Con la defensa del ecosistema costero de Barra de la Cruz, Cristino Castro ayudó a que un área natural fuera declarada santuario de tortugas, frente a los intereses turísticos e inmobiliarios. La Fiscalía de Oaxaca dice que una de las líneas de investigación es la actividad del ambientalista, quien era beneficiario de un mecanismo de protección a nivel federal. El colectivo de defensores de Barra de la Cruz ha sido objeto de atentados desde 2021. Hasta el momento, no hay detenciones por el asesinato del defensor indígena chontal de 63 años.
El defensor, de 63 años, también conocido como Tino Castro, sirvió a la comunidad indígena chontal de Barra de la Cruz no solo como ambientalista, sino también como autoridad comunitaria, incluso de los pueblos cercanos, cuenta Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) y quien era cercano al defensor.
“Cristino estaba muy vinculado a la naturaleza, al campo, al mar, jugaba béisbol. Se dedicaba también a defender a las tortugas. Fue regente municipal de Barra de la Cruz, representante agrario, ocupó varios cargos y fue una persona muy solidaria con los pueblos, un defensor de los derechos humanos”, cuenta Santiago Reyes, quien también acompaña a la familia del defensor tras el asesinato.
De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, la familia de Castro no reportó amenazas directas contra el defensor. Sin embargo, una de las líneas de investigación es su labor como ambientalista y defensor del territorio.
Aunque el caso se investiga a nivel estatal, la Federación también colabora con el caso, pues Castro Perea era beneficiario del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras atentados contra sus compañeros.
Mongabay Latam contactó al Mecanismo de Protección, que depende de la Secretaría de Gobernación, para conocer las medidas que recibía Castro, sin que hasta el cierre de esta nota haya habido alguna respuesta. Tampoco hay personas detenidas por el homicidio.
Atentados y violencia por defender playas en Barra de la Cruz
La comunidad de Barra de la Cruz, ubicada en el municipio de Santiago Astata, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, posee una gran biodiversidad y riqueza vegetal. Coincide con uno de los corredores biológicos para la conservación del jaguar y está rodeada de selvas extensas, dunas costeras y manglares de la región Pacífico Sur.
La comunidad –de apenas 1300 habitantes– es una población vecina a una zona prioritaria para la anidación de tortugas marinas, principalmente la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), la prieta (Chelonia mydas) y la golfina (Lepidochelys olivacea). Es aquí donde se registró el mayor número de anidaciones por temporada en los últimos años, de acuerdo con un estudio hecho por autoridades ambientales.
Sin embargo está a solo 40 kilómetros de Bahías de Huatulco, un destino muy concurrido por el turismo, donde el desarrollo inmobiliario y hotelero ha puesto en riesgo al ecosistema costero.
El documento de las autoridades también advertía que la venta de terrenos en la región para fines turísticos ponía en riesgo la zona, al considerar que esta “amenaza es latente sobre el hábitat de anidación de las tortugas marinas”, debido a que los establecimientos hoteleros o inmobiliarios representan un obstáculo para el libre tránsito de las especies.
Gracias al trabajo de los defensores de Barra de la Cruz, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decretó al sitio Barra de la Cruz-Playa Grande como área natural protegida, en enero de 2024, con la categoría de santuario. Esto implicó la prohibición en la zona de cambios de uso de suelo y tolerancia únicamente al turismo de bajo impacto.
Sin embargo, previo a la declaratoria de protección, los Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz ya tenían antecedentes de amenazas por no permitir la tala de manglares y venta de predios.
“El colectivo de ambientalistas de Barra de la Cruz ha trabajado varios años y ha tenido varios incidentes, entre ellos el atentado contra José Castillo y Sergio Robles Castillo”, dice el abogado a Mongabay Latam. “Ya son varios del mismo modus operandi que el que asesinaron a Cristino, fue la misma forma”.
De acuerdo con el presidente del CEDHAPI, el conflicto se originó en 2013, cuando un grupo de personas intentó apropiarse de 24 hectáreas de zona costera, con el objetivo de lotificar y vender a empresarios hoteleros. “Ahí inicia la lucha de Cristino y del colectivo ambientalista”, narra Santiago Reyes.
La violencia escaló en 2021, cuando dos hombres en motocicleta dispararon contra el defensor José Castillo Castro, cuando viajaba acompañado por su familia en San Pedro Huamelula, Oaxaca. Quedó gravemente herido.
CEDHAPI denunció en su momento que el atentado contra Castillo Castro fue por la lucha jurídica que realizaba para impedir que grupos privados impusieran a los comisariados en la comunidad, puestos clave para la administración de bienes comunales.
Después del atentado, tanto Cristino Castro como sus compañeros del colectivo fueron inscritos al Mecanismo de Protección.
En febrero de 2022, denunció la organización, un grupo de personas ajenas a la comunidad de Barra de la Cruz comenzó el retiro de manglares con maquinaria pesada en el paraje conocido como El Nanche.
Para el defensor Santiago Reyes, el conflicto dentro de la comunidad por la administración de los bienes comunales ha sido un factor importante para entender la violencia contra defensores de Barra de la Cruz.
“Hay un grupo al interior de la comunidad que estaba liderando para privatizar un área y después venderla”, sostuvo.
El peligro de defender el territorio en Oaxaca
Mientras las autoridades federales no han brindado ningún pronunciamiento sobre el caso, instancias internacionales han manifestado su preocupación por el asesinato de Castro Perea.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, así como organizaciones de Oaxaca han condenado el asesinato y llamado al Estado mexicano para implementar mecanismos, como el Acuerdo de Escazú, para detener las agresiones contra defensores del territorio.
Incluso, la Delegación de la Unión Europea, así como las Embajadas de Noruega y de Suiza en México suscribieron un pronunciamiento donde señalan que el caso refleja el grado de violencia e intimidación que existe en el país contra personas defensoras y periodistas.
Además, sostienen que las circunstancias del crimen y las actividades del defensor “son indicios de que existe un vínculo directo entre las acciones en defensa de los derechos medioambientales del señor Castro Perea y su asesinato”.
Si bien el colectivo de defensores de Barra de la Cruz ha evitado pronunciarse por el asesinato de su compañero por miedo, el presidente de CEDHAPI sostiene que continuarán con su labor ambientalista.
“Ellos van a seguir con su trabajo que es defender su territorio, pero ahorita con este golpe están desarticulados y con mucho miedo”, explica el abogado, quien solicitará la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección del colectivo.
México continúa como uno de los países más peligrosos para la defensa del territorio y el ambiente. En 2023 concentró, junto con Brasil, Colombia y Honduras, el 70 % de los asesinatos, según un informe de la organización internacional Global Witness.
A nivel nacional, Oaxaca es considerado el estado más peligroso para la defensa de los derechos humanos, pues de 225 personas defensoras asesinadas en el país entre 2018 y 2024, 58 eran de esta jurisdicción, lo que equivale a casi el 26 %, de acuerdo con el monitoreo “Alas y raíces”, realizado por diferentes organizaciones civiles de México.
En febrero pasado, Mongabay Latam documentó testimonios de defensores indígenas amenazados en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y quienes enfrentan procesos judiciales por oponerse a la operación del Tren Interoceánico.
AUTOR: GONZALO ORTUÑO LÓPEZ.
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