardo Monreal, mientras Metrics tuvo contratos con el Senado, aunque también difundieron post en contra de Andrea Chávez y Adán Augusto López Hernández.

¿Identidad a favor o en contra de la 4T? Nada de eso, estos perfiles se mueven de acuerdo a los intereses de quien pague las campañas.

En reportes internos preparados para ser presentados a ejecutivos, los empleados de Televisa presumen que su estrategia de comunicación les ayuda a evitar regulaciones del gobierno y a tener funcionarios clave en dependencias y organismos reguladores.

Modus operandi

El equipo se autodenomina “Palomar” en chats de Whatsapp y Telegram, por la ubicación inicial de sus oficinas dentro de Televisa. Se trata de un espacio debajo de la antena principal de la televisora, en avenida Chapultepec, Ciudad de México.

Con la llegada de la pandemia de Covid-19, en 2020, el grupo se mudó al primer piso de Televisa, casi en contraesquina del “Palomar” original.

El equipo se comunica en grupos de chats en Whatsapp y Telegram. Dos personajes clave son: Karla Aguilar Ballesteros y Juan Manuel Torres. La primera es directora de Redes Sociales y Medios Digitales de Televisa y el enlace principal de Tejado Dondé con el grupo; el segundo es socio fundador de Metrics. Torres laboró simultáneamente en Televisa como subdirector de Medios Digitales hasta mayo de 2024 y ahora es director de Operaciones y proyectos en Metrics.

El “Palomar” contó con dos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mientras Arturo Zaldívar fue su presidente: Francisco José Rullán Gutiérrez y Mariana Rocío Franco Rodríguez.


Según información de la Plataforma Nacional de Transparencia, Rullán y Franco formaban parte del máximo tribunal como ‘dictaminadores’ en la Dirección General de Comunicación Social, pero trabajaban en Televisa bajo las órdenes de Javier Tejado Dondé, apuntan los documentos obtenidos por Aristegui Noticias.

El organigrama de la Corte indica que el jefe inmediato de ambos era el titular de Comunicación Social, César Castillejos Rangel, funcionario que tenía asignada la supervisión del contrato con Metrics.

Entre los chats y miles de archivos se aprecia que Tejado Dondé ha sacado provecho personal de la red, pues su columna en El Universal ha sido escrita y editada por los empleados de Televisa en “Palomar”, además de que también es impulsada en redes con bots de la misma estructura, incluso pagando campañas para publicitarlas.


El equipo sabe que sus operaciones son irregulares y la “pesadilla” de una filtración aparece en dos charlas distintas. El 21 de febrero de 2021, la cuenta de X, @CaballeroMaicol, publicó un tuit en el que se refería a la periodista Carmen Aristegui por exhibir a Televisa y al papel de “cancerbero” que juega Javier Tejado Dondé para frenar las críticas a la televisora.

De inmediato, uno de los colaboradores de Televisa-Metrics escribió a modo de broma: “Dice que ya nos descubrieron, el palomar ha quedado expuesto”. En el mismo tono, siguió un río de culpas y deslindes.

Por ejemplo, Francisco José Rullán, trabajador de la Suprema Corte incrustado en las operaciones clandestinas, se sinceró: “Yo ni soy trabajador de Televisa, jajajaja”. Karla Aguilar, de inmediato advirtió: “Esto me va a hacer tener pesadillas”.

Entre el juego y la paranoia, los integrantes de “Palomar” reconocieron que las difamaciones y noticias falsas que elaboraban, no califican como un trabajo lícito.


El 27 de abril de 2021, la preocupación volvió a estallar dentro de “Palomar”, ya que un productor de video creyó haber perdido un disco duro con todo su respaldo de campañas negras contra ministras, políticos, grandes empresarios y comunicadores.

“¿No está mi disco duro en su lugar?”, preguntó el productor de video.

Juan Manuel Torres Esquivel, fundador de Metrics y a la vez empleado de Televisa, respondió con miedo: “perdiste el disco duro!!!”. El trabajador de “Palomar” insistió en que sus colegas buscaran el dispositivo de almacenamiento, advirtiendo la gravedad de haberlo extraviado.

Sabía que la posible filtración de los datos afectaría a todos: “tiene evidencia como para hundirnos a todos en este chat”. En su momento, el disco fue finalmente encontrado y los integrantes de “Palomar” volvieron a respirar tranquilos.


Sin embargo, tiempo después, ese chat interno y los miles de archivos de las operaciones clandestinas se filtraron y hoy constituyen el corazón de #TelevisaLeaks; una revelación que sacude, por involucrar, de manera directa, a la principal televisora del país y gigante de la comunicación de habla hispana.

La pesadilla de “Palomar” finalmente se hizo realidad.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: CARMEN ARISTEGUI, SEBASTIÁN BARRAGÁN HIDALGO, BRANDON J. CELAYA TORRES, REGINA DIEZ GUTIÉRREZ, JUAN OMAR FIERRO, LILIA SAÚL RODRÍGUEZ. (UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES)

México colaborará con EU para enfrentar al gusano barrenador: Berdegué

La administración de Trump advirtió que podría restringir las importaciones del ganado mexicano si el gobierno de Claudia Sheinbaum no intensifica la lucha contra el gusano barrenador y resuelve el problema para el próximo miércoles.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué anunció que México colaborará con Estados Unidos para enfrentar al gusano barrenador que afecta al ganado de exportación.

Luego de que el gobierno de EU amenazó con restringir importaciones mexicanas por este problema, el secretario indicó que ya respondió a las autoridades de aquel país.
Este fin de semana, la administración del presidente de EU, Donald Trump advirtió que podría restringir las importaciones del ganado mexicano si el gobierno de Claudia Sheinbaum no intensifica la lucha contra el gusano barrenador y resuelve el problema para el próximo miércoles.

A través de una carta enviada por la secretaria de Agricultura de EU, Brooke Rollins, misma que fue compartida en X, recordó que México limitó a una de las empresas para realizar fumigaciones aéreas para eliminar la plaga para que solo se realizaran 6 días a la semana e impuso aranceles aduaneros “onerosos” sobre las piezas necesarias para mantener sus aviones en el aire.

El gusano barrenador puede provocar la muerte y afectación al ganado, la fauna silvestre y, a veces, a las personas porque los gusanos de las moscas de este gusano se introducen en la piel de los animales vivos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU amenaza con restringir la importación de ganado mexicano por el gusano barrenador

El gusano barrenador puede infectar al ganado, la fauna silvestre y, en raras ocasiones, a las personas. Los gusanos de las moscas del gusano barrenador se introducen en la piel de los animales vivos, causando daños graves y, a menudo, mortales.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, remitió este sábado una carta al Gobierno mexicano en la que advierte de que restringirán de nuevo las importaciones de productos animales de México si no se intensifica la lucha contra una plaga de cochliomyia hominivorax o gusano barrenador antes del próximo miércoles.

La propia Rollins publicó la misiva en su cuenta en X en la que reprocha a México que haya limitado a seis días a la semana los vuelos de fumigación contra la plaga y que haya impuesto "aranceles aduaneros onerosos" sobre las piezas necesarias para el mantenimiento de los aviones de la empresa responsable del tratamiento.

El gusano barrenador puede infectar al ganado, la fauna silvestre y, en raras ocasiones, a las personas. Los gusanos de las moscas del gusano barrenador se introducen en la piel de los animales vivos, causando daños graves y, a menudo, mortales.

Antes del descubrimiento del gusano barrenador, México era el mayor proveedor de ganado de Estados Unidos. En marzo Estados Unidos importó 24.000 cabezas de ganado de México, una cifra inferior a las 114.000 del mismo periodo del año anterior, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Estados Unidos bloqueó los envíos de ganado mexicano a finales de noviembre tras el descubrimiento de la plaga. Levantó la restricción en febrero tras la puesta en marcha de nuevos protocolos para evaluar la salud de los animales antes de su ingreso en el país.

La Secretaría de Salud de México ha emitido un aviso epidemiológico después de que el 17 de abril se confirmara el primer caso humano de miasis por gusano barrenador.

El primer caso es el de una mujer de 77 años de edad residente del municipio de Acacoyagua, en el estado de Chiapas (sur). Esta enfermedad fue un problema en México hasta 1991, cuando se declaró libre de la plaga a los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, pero en noviembre de 2024 se detectó un caso en un bovino de origen extranjero en Catazajá, Chiapas. Desde entonces se han detectado 869 casos en animales: 487 en Chiapas, 249 en Tabasco, 116 en Campeche, 13 en Quintana Roo y 4 en Yucatán.

Estas advertencias de Estados Unidos se producen en medio de la estrategia de negociación de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, que ya ha elevado las tasas que tienen que pagar para entra en el país los productos de sus vecinos inmediatos, Canadá y México.

FUENTE: PROCESO/EUROPA PRESS.
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Pasta de Conchos: 19 años y de las entrañas del carbón siguen brotando los cuerpos

A 19 años de la tragedia, el carbón sigue entregando cuerpos. En las entrañas de Pasta de Conchos, los trabajos de rescate avanzan, aunque lentamente y a cuentagotas, pero no se detienen. En los últimos días, al menos otros dos mineros han sido localizados; uno de ellos fue recuperado el pasado domingo, con lo que la cifra de localizados subió a 15, según informaron familiares de mineros. Además, también se han localizado restos biológicos —los llaman “indicios”—, es decir fragmentos humanos de otros mineros que siguen atrapados.

En la región carbonífera de Coahuila, donde se ubica Pasta de Conchos y donde desde hace décadas se ha padecido la explotación impuesta por las empresas mineras, saben bien que el carbón siempre ha sido de los privados o del Estado, que la riqueza siempre ha sido para los dueños de las minas y que lo único que tienen de valor las familias es a sus mineros. Por eso su lucha frente a la tragedia siempre fue, ha sido y será por el rescate de los suyos. Porque al final de esta cadena larga y cruel, lo único que realmente les pertenece es su familiar.

A 19 años de la tragedia en la mina propiedad de Grupo México –del multimillonario Germán Larrea Mota Velasco–, el carbón sigue entregando cuerpos. En las entrañas de Pasta de Conchos, los trabajos de rescate avanzan, aunque lentamente y a cuentagotas, pero no se detienen. En los últimos días, al menos dos mineros fueron localizados; uno de ellos fue recuperado el pasado domingo, hace ya una semana. Además, también se han localizado restos biológicos –los llaman “indicios”–, es decir fragmentos humanos que se presume serían de otros mineros atrapados.

Martha Iglesias, familiar de uno de los mineros atrapados en Pasta de Conchos y quien ha dado seguimiento puntual y cercano a los trabajos, informó que desde la semana pasada han hallado más restos biológicos en el área conocida como Lumbrera Número Dos. Pero no sólo eso: en la zona de rampas se hallaron dos cuerpos, de los que uno ya fue rescatado y se está a la espera de que otro sea extraído por la Fiscalía General de la República (FGR). Con ello, la cifra de mineros localizados asciende al menos a 15, de los que 12 ya han sido identificados, detalló Martha Perla Iglesias López, hija de Guillermo Iglesias, uno de los 65 trabajadores atrapados tras el siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada.
“La semana pasada estuvieron recogiendo 'indicios', así le llaman. Ahora, en abril, en la Lumbrera Dos, sacaron restos de indicios. Pudimos ver ahí una camilla, pero igual no está todo completo. Ya han estado recuperando indicios en el trayecto de donde van haciendo los trabajos, y en la rampa sí detectaron dos cuerpos. El domingo sacaron un cuerpo completo, y está pendiente por rescatar el otro cuerpo. Y ahorita, en la Lumbrera Dos, siguen saliendo indicios pequeños pero los van notificando”, dijo Iglesias.
Las familias de Pasta de Conchos afectadas por el derrumbe de la mina sufrieron el desdén de tres hombres ocuparon la Presidencia de la República: el propio Vicente Fox (2000-2006) y sus sucesores Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Ninguno llamó a los deudos a Los Pinos, ninguno incluyó la tragedia en sus discursos y ninguno mostró ánimo de querer dar un poco de alivio a la Región Carbonífera de Coahuila que sobrevive en duelo. Fue hasta que llegó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que se prometió rescatar a los mineros.

Pasta de Conchos no sólo simboliza la tragedia de la minería del carbón, sino también muestra el resultado de las reformas –Laboral y Energética– y la desprotección en la que quedaron los trabajadores a través de éstas: las malas condiciones de seguridad, salud y prestaciones, entre otras.

Martha es hija de Guillermo Iglesias, uno de los 65 mineros atrapados en Pasta de Conchos. Ella tenía 32 años cuando ocurrió la tragedia. Espero y luchó por 19 años para recuperar a su padre, cuyos restos fueron localizados el 4 diciembre de 2024:
“Mi papá salió en la noche (4 de diciembre de 2024), como a las 9:30", cuenta. Sin embargo, hasta el 19 de enero no recibieron la notificación formal de que el cuerpo era efectivamente el de su padre. Fue el 6 de febrero cuando pudieron recibir los restos y darle una velación digna. “Fue una tremenda noticia, estaba muy segura de que papá saldría y sí, gracias a Dios salió", recuerda con emoción.
Hasta marzo del presente año, el Gobierno federal informaba que se han recuperado 13 cuerpos de la mina de Pasta de Conchos. De los 13 mineros exhumados, cinco ya han sido identificados y entregados a sus familias.

Martha Iglesias, por su parte, actualizó que, a la fecha, finales de este abril, ya se han identificado a 12 mineros y aún queda uno pendiente por identificar oficialmente. Incluso, según explicó la familiar, la próxima semana se hará la entrega oficial de los cuerpos. “Ahora en esta semana que viene, el 1 de mayo, creo, sería la entrega oficial de la de los 12, pero estaría pendiente uno”, dijo.

Pero el rescate no sólo ha tenido un significado humano, emocional y moral para las familias, sino también histórico y la oportunidad de completar el rompecabezas que les permite conocer la verdad.

Para las familias, el hecho de recuperar los cuerpos ha significado entender que en los sexenios de Fox y de Calderón les mintieron y que la mina no estaba caída, como se dijo inicialmente. Lo más grave, afirman, es que esta verdad confirma que nunca se debió haber cancelado el rescate.

Aunado a ello, otro dolor que se agrega para Martha es la incertidumbre de no saber si su padre murió al instante en el derrumbe o si sobrevivió durante algún tiempo, pues algunas de las familias están convencidas de que algunos pudieron haber sido rescatados con vida.
“Hubo una explosión, quizá dos, pero en ese momento la mina no estaba caída. Ahorita está caída porque han pasado muchos años, hubo inundaciones y, aparte, pues por el tiempo también ya hay derrumbes. [...] ¿Y qué quiere decir todo esto? Que en su momento quizás a lo mejor ellos pudieron estar vivos en la explosión y, pues, con el tiempo murieron también por acumulación de gas. Pero, ¿por qué no se hizo el rescate si la mina no estaba caída?”, insistió.
Cuando ocurrió la tragedia, el Gobierno mexicano de Vicente Fox encargó atender la emergencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en ese momento estaba a cargo de Francisco Javier Salazar Sáenz. No pasaron ni siete días cuando anunció el fin del intento de rescate con vida de los trabajadores. Su dependencia dictaminó que la mina había sido destruida por un estallido de gas metano, asociado a la explotación carbonífera y que todos los mineros habían muerto en el primer minuto.

El reclamo central de Martha y de las familias afectadas es que si bien hubo explosiones en la mina, las condiciones no eran tan extremas como la empresa había alegado en su momento:
"La empresa dijo que hubo fuego a más de 900 grados, algo que no sucedió", destacó Martha e hizo la pregunta que desde aquel entonces las familias han hecho: "¿por qué no se realizó el rescate en su momento?".


Para Martha Iglesias no hay ni un ápice de duda que las decisiones de las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto contribuyeron a la falta de un rescate oportuno. Pero además en esta tragedia también hay un actor a quien las familias señalan contundemente de abonar a la negligencia y evitar el rescate a tiempo: al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, por no haber impulsado la recuperación de los mineros cuando hubo pruebas claras de que la mina carecía de medidas de seguridad adecuadas.

La familia de Martha no solo busca justicia para su padre, sino también para todos los mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos. "Nosotros siempre supimos lo que pasó ahí abajo", afirma.

Pasta de Conchos se encuentra en la llamada “zona carbonífera” conformada por los municipios de Múzquiz, y San Juan Sabinas, que agrupan las ciudades de Nueva Rosita, Palaú, La Agüita y La Florida, en Coahuila, al norte de México. Cinco horas por carretera las apartan de Saltillo, la capital de la entidad, y 135 kilómetros de la ciudad de Piedras Negras, frontera con Estados Unidos.

La tragedia ocurrió un domingo 19 de febrero de 2006. El último tramo del Gobierno de Vicente Fox y el primero del entonces Gobernador priista Humberto Moreira. El reloj marcaba cerca de las 02:10 horas cuando la acumulación de gases provocó una explosión en la mina ocho de la unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, S.A. de C.V. (IMMSA), de Grupo México. De 76 trabajadores que ahí se encontraban, 65 quedaron atrapados.

Sólo los cuerpos de los mineros Felipe de Jesús Torres Reyna y José Manuel Peña Saucedo fueron recuperados durante las primeras labores de rescate, mismas que se interrumpieron en el 2007. Fue el inicio de una historia de clamor, revictimización de los gobiernos panistas y lucha por el rescate que se ha extendido en al menos cuatro sexenios.

Al menos 11 carboneros que se encontraban en un nivel superior de la mina salieron “casi por su propio pie” con quemaduras de primero y segundo grado, así lo informó el entonces coordinador de seguridad de la empresa Minerales Monclova S.A, Gerardo Armando Díaz Cárdenas.

La mina contaba con una plantilla de 487 trabajadores en tres turnos: 45 empleados de confianza; 282 trabajadores sindicalizados y 160 trabajadores de la contratista General de Hulla. De las víctimas mortales, cuatro son empleados de confianza; 25, sindicalizados y 36, trabajadores de la contratista.

El siniestro dejó 160 huérfanos de padre, 65 familias destrozadas y 65 viudas. Vicente Fox Quesada, Presidente de la República y Humberto Moreira Valdés, Gobernador de Coahuila, pronto se deslindaron.

El viernes el 24 de febrero de 2006 y Xavier García de Quevedo, presidente de IMMSA y el Secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, anunciaron que no había condiciones de vida en la mina y declararon muertos a los trabajadores.

Un año después de la explosión, Grupo México suspendió el rescate bajo el argumento de que era riesgoso continuar porque el agua podría tener “Sida”:
“Explorar y rehabilitar esta área expone al personal de la mina a patógenos infecciosos, resultando como mínimo graves problemas gastrointestinales. no obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis. esta exposición puede suponer severos riesgos para su salud, no solo al personal de la mina, sino a sus familias o, en último de los casos, a la comunidad entera”, señala el estudio “Una evaluación de las operaciones de recuperación en la mina pasta de conchos y resultado de los futuros esfuerzos de recuperación”, decreta uno de los dos peritajes pagados por la empresa, y entregados a las familias la noche del 4 de abril del 2007. Un miércoles santo.
El 4 de abril de 2006, la empresa Industrial Minera México, S.A de C.V. ordenó el cierre de la mina y el cese definitivo del rescate de cuerpos, argumentando que entre el 25 por ciento y 75 por ciento de la mina estaría inundada y que existía “contaminación bacteriológica que podría contagiar a los rescatistas, sus familiares y poblaciones enteras”, según un peritaje realizado por ellos mismos. El argumento fue por las supuestas altas concentraciones de gas metano.

Cuando Felipe Calderón Hinojosa asumió la Presidencia en diciembre de 2006, nombró a Javier Lozano Alarcón como Secretario de Trabajo. Lozano recibió a los deudos de Pasta de Conchos en su despacho y asumió como compromiso un peritaje para conocer las condiciones de la estructura de la mina y saber así si los restos de los mineros podrían ser recuperados. El peritaje se hizo, pero no condujo al rescate; al contrario, se aferró a la teoría de que no era posible.

En 2008, un grupo de viudas y familiares decidieron emprender un rescate independiente, acusando de abandono a la empresa y al gobierno. Sin embargo, días después, cuerpos policiacos del estado llegaron a detener el rescate.

Las familias son desalojadas de Pasta de Conchos de manera violenta por elementos policiacos enviados por el entonces Gobernador Humberto Moreira el 1 de agosto de 2009.

Acompañados por la defensora Cristina Auerbach Benavides, los familiares de las víctimas emprenden una lucha legal contra la minera y el Estado mexicano. Ha nacido la Organización “Familia Pasta de Conchos”.

En el año 2011, al menos 28 trabajadores fallecieron en minas de la región carbonífera durante el 2011, 9 personas más que en el 2010, -con 17 decesos-, y 20 más que en el 2009, -con 8 muertos- y 24 más que en el 2008, -que registró 4 muertos-.

En 2019, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que retomarían los trabajos de excavación para recuperar los cuerpos de los mineros que quedaron sepultados en la mina.

De acuerdo con la planeación de rescate que la CFE presentó a las familias en 2020, se indicó que los trabajos comenzarían en septiembre del 2021, de tal manera que para febrero de 2022 ya se tendrían que estar conectando las rampas con las galerías antiguas.

La primera etapa —les indicaron a los familiares— duraría 14 meses; la segunda etapa, 20 meses, y de la tercera fase no dieron plazo, sin embargo, no especificaron cuándo iniciarían esos 14 meses de la primera etapa.

El 16 de febrero del 2022, el Gobierno federal inició las primeras obras, es decir, la construcción de las lumbreras, así como a la par, los túneles y rampas, operaciones para recuperar los cuerpos los mineros que murieron.

¿Y qué hay después del rescate?

Para las familias de Pasta de Conchos, y para Martha Iglesias en concreto, la entrega de los restos no basta. “¿Qué sigue? ¿Cuál es la justicia?”.

El siguiente paso debe de ser la búsqueda de justicia y la reparación del daño, y resarcir a la población. Martha destacó que si bien el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora la Presidenta Claudia Sheinbaum han mostrado compromiso con la recuperación de los cuerpos, las investigaciones sobre la negligencia del pasado siguen sin avanzar. "No sabemos qué se va a hacer con los responsables. La Fiscalía no ha hecho lo suficiente. Todo quedó ‘preinscrito’ y nadie ha seguido adelante con la investigación", señaló.

Martha explicó que, ante el rescate de su padre, su carpeta de investigación está activa, y busca saber con precisión cómo murió su padre. “Me dicen de qué murió, pero no el tiempo. Yo pienso que en algún momento estuvo vivo”, reveló.

Marthas también reprochó la manera en que se ha manejado el caso a nivel judicial, pues señaló que la Fiscalía General de la República ha cerrado el caso con "carpetazos" ,y critica la prescripción de las investigaciones, a pesar de las pruebas de negligencia. "Todo quedó preinscrito, y ahora el juicio, ¿qué vamos a perseguir?", dijo

La familia Iglesias espera que las investigaciones sigan su curso, sin importar el tiempo que haya pasado, y que el proceso judicial no se quede en el olvido: "Lo que quiero es justicia, que no prescriban las investigaciones", señaló.

Martha no solo espera justicia para los mineros de Pasta de Conchos, sino también para todo México, pues también pide que se realicen reformas en las leyes para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro. En particular, exige que las minas sean inspeccionadas de manera más rigurosa y que los responsables de las malas prácticas, tanto dentro de la empresa como en las autoridades, sean llamados a rendir cuentas.

Los familiares de los mineros atrapados siguen luchando por justicia, cuestionando el trato recibido por parte de las autoridades de otros sexenios, pero también demandando al actual un proceso de recuperación y restitución adecuado

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.