El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó a la fiscalía de Jalisco de no haber realizado las mínimas diligencias y la investigación correspondiente tras el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, pero especialistas y organizaciones coinciden en que la dependencia federal también tenía facultades de atracción del caso que omitió ejercer.
Sumado a ello, cuestionaron que aunque la Fiscalía tiene conocimiento desde hace al menos semana y media de la existencia del rancho y de la carpeta de investigación iniciada en la dependencia local, la atracción del caso sigue sin formalizarse. Durante la conferencia de prensa del miércoles, Gertz Manero reconoció que aún no cuenta con ningún dato concluyente, dado que sigue sin tener acceso a los expedientes y a la totalidad de la carpeta.
“La conferencia que dio el fiscal Gertz Manero se enfocó específicamente en denostar el trabajo de la fiscalía local, que sin duda las negligencias que se narraron son sumamente graves. Sin embargo, de la Fiscalía General de la República todos esperábamos que ya estuviera dando cuenta de información sobre la investigación que ellos ya tendrían que estar haciendo”, señaló César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Criticó que para este momento todavía no tengan toda la información ni hayan comenzado con los análisis periciales, técnicos y científicos que tendrían que realizarse para poder establecer la verdad de los hechos en el caso. La organización consideró sumamente grave que aún no se confirme la atracción de la investigación, por lo que debería resolverse lo más pronto posible.
“La Fiscalía General de la República, a partir del momento en que tenemos indicios suficientes para establecer delitos de carácter federal nos vamos a hacer responsables de esta investigación y de todos sus resultados. A partir del momento en que nosotros iniciemos ese procedimiento, lo primero que vamos a hacer son las diligencias”, refirió el fiscal luego de afirmar que su obligación es recibir todas las pruebas, hacerlas públicas y establecer las premisas y presunciones de los delitos federales que van a investigarse.
No obstante, la primera autoridad federal que tuvo conocimiento de la existencia del Rancho Izaguirre fue la Guardia Nacional (GN), a partir de una llamada anónima recibida en el C5 en la que se presumía que ahí existía un campo de reclutamiento y exterminio. Al llegar ahí –describió el propio fiscal–, fueron recibidos con armas de fuego y hubo un intercambio, tras lo cual tomaron el lugar, detuvieron a 10 personas hoy procesadas y encontraron otras dos con vida, que estaban privadas de la libertad, y una más que ya había fallecido.
Una vez ocurrido esto, la Guardia Nacional le entregó toda la información al ministerio público local. “La operación que se hizo en septiembre del año pasado la hizo la Guardia Nacional; por ser delitos del orden común los que encontró, le dio participación a la fiscalía del estado, que hizo todo un procedimiento en el que procesó a los 10 que están en la cárcel, no tuvo nada que ver el orden federal en eso, ni siquiera estábamos notificados”, justificó el fiscal general.
Ven problemas de coordinación entre fiscalías por caso Teuchitlán
Para el activista Contreras, las declaraciones del fiscal revelan, además, un grave problema de coordinación entre las fiscalías y las instancias de seguridad pública, por lo que es un error afirmar que solo le correspondía a la fiscalía local dar vista a la Fiscalía General de la República. De hecho, esa acción no es indispensable para que la dependencia federal asuma competencia sobre una investigación.
“Necesita tener conocimiento por cualquier manera; una de esas maneras, efectivamente, tendría que haber sido la Guardia Nacional poniendo de conocimiento a la Fiscalía General de la República sobre estos hechos. Eso tendría que haber ocurrido, y si no, es una omisión grave de la Guardia Nacional”, apuntó el activista.
En esto coincide Joseph Olid, abogado penalista y académico del ITESO, quien explicó que la autoridad federal sí debió estar informada. “Por lo menos debieron de haber sido informados por la Guardia Nacional al momento que llegan al lugar. Más que nada porque se menciona que las otras personas portaban armas, que incluso hubo un enfrentamiento y eso por sí mismo ya configura dos delitos federales”, dijo. Se trata del delito de posesión o acopio de armas de fuego y el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
Olid subrayó que de haber existido una omisión de la Guardia Nacional, debió haber un segundo momento en el que también fueran notificados. “El ministerio público inmediatamente después de haber recibido todos los registros debió de haber informado. En el informe policial homologado se menciona que hay varias armas de fuego aseguradas y un enfrentamiento donde los elementos de la guardia nacional podrían haber sido víctimas de un delito”, detalló.
El que no exista una única investigación cuando ocurren delitos federales y locales en un mismo contexto termina por afectar la propia investigación, porque podría haber acciones que no se esclarezcan o incluso sean contradictorias entre federación y localidad, apuntó el académico.
Anna Karolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), con sede en Jalisco, coincidió en que las declaraciones de las autoridades han evidenciado una dificultad para encontrar formas de coordinarse, debido a los diversos intereses que atraviesa el caso desde los diferentes órdenes de gobierno tanto como de los grupos criminales predominantes en el estado. Además, ha sido clara la tendencia de la FGR a deslindar a las autoridades federales, específicamente en lo relativo a la omisión de septiembre.
Sumado a lo anterior, a pregunta expresa, el fiscal general no pudo precisar la fecha exacta en la que la dependencia que encabeza tuvo conocimiento de la existencia del rancho y de la investigación iniciada por la fiscalía local. Pese a que se comprometió que más tarde el área de comunicación social confirmaría el dato a este medio, hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta.
“También es una omisión que la Fiscalía General de la República inmediatamente que tiene conocimiento de un rancho en donde se están realizando estos hallazgos de restos óseos, ya en este momento, no realice inmediatamente el procedimiento de atracción. No se necesitaba realizar un mayor procedimiento burocrático como el que está realizando ahora para poder asumir la investigación; tendría que haberla iniciado inmediatamente atrayendo su investigación a su competencia, como lo han señalado los colectivos de personas desaparecidas y las organizaciones que los han acompañado”, añadió Contreras.
La federación tiene derecho a realizar esta atracción según el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República, que indica “la Fiscalía podrá ejercer su facultad de atracción en los casos que determine la constitución, que determine los tratados internacionales y las leyes aplicables”.
Dado que la atracción aún no se confirma, el Centro Pro se dijo preocupado de que la investigación federal que eventualmente se realice lleve al sesgo de acotar el hallazgo al de un campo de entrenamiento únicamente. Además, Gertz aseguró que si el ministerio público local, que tenía autonomía, cometió alguna irregularidad, se hará lo necesario para establecer responsabilidades de toda la cadena de mando.
Contreras precisó que la Ley General en materia de desapariciones es muy clara respecto a la responsabilidad de los servidores públicos, de todos los niveles, que presuntamente hayan cometido omisiones. Por ejemplo, en su artículo 24 establece que en casos de desapariciones relacionadas con delincuencia organizada, la federación será competente. De la misma manera, consigna la importancia de determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos que obstaculicen las investigaciones o cometan irregularidades con la búsqueda e identificación.
“Tendría que iniciarse una investigación que puede ser administrativa, pero también penal, respecto de la obstaculización en la búsqueda e investigación del caso. Eso tendría que ser tanto de las autoridades locales, como investigar si en algún momento alguna autoridad como la delegación de la FGR en Jalisco tuvo conocimiento de estos hechos y no inició una investigación o no solicitó información para poder atraer el caso en su momento”, añadió.
La actuación de la fiscalía estatal
En respuesta a las declaraciones de Gertz Manero, Salvador González, fiscal estatal de Jalisco, divulgó un video en redes sociales en el que aseguró que apenas el mismo miércoles –12 días después de la difusión del hallazgo– se entregaría todo el expediente de la investigación a fin de que la FGR la atraiga.
Aseguró que desde el inicio de la actual administración estatal se han llevado a cabo diversas acciones para avanzar en el caso, por lo que hay 10 personas en prisión. Reiteró su colaboración al fiscal y propuso que a la visita que hará este jueves al Rancho puedan sumarse madres buscadoras, colectivos, activistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Añadió que el gobernador, Pablo Lemus, propone la instalación de una Comisión de la Verdad.
La mayoría de las autoridades actuales de Jalisco que están dispuestas a cooperar con la federación ingresaron a sus funciones el 1 de diciembre. El gobernador Pablo Lemus relevó al entonces gobernador Enrique Alfaro. El fiscal estatal, Salvador González, relevó a Luis Joaquín Méndez Ruiz. Mientras que Blanca Trujillo, entonces fiscal especial en personas desaparecidas, se mantiene en la misma función, aunque un cambio a la ley orgánica de la Fiscalía la define ahora como vicefiscal en personas desaparecidas.
Cuando ocurrió el caso, el entonces encargado de que las investigaciones llegaran con el juez era Jaime Navarro Hernández, director general de la dirección de Seguimiento a Procesos. Pero, poco antes de finalizar la administración, en octubre de 2024, fue asesinado mientras estaba en el estacionamiento de una tienda de autoservicio en la colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara. Ahora las funciones de la dirección de Seguimientos a Procesos fue absorbida por el área de la Vicefiscalía Especial Ejecutiva de Investigación Criminal, encabezada por Ernesto Hernández Escorcia.
El abogado penalista Joseph Olid explicó que a nivel estatal también tienen responsabilidad distintas áreas como el ministerio público local, pues el agente en el caso, fue “quien dio el mando y conducción y quien se quedó al inicio con esa patente de investigación”. También el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), un organismo público descentralizado, que debía resguardar las prendas localizadas en el predio.
Chimiak apuntó que la responsabilidad de las autoridades municipales ha quedado desdibujada, pese a que la Ley de Personas Desaparecidas del estado es clara en cuanto a que también la comparten.
El sitio permaneció meses sin resguardo de las autoridades, pues el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco explicó a Animal Político que ingresó al predio en dos ocasiones, en diciembre de 2024 y enero de 2025. Semanas más tarde, el 5 de marzo, otro colectivo, Guerreros Buscadores de Jalisco, ingresó al Rancho Izaguirre con solo “empujar la puerta”, de acuerdo con declaraciones de las buscadoras.
Acerca de ello, el académico aclaró que las autoridades locales pudieron no haberlo realizado porque el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales no establece medidas específicas de resguardo.
“Si se clausura un restaurante la Ley en Materia Administrativa te va a decir: ponle un sello, el sello tiene que tener estas características, va a tener una previsión de que si lo rompen, va a pasar esto. Pero, eso en lo penal no existe, a veces las autoridades le ponen sellos, letreros gigantes, cadenas, pero en realidad todo eso ni siquiera está previsto en la ley”, dijo Olid.
El fiscal general de la República, Gertz Manero, enfatizó durante su conferencia de prensa del miércoles que las autoridades de Jalisco, entre los meses de septiembre y octubre, no realizaron ni las mínimas diligencias ministeriales que le correspondían, como procesamiento de huellas, identificación de prendas o determinación del dueño del rancho. Ni siquiera se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, ni se le dio intervención inmediata a la FGR, justificó.
